Programa de la Presidencia española de la Unión Europea. Empleos verdes, blancos y azules.

1. En una entrada anterior del blog realicé el comentario del documento de trabajo elaborado para los próximos 18 meses por las presidencias españolas, belga y húngara. Ahora ya disponemos, en la recién estrenada página web de la presidencia española, del programa propio de nuestro gobierno, en el bien entendido, como no podría ser de otra forma, que buena parte de su contenido guarda muy estrecha relación con el de la “troika”. Al igual que hice en dicha entrada, me detengo en el examen de algunos aspectos que más interesan, a mi parecer, al ámbito de las relaciones laborales y de empleo, y remito a las personas interesadas a la lectura íntegra del documento.

2. El programa español se articula alrededor de cuatro prioridades generales, todas ellas de interés para mi reflexión, si bien la más relevante sin duda es la de “coordinación de las políticas económicas para promover la reactivación y un crecimiento sostenible en toda Europa: lanzamiento del programa 2.020”. Y digo que todas son de interés porque su aplicación y desarrollo reforzarían a la UE y contribuirían a la mejora y bienestar de vida de sus ciudadanos: la plena aplicación del Tratado de Lisboa ha de servir para reforzar los mecanismos democráticos de participación en la elaboración de las políticas comunitarias; el refuerzo de su política exterior ha de convertirla en un verdadero actor global y la dotaría de una fortaleza política indudable ante el resto de Estados y bloques políticos y/o económicos; en fin, el “impulso de una Europa de derechos y libertades al servicio de los ciudadanos” debería contribuir al fortalecimiento de los derechos y libertades recogidas en la normativa comunitaria tanto para los ciudadanos de los Estados de la UE como para todas aquellas personas que accedan de forma regular y por decisión voluntaria al “territorio Europa”.

En coherencia con las decisiones ya adoptadas por el Consejo Europeo, y en la misma línea que las propuestas formuladas en otros foros económicos y sociales sobre la adecuada combinación entre la retirada gradual de los estímulos económicos adoptados durante la crisis y su mantenimiento para evitar efectos perversos sobre la población más duramente afectada, la presidencia española es consciente de la necesidad de proceder a la retirada de esos estímulos “en cuanto la situación económica lo permita”, con un claro objetivo de doble contenido político y económico: “afianzar la recuperación económica, volver a la senda de la creación de empleo y avanzar en la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de los procesos de consolidación de los Estados miembros”. Y ello, con la finalidad de ir avanzado en el diseño de la Nueva Estrategia 2020 (la versión renovada de Lisboa 2000) para su aprobación en el Consejo Europeo de primavera, a partir del documento de trabajo presentado el 24 de noviembre y que lleva por título “Consulta sobre la futura estrategia UE 2020”, un documento que ya he analizado en el blog y del que ahora sólo recuerdo unas breves notas de importancia.

La Comisión plantea una nueva estrategia que debe estar basada en tres prioridades: en primer lugar, la creación de valor “basando el crecimiento en el conocimiento”, ya que vivimos en un entorno económico y social donde parece que será la innovación, tanto en los productos como en los procesos, la que marcará la diferencia; en segundo término, la potenciación del papel de los ciudadanos en sociedades inclusivas, siendo esta la referencia o propuesta con contenido más directamente vinculada al empleo ya que se pone el acento en la necesaria capacidad de adaptación del personal para poder acceder a los nuevos empleos que ofrecerá la sociedad más creativa e innovadora (una nueva versión de la flexiguridad a mi parecer); por fin, la creación de una economía competitiva, conectada y más respetuosa del medio ambiente, con una apuesta decidida por una reducción del consumo de recursos y energías no renovales y por unas políticas muy respetuosas con el medio ambiente y que incentiven la creación de empleo en el ámbito de los llamado “sectores verdes”. En el programa de la presidencia española se insiste en que la estrategia 2020 debe apoyarse en los tres pilares de sostenibilidad económica, social y medioambiental, y que la economía europea “debe basar su ventaja comparativa en la competitividad, la innovación y el conocimiento”.

De manera especial, y por lo que respecta al ámbito laboral, quiero destacar que una de las ideas o tesis generales del documento que abre el debate para la futura estrategia comunitaria es buscar cómo adoptar y poner en marcha nuevas políticas que refuercen la cohesión social, aborden el desempleo y refuercen la inclusión social, “garantizando en todo momento el buen funcionamiento de los mercados laborales”, insistiéndose en la importancia del incremento de la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo y en la mejora de los sistemas educativos para hacer frente a los nuevos retos culturales y productivos que se derivan de la sociedad del conocimiento, medidas por cierta que encontramos también en los documentos comunitarios de la mayor parte de los años de la presente década. No deja ciertamente de ser ambicioso el objetivo global perseguido y marcado para el año 2020, y ojala se consiga, aún cuando puede objetársele que no incluye datos cuantitativos, a diferencia, al menos hasta ahora, de los contenidos en la Estrategia de Lisboa sobre tasas de empleo de toda la población, de las mujeres y de los trabajadores de edad avanzada: “más puestos de trabajo, mayores tasas de empleo para la población en edad de trabajar, mejores empleos, con una productividad cada vez mayor y de mejor calidad, y equidad, seguridad y oportunidades, a fin de que todos tengan la posibilidad real de incorporarse al mercado laboral, de crear empresas y de gestionar las transiciones del mercado laboral gracias a regímenes sociales y de bienestar modernos y financieramente viables”. La presidencia española apuesta, obviamente en la misma línea, por reforzar la participación, la formación y la empleabilidad de los trabajadores para garantizar la inclusión social, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la adaptabilidad de la fuerza laboral y la mejora de sus competencias para un mercado en permanente cambio, y la mejora de los niveles educativos. En un magnífico ejemplo de equilibrio político, digno de un artista circense de primera categoría, se afirma en el documento que, en relación con la modernización del marco laboral “es preciso avanzar en flexibilidad y seguridad de forma equilibrada, contribuyendo a un funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo”, y no está de más destacar la referencia a que nuestra presidencia impulsará la agenda social europea “con el objetivo de afianzar el modelo social europeo”.

3. En el apartado del “programa operativo”, es decir el más específico del Estado que asume la presidencia, el gobierno español formula una declaración general de intenciones, que esperemos y deseemos que defienda tanto en Europa como en España durante el proceso de debate de reforma laboral que se abrirá este mes de enero, en el apartado dedicado a “empleo, política social, sanidad y consumidores” (es decir, el consejo EPSCO), poniendo de manifiesto que trabajará “para limitar la incidencia de la crisis en los mercados de trabajo y sus efectos sociales más negativos, prestando atención especial a las personas más vulnerables y a los nuevos riesgos de exclusión”. En su concreción, ciertamente muy limitada dado el carácter necesariamente generalista del documento, hay algunas pistas de actuación que deseo destacar:

A) La prioridad del empleo en la estrategia 2020, promoviendo tanto su creación en el campo de las energías renovables, reciclaje y de conservación del medio ambiente (“empleos verdes”), como en el de las nuevas demandas de atención social (“empleos blancos”) y en el de las nuevas tecnologías (“empleos azules”). En la puesta en marcha de estas políticas de creación de empleo, la plena aplicación del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres debe ser “un elemento central del nuevo modelo de cohesión social”.

B) La puesta en marcha de iniciativas en relación con la directiva sobre desplazamiento de trabajadores, una forma suave de indicar que es necesario abordar con claridad y sin temores cómo defender el modelo social europeo ante una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha provocado en 2008 y 2009 una lógica y comprensible preocupación en amplios sectores del mundo laboral por la limitación de los derechos colectivos de los trabajadores y su supeditación a la libertad de prestación de servicios, una conclusión que no creo que estuviera nunca en la mente, ni tampoco está en la letra, de los redactores de la Directiva y que por ello es necesario corregir con los instrumentos jurídicos más adecuados.

C) Una atención especial al empleo de los jóvenes, tanto mediante el establecimiento de adecuadas relaciones entre los sistemas educativos y el empleo, como facilitando la estabilidad laboral después de un período de demostración de los conocimientos adquiridos en vía académica (y aquí puede cobrar sentido el debate en España sobre la política selectiva de bonificaciones en algunas contrataciones, o más exactamente en la conversión en estable de las contrataciones inicialmente temporales dirigidas a jóvenes), y ayudando a potenciar todas las iniciativas emprendedoras mediante los instrumentos adecuados de información, orientación y asesoramiento. Por cierto, nuevamente se insiste, aunque después los hechos no siempre se adecúen a lo escrito en un documento de trabajo, en que la formación profesional será un área prioritaria por constituir un “pilar básico para el desarrollo económico de la sociedad y para el progreso en todos los órdenes”, y que se trabajará para facilitar la adquisición de nuevas competencias, obviamente no sólo para jóvenes, en el marco de la iniciativa puesta en marcha en diciembre de 2008 con el documento “Nuevas capacidades para nuevos empleos”. De este importante documento comunitario recupero ahora algunas de sus tesis más relevantes.

Una de las ideas y tesis recurrentes en todos los documentos comunitarios de los últimos años es la necesidad de mejorar las capacidades de las personas que se encuentran en, o que quieren incorporarse al, mercado de trabajo; mejora que debe ir, por otra parte, ineludiblemente unida a la necesaria adecuación de oferta y demanda en dicho mercado si queremos alcanzar resultados positivos en términos tanto de creación de nuevo empleo como de evitación de su reducción. Esa mejora se plantea como un requisito ineludible para mantener la economía europea ante la previsión de creación neta de empleo a medio y largo plazo y con un crecimiento del empleo cualificado, y por consiguiente con una mayor polarización entre las profesiones que requieran un mayor o menor nivel de cualificación.

En efecto, esa mejora de las capacidades, o dicho en términos de política de empleo una mayor empleabilidad del personal, se convierte en algo de todo punto ineludible si Europa quiere encarar con perspectivas favorables los cambios que se están produciendo en las estructuras productivas (mayor atención a la economía del conocimiento y la innovación y a la creación de empleo en sectores de baja emisión de carbono) y en las demográficas (proceso de envejecimiento de la población, y conveniencia de mantener, bien preparada y formada, a la población trabajadora en el mercado laboral, tanto por sus potencialidades como por la necesidad de atemperar los efectos de su salida sobre los sistemas de protección social, y también para lograr su mantenimiento en el mercado laboral en épocas de crisis como la actual y en las que debe prestarse especial atención a la adopción de medidas de flexiguridad interna por parte de las empresas, con especial énfasis en la formación, que limiten la reducción o supresión de empleo por la vía de la extinción de los contratos de trabajo), y mucho más cuando los informes periódicos sobre la presencia de las personas en la vida laboral ponen de manifiesto que esa mejora es conveniente para todos y que “la probabilidad de los adultos poco cualificados de beneficiarse del aprendizaje permanente es siete veces inferior a la de los que tienen un elevado nivel de estudios”, por lo que los cambios en el marco económico en general y en la economía productiva en particular impacta mucho más desfavorablemente sobre el colectivo más vulnerable.

Para mejorar la capacidad laboral es necesaria una buena formación educativa de base, y por ello el Consejo propugna que todas las personas se doten en el ámbito educativo de las competencias claves y de las capacidades horizontales “que resultan imprescindibles para la posterior adaptación y adquisición de nuevas capacidades específicas que garanticen su empleabilidad permanente”.

D) Último, pero no menos importante, hay que recordar que la presidencia española debe proceder a la evaluación, en el ámbito de las políticas de inmigración y asilo, el pacto europeo suscrito en octubre de 2008, y formular las recomendaciones que permitan en, su caso, mejorar su aplicación.

En este ámbito político deseo destacar que hay que avanzar, y así lo propone la presidencia española, en la política comunitaria de regulación de derechos para los inmigrantes regulares, ya diseñada desde hace tiempo pero aún no concretada, por lo que respecta a la fijación de unos criterios comunes en materia de admisión, residencia y ejercicio de actividad profesional. La relación entre inmigración y mercado de trabajo ha sido siempre una constante en la normativa española, y de ahí que nuestra presidencia pretenda lanzar un debate sobre dicha relación en toda Europa, ahora que la misma se percibe mucho más claramente en la mayor parte de los Estados miembros que hace unos pocos años; es decir, se trata de abrir dicho debate sobre la vinculación de las políticas de empleo y las políticas migratorias, “impulsando la coordinación de la gestión por los Estados miembros de los flujos de trabajadores inmigrantes que su mercado laboral precisa, respetando el principio de preferencia comunitaria”. También hay que asegurar, y comparto plenamente el planteamiento, la aplicación efectiva de la directiva relativa a la lucha contra el trabajo irregular con la imposición de las sanciones previstas en la norma a los sujetos empleadores que vulneren la normativa legal.

4. Concluyo. Mucho trabajo previsto para 6 meses. Ojala que haya resultados positivos para la ciudadanía cuando llegue el 30 de junio.