1. Los días 12 y 13 de este mes se han celebrado en Santa Cruz de Tenerife las “Jornadas por un trabajo digno”, organizadas por la Unión progresista de Inspectores de Trabajo(UPIT) , con el título “Inspección,justicia y derechos en el siglo XXI” , con cuatro sesiones dedicadas a temáticas de indudable interés, y no únicamente para quienes forman parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En efecto, el día 12 estuvieron dedicadas a “La actuación de la IT ante el acoso, dificultades y retos” y a “IT y Justicia: del caso Ardystil a la STS 441/2026. Actuación inspectora, garantía y tutela de los derechos fundamentales”, y el día 13 a “Trabajo forzoso: la última frontera”, y “Habitaciones con derechos. Paso y presente de las camareras de pisos”.
La organización
tuvo la amabilidad de invitarme a la participación en la segunda sesión, compartiéndola
con Javier Calderón , Dirección territorial de la ITSS en
la CC.AA de Castilla y León, y moderados por Iciar González , subdirectora de la IT del País Vasco.
Fue un placer volver a participar en unas Jornadas de la UPIT, ocho años
después de las que tuvieron lugar en Santiago de Compostela en mayo de 2018 y, que, tal como se explicaba en su resumen, se centraron entonces
“en uno de los
desafíos más relevantes del mercado laboral contemporáneo: las nuevas formas de
elusión del Derecho del Trabajo derivadas de la digitalización y los cambios en
la organización productiva. El eje central del encuentro fue el análisis de
modelos laborales emergentes, especialmente aquellos vinculados a plataformas
digitales, que operan bajo esquemas de aparente autonomía pero que, en la
práctica, reproducen relaciones de dependencia laboral. Este fenómeno plantea
un riesgo estructural de precarización, debilitamiento de derechos laborales y
reducción de cotizaciones al sistema de Seguridad Social. Desde una perspectiva
jurídica, se abordó la progresiva “huida del Derecho del Trabajo”, entendida
como la desregulación o reinterpretación de las relaciones laborales para
reducir costes empresariales, en muchos casos amparándose en nuevas tecnologías
o modelos organizativos”.
Tal como se recoge
en el resumen de las Jornadas , expuse que
“... las
relaciones de trabajo siguen siendo conflictivas, la desigualdad de partes
sigue existiendo, la subordinación al poder de dirección organización y
disciplinario del empleador, también; la reformulación del presupuesto
substantivo de la ajenidad, para atender a las nuevas (algunas no tanto, ni
mucho menos) realidades laborales basadas en aplicaciones informáticas, no
obsta a que este siga existiendo. Y, más allá, aquello que se considera del
todo punto necesario es que toda persona trabajadora, asalariada o autónoma,
tenga unos derechos laborales y de protección social garantizados. O, al menos,
es lo que defendemos quienes creemos que la existencia de tales derechos
garantiza, mínimamente al menos, la necesaria cohesión social que debe existir
en toda sociedad democrática”.
2. En la ponencia presentada
el 12 de noviembre desarrollé y amplié mi análisis crítico efectuado en el
artículo ,
publicado en este blog el 3 de mayo, ya que con posterioridad se dictó el auto
de 9 de junio. Igualmente, dediqué mi atención en mi exposición a la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
poniendo de manifiesto una visión claramente diferente de aquella que tuvo el
TS (C-A) en su sentencia.
Queda pendiente
ahora de conocer si el recurso interpuesto por la abogacía del Estado ante el
TC contra la sentencia de 14 de abril y el posterior auto de 9 de junio será
admitido a trámite, es decir si se aprecia que cumple con el requisito regulado
en el art. 50 .1 b) de la LOTC (“Que el contenido del recurso justifique una decisión
sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para
la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general
eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales”),
y si ello ocurre cómo se pronunciará el TC al respecto.
3. Mientras tanto,
recuerdo que la sentencia del TC ha merecido un análisis claramente crítico por
parte de la comunidad jurídica laboralista, con alguna excepción, que se ha pronunciado
al respecto. Al respecto son de indudable interés los artículos que cito a
continuación:
A) Faustino
Cavas Martínez: “Actuación de la Inspección de Trabajo e inviolabilidad del
domicilio de las sociedades mercantiles”
Para
el profesor Cavas, “Prima
facie, la STS supone un claro escoramiento hacia el principio de seguridad
jurídica de las empresas, en detrimento del control de legalidad que ejerce la
Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. Con su doctrina, sale reforzado el
derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas
frente a la invasión de terceros, pero pierde agilidad y eficacia el
desenvolvimiento de la potestad pública inspectora en la rama social del
derecho cuando se trata de verificar in situ incumplimientos por parte de las
empresas.
Se
podrá decir que el propósito de la Sala Tercera del TS no ha sido convertir
cualquier centro de trabajo en un espacio inmune a la actuación inspectora,
sino mantener un adecuado equilibrio entre potestad administrativa y derechos
fundamentales, avanzando en términos de seguridad jurídica, previsibilidad y
tutela frente a posibles excesos. Pero
lo que resulta incuestionable es que, de aplicarse estrictamente su doctrina,
la labor de fiscalización que tiene asignada legalmente la ITSS, velando por la
garantía de una efectiva aplicación de los derechos de las personas
trabajadoras, se va a complicar considerablemente al generalizarse la
obligación de solicitar una autorización judicial para poder entrar en las
dependencias de muchas pymes en las que se solapan centro de trabajo y
domicilio social (con el riesgo de que otras los hagan coincidir, a medida que se vaya difundiendo
esta jurisprudencia, con el único propósito de dificultar la actuación
inspectora)”.
B) Carolina
Martínez Moreno: “El cara a cara del Tribunal Supremo y la Inspección deTrabajo y Seguridad Social: ¿Y ahora qué señorías?”
Para
la profesora Martínez, “...
En la esfera de los efectos prácticos, seguramente los más inquietantes, existe
unanimidad en que esta doctrina pone en grave riesgo, no ya la efectividad,
sino la posibilidad misma de la actuación inspectora. Máxime cuando más del 90%
de las empresas así catalogadas oficialmente en nuestro país son pymes o
microempresas. Lo que implica que en la mayor parte de los casos se dará esa
coincidencia entre el centro y lugar de trabajo de las personas trabajadoras y
la sede o domicilio social de la entidad empleadora. Y si la ITSS tiene a
partir de ahora que claudicar de sus prerrogativas legales, condición
imprescindible para la posibilidad de ejercitar con un mínimo de posibilidades
de éxito sus trascendentales facultades y atribuciones, y solicitar la autorización
judicial para la mayor parte de sus actuaciones, no es difícil de pronosticar
un colapso de la inspección –ya de por sí magra de medios—, pero también de los
juzgados y tribunales, no menos afectados de congestiones y bloqueos por
sobrecarga de trabajo...”.
C)
Adrián Todolí Signes: “La Inspección de trabajo requiere de autorizaciónjudicial para entrar en el centro de trabajo si este es el domicilio social dela empresa también (STS (3ª) 14/4/2026)”
Para
el profesor Todolí, “En
primer lugar, no resulta evidente que la protección del domicilio de las
personas jurídicas deba equipararse a la de las personas físicas, dado que el
fundamento del derecho —la intimidad personal y familiar— no concurre en los
mismos términos.
En
segundo lugar, la propia Constitución establece que las normas deben
interpretarse conforme a los tratados internacionales ratificados por España
(art. 10.2 CE), lo que refuerza la necesidad de tener en cuenta instrumentos
como el Convenio núm. 81 de la OIT.
Desde
esta óptica, no puede descartarse una interpretación conforme a la Constitución
del artículo 13.1 de la Ley 23/2015, que permita el acceso de la Inspección de
Trabajo en los términos previstos por el legislador”.
D)
José Luís González Pérez. “Exigencia de autorización judicial en el desempeñode la actuación inspectora. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo1582/2026”
Como
Inspector de Trabajo y Seguridad Social es muy crítico con la sentencia, ya que
la califica como “un
pronunciamiento judicial polémico, ajeno a la realidad práctica y que supone un
ataque al ejercicio de la labor inspectora, ya que dificulta la protección de
los derechos laborales de los trabajadores y atenta contra uno de los
principios básicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que consiste
en la promoción de un trabajo decente y en la consecución de la justicia social”.
E) Sergio
Sáez Gilabert: “Interpretación conforme o creacionismo judicial: notas a la STSde 14 de abril de 2026”
También
como Inspector de Trabajo y Seguridad Social es muy crítico con la sentencia,
enfatizando que “...
la inmediatez y el factor sorpresa son con frecuencia elementos funcionales a
esa actividad. Convertir en regla la necesidad de autorización judicial previa
en un amplísimo número de supuestos puede reducir significativamente la
eficacia real del sistema de control llamado a cumplir. Los posibles efectos en
el ejercicio de la labor inspectora no son superfluos habida cuenta de la
cantidad de derechos e intereses en pugna y, por tanto, requiere una respuesta
jurídica a la altura”.
4. Pongo
a continuación a disposición de los lectores y lectoras del blog, en formato
word, la presentación que utilicé para mi intervención. Resalto el interesantísimo
debate que hubo tras mi intervención y la de Javier Calderón, y los temores
manifestados por varias de las personas asistentes sobre las limitaciones a sus
actuaciones, y no tanto por estas sino por las posteriores impugnaciones de las
mismas en sede judicial, aun cuando creo que la magnífica y exhaustiva ponencia
de Javier Calderón ayudó, o al menos lo pretendió, a disipar muchos de dichos
temores o recelos.
1. Un poco de
historia... y de presente.
A) Ley 39/1962, de21 de julio , de Ordenación de la Inspección de Trabajo:
Artículo
decimotercero.
Uno. En el
ejercicio de su función y acreditando si es preciso su identidad, los
Inspectores de trabajo estarán autorizados:
Primero. Para
entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo
establecimiento sujeto a Inspección. En general, al efectuar una visita de
inspección, el Inspector deberá notificar su presencia al empresario o a su
representante, a menos que considere que dicha notificación pueda perjudicar el
éxito de sus funciones
B) Ley 42/1997, de 14 de noviembre , Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Art. 5. Facultades
de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social para el desempeño de sus
competencias.
(idéntica
redacción en la Ley 23/2015, de 21 de julio , Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Art. 13.1)
En el ejercicio de
sus funciones, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter
de autoridad pública y están autorizados para:
“Entrar libremente
en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo,
establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el
centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona
física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna
autorización judicial”.
C) Resalto que en
la tramitación del Proyecto de ley que finalmente daría lugar a la aprobación de
la Ley 23/2025 no hubo modificación alguna sobre el texto del art. 13.1, y sólo
una enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por Junts, que no
cuestionaba la libertad de entrada en el centro de trabajo, sino que pedía la
comunicación de la visita, si fuera posible, y la debida identificación de la
inspección actuante.
2. Tramitación
jurídica del conflicto. (Vid. antecedentes en STSJCV 27/02/2025 (Rec. 392/2024)
Recurso
empresarial.
"... la
actuación por la vía de hecho llevada a cabo en el domicilio de la empresa por
la Policía Nacional y la IT de Valencia, por la que irrumpieron por la fuerza
en el domicilio de la empresa sin autorización judicial y sin obtener el
consentimiento del titular el pasado 23 de octubre de 2024"
Como derechos
fundamentales vulnerados se alegan los de: “-inviolabilidad del domicilio
art.18.2 CE) - tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)”.
3. STSJCV
27/02/2025 (Rec. 392/2024)
A) Para el TSJ “a
los efectos de la tutela constitucional a la inviolabilidad de los domicilios
de las personas físicas y jurídicas, el domicilio social de Francisco Ballester
S. L. se encuentra en la calle Lluna 10 del polígono industrial La Yutera
(municipio de Foios).
“... los hechos
determinantes del procedimiento 392/2024 muestran, de forma tajante, que no
existió ningún registro de los archivos físicos y/o informáticos de Francisco
Ballester S.L. vinculados con su contabilidad; dirección empresarial; gestión
de personal; clientela ... como para dañar este derecho fundamental.
B) (derivado de los medios de prueba) ... “hay
certeza de que no se efectuó registro y/o intervención de los archivos físicos
o informáticos de Francisco Ballester S.L. Lo que sitúa la cuestión vinculada
con la entrada en la nave industrial que esta sociedad dispone en la población
de Foios fuera del espacio de dicción del derecho fundamental a la
inviolabilidad de su domicilio...
4. STS 14/04/2026 Rec. 3188/2025
A) Previamente,
auto 24/9/2025
Interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia: “determinar si es compatible con
el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio previsto en el art.
18.2 CE, en relación con el art. 13.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio,
que la ITSS
acuerde la entrada en un centro de trabajo no abierto al público o, en su caso,
en el domicilio social de una sociedad mercantil, sin consentimiento de su
titular ni autorización judicial
y, además,
si una entrada en
esos términos es constitucionalmente válida cuando no se llevan a cabo
diligencias de registro ni aprehensión de archivos o documentos en soporte
físico o informático”
B) STS 14/04/2026 Rec. 3188/2025
a) Para el TS, El
asunto “presenta dos dificultades:
“La primera es el
tenor literal del art. 13.1 de la Ley 23/2015...
La segunda tiene
que ver con el hecho, admitido por la sentencia impugnada y no discutido por
ninguna de las partes, de que unas mismas dependencias -esto es, la nave
industrial sita en la calle La Lluna 10 del municipio de Foios
(Valencia)-albergan tanto el domicilio social de la entidad mercantil
recurrente, como un centro de trabajo de la empresa”
b) Cuestión
relevante:
- Es el TS el que
plantea por primera vez a lo largo del conflicto una posible infracción del
art. 13.1 de la Ley 23/2015, que no había sido alegado en ningún momento por la
parte recurrente, primero en sede autonómica y después en sede estatal
jurisdiccional.
Para ERT “el TS
(C-A) se arroga el papel del TC al concluir que dicho precepto es
inconstitucional por omisión”
c) Para ERT, “Diez años después de la entrada
en vigor de un precepto que no había sido fuente alguna de conflicto durante
todo dicho período, y sobre el que no se había planteado crítica alguna por
parte de la comunidad jurídica, ya fuera laboralista, administrativista, o
constitucionalista,
la Sala C-A del TS
ha descubierto su “insuficiencia” y que es “inconstitucional por omisión” al no
referirse a la obligación de solicitar autorización para entrar en el centro de
trabajo de una empresa persona jurídica, algo que evidentemente el legislador
no deseó incluir”.
d) Respuesta del
TS: “la entrada en el domicilio de una persona jurídica -por supuesto, siempre
que su titular no la haya consentido- exige la previa autorización judicial...
Que el art. 13.1
de la Ley 23/2015, con respecto al ejercicio de las funciones propias de la
ITSS, omita dicha exigencia no significa que esta no derive directamente del
art. 18.2 de la Constitución y, por consiguiente, que sea plenamente aplicable
aun en el silencio de la ley.
No es ocioso
advertir en este punto que ello no supone dejar de aplicar una norma legal en
vigor; lo que, sin duda, supondría una vulneración de los arts. 24 y 163 de la
Constitución por parte del órgano judicial. No hay inaplicación del art. 13.1
de la Ley 23/2015 porque este precepto guarda silencio sobre el domicilio de
las personas jurídicas, de manera que resulta perfectamente legítimo integrar
ese vacío legal mediante la aplicación directa de la correspondiente norma
constitucional
e) Respuesta.
“La autorización
judicial exigida por el art. 18.2 de la Constitución ha de ser previa a
cualquier actuación de la autoridad o sus agentes en un espacio caracterizado
como domicilio a efectos constitucionales.
Lo determinante es
que la Inspección de Trabajo -con el auxilio de la Policía Nacional- no comenzó
su actividad inspectora en las dependencias de la entidad mercantil recurrente
informando de que su propósito fuera solo hacer comprobaciones en la parte del
inmueble destinada a centro de trabajo.
Si esto hubiera
sido así, habrían podido tener consistencia las alegaciones del Abogado del
Estado y del Ministerio Fiscal; y esta Sala habría podido concluir que, siempre
que además se acredite una separación física apreciable entre la zona de
oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo, la entrada
limitada a esta última no está constitucionalmente necesitada de autorización
judicial.
f) Respuesta final
a la cuestión casacional
“La mera entrada,
aun sin registro ni intervención de archivos físicos o informáticos, en un
espacio que es simultáneamente domicilio social de una persona jurídica y
centro de trabajo de la empresa requiere de autorización judicial previa.
La única excepción
podría venir dada, una vez valoradas las específicas circunstancias de cada
caso, cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro
de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus
agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera para el
cumplimiento de sus funciones legalmente previstas”.
5. ¿Aplica
correctamente el TS la STC 69/1999 de 26.4 (“Supuesta vulneración del derecho a
la inviolabilidad del domicilio: ámbito y titularidad del derecho
constitucional protegido”)?
A) Para el TC:
Respecto al
concepto de domicilio y a los titulares del derecho a su inviolabilidad ha de
tenerse presente que “no todo local sobre cuyo acceso posee poder de
disposición su titular debe ser considerado como domicilio a los fines de la
protección que el art. 18.2 C.E. garantiza”
... Tampoco existe
una plena correlación entre el concepto legal de domicilio de las personas
jurídicas, en el presente caso el establecido por la legislación mercantil, con
el del domicilio constitucionalmente protegido, ya que éste es un concepto «de
mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico administrativo»
B) La
Constitución, «al establecer el derecho a la inviolabilidad del domicilio, no
lo circunscribe a las personas físicas, siendo pues extensivo o predicable
igualmente de las personas jurídicas»... Si bien esta afirmación de principio
se ha hecho no sin matizaciones relevantes, entre ellas la consideración de la
«naturaleza y especialidad de fines» de dichas personas.
... existen otros
ámbitos que gozan de una intensidad menor de protección, como ocurre en el caso
de las personas jurídicas, precisamente por faltar esa estrecha vinculación con
un ámbito de intimidad en su sentido originario
C) “... en atención a la naturaleza y la
especificidad de los fines de los entes aquí considerados, ha de entenderse que
en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las personas
jurídicas y, en lo que aquí importa, de las sociedades mercantiles, sólo se
extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan
desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas,
por constituir el
centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la
misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida
diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al
conocimiento de terceros”.
D) (en el caso
enjuiciado) “... lo único que resulta evidente de dichas actuaciones es que la
autorización judicial no se refería al domicilio legal de la sociedad mercantil
recurrente, sino a un local de la que era titular, en el que existía, al menos
en parte, un ámbito de actividad enteramente ajeno al concepto de domicilio de
las personas jurídicas constitucionalmente protegido, ya que en él se
encontraban los equipos cuya venta al público se pretendía impedir mediante su
precinto...
E) la exigencia constitucional de protección
no será la misma para un registro en un domicilio personal y familiar cuyo
objeto sea la búsqueda de sustancias de tráfico ilícito, que la simple entrada
en local al menos parcialmente abierto al público para proceder al precinto de
equipos radioelectrónicos perfectamente identificados.
Ni la intensidad
de la medida aflictiva ni la radicalidad del derecho a proteger pueden, pues,
ser ajenos a la resolución del presente supuesto.
6) STJUE de 18/06/2025 (asunto C-583/13 P).
Poderes de la Comisión en materia de inspección (art. 20 Reglamento 1/2003)
A) Primer motivo
del recurso de casación empresarial. Basado en una violación del derecho a la inviolabilidad
del domicilio por la falta de autorización judicial previa
Para el TJUE “el
derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio constituye un principio
general del Derecho de la Unión... que encuentra hoy su expresión en el art. 7
de la CDFUE, que corresponde al art. 8 del CEDH.
... De la
jurisprudencia del TEDH resulta que, si la protección prevista en el artículo 8
del CEDH puede extenderse a algunos locales comerciales, no es menos cierto que
dicho Tribunal ha declarado que la injerencia pública podría ir más lejos en el
caso de los locales o actividades profesionales o comerciales que en otros
casos
B) Para el TJUE,
el Tribunal General declaró, sin incurrir en un error de Derecho, en el
apartado 67 de la sentencia recurrida, que, a la vista de la jurisprudencia del
TEDH, la falta de mandamiento judicial previo no podía implicar, como tal, que
la medida de inspección fuera ilegal.
Asimismo, en
cuanto a la alegación formulada por Deutsche Bahn según la cual el Tribunal
General incurrió en un error de Derecho al basarse, en el apartado 66 de la
sentencia recurrida, en las sentencias del TEDH, Harju c. Finlandia y Heino c.
Finlandia, antes citadas, debe señalarse que el TEDH afirmó expresamente en
éstas que la falta de autorización judicial previa puede contrarrestarse por la
existencia de un control judicial a posteriori que se realiza tanto sobre las
cuestiones de hecho como sobre las cuestiones de Derecho
C) Como señaló el
Abogado General en el punto 38 de sus conclusiones y como se ha indicado en el
apartado 26 de la presente sentencia, el TEDH consideró que la existencia de un
control judicial a posteriori puede compensar la falta de mandato judicial
previo y constituye así una garantía fundamental para asegurar la
compatibilidad de la medida de inspección en cuestión con el artículo 8 del
CEDH.
El Tribunal
General declaró acertadamente que el derecho fundamental a la inviolabilidad
del domicilio, protegido por el artículo 8 del CEDH, no se viola por la falta
de autorización judicial previa.
D) Segundo motivo
del recurso. La interpretación y la aplicación incorrectas del derecho a la
tutela judicial efectiva previsto en los arts. 47 de la CDFUE y 6, apartado 1
del CEDH.
El Tribunal
General, en los apartados 109 y 110 de la sentencia recurrida, declaró
ajustándose a Derecho que de las sentencias del TEDH, Société Métallurgique
Liotard Frères c. Francia y Canal Plus y otros c. Francia, antes citadas,
resulta que lo que en ellas se contempla es la intensidad del control, incluido
en éste el control sobre la totalidad de los datos de hecho y de Derecho y que
permitan una rectificación apropiada si se detecta una irregularidad, y no el
momento en el que se ejerce dicho control.
El Tribunal
General consideró legítimamente que el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, garantizado por el artículo 6, apartado 1, del CEDH, no se violó por
la falta de control judicial previo.
7. Auto del TS (C-A) de 09/06/2026 (rec.3188/2025)
Desestima el incidente de nulidad de
actuaciones promovido por el abogado del Estado contra la sentencia de
14/04/2026.
A) Pretensiones de
la Abogacía del Estado:
a) “Dejar sin
efecto la STS 441/2026, de 14 de abril, acordando la retroacción de actuaciones
al momento de dictar sentencia a fin de subsanar el vicio de incongruencia
dictando una sentencia que establezca doctrina legal sobre el modo de proceder
por la ITSS cuando habiendo obtenido autorización judicial para el acceso al
centro de trabajo de una empresa sobrevenidamente descubriera que en ese mismo
local tiene su domicilio social otra persona jurídica ajena a las actuaciones
de inspección y control por ser ésta la controversia debatida entre las partes
b) Supletoriamente, dejar sin efecto la
STS 441/2026, de 14 de abril, acordando la retroacción de actuaciones al
momento de dictar sentencia a fin de subsanar su deficiente motivación
declarando que del relato fáctico tenido por probado en la sentencia de instancia
resulta la concurrencia de los dos presupuestos fácticos a los que la propia
STS 441/2026 condiciona la excepción a la regla general de precisar
autorización judicial para acceder a los centros de trabajo que sean también
domicilio social de la compañía.
c) Dejar sin efecto la STS 441/2026, de 14
de abril, acordando la retroacción de actuaciones al momento de dictar
sentencia a fin de dictar una nueva adaptada a la doctrina constitucional y a
los convenios de la OIT”
B) Tesis del TS.
a) “... No es
exacto que la Inspección de Trabajo dispusiera de una autorización judicial
para entrar y registrar la nave industrial donde Francisco Ballester S.L. tiene
su domicilio social.
La sentencia de
instancia no recoge este hecho como probado, sino que más bien basa todo su
razonamiento en la ausencia de autorización judicial.
De aquí que su
argumento principal -la auténtica ratio decidendi de la sentencia de
instancia-fuese que la autorización judicial para la entrada en el domicilio de
las personas jurídicas no es preceptiva cuando no se examinan ni intervienen
archivos o documentación.
Sobre esto se
discutió en la instancia y en la casación, y sobre esto se pronunció nuestra
sentencia.
b) “... lo pretendido ahora por el Abogado del
Estado resulta contrario a un criterio mantenido por el Tribunal Constitucional
desde hace muchos años (STC 67/1991), a saber: no cabe impetrar el amparo
contra el exceso (real o imaginario) de amparo de los derechos fundamentales
por parte de los tribunales ordinarios.
En otras palabras,
aun admitiendo a efectos puramente argumentativos que esta Sala hubiera ido más
allá de lo establecido por la jurisprudencia constitucional en materia de
inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas, ello no significaría
que se ha vulnerado el art. 24 de la Constitución ni abriría la puerta del
recurso de amparo a la Administración General del Estado.
c) “... la
alegación del Abogado del Estado sobre la vulneración de ciertos convenios de
la Organización Internacional del Trabajo no es admisible: aquí desborda
manifiestamente al marco del art. 24 de la Constitución, que es el precepto
constitucional en que funda su incidente de nulidad de actuaciones.
Con respecto a
dichos convenios no puede invocar incongruencia ni falta de motivación,
sencillamente porque no estuvieron en el debate procesal.
Cabe observar,
además, que el Abogado del Estado no explica cómo – llegado el caso- habrían de
cohonestarse esos convenios con las exigencias constitucionales en el
ordenamiento español”.
8) Instrucción 4/2026 sobre facultad de
entrada en centros o lugares de trabajo en relación con la sentencia 441/2026
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
A) Sobre la
interpretación que hace el TS del art. 13 Ley 23/2015, la DGITSS afirma que “No
se trata, a juicio de esta Dirección, de una laguna legal, sino de una opción
legislativa adoptada de idéntica forma en todas las normas legales que
sucesivamente han regulado la ITSS desde la aprobación de la CE y cuya
constitucionalidad no ha sido cuestionada nunca.
La interpretación
realizada por el TS, integrando un supuesto silencio de la norma con la
aplicación directa de la Constitución obvia los convenios internacionales
ratificados por España. El artículo 10.2 de la CE establece que las normas
sobre derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por España.
B) Tesis de la
Instrucción 4/2026.
a) Sobre el
concepto de domicilio constitucionalmente protegido.
“... no se
considera domicilio constitucionalmente protegido los locales comerciales
abiertos al público ni los espacios o centros que no tengan esta condición en
los que se realiza una actividad laboral, productiva o comercial por cuenta de
una sociedad mercantil que no está vinculada con las actividades de dirección
de la sociedad ni sirvan a la custodia de su documentación.
Ello significa que
los límites que puedan existir a la entrada en los establecimientos de las
empresas sólo pueden afectar a determinados espacios concretos, que son los que
requerirán de forma expresa autorización del titular o autorización judicial
para su acceso, no viéndose por tanto afectados aquellos distintos de estos.
b) Sobre la
incidencia de la sentencia en la actuación inspectora y el modo de llevar esta
a cabo
“... En los
establecimientos abiertos al público, las visitas se realizarán de forma
ordinaria, tanto en las zonas accesibles de los mismos, como en el resto de las
dependencias que no constituyan el espacio de dirección de la empresa
(almacenes, vestuarios, etc. …), por no tener estos espacios la consideración
de domicilio constitucionalmente protegido conforme a la doctrina antedicha.
en los
establecimientos no abiertos al público sujetos a inspección, cualquiera que
sea su naturaleza y configuración espacial y disposición, las visitas también
se realizarán en la forma ordinaria prevista, salvo que afecten a las
dependencias o espacios físicos, en los que se desarrolle el poder de
dirección, tales como el despacho del titular del órgano de administración o de
la alta dirección de la empresa, la sala de reuniones del Consejo de
Administración o la zona de archivos, entre otros.
En cualquier
establecimiento, una vez identificado el actuante, se informará de manera
expresa al representante de la empresa de la intención de llevar a cabo la
visita únicamente a la parte del inmueble, instalación o espacio que constituye
el centro de trabajo, de conformidad con las facultades legalmente previstas
por el artículo 13 de la Ley 23/2015, de 21 de julio...”
c) En el mismo sentido, es la respuesta de laConsejería de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya a la pregunta
formulada por un parlamentario de GP Comuns (BOPC nº 570, 5 de agosto de 2026)
“La Dirección
General de la ITC, con el consenso del OEITSS y la ITPV en el ejercicio de sus
competencias ... ha desarrollado, con carácter de urgencia, instrucciones para
que el personal actuante de la IT pueda continuar ejerciendo la tarea
inspectora y poder ejercer la facultad encomendada, que permite plenamente
llevar a cabo visitas en los centros de trabajo y lugares sujetos a inspección,
para continuar realizando las comprobaciones de las condiciones de trabajo in
situ, como medida de constatación efectiva de cualquier irregularidad laboral.
9. Criterio
operativo 106/2026 de 29 de julio sobre la actuación de la ITSS en espacios
considerados como domicilio constitucionalmente protegido de las personas
jurídicas.
A) La sentencia
del TS (C-A) 441/2026 de 14 de abril “ha supuesto una novedad en el ejercicio
de la actuación inspectora, al declarar por primera vez una limitación al
acceso a una parte del centro de trabajo, cuando concurran determinadas
circunstancias que hagan que dicho espacio sea objeto de la protección
cualificada otorgada a los derechos fundamentales, en este caso, la
inviolabilidad del domicilio tasada por el artículo 18.2 de la CE”
B) En el Criterio
Operativo se concretan
“Los espacios
constitucionalmente protegidos, caracterizados por su carácter limitado y
restrictivo asociado al concepto material de domicilio de las personas
jurídicas, así como los que no gozarían de esta condición, en atención a la
modalización y detalles incorporados en las sentencias que han venido
delimitando este concepto;
Los criterios de
actuación que deben adoptarse en la preparación de las visitas y en su
ejecución.
Las posibles
medidas derivadas, en función de la tipología y configuración de los lugares
sujetos a inspección y la afección o las dificultades que se puedan producir,
para garantizar una actuación inspectora que incorpore la necesaria seguridad
jurídica y las obligadas cautelas procesales”.
C) Para el
Criterio Operativo, el concepto de “domicilio constitucionalmente protegido”
“... (siendo
conscientes de que la casuística es muy variada), podemos concluir que será el
espacio físicamente delimitado e identificable cuya función principal, estable
y objetivable sea el ejercicio de funciones de dirección y administración de la
entidad o la custodia reservada de documentos o soportes de la vida societaria,
no pudiendo
inferirse dicha calificación de manera automática de la mera presencia
ocasional o contingente de documentación sensible en espacios destinados
primariamente a actividad laboral, productiva, comercial o de atención al
público”.
D) Sobre el
consentimiento para el acceso al domicilio constitucionalmente protegido con
autorización del titular o su representante, es necesario:
a) Información
previa al titular del establecimiento o su representante acerca de la finalidad
de la visita.
b) el objeto de
esta y la posibilidad de negarse a autorizar el acceso a este espacio (no así
al resto del domicilio que carece de dicha protección constitucional).
c) Consentimiento facilitado por el/la titular
del domicilio o representante con capacidad suficiente para otorgarlo.
10 A debate
¿Pueden derivarse responsabilidades jurídicas (administrativas/penales) en caso
de levantamiento de acta de infracción que incumpla la sentencia del TS?
Remisión a la
ponencia de Javier Calderón.
A) Responsabilidades
administrativas (disciplinarias). Vid. RDLeg. 5/2015. EBEP, art. 93 a 100.
B) Responsabilidades
penales. Vid. art. 404 Código Penal.
¿Dónde van a
(intentar) cumplirlas si encuentran (más) dificultades para acceder al lugar
(centro de trabajo) donde deben llevarlas a cabo?
¿Cuándo van a
realizar su trabajo si puede quedar (o quedará, según la sentencia) a expensas
de la decisión del sujeto al que deben vigilar y a una necesaria autorización
judicial de la que no se conoce cuándo se dictará y con qué contenido?
Buena lectura.
