martes, 10 de noviembre de 2026

Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Notas descriptivas del contenido social y laboral del RD 954/2026, de 4 de noviembre, de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre

 

1. El BOE publicó el 9 de noviembre, el RealDecreto 954/2026, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior 

El RD y el Reglamento entrarán en vigor, según estipula la disposición final tercera, a los veinte días de su publicación. Se exceptúan algunos apartados del art. 58 del Reglamento, que entrarán en vigor al año de la publicación. Dicho precepto regula quienes son las personas beneficiarias de la asistencia sanitaria, y difiere tal derecho, en el plazo indicado, a “c) Ser cónyuge o pareja de hecho legalmente reconocida y familiares mayores de 65 años de edad hasta el primer grado por consanguinidad o adopción de las anteriores personas beneficiarias, todos ellos de nacionalidad española de origen. d) Ser persona menor de 16 años, española de origen, en situación de vulnerabilidad económica en los términos establecidos en el artículo 46. e) Ser persona española de origen con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, que cumpla con los requisitos para la prestación por razón de necesidad por incapacidad absoluta, salvo la inhabilitación para toda profesión u oficio. f) Ser víctima española de violencia contra las mujeres”.

He seleccionado, tanto del RD como del Reglamento, algunos contenidos de especial interés social y laboral que me parece relevante conocer, y ello, obviamente, sin perjuicio de recomendar la lectura íntegra por todas las personas interesadas.  Aquí están.

2. Del RD, conviene retener en primer lugar el dato cuantitativo. Remitiéndose al INE, subraya que “en el año 2009 existía una población española en el extranjero de 1.471.691 personas (751.205 mujeres y 720.486 hombres). En el año 2026 la población española residente en el extranjero asciende a 3.202.002 personas (1.615.373 mujeres y 1.586.629 hombres)”, añadiendo que “además de por su importancia cuantitativa, esta población se caracteriza, también, por unos nuevos rasgos que la diferencian en algunos aspectos de la diáspora de épocas anteriores. En el momento actual nos encontramos ante un esquema emigratorio en el que conviven modelos diferentes: la emigración española tradicional a Europa de los años 60 y 70; la de las personas descendientes de la emigración española a Iberoamérica principalmente de la primera mitad del siglo XX y la salida de estudiantes, personas trabajadoras y profesionales provocada por la crisis económica de los años 2008 en adelante. Se trata de supuestos migratorios diferentes que requieren medidas diferentes y, para las cuales, el actual marco normativo requiere adaptación”.

En apretada síntesis, los objetivos que persigue el RD se concretan de esta forma: “En primer lugar, desarrollar reglamentariamente la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, con el fin de concretar y clarificar las disposiciones generales que establece la ley mediante la simplificación de su aplicación práctica... En segundo lugar, adaptar la normativa existente a los cambios producidos en la emigración española durante las últimas décadas y a las características de los diferentes colectivos de la ciudadanía española residente en el exterior...  En tercer lugar, reunir en una sola norma el contenido de la mayor parte de las disposiciones ahora vigentes que afectan a la ciudadanía española en el exterior, con el fin de colmar posibles lagunas normativas... En cuarto lugar, actualizar la normativa reguladora de prestaciones y subvenciones en materia de ciudadanía exterior a los cambios producidos en las Administraciones públicas españolas... Por último, se pretende dotar a la política de retorno prevista en el título II de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, de una regulación reglamentaria de la que carece actualmente”.   

Respecto al derecho de asistencia sanitaria hemos de acudir a las disposiciones transitorias sexta y séptima. En la primera, se dispone que “Los convenios suscritos para la prestación de asistencia sanitaria a las personas de nacionalidad española residentes en el exterior antes de la fecha de entrada en vigor de este real decreto y del reglamento que por él se aprueba mantendrán su vigencia salvo que hubiera existido denuncia expresa por alguna de las partes”, y la segunda que “Las personas que tuviesen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria en el exterior conforme a lo dispuesto en el artículo 21.3 del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, seguirán manteniendo este derecho a la entrada en vigor de este real decreto, en tanto sigan cumpliendo los requisitos establecidos en aquel y exista disponibilidad presupuestaria”.

3. Paso a continuación al Reglamento, siendo necesario primeramente acudir al art. 2 que regula su ámbito subjetivo de aplicación:

“a) A quienes ostenten la nacionalidad española y residan fuera del territorio nacional. b) A la ciudadanía española que se desplace temporalmente al exterior, incluyendo a quienes lo hagan en el ejercicio del derecho a la libre circulación. c) A los españoles de origen que retornen a España para fijar su residencia, siempre que ostenten la nacionalidad española antes del regreso. d) A los y las familiares de los anteriormente mencionados, entendiendo por tales la persona cónyuge no separado o separada legalmente o la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal, en los términos que se determinen reglamentariamente, y las personas descendientes hasta el primer grado, que tengan la condición de personas con discapacidad o sean menores de 21 años o mayores de dicha edad que estén a su cargo y que dependan de ellos económicamente”.   

¿Qué se entiende por retorno? La respuesta nos la proporciona el art. 5: “el regreso o el traslado de una persona con nacionalidad española de origen al territorio nacional para establecer su residencia con carácter definitivo”. ¿Y por persona española retornada? Se conceptúa así en el art. 6 a “... habiendo nacido en España, y ostentando la nacionalidad española de origen, hubiese residido en el exterior y regrese a España para establecer su residencia con carácter definitivo”, y también a “a la persona de nacionalidad española de origen nacida en el extranjero, si se traslada a España para establecer su residencia con carácter definitivo”.

Los Consejos de residentes españoles están regulados en los arts. 30 a 39 (capítulo III del Título I). Pueden crearse “en todas las circunscripciones consulares en cuyas listas del Censo Electoral de Residentes Ausentes se hallen inscritas, como mínimo, tres mil personas con derecho a voto”, y desarrollarán su actividad, entre otras materias, en “a) Derechos civiles y laborales que correspondan a las personas de nacionalidad española en la circunscripción consular, de conformidad con el derecho internacional”.

El título II está dedicado a derechos sociales y prestaciones, siendo el artículo de referencia el núm. 40, titulado “acción protectora”, que dispone que “1. La acción protectora del Estado en el exterior, amparada en el artículo 7.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se concreta en las siguientes prestaciones y ayudas: a) Prestación económica por razón de necesidad para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años o en situación de incapacidad absoluta. b) Asistencia sanitaria para personas residentes en el exterior. c) Ayudas de protección y asistencia consulares. 2. En lo que se refiere a la acción protectora en materia de retorno, este reglamento regula la prestación económica para personas retornadas mayores de 65 años”.

Tales prestaciones ay ayudas se desarrollan en artículos posteriores. La primera, a partir del art. 42, disponiendo que tendrán derecho “las personas españolas de origen nacidas en territorio nacional que, por motivos económicos, laborales o de cualquier otra naturaleza, salieron del país y establecieron su residencia en el extranjero. Igualmente tienen derecho, quienes, sin haber nacido en España, demuestran haber residido en el territorio nacional al menos diez años ostentando durante dicho periodo la nacionalidad española de origen”. La segunda, en el art. 43, teniendo derecho a ella “las personas españolas de origen que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 42, excepto la edad, y acrediten la situación de incapacidad en los términos establecidos a continuación”, entendiéndose que existe incapacidad absoluta a estos efectos “cuando las personas beneficiarias mayores de dieciséis y menores de sesenta y cinco años, que acrediten padecer deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que les inhabiliten por completo para toda profesión u oficio”. Por su parte, el art. 45 define qué debe entenderse por carencia de rentas, disponiendo que “A efectos del cumplimiento de los requisitos para el acceso a la prestación, se considerarán rentas o ingresos insuficientes las que, en cómputo anual de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía anual de la base de cálculo que se establezca para el país de residencia”. En cuanto a la base cálculo, hay que estar a lo dispuesto en el art. 48, que dispone que “La base de cálculo de las prestaciones económicas correspondiente a cada país de residencia se fijará, partiendo de los fondos que anualmente se consignen en la correspondiente partida presupuestaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de acuerdo con los indicadores económicos y de protección social de cada país de residencia”.

El capítulo III del Título II regula la asistencia sanitaria. Además de las personas referenciadas con anterioridad, cuyo derecho se difiere a un año desde la publicación del RD, se encuentran “... las personas enumeradas en el siguiente apartado en el caso de que carezcan de la cobertura de asistencia sanitaria en el país de residencia o cuando su contenido y alcance fueran insuficientes y residan en cualquiera de los países con los que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenga suscrito o suscriba convenio o acuerdo al efecto, en los términos previstos en el artículo 60. 2. Estas personas han de encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: a) Ser persona beneficiaria de las prestaciones por razón de necesidad. b) Ser persona residente en el exterior beneficiaria de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a la ciudadanía de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional”.

El capítulo IV regula las ayudas de protección y asistencia consulares, que son (art. 65) “aquellas dirigidas a afrontar una situación de necesidad, pudiendo consistir en una situación de especial vulnerabilidad o de falta de recursos. También podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas de nacionalidad española que se encuentren en el extranjero sin ser residentes en el exterior”.

El capítulo VI está dedicado al programa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre las actuaciones que pueden ser objeto de subvención (art. 78) se encuentran “c) Acciones dirigidas a facilitar la incorporación al mercado laboral a la ciudadanía española demandante de empleo residente en el exterior y a las personas retornadas, con especial atención de las personas jóvenes y de las mujeres con especiales dificultades”. d) Actividades encaminadas a favorecer el emprendimiento y la creación de empresas por parte de personas retornadas.

El capítulo IX está dedicado a derechos sociales, siendo de especial interés el art. 89, dedicado a “derechos en materia de seguridad social y empleo”, en el que se dispone en primer lugar que “El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adoptará las medidas necesarias para que la acción protectora de la Seguridad Social se extienda a la ciudadanía española que se traslade al exterior por causas de trabajo y a sus familiares, incluyendo el fomento de la formalización de convenios especiales, en los términos establecidos en la legislación aplicable”, y después que “la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, a través de la Oficina Española de Retorno y de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en colaboración con el Sistema Nacional de Empleo, promoverá el acceso a la información que permita a las personas demandantes de empleo residentes en el exterior y a las retornadas, la búsqueda de empleo y la mejora de sus posibilidades de ocupación”.

El Título III está dedicado a las políticas de retorno, disponiendo el art. 94 que entre los objetivos de las medidas tendente a facilitar aquel se encuentra el ámbito de “empleo, formación y emprendimiento”. Su concreción, la encontramos en los arts. 97 a 99, dedicado el primero a “servicio de asesoramiento laboral especializado”, disponiendo que “1. Las Administraciones públicas competentes en políticas activas de empleo diseñarán programas especializados para personas españolas retornadas. Asimismo, para las personas españolas con intención de retornar y para las personas trabajadoras a distancia y, más concretamente, para las personas teletrabajadoras de carácter internacional, se promoverán programas especializados de asesoramiento laboral. 2. A tal efecto, podrán incluirse programas específicos de mediación laboral en los planes anuales para el Fomento del Empleo Digno, teniendo en cuenta las características específicas y dificultades añadidas de las personas retornadas o que desean retornar a España. 3. Se elaborarán programas formativos en conocimientos y competencias demandadas por los sectores emergentes en el mercado español, de forma presencial a las personas españolas retornadas y a distancia a las personas emigrantes con interés en retornar residentes en el exterior. 4. En el desarrollo de estas actuaciones se tendrán en cuenta las evidencias y recomendaciones elaboradas por el Laboratorio de Políticas de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”.

Por último, en el capítulo IV, dedicado a educación, ciencia y formación profesional, encontramos un art. 103 de especial interés que versa sobre el reconocimiento de las competencias profesionales, disponiéndose que “1. En el diseño de las políticas de formación profesional se atenderá a las características específicas de las personas españolas retornadas con la finalidad de facilitar su acceso a la formación profesional en España. 2. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes podrá efectuar ofertas específicas de formación profesional a los retornados mayores de 16 años, que no hayan desarrollado su historia escolar en el sistema educativo español, y tengan dificultades para incorporarse al mismo. 3. Se informará y facilitará la participación de las personas españolas retornadas en los procesos de acreditación de las competencias profesionales y, en su caso, la inscripción de éstas en el Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral o Vías No Formales e Informales”.

Buena lectura.   

El Parlament de Catalunya torna a debatre sobre les polítiques d’ocupació i, una vegada més, sobre l’anomenat salari mínim de referència

 

1. El dia 26 d’octubre el grup parlamentaria d’ERC va presentar una moció sobre les polítiques d’ocupació  , conseqüència de una interpel·lació prèvia.

Les esmenes presentades pels altres grups parlamentaris poden consultar-se en aquest enllaç   i les esmenes transaccionals en aquest 

La moció va ser debatuda en la sessió plenària del 5 de novembre (vídeo disponible en aquest enllaç     ) i el text finalment aprovat   , amb poques modificacions sobre la proposta presentada, es el que reprodueixo a continuació efectuant la comparació entre ambdós textos i afegint els resultats de les votacions. 

 

Moció presentada

Text aprovat

El Parlament de Catalunya

1. Constata que tot i el creixement econòmic continuïtat dels darrers anys i la caiguda de l’atur, l’increment del cost de la vida cada cop es un problema més greu per garantir el benestar material de la majoria treballadora de Catalunya. Una crisi de repartiment de rendiments de l’economia, on els salaris no augmenten el necessari per situar-se al nivell de l’increment dels preus dels productes bàsics i l’habitatge, mentre les grans empreses energètiques, bancàries o del sector de l’alimentació gaudeixen de beneficis records.

 

 

 

 

2. Per a superar aquesta situació, considera necessari avançar cap a un model econòmic d’alt valor afegit i sostenible, on els rèdits de l’activitat econòmica estiguin repartits de forma equitativa entre treball i capital, afavorint a la redistribució de la riquesa de forma justa i reduint les desigualtats.

 

 

 

 

3. Per tal de fer-ho, exigeix al Govern de la Generalitat un lideratge públic i actiu, amb mesures estructurals que facin efectiva la reindustrialització verda i garanteixin el benestar i els drets de les treballadores i els treballadors. Per aquest motiu, insta el Govern de la Generalitat a:

 

a. Garantir la continuïtat de l’activitat industrial en processos de regulació d’ocupació que afecten industries clau com l’automoció elèctrica, la química o el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Condicionar els ajuts públics a l’activitat econòmica, especialment en sectors estratègics i indústries clau, al manteniment dels llocs de treball i a la participació de la Generalitat en la governança i la presa de decisions d’aquests sectors i indústries.

 

 

 

 

 

c. Impulsar les estratègies de concertació territorials que fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic, i que coordinin les iniciatives públiques i privades del territori destinades a la creació d’ocupació, tal i com es planteja a la Llei 13/2015, de 9 de juliol. En el marc d’aquestes estratègies territorials han de ser impulsades per les administracions comarcals/locals conjuntament amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.

 

 

 

 

4. Per tal de construir un Model econòmic més pròsper i equitatiu, troba imprescindible un Salari Mínim Català, d’obligat compliment legal, que actuï com a terra de la distribució salarial a Catalunya i que es correspongui a un 60% del Salari Mitjà, en la línia de la Carta Social Europea i del criteri del Comitè Europeu de Drets Socials, i que superi l’actual model voluntarista de salari de referència atorgant a la Generalitat la capacitat per a legislar el salari mínim interprofessional a Catalunya.

 

 

 

 

  

5. Manifesta que, per tal d’exercir el lideratge necessari per capgirar el model econòmic, és imprescindible que la Generalitat tingui tota la capacitat de decisió, i per això exigeix al Govern de la Generalitat que exigeixi de forma decidida i contundent al Govern de l’Estat:

 

a. El traspàs integral de la inspecció de treball i seguretat social, iniciat amb el Reial Decret 206/2010, tot assumint de manera integral les funcions inspectores, així com els mitjans humans, econòmics, materials i organitzatius necessaris per a garantir-ne l’exercici efectiu, tal com aquest Parlament ja ha reclamat en la Moció 167/XV.

 

b. El traspàs de les polítiques passives, de la mateixa manera que s’ha fet al País Basc, convertint el Servei d’Ocupació de Catalunya en un servei integral que gestioni les polítiques d’ocupació, tal com aquest Parlament ja ha reclamat en la Moció 167/XV.

 

c. Les modificacions normatives necessàries per a establir un Salari Mínim Català, tal com el descriu el punt 4 d’aquesta moció.

 

 

d. La recuperació de les competències de gestió dels expedients de regulació d’ocupació, tot reduint el llindar de la competència territorial de l’expedient de regulació d’ocupació del 85% (fixat per l’article 25.3 del Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada) al 51%, i recuperar l’autorització administrativa dels expedients per motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció (ETOP) i de força major, tal com aquest Parlament ja va reclamar en la Moció 20/XV.

El Parlament de Catalunya

1. Constata que tot i el creixement econòmic continuïtat dels darrers anys i la caiguda de l’atur, l’increment del cost de la vida cada cop es un problema més greu per garantir el benestar material de la majoria treballadora de Catalunya. Una crisi de repartiment de rendiments de l’economia, on els salaris no augmenten el necessari per situar-se al nivell de l’increment dels preus dels productes bàsics i l’habitatge, mentre les grans empreses energètiques, bancàries o del sector de l’alimentació gaudeixen de beneficis records. 

 

Aprovat: 71 vots a favor (PSC-Units, ERC, Comuns, CUP-DT), 26 en contra (PPC i Vox) i 36 abstencions (Junts i AC)

 

2. Per a superar aquesta situació, considera necessari avançar cap a un model econòmic d’alt valor afegit i sostenible, on els rèdits de l’activitat econòmica estiguin repartits de forma equitativa entre treball i capital, afavorint a la redistribució de la riquesa de forma justa i reduint les desigualtats.

 

Aprovat: 71 vots a favor (PSC-Units, ERC, Comuns, CUP-DT), 28 en contra (PPC, Vox i AC) i 34 abstencions (Junts)

 

3. Per tal de fer-ho, exigeix al Govern de la Generalitat un lideratge públic i actiu, amb mesures estructurals que facin efectiva la reindustrialització verda i garanteixin el benestar i els drets de les treballadores i els treballadors. Per aquest motiu, insta el Govern de la Generalitat a:

 

a. Garantir la continuïtat de l’activitat industrial en processos de regulació d’ocupació que afecten industries clau com l’automoció elèctrica, la química o el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. És urgent que el sector automoció, a través del Clúster de la industria de l'automoció de Catalunya, rebi el finançament necessari per poder fer la transformació cap al vehicle elèctric tal com es va aprovar a la Resolució 515/XV del Parlament de Catalunya i com recull l'acció 30 del Pacte Nacional per la Indústria.

 

Aprovat: 105 vots a favor (PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP-DT), 26 en contra (PPC i Vox) i 2 abstencions (AC)

 

b. Condicionar els ajuts públics a l’activitat econòmica, especialment en sectors estratègics i indústries clau, al manteniment dels llocs de treball i a la participació de la Generalitat en la governança i la presa de decisions d’aquests sectors i indústries.

 

Rebutjat: 30 vots a favor (ERC, Comuns, CUP-DT), 62 en contra (Junts, PPC, Vox, AC) i 41 abstencions (PSC-Units)

 

c. Impulsar les estratègies de concertació territorials que fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic, i que coordinin les iniciatives públiques i privades del territori destinades a la creació d’ocupació, tal i com es planteja a la Llei 13/2015, de 9 de juliol. En el marc d’aquestes estratègies territorials han de ser impulsades per les administracions comarcals/locals conjuntament amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.

 

Aprovat: 107 vots a favor (PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP-DT i AC) i 26 vots en contra (PPC, Vox)

 

4. Per tal de construir un model econòmic més pròsper i equitatiu, troba imprescindible reclamar al Govern de l'Estat a que continuï incrementant el salari mínim interprofessional i que faci efectiu un canvi normatiu que permeti establir un SMI superior als territoris amb un salari mitjà superior a l'estatal, com Catalunya, amb l'objectiu que representi, com a mínim, el 60% del salari mitjà del territori. Mentre aquest canvi normatiu no és efectiu insta al Govern de la Generalitat al desplegament d'un salari mínim de referència català.

Aprovat: 107 vots a favor (PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP-DT i AC) i 26 vots en contra (PPC, Vox)

 

 5. Manifesta que, per tal d’exercir el lideratge necessari per capgirar el model econòmic, és imprescindible que la Generalitat tingui tota la capacitat de decisió, i per això exigeix al Govern de la Generalitat que exigeixi de forma decidida i contundent al Govern de l’Estat:

 

a. El traspàs integral de la inspecció de treball i seguretat social, iniciat amb el Reial Decret 206/2010, tot assumint de manera integral les funcions inspectores, així com els mitjans humans, econòmics, materials i organitzatius necessaris per a garantir-ne l’exercici efectiu, tal com aquest Parlament ja ha reclamat en la Moció 167/XV.

 

b. El traspàs de les polítiques passives, de la mateixa manera que s’ha fet al País Basc, convertint el Servei d’Ocupació de Catalunya en un servei integral que gestioni les polítiques d’ocupació, tal com aquest Parlament ja ha reclamat en la Moció 167/XV. 

 

c. Les modificacions normatives necessàries per a establir un Salari Mínim Català, tal com el descriu el punt 4 d’aquesta moció, sense perjudici del desplegament immediat d'un salari mínim de referència català en el marc de les competències actualment disponibles.

 

d. La recuperació de les competències de gestió dels expedients de regulació d’ocupació, tot reduint el llindar de la competència territorial de l’expedient de regulació d’ocupació del 85% (fixat per l’article 25.3 del Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada) al 51%, i recuperar l’autorització administrativa dels expedients per motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció (ETOP) i de força major, tal com aquest Parlament ja va reclamar en la Moció 20/XV.

 

Aprovats: 107 vots a favor (PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP-DT i AC) i 26 vots en contra (PPC, Vox) 

 

 

 

Solament vull afegir en relació amb el debat sobre l’anomenat salari mínim de referència la menció a dues entrades publicada en el blog i que considero que segueixen sent jurídicament vàlides: la primera, de l’any 2020, “A propósito del “salario mínimo catalán de referencia”. Explicación descriptiva, y aportación jurídica propia recordando el debate sobre el salario mínimo de ciudad (sin olvidar la mención al SMI)”  https://eduardorojoblog.blogspot.com/2020/02/a-proposito-del-salario-minimo-catalan.html ; la segona, de l’any actual, “A vueltas con el debate sobre el salario mínimo autonómico y la importancia de la negociación colectiva. A propósito del Acuerdo del Pleno del Parlamento Vasco de 5 de marzo de 2026” https://eduardorojoblog.blogspot.com/2026/03/a-vueltas-con-el-debate-sobre-el.html 

Bona lectura

Responsabilidad de la Administración en caso de accidente de estudiante en prácticas de FP dual. Notas a la sentencia del TS (C-A) de 22 de octubre de 2026.

 1 La lectura de un excelente comentario del profesor Guillermo García González en su cuenta de la red social LinkedIn, que lleva por título “Accidentes en FP dual: la administración educativa responde, aunque las obligaciones preventivas "correspondan" a la empresa”  , al que acompaña el texto de la sentencia   de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, dictada el 22 de octubre y de la que fue ponente la magistrada Ángeles Huet, me ha animado a efectuar el examen de la misma. El resumen oficial de esta es el siguiente: “Incidencia de un convenio entre centro docente público y empresa privada para la fase práctica de la formación profesional dual en la responsabilidad patrimonial de la administración por daños sufridos por un alumno durante la formación de la empresa”

También es de especial interés la sentencia por otro motivo más cercano: en el marco del Plan de Trabajo 2026 presentado, y aprobado por la Comisión Ejecutiva del ConsejoEconómico y Social de Barcelona que presido , se está elaborando un informe por la Fundació BCN Formació Professional  , dedicado a la formación profesional dual y  la ocupabilidad, y más concretamente sobre el encaje entre el sistema formativo y el mercado de trabajo en Barcelona i su Región Metropolitana. Subrayo la importancia de este estudio, que será presentado el día 26 de enero por la importancia que está alcanzado la FP dual en el ámbito territorial de estudio, y apunto sucintamente los ejes sobre los que gira su contenido

Marco normativo existente del sistema de formación y cualificación profesional.

Identificar, describir y comparar los diferentes modelos de aprendizaje en empresas. Retos y oportunidades para las empresas que se acogen, como para las personas en formación.

Identificar las necesidades del mercado del trabajo y su encaje con el sistema formación profesional dual y empleabilidad. Distribución de la formación profesional dual por familias profesionales y su relación con los sectores económicos y estratégicos de Barcelona y la Región Metropolitana de Barcelona.

Analizar la empleabilidad por las diferentes modalidades de aprendizaje dual y por sectores económicos. Evolución.

Establecer puntos con datos actuales que permitan analizar la eficacia y el impacto del V Plan General del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Cataluña (2025-2028).

Elaboración del trabajo con identificación de los perfiles de las personas que han optado a la formación profesional dual, distinguir por familias profesionales, desde una perspectiva transversal de género y tener en cuenta la nacionalidad. Detectar posibles sesgos y proponer mecanismos que corrijan las posibles diferencias. Identificar los perfiles de las empresas que participan en la formación profesional dual, por dimensión y sector económico. Evolución.

2. Remitiendo a los lectores y lectoras del blog al comentario del profesor Guillermo García, expongo a continuación aquellos contenidos de la sentencia que considero de mayor interés.  

El litigio en sede judicial, lo conocemos en el fundamento de derecho primero, trae su razón de ser en el recurso contencioso administrativo interpuesto por un estudiante de FP dual contra la desestimación presunta por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta en relación con los daños sufridos por este “.,. durante la realización de prácticas formativas en una empresa conveniada con la Administración ... para el desarrollo de prácticas formativas en el seno de la formación profesional dual, inicial de grado de medio -curso de instalaciones frigoríficas y climatización-, en la que se encontraba matriculado en el curso escolar 2019-2020 en centro docente público, Instituto de Educación Secundaria del municipio de Lucena (Córdoba)”.  

Igualmente, conocemos en el mismo fundamento de derecho la fundamentación  de la sentencia   dictada por la Sala C-A del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada el 22 de abril de 2024 y de la que fue ponente el magistrado Pedro Luís Roas (resumen oficial: “Responsabilidad patrimonial de la Administración por falta de tutelaje laboral durante unas prácticas en que se sufre accidente por atrapamiento de una máquina”) , para desestimar dicho recurso. La tesis de la sentencia (véase fundamento de derecho quinto) es que ninguna de las omisiones e incumplimientos podía resultar imputable a la Administración educativa, ya que

“...  a tenor de los hechos que se describen y de la relación de causas que el reclamante atribuye al siniestro no es posible concebir ... que el accidente trajere causa de la actuación de la Administración codemandada, que no comprende la asunción de los riesgos que el alumno pudiere asumir por su propia actuación o aún bajo el control y supervisión del personal de la empresa en la que se realizaban las prácticas. Véase que, como destacan las codemandadas, el propio recurrente admite que el accidente se produjo realizando una actuación repetitiva, y "producto del cansancio, de su inexperiencia y de su patente falta de destreza, así como de la inexistencia de mecanismos de detección de presencia y parada automática de la máquina, se produjo el accidente", y si bien aprecia una "ausencia absoluta y completa de tutelaje laboral, de control y seguimiento", esta no puede resultar imputable desde luego, dentro de parámetros razonables de diligencia, a la Administración educativa. En el anterior sentido, la recurrente admite en sus conclusiones que, antes de iniciar las prácticas, los alumnos recibieron del centro docente formación e información sobre seguridad y salud laboral, según firmó el alumno accidentado en documento que consta en el expediente y lo admitió el testigo alumno propuesto ..., y que la falta de una información específica para cada centro de trabajo y para cada puesto de trabajo era función que tenía que desarrollar la empresa colaboradora, con relación a cada alumno y con respecto a cada puesto de trabajo, antes de dar inicio a la formación práctica en cada máquina. Y, que así se deduce del propio convenio de colaboración” (la negrita es mía).

3. Contra la sentencia del TSJ se interpuso recurso de casación, admitido por el TS mediante auto   de 11 de diciembre de 2024, del que fue ponente el magistrado Wenceslao Francisco Olea. Se consideró existente el interés casacional objeto para la admisión del recurso, ya que “... si bien esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en numeras ocasiones sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, entendemos que resulta conveniente y necesario un pronunciamiento que aborde la cuestión suscitada y que contribuya a clarificar y delimitar los contornos del instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en supuestos de daños acaecidos en el desarrollo de actividades formativas prácticas en empresas privadas amparadas en la celebración de convenios de colaboración suscritos para articular la formación práctica reglada en el ámbito de la enseñanza pública”,

Siendo la cuestión a dar respuesta la de

“Determinar la relevancia que en la eventual procedencia de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración educativa pudiera tener la celebración de un convenio de colaboración entre aquella y una empresa tendente a la realización de las prácticas por parte de los alumnos, en supuestos de causación de daño a los alumnos durante la realización de las referidas prácticas en la sede de la empresa colaboradora”

Y siendo las normas, en principio, objeto de interpretación los arts. 32.1 y 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Recordemos que el art. 32.1 dispone que

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización”.

Y el art. 34.1 que

“Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”.

4. En el recurso de casación la parte recurrente postulaba, en coherencia con las tesis defendidas en su escrito ante el TSJ,   

“... la existencia y no ruptura de la relación de causalidad a los efectos de la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración educativa por actos que son la causa directa y eficiente del daño, atribuidos a tercero (empresa colaboradora en virtud de convenio) no ajeno a la prestación y actividad del servicio público educativo y con observancia -en todo caso-del estándar de exigencia que se predica de la Administración educativa...”.

Al recurso se opusieron la Junta de Andalucía y las compañías de seguros codemandadas.

Tanto del recurso como de los escritos de impugnación encontramos un amplio análisis en el fundamento de derecho tercero de la sentencia del TS, de los que me interesa destacar ahora los de la recurrente y de la Administración codemandada. En apretada síntesis, para la recurrente,

“la relación del alumno con la empresa no es una relación jurídico-privada, sino de naturaleza formativa y pública, pues la finalidad del alumno en ella es precisamente la formación práctica para completar el contenido curricular del ciclo formativo en que se encuentra matriculado y poder obtener de este modo el título académico reglado. Y, por tanto, la empresa no es un tercero ajeno al servicio público, sino un tercero que guarda una relación plena y estrecha con el servicio público, «se mimetiza» en la prestación del servicio público junto con la Administración, interviene como servicio público educativo a consecuencia del convenio suscrito con la Administración educativa, realizando una labor de complemento, auxilio o colaboración en la formación integral del alumno”.

Y para la Administración codemandada,

“... la existencia de un convenio de colaboración ni puede suponer una universalización de la responsabilidad de la Administración, como de contrario se pretende, ni puedo suponer tampoco un desplazamiento de la carga probatoria o no exigencia del nexo causal. El nexo causal debe existir para que la Administración responda. En el presente caso hubo una ruptura del nexo causal, no en sí por la mera existencia de un convenio de colaboración, sino porque no hubo ninguna relación causa a efecto entre el resultado producido y la actividad administrativa...”

5. Será en el fundamento de derecho cuarto cuando la Sala dará respuesta a la cuestión objeto de examen, delimitando el conflicto en términos que creo que suscitan diferencias con respecto a cómo se abordó por el TSJ andaluz, ya que expone que

“...  la cuestión que debe dilucidarse no atañe al cumplimiento del convenio suscrito entre la Administración y la empresa privada, ajeno al particular, al alumno reclamante, sino si concurre responsabilidad patrimonial de la Administración por un accidente acaecido en la prestación de un servicio público, el servicio educativo de enseñanza reglada de formación profesional llevado a cabo por un centro público, un instituto de enseñanza secundaria, una de cuyas fases, la fase práctica, por mor del convenio, y por expresa previsión de la normativa reguladora de esta enseñanza del sistema educativo, se lleva a cabo en una empresa privada en la que se produce el accidente”,

Para añadir inmediatamente a continuación que “... por tanto, lo que debe determinarse es si el daño por el que se reclama puede o no ser imputado a la prestación por la Administración del servicio educativo de formación profesional y, para ello, es necesario, que precisemos la configuración en su normativa reguladora del servicio llevado a cabo en este caso por la Administración” (la negrita es mía).

A partir de aquí, la Sala pasa amplia revista a la regulación de la enseñanza reglada de formación profesional dual , y a los efectos de mi exposición,  e igualmente en apretada síntesis, aquello que interesa destacar es la tesis de la sentencia de estar “... ante un servicio educativo prestado por la Administración en un centro docente público con la colaboración, a instancias de aquélla, de una empresa privada que es seleccionada y supervisada por la Administración y a la que acude el alumno, por decisión de la Administración, para recibir en él la enseñanza curricular reglada de formación profesional correspondiente a su educación secundaria que el centro docente público imparte”. Para la Sala,

“... la celebración de un convenio de colaboración entre un centro docente público y una empresa tendente a la realización de las prácticas formativas por parte de los alumnos de formación profesional, en supuestos de causación de daño a éstos durante la realización de las referidas prácticas en la sede de la empresa colaboradora, no convierte a ésta en un tercero ajeno al servicio educativo prestado por la Administración ni desplaza la competencia de ésta para la prestación del servicio y la consiguiente responsabilidad patrimonial que de su titularidad deriva. Lo determinante para que esta responsabilidad patrimonial surja será que el daño antijurídico se haya producido en el desempeño de la acción formativa por parte de la empresa, aunque las causas a las que se atribuya su producción se atribuyan a ésta. No se puede olvidar que se trata de una responsabilidad objetiva que abarca el funcionamiento, tanto normal como anormal, de los servicios públicos” (la negrita es mía).

Consecuencia directa de lo anteriormente expuesto, es que el “criterio interpretativo” aplicable a la cuestión expuesta en el auto de admisión del recurso, es que

“La acción formativa llevada a cabo por una empresa conveniada con un centro docente público para la prestación del servicio de enseñanza de formación profesional dual forma parte del servicio educativo del que es titular la Administración, por lo que los daños que puedan causarse a los alumnos derivados de la acción formativa de la empresa son imputables al servicio educativo prestado por la Administración”.

6. Una vez acreditada la existencia del daño, “así como su imputación al funcionamiento del servicio por traer causa del mismo y siendo evidente en este caso su antijuridicidad, resta por concretar sus contornos para determinarla indemnización que le corresponde, en los términos solicitados en la demanda”, subrayando la Sala que la pretensión se dirige contra la Administración autonómica y la compañía con la que tiene suscrita póliza que asegura su responsabilidad patrimonial. La pretensión de la demandante en instancia, y ahora recurrente, era de “abonar al perjudicado las cantidades de 41.674,11 euros por los daños personales sufridos y 639 euros de gastos de desplazamiento para su sanidad (en total, 42.313,11 euros) con sus intereses legales desde la fechade la reclamación administrativa para la Administración y los intereses del art. 20.4 de la Ley 50/1980, de contrato de seguro, desde la fecha el siniestro para la aseguradora”. La pretensión (véase fundamento de derecho sexto) será aceptada por el TS, si bien por lo que respecta a la entidad aseguradora la responsabilidad solidaria lo será “dentro d ellos límites de la póliza concertada”.

7. En definitiva, y con ello concluyo estas notas, se trata de una sentencia que sin duda deberá merecer atención detallada por todas las Administraciones que, en el ámbito de sus competencias educativas, convenian con empresas para la realización de las prácticas formativas de la formación profesional dual.  

Buena lectura. 

domingo, 8 de noviembre de 2026

Sobre exención (ajustes razonables) del uso de la IA en el trabajo por creencias religiosas (en Estado Unidos). ¿Puede darse el caso David Durman en la UE? ¿Y En España?

 

La lectura del que vamos a llamar “caso David Durman” me ha sugerido esta entrada  y la pregunta que formulo en su título.

En todos los artículos que voy a citar encontrarán los lectores y lectoras amplia información al respecto. Muy resumidamente ahora, se trata de un administrador de investigación (research administrator)  en la Universidad norteamericana de Kentucky a quien se le concedió el permiso para no utilizar personalmente inteligencia artificial (IA) en su trabajo, como una adaptación por motivos de creencias religiosas al amparo del Título VII de la Ley federal de derechos civiles (CivilRights Act) de 1964   , por la que se creó la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. En dicho Título, el término “religión” ... abarca todos los aspectos de la observancia y la práctica religiosas, así como las creencias, salvo que el empresario demuestre que no puede adaptarse de forma razonable a la observancia o práctica religiosa de un empleado o de un candidato a un puesto de trabajo sin que ello suponga una carga excesiva para el desarrollo de su actividad empresarial”.

Recordemos que la normativa europea, ampliamente interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, se encuentra en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación   , cuyo art. 1 dispone que “tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato”, con amplias matizaciones en el art. 4.2 “en el caso de las actividades profesionales de iglesias y de otras organizaciones públicas o privadas cuya ética se base en la religión o las convicciones de una persona”.  Para España, la norma de referencia (y obviamente no me olvido del principio de igualdad y no  discriminación recogido en el art. 14 de la Constitución, y el art. 16 sobre el derecho de libertad religiosa) es la Ley 15 /2022 de 12de julio,   integral para la igualdad de trato y la no discriminación  , que prohíbe en su art. 2.1 todo tipo de discriminación “... por razón de ... religión, convicción u opinión”.

Para un exhaustivo estudio de la libertad religiosa en las relaciones de trabajo es obligado remitirse a la obra del profesor, y letrado, Albert Toledo Oms “Relaciónlaboral y libertad religiosa”  . En mi reseña del libro  manifesté que “estamos ante un Tratado del derecho de libertad religiosa, y no sólo de la afectación de esta a la relación laboral que se da tanto en el sector privado como en el público. Por ello, su lectura, sabiendo que se necesitará disponer de bastante tiempo para ello, es altamente recomendable para todas las personas interesadas en el estudio del impacto y de la importancia de la religión en nuestras vidas cotidianas; y, no olvidemos que esas vidas son, en una buena parte de su tiempo, las laborales de las personas trabajadoras”.  

Por mi parte, remito a la entrada “Libertad religiosa y relaciones de trabajo. Estudio de la jurisprudencia del TJUE, TEDH y tribunales españoles (recopilación 2015-2022)”  y a varios artículos posteriormente publicados, en especial la entrada “La inteligencia humana plantea con seriedad y rigurosidad el necesario debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en general y en el mundo del trabajo en particular. Mi selección, personal y muy subjetiva, de los contenidos más destacados de la Encíclica Magnífica Humanitas (sin ayuda de la IA), y más lecturas recomendadas sobre IA” 

Recupero a continuación diversos artículos publicados sobre el caso David Durman, para animar a las y los lectores del blog a pensar sobre cuál puede ser la respuesta en sede comunitaria y en España si se da un caso semejante, y sobre la importancia no sólo de la protección de las creencias religiosas sino también de la obligación empresarial de realizar ajustes razonables de adaptación cuando ello sea posible, algo que en el caso ahora examinado no parece que planteó mayores problemas. Los textos y artículos consultados han sido publicados todos en inglés y he efectuado su traducción (la negrita es mía). 

Y la preguntas son las siguientes ¿incluimos las creencias manifestadas por David Burman, si se tratara, por ejemplo, de un trabajador belga, en la normativa comunitaria?  ¿y si se tratara de una trabajadora española en nuestra normativa?   Sin duda, un buen debate. 

Buena lectura

  

1. Ejemplos de discriminaciónreligiosa en el lugar de trabajo

Por Balrina Ahluwalia, abogada | Revisado legalmente por Laura Temme, abogada. 30 de mayo de 2025.

“La discriminación religiosa en el ámbito laboral se refiere al trato injusto hacia empleados o candidatos a un puesto de trabajo debido a su religión; esto abarca sus puntos de vista, creencias o prácticas religiosas. La discriminación laboral por motivos religiosos puede darse en cualquier aspecto de la relación de empleo. Este tipo de discriminación suele estar relacionado con religiones tradicionales, tales como:

•           El hinduismo

•           El judaísmo

•           El cristianismo

•           El islam

•           El budismo

Sin embargo, la discriminación religiosa no tiene por qué basarse necesariamente en la afiliación a un grupo religioso. También puede fundamentarse en las convicciones morales o éticas que una persona sostiene sinceramente, lo cual incluye la ausencia de creencias religiosas.

¿Es ilegal la discriminación religiosa en el lugar de trabajo?

Por lo general, sí.

El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VII) es la principal ley federal que prohíbe la discriminación laboral basada en la religión y otras características protegidas. Estos incluyen:

•           Raza

•           Color

•           Sexo/género

•           Origen nacional

El Título VII (Title VII) prohíbe que la mayoría de los empleadores en los Estados Unidos incurran en discriminación religiosa. Esto significa que deben prevenir y abordar la discriminación o el acoso por motivos religiosos en el lugar de trabajo. Asimismo, deben realizar adaptaciones razonables para las creencias religiosas que sus empleados sostienen sinceramente.

Adaptaciones religiosas en el lugar de trabajo

Conforme al Título VII, los empleadores están obligados a ofrecer a sus empleados adaptaciones razonables por motivos religiosos, a menos que esto suponga una dificultad excesiva para la organización. No hacerlo puede constituir discriminación religiosa.

En ocasiones, un empleador debe denegar una solicitud de adaptación debido a que esta supondría una dificultad excesiva. Si este fuera el caso, el empleador debería, aun así, explorar alternativas para atender la petición del empleado.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) —un organismo federal— se encarga de hacer cumplir las obligaciones de los empleadores bajo el Título VII. Muchos estados cuentan con sus propias leyes contra la discriminación, las cuales establecen protecciones más amplias y requisitos adicionales en cuanto a adaptaciones religiosas.

Casos ante la Corte Suprema

Algunos casos recientes ante la Corte Suprema ayudan a ilustrar cómo el Título VII protege a los empleados frente a la discriminación religiosa. A continuación, analizamos brevemente ambos casos.

EEOC contra Abercrombie & Fitch Stores (2015) 

En 2015, la Corte Suprema dictaminó que los empleadores pueden ser considerados responsables de discriminación religiosa si la necesidad de un candidato a un puesto de trabajo de recibir una adaptación por motivos religiosos constituye un factor determinante para no contratarlo.

El caso EEOC contra Abercrombie & Fitch Stores giró en torno a una adolescente musulmana que solicitó un empleo en Abercrombie & Fitch. Debido a sus creencias religiosas, ella utilizaba un pañuelo en la cabeza conocido como «hiyab». Al gerente le causó una buena impresión, pero no la contrató porque la «política de imagen» (Look Policy) de la empresa prohibía el uso de prendas que cubrieran la cabeza.

La Corte señaló que evitar posibles adaptaciones para prácticas religiosas no debería influir en las decisiones de contratación. El fallo reforzó la protección de los empleados bajo el Título VII (Title VII).

Groff contra DeJoy (2023) 

En el caso Groff contra DeJoy, la Corte Suprema aclaró las obligaciones de los empleadores respecto a las adaptaciones por motivos religiosos conforme al Título VII.

Groff, un trabajador del servicio postal y cristiano devoto, solicitó tener los domingos libres en su horario laboral para cumplir con sus observancias religiosas. El servicio postal denegó su solicitud, argumentando que los turnos de los domingos eran necesarios para realizar las entregas de Amazon.

Finalmente, Groff renunció a su puesto y presentó una demanda. La Corte Suprema falló a su favor, estableciendo que, antes de denegar una adaptación por motivos religiosos, los empleadores deben demostrar que esta supondría una carga significativa —y no simplemente una carga menor—.

Estos casos de la Corte Suprema ayudan a comprender el panorama legal en torno a la discriminación religiosa en el ámbito laboral; sin embargo, a menudo surgen más interrogantes que respuestas.


2. Logró una exención por motivosreligiosos para no utilizar inteligencia artificial (IA) en su trabajo. Lasdeclaraciones del Papa podrían fomentar peticiones similares.

Por Sarah E. Needleman  5 de junio de 2026.

Erin Maus    , quien se oponía a utilizar IA en su puesto de ingeniera de software, consiguió lo que podría considerarse un milagro por parte de su empleador: una exención por motivos religiosos.

Maus, que profesa el unitarismo universalista, explicó que solicitó este trato especial en abril, argumentando objeciones éticas y medioambientales a la IA que no se alinean con sus creencias religiosas. Asimismo, señaló que consultó a un abogado laboralista y al ministro de su congregación local para fundamentar su petición.

Según un correo electrónico al que tuvo acceso Business Insider, a mediados de mayo se le concedió a Maus dicha adaptación.

«Escribo y reviso mi código manualmente; suena a locura decirlo», comenta Maus, de 34 años, residente en Carolina del Norte y empleada de una gran empresa de tecnología y entretenimiento que ella misma describe como progresista. «Hace apenas dos años, ¿de qué otra forma se hacía?».

La solución alternativa adoptada por Maus surge en un contexto en el que cada vez más empresas exigen a sus empleados el uso de IA y realizan un seguimiento de dicha utilización. La tecnología también ha sido objeto de escrutinio recientemente por parte del Papa León XIV, quien el mes pasado advirtió —en una encíclica de más de 42.000 palabras— que la IA podría socavar la dignidad humana y desplazar a los trabajadores si no se controla.

Algunas personas han interpretado la carta del pontífice como fundamento para plantear objeciones religiosas al uso de la IA en el entorno laboral. Se trata de una postura que conlleva un peso legal real, dado que la ley federal exige a los empleadores tener en cuenta las solicitudes basadas en la fe.

__________________________________________________________________

3. Una victoria para loshumanistas: un empleado obtiene una adaptación relacionada con la IA bajo elTítulo VII

  27 de octubre de 2026.

Según las películas de «Terminator», Skynet debería haber adquirido conciencia propia y alcanzado la «singularidad» hace más de 29 años. Si el «Día del Juicio Final» simplemente se ha retrasado y termina ocurriendo, es posible que Skynet tenga otros nombres —además del de John Connor— con los cuales ajustar cuentas.

A David Durman, administrador de investigación en la Universidad de Kentucky (UK), se le concedió el permiso para no utilizar personalmente inteligencia artificial (IA) en su trabajo, como una adaptación por motivos de creencias religiosas bajo el Título VII. Durman, quien es humanista, argumentó que verse obligado a emplear herramientas de IA —como Microsoft Teams Co-Pilot, ChatGPT y Claude— entraría en conflicto con sus convicciones profundamente arraigadas. En septiembre de 2026, la universidad accedió a su solicitud, determinando que Durman podía evitar el uso personal de la IA en sus tareas, aunque seguiría estando obligado a asistir a reuniones o presentar materiales a través de plataformas que utilizan dicha tecnología.

Si bien algunos podrían cuestionar si el humanismo secular debe considerarse una religión, las protecciones religiosas no se limitan necesariamente a sistemas de creencias centrados en una deidad. La universidad determinó que la objeción de Durman al uso de la IA no suponía una carga excesiva para la institución educativa. En un cambio notable respecto a lo que solemos informar, el asunto se resolvió sin necesidad de presentar ni un solo documento ante los tribunales (ni de que apareciera un T-1000).

Una cuestión de creencias, no solo un oponente de IA

Aunque cualquiera que haya intentado hablar por teléfono con una persona real para resolver un problema bancario probablemente haya deseado prescindir de toda tecnología de IA, eso, por lo general, no basta para considerarlo una religión personal. Los detalles pueden variar, pero, para la mayoría, la religión proporciona un marco ético que les brinda esperanza y sentido.

¿Qué es el humanismo secular? Según la American Humanist Association (AHA), el manifiesto humanista insta a las personas a dejarse «guiar por la razón, inspirar por la compasión e informar por la experiencia», lo que, a su vez, conduce a una vida «vivida plenamente y bien aprovechada». Esto se fundamenta en sus «10 compromisos», que incluyen el altruismo, la empatía, el desarrollo ético y el pensamiento crítico; este último constituye el eje central de la demanda de Durman bajo el Título VII (Title VII).

La ​​definición de pensamiento crítico de la AHA señala: «Ejerceré un buen criterio haciendo preguntas y pensando por mí mismo», y añade que se trata de una «habilidad que se desarrolla con la práctica». Esto se convirtió en un problema para Durman cuando la universidad (UK) le pidió a él y a otros miembros de su departamento que comenzaran a utilizar herramientas de IA en su flujo de trabajo diario; según Durman, esto interferiría con sus capacidades de pensamiento crítico, entre otras objeciones.

Tras solicitar ayuda a la AHA, Durman presentó una petición de adaptación por motivos religiosos —amparada en el Título VII— ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades (OEO, por sus siglas en inglés) de la universidad. En lo que se considera el primer caso de una exención relacionada con la IA para una persona humanista, la OEO aprobó la solicitud de Durman en septiembre de 2026. Este hecho se produjo tras una exención similar concedida a Erin Maus en mayo de ese mismo año. Maus, quien profesa el unitarismo universalista, argumentó que el uso de la IA planteaba preocupaciones éticas y medioambientales que contravenían sus creencias religiosas.

Una adaptación, no un apocalipsis

Es raro el día en que las noticias sobre la IA no dominan los titulares; incluso el papa León XIV ha expresado sus propias preocupaciones al respecto. Si bien la mayoría de los dueños de negocios ven con agrado la incorporación de herramientas de inteligencia artificial eficaces en sus entornos laborales, deben tener cuidado de que estas no terminen afectando negativamente la moral de los empleados ni sus derechos conforme al Título VII (Title VII).

El acuerdo de adaptación laboral de Durman, basado en el Título VII, demuestra que es posible diseñar ajustes razonables que dejen satisfechos tanto a los empleadores como a los empleados. No todas las solicitudes tienen por qué derivar en la intervención de la EEOC, investigaciones o demandas judiciales.

Los empleadores tienen la obligación de realizar adaptaciones razonables para las creencias religiosas profesadas sinceramente que entren en conflicto con los requisitos laborales, a menos que dicha adaptación suponga una «dificultad excesiva» (undue hardship). Según el fallo de la Corte Suprema de 2023 en el caso *Groff v. DeJoy*, esto implica una carga sustancial para la organización en su conjunto, y no simplemente un inconveniente o un costo mínimo.

Aunque los empleadores pueden evaluar si una solicitud supondría una dificultad excesiva, suele ser recomendable consultar a un abogado para garantizar que la decisión cuente con una base jurídica sólida.

Las innovaciones pueden ser excelentes, pero es posible que algunas no sean adecuadas para todos los empleados. Considerar con detenimiento las solicitudes y los ajustes razonables puede conducir a una solución inesperada, a una fracción del costo que supondría un litigio. No hace falta esperar al «Día del Juicio Final».

 

4. Un humanista consigue que se leadapten las condiciones de trabajo para permitir el uso personal de la IA,basándose en sus creencias.     26 de octubre de 2026

WASHINGTON – David Durman, administrador de investigación en la Universidad de Kentucky, solicitó y obtuvo con éxito adaptaciones en su entorno laboral —basadas en sus convicciones como humanista— que le eximen de utilizar personalmente la inteligencia artificial (IA) en el desempeño de sus funciones.

Con el respaldo de la Asociación Humanista Estadounidense (American Humanist Association), Durman envió una carta a la Oficina de Igualdad de Oportunidades (OEO, por sus siglas en inglés) de la universidad a finales de agosto, solicitando adaptaciones razonables fundamentadas en sus «convicciones humanistas profundamente arraigadas». Tras reunirse con la OEO a mediados de septiembre, su solicitud fue aprobada el 25 de septiembre, al determinar la oficina que dicha medida no suponía una carga excesiva para su departamento. Durman continúa desempeñando todas sus tareas laborales sin recurrir a la IA. «Como humanista, promover el bienestar y el florecimiento de la humanidad es fundamental en mi forma de vivir; además, considero que nuestra capacidad para pensar y razonar por cuenta propia es algo que merece ser protegido», afirmó David Durman. «En lo que respecta a la tecnología de IA —particularmente la IA generativa y los modelos de lenguaje extensos (LLM)—, tengo claro que la existencia y el uso de estas tecnologías van en contra del bienestar humano. La IA interfiere en la capacidad de las personas para ganarse la vida; sus costos medioambientales suponen un desastre para la humanidad y nuestro planeta; y, al suplantar y apropiarse de la creatividad humana, amenaza elementos de nuestra cultura —como el arte y la literatura— que permiten el florecimiento de la sociedad. Solicité adaptaciones en mi entorno laboral porque el uso de la IA contraviene mis profundas convicciones humanistas, las cuales me exigen asumir la responsabilidad personal por la moralidad de mis actos. No puedo, en conciencia, participar en el uso y la proliferación de esta tecnología».

«Las convicciones humanistas del Sr. Durman son genuinas, y su empleador actuó correctamente al concederle una adaptación basada en dichas creencias», señaló Alexandria Huiskens, abogada de la American Humanist Association (AHA). «Los sistemas de creencias no teístas, como el humanismo, tienen derecho a la misma protección —tanto bajo el Título VII como bajo la Constitución de los Estados Unidos— que las religiones "tradicionales". El hecho de que personas no teístas, como el Sr. Durman, gocen de estas mismas protecciones y de libertad de conciencia, refleja el compromiso profundo y duradero de nuestro país con la libertad religiosa para todos».

La AHA participó en la redacción de la Declaración de Luxemburgo sobre la Inteligencia Artificial y los Valores Humanos     —documento que también ha suscrito—, la cual sostiene que la IA nunca debe desplazar el juicio, la razón o la responsabilidad humana, y plantea preocupaciones sobre sus efectos en los trabajadores, los creadores y el medio ambiente. Los humanistas mantienen diversas posturas sobre cómo abordar estas inquietudes, y la AHA defiende el derecho de cada individuo a actuar conforme a su propia conciencia.

5. Un hombre de Kentucky seconvierte en la primera persona humanista en obtener una exención por motivosreligiosos respecto al uso de la IA    26 de octubre de 2026.

(RNS) — David Durman, administrador en la Universidad de Kentucky, afirmó que utilizar inteligencia artificial (IA) le obligaría a delegar sus procesos de pensamiento y toma de decisiones, lo cual contravendría sus convicciones humanistas. Él espera que otros estadounidenses también reconsideren sus posturas sobre la IA.

Como humanista, David Durman cree en la importancia de la dimensión humana de la vida. Esto implica tomar sus propias decisiones y asegurarse de que su trabajo contribuya al florecimiento de las personas.

Cuando la Universidad de Kentucky —donde este hombre de 45 años trabaja como administrador de investigación— comenzó a solicitar a sus empleados que incorporaran la IA en sus flujos de trabajo, a él le surgió una preocupación. Durman sintió que le pedían delegar su capacidad de reflexión en herramientas como Microsoft Teams Copilot, Claude o los bots de ChatGPT durante su jornada laboral.

Según señaló, esto suponía una vulneración de sus creencias.

«El proceso y el esfuerzo que conlleva reflexionar sobre diversas situaciones —en mi trabajo, en mi ética y en la forma en que trato a los demás— son elementos fundamentales para mi desarrollo como persona moral», explicó a RNS en una entrevista por video. «Delegar esa labor, independientemente de si resulta agotadora o no, socava mi capacidad para actuar como un agente moral».

Con el respaldo de la Asociación Humanista Estadounidense (American Humanist Association, AHA), solicitó una adaptación conforme al Título VII, una ley federal que permite a los empleados pedir modificaciones en sus requisitos laborales para ajustarlos a sus convicciones religiosas.

En septiembre, la universidad accedió a su petición y le concedió una adaptación por motivos religiosos, lo que significa que no está obligado a utilizar IA para desempeñar sus funciones.

Representantes de la Asociación Humanista Estadounidense consideran que se trata del primer caso en el que una persona humanista obtiene una exención relacionada con la IA.

«Es el primer precedente de este tipo en la AHA —y para el humanismo en general— al eximir a quienes consideran que el uso de la IA contraviene su libertad de conciencia», declaró a RNS Alexandria Huiskens, abogada de la Asociación Humanista Estadounidense.

El caso de Durman surge en un contexto en el que tanto líderes religiosos —como el Papa— como la población estadounidense en general están expresando su escepticismo frente a la IA. Una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos, publicada esta semana, reveló que el 57 % de los estadounidenses considera que la IA es perjudicial para la sociedad. Además, dos tercios se oponen a la construcción de los centros de datos necesarios para su funcionamiento.

En una encíclica —documento de enseñanza papal— publicada a principios de este año, el Papa León advirtió que la IA podría debilitar la democracia y la dignidad humana. El pontífice señaló que, si se utiliza de forma indebida, las herramientas de IA podrían otorgar un mayor poder a unas pocas élites, dejando atrás al resto de la humanidad.

«Cuando tal poder se concentra en manos de unos pocos, tiende a volverse opaco y a eludir el escrutinio público, lo que aumenta el riesgo de formas de desarrollo distorsionadas que dan lugar a nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades», escribió León en «Magnifica Humanitas».

Durman expresó su preocupación de que la IA pueda afectar a la sociedad de manera perjudicial. Como humanista, cree en la importancia del florecimiento humano. «A nivel social, considero que el uso de la tecnología de IA va en contra de ese objetivo», afirmó.

Su solicitud de adaptación se inspiró, en parte, en el caso de Erin Maus, una ingeniera de software unitaria universalista que acaparó titulares tras obtener una exención por parte de su empleador, basada en sus objeciones religiosas frente a la IA.

Al conocer el caso de Maus, Durman recurrió a la Asociación Humanista Estadounidense (AHA, por sus siglas en inglés) en busca de ayuda para tramitar su propia solicitud de adaptación.

Huiskens ayudó a Durman a redactar su petición de adaptación por motivos religiosos, amparándose en el Título VII. Según explicó, la AHA recibe con frecuencia solicitudes de asistencia para gestionar adaptaciones, pero la de Durman resultó especialmente convincente.

Los tribunales federales han determinado que el humanismo se califica como religión. Por consiguiente, los humanistas gozan de los mismos derechos que otros grupos religiosos bajo la legislación federal.

«Para nosotros, el humanismo es una forma de vida integral», afirmó. «Se fundamenta en el valor y la dignidad inherentes; todos deberían tener espacio para ejercer esta forma de vida integral en el entorno laboral, del mismo modo que lo hacen los cristianos o los musulmanes».

Douglas Laycock, profesor emérito de Derecho en la Universidad de Virginia y en la Universidad de Texas, señaló que la validez de las solicitudes de adaptación bajo el Título VII depende de la sinceridad de la creencia en cuestión. A veces —señaló—, como en los casos que implican solicitudes de adaptaciones relacionadas con las vacunas, resulta difícil determinar si lo que está en juego es una creencia religiosa o una creencia política.

«Debe tratarse de un compromiso ético profundamente arraigado, análogo a un compromiso religioso», afirmó. «Es una cuestión de hecho que, presumiblemente, el empleador investigará». En su entrevista con RNS, Durman afirmó que ser humanista implica estar presente y prestar atención a los demás; el uso de la IA entra en conflicto con esto. Expresó una idea similar en la carta que envió a la universidad.

«Sustituir la presencia humana, la escucha auténtica y la responsabilidad personal en mi trabajo por el procesamiento automatizado mediante máquinas entra en conflicto directo con mi obligación de priorizar la dignidad y el florecimiento humanos», escribió en una carta dirigida a la Oficina de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Kentucky.

La carta hacía referencia tanto a las convicciones personales de Durman como a la versión de 2003 del Manifiesto Humanista, que detalla los principios y creencias de esta corriente. Entre dichos principios figuran la importancia de la libertad de conciencia y el florecimiento humano.

«Nos comprometemos a tratar a cada persona reconociendo su valor y dignidad inherentes, y a tomar decisiones informadas en un marco de libertad que conlleva responsabilidad», señala el manifiesto.

Durman explicó a RNS que su labor consiste en ayudar a los investigadores de la universidad con la solicitud de subvenciones, una tarea que puede realizar sin recurrir a la IA. Asimismo, señaló que prescindir de esta tecnología no afectará a sus compañeros de trabajo.

En ocasiones, las solicitudes de adaptaciones por motivos religiosos pueden terminar en los tribunales; un ejemplo es el caso de 2013 en el que una empleada musulmana deseaba llevar la cabeza cubierta en su puesto de trabajo, o la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 a favor de un trabajador postal cristiano que se oponía a trabajar los domingos.

Para Durman, el proceso de adaptación resultó mucho más sencillo: envió la carta y, posteriormente, él y Huiskens se reunieron con representantes de la universidad.

«Fue una reunión muy cordial, en la que concluyeron que la solicitud no suponía una carga excesiva para el departamento de David», comentó Huiskens. «Concedieron la adaptación sin demora».

6. No es necesario creer en un diospara obtener una exención por motivos religiosos que permita no utilizar la IAen el trabajo.  29 de octubre de 2026.

El papa León XIV ha calificado la IA como una amenaza para la dignidad humana; sin embargo, no solo los creyentes devotos se preocupan por cómo la IA encaja con sus convicciones. David Durman, un humanista no teísta, logró recientemente una exención por motivos religiosos para no tener que utilizar la IA en su entorno laboral.

«El humanismo es un conjunto de creencias sobre la experiencia humana y la forma en que los seres humanos interactúan con el mundo», explicó a TechCrunch Durman, administrador de la Universidad de Kentucky. Esta corriente se centra en «el bienestar y el florecimiento humanos, tanto a nivel individual como colectivo... e insta a la persona a procurar mejorar su propio bienestar y florecimiento, así como los de quienes la rodean».

Al observar cómo la IA ganaba terreno en la vida cotidiana, Durman recurrió a la American Humanist Association (AHA) —una organización sin fines de lucro que promueve el humanismo secular— para averiguar cómo obtener protección legal que le eximiera de utilizar la IA en el trabajo. En su opinión, el uso de esta tecnología contraviene sus convicciones.

«Nos convertimos en agentes morales, para nosotros mismos y para los demás, mediante el uso activo de nuestra mente; por tanto, cualquier merma en esta capacidad [debido al uso de la IA] tendrá, inevitablemente, un impacto negativo en nuestra facultad para actuar como tales», señaló, reflexionando sobre cómo una dependencia excesiva de la IA podría afectar al pensamiento crítico.

En una declaración publicada por la AHA a principios de esta semana, Durman escribió: «La IA interfiere en la capacidad de las personas para ganarse la vida; sus costos medioambientales suponen un desastre para la humanidad y nuestro planeta; además, al suplantar y apropiarse de la creatividad humana, amenaza elementos de nuestra cultura —como el arte y la literatura— que permiten el florecimiento de la sociedad». El humanismo no es antirreligioso, pero suele atraer a personas que se muestran escépticas ante la existencia de un dios o de cualquier otra fuerza sobrenatural, y que, no obstante, buscan un marco científico y moral en el cual fundamentarse.

«La preocupación por la inteligencia artificial y la dignidad humana puede estar presente en diversas creencias y tradiciones —ya sean las enseñanzas católicas, el universalismo o el humanismo—, y queremos que los humanistas o las personas no teístas sepan que se incluyen en estas categorías y que, por tanto, también están protegidas por la ley en el ámbito laboral», declaró a TechCrunch Alexandria Huiskens, abogada de la AHA.

Durman es el primer humanista que ha logrado obtener adaptaciones en su puesto de trabajo que le permiten abstenerse de utilizar la inteligencia artificial; además, es una de las primeras personas en hablar públicamente sobre su esfuerzo por conseguir este tipo de garantías. Se decidió a solicitarlas tras leer que Erin Maus, ingeniera de software y seguidora del universalismo unitario, había logrado obtener protecciones similares.

«Para mí, se trataba de algo personal, de mis propias convicciones», señaló Durman. «Desde luego, no pretendo decir a los demás cómo deben pensar o sentir... Pero espero que esto anime a quienes comparten estas inquietudes a defender sus posturas —no necesariamente mediante una exención por motivos religiosos, sino buscando la vía que consideren más adecuada— para abordar sus preocupaciones de la mejor manera posible».

Jay Blanton, portavoz de la Universidad de Kentucky, declaró a TechCrunch que la institución evalúa las solicitudes de adaptaciones por motivos religiosos de forma individual, teniendo en cuenta las responsabilidades laborales del empleado y las circunstancias de cada petición.

«En este caso, la universidad determinó que era posible ofrecer una adaptación que permitiera al empleado seguir desempeñando las funciones esenciales de su puesto», afirmó Blanton en un comunicado. «A medida que la tecnología y las responsabilidades laborales evolucionan, estas adaptaciones pueden revisarse para garantizar que sigan siendo razonables y viables».

La situación de Durman es especialmente inusual, dado que hoy en día es poco frecuente que los ingenieros de software escriban código sin la ayuda de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, en su puesto administrativo —donde brinda apoyo a investigadores que solicitan subvenciones—, a Durman no se le ha exigido utilizar IA en su trabajo. Al igual que ocurre en muchos otros sectores, algunos de sus compañeros y superiores han sugerido al personal que pruebe estas herramientas; por ello, Durman decidió gestionar su exención ahora, por si dicha sugerencia llegara a convertirse en una obligación en el futuro.

«Espero que, si otras personas tienen inquietudes similares, se sientan animadas a buscar algún tipo de solución», señaló Durman.