La reunión de París de los Ministros de Trabajo y Empleo del G20. Documentos de trabajo y conclusiones.

1. En una entrada anterior del blog, dedicada a la creación de empleo, la mejora de su calidad y la evitación del crecimiento del desempleo, analicé documentos de organizaciones internacionales y me referí a la reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 que iba a tener lugar los días 26 y 27 de septiembre en París. El objeto de esta nueva entrada es hacer un balance de dicha reunión a partir de los documentos presentados conjuntamente por la Organización Internacional del Trabajo y la organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y muy especialmente de las conclusiones de la reunión. Estas conclusiones han sido bien valoradas por la Confederación Sindical Internacional, que ha pedido ahora a los Ministros de Finanzas de los países del G20 que “incrementen el gasto dedicado al empleo” y también que “se mantenga (por el G20) bajo control a los mercados financieros, como prometieron hacerlo cuando estalló la primera crisis hace tres años”.

2. La OIT y la OCDE presentaron cuatro documentos de indudable interés sobre el impacto de la crisis y la necesidad de adoptar medidas urgentes en diferentes ámbitos de actuación. En un discurso conjunto del Director general de la OIT, Juan Somavia, y del Secretario General de la OECD, Ángel Gurría, con ocasión de la inauguración de la reunión, ambos responsables pusieron de manifiesto que los documentos presentados tenían como finalidad disponer de herramientas adecuadas para analizar el desarrollo de los mercados de trabajo, examinar las respuestas adoptadas frente a la crisis, y ayudar a los gobiernos a compartir información sobre buenas prácticas y políticas en el mercado de trabajo, con la colaboración de las organizaciones sociales. Con cita textual del discurso, “Our partnership is meant to ensure that employment and social protection are at the core of the G20 policy debate to lift output. It will underpin the effort of G20 governments to build better connections between employment and social policy measures and growth policies, enhancing the prospects to achieve the common goals of all G20 members”.

A) Un primer documento llama a la promoción de políticas coherentes para alcanzar el trabajo decente y para promover el pleno empleo productivo, poniendo el acento en una mayor cooperación entre las diferentes organizaciones internacionales y en una cooperación reforzada entre los Estados, dada la cada vez mayor interdependencia de la economía global. Del documento me interesa destacar en especial la preocupación manifestada por las dos organizaciones sobre el creciente incremento de las desigualdades en el ámbito salarial y la disminución de la participación de los salarios en la renta nacional, algo que a su parecer corre el riesgo, si es que no lo ha hecho ya, de provocar importantes desajustes internos y externos, y que “amenaza la cohesión social”.

Cabe recordar aquí que la preocupación por el trabajo decente no es de ahora sino que data de hace ya más de una década, con la presentación de la Memoria del Director General de la OIT a la 87ª reunión anual celebrada en junio de 1999. En dicha Memoria se defendía que el trabajo decente era el punto de convergencia de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el díalogo social, y que debía “orientar las decisiones de la Organización y definir su cometido internacional en los próximos años”.

Justamente ahora hace un año la UE celebró un fórum internacional sobre el trabajo decente en Bruselas en cooperación con la OIT, en el que se reconoció que el plan puesto en marcha por ésta sigue siendo un elemento central, y mucho más en situación de crisis, para tratar de lograr un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado, que mejore las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de personas y que refuerce la dimensión social de la globalización. En la reunión de Bruselas se destacó la importancia de promover el empleo juvenil, adoptar políticas que faciliten el tránsito hacia una “economía verde” que significará cambios importantes tanto en la cantidad como en la calidad de los puestos de trabajo, y promover la incorporación de condiciones de trabajo que respeten los estándares internacionales en todos los acuerdos comerciales que se suscriban, tanto con carácter bilateral entre Estados como de carácter regional.

B) El segundo texto aborda la protección social y los niveles mínimos que deberían existir en cada Estado. El informe efectúa una valoración positiva de las medidas adoptadas en este ámbito durante la primera fase de la crisis, poniendo de manifiesto que tales medidas se adoptaron para estabilizar, por una parte, la demanda agregada, y por otra para contribuir a la finalidad perseguida de un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado, y que un nivel mínimo de protección sigue siendo necesario para conseguir mantener tales objetivos. El documento se remite, en cuanto a los contenidos concretos de esa protección, al informe presentado a la reunión por la Presidenta del grupo consultivo sobre protección social, Michael Bachellet. El informe sostiene que la puesta en práctica de diferentes niveles de protección social a escala nacional (en razón de las condiciones de cada Estado) “es una alternativa política factible en todas las sociedades”, y efectúa un llamamiento a los países del G20 para que adopten este tema como una prioridad política. Según la nota de prensa de la OIT sobre dicho estudio, el informe también muestra que la protección social “ha desempeñado un papel importante en algunos países durante la crisis al ofrecer protección a los pobres y otros grupos vulnerables, al ayudar a estabilizar la demanda de bienes y servicios, y al empoderar a la gente para que pueda aprovechar las oportunidades económicas”. Igualmente se destaca que una adecuada protección social ha demostrado ser “una herramienta efectiva para reducir la pobreza y la desigualdad, y para fomentar un crecimiento económico sustentable e inclusivo”.

C) La situación de los jóvenes y su (buena) incorporación al mercado de trabajo está presente en un tercer documento, en el que se manifiesta una seria preocupación por cómo están accediendo buena parte de los jóvenes al mercado laboral en empleos temporales o informales, con un escaso nivel de protección social y extraordinariamente vulnerables a las fluctuaciones de la demanda laboral. La preocupación se amplía por el importante número de jóvenes que desean acceder al mundo laboral y no encuentran empleos disponibles, y también por la situación de todos aquellos que han abandonado el ámbito educativo pero que tampoco se han incorporado al ámbito laboral.

El documento pone el acento en una serie de medidas que, no por ser ya conocidas y aplicadas (o que se han intentado aplicar) en distintos países, dejan de ser importantes. Con carácter general, el crecimiento de la demanda agregada para animar a los empleadores a crear más oportunidades de empleo para los jóvenes; con carácter más específico, la mejora de las transiciones del mundo educativo al laboral, con adquisición de unos conocimientos y habilidades básicas que les han de ser de utilidad en el mercado laboral; programas de información, orientación y asistencia al empleo (o autoempleo).

Tampoco se olvida el documento (aquí la influencia de la OCDE es clarísima a mi parecer) de destacar la menor protección jurídica de que gozan los jóvenes en el mercado de trabajo frente a los mayores o las personas con estabilidad en el empleo, y recuerda, sin entrar en mayores análisis sobre la bondad de dichas medidas, que algunos países del G20 están valorando “la conveniencia de introducir reformas que tiendan a reducir tales diferencias o incluso eliminarlas enteramente”.

D) Por último, fue presentado un documento marco sobre las perspectivas de empleo a corto plazo y los principales retos con los que se van a enfrentar los países del G20 en materia de empleo en el inmediato futuro. Se trata de un informe crítico con la situación actual y que anuncia una situación aún más difícil en los próximos años si no se adoptan medidas adecuadas para crear empleo (como mínimo para recuperar los niveles anteriores a la crisis de 2008), en el que se manifiesta una gran preocupación por el elevado número de personas en situación de desempleo, cerca de 200 millones, unas cifras “cerca del punto máximo registrado durante el momento más crítico de la Gran Recesión”.

El informe conjunto de la OIT y la OCDE dice que el empleo debería crecer a una tasa anual de al menos 1,3 por ciento para llegar al 2015 con una tasa de empleo igual a la que existía antes de la crisis. Una tasa de crecimiento de tal grado permitiría crear unos 21 millones de empleos adicionales por año, recuperar los puestos de trabajo que se han perdido desde 2008 y absorber el incremento de la población en edad laboral. Sin embargo, el informe advierte que “el empleo puede terminar creciendo a una tasa justo por debajo de 1 por ciento (0,8) hasta finales 2012. Ello haría que existiera un hueco de unos 40 millones de puestos de trabajo en el G20 el año próximo, y un hueco mucho mayor en el 2015”.

3. Las conclusiones se inspiran lógicamente en las cuatro prioridades de contenido social planteadas por la presidencia francesa durante su mandato del G20: favorecer el empleo de los jóvenes y de los colectivos vulnerables; mantener o instrumentar mecanismos de protección social que garantice el acceso de todos los ciudadanos a los servicios sociales esenciales (educación y formación profesional, salud y servicios de empleo), y transferencias sociales a personas que no dispongan de medios de subsistencia; lograr el respeto de los derecho sociales y laborales, promoviendo el trabajo decente y velando para que se respete su cumplimiento en todo los países y que, al mismo tiempo, no se invoque el cumplimiento de las normas internacionales de trabajo con fines comerciales proteccionistas; favorecer una mejor coordinación entre las diferentes organizaciones internacionales, de tal manera que la dimensión social sea tomada en consideración por todas ellas en sus respectivas políticas.

A) Con respecto a los jóvenes y los colectivos vulnerables, el G20 afirma que una prioridad esencial es asegurar la transición entre los períodos educativos/de aprendizaje y el acceso al mundo del trabajo, y pide reformas estructurales asociadas a políticas activas de mercado de trabajo y a instituciones de trabajo eficaces “que inciten a incrementan el empleo formal y de calidad”. Quizás lo más significativo sea la propuesta de poner en marcha un grupo de trabajo (“task force”) compuesta por representantes de los países que forman el G20 y que tendría como primera prioridad tratar el empleo de los jóvenes con el objetivo de “intercambiar experiencias recíprocas, buenas prácticas y respuestas políticas a los desafíos que los países del G20 tienen ante sí en materia de empleo”. Igualmente, se pide vincular estrechamente las políticas económicas de protección de las personas desempleadas con las medidas que les permitan un rápido acceso al empleo.

La creación del grupo de trabajo sobre empleo ha sido valorada positivamente por el sindicalismo internacional. La Confederación Sindical Internacional ha pedido que este grupo ponga en marcha planes encaminados a “desarrollar una economía verde destinada a hacer frente a la grave crisis que experimenta el empleo juvenil, que formalice la actividad de la economía sumergida y cree empleos y empresas sostenibles”.

B) En el ámbito de la protección social se resalta la importancia de disponer de unos sistemas eficaces de protección que permitan, como la experiencia empírica ya ha demostrado, contribuir a reforzar la resistencia frente a los vaivenes económicos, amortiguar el impacto de las crisis y favorecer un reequilibrio del crecimiento a largo plazo. Por consiguiente, las conclusiones recomiendan el desarrollo de niveles de protección social a definir por cada Estado que permitan un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado y que promueva la cohesión social. La protección debe incluir el acceso a la sanidad, garantía de rentas para las personas de edad y las discapacitadas, prestaciones familiares por hijos a cargo, y prestaciones económicas para personas desempleadas y para aquellas carentes de recursos, unidas a programas públicos de ayuda al retorno al empleo.

A tal efecto, los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 demandan a las organizaciones internacionales una mejor coordinación de sus acciones para ayudar a los Estados a desarrollar sus niveles de protección social, así como también que se refuerce la cooperación y el intercambio de conocimientos en los distintos ámbitos territoriales. La financiación de las políticas de protección social pasa por una acción decidida de los poderes públicos en tal sentido, pero al mismo tiempo los Ministros llaman también tanto a los donantes privados como a las organizaciones no gubernamentales a contribuir a la puesta en marcha de la protección.

C) La promoción de la aplicación efectiva de los derechos sociales y laborales es asumida como compromiso por el G20, llamando a una coordinación estrecha con la política de la OIT y con las organizaciones empresariales y sindicales para que ello sea posible, y tomando como punto de referencia el Pacto Mundial para el Empleo adoptado por la OIT en 2009. No hay aquí novedades a destacar, ya que no creo que sea especialmente novedoso recomendar a los Jefes de Estado y de Gobierno del G20 que garanticen el pleno respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo tal como están enunciados por la OIT desde 1998, como tampoco lo es la constatación de la importancia de disponer de dispositivos nacionales eficaces para asegurar el respeto de las normas internacionales del trabajo, en concreto de “sistemas eficaces de administración y de inspección de trabajo”.

D) Por último, los Ministros constatan que reforzar la coherencia de las políticas económicas y sociales es esencial para tomar en consideración la dimensión social de la mundialización, y que tal coherencia, tanto a escala internacional como de cada Estado, es fundamental para alcanzar los objetivos marcados “en materia de empleo, protección social y derechos laborales”. De ahí que el documento llame a la plena aplicación de la Declaración de la OIT de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa, insistiendo en que ninguna ventaja comparativa puede estar basada en la violación de derechos fundamentales y que no puede invocarse el cumplimiento de las normas internacionales de trabajo con fines comerciales proteccionistas. Por fin, la mayor coordinación entre las organizaciones internacionales que trabajan en los ámbitos económicos y sociales se considera de primera importancia para discutir conjuntamente de todas las cuestiones que afectan al mundo del trabajo, es decir, tal como destacó el Ministro de Trabajo francés Xavier Bertrand en el discurso de clausura de la reunión, “que se hable de comercio por una parte, de finanzas por otra, y de las cuestiones sociales separadas de las anteriores”. El Ministro francés consideró positivo que la OIT sea consultada de manera más sistemática “para evaluar el impacto social de las medidas consideradas por otras organizaciones internacionales”.

4. Concluyo. Como siempre, habrá que esperar a ver y saber cómo se concretan estas recomendaciones. Y a diferencia de etapas históricas anteriores, ahora el tiempo apremia, y millones de personas necesitan medidas de urgencia y que tengan proyección de futuro para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y no verse afectados por el riesgo de exclusión social. Especialmente en el ámbito de la UE, la polarización en el mercado de trabajo y el incremento de las desigualdades económicas entre quienes están en los niveles más altos y aquellos que se encuentran en las escalas inferiores amenaza seriamente la cohesión social, y los estudios realizados por la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo nos alertan sobre el incremento de esta desigualdad y su impacto social en los colectivos más vulnerables.