miércoles, 18 de noviembre de 2026

Más, e importantes, modificaciones de la normativa laboral. RDL 39/2026, de 17 de noviembre, por el que se modifican el texto refundido de la LET, el RD 902/2020, de 13 de octubre, la LE y el RD 723/2026, de 9 de septiembre. Texto comparado de las introducidas en la LE y en la Ley de contratos del sector público (y IV)

 

1. El Consejo deMinistros   celebrado el 17 de aprobó el Real Decreto-Ley “por el que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea”, que con el número 39/2026   ha sido publicado en el BOE del día 18, estipulándose en su disposición final séptima que entrará en vigor al día siguiente de la publicación, es decir el día 19. 

Se trata, sin duda, de un RDL de indudable importancia, tanto por la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la normativa comunitaria, como por los cambios que se operan y que tienden a reforzar los derechos de las personas trabajadoras y de las representaciones de estas en las empresas. En esta entrada, procedo a la comparación de la modificación introducida en la Ley de Empleo, y también de las que afectan a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2. En la exposición de motivos del RDL se explica la modificación incorporada en la LE en estos términos:

“El artículo tercero prevé la modificación de la Ley 3/2023, de 28 de febrero. El apartado uno introduce una nueva letra g) en el artículo 5, incorporando el principio de transparencia retributiva previa al empleo. A tal efecto, se establece que las ofertas de empleo incluyan información sobre la retribución inicial correspondiente al puesto de trabajo, la prohibición de solicitar a las personas candidatas información relativa a su historial retributivo, y que los anuncios de las vacantes y las denominaciones de los puestos de trabajo sean neutros con respecto al género, con el fin de garantizar la igualdad de retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor. Además, deben facilitarse en un formato accesible para las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas. El apartado dos añade una nueva disposición adicional duodécima, para extender la aplicación del principio de transparencia retributiva previa al empleo al personal empleado público al servicio de las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público, en los términos previstos en la normativa reguladora de dicho personal.  

 

 

LE. Texto en vigor a 18.11

LE. Texto en vigor a partir de 19.11

 

 

Artículo 5. Principios rectores de la política de empleo.

Artículo tercero

 

Uno. Se introduce una nueva letra g) en el artículo 5 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, con la siguiente redacción:

 

«g) El principio de transparencia retributiva previa al empleo. En base a dicho principio las ofertas de empleo deberán incluir la retribución inicial del puesto, basada en criterios objetivos y neutros con respecto al género, y el convenio colectivo que resulte de aplicación. Además, las empresas y los agentes públicos o privados que intervengan en cualquier proceso de intermediación o colocación no podrán hacer a las personas solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores. En todo caso, los anuncios de las vacantes de trabajo y las denominaciones de los puestos de trabajo deben ser neutros con respecto al género, para asegurar el derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, y facilitarse en un formato accesible para las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas. Asimismo, tanto las empresas como los agentes públicos o privados que intervengan en los procesos de selección y contratación, incluidos aquellos en los que utilicen procedimientos automáticos o sistemas algorítmicos, deberán garantizar durante su desarrollo el cumplimiento de los principios de igualdad de trato y no discriminación.»

 

Dos. Se añade una nueva disposición adicional duodécima, que queda redactada como sigue:

 

«Disposición adicional duodécima. Aplicación al personal empleado público al servicio de las Administraciones Públicas.

 

El principio de transparencia retributiva previa al empleo contenido en el artículo 5, letra g) de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo será de aplicación al personal empleado público al servicio de las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público, en los términos previstos en la normativa reguladora de dicho personal.»

 

3. Respecto a las modificaciones incorporadas en la Ley 9/2017, son explicadas en la exposición de motivos en estos términos:

“El apartado uno añade un nuevo párrafo al final del artículo 201 de la referida ley, en aras de garantizar que los órganos de contratación cumplan las obligaciones relacionadas con el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Para ello se incluyen las incorporaciones de previsiones en los pliegos de cláusulas administrativas particulares destinadas a garantizar el cumplimiento de las citadas obligaciones, así como el reconocimiento de penalidades proporcionadas a la naturaleza y gravedad de los incumplimientos.

El apartado dos añade una nueva letra j) al artículo 211.1, recogiendo como causa de disolución del contrato el incumplimiento grave de las obligaciones relacionadas con el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, siempre que bien se acredite la existencia de discriminación retributiva por razón de sexo o bien que se haya producido un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia retributiva.

El apartado tres añade un nuevo párrafo al artículo 212.1, determinando que en los supuestos anteriores el procedimiento de resolución del contrato podrá iniciarse de oficio por el órgano de contratación o a instancia de la representación legal de las personas trabajadoras de la empresa contratista”.

 

Texto en vigor a 18.11

Texto en vigor a partir de 19.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 201. Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artículo 211. Causas de resolución.

 

1. Son causas de resolución del contrato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución. 

 

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.

 

No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a que se refiere la letra i) del artículo 211.1 solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio.

 

 

 

 

 

Disposición final segunda. 

 

Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 

Se modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que queda redactada en los siguientes términos:

 

Uno. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 201, con la siguiente redacción:

 

«En particular, los órganos de contratación garantizarán que, durante la ejecución de los contratos y concesiones públicos, los contratistas y subcontratistas cumplan las obligaciones relacionadas con el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, incluidas las obligaciones de transparencia retributiva que les resulten aplicables.

 

A tal efecto, los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán previsiones destinadas a garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones y preverán penalidades proporcionadas a la naturaleza y gravedad de los incumplimientos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

 

Cuando los incumplimientos revistan especial gravedad o sean reiterados, podrá procederse a la resolución del contrato en los términos previstos en el artículo 211.1»

 

Dos. Se añade una nueva letra j) al artículo 211.1, con la siguiente redacción:

 «j) El incumplimiento grave de las obligaciones relacionadas con el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, durante la ejecución del contrato, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 

a) Que se haya acreditado, mediante resolución administrativa o judicial firme, la existencia de discriminación retributiva por razón de sexo que afecte a las personas trabajadoras que participen en la ejecución del contrato.

 

b) Que se haya producido un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia retributiva exigibles al contratista, previamente constatado y requerido de subsanación por el órgano de contratación, sin que se haya procedido a su cumplimiento en el plazo establecido.

 

La resolución del contrato exigirá, en todo caso, la previa audiencia del contratista y la valoración de la gravedad del incumplimiento, su persistencia, el número de personas trabajadoras afectadas y las medidas adoptadas para corregirlo.» 


 

Tres. Se añade un nuevo párrafo al artículo 212.1, con la siguiente redacción:

 

 
















«En los supuestos previstos en la letra j) del artículo 211.1, el procedimiento de resolución del contrato podrá iniciarse de oficio por el órgano de contratación o a instancia de la representación legal de las personas trabajadoras de la empresa contratista. En todo caso, deberá darse audiencia a dicha representación con carácter previo a la adopción de la resolución correspondiente»

 

 

Buena lectura.

Más, e importantes, modificaciones de la normativa laboral. RDL 39/2026, de 17 de noviembre, por el que se modifican el texto refundido de la LET, el RD 902/2020, de 13 de octubre, la LE y el RD 723/2026, de 9 de septiembre. Texto comparado de las introducidas en la LISOS (III).

 

1. El Consejo deMinistros   celebrado el 17 de aprobó el Real Decreto-Ley “por el que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea”, que con el número 39/2026    ha sido publicado en el BOE del día 18, estipulándose en su disposición final séptima que entrará en vigor al día siguiente de la publicación, es decir el día 19. 

Se trata, sin duda, de un RDL de indudable importancia, tanto por la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la normativa comunitaria, como por los cambios que se operan y que tienden a reforzar los derechos de las personas trabajadoras y de las representaciones de estas en las empresas. En esta entrada procederé a la comparación de la LISOS vigente y las modificaciones incorporadas en diversos preceptos de la misma.

2. El Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó el mismo día una amplia y detallada notade prensa , explicando el contenido de las muchas modificaciones operadas en varios textos normativos por el nuevo RDL. Respecto a los cambios en la LISOS, la explicación es la siguiente:

“3.- RÉGIMEN SANCIONADOR

 La carencia de información a la persona trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato deja de considerarse una infracción leve, para estar tipificada como una infracción grave.

 El incumplimiento de las obligaciones en materia de planes y medidas de igualdad será considerado como infracción grave.

 Las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción ante una reclamación extrajudicial o judicial efectuada por la persona trabajadora en el ejercicio de sus derechos laborales, se considerará infracción muy grave para blindar la garantía de indemnidad.

 Se tipifica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de facilitar a las personas solicitantes de empleo la información exigida por la normativa aplicable.

 Por último, se considera como infracción muy grave la solicitud de datos prohibidos por la normativa o datos de carácter personal en cualquier proceso de intermediación o colocación, así como aquellas decisiones constitutivas de discriminación para el acceso al empleo”.

 

Texto en vigor a 18.11.

Texto en vigor a partir del 19.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6. Infracciones leves.

 

Son infracciones leves:

 

1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral vigente.

 

2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o no utilizar el modelo de recibo de salarios aplicable, oficial o pactado.

 

 

4. No informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los términos y plazos establecidos reglamentariamente.

 

4 bis. La falta de entrega al trabajador por parte del empresario del documento justificativo al que se refiere el artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores.

 

5. No informar a los trabajadores a tiempo parcial, a los trabajadores a distancia, a los trabajadores con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los formativos, y a los trabajadores fijos-discontinuos sobre las vacantes existentes en la empresa, en los términos previstos en los artículos 12.4, 13.3, 15.7 y 16.7 del Estatuto de los Trabajadores.

 

6. Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.

 

 

 

Artículo 7. Infracciones graves.

 

Son infracciones graves:

 

11. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores en los supuestos de contratas al que se refiere el artículo 42.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como del deber de información a los trabajadores afectados por una sucesión de empresa establecido en el artículo 44.7 del mismo texto legal.

 

 

 

13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8. Infracciones muy graves.

 

Son infracciones muy graves:

 

12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15. Infracciones graves

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 16. Infracciones muy graves.

 

1. Son infracciones muy graves:

 

a) Ejercer actividades de intermediación laboral, de cualquier clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores sin haber presentado, con carácter previo a la actuación como agencia de colocación, una declaración responsable, de reunir los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo, o exigir a los trabajadores precio o contraprestación por los servicios prestados.

 

b) (Suprimida)

 

c) Solicitar datos de carácter personal en cualquier proceso de intermediación o colocación o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, así como por razón de lengua, dentro del Estado español, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

 

c) Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado.

 

 

 

 

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

 

Se modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que queda redactado en los siguientes términos:

 

Uno. Se modifica el artículo 6, con la siguiente redacción:

 

«Son infracciones leves:

 

1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral vigente.

 

2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o no utilizar el modelo de recibo de salarios aplicable, oficial o pactado.

 

 

 

 

 

 

 

 3. La falta de entrega al trabajador por parte del empresario del documento justificativo al que se refiere el artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.»

 

Dos. Se modifica el apartado 11 del artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma:

 

 

 

«11. El incumplimiento del deber de información a las personas trabajadoras en los términos previstos legal, reglamentariamente o por convenio colectivo, así como no informar a las personas trabajadoras o no contestar a sus solicitudes sobre vacantes, en los términos previstos en el artículo 21 bis del Estatuto de los Trabajadores.»

 

Tres. Se modifica el apartado 13 del artículo 7, que queda redactado como sigue:

 

«13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la normativa reglamentaria o el convenio colectivo que sea de aplicación.»

 

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 15 en el artículo 7, con la siguiente redacción:

 

«15. El incumplimiento de las obligaciones en materia de registro retributivo, en los términos establecidos legal o reglamentariamente.»

 

Cinco. Se añade un nuevo apartado 16 en el artículo 7, con la siguiente redacción:

 

«16. El incumplimiento de las obligaciones de información a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva.»

 

Seis. Se modifica el apartado 12 del artículo 8, que queda redactado como sigue:

 

 


«12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas en las condiciones de trabajo, por cualquier causa, condición o circunstancia personal o social prohibida por la normativa laboral.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siete. Se añade un nuevo apartado 12 bis al artículo 8, que queda redactado como sigue:

 

«12 bis. Las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las personas trabajadoras como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos por la normativa laboral.»

 

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, que queda redactado de la siguiente manera:

 

«1. No facilitar a las personas solicitantes de empleo, con carácter previo a la celebración del contrato de trabajo, la información exigida legal o reglamentariamente.»

 

Nueve. El apartado 1 del artículo 16 pasa a tener una única letra c), con el siguiente contenido:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «c) Solicitar datos prohibidos por la normativa legal o reglamentaria o de carácter personal en cualquier proceso de intermediación o colocación, establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio o adoptar decisiones que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por cualquier causa, condición o circunstancia personal o social, prohibida por la normativa».

 

Buena lectura. Continuará

Más, e importantes, modificaciones de la normativa laboral. RDL 39/2026, de 17 de noviembre, por el que se modifican el texto refundido de la LET, el RD 902/2020, de 13 de octubre, la LE y el RD 723/2026, de 9 de septiembre. Texto comparado de las introducidas en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres (II).


1. El Consejo deMinistros   celebrado el 17 de aprobó el Real Decreto-Ley “por el que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea”, que con el número 39/2026   ha sido publicado en el BOE del día 18, estipulándose en su disposición final séptima que entrará en vigor al día siguiente de la publicación, es decir el día 19, si bien con una disposición transitoria segunda que estipula varios plazos más dilatados en el tiempo para las medidas que se citan en la misma.   

Se trata, sin duda, de un RDL de indudable importancia, tanto por la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la normativa comunitaria, como por los cambios que se operan y que tienden a reforzar los derechos de las personas trabajadoras y de las representaciones de estas en las empresas.

Como continuación de la entrada anterior, dedicada a las modificaciones incorporadas en la Ley del Estatuto de los trabajadores, procedo ahora a las que se han efectuado en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

2. El MITES publicó el mismo día una amplia y detallada nota de prensa  , explicando el contenido de las muchas modificaciones operadas en varios textos normativos por el nuevo RDL. A los efectos de mi exposición posterior, reproduzco el apartado relativo a la explicación de las modificaciones introducidas en el RD 902/2020.

2.-TRANSPARENCIA RETRIBUTIVA

 Se trata de continuar avanzando hacia el fin de la brecha de género para prevenir y corregir las desigualdades.

 Transparencia retributiva e igualdad en el acceso al empleo

 Las ofertas de empleo deberán incluir la retribución o el nivel retributivo iniciales del puesto, basados en criterios objetivos y neutros con respecto al género, así como el convenio colectivo que resulte de aplicación.

 Las empresas y los agentes públicos o privados que intervengan en cualquier proceso de intermediación o colocación no podrán hacer a las personas solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores.

 Los anuncios de las vacantes de trabajo y las denominaciones de los puestos de trabajo deben ser neutros con respecto al género, para asegurar el derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor.

 Derecho legal de información salarial

Se reconoce como nuevo derecho individual el de información retributiva y se declaran nulas las cláusulas contractuales que impidan a la persona divulgar información sobre su propia retribución.

 Información sobre retribuciones

Las personas trabajadoras tendrán el derecho a solicitar y recibir por escrito, en el plazo máximo de dos meses, información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, en los grupos, categorías o niveles retributivos de las personas trabajadoras que realicen su mismo trabajo o uno de igual valor. “

3. Pongo a disposición a continuación el texto comparado de la normativa vigente hasta el día 18, con las salvedades recogidas en la disposición transitoria segunda, y la que entrará en vigor a partir del día 19. También deben tenerse en consideración las Disposiciones adicionales primera (Herramientas de registro retributivo y de valoración de puestos de trabajo, y guías de uso” y segunda (Guía técnica para la realización de auditorías retributivas), y la disposición transitoria primera (adaptación de los registros y de las auditorías retributivas).

Texto vigente a 18.11.

Texto en vigor a partir de 19.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artículo 1. Objeto.

 

El objeto de este real decreto es establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la discriminación en este ámbito y luchar contra la misma, promoviendo las condiciones necesarias y removiendo los obstáculos existentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3. Principio de transparencia retributiva.

 

1. A fin de garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva entre mujeres y hombres, las empresas y los convenios colectivos deberán integrar y aplicar el principio de transparencia retributiva entendido como aquel que, aplicado a los diferentes aspectos que determinan la retribución de las personas trabajadoras y sobre sus diferentes elementos, permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a dicha retribución.

 

2. El principio de transparencia retributiva tiene por objeto la identificación de discriminaciones, en su caso, tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, lo que concurre cuando desempeñado un trabajo de igual valor de acuerdo con los artículos siguientes, se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y sin que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

 

 

3. El principio de transparencia retributiva se aplicará, al menos, a través de los instrumentos regulados en el presente real decreto: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera de aplicación y el derecho de información de las personas trabajadoras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4. La obligación de igual retribución por trabajo de igual valor.

 

1. El principio de igual retribución por trabajo de igual valor en los términos establecidos en el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores vincula a todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, y a todos los convenios y acuerdos colectivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conforme al artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.

  

a) Se entiende por naturaleza de las funciones o tareas el contenido esencial de la relación laboral, tanto en atención a lo establecido en la ley o en el convenio colectivo como en atención al contenido efectivo de la actividad desempeñada.

 

b) Se entiende por condiciones educativas las que se correspondan con cualificaciones regladas y guarden relación con el desarrollo de la actividad.

 

c) Se entiende por condiciones profesionales y de formación aquellas que puedan servir para acreditar la cualificación de la persona trabajadora, incluyendo la experiencia o la formación no reglada, siempre que tenga conexión con el desarrollo de la actividad.

 

d) Se entiende por condiciones laborales y por factores estrictamente relacionados con el desempeño aquellos diferentes de los anteriores que sean relevantes en el desempeño de la actividad.

 

 

3. A tales efectos, podrán ser relevantes, entre otros factores y condiciones, con carácter no exhaustivo, la penosidad y dificultad, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la destreza, la minuciosidad, el aislamiento, la responsabilidad tanto económica como relacionada con el bienestar de las personas, la polivalencia o definición extensa de obligaciones, las habilidades sociales, las habilidades de cuidado y atención a las personas, la capacidad de resolución de conflictos o la capacidad de organización, en la medida en que satisfagan las exigencias de adecuación, totalidad y objetividad a que se refiere el apartado siguiente en relación con el puesto de trabajo que valoran.

 

4. Una correcta valoración de los puestos de trabajo requiere que se apliquen los criterios de adecuación, totalidad y objetividad.

La adecuación implica que los factores relevantes en la valoración deben ser aquellos relacionados con la actividad y que efectivamente concurran en la misma, incluyendo la formación necesaria. La totalidad implica que, para constatar si concurre igual valor, deben tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto del trabajo, sin que ninguna se invisibilice o se infravalore. La objetividad implica que deben existir mecanismos claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una determinada retribución y que no dependan de factores o valoraciones sociales que reflejen estereotipos de género.

 

 

 

  

Artículo 5. Normas generales sobre el registro retributivo.

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados.

 

 

2. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores.

 

 A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción.

 

 

3. Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora por inexistencia de representación legal, la información que se facilitará por parte de la empresa no serán los datos promediados respecto a las cuantías efectivas de las retribuciones que constan en el registro, sino que la información a facilitar se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación aplicable.

 

En las empresas que cuenten con representación legal de las personas trabajadoras, el acceso al registro se facilitará a las personas trabajadoras a través de la citada representación, teniendo derecho aquellas a conocer el contenido íntegro del mismo.

 

4. El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural, sin perjuicio de las modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial de cualquiera de los elementos que integran el registro, de forma que se garantice el cumplimiento de la finalidad prevista en el apartado 1.

 

5. El documento en el que conste el registro podrá tener el formato establecido en las páginas web oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad.

 

6. La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con una antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del registro. Asimismo, y con la misma antelación, deberá ser consultada cuando el registro sea modificado de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.

 

 

 

 

 




Artículo 6. Registro retributivo de las empresas con auditoría retributiva.

 

Las empresas que lleven a cabo auditorías retributivas en los términos establecidos en la sección siguiente de este capítulo tendrán un registro retributivo con las siguientes peculiaridades respecto del artículo 5.2:

 

a) El registro deberá reflejar, además, las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa, conforme a los resultados de la valoración de puestos de trabajo descrita en los artículos 4 y 8.1.a) aunque pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación profesional, desglosados por sexo y desagregados conforme a lo establecido en el citado artículo 5.2.

 

 

  

b) El registro deberá incluir la justificación a que se refiere el artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro en, al menos, un veinticinco por ciento.

 

 

 

 

  

Artículo 8. Contenido de la auditoría retributiva.

 

1. La auditoría retributiva implica las siguientes obligaciones para la empresa:

 

a) Realización del diagnóstico de la situación retributiva en la empresa. El diagnóstico requiere:

 

 

 

 

1.º La evaluación de los puestos de trabajo teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4, tanto con relación al sistema retributivo como con relación al sistema de promoción.

 

La valoración de puestos de trabajo tiene por objeto realizar una estimación global de todos los factores que concurren o pueden concurrir en un puesto de trabajo, teniendo en cuenta su incidencia y permitiendo la asignación de una puntuación o valor numérico al mismo. Los factores de valoración deben ser considerados de manera objetiva y deben estar vinculados de manera necesaria y estricta con el desarrollo de la actividad laboral.

 

La valoración debe referirse a cada una de las tareas y funciones de cada puesto de trabajo de la empresa, ofrecer confianza respecto de sus resultados y ser adecuada al sector de actividad, tipo de organización de la empresa y otras características que a estos efectos puedan ser significativas, con independencia, en todo caso, de la modalidad de contrato de trabajo con el que vayan a cubrirse los puestos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º La relevancia de otros factores desencadenantes de la diferencia retributiva, así como las posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en el diseño o uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la empresa, o las dificultades que las personas trabajadoras pudieran encontrar en su promoción profesional o económica derivadas de otros factores como las actuaciones empresariales discrecionales en materia de movilidad o las exigencias de disponibilidad no justificadas.

 

b) Establecimiento de un plan de actuación para la corrección de las desigualdades retributivas, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, cronograma y persona o personas responsables de su implantación y seguimiento. El plan de actuación deberá contener un sistema de seguimiento y de implementación de mejoras a partir de los resultados obtenidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A los efectos de valoración de los puestos de trabajo, serán de aplicación aquellos sistemas analíticos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y exigencias establecidos en el presente artículo y de manera específica los criterios descritos en el artículo 4.

 

 

 

 

 

Artículo 9. Valoración de puestos de trabajo en los convenios colectivos.

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de comprobar que la definición de los grupos profesionales se ajusta a criterios y sistemas que garantizan la ausencia de discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres y la correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor, las mesas negociadoras de los convenios colectivos deberán asegurarse de que los factores y condiciones concurrentes en cada uno de los grupos y niveles profesionales respetan los criterios de adecuación, totalidad y objetividad, y el principio de igual retribución para puestos de igual valor en los términos establecidos en el artículo 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO IV

Tutela administrativa y judicial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

 

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, queda modificado en los siguientes términos:

 

Uno. Se modifica el artículo 1, que   queda redactado en los siguientes términos:

 

«Artículo 1. Objeto.

 

El objeto de este real decreto es establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la discriminación en este ámbito y luchar contra la misma, promoviendo las condiciones necesarias y removiendo los obstáculos existentes, y reforzar la aplicación del principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor entre mujeres y hombres, de conformidad con lo establecido en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.»

 

 

 

 

 

 

Dos. Se añade un nuevo artículo 2 bis, que queda redactado como sigue:

 

«Artículo 2 bis. Definiciones.

 los efectos de este real decreto se entenderá por:

 

1. “Retribución”: en aplicación de los artículos 26 y 28 del Estatuto de los Trabajadores, el salario base, las pagas extraordinarias, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, que la empresa abone, directa o indirectamente, a la persona trabajadora, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena.

 

2. “Progresión retributiva”, el proceso por el que una persona trabajadora pasa a percibir una retribución superior, cuando proceda, conforme a las reglas previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

 

3. “Nivel retributivo”, la horquilla, valor o posición asignado a un puesto de trabajo o a una persona trabajadora, dentro de la estructura retributiva de la empresa.

 

4. “Brecha retributiva de género”, la diferencia entre las retribuciones medias de las mujeres y de los hombres que trabajan para una misma empresa, expresada como un porcentaje de las retribuciones medias de los trabajadores de sexo masculino, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo.»

 

Tres. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

 

«Artículo 3. Principio de transparencia retributiva.

 

1. A fin de garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva entre mujeres y hombres, las empresas y los convenios colectivos deberán integrar y aplicar el principio de transparencia retributiva entendido como aquel que, aplicado sobre los diferentes aspectos y conceptos que determinan la retribución de las personas trabajadoras, permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a dicha retribución.

 

2. El principio de transparencia retributiva tiene por objeto la identificación de discriminaciones, tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, lo que concurre cuando, desempeñado un mismo trabajo o trabajo de igual valor de acuerdo con los artículos siguientes, se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima o sin que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

 

3. El principio de transparencia retributiva se aplicará, al menos, a través de los siguientes instrumentos regulados en el presente real decreto: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera de aplicación y el derecho de información de las personas trabajadoras.

 

4. Las empresas pondrán a disposición de su personal y de su representación legal, de manera comprensible y asegurando el fácil acceso, los criterios que utilizan para determinar: la retribución de las personas trabajadoras, los niveles retributivos aplicables a los distintos puestos de trabajo o categorías profesionales y, en su caso, la progresión retributiva. Dichos criterios serán objetivos y neutros con respecto al género, y la información se facilitará con arreglo a las siguientes reglas:

 

a) Cuando dichos criterios vengan establecidos por convenio colectivo, la empresa dará cumplimiento a la obligación de puesta a disposición de la información mediante la remisión expresa a los preceptos específicos del convenio en los que se contengan, para que la persona trabajadora pueda acceder a dichos criterios.

 

b) Cuando dichos criterios no se encuentren fijados en el convenio colectivo o cuando la empresa establezca de forma voluntaria mejoras retributivas de cualquier naturaleza, deberá poner la información sobre los criterios utilizados para su determinación directamente a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal.

 

c) Las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras deberán poner a disposición información sobre los criterios de progresión retributiva, de estar prevista su aplicación, y en los términos dispuestos, en su caso, en el convenio colectivo, acuerdo de empresa o contrato de trabajo.

 

d) La información prevista en este apartado deberá mantenerse actualizada y ser nuevamente puesta a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal cada vez que los criterios retributivos, los niveles retributivos o, en su caso, los criterios de progresión retributiva sean objeto de modificación.

 

e) La información se facilitará en un formato accesible para las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas.»

 

Cuatro. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

 

«Artículo 4. La obligación de igual retribución por trabajo de igual valor.

 

1. El principio de igual retribución por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor en los términos establecidos en el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores vincula a todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, y a todos los convenios y acuerdos colectivos. La igual retribución por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor se debe asegurar tomando en consideración la retribución percibida, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo, en los términos del artículo 2 bis.

 

2. Conforme al artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. A tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 




a) Se entiende por naturaleza de las funciones o tareas el contenido esencial de la relación laboral, tanto en atención a lo establecido en la ley o en el convenio colectivo como en atención al contenido efectivo de la actividad desempeñada.

 

b) Se entiende por condiciones educativas las que se correspondan con cualificaciones regladas y guarden relación con el desarrollo de la actividad.

 

c) Se entiende por condiciones profesionales y de formación aquellas que puedan servir para acreditar la cualificación de la persona trabajadora, incluyendo la experiencia o la formación no reglada, siempre que tenga conexión con el desarrollo de la actividad.

 

d) Se entiende por condiciones laborales y por factores estrictamente relacionados con el desempeño aquellos diferentes de los anteriores que sean relevantes en el desempeño de la actividad, y, en todo caso, las competencias, el esfuerzo y la responsabilidad exigibles.

 

3. A tales efectos, podrán ser relevantes, entre otros factores y condiciones, con carácter no exhaustivo, la penosidad y dificultad, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la destreza, la minuciosidad, el aislamiento, la responsabilidad tanto económica como relacionada con el bienestar de las personas, la polivalencia o definición extensa de obligaciones, las habilidades sociales, las habilidades de cuidado y atención a las personas, la capacidad de resolución de conflictos o la capacidad de organización, en la medida en que satisfagan las exigencias de adecuación, totalidad y objetividad establecidas en el apartado siguiente.

 

 

4. Una correcta valoración de los puestos de trabajo requiere que se apliquen los criterios de adecuación, totalidad y objetividad y neutralidad con respecto al género. La adecuación implica que los factores relevantes en la valoración deben ser aquellos relacionados con la actividad y que efectivamente concurran en la misma, incluyendo la formación necesaria. La totalidad implica que, para constatar si concurre igual valor, deben tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto del trabajo, sin que ninguna se invisibilice o se infravalore. La objetividad implica que deben existir mecanismos claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una determinada retribución y que no dependan de factores o valoraciones sociales que reflejen estereotipos de género.»

 

Cinco. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:

 

«Artículo 5. Normas generales sobre el registro retributivo.

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados.

 

2. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 

A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo, por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel retributivo, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción.

 

3. Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora por inexistencia de representación legal, la información que se facilitará por parte de la empresa se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación aplicable.

 

 

 

En las empresas que cuenten con representación legal de las personas trabajadoras, el acceso al registro, en los términos del párrafo anterior, se facilitará a las personas trabajadoras a través de la citada representación, independientemente del derecho de esta última a conocer su contenido íntegro.

 

4. El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural, sin perjuicio de las modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial de cualquiera de los elementos que integran el registro, de forma que se garantice el cumplimiento de la finalidad prevista en el apartado 1.

 

5. El documento en el que conste el registro podrá tener el formato establecido en los portales de internet oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad.

 

6. La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con una antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del registro. Asimismo, y con la misma antelación, deberá ser consultada cuando el registro sea modificado de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.

 

7. El registro retributivo, así como la documentación y los datos que sirvan de soporte a su elaboración, deberán conservarse por la empresa durante un plazo de cuatro años.»

 

Seis. El artículo 6. queda redactado del siguiente modo:

 

«Artículo 6. Registro retributivo de las empresas con auditoría retributiva.

 

Las empresas que lleven a cabo auditorías retributivas en los términos establecidos en la sección siguiente de este capítulo tendrán un registro retributivo con las siguientes peculiaridades respecto del artículo 5.2:

 

a) El registro deberá reflejar, además, las medias aritméticas y las medianas de las retribuciones de las agrupaciones de los puestos de trabajo iguales o de igual valor en la empresa, conforme a los resultados de la valoración de puestos de trabajo descrita en los artículos 4 y 8.1.a) aunque pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación profesional o niveles retributivos, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo, en su caso desglosados por sexo y desagregados conforme a lo establecido en el citado artículo 5.2.

 

b) El registro deberá incluir la justificación a que se refiere el artículo 28.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro en, al menos, un veinticinco por ciento o en un cinco por ciento en empresas de cien o más personas trabajadoras.»

 

Siete. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:

 

«Artículo 8. Auditoría retributiva.

 

 

1. La auditoría retributiva proporcionará la información precisa para, en primer lugar, realizar un diagnóstico de la situación retributiva mediante la valoración de los puestos de trabajo y la identificación y el análisis de las diferencias retributivas; y, en segundo lugar, establecer las medidas que corrijan las desigualdades injustificadas, si estas han sido detectadas. Ello requerirá:

 

a) La valoración de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4, en relación al sistema retributivo como con relación al sistema de promoción.

 


La valoración de puestos de trabajo tiene por objeto realizar una estimación global de todos los factores que concurren o pueden concurrir en un puesto de trabajo, teniendo en cuenta su incidencia y permitiendo la asignación de una puntuación o valor numérico al mismo. Los factores de valoración deben ser considerados de manera objetiva y deben estar vinculados de manera necesaria y estricta con el desarrollo de la actividad laboral.

 

La valoración debe referirse a cada una de las tareas y funciones de cada puesto de trabajo de la empresa, ofrecer confianza respecto de sus resultados y ser adecuada al sector de actividad, tipo de organización de la empresa y otras características que a estos efectos puedan ser significativas, con independencia, en todo caso, de la modalidad de contrato de trabajo con el que vayan a cubrirse los puestos.

 

b) La identificación y el análisis de las diferencias retributivas. Para ello se tendrá en cuenta, como mínimo, la información disponible respecto de los últimos tres años, relativa a:

 

1.º El análisis de la proporción de personas trabajadoras, desglosadas por sexo, en cada grupo, categoría profesional o nivel retributivo.

 

2.º La información contenida en el registro retributivo, así como sobre cualquier variación en las diferencias retributivas.

 

3.º Las razones, si las hay, de tales diferencias, sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género. Las razones se determinarán de forma conjunta entre la representación legal de las personas trabajadoras y la empresa. La falta de acuerdo no eximirá a la empresa de su obligación de elaborar la auditoría retributiva y justificar las diferencias identificadas, debiendo hacerse constar las discrepancias que, en su caso, se produzcan.

 

4.º La proporción de personas trabajadoras que han recibido alguna mejora de retribución tras su reincorporación al puesto de trabajo en los supuestos de permiso de nacimiento y cuidado del menor, adopción, de guarda con fines de adopción y acogimiento, si se produjo tal mejora en el grupo o la categoría profesional pertinente durante el período en que disfrutaban del permiso.

 

5.º La relevancia de otros factores desencadenantes de la diferencia retributiva, así como las posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en el diseño o uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la empresa, o las dificultades que las personas trabajadoras pudieran encontrar en su promoción profesional o económica derivadas de otros factores como las actuaciones empresariales discrecionales en materia de movilidad o las exigencias de disponibilidad no justificadas.

 

c) La elaboración por parte de la empresa de un plan de actuación para la corrección de cualquier desigualdad retributiva que no esté justificada sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, persona o personas responsables de su implantación y seguimiento y cronograma, de tal forma que estas diferencias se subsanen en un plazo razonable, que en ningún caso puede ser superior a seis meses. El plan de actuación también incorporará un sistema de seguimiento de la implementación de mejoras a partir de los resultados obtenidos y de evaluación de eficacia de las medidas de anteriores evaluaciones retributivas. El plan de actuación y el sistema de seguimiento de la implementación de mejoras y de evaluación de eficacia serán objeto de consulta a la representación legal de las personas trabajadoras.

 

2. La empresa pondrá la auditoría retributiva a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal.

 

De igual forma, la empresa pondrá a disposición y notificará su realización a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva.

 

3. A los efectos de valoración de los puestos de trabajo, serán de aplicación aquellos sistemas analíticos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y exigencias establecidos en el presente artículo y, de manera específica, los criterios descritos en el artículo 4.»

 

 

Ocho. El artículo 9 queda redactado como sigue:

 

«Artículo 9. Valoración de puestos de trabajo en los convenios colectivos.

 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 22.3 y 85 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de comprobar que la definición de los grupos profesionales se ajusta a criterios y sistemas que garantizan la ausencia de discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres y la correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor, las comisiones negociadoras de los convenios colectivos deberán asegurar que los factores y condiciones concurrentes en cada uno de los grupos y niveles profesionales y, en su caso, retributivos, se encuentran definidos y respetan los criterios de adecuación, totalidad, objetividad y neutralidad con respecto al género, y el principio de igual retribución para puestos de igual valor, en los términos establecidos en el artículo 4.»

 

Nueve. Se introduce una nueva sección 4.ª, con el siguiente contenido:

 

«Sección 4.ª Derecho a la información de las personas trabajadoras

 

Artículo 10. Derecho a la información.

 

1. Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar y a recibir por escrito información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, en términos anuales y por hora de trabajo y desglosadas por sexo, de los grupos, categorías o niveles retributivos, de personas trabajadoras que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo. Dicha retribución se facilitará desglosada por complementos, indicando por separado el salario base y cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos.

 

2. La solicitud podrá formularse, una vez al año o cuando se produzcan cambios que lo justifiquen, directamente por la persona trabajadora, así como a través de la representación legal de las personas trabajadoras y, en su caso, a través de Instituto de las Mujeres.

 

Si la información recibida es inexacta o se encuentra incompleta, la persona trabajadora tendrá derecho a solicitar, personalmente o a través de sus representantes, aclaraciones y detalles adicionales y razonables con respecto a cualquiera de los datos facilitados, y a recibir una respuesta motivada en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud de aclaración.

 

3. Las empresas informarán, al menos una vez al año, a todo su personal del derecho a solicitar y recibir la información prevista en este artículo, así como del procedimiento para el ejercicio de dicho derecho.

 

4. La empresa deberá facilitar la información, aclaraciones o detalles solicitados por escrito dentro de un plazo razonable y, en todo caso, en los dos meses siguientes a la fecha de la recepción de la primera solicitud formulada por la persona trabajadora, independientemente de que se realice a través de su representación legal o del instituto de las Mujeres. Se utilizará un formato que sea accesible para las personas con discapacidad y que tenga en cuenta sus necesidades específicas.

 

5. La empresa podrá exigir a las personas trabajadoras que obtengan, con arreglo a este real decreto, información distinta de la relativa a su propia persona que esta información sea utilizada exclusivamente para fines relacionados con el ejercicio de su derecho a la igualdad retributiva. En todo caso, el acceso, tratamiento, conservación, utilización y eventual comunicación de dicha información deberán realizarse de conformidad con las garantías y medidas previstas en el artículo 15.

 

6. Este derecho podrá ser ejercido también por quienes hubieran dejado de prestar servicios en la empresa, respecto del período en que hubieran estado vinculados a ella, siempre que la solicitud se formule en el plazo de un año desde la fecha del cese.

 

Artículo 11. Información sobre la brecha retributiva de género.

 

1. Las empresas de 50 o más personas trabajadoras deberán facilitar a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, previa consulta a la representación legal de las personas trabajadoras, la siguiente información:

 

a) la brecha retributiva de género;

 

b) la brecha retributiva de género en los complementos salariales;

 

 

c) la brecha retributiva de género mediana;

 

d) la brecha retributiva de género mediana en los complementos salariales;

 

e) la proporción de trabajadoras y de trabajadores que reciben complementos salariales;

 

f) la proporción de trabajadoras y de trabajadores en cada cuartil de la banda retributiva;

 

g) la brecha retributiva de género por categorías, grupos o agrupaciones de puestos de igual valor, desglosada en los conceptos retributivos del artículo 5.2 o, cuando proceda, del artículo 6.a).

 

2. La representación legal de las personas trabajadoras tendrá acceso a las metodologías utilizadas para la elaboración de la información prevista en el apartado 1.

 

3. La información anterior se facilitará anualmente, respecto del año natural anterior, en las empresas con 250 o más personas trabajadoras; o cada tres años, respecto de los tres años anteriores, en las empresas de entre 50 y 249 personas trabajadoras.

 

4. Las empresas facilitarán la información a que se refiere la letra g) del apartado 1 a todas las personas trabajadoras y a su representación legal.

 

5. Las empresas incluidas en el apartado 1, cuando sean requeridas, pondrán a disposición de la plantilla y de la representación legal de las personas trabajadoras, en un plazo máximo de dos meses:

 

a) La información a que se refiere la letra g) del apartado 1, correspondiente a los cuatro años anteriores.

 

b) Las aclaraciones o información complementaria que fuese necesaria sobre cualquiera de los datos publicados, incluidas las explicaciones relativas a las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, así como las metodologías empleadas por la empresa para la obtención de la información del apartado 1.

 

6. Cuando, a partir de la información prevista en este artículo o de las aclaraciones solicitadas respecto de los datos facilitados, se constate la existencia de diferencias retributivas de género que no estén justificadas sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género, la empresa deberá corregirlas en un plazo razonable, que en ningún caso podrá ser superior a seis meses, mediante la aplicación o, cuando resulte necesario, la actualización del plan de actuación previsto en el artículo 8. La adopción y ejecución de las medidas correctoras se realizará en cooperación con la representación legal de las personas trabajadoras.»

 

Diez. El capítulo IV pasa a denominarse «Tutela administrativa y judicial y protección de datos.»

 

Once. Los artículos 10 y 11 pasan a numerarse, respectivamente, como artículos 12 y 13.

 

Doce. Se introduce un nuevo artículo 14, con el siguiente contenido:

 

«Artículo 14. Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva.

 

1. Se crea la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva como órgano colegiado interministerial, de carácter tripartito, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la Secretaría de Estado de Trabajo, para la participación institucional, coordinación y seguimiento en materia de transparencia retributiva.

 

2. La Comisión estará integrada por:

 

a) La persona titular de la Secretaría de Estado de Trabajo, que ejercerá la presidencia.

 

b) La persona titular del Instituto de las Mujeres, que ejercerá la vicepresidencia primera.

 

c) La persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, que ejercerá la vicepresidencia segunda.

 

d) Cuatro vocalías, ocupadas por personas con rango mínimo de subdirector general o asimilado:

 

1.º Dos en representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Estado de Trabajo.

 

2.º Una en representación del Instituto de las Mujeres, a propuesta de la persona titular del Instituto de las Mujeres.

 

3.º Una en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Estado de Justicia.

 

e) Dos vocalías en representación de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal.

 

f) Dos vocalías en representación de las organizaciones empresariales más representativas a nivel estatal.

 

g) La persona titular de la Secretaría de la Comisión, designada por la Presidencia de entre los vocales en representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

 

3. La Comisión para el Seguimiento de la Transparencia Retributiva tendrá las siguientes funciones:

 

a) Sensibilizar a empresas, entidades públicas y privadas, interlocutores sociales y ciudadanía en general, sobre el principio de igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva, y sobre el derecho a la transparencia retributiva, teniendo en consideración la discriminación interseccional.

 

b) Analizar las causas de la brecha retributiva de género y poner a disposición instrumentos que empleen sistemas analíticos y que faciliten la evaluación de las desigualdades retributivas.

 

c) Recopilar y analizar los datos facilitados por las empresas conforme a lo previsto en el artículo 11.1 y publicar los datos a los que se refiere el artículo 11.1., letras a) a f), en un formato de fácil acceso y en términos que permitan la comparación entre empresas, sectores y territorios, manteniéndolos accesibles durante, al menos, cuatro años.

 

d) Recabar los informes de la auditoría retributiva puestos a disposición por parte de las empresas, de conformidad con el artículo 8.2.

 

e) Compilar datos sobre el número y tipología de reclamaciones en materia de discriminación retributiva interpuestas ante las autoridades competentes, y las demandas interpuestas ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

 

f) Prestar asistencia en el ejercicio del derecho de información reconocido en el artículo 10.

 

g) Facilitar a la Comisión Europea, cada dos años, los datos a los que se refieren las letras c), d) y e) de este apartado.

 

 

h) Cooperar con el resto de las administraciones y autoridades competentes en el desempeño de sus funciones, así como recabar de aquellas la colaboración necesaria.

 

i) Cualesquiera otras funciones que normativamente se le atribuyan.

 

4. Las disposiciones que desarrollen el funcionamiento de la Comisión deberán respetar las normas generales de actuación de los órganos colegiados dispuestas en el título preliminar del capítulo II de la sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

5. La Comisión para el Seguimiento de la Transparencia Retributiva desarrollará sus funciones sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto de las Mujeres.»

 

Trece. Se introduce un nuevo artículo 15, con el siguiente contenido:

 

«Artículo 15. Tratamiento de datos.

 

El tratamiento de los datos registrados o almacenados en virtud de este real decreto se realizará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

 

En particular, las empresas y la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, en el ámbito de sus respectivas competencias y respecto de los tratamientos de datos que lleven a cabo, en aplicación de este real decreto, deberán adoptar y mantener las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar y poder acreditar que los tratamientos de datos se realizan de conformidad con dicha normativa, revisándolas y actualizándolas cuando resulte necesario para asegurar su eficacia.

 

Asimismo, deberán implantarse medidas de minimización de datos y de control del acceso a la información, y cuantas otras resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales objeto de tratamiento y evitar su acceso, utilización, comunicación o difusión no autorizados, en función de los riesgos asociados al mismo.»

 

Catorce. Se introduce una disposición adicional quinta que queda redactada en los siguientes términos:

 

«Disposición adicional quinta. Ausencia de incremento de gasto público.

 

La creación de la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva no supondrá incremento del gasto público, y su funcionamiento será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios existentes en los Departamentos que la integran.»

 

Quince. Se introduce una disposición adicional sexta del siguiente modo:

 

«Disposición adicional sexta. Medidas de acompañamiento para las pequeñas y medianas empresas.

 

1. Con el fin de facilitar la adaptación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, a las obligaciones establecidas en este real decreto, el ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de las Mujeres prestarán apoyo en forma de medidas de acompañamiento consistentes, entre otras, en la prestación de información, formación y apoyo técnicos para las empresas.

 

2. En particular, el Ministerio de Trabajo y Economía Social promoverá, en el marco del Sistema de Formación para el trabajo y de conformidad con su normativa reguladora, actuaciones de asistencia técnica y formación especializadas dirigidas, entre otros destinatarios, a las empresas, a las personas que ejerzan funciones de dirección o gestión de recursos humanos, a las personas negociadoras de convenios y acuerdos colectivos y a las organizaciones empresariales y sindicales.

 

A estos efectos, podrán desarrollarse acciones formativas específicas financiadas a través de los instrumentos previstos en la normativa reguladora de la formación para el trabajo y gestionadas, en su caso, por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), orientadas a la correcta aplicación de las obligaciones derivadas de este real decreto, en especial en materia de registro retributivo, valoración de puestos de trabajo, auditoría retributiva, información retributiva y demás instrumentos de transparencia retributiva.»

 

Dieciséis. Se introduce una nueva disposición adicional séptima, como sigue:

 

«Disposición adicional séptima. 

 

Remisión anual de datos estadísticos a la Comisión Europea.

 

El Instituto Nacional de Estadística facilitará anualmente a la Comisión (Eurostat) datos nacionales actualizados, sin ajustar, para el cálculo de la brecha retributiva de género. Esas estadísticas deberán desglosarse por sexo, sector económico, jornada laboral (a tiempo completo o parcial), control económico (propiedad pública o privada) y edad, y se calcularán con una periodicidad anual.»

 

Diecisiete. Se introduce una disposición transitoria segunda con la siguiente redacción:

 

 

«Disposición transitoria segunda. Remisión de determinadas informaciones.

 

1. La obligación de información sobre la brecha retributiva de género establecida en el artículo 11 se realizará, por primera vez:

 

a) Antes del 8 de junio de 2027, respecto de las empresas que ocupen a 150 personas trabajadoras o más.

 

b) Antes del 8 de junio de 2031, respecto de las empresas que ocupen entre 50 y 149 personas trabajadoras.

 

2. La remisión de información prevista en el artículo 14.3.g) se llevará a cabo por primera vez antes del 8 de junio de 2028.

 

3. Los datos a que se refiere la disposición adicional séptima se transmitirán a partir del 31 de enero de 2028 para el año de referencia 2026.»

 

Buena lectura. Continuará.