domingo, 13 de diciembre de 2009

El impacto de la política comunitaria en la presidencia española de la Unión Europea.

1. La actuación de la presidencia española durante el primer semestre de 2010, básicamente por lo que respecta al ámbito del empleo, vendrá dada no sólo, obviamente, por las líneas propias de actuación marcadas por nuestro país, en coordinación con las dos siguientes presidencias, sino también por las decisiones adoptadas por los poderes comunitarios.

En efecto, la política comunitaria marca la actuación de la presidencia española, y quiero destacar y analizar en esta entrada del blog tres importantes documentos de trabajo, dos comunitarios y uno estatal, uno de carácter coyuntural y dos de más largo y estratégico alcance.

2. Me refiero, en primer lugar, a las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 10 y 11 en Bruselas, cuyo apartado II está dedicado a la situación económica, financiera y del empleo, si bien la parte dedicada a este último asunto es muy minoritaria en relación con las dos anteriores. Las tesis más importantes del documento son, a mi parecer, las siguientes:

A) Las previsiones de recuperación del empleo son todavía inexistentes durante el próximo año, con independencia de la previsible recuperación de la economía en la segunda parte del año, e incluso se plantea un posible deterioro de los datos de desempleo, y de ahí que el Consejo Europeo, por cierto en sintonía con recientes propuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el ámbito internacional, defienda el mantenimiento y aplicación de las políticas de apoyo a la economía que se han ido instrumentando por los poderes públicos en el plano internacional, comunitario y de la mayor parte de Estados desde mediados de 2.008, y que sólo se retiren, de manera progresiva y lo más coordinada posible, “cuando esté plenamente garantizada la recuperación”. Al mismo tiempo, el Consejo abona la necesidad de ir eliminando de forma gradual y progresiva esas medidas y la vuelta a una política económica sin medidas especiales de apoyo, básicamente, al sector financiero.

B) Hace algunos años, no muchos, hubiera sido impensable encontrar en un documento comunitario políticamente tan relevante como son las conclusiones del Consejo referencias a la conveniencia de fijar unos límites en cuanto a la remuneración percibida por los gestores de las entidades financieras. Probablemente los escándalos acaecidos durante los dos últimos años, y la constatación por parte de los poderes públicos del daño, no sólo económico, que las actuaciones de algunos de esos gestores han provocado, han llevado a una petición, aunque sea prudente y limitada, de poner orden en la política salarial de los altos ejecutivos. Con prudencia política, pero con la convicción por mi parte de que se trata de una llamada a la adopción de decisiones jurídicas importantes, el Consejo pide la fijación de “principios sanos de remuneración”, con una llamada al sector financiero a que adopte las medidas oportunas lo más rápidamente posible, y con un mensaje de ánimo a los gobiernos de los Estados para “considerar, sin demora, opciones a corto plazo disponible”.

Y también hubiera sido impensable, especialmente en los años de prevalencia de las políticas neoliberales, encontrar en unas Conclusiones de un Consejo Europeo la referencia a la renovación del contrato económico y social entre las entidades financieras y la sociedad “a la que sirven”, y a tal efecto pedir a la instancia económica más importante a escala mundial, el Fondo Monetario Internacional, que valore toda la gama de opciones posible para conseguir ese objetivo, con mención expresa a la posible aplicación de la llamada “Tasa Tobin” (por el nombre de su impulsor), es decir una tasa mundial sobre transacciones financieras. No deja de ser curioso, ciertamente, que en un momento de predominio de gobiernos conservadores en los Estados de la UE se formulen estas propuestas, sin duda inspiradas en la difícil situación social vivida en los últimos dos años y su indudable impacto en términos de quiebra de la cohesión social y de incremento de las desigualdades sociales y el consiguiente riesgo de un mayor conflicto social.

En el justo equilibrio, propio de los documentos comunitarios, entre la mejora de la economía y el mantenimiento de los derechos sociales de la mayor parte de la población, y básicamente la trabajadora, se mueven las conclusiones, que además destacan la necesidad de poner en marcha cambios estructurales, una estrategia de Lisboa muy revisada, en la perspectiva de la UE de finales del próximo decenio, cambios que se justifican por el impacto económico y social de la crisis que estamos viviendo, el proceso gradual de envejecimiento de la población europea, el incremento de las desigualdades sociales y el cambio climático y sus secuelas sobre la actividad productiva y la creación, mantenimiento o destrucción de empleo, sin olvidar la importancia de apostar por políticas que refuercen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En la adopción de las nuevas medidas deberá haber una implicación activa de los agentes sociales, y también de las autoridades regionales y locales de los distintos Estados.

3. Mi mirada se pone ahora en un importante documento presentado el 24 de noviembre por la Comisión, con el que se pretende abrir un amplio debate para definir las líneas maestras de por dónde debe ir la política comunitaria, cuáles deben sus prioridades y objetivos, durante el próximo decenio. Y digo que se pretende iniciar un amplio debate porque se abre un período hasta el 15 de enero de 2010 para recabar todas las observaciones, comentarios, sugerencias y críticas que se deseen formular al documento que lleva por título “Consulta sobre la futura estrategia UE 2020” y con el que se pretende llegar a la definitiva aprobación del nuevo programa de acción a largo plazo que sustituya a la estrategia de Lisboa, cuyos contenidos siguen siendo válidos en una buena medida pero que fue adoptada en un momento en que la situación política, económica y social era sensiblemente distinta de la actual, y de ahí que la Comisión haga referencia a los mismos retos referenciados en las conclusiones del Consejo Europeo.

De manera especial, y por lo que respecta al ámbito laboral, quiero destacar que una de las ideas o tesis generales del documento es buscar cómo adoptar y poner en marcha nuevas políticas que refuercen la cohesión social, aborden el desempleo y refuercen la inclusión social, “garantizando en todo momento el buen funcionamiento de los mercados laborales”, insistiéndose en la importancia del incremento de la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo y en la mejora de los sistemas educativos para hacer frente a los nuevos retos culturales y productivos que se derivan de la sociedad del conocimiento, medidas por cierta que encontramos también en los documentos comunitarios de la mayor parte de los años de la presente década.

La Comisión plantea una nueva estrategia que debe estar basada en tres prioridades: en primer lugar, la creación de valor “basando el crecimiento en el conocimiento”, ya que vivimos en un entorno económico y social donde parece que será la innovación, tanto en los productos como en los procesos, la que marcará la diferencia; en segundo término, la potenciación del papel de los ciudadanos en sociedades inclusivas, siendo esta la referencia o propuesta con contenido más directamente vinculada al empleo ya que se pone el acento en la necesaria capacidad de adaptación del personal para poder acceder a los nuevos empleos que ofrecerá la sociedad más creativa e innovadora (una nueva versión de la flexiguridad a mi parecer); por fin, la creación de una economía competitiva, conectada y más respetuosa del medio ambiente, con una apuesta decidida por una reducción del consumo de recursos y energías no renovales y por unas políticas muy respetuosas con el medio ambiente y que incentiven la creación de empleo en el ámbito de los llamado “sectores verdes”.

Con relación a la primera prioridad, se apuesta de forma decidida por potenciar en los próximos años la educación y la investigación, la innovación y la creatividad, con una especial atención a las posibilidades que ofrece la economía digital. Desde mi perspectiva universitaria, me interesa destacar el énfasis del documento en la mejora de la calidad, de la investigación, y en especial en el refuerzo de las políticas de movilidad de los estudiantes “con el fin de adquirir conocimientos, de aprender nuevas lenguas, de adquirir experiencia viviendo y estudiando en el extranjero y de construir redes”.

El apartado dedicado a la potenciación de los ciudadanos en sociedad inclusivas bebe en gran medida de otros textos comunitarios publicados en los últimos años y a algunos de los cuales he dedicado especial atención en el blog, poniéndose el acento en la capacidad de adaptación, no para un puesto de trabajo sino para el acceso a los empleos que ofrece que el mercado de trabajo, y con petición de apoyo a los poderes públicos para facilitar este tránsito de forma adecuada, con mención expresa a una medida que está ya siendo utilizada en algunos países europeos y que en España está siendo objeto de atención con ocasión de los debates sobre una hipotética reforma laboral, y me refiero a los períodos de desempleo parcial combinados con acciones de formación. La capacidad de adaptación incluye la política de formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, junto con políticas de protección social en los períodos de tránsito entre el empleo (a tiempo completo o parcial, por cuenta ajena o propia) la formación y en desempleo. Por cierto que la Comisión destaca de forma específica el potencial existente de incremento del empleo entre la población inmigrante (aunque no creo que ese sea precisamente el supuesto de España, dado que la tasa de actividad de la población extranjera es superior en más de 19 puntos a la española), con especial atención a “los inmigrantes con bajos niveles de educación, las mujeres y los inmigrantes recién llegados”.

No deja ciertamente de ser ambicioso el objetivo global perseguido y marcado para el año 2020, y ojala se consiga, aún cuando puede objetársele que no incluye datos cuantitativos, a diferencia, al menos hasta ahora, de los contenidos en la Estrategia de Lisboa sobre tasas de empleo de toda la población, de las mujeres y de los trabajadores de edad avanzada: “más puestos de trabajo, mayores tasas de empleo para la población en edad de trabajar, mejores empleos, con una productividad cada vez mayor y de mejor calidad, y equidad, seguridad y oportunidades, a fin de que todos tengan la posibilidad real de incorporarse al mercado laboral, de crear empresas y de gestionar las transiciones del mercado laboral gracias a regímenes sociales y de bienestar modernos y financieramente viables”.

Por fin, la creación de una economía competitiva, conectada y más respetuosa con el medio ambiente, requiere según la Comisión de un uso más eficiente de los recursos todavía disponibles y de aplicación de nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente y que creen empleos estables y de calidad. Para conseguir este objetivo hay que potenciar tanto la creación de nuevas actividades emergentes como la reestructuración de buena parte de los existentes, destacándose que la consecución de estos objetivos “será un elemento esencial para que la UE pueda ser competitiva en un mundo en el que todos los países estarán buscando soluciones para responder a estos desafíos”.

4. Las propuestas contenidas en el segundo documento comunitario analizado encuentran bastantes puntos de concordancia en el ámbito español con las propuestas elaboradas, y aprobadas, por la Comisión Mixta para la UE sobre cuál ha sido la aplicación de la Estrategia de Lisboa en España y cuáles han de ser los objetivos a perseguir en el futuro, documento aprobado el 27 de octubre y que se hizo público, mediante su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 30 de noviembre. Por cierto, conviene destacar que los ámbitos prioritarios de actuación definidos en 2008 para la última fase de aplicación de la Estrategia de Lisboa siguen siendo válidos a mi parecer en el próximo decenio: mayor inversión en conocimiento y educación; fomento del espíritu empresarial, en especial de las pymes; mayor inversión en el capital humano y modernización de los mercados laborales; adopción de una economía de baja intensidad de carbono y eficiente en el plano energético.

Esos objetivos, y también los que se enumeran en las conclusiones del Consejo y en el documento de propuestas para la definición de la nueva estrategia de cara al 2.020, deberán ser tenidos en consideración por el gobierno español durante su mandado, que ha definido sus líneas de actuación también en cuatro grandes áreas y que, obviamente, tienen muchos puntos de encuentro con los que acabo de enumerar: competitividad y creación de empleo; dimensión social y transversalidad de género; aspectos educativos e I + D + i; preparación de la revisión de la Estrategia de Lisboa y del nuevo ciclo.

Del documento elaborado en sede parlamentaria me quedo con algunas tesis y propuestas de especial interés a mi parecer: en primer lugar, la llamada a la consolidación del papel del Estado como dinamizador de la economía, y la petición de dedicar más recursos económicos a las políticas de formación, inversión productiva e I + D + i; en segundo término, el apoyo decidido a las políticas de flexiguridad para conseguir tanto el incremento del volumen de empleo de la población trabajadora como un crecimiento económico sostenible. Se puede decir de muchas formas, pero dudo que con mayor claridad: en la búsqueda de seguridad laboral para los trabajadores, “el sujeto de protección social es la carrera laboral del trabajador en lugar de, como se ha hecho tradicionalmente, el puesto de trabajo concreto”.

En tercer lugar, y con ello concluyo, encontramos probablemente la propuesta de mayor impacto ya que, tras las críticas al funcionamiento insatisfactorio al método abierto de coordinación para alcanzar los objetivos perseguidos en la Estrategia de Lisboa, se sugiere explorar la conveniencia de establecer un método comunitario con una mayor rendición de cuentas y responsabilidades en caso de incumplimiento, aunque los grupos parlamentarios españoles son conscientes de “todas las dificultades que pueden plantearse para esta evolución”, y se propone la posible creación de un “Fondo Lisboa” a cuyos fondos se podría acceder por los Estados que demostraran fehacientemente el cumplimiento de los objetivos enunciados en sus respectivos Planes Nacionales de Reformas.

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