1. El Boletín Oficial del Estado publicó el 12 de
noviembre, en la sección del Tribunal Constitucional, la sentencia núm. 66/2006de 5 de octubre , dictada por la Sala segunda y siendo ponente de la misma la magistrada Laura
Díez, en la que estima el recurso de amparo interpuesto por la parte empresarial
por haber visto vulnerado su derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE) por las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo
Social de Mucia que conoció de la demanda interpuesta por una trabajadora de
aquella en procedimiento por despido.
Según puede leerse en el resumen oficial de la
sentencia, la vulneración se produjo por no haberse intentado la notificación “en
el domicilio que figuraba en el escrito de demanda, la carta de despido y el
contrato de trabajo”. Más concretamente, el recurso se interpuso, el 27 de
junio de 2025, contra “el auto núm. 115/2025, de 5 de junio, del Juzgado de lo
Social núm. 5 de Murcia por el que se desestimó el incidente de nulidad de
actuaciones, recaído en la pieza de nulidad de actuaciones ordinarias núm.
2-2025 dimanante del procedimiento de despido núm. 216-2022”. Es decir, han
transcurrido cuatro años y medio desde que se interpuso la demanda hasta que el
TC ha dictado su sentencia.
Ya adelanto que en esta ocasión, la estimación del
recurso de amparo conlleva sólo el reconocimiento del derecho a la tutela
judicial efectiva sin indefensión, sin necesidad de declarar la nulidad ni
retroacción de las actuaciones judiciales al por cuanto podemos conocer en el apartado 2 de los antecedentes
que “mediante auto de 18 de noviembre de 2025, el Juzgado de lo Social núm. 5
de Murcia acordó la homologación del acuerdo alcanzado entre las partes en seno
del procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 117-2024”. Es decir, tal como recoge el último párrafo
del fundamento jurídico 3, el citado acuerdo llevó al archivo del procedimiento
de ejecución con la conformidad de ambas partes, por decreto de 3 de julio de
2026”.
2. La temática objeto del recurso de amparo ha sido
objeto de mi atención en varias entradas anteriores del blog. Baste ahora la
referencia a la entrada “Un nuevo caso de vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva en sede judicial laboral. Desestimación irrazonable del
incidente de nulidad de actuaciones. Notas a la sentencia del TC núm. 156/2025
de 6 de octubre (y un apunte sobre la núm. 153/2025, de inadmisión por no
agotamiento de los recursos)” , de la que reproduzco unos fragmentos:
“Al entrar en la resolución del litigio, el TC sitúa
primeramente cuál es el objeto del recurso y las posiciones de las partes, así
como recuerda cuál es la tesis del Ministerio Fiscal.
Procede a continuación a un detallado recordatorio de
la doctrina constitucional sobre el art. 24.1 CE, en concreto sobre el
emplazamiento por edictos y la tutela judicial efectiva e interdicción de la
indefensión, subrayando que “la importancia de la correcta realización de los
actos de comunicación procesal se acentúa cuando se trata del emplazamiento,
citación o notificación de quien debe o puede ser parte en el procedimiento,
porque en este caso el acto de comunicación es el instrumento que permite su
defensa en el juicio”, y concretando que ya se pronunció al respecto en una
sentencia que resolvió “un caso análogo al examinado en la presente
resolución”, la núm. 41/2023 de 8 de mayo , de la que fue ponente la magistrada
Laura Díez.
Más adelante, efectúa el mismos recordatorio sobre la
doctrina constitucional sobre el derecho a obtener una resolución fundada en
Derecho , de la que considero importante retener su manifestación de que “no
pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones judiciales que
a primera vista, y sin necesidad de un mayor esfuerzo intelectual y argumental,
se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o
siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud
que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de
las razones aducidas”.
2. Estamos, una vez más, ante un caso de citación
incorrecta de la parte empresarial en un procedimiento judicial instado por la
parte trabajadora, que no es imputable a esta por cuanto facilitó, en el
escrito de demanda, la dirección del domicilio social de la parte demanda, y
añadió otra dirección “como quiera que dicho domicilio ha resultado
‘desconocido’ en el intento de emplazamiento para el acto de conciliación”, se
indicaba como «domicilio a efectos de notificaciones». Consta (ver antecedente
1) que esta dirección “figuraba en la carta de despido, aportada como documento
núm. 4 de la demanda, y también coincidía con la ubicación del centro de
trabajo según el contrato de trabajo temporal suscrito, acompañado como
documento núm. 2 con la demanda”.
En dichos antecedentes tenemos conocimiento de que la
demanda fue admitida por decreto de 11 de abril de 2022, acordando
citar a las partes para los actos de conciliación y de juicio el día 16 de
febrero de 2023. Que se realizó un primer intento de notificación a la
parte empresarial en el domicilio citado en primer lugar, con el resultado de “ausente”,
y tras un segundo intento que concluyó con el mismo resultado “se dejó el
correspondiente aviso en buzón”. Por fin, el tercer intento de notificación en
la citada dirección se saldó con el mismo resultado negativo por “desconocido”.
El JS practicó una consulta de domicilio de la
demandada a través del Punto Neutro Judicial (“red
de servicios que ofrece a los órganos judiciales los datos necesarios en la
tramitación judicial mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos
del propio Consejo, de organismos de la Administración General del Estado y de
otras instituciones con objeto de facilitar y reducir los tiempos de
tramitación, de aumentar la seguridad, y de mejorar la satisfacción de los
usuarios”) , obteniéndose del INE una nueva dirección (distinta tanto de la primera como
de la segunda), en la que se practicó un intento de notificación a través de
correo certificado, con resultado “desconocido”. El paso siguiente fue dirigir exhorto
(vid. art. 169 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) al Juzgado Decano de Lorca
para que procediera a la notificación personal de la parte empresarial en la referida
dirección, que “nuevamente resultó infructuosa”. Tras todos los intentos
fallidos de citación, se acordó proceder a esta por medio de edicto “a publicar
en el tablón edictal judicial único del Boletín Oficial del Estado”
Si seguimos con la lectura de los antecedentes, conocemos
que el acto de conciliación se tuvo por intentado sin efecto al no comparecer
la parte demandada. Celebrado el acto del juicio, igualmente sin presencia de
la parte demandada, se dictó sentencia el 19 de diciembre de 2023, por la que
se estimó la demanda y se declaró la improcedencia del despido, y “vista la
imposibilidad de readmitir y la solicitud de la parte actora, resuelvo con la
fecha de esta Sentencia la relación laboral y condeno a la empresa al pago al
actor de las cantidades que se dirán”, condenando de forma subsidiaria al Fondo
de Garantía Salarial por las cantidades adeudadas (indemnización, salarios de
tramitación, y cantidades adeudadas).
Sigamos el iter procesal. Se intento la notificación
de la sentencia a la parte empresarial en el primer domicilio indicado en la
demanda con “resultado desconocido”, y después en edicto publicado en el tablón
edictal judicial único. Su firmeza fue declarada mediante diligencia de
ordenación de 14 de octubre de 2024.
El paso siguiente fue la presentación por la parte
demandante de demanda de ejecución ordinaria, que llevó al JS actuante a dictar
auto de 4 de diciembre de 2024 despachando ejecución frente a la
parte empresarial, notificado también a través de edictos.
Tras haber tenido conocimiento la parte empresarial
del embargo de sus cuentas bancarias, se personó en el procedimiento por
despido e interpuso incidente de nulidad de actuaciones (vid. art. 241.1 LOPJ: “No se admitirán con carácter general incidentes de
nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte
legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la
nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho
fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre
que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al
proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario
ni extraordinario”), con solicitud de declaración de
nulidad de todo el procedimiento y de la sentencia, “a fin de que se repusieran
las actuaciones al momento anterior al emplazamiento por edictos”. Para fundamentar
su petición alegó vulneración de su derecho a la tutela judicial, “al haber
acudido el órgano judicial a su emplazamiento mediante edictos, sin intentar la
notificación personal en la dirección expresamente designada por la demandante
en el escrito de demanda (avenida de las Fuerzas Armadas núm. 18, de
Lorca, Murcia)”.
El incidente de nulidad de actuaciones fue desestimado
por auto de 5 de junio de 2025, con ratificación de la sentencia. Los argumentos
del JF fueron dos: en primer lugar, que no se había agotado el trámite de
recurso ordinario, ya que no se había interpuesto recurso de suplicación; en
segundo término, que
“...que se intentó la notificación en el domicilio que
figuraba en el contrato de trabajo y en las nóminas extendidas a la
trabajadora. Asimismo, indicó que no podía pretenderse una búsqueda
detectivesca del domicilio de la empleadora por parte del trabajador y del
órgano judicial, cumpliéndose con la citación a través del domicilio social que
le consta a través de la documentación elaborada por la propia mercantil y
también cumpliéndose por el juzgado con el intento de citación en el domicilio
social fijado libremente por el empleador. Adujo también que, si había
cambiado su domicilio social, debió haberlo comunicado a la trabajadora y que,
cumplido el trámite por el órgano judicial, «las razones por las cuales la
empresa no recibe las notificaciones en el domicilio que libremente señala como
domicilio social son de su exclusiva responsabilidad” (la negrita es mía).
3. El recurso de amparo sostuvo la vulneración del
art. 24.1 CE, insistiendo en que el órgano judicial, antes de acudir a los
edictos, “debió haber intentado la notificación personal en el domicilio que
se había indicado en la demanda, en el que desarrolla su actividad profesional,
y que además era la dirección que figuraba tanto en la carta de despido como en
el contrato de trabajo, ambos documentos aportados con la demanda” (la
negrita es mía).
A los efectos de cumplimentar el requisito requerido
por el art. 50. 1 b) de la LOTC, argumento que en sus resoluciones el JS “incurrió
en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina
constitucional”.
En su trámite de alegaciones (vid. antecedente 8) el
Ministerio Fiscal solicitó la estimación del recurso. Tras un amplio repaso de
la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aceptó
que el JS no había estado pasivo a la hora de intentar comunicar sus resoluciones
a la parte demandada, si bien,
“... lo decisivo y reprochable ... que el órgano
judicial no intentara la notificación en el segundo domicilio consignado en la
demanda. El órgano judicial no necesitaba desarrollar ninguna labor
«detectivesca» para conocer esta dirección, pues se la había proporcionado la
demandante. La no utilización del domicilio indicado en la demanda constituye
una negligencia del órgano judicial, que pudo reparar con ocasión del incidente
de nulidad de actuaciones y, sin embargo, no lo hizo, manteniendo la vigencia de
lo acordado al denegar la nulidad.”
Añadiendo que
“... la actividad del órgano judicial no colmó los
cánones de «sacrificio» que le eran exigibles. Todo ello no constituyó una mera
infracción de las normas procesales, sino que causó indefensión material a la
recurrente en amparo, que solo tuvo conocimiento del asunto en fase de
ejecución de sentencia, cuando se acordó el embargo de sus cuentas corrientes,
cuando ya no era posible desplegar ninguna actividad de defensa frente a la
reclamación instada en dicho proceso”.
En su trámite de alegaciones, la parte recurrida
interesó la desestimación del recurso, por considerar que el órgano judicial
intentó activamente la comunicación de sus resoluciones. A su parecer,
“existió una actividad real y objetivamente encaminada
a la localización personal de la demandada antes de acudir a los edictos. Por
lo tanto, la exigencia constitucional de desplegar esfuerzos razonables y
proporcionados de localización debe considerarse satisfecha en el presente
caso”.
4. Al entrar en la resolución del recurso, el TC
recuerda cuál es su objeto y cuáles son las pretensiones de las partes.
Inmediatamente a continuación, y es sin duda a mi parecer la parte doctrinal más
relevante de la sentencia, la Sala pasa amplia revista a su doctrina constitucional
sobre el art. 24.1 CE “en relación con los actos de comunicación procesal”, de
la que resalto en especial que el TC insiste
“... en la necesidad de que el órgano judicial agote
las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir a la
notificación por edictos. Por ello, cuando del examen de los autos o de la
documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio
que haga factible la notificación personal al demandado, esta debe intentarse
antes de acudir a la notificación por edictos... e incluso cuando no conste ese
domicilio en las actuaciones, el órgano judicial deberá realizar otras
gestiones en orden a la averiguación del domicilio real del demandado, siempre
que ello no suponga exigirle una desmedida actividad investigadora...”
5. La aplicación de su consolidada jurisprudencia
llevará al TC a la estimación del recurso, al concluir que sus resoluciones no
satisficieron ““las exigencias constitucionales a fin de garantizar el derecho
a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo”. Reconoce, al igual
que lo hizo el Ministerio fiscal, que el JS “no permaneció absolutamente pasivo”,
pero ello no obsta a declarar que incurrió “en una evidente falta de diligencia
que cabe calificar como constitucionalmente relevante”, ya que del examen de
las actuaciones se revela que el órgano judicial
“...
no solo obvió el domicilio a efectos de notificaciones, identificado como tal
expresamente en el escrito de demanda y que además figuraba en la carta de
despido y en el contrato de trabajo, sino que además intentó la práctica de
las notificaciones en una dirección donde ya había resultado imposible la
localización de la recurrente en amparo durante la conciliación previa a la vía
jurisdiccional social” (la negrita es mía). Disponiendo, como así era, de
una información que le permitía practicar las notificaciones con expectativa,
cuando menos, de resultado satisfactorio, obvió tal posibilidad y “reiteró
varios intentos de notificación en una dirección donde ya se sabía que
comunicaciones anteriores habían resultado infructuosas y practicó una
averiguación domiciliaria totalmente innecesaria, sin agotar previamente el
domicilio indicado por la propia demandante”.
En
definitiva, la conclusión a la que llega la Sala antes de proceder a la
estimación del recurso, es que “... la cuestión no radica en que resultara
exigible una labor investigadora adicional o exhaustiva por parte del órgano
judicial, sino en no haber utilizado de forma razonablemente diligente la
información que ya obraba en las actuaciones”.
De ahí que
“...
el juzgado causó a la recurrente en amparo una indefensión constitucionalmente
relevante al tramitar sin su conocimiento el procedimiento de despido
núm. 216-2022 en su integridad, impidiéndole desplegar cualquier
posibilidad de defensa en el mismo. Solo tuvo conocimiento del proceso en fase
de ejecución, con ocasión del embargo de sus cuentas bancarias, cuando la
sentencia ya había sido dictada. En consecuencia, la falta de diligencia del
órgano judicial a la hora de realizar el emplazamiento de la recurrente en
amparo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión
(art. 24.1 CE)”.
Buena lectura.
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