Las VIII jornadas de empresas de inserción (II).

6. El estudio de las EI debe ir acompañado de una referencia a las políticas de empleo comunitarias y su relación con las políticas de inclusión social en este ámbito geográfico, pues no puede ni debe olvidarse que buena parte de las medidas de apoyo a las EI, no sólo en España sino también en otros países europeos, guardan estrecha relación con la situación del mercado de trabajo y la concreción de cuáles son los colectivos que deben merecer especial protección, colectivos que pueden variar en razón de las circunstancias sociales y económicas de cada país y en diferentes momentos históricos.

En Europa, entre las propuestas que se formulan para avanzar en la corrección de las desigualdades existentes destacan a mi parecer las siguientes: promoción de la inversión en medidas activas de mercado de trabajo y adecuación de estas para responder a las necesidades de los colectivos desfavorecidos; garantizar que los sistemas de protección social sean suficientes y accesibles para todos y que proporcionen incentivos de trabajo suficientes para las personas que pueden trabajar; posibilitar el ejercicio de los derechos sociales por parte de los colectivos desfavorecidos, entre los que se incluye el acceso a una vivienda adecuada, una salud de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente; adopción de medidas que prevengan el abandono escolar prematuro y promover la transición adecuada desde la escuela al mundo laboral. Para llevar a cabo todas estas medidas y propuestas hay que reforzar la cooperación entre las distintas Administraciones implicadas y conseguir una mayor implicación de todos los agentes sociales que actúan en el ámbito de los programas de lucha contra la pobreza y exclusión.

Este análisis cobra además particular interés porque el Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, celebrado los días 2 y 3 de octubre, ha adoptado una declaración por la que se proclama el año 2010 como el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Esa lucha requiere del acceso de las personas en difícil situación social a un empleo de calidad, porque tal como se expone en el texto “el empleo, si bien reduce notablemente el riesgo de pobreza de las personas, no siempre es condición suficiente para alejarlas de la misma, por lo que la tasa de personas con riesgo de caer en la pobreza sigue siendo relativamente alta incluso para quienes trabajan. La pobreza de las personas con empleo va unida a una baja remuneración, escasas cualificaciones y, a menudo, al empleo a tiempo parcial y precario, pero también a las características del hogar en el que vive la persona, en cuanto al número de personas a cargo y la intensidad del trabajo del hogar. Por tanto, un empleo de calidad es esencial para alejar a las personas de la pobreza”.

En esta misma línea, el Parlamento Europeo aprobó el pasado día 9, partir de un informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales , una Resolución sobre la promoción de la inclusión social y de la lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea, en la que se subraya “el potencial de la economía social, las empresas sociales, el sector no lucrativo y el sector del empleo público para facilitar oportunidades de empleo y entornos laborales adecuados para los grupos vulnerables, potencial que deben examinar y apoyar al máximo los Estados miembros y las políticas comunitarias (Fondo Social Europeo, Fondos de cohesión y regionales, etc.)”.

En la Resolución se constata que unos 35 millones de trabajadores, el 15 % del total, ganan unos salarios “extremadamente bajos” y unos 17 millones, el 8 %, “viven en la pobreza a pesar de trabajar”. De ahí que el Parlamento apueste por un planteamiento más global de la inclusión social, no basado únicamente en ayudas económicas, y que permita que las personas puedan vivir dignamente y participar tanto en la sociedad como en el mercado laboral. Con respecto a este último, el Parlamento subraya que la inclusión debe basarse en la estrecha vinculación con unos mercados laborales inclusivos, ya que el objetivo de las políticas de inclusión activa “debe ser fomentar unos empleos estables, seguros y altamente cualificados, proporcionar un alto nivel de seguridad e higiene en el trabajo, incrementar la productividad y el apoyo activo a los más desfavorecidos, previendo medidas específicas de apoyo y servicios para incrementar la empleabilidad y ayudar a mantener a las personas en el mercado de trabajo, desarrollando la actividad empresarial y dando apoyo a la búsqueda de empleo, educación de alta calidad, formación profesional, formación complementaria y formación a lo largo de toda la vida, asesoramiento personalizado y ayuda especial junto con empleos subvencionados cuando sea absolutamente necesario para los grupos vulnerables como los trabajadores con discapacidad”. Más concretamente, el Parlamento pide unas políticas de empleo adecuadas para lograr unos mercados inclusivos para los colectivos más desfavorecidos y entre las propuestas concretas, en sintonía con las adoptadas en el ámbito estatal y en algunas autonomías, destacan las de “instaurar medidas de apoyo para fomentar el empleo y la capacidad para mantenerse en el mercado laboral (por ejemplo, formación en el puesto de trabajo y oportunidades de formación a lo largo de toda la vida), desarrollar la capacidad empresarial, así como adaptar las condiciones de trabajo para ayudar a las personas marginadas a conciliar el empleo con sus esfuerzos para hacer frente a las desventajas sociales (por ejemplo, falta de vivienda, responsabilidades familiares o problemas de salud)”.

También hay que hacer referencia a la muy reciente propuesta de Recomendación de la Comisión, de 30 de septiembre, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado de trabajo , en la que se apuesta de forma decidida por adoptar las medidas que sean necesarias para promover mercados de trabajo inclusivos, “para asegurar que el acceso al empleo es una oportunidad abierta para todos”, y por potenciar el papel de la economía social y de las empresas sociales como una vía de primera importancia para el acceso al empleo de las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con la concesión de incentivos económicos a los empleadores para contratar a dichas personas.

Por último, cabe decir que el pasado 30 de junio la presidencia francesa de la Unión Europea y las futuras presidencias checa y sueca durante el año 2009 presentaron su programa de trabajo para los próximos 18 meses, y en dicho texto se menciona la nueva Comunicación sobre la agenda social renovada, aprobada por la Comisión el 2 de julio. En el apartado dedicado al empleo y política social se destaca la importancia de seguir aplicando de forma efectiva y coherente la Estrategia de Lisboa, en concreto las Directrices integradas y la Estrategia Europea de Empleo. Para seguir avanzando en el ámbito de la creación de empleo los tres Estados comunitarios proponen incidir en el desarrollo de medidas que guardan relación con la educación permanente, la formación profesional, el envejecimiento activo, la conciliación de la vida familiar y la actividad profesional, los incentivos de los sistemas fiscales y de las prestaciones sociales, y la lucha contra el trabajo no declarado y los fraudes en los sistemas de Seguridad Social. No se olvidan en el documento comunitario las referencias obligadas a la lucha contra la pobreza y exclusión social, y a la necesaria adopción de las medidas adecuadas para enfrentarse a un problema que no sólo afecta a personas desempleadas o a colectivos desfavorecidos como las personas con discapacidad, las personas de edad o las mujeres, sino también a quienes disponen de un empleo, ya que se constata el incremento de la pobreza de personas que trabajan, “ya que un 8 % de los trabajadores corren riesgo de caer en la pobreza”.

7. Me permito incluir ahora en mi exposición una breve nota sobre la política de inclusión social e inserción por el trabajo en la reforma de la normativa francesa.

La reforma de la política francesa se manifiesta en el llamado “Grenelle de la inserción” y en el proyecto de ley por que el se generaliza la renta de solidaridad activa (que sustituiría a la renta activa de inserción y otras prestaciones sociales) y se reforma la política de inserción. Como he indicado con anterioridad, el texto ya ha pasado el primer trámite parlamentario de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de los grupos que dan su apoyo al gobierno, el contrario de los diputados comunistas, y la abstención de los socialistas, estando esto últimos a favor de la regulación pero manifestando su discrepancia por cómo ha quedado finalmente la cuestión de la obtención de los recursos económicos suficientes para su puesta en marcha.

El objetivo declarado es el de de conseguir que todas las personas tengan acceso a la inserción profesional, afirmándose de forma solemne que “la inserción social y profesional es ahora ya reconocida, junto a la lucha contra las exclusiones, como un imperativo nacional”. No es este el lugar adecuado para analizar con detalle el proyecto, pero sí para destacar que la inserción debe percibirse como una inversión y no como un coste económico, y que el trabajo debe ser el primer instrumento para hacer retroceder la exclusión, de forma que “el retorno al empleo para todos debe constituir el objetivo esencial de las políticas y dispositivos de inserción”.

Quizás la idea más novedosa de la norma sea la puesta en marcha de un contrato único de inserción que sustituiría a los instrumentos normativos de intervención actualmente existentes, a fin de reducir la complejidad del dispositivo vigente. El proyecto apuesta, y este es otro elemento de reflexión para todas las personas que participan en estas jornadas, por borrar la distinción a efectos de política de empleo entre “empleables” e “inempleables”, y plantea el rechazo de la idea de cuotas de inserción (es decir, sugiero que el debate francés abre una vía de reflexión que puede trasladarse a España sobre el modelo estatal de EI, y también de todos los autonómicos existentes).

En fin, la inserción no puede verse como un mecanismo de ayuda social a los desempleados que no perciben prestaciones, o en el caso español a quienes perciben en unos casos, y en otros muchos no, la renta mínima de inserción, sino que ha de contemplarse como algo que tiene valor económico, en cuanto que las políticas de reclutamiento y de formación para colectivos de difícil acceso al mercado de trabajo han de tener sin duda una repercusión económica positiva para el conjunto de la sociedad.

En suma, la futura normativa francesa llama a una regulación común para todas las personas que desean acceder al mercado de trabajo, y elimina de forma drástica la mayor parte de la regulación específica de los colectivos llamados desfavorecidos. Está por ver cuál será su eficacia, pero no cabe duda de que su trayectoria deberá ser seguida con atención.


8. Formulo a continuación algunas propuestas concretas de actuación. Deben articularse medidas de apoyo hacia la figura de los emprendedores, es decir de aquellos sujetos que tratan de poner en marcha proyectos empresariales innovadores, no desde la lógica de la mera y exclusiva obtención de beneficios económicos, sino desde la perspectiva de realización de un servicio para la colectividad. Las propuestas que hizo en su momento el Libro Blanco comunitario sobre la creación de empleo en los "servicios de proximidad" (ayuda a domicilio, asistencia a jóvenes con dificultades...), mejora del sistema de vida (renovación de viviendas antiguas, desarrollo de transportes colectivos locales...), o protección del medio ambiente (mantenimiento de zonas naturales y espacios públicos, reciclados de residuos...) me parecen un buen partido de partida para examinar con detalle en qué sectores hay que potenciar la generación de empleo desde una perspectiva solidaria .

Creo que debería apostarse por concentrar buena parte de las ayudas y subvenciones económicas para la generación de empleo en las empresas intermediarias o de inserción, cuáles son aquellas que acogen temporalmente a colectivos especialmente desfavorecidos en el mercado de trabajo y les facilitan una preparación, orientación y formación que les permiten después, a una amplia mayoría de los sujetos afectados, incorporarse en condiciones aceptables al mercado de trabajo. Hay que decir, ciertamente, que la decisión sería arriesgada para el gobierno de turno, porque supone que una parte no desdeñable de los recursos de que dispone iría destinada a tratar de alcanzar la rentabilidad económica y social de unas empresas y colectivos de los que, en un primer momento, puede haber dudas en cuanto al grado y porcentaje de éxito que puedan alcanzar, y sabiendo también que la asignación de recursos en apoyo a otras medidas más clásicas tendría un "nivel de satisfacción" en términos de creación de empleo probablemente superior y con mayor resonancia ante la opinión pública. La sensibilidad social de los distintos gobiernos puede demostrarse con total claridad en el punto que es ahora objeto de comentario, pero no les pidamos que resuelvan todos los problemas, porque su apoyo sólo tendrá razón de ser si existe una articulación empresarial, muy especialmente en el ámbito local, que justifique políticamente y posibilite técnicamente la asignación de recursos públicos a la potenciación de la iniciativa social en el ámbito de la inserción.

Será necesaria una estrecha implicación de las EI en el tejido económico y social local para que puedan funcionar, por lo que es imprescindible un papel activo y de apoyo de los ayuntamientos, organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones, etc. En particular, quiero señalar aquí que el mundo sindical, debe tener la suficiente sensibilidad para entender que este tipo de empresa, y las personas a las que se dirige, puede merecer una regulación laboral algo diferenciada. De tal forma, parece lógico que existan mecanismos contractuales de duración determinada incentivados económicamente, si se piensa que el objetivo de dichas empresas no es incrementar la precariedad e inseguridad laboral de los/las trabajadores/as sino todo lo contrario, es decir apostar por la integración estable de su personal en el mundo laboral una vez que han superado las disfunciones o carencias que motivaron su incorporación a una empresa de inserción.

En esta misma línea que acabo de defender se sitúa el Comité de las Regiones comunitario. En su Dictamen antes citado sobre la inclusión activa, apoya que el empleo protegido, subvencionado o social, las empresas sociales y las cooperativas, “son instrumentos que pueden desempeñar un importante papel en la combinación de políticas a nivel local y regional. Estas empresas no deberían ser evaluadas según las normas sobre las competencias habituales en el mercado europeo (por ejemplo, se necesitan normas menos rígidas para la contratación pública y las ayudas estatales)”