Sobre la puesta en marcha del Reglamento de extranjería. Un nuevo repaso a la política de inmigración española e internacional (I).

1. La entrada en vigor el pasado 30 de junio Real Decreto 557/2011 de 30 de abril (corrección de errores incluida) que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000 tras su última modificación por la LO 2/2009 de 11 de diciembre, es una excelente oportunidad para efectuar un repaso a los cambios más relevantes operados en la política española, internacional y europea en los últimos tiempos en materia de inmigración, con especial atención a las instrucciones dictadas para concretar el RD, y este es el objetivo del presente texto.

En efecto, con rapidez digna de elogio, al menos en las formas, la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración dictó cuatro instrucciones el 28 de junio sobre diversos preceptos del RD y para aclarar qué instrucciones, circulares y oficios siguen en vigor, instrucciones que comentaré con algún detalle más adelante. Por otra parte, y también con extraordinaria rapidez, el Departamento de Bienestar Social y familia de la Generalitat de Cataluña publicaba una nota de prensa el mismo día de la entrada en vigor del RD, en la que recordaba que a partir de esa fecha procederá a tramitar, al amparo de lo dispuesto en la norma, los informes de integración y de adecuación de la vivienda.

Igualmente, en el ámbito territorial español, si bien relacionado fuertemente con la política internacional y europea en materia de inmigración, hay que referirse a la Estrategia Española de Seguridad aprobada por el Consejo de Ministros de 24 de junio, que dedica un apartado específico a los “flujos migratorios no controlados” y propone diversas líneas estratégicas de acción para minimizar sus efectos y tratar de controlarlos. El documento cree posible, y yo añado ahora que ya ocurre en la actualidad, que se produzca un descenso del número de inmigrantes que llegan de Iberoamérica, y por el contrario califica de factible, dada la difícil situación política y social de muchos países, el incremento de la inmigración irregular tanto de países africanos como de asiáticos. El carácter negativo de un posible incremento de la irregularidad se concreta en mayor conflictividad social, aparición de guetos urbanos, explotación económica de los inmigrantes, conflictividad laboral en el seno mismo de la población trabajadora, o radicalización de grupos de inmigrantes y falta de integración. Para atajar estos riesgos, la EES recuerda todo aquello que ya se ha realizado por el gobierno español hasta el presente, básicamente los acuerdos de cooperación con varios países iberoamericanos, africanos y de la Europa del este, la creación de nuevos centros de internamiento y el aumento de los medios marítimos y aéreos de los cuerpos de seguridad del Estado (sin olvidar, cabe añadir, la tarea europea de FRONTEX).

El documento, y no podría ser lógicamente de otra forma, va en la misma línea que la normativa española recientemente aprobada (LO 2/2009 y RD 557/2011) y tiene las mismas orientaciones que el Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010, y se ajusta a las propuestas de la UE acogidas en el programa de Estocolmo y en el pacto europeo de inmigración y asilo. Se trata, en suma de potenciar la inmigración regular de acuerdo con la capacidad de acogida y tomando en consideración las necesidades demográficas y laborales, y por consiguiente, en el marco de la política europea de integración común, la EES apuesta por “garantizar una gestión eficaz de los flujos migratorios y un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros”, así como también la adopción de medidas de prevención y lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. No conviene olvidar, en fin, la referencia a la conveniencia de promover y favorecer el dialogo con las confesiones religiosas de las poblaciones inmigrantes, “sobre todo con el Islam”.

Justamente sobre la crisis en el empleo de los jóvenes y cómo afecta a la población inmigrante encontramos un reciente e interesante informe, de 29 de junio, en el último “Índice laboral Manpower group”, elaborado por el profesor Josep Oliver y que dedica un capítulo específico a “El mercado de trabajo en los primeros meses de 2011 y la respuesta de los jóvenes a la crisis de empleo”, del que deseo destacar ahora un dato más global y que debe sin duda ser tenido en consideración en las políticas de empleo: la población autóctona de 16 a 34 años descendió de 11.374.000 personas a 8.904.000 en el período que va del año 2000 al primer trimestre de 2011, mientras que la población inmigrante de la misma edad pasó de 556.000 a 2.497.000 personas. No obstante, este dato debe ser matizado con otro más reciente, y que sin duda trae su razón de ser de la crisis económica que estamos viviendo: entre 2009 y el primer trimestre de este año han abandonado España 180.000 jóvenes extranjeros, en su gran mayoría en edades comprendidas entre los 20 y 30 años. Aún así, el peso de la población joven extranjera es elevado en la franja de edad de los 16 a 34 años, con un 21,9 % sobre el total, porcentaje que es superior en la franja de 30 a 34 años (24,8 %) y en la de 25 a 29 (23,2 %), mientras que disminuye en la de 20 a 24 (19,1 %) y en la de 16 a 19 (17,3 %).

También recientemente, en concreto el 6 de julio, se ha hecho pública la Memoria 2010 de la Inspección de Trabajo y Seguridad, en la que se contienen numerosos datos sobre la actuación inspectora en materia de extranjería y el cumplimiento de la normativa vigente. Se han realizado un total de 69.641 actuaciones, con un total de 5.821 infracciones en acta, habiéndose impuesto sanciones por valor de 45.993.599,22 euros, y siendo 5.821 los trabajadores afectados. La gran mayoría de las actuaciones han versado sobre permisos de trabajo por cuenta ajena, con su correlativa incidencia sobre los demás aspectos mencionados, siendo los trabajadores afectados un total de 5.421. Por sectores de actividad hay uno predominante y muy por delante de todos los demás, el de hostelería, con un 35,62 % de las actuaciones, 46,71 % de las infracciones en acta y 48,45 % de las sanciones económicas impuestas. A distancia le siguen el sector del comercio (16, 12,40 y 11,57 %, respectivamente) y la construcción (12,79, 8,69 y 7,79 %, respectivamente). Se ha producido un significativo descenso en el número de infracciones detectadas por la ITSS sobre el año anterior, circunstancia que se justifica por la plena aplicación del derecho a la libre circulación de trabajadores para ciudadanos rumanos y búlgaros a partir del 1 de enero de 2009, ya que en las infracciones del año 2008 “el 44 % de los trabajadores afectados eran ciudadanos rumanos y búlgaros”.

2. Mientras tanto, en el ámbito internacional, de la Unión Europea y de algunos de sus Estados miembros, también se han producido noticias importantes sobre la inmigración, ya sea en forma de publicaciones, de conclusiones políticas, o de aprobación de normas con entrada en vigor inmediata o diferida a su concreción y desarrollo reglamentario.

A) Del ámbito internacional hay que hacer referencia a la edición de este año de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre las perspectivas de las migraciones internacionales, publicada el 12 de julio, de la que cabe ahora destacar que la migración en la zona geográfica que incluye a todos los Estados de dicha organización ha disminuido en un 7 % en 2009 con respecto al año anterior, y que los primeros datos disponibles para 2010 ponen de manifiesto que continúa el descenso de la población inmigrada. Otros datos especialmente relevantes son los siguientes: la migración laboral de carácter temporal ha descendido un 17 % en 2009; por sectores de actividad, los trabajadores de la construcción, del sector financiero y del pequeño comercio se han visto especialmente afectados en sentido negativo, mientras que se ha producido un incremento del número de personas inmigrantes que prestan sus servicios en los sectores de educación, salud, cuidados a personas dependientes y en el hogar familiar; los jóvenes, al igual que ha ocurrido en España como he explicado con anterioridad, han sufrido fuertemente las consecuencias de la crisis, mientras que se ha producido un incremento de la participación femenina inmigrante en el mercado de trabajo para intentar compensar las pérdidas de empleo de sus parejas masculinas; en fin, como dato especialmente importante, sigue en aumento el número de estudiantes de terceros países, que ha alcanzado la cifra de 2,3 millones en 2008 (de ellos un 20 % son originarios de China), calculándose en el estudio de la OCDE que un 25 % permanecerá en el país de acogida y se incorporará al mundo laboral como personal cualificado.

Al objeto de lograr una adecuada gestión de los flujos migratorios, la OCDE recomienda luchar contra los estereotipos y poner en conocimiento de toda la ciudadanía que la población inmigrante está bien integrada, en su mayor parte, en las economías y las sociedades de los países que integran la organización; ampliar la cooperación con los países de origen de la inmigración y también entre los agentes sociales, al objeto de fortalecer los canales de migración regular, reducir el flujo de inmigración clandestina y contribuir al desarrollo económico de los países en desarrollo; reforzar los programas de integración en los países de acogida, considerándolos, y la propuesta me parece muy acertada “como una inversión a largo plazo y no como un coste inmediato”; en fin, dar a todos los ciudadanos la posibilidad de alcanzar resultados favorables en su vida personal y profesional, para lo que se propone facilitar la adquisición de la nacionalidad y llevar a cabo una política que garantice la igualdad de derechos para todas las personas.

B) Por otra parte, también es obligada una referencia al Primer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas (SICREMI), elaborado por la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y que fue presentado el pasado día 6, en el que se constata con carácter general que sigue la tendencia a emigrar y que aún no se han registrado movimientos importantes que impliquen el retorno a los países de origen de inmigrantes que viven en Estados afectados por la crisis. El Informe constata que en el periodo comprendido entre 2003 y 2009 casi 950.000 personas emigraron anualmente desde las Américas hacia países de la OCDE, “donde cerca de la mitad de estos movimientos fueron hacia Estados Unidos y una cuarta parte hacia España”; igualmente, se pone de manifiesto la mayor participación femenina en la fuerza de trabajo, ligada en gran medida a la pérdida de empleo de su pareja masculina como también se pone de manifiesto en el estudio de la OCDE referenciado con anterioridad, y la afectación de la crisis económica sobre la disminución de la migración por motivos laborales, argumentándose que ello ocurre “tanto porque los empleadores realizan menos solicitudes de contratación desde el exterior como consecuencia de los menores niveles de demanda, como también porque las personas en regímenes de movimiento libre o facilitado permanecen en su país en lugar de arriesgarse a un mercado de trabajo incierto en el exterior”. Por cierto, el dato de la inmigración hacia países de la OCDE no debe hacer olvidar, y así lo destaca el Informe, que existe en las Américas “una emigración intrarregional entre países vecinos a través del tiempo y de magnitud moderada pero en progresivo ascenso”, destacándose que los países principales receptores de migrantes son Argentina, Costa Rica y Venezuela, y más recientemente Chile.