Traspaso de las políticas activas de empleo al País Vasco (I).

1. Es objeto de atención en esta nueva entrada del blog el acuerdo alcanzado el día 22 de septiembre entre los grupos socialistas y nacionalistas vascos del Congreso de los Diputados, obviamente con el visto bueno del gobierno español, para el traspaso de las políticas activas de empleo al País Vasco a partir del 1 de enero de 2011, acuerdo al que ha de sumarse el suscrito el día 14 de octubre y que incorpora otras transferencia de contenido sociolaboral. Parece, y siempre hay que plantarlo con prudencia cuando nos referimos al País Vasco, que se cerrará el debate iniciado sobre los traspasos a dicha Comunidad Autónoma desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1979 y más concretamente desde la elaboración en enero de 1992 de un informe del Departamento de Presidencia, régimen jurídico y desarrollo económico del gobierno vasco sobre las transferencias a efectuar para dar adecuado cumplimiento al Estatuto de Gernika.


Mi comentario se realizará a partir de los documentos a los que he tenido acceso, incluyendo tanto los textos de los acuerdos como las manifestaciones de las fuerzas políticas y sociales implicadas, desde el mismo día 22 de septiembre hasta el 19 de octubre, con la obligada incorporación de una amplia referencia a la importante sentencia del Tribunal Constitucional núm. 124/1989 de 7 de julio. Es forzosamente incompleto porque todavía no se conoce, al menos públicamente, el cálculo económico que supone el traspaso de las PAE y porque todavía quedan pendientes de concretar diversas cuestiones económicas y organizativas del traspaso en el seno de la Comisión de transferencias, que tiene previsto constituirse esta semana. Cuando se disponga de toda la información, y por consiguiente del texto definitivo del acuerdo del traspaso de competencias aprobado por el Consejo de Ministros, podrá ser el momento para volver sobre la cuestión si fuera de interés (y creo que sí lo será) para completar mi exposición.


Recordemos, antes de iniciar la exposición, el texto del artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre.


“Corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en las materias siguientes:


2. Legislación laboral, asumiendo las facultades y competencias que en este terreno ostenta actualmente el Estado respecto a las relaciones laborales; también la facultad de organizar, dirigir y tutelar, con la alta inspección del Estado, los servicios de éste para la ejecución de la legislación laboral, procurando que las condiciones de trabajo se adecúen al nivel del desarrollo y progreso social, promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación integral”.


2. Hagamos un poco de historia, y para ello recupero algunas notas anteriores de mi blog.


Un muy satisfecho Lehendakari anunciaba el 21 de mayo de 2009, después de la reunión con el Ministro de Política Territorial Manuel Chaves, la transferencia al gobierno vaso de las políticas activas de empleo antes del 1 de enero de 2010, una "herramienta poderosa para mejorar la empleabilidad y la formación de los parados y para que estén en mejores condiciones para acceder al mercado laboral”. Se trataba de un compromiso para que antes de esa fecha estuvieran en manos del gobierno vasco el conjunto de servicios, materias y recursos de las políticas de empleo, para que pudieran estar recogidos en el presupuesto de 2.010.


Mientras el grupo socialista del Congreso de los Diputados negociaba y llegaba a un acuerdo con el grupo nacionalista vasco para su apoyo, en términos que implicaban de facto una paralización de la transferencia a la espera de concretar el montante presupuestario en función de la posible toma en consideración en dichas partidas económicas de las cuantías correspondientes a las bonificaciones empresariales en las cuotas a la Seguridad Social, el gobierno autonómico aprobaba el proyecto de ley de presupuestos y lo presentaba, por medio de sus Consejeros y Consejeras, ante el Parlamento autonómico. Parece que una de las razones que motivó la suspensión del traspaso fue la falta de acuerdo sobre la inclusión de las bonificaciones a la creación de empleo y de formación, manifestándose por el parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria, en un artículo publicado en DEIA el 15 de septiembre, que esa no inclusión, y la valoración del coste del traspaso en 300 millones, implicaría que “se estará renunciando a gestionar un ámbito muy importante económicamente de las políticas de empleo, con el correspondiente perjuicio económico para nuestro sistema financiero y el agravio hacia los trabajadores y empresarios vascos, que verán como sus cuotas de formación y aportaciones al sistema económico laboral quedan en manos del gobierno español, al margen del presupuesto y de la política de empleo del Gobierno Vasco”, concluyendo de manera tajante que “desde EAJ-PNV controlaremos que (el acuerdo) no se haga de una manera que manipule y anule el contenido laboral, social y económico del estatuto de Gernika”.


La inquietud por el retraso en la efectiva transferencia, fuera o no consecuencia del acuerdo entre los grupos socialistas y nacionalistas vasco, llegó al Congreso de los Diputados, como creo que no podía ser de otra forma, a través de una pregunta del diputado por el País Vasco del grupo popular Alfonso Alonso, dirigida al Ministro Manuel Chaves y formulada en la sesión plenaria del 2 de diciembre. En su intervención, el Sr. Alonso recordó el compromiso adquirido por el Ministro de traspasar las políticas activas de empleo antes del 1 de enero de 2010 y expuso que ““la semana pasada supimos que ustedes han negociado con el Partido Nacionalista Vasco en el marco de su acuerdo presupuestario, a espaldas del Gobierno vasco, el bloqueo de la transferencia de empleo. ¿Es esa su idea de la lealtad, señor Chaves? Esto es una falta de respeto a las instituciones, un desprecio a su propia función como vicepresidente del Gobierno, una traición a sus compañeros en el País Vasco y un ataque frontal al pacto que tenemos ustedes y nosotros en el País Vasco. Esta actuación es impropia de un gobierno con un mínimo sentido de la responsabilidad y por eso yo hoy aquí le quiero pedir, señor Chaves, que rectifique, que garantice que va a cumplir su compromiso y que dé marcha atrás y denuncie el acuerdo que tiene con el PNV”. En su respuesta el Ministro defendió su actuación y afirmó que “nosotros venimos trabajando para que el traspaso de las políticas activas de empleo al Gobierno vasco se hagan efectivas lo antes posible. Ya mismo, la semana pasada, durante los días 25 y 26 de noviembre, se mantuvo una nueva reunión de los grupos de trabajo para poner en marcha y desarrollar los acuerdos. También es cierto, señor Alonso, que la complejidad de las materias y las cuantías son de tal envergadura que no hay garantías -se lo puedo decir aquí y darles todas las explicaciones- de que se pueda alcanzar este buen acuerdo de traspaso antes del próximo 1 de enero”, afirmando de forma tajante en turno de réplica que “Nuestro compromiso, mi compromiso es seguir trabajando para desarrollar y para transferir al Gobierno vasco las políticas activas de empleo. Es un compromiso irrenunciable no solamente del lehendakari sino también del Gobierno de España y de este vicepresidente del Gobierno y nadie va a impedir que se haga esa transferencia. Informaremos al Partido Nacionalista Vasco, informaremos al Partido Popular si nos demanda esa información y cumpliremos con el Estatuto de Gernika, punto por punto y coma por coma, también en las transferencias”.

No podía falta en este debate, lógicamente, la intervención del Partido Nacionalista Vasco para demostrar, por una parte, su capacidad de decisión en este ámbito, y por otra que la transferencia se haría en los términos pactados con el grupo socialista, y que ello se efectuaría “antes de septiembre de 2.010”. Pero antes conviene recordar que el portavoz socialista en el Congreso Sr. Alonso, afirmaba, con ocasión de la presentación del acuerdo el 16 de octubre que habían aceptado las tres precondiciones del PNV, y que una de ellas era “el compromiso del Gobierno de informar con antelación y total transparencia" sobre las decisiones del traspaso a Euskadi de las políticas de empleo”, y que el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreta, afirmaba eufórico en su blog que “No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. El PSOE pasa por el agujero. Acepta las tres precondiciones que hace semanas fijamos desde el PNV para empezar a negociar el Presupuesto para el año 2010”, con una escueta mención a que “contaremos, también, con información puntual y un marco de colaboración en torno al proceso de negociación entablado en torno a la transferencia sobre las políticas activas de Empleo a Euskadi”.


Según informaciones procedentes del PNV, oportunamente trasladadas a los medios de comunicación, en el documento de ambas fuerzas políticas los socialistas se comprometían a informar puntualmente al Grupo Vasco "de la evolución de las negociaciones entabladas entre el Gobierno central y el Gobierno vasco para transferir a la Comunidad Autónoma Vasca "los medios y servicios afectos a las Políticas Activas de Empleo en cumplimiento de la competencia que el artículo 12.2 del Estatuto de Gernika atribuye al País Vasco". Para el partido dirigido por Iñigo Urkullu, “si el traspaso se hiciera en estas condiciones, supondría una buena transferencia y estaría encantado con su materialización”.


Volvemos al País Vasco. El 16 de diciembre la portavoz del gobierno autonómico, Idoia Mendia afirmaba que los grupos de trabajo trabajaban de forma frenética para lograr la transferencia de las políticas activas de empleo, si bien advirtió que, tras su pacto con el PNV "corresponde al Gobierno de España dar el siguiente paso". En una entrevista a la emisora de radio Onda vasca, la consejera explicó que el traspaso de la materia es "muy complejo" porque se trata de "transferir funcionarios del Estado a la Comunidad autónoma, de patrimonio, de un montón de aspectos muy técnicos". "Los grupos están trabajando mucho todavía hoy para tratar de que la transferencia se pueda producir en cuanto se desbloquee la cuestión con el Gobierno de España", manifestó. Mendía admitió que, respecto a la cuestión de la competencia los gobiernos vascos y central "tienen diferentes ópticas", pero agregó que el Ejecutivo autónomo tiene "claro" que "tiene que ser la transferencia tal y como se acordó en el Parlamento vasco hace muy pocos años". "Llegamos a un principio de acuerdo con el vicepresidente Manuel Chaves en la cuantía y en cómo se debía de hacer, que era vía Cupo", señaló. Según indicó, "es verdad que luego quedan las cuotas de Seguridad Social" y, en este sentido mantienen "una posición diferente a la del Gobierno anterior". "Nosotros no jugamos al todo o nada, somos conscientes de que, especialmente en crisis económica es una transferencia muy necesaria, por lo que vamos a dejar la discusión sobre las cuotas de Seguridad Social, en lo que ahora mismo no nos vamos a poner de acuerdo con el Gobierno de España, que nos hagan esta transferencia como lo manda el Estatuto, y proseguiremos después a seguir peleando", señaló. En efecto, el debate jurídico y económico sobre las cuotas de la Seguridad Social ha bloqueado desde hace muchos años el traspaso.


3. Con ocasión del debate sobre el estado de la Nación celebrado los días 14 y 15 de julio de 2010, el PNV presentó varias propuestas de resolución pidiendo el traspaso de competencias en materia sociolaborales. La propuesta de resolución número 76 pedía el traspaso de la ITSS “dentro del ámbito de aquellas materias de ejecución de la legislación laboral que han sido ya objeto de transferencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco…”, y pedía que el Congreso instara al gobierno a alcanzar los acuerdos necesarios en un plazo de 3 meses “para proceder a las mencionadas transferencias”.


La propuesta de resolución número 77 pedía el traspaso de las funciones y servicios correspondientes a la ejecución de la legislación laboral “en materia de formación profesional ocupacional y continua”, que implicaría la determinación y gestión en todo el territorio autonómico de los programas de formación profesional “sin ninguna limitación por parte del Estado”. Para llevar a cabo esas funciones se dispondría de los fondos destinados a formación continua que proceden de las cuotas devengadas por empresarios y trabajadores, “que serán recaudadas directamente por las instituciones vascas”, y de los fondos estructurales europeos, y pedía que el Congreso instara al gobierno a alcanzar los acuerdos necesarios en un plazo de 3 meses “para proceder a las mencionadas transferencias”.


La propuesta de resolución número 79 solicitaba el traspaso de las políticas activas de empleo, recordando en su introducción que el estatuto vasco en materia laboral, a diferencia de la mayoría de los restantes estatutos, “refleja la especificidad de la autonomía financiera de las instituciones vascas”, y que dicho traspaso estaba pendiente desde la aprobación del Estatuto. En concreto, se pedía al Congreso que instara al gobierno español a la transferencia de las competencias de políticas activas de empleo al País Vasco, “de manera que el fomento y protección del empleo incluya las ayudas para la creación de puestos de trabajo (subvenciones gestionadas) y las bonificaciones de cuotas en las cotizaciones a la Seguridad Social, cuyo traspaso se materializará a través del sistema de concierto económico”, e igualmente se demandaba “la transferencia de las competencias que los servicios públicos de empleo ejercen en materia de políticas activas de empleo”.


¿Cuál fue el resultado de la votación el 20 de julio de 2010, es decir poco más de tres meses antes del acuerdo de 22 de septiembre? Para muestra sirva la votación de la última propuesta: 321 votos en contra y 26 votos a favor. Así estaba la situación el 20 de julio, es decir con el voto en contra de los grupos socialista y popular al traspaso de las PAE al País Vasco en los términos solicitados por el PNV.