Nuevas capacidades para nuevos empleos. Cómo deben enfrentarse la UE y los Estados miembros a las nuevas realidades y necesidades en materia de empleo

1. La Comisión Europea presentó a finales del pasado año, más concretamente el 16 de diciembre, una importante Comunicación en la que aborda cuáles son las nuevas capacidades requeridas para los nuevos empleos, con el establecimiento de una serie de previsiones para alcanzar dichas capacidades y para ir adecuándolas a las exigencias del mercado laboral.

Este relevante documento comunitario se presenta con vocación de futuro, y no sólo para dar o proponer respuestas a la difícil situación económica y de empleo que vivimos en la actualidad. Su texto ha sido validado por el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores del pasado día 9, que aprobó presentar unas conclusiones al Consejo Europeo de primavera sobre aquellos aspectos o cuestiones esenciales que la política comunitaria ha de tener en consideración en el próximo futuro, y dichas conclusiones han sido aprobadas los días 19 y 20 de marzo.

Voy a analizar y examinar a continuación aquellos aspectos que considero más relevantes del texto, que se añade a otros documentos elaborados por la Comisión para afrontar la actual situación económica y que han sido objeto de anteriores comentarios en el blog, queriendo recordar ahora la directriz integrada número 24, en el ámbito de las orientaciones sobre la política de empleo dirigidas a los Estados miembros, en la que se les insta a la adaptación de los sistemas educativos y formativos a las nuevas necesidades en materia de competencia.

2. Una de las ideas y tesis recurrentes en todos los documentos comunitarios de los últimos años, y que ahora se refuerza aún más, es la necesidad de mejorar las capacidades de las personas que se encuentran en, o que quieren incorporarse al, mercado de trabajo; mejora que debe ir, por otra parte, ineludiblemente unida a la necesaria adecuación de oferta y demanda en dicho mercado si queremos alcanzar resultados positivos en términos tanto de creación de nuevo empleo como de evitación de su reducción. Esa mejora se plantea como un requisito ineludible para mantener la economía europea ante la previsión de creación neta de empleo a medio y largo plazo y con un crecimiento del empleo cualificado, y por consiguiente con una mayor polarización entre las profesiones que requieran un mayor o menor nivel de cualificación.

En efecto, esa mejora de las capacidades, o dicho en términos de política de empleo una mayor empleabilidad del personal, se convierte en algo de todo punto ineludible si Europa quiere encarar con perspectivas favorables los cambios que se están produciendo en las estructuras productivas (mayor atención a la economía del conocimiento y la innovación – por cierto que en el documento comunitario se desliza una crítica genérica, que merecería un debate mucho más pausado, sobre el hecho de que “la composición de las capacidades que transmiten las universidades y los sistemas de formación de la UE no contribuyen plenamente a una economía orientada realmente a la innovación” -- y a la creación de empleo en sectores de baja emisión de carbono) y en las demográficas (proceso de envejecimiento de la población y conveniencia de mantener, bien preparada y formada, a la población trabajadora en el mercado laboral, tanto por sus potencialidades como por la necesidad de atemperar los efectos de su salida sobre los sistemas de protección social, y también para lograr su mantenimiento en el mercado laboral en épocas de crisis como la actual y en las que debe prestarse especial atención a la adopción de medidas de flexiguridad interna por parte de las empresas, con especial énfasis en la formación, que limiten la reducción o supresión de empleo por la vía de la extinción de los contratos de trabajo), y mucho más cuando los informes periódicos sobre la presencia de las personas en la vida laboral ponen de manifiesto que esa mejora es conveniente para todos y que “la probabilidad de los adultos poco cualificados de beneficiarse del aprendizaje permanente es siete veces inferior a la de los que tienen un elevado nivel de estudios”, por lo que los cambios en el marco económico en general y en la economía productiva en particular impacta mucho más desfavorablemente sobre el colectivo más vulnerable.

De ahí, que una de las conclusiones del Consejo sea la petición a los Estados miembros del fomento de la cooperación intersectorial y del establecimiento de sinergias entre las políticas de educación y formación y la política de empleo, algo que como es bien sabido en España se está intentando, aunque hasta ahora los resultados no estén siendo todo lo positivo que deberían ser, mediante la integración de los subsistemas de formación profesional reglada, ocupacional y continua. Para mejorar la capacidad laboral es necesaria una buena formación educativa de base, y por ello el Consejo propugna que todas las personas se doten en el ámbito educativo de las competencias claves y de las capacidades horizontales “que resultan imprescindibles para la posterior adaptación y adquisición de nuevas capacidades específicas que garanticen su empleabilidad permanente”.

3. La mejora de la formación educativa de base, y la evitación del abandono escolar prematuro o de la salida del sistema educativo inmediatamente después de finalizar la educación secundaria obligatoria con sus negativas secuelas para la población joven que se incorpora al mercado de trabajo con poca cualificación y que se ve especialmente afectada en una situación como la actual en la que se está reduciendo el volumen de trabajo poco cualificado, se pone de manifiesto con los datos de la OCDE y de España que han sido analizados en un reciente Informe del Consejo Económico y Social de España sobre “sistema educativo y capital humano”, aprobado el 3 de marzo, y también en un interesante y documentado trabajo, de próxima publicación, de Joaquín Prats y Emilio Palacios sobre la problemática y los retos de las transiciones educativas, en el que se destaca que todas las políticas públicas comunitarias tienden a considerar la formación y la formación a lo largo de toda la vida como los pilares en los que debe estar asentada de la sociedad del futuro, pero que debe irse más allá a su parecer, salir de la óptica eminentemente utilitarista y lograr que la educación y la formación den a los jóvenes “los medios para construirse como personas, para pensar por ellos mismos, para imaginar, para ser creativos, para trascender, para pensar más allá”.

Destaco ahora que el 30 % de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años abandona sus estudios justos después de finalizar la ESO, porcentaje que se reduce al 15 % en la media de la UE- 27 y que está aún lejos del objetivo marcado (y que parece imposible de lograr) de bajar hasta el 10 % en el año 2010; más preocupante me parece para nuestro país que cerca de un 27 % de jóvenes abandone sus estudios durante la ESO y por consiguiente sin haber obtenido el título de graduado. También nos queda bastante por hacer, y mejorar, para conseguir acercarnos cuando menos al objetivo europeo de que el 85 % de los jóvenes cursen estudios de educación secundaria post-obligatoria, ya que nuestra cifra era el año 2007 del 61,1 %.

Pero, por otra parte, la mejora de las capacidades formativas educativas de poco servirá si no se acompaña de las correlativas mejoras en las capacidades laborales, por lo que hay que adoptar las medidas adecuadas para incrementar el reducido número de personas ocupadas que participan en actividades de educación continua, un 7,7 %, que afectan sólo a un 8,1 % de las empresas (menos aún en el caso de las pymes, en donde el porcentaje se reduce al 5 %); incremento que ha de contribuir además a reducir las flagrantes desigualdades existentes por razón de edad y cualificación profesional, ya que como destaca el Informe del CES, a partir del análisis de los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de los agentes sociales, “entre los participantes continua habiendo una sobrerrepresentación de jóvenes menores de 35 años y de licenciados universitarios, frente a una participación relativamente reducida de mayores de 45 años y de trabajadores con bajo nivel de estudio”.

No obstante, la mejora de las capacidades de poco servirá si no se dispone de un modelo productivo mucho más basado en actividades intensivas en conocimiento e innovación de lo que lo ha sido en España en los últimos años, ya que sólo en ese caso podrá aprovecharse plenamente la mejora de las capacidades de las personas presentes o que quieren incorporarse al mercado de trabajo. Y en cualquier caso, y la reflexión es válida para todos los países de la OCDE como también específicamente para España, la demanda de empleo no cualificado no desaparecerá aunque pueda tener menor peso sobre el total y distinta presencia en los sectores productivos, porque sigue y seguirá habiendo actividades en las que no es posible la deslocalización y en las que se sigue requiriendo la presencia física en el puesto de trabajo como son los servicios de restauración, servicios a las personas, protección de seguridad, etc., argumentándose correctamente, a mi entender en el Informe del CES, y aunque ello pueda llevar aparejado un mantenimiento de la dualización social, que la demanda de este tipo de empleo podría mantenerse e incluso aumentar “conforme crecieran los ocupados con mayor cualificación y su mayor renta impulsara un crecimiento en la demanda de estos servicios”.

De hecho, el propio documento comunitario que da origen a esta entrada del blog indica que en las previsiones a quince años vista, hasta 2020, el peso del empleo poco cualificado disminuirá sobre el volumen total (pasará del 26,2 % actual al 18,5 %), pero que ello no sería óbice para que se produjera la posible creación de 10 nuevos millones de empleos.

Si el desajuste en términos de cualificaciones puede significar el riesgo de un incremento de la polarización social, y de las subsiguientes diferencias salariales, es algo que no sólo es una hipótesis de futuro sino que ya se constata con claridad y que impacta en especial sobre los colectivos más vulnerables en la escala social, resaltándose que ya desde 1980 “la proporción de los ingresos laborales en la UE ha seguido una tendencia claramente ascendente para los muy cualificados, pero descendente para los poco cualificados, mientras que los salarios de los trabajadores con cualificaciones bajas y medias han tendido a converger”.

Las diferencias salariales cada vez más importantes han ido de la mano con el mantenimiento de un elevado número de personas de la UE en situación o riesgo de pobreza, ya estén fuera o dentro del mercado de trabajo; en efecto, el Informe conjunto sobre protección e inclusión social (2009) aprobado en la reunión de ministros responsables de los Ministerios de contenido social el 9 de marzo y validado en la reciente cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, pone de manifiesto que, si bien el crecimiento del empleo experimentado hasta 2008 ha permitido reducir la proporción de hogares con desempleados del 10,2 % en 2005 al 9,3 % en 2007, los últimos informes constatan que el 16 % de la población europea sigue expuesta al riesgo de pobreza y que, aún cuando la mejor protección para evitar la pobreza es un empleo de calidad, “la tasa de trabajadores pobres (8 %) pone de manifiesto que no todos los empleos ofrecen esa garantía, por lo que se llama a una actuación coordinada entre los servicios sociales y los de empleo “para superar los obstáculos que impiden la participación plena y duradera en el mercado de trabajo”.
La observación que acabo de realizar es válida también para España, y más en el momento presente, en el que las tendencias sobre el impacto del desempleo entre la población ocupada, nos llevan a pensar en el grave riesgo en que pueden situarse las personas desempleadas de larga duración, que en el cuarto trimestre del pasado año 2008 representaban el 21,4 % del total, con un incremento en serie interanual del 27 % y mucho más, un 56,9 %, sólo en el cuarto trimestre, y de ahí que el Banco de España haya alertado, en su boletín económico del pasado mes de febrero, sobre el riesgo de que en el futuro “la aceleración del desempleo observada en los últimos trimestres se acabe convirtiendo en un aumento significativo del paro de larga duración que eleve el componente estructural del desempleo”.