5. La presidencia francesa del G20 para 2011 ha fijado cuatro prioridades de contenido social durante su mandato, que deberían ser objeto de debate, y concreción, en la reunión ministerial de la próxima semana, en el bien entendido que desde el mes de febrero se han celebrado numerosas reuniones en las que se han abordado tales prioridades.
A) En síntesis, se trata de favorecer el empleo de los jóvenes y de los colectivos vulnerables (hemos tenido una muy interesante discusión sobre este concepto en el X Congreso Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrado esta semana en Sevilla); mantener o instrumentar mecanismos de protección social que garantice el acceso de todos los ciudadanos a los servicios sociales esenciales (educación y formación profesional, salud y servicios de empleo), y transferencias sociales a personas que no dispongan de medios de subsistencia (es muy interesante el debate sobre la renta de solidaridad activa en Francia); lograr el respeto de los derecho sociales y laborales, promoviendo el trabajo decente y velando para que se respete su cumplimiento en todo los países y que, al mismo tiempo, no se invoque el cumplimiento de las normas internacionales de trabajo con fines comerciales proteccionistas; favorecer una mejor coordinación entre las diferentes organizaciones internacionales, de tal manera que la dimensión social sea tomada en consideración por todas ellas en sus respectivas políticas.
El cumplimiento, y el logro, de tales objetivos, fue objeto de un interesante debate con ocasión del seminario de expertos a cargo de las políticas de empleo que tuvo lugar en París el 7 de abril, casi un año después de la reunión de los Ministros de Trabajo y Empleo celebrada en Washington el 21 de abril y en la que se adoptaron estas recomendaciones:
a) “Intensificar la generación de empleo para garantizar una recuperación sostenible y crecimiento en el futuro. Ahora que algunos países entran en una fase de recuperación económica, recomendamos que se preste una atención sostenida a la generación de empleos y la preservación de éstos, mediante una aplicación dinámica de las políticas vigentes y el planteamiento de medidas adicionales en aras del empleo. Para los países con altas cotas de desempleo, sectores informales y altas tasas de pobreza, recomendamos insistir sobre todo en la generación de empleo para los hogares pobres y los grupos vulnerables, aprovechando las enseñanzas derivadas de las recientes innovaciones programáticas.
b) Fortalecer los sistemas de protección social y promover unas políticas de mercado de trabajo inclusivas y activas. Recomendamos que, donde sea necesario, se fortalezcan los sistemas de protección social y las políticas de mercado de trabajo activas porque muchas personas, entre ellas las más desfavorecidas, seguirán desempleadas incluso antes de que cuaje la recuperación y porque otras necesitarán ayuda para adaptarse a los cambios estructurales que experimenten nuestras economías. Recomendamos que todos los países instauren unos sistemas de protección social adecuados de forma que los hogares gocen de una seguridad suficiente para aprovechar las oportunidades económicas.
c) Velar por que el empleo y el alivio de la pobreza sean elementos medulares de las estrategias económicas en los ámbitos nacional y global. Recomendamos que nuestros Líderes privilegien el empleo y el alivio de la pobreza cuando sienten los cimientos de un crecimiento robusto, sostenido y equilibrado que resulte beneficioso para todos. Mejorar la calidad de los empleos para nuestra gente. Recomendamos una atención renovada a las políticas y a las instituciones atinentes al mercado de trabajo para que mejore la calidad de los empleos y se respeten más los derechos fundamentales en el trabajo. Recalcamos la importancia del diálogo social.
d) Preparar a nuestra fuerza de trabajo para los desafíos y las oportunidades que nos depare el futuro. La educación, el aprendizaje a lo largo de la vida, la formación en el empleo y las estrategias para el desarrollo de las calificaciones deberían ser una prioridad y estar vinculados a las estrategias de crecimiento. Con una anticipación más oportuna y mediante el ajuste de las calificaciones a los empleos se podría ayudar a la fuerza de trabajo a beneficiarse de la reestructuración posterior a la crisis y de las nuevas oportunidades que entonces se presenten”.
En esta línea hay que situar más recientemente la propuesta de la Comisión Europea contenida en una Comunicación de 20 de septiembre sobre la modernización de los sistemas de enseñanza superior en Europa como vía para fomentar el crecimiento y los empleos, un ámbito en el que queda mucho por hacer ya que en el horizonte de 2020 marcado por la Estrategia Europa un 35 % de los empleos de la UE requerirán de cualificaciones de alto nivel, “mientras que en la actualidad sólo un 26 % de la mano de obra posee un título de enseñanza superior”. Entre las medidas propuestas por la Comisión cabe destacar la puesta en marcha de un marco de calidad para las prácticas (“stages”) en el ámbito europeo, con el objeto de “ayudar a los estudiantes y a los diplomados a adquirir los conocimientos prácticos necesarios para el mundo del trabajo y para disponer de una oferta de actividades prácticas más amplia y de mayor calidad”.
B) En la reunión de París fueron objeto de un interesante debate las dificultades de los jóvenes en el mercado de trabajo, la sub-utilización del capital humano como consecuencia del desempleo de larga duración y la marginación de los grupos vulnerables ( se hace referencia a jóvenes, mujeres, trabajadores poco cualificados, de edad avanzada, los asalariados con contrato precario o en empleo informal, y a todos estos colectivos se les pueden añadir situaciones especificas por razón de la zona geográfica de residencia, la situación familiar o discriminación), y la coherencia entre las políticas del mercado de trabajo y las restantes (con incidencia sobre el empleo).
De la síntesis de los debates efectuada por la presidencia me quedo con la idea de que la calidad del empleo constituye un déficit estructural de primera importancia en la actualidad, ante el crecimiento de la economía informal por la crisis, afirmándose con rotundidad que “un apoyo estructural reforzado a las empresas formales es más necesario aún que antes de la crisis”, y que una protección social reforzada es una necesidad de primer orden ante la necesaria flexibilidad del mercado de trabajo. También es digna de mención la constatación de que la realidad no separa las cuestiones económicas y financieras de las cuestiones sociales, y que “el marco en el que se insertan las políticas públicas llama por naturaleza a la coherencia”, ya que la crisis “ha recordado esta evidencia al subrayar los riesgos y la fragilidad de un proceso de crecimiento desequilibrado”.
Con respecto a los jóvenes, estoy de acuerdo con la tesis de la diversidad entre el colectivo juvenil (por razón de edad, cualificación profesional, situación familiar, etc.) y que las medidas que se adopten deben tratar de dar repuestas tanto a situaciones de jóvenes activos sin cualificación como de aquellos que tengan una buena titulación, y también de los que están al margen del trabajo y de los sistemas de formación.
6. El sindicalismo internacional ha presentado un trabajado documento a la reunión de esta semana, en el que pide a los Ministros que hagan llegar un claro mensaje a los Jefes de Estado y de Gobierno, cual es el de que las economías se enfrentan a lo que es calificado de “crisis humana”, que vendría generada por una débil recuperación, por un crecimiento sin empleo y un aumento del desempleo, por una disminución de la participación de los salarios y una creciente desigualdad social, y en conjunto “por unas políticas económicas que están agravando esta crisis”. En la misma línea que el documento presentado a la reunión del BM y del FMI, pero ahora con mayor énfasis si cabe al tratarse de los responsables políticos laborales, se pide a los Ministros que se aseguren de que las políticas estructurales sean reformadas “para mejorar la calidad del empleo y revertir las desigualdades entre ingresos”, que se refuercen las instituciones del mercado de trabajo y que se reconozcan los efectos positivos del fortalecimiento de la negociación colectiva “en lo que se refiere a lograr una mayor demanda y un mayor crecimiento”.
El documento va en la misma línea que algunas prioridades de la presidencia francesa en los ámbitos de protección de los jóvenes, de garantías de unos niveles mínimos de protección social para toda la ciudadanía, el fortalecimiento de las capacitaciones y cualificaciones profesionales de los trabajadores, una garantía de respeto y observación de los derechos laborales por parte de las organizaciones internacionales en sus políticas, y la búsqueda de fuentes alternativas (tasa sobre transacciones financieras, eurobonos) que permitan disponer de fondos “para el empleo, servicios públicos de calidad y otras prioridades sociales”. Los sindicatos piden que se establezcan objetivos de empleo e indicadores para ser utilizados en el proceso de evaluación mutua del G20 (aquí la OIT ha de jugar un papel de primera importancia), “y reforzar la coherencia entre los Ministros de Trabajo y los Ministros de Finanzas del G20”.
Más concretamente, en el ámbito del empleo de jóvenes merece destacarse la propuesta de un pacto por el empleo juvenil inspirado en el pacto para el empleo aprobado por la OIT en 2009, y que en los ámbitos nacionales debería instrumentarse mediante el diálogo social (aún cuando el documento sindical no lo diga, parece conveniente destacar la importancia de la intervención marco del legislador) debiendo incluir garantías de combinación de empleo y educación, programas de prácticas, medidas de políticas activas de empleo y una red de seguridad social. En cuanto a la coordinación de las políticas públicas ello permitiría revertir una visión frecuente de las políticas de mercado de trabajo como costosas y limitadoras del crecimiento, poniéndolas, tal como pide el documento francés antes referenciado, al mismo nivel que otros instrumentos de política económica como la investigación e innovación, fiscalidad y competencia, y de esta manera “destacar su contribución al crecimiento potencial”.
7. Como conclusión, que no es nada nueva y que defiendo desde hace bastante tiempo, y que ahora reafirmo, cada vez es más clara la necesidad de establecer una estrecha relación entre crecimiento económico y mejora del empleo, y caso de que ello no se produzca los costes “colaterales” (mayor gasto en protección social, mayor conflictividad social, incremento del número de personas en situación o riesgo de exclusión social) pueden llegar a ser muy importantes en algunos países. Solo por evitar esos costes, y más allá de las propuestas de cada organización política o Estado, es más que conveniente llegar a acuerdos en el ámbito internacional para reordenar la actividad económica y sentar las bases para un nuevo ciclo de creación de empleo de calidad, y mientras ello se produce cubrir las necesidades de la población necesitada mediante una política adecuada de protección social.
EL NUEVO Y CAMBIANTE MUNDO DEL TRABAJO. UNA MIRADA ABIERTA Y CRÍTICA A LAS NUEVAS REALIDADES LABORALES
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