jueves, 19 de noviembre de 2026

Intimidad y relación laboral. Repaso a reciente doctrina judicial de Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia.

 

 Con ocasión de la preparación de un artículo, he tenido oportunidad de leer varias sentencias de Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia que me parece interesante poner a disposición de los lectores y lectoras del blog, y de las que transcribo de cada una de ellas aquellos contenidos más relevantes respecto a la regulación de la intimidad en el ámbito laboral, remitiendo por supuesto a las personas interesadas a la lectura íntegra de aquellas.  

Asimismo, incorporo una sentencia de la sección social del Tribunal de Instancia de Palma de Mallorca que considero igualmente de especial interés.

1. Sentencia delTSJ del País Vasco de 29 de septiembre de 2026 (rec. 1258/2026) 

Resumen oficial: “Despido nulo por vulneración de intimidad y secreto comunicaciones. Prueba nula. No discriminación por parentesco. Indicios. Reducción de indemnización daños morales. Voto particular”

“... Se trata de limitar hasta dónde puede llegar el empresario en su facultad de control, sin que ello implique un avasallamiento de la intimidad del trabajador, que en este caso se encuentra directamente ligado a la información privada que pueda obtenerse del estudio informático del ordenador propiedad de la empresa. Y es que, al margen de la dudosa aplicación analógica del Estatuto de los Trabajadores para los llamados registros informáticos, con los inconvenientes de distinción entre continente, que suponen las taquillas, bolso u otros aspectos físicos, de los que se corresponden con archivos, programas, datos informáticos y electrónicos del ordenador de una empresa, que son instrumentos de trabajo cuya finalidad específica no es contener mensajes o archivos personales, por lo que tampoco tiene sentido aplicar al ordenador como instrumento de trabajo los límites del art. 18 del E.T. para el control sobre efectos personales.

Por todo ello, volviendo a la aplicación de los límites constitucionales generales, en teoría de modulación de derechos fundamentales y poderes empresariales en el contrato de trabajo, desde la ya antigua Sentencia del T.C. 90/97, 98/2000 y 186/2000, recogidas en la Sentencia del T.S. de 5.12.2003, rec. 52/03 que se expuso en la Sentencia de esta Sala de 21.12.2004, rec. 2382/04, tenemos que la particularidad de cada supuesto concreto debe otorgarse según la consonancia del relato fáctico y sus conclusiones, para descubrir si hay un incumplimiento laboral que puede exigirse a través de un medio hábil probatorio, cual suele ser la pericia informática o la auditoria general, pero siempre con un conocimiento de la noticia en proporción a la extracción de información necesaria con justificación y habilidad legal y no mediante vulneraciones inconstitucionales."

... la exigencia de compaginar el art. 4.2 e) ET con el art. 20.3 del mismo texto, exige imponer limitaciones que conciernen al derecho de dignidad humana e intimidad en esferas que devienen intangibles y que son coherentes con un sistema constitucional que se entiende imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, el mantenimiento de un derecho a la intimidad personal, como valor espiritual y moral inherente al individuo que reconoce el art. 10.1 CE.

Resulta evidente que los comportamientos laborales deben ser objeto de control respecto 1813/2026) de los desarrollados en espacios públicos o privados, sin implicar una verdadera injerencia desproporcionada en el derecho a la intimidad personal o vida privada de la persona trabajadora, que debe garantizarse en atención al art. 18 de la CE, en conexión con el art. 8 del Convenio de los Derechos Humanos y el art. 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea...”

2. Sentencia del TSJ del País Vasco de 27 de octubre de 2026 (rec. 1813/2026)  


Resumen oficial: “Despido disciplinario procedente por imputación de hora irregulares. Reducción de indemnización por daño al honor. Audiencia previa reglada. Afectación interna del derecho al honor del trabajador por la comunicación difundida entre la plantilla”.

“... Ciertamente, el parecer de la Sala es que la interpretación del relato fáctico permite acreditar algún tipo de manifestación de menosprecio, cuya imputación no ha tenido la recreación probatoria suficiente, donde el comunicado y exposición múltiple, facilitando identidad, denuncia y contexto, supone una afectación y exposición a terceros, aunque lo sean dentro del propio equipo laboral, que en la perspectiva estricta y social permite atender a descalificaciones inexigibles, que aunque se puedan reconducir al estudio de la calificación extintiva, permiten advertir cierta vulneración de derechos constitucionales conexos al honor, dignidad, propia imagen u otros, que si bien, no alteran la argumentación expuesta en la Instancia, para con la vulneración dela tutela judicial efectiva como garantía de indemnidad, permiten dar por vulnerada una especie de libertadde expresión que la empresarial propone, por cuanto la reacción empresarial de repercusión y trascendencia semipública, tampoco bajo el velo de una verdadera voluntad de conformación de realidad o verdad propia, sino que se atiene a una imputación que debe desvincularse de la información que se pretende transmitir de forma pública, genérica, corporativa o interna no exigible.

Con todo, creemos que debemos modular o reducir la indemnización en concepto de daños morales, por cuanto la vulneración del derecho fundamental al honor no reviste ciertamente especial gravedad, como reconoce la Instancia, y su difusión ha sido interna, en el ámbito estricto profesional, bajo unas características empresariales y laborales, donde el conocimiento de los hechos controvertidos y tratándose de un email corporativo, no ha supuesto una transmisión de información ajena al ámbito laboral con gravedad o condición externa ultrajante. De ahí que admitamos la proposición subsidiaria realizada por la empresa recurrente y declaremos el abono de una indemnización adicional por daños y perjuicios, derivados de la lesión del derecho fundamental al honor de 1.000 euros, revocando con ello la de 7.501 euros reconocida en la Instancia...”.

3. Sentencia delTSJ del País Vasco de 11 de mayo de 2026 (rec. 738/2026)

“La captación de imágenes y sonidos que examinamos, (datos personales de la demandante), llevada a cabo a través de la cámara del portátil de un compañero de la actora, el Sr. Ceferino , no cumple con la obligación de información previa a la trabajadora legalmente establecida en los artículos 22.4 y 89.1 LOPD, ni respeta el derecho a la intimidad en el empleo de medios digitales facilitados por el empleador, - artículo 20 bis ET-.

Tal y como afirma la trabajadora recurrente, la actora en ningún momento fue conocedora de que su voz y su imagen estaban siendo objeto de grabación a través del equipo informático del Sr. Ceferino, el cual no cerró la aplicación Microsoft Teams al terminar una reunión virtual de trabajo. Lo recogido a través de la cámara del terminal del Sr. Ceferino fue una conversación privada entre este último y la trabajadora demandante, de la que no puede apropiarse la empresa demandada, ni ser captada, sin el expreso consentimiento de la empleada, cuya intimidad está en juego. Hay que tener presente que el deber de información a la trabajadora es requisito esencial para que su imagen pueda ser lícitamente captada por el empresario, - STC 119/2022, de 29 de septiembre-, salvo supuesto de sospecha fundada de ilícito flagrante, que no es el caso, - STEDH17 de octubre de 2019 (López Ribalda II). La trabajadora demandante ninguna información tuvo acerca de la captación de su voz y su imagen a través de la cámara del terminal de un compañero, ni consentimiento alguno pudo prestar al respecto.

Resulta palmaria la existencia por parte de la trabajadora de una expectativa legítima de intimidad en su conversación con el Sr. Ceferino, la cual fue conculcada a través de la grabación efectuada sin su consentimiento por la empleadora, en menoscabo de su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, - artículo 18 CE-.

No existe ningún error en la actuación de la trabajadora demandante. El hecho de que el Sr. Ceferino mantuviera abierto el sistema de grabación una vez terminada la reunión de trabajo no es imputable a la actora en modo alguno, ni permite soslayar su derecho fundamental a la intimidad. No es el derecho a la intimidad del Sr. Ceferino el que aquí está en juego. Una vez concluida la reunión de trabajo es la empresa la que debió cerrar el sistema de grabación, para garantizar la intimidad de los trabajadores en el uso de los terminales digitales- artículo 20 bis ET-. No resulta respetuoso con el derecho a la intimidad mantener operativo un sistema de grabación una vez concluida una reunión de trabajo, puesto que se captan conversaciones e imágenes privadas, amparadas por el derecho a la intimidad, sin información alguna a los trabajadores. Véase en este sentido la STS, Sala tercera, de 30 de diciembre de 2020, recurso 320/2019, sobre la irregular continuación de una grabación una vez concluida la vista que debía ser objeto de la misma.

La empleadora demandada no ha respetado lo previsto en el artículo 87.3 LOPD, que exige que "los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.

El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.

Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado."

Ninguna información ha recibido la trabajadora demandante, ni podía prever en modo alguno que el dispositivo digital de un compañero podría servir para captar su imagen y sus conversaciones privadas.

Siendo así, la actuación empresarial, sirviéndose de la cámara de un terminal de un compañero, sin informar de ello a la actora, constituye un ilícito ejercicio de control empresarial, y una transgresión del derecho a la intimidad y a la imagen de la recurrente, - artículo 18 CE-.

4. Sentencia delTSJ de Madrid de 9 de septiembre de 2026 (rec. 311/2026)

“Entendemos que en el supuesto objeto de pronunciamiento por la Sala , no es aplicable ninguna graduación porque el comportamiento del demandante ya descrito precedentemente , además de estar tipificados como falta muy grave en el convenio de aplicación, constituyen una trasgresión de la buena fe contractual que se pierde y que no se puede recuperar ni graduar , pues el demandante estacionaba su vehículo durante largos periodos de tiempo y dentro de su horario de trabajo en la misma ubicación ( DIRECCION001 ), coincidente con un centro deportivo, tal y como consta probado, no una vez sino en múltiples ocasiones; cancelando además servicios de viaje ofertados por la plataforma (mes de abril de 2023, 11 servicios; mes de mayo de 2023, 12 servicios y durante el mes de junio, 12 servicios ).

En conclusión, la gravedad del comportamiento proviene de la ausencia de lealtad a la empresa demandada, trasgrediendo la buena fe contractual y la confianza de la empresa...”

5. Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León (sede Valladolid) (rec. 1814/2026)

Antecedentes

“3º. El día 30 de octubre de 2025, la empresa le comunicó a doña Ruth su despido disciplinario. Se da aquí por reproducido el contenido íntegro del citado documento.

4º. En la carta de despido se señalaba como causa del despido el uso indebido de su teléfono personal durante horas de trabajo, varios abandonos de puesto que computaban un total de 236 minutos y conductas impropiasen vestuarios.

5º. La trabajadora alegó que su teléfono es personal, que cualquier salida fuera del puesto de trabajo fue siempre acompañada por un encargado, que algunas salidas coinciden con la presencia de la Guardia Civil en la empresa, que no fumó y que no se produjo perjuicio económico, ni alteración operativa alguna en la empresa...”

Fundamentos jurídicos.

“... descendiendo al caso concreto de autos, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede en Valladolid, entiende que la actuación de la empresa fue conforme a Derecho y ningún derecho fundamental de la actora se ha visto vulnerado.

Ello es así porque las conversaciones de WhatsApp fueron descubiertas fortuitamente en un teléfono corporativo, destinado exclusivamente al trabajo y compartido por varios empleados. En esas circunstancias, existe una expectativa de privacidad reducida, especialmente cuando quien participa en la conversación conoce que el dispositivo utilizado pertenece a la empresa y puede ser utilizado por otros trabajadores. Además, no se accedió al teléfono privado de la trabajadora, sino a un dispositivo empresarial, y las conversaciones eran entre personal de la propia empresa, lo que permitía presumir inicialmente un contenido profesional. Por ello, el posterior examen y comprobación de los mensajes obtenidos de ese modo no determina la ilicitud de la prueba...”

“... se considera acreditado que la trabajadora desatendió de forma reiterada instrucciones expresas de la empresa, entre otras conductas, al salir del recinto para fumar vistiendo la ropa de trabajo, utilizar su teléfono móvil particular durante la jornada, abandonar su puesto hasta en seis ocasiones en menos de un mes y servirse de las instalaciones empresariales para realizar actividades de carácter particular. Tales comportamientos se encuentran expresamente contemplados como faltas muy graves en los artículos 44y 45 del Convenio Colectivo de Galletas Siro S.A. y pueden ser sancionados con el despido disciplinario, además de que serían incardinables como causas de despido disciplinario en el art. 54.2º ET, según la relación circunstanciada anteriormente reseñada.

En definitiva, estas actuaciones se consideran constitutivas de desobediencia y de transgresión de la buena fe contractual, al suponer una quiebra de los deberes de confianza y lealtad inherentes a la relación laboral, sin que las circunstancias alegadas por la trabajadora resulten suficientes para disminuir la gravedad de los incumplimientos, resultando difícilmente imaginable que tras ese cumulo de conductas la empresa no haya perdido la confianza depositada en la trabajadora...”

6. Sentencia de laSección de lo Social del Tribunal de Instancia de Palma de Mallorca, plaza núm.2, de 21 de julio de 2026 (rec. 118/2025)


Hecho probado quinto.

“QUINTO.- En fecha 21/11/2024 USTE interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que se alegó el acceso indebido por parte de la empresa a los chats de Whatsapp del sindicato.

Por parte de la Inspección de Trabajo se levantó en fecha 14/05/2025 acta de infracción NUM004 en virtud dela cual se propone la imposición de una sanción por importe de 7.501 euros por la comisión de una infracción muy grave consistente en: "La vulneración por parte de la entidad EMAYA, S.A. del respeto de la intimidad y de la consideración debida a la dignidad de todos los trabajadores del sindicato UNION SINDICAL DE TRABAJADORESDE EMAYA - ÁREA DE CALIDAD URBANA (USTE), estimados en más de 200 trabajadores afiliados, incluidos los representantes de la Ejecutiva, integrantes de los Grupos de WhatsApp, al obtener, revisar y analizar las conversaciones privadas emitidas en los tres grupos de Chats denominados: Chat de WhatsApp con Ejecutiva USTE; Chats de WhatsApp con U.S.T.E. Personal fijo; y, Chats de WhatsApp con USTE Personal Contrato del período 4-6-18 a 3-4-24"; utilizados con la finalidad de comunicación - convocatoria de reuniones o asambleas -e información, a y entre sus afiliados así como entre los miembros de su Ejecutiva.

Chats ajenos a la Empresa y en los que en modo alguno debió "intervenir", amparados los trabajadores en su derecho a la libertad sindical.

Sin que la "voluntariedad" declarada por las personas en la entrega de los móviles y autorización de descargade los grupos de chats; NI la intervención directa y exclusiva de la Directora de Servicios Corporativos Dª Sofía desconocida por la Gerencia de EMAYA, eximan a la entidad de su responsabilidad."

Como consecuencia de estos hechos, EMAYA procedió a la apertura de expediente disciplinario y posterior despido de Dª. Sofía”.

Fundamentos jurídicos.

“... La prueba practicada acredita igualmente que la Directora de Servicios Corporativos, Dª. Sofía, ordenó expresamente a la responsable del Departamento Jurídico Dª. Elsa , y ésta a su vez encomendó a la técnica Dª. Tarsila , proceder al examen y revisión del contenido de tales conversaciones, desarrollándose dicha labor durante los días 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de agosto de 2024, analizándose sistemáticamente el contenido de los distintos grupos y remitiendo sucesivas actualizaciones mediante correo electrónico a la Directora de Servicios Corporativos, con copia a la responsable del departamento. Posteriormente, el contenido íntegro de dichos mensajes fue incluso objeto de protocolización notarial con fecha 18 de septiembre de 2024.

Especial trascendencia reviste el hecho de que el acceso empresarial no se limitara a conversaciones mantenidas individualmente por los antiguos afiliados que facilitaron los terminales, sino que alcanzara a grupos privados de comunicación sindical utilizado por la propia Comisión Ejecutiva del sindicato, espacio reservado donde sus dirigentes debatían y compartían cuestiones relativas al funcionamiento interno dela organización, la estrategia sindical y el ejercicio de sus funciones representativas. Se trataba, por tanto, de ámbitos de comunicación completamente ajenos a la empresa, respecto de los cuales ésta carecía de cualquier facultad de intervención o fiscalización.

No puede compartirse que la voluntaria entrega de los terminales por antiguos afiliados pudiera legitimarla conducta empresarial. La eventual disponibilidad individual sobre determinados mensajes no elimina la protección constitucional que ampara el funcionamiento interno del sindicato ni convierte en legítima una actuación empresarial dirigida a conocer el contenido de las deliberaciones reservadas de la organización.

La actuación desplegada por la empresa constituye una auténtica injerencia en la esfera organizativa del sindicato, pues supone la penetración deliberada en un ámbito especialmente protegido del ejercicio de la libertad sindical, afectando directamente a la confianza necesaria para el normal desenvolvimiento de la actividad representativa. La existencia de espacios seguros de comunicación constituye un presupuesto indispensable para que los afiliados o miembros de la ejecutiva puedan expresar libremente sus opiniones y participar en la vida interna de la organización sin temor a que sus manifestaciones sean conocidas por la empresa.

Buena lectura.

miércoles, 18 de noviembre de 2026

Más, e importantes, modificaciones de la normativa laboral. RDL 39/2026, de 17 de noviembre, por el que se modifican el texto refundido de la LET, el RD 902/2020, de 13 de octubre, la LE y el RD 723/2026, de 9 de septiembre. Texto comparado de las introducidas en la LE y en la Ley de contratos del sector público (y IV)

 

1. El Consejo deMinistros   celebrado el 17 de aprobó el Real Decreto-Ley “por el que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea”, que con el número 39/2026   ha sido publicado en el BOE del día 18, estipulándose en su disposición final séptima que entrará en vigor al día siguiente de la publicación, es decir el día 19. 

Se trata, sin duda, de un RDL de indudable importancia, tanto por la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la normativa comunitaria, como por los cambios que se operan y que tienden a reforzar los derechos de las personas trabajadoras y de las representaciones de estas en las empresas. En esta entrada, procedo a la comparación de la modificación introducida en la Ley de Empleo, y también de las que afectan a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2. En la exposición de motivos del RDL se explica la modificación incorporada en la LE en estos términos:

“El artículo tercero prevé la modificación de la Ley 3/2023, de 28 de febrero. El apartado uno introduce una nueva letra g) en el artículo 5, incorporando el principio de transparencia retributiva previa al empleo. A tal efecto, se establece que las ofertas de empleo incluyan información sobre la retribución inicial correspondiente al puesto de trabajo, la prohibición de solicitar a las personas candidatas información relativa a su historial retributivo, y que los anuncios de las vacantes y las denominaciones de los puestos de trabajo sean neutros con respecto al género, con el fin de garantizar la igualdad de retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor. Además, deben facilitarse en un formato accesible para las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas. El apartado dos añade una nueva disposición adicional duodécima, para extender la aplicación del principio de transparencia retributiva previa al empleo al personal empleado público al servicio de las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público, en los términos previstos en la normativa reguladora de dicho personal.  

 

 

LE. Texto en vigor a 18.11

LE. Texto en vigor a partir de 19.11

 

 

Artículo 5. Principios rectores de la política de empleo.

Artículo tercero

 

Uno. Se introduce una nueva letra g) en el artículo 5 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, con la siguiente redacción:

 

«g) El principio de transparencia retributiva previa al empleo. En base a dicho principio las ofertas de empleo deberán incluir la retribución inicial del puesto, basada en criterios objetivos y neutros con respecto al género, y el convenio colectivo que resulte de aplicación. Además, las empresas y los agentes públicos o privados que intervengan en cualquier proceso de intermediación o colocación no podrán hacer a las personas solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores. En todo caso, los anuncios de las vacantes de trabajo y las denominaciones de los puestos de trabajo deben ser neutros con respecto al género, para asegurar el derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, y facilitarse en un formato accesible para las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas. Asimismo, tanto las empresas como los agentes públicos o privados que intervengan en los procesos de selección y contratación, incluidos aquellos en los que utilicen procedimientos automáticos o sistemas algorítmicos, deberán garantizar durante su desarrollo el cumplimiento de los principios de igualdad de trato y no discriminación.»

 

Dos. Se añade una nueva disposición adicional duodécima, que queda redactada como sigue:

 

«Disposición adicional duodécima. Aplicación al personal empleado público al servicio de las Administraciones Públicas.

 

El principio de transparencia retributiva previa al empleo contenido en el artículo 5, letra g) de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo será de aplicación al personal empleado público al servicio de las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público, en los términos previstos en la normativa reguladora de dicho personal.»

 

3. Respecto a las modificaciones incorporadas en la Ley 9/2017, son explicadas en la exposición de motivos en estos términos:

“El apartado uno añade un nuevo párrafo al final del artículo 201 de la referida ley, en aras de garantizar que los órganos de contratación cumplan las obligaciones relacionadas con el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Para ello se incluyen las incorporaciones de previsiones en los pliegos de cláusulas administrativas particulares destinadas a garantizar el cumplimiento de las citadas obligaciones, así como el reconocimiento de penalidades proporcionadas a la naturaleza y gravedad de los incumplimientos.

El apartado dos añade una nueva letra j) al artículo 211.1, recogiendo como causa de disolución del contrato el incumplimiento grave de las obligaciones relacionadas con el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, siempre que bien se acredite la existencia de discriminación retributiva por razón de sexo o bien que se haya producido un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia retributiva.

El apartado tres añade un nuevo párrafo al artículo 212.1, determinando que en los supuestos anteriores el procedimiento de resolución del contrato podrá iniciarse de oficio por el órgano de contratación o a instancia de la representación legal de las personas trabajadoras de la empresa contratista”.

 

Texto en vigor a 18.11

Texto en vigor a partir de 19.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 201. Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artículo 211. Causas de resolución.

 

1. Son causas de resolución del contrato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución. 

 

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.

 

No obstante lo anterior, la resolución del contrato por la causa a que se refiere la letra i) del artículo 211.1 solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio.

 

 

 

 

 

Disposición final segunda. 

 

Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 

Se modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que queda redactada en los siguientes términos:

 

Uno. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 201, con la siguiente redacción:

 

«En particular, los órganos de contratación garantizarán que, durante la ejecución de los contratos y concesiones públicos, los contratistas y subcontratistas cumplan las obligaciones relacionadas con el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, incluidas las obligaciones de transparencia retributiva que les resulten aplicables.

 

A tal efecto, los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán previsiones destinadas a garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones y preverán penalidades proporcionadas a la naturaleza y gravedad de los incumplimientos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

 

Cuando los incumplimientos revistan especial gravedad o sean reiterados, podrá procederse a la resolución del contrato en los términos previstos en el artículo 211.1»

 

Dos. Se añade una nueva letra j) al artículo 211.1, con la siguiente redacción:

 «j) El incumplimiento grave de las obligaciones relacionadas con el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, durante la ejecución del contrato, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 

a) Que se haya acreditado, mediante resolución administrativa o judicial firme, la existencia de discriminación retributiva por razón de sexo que afecte a las personas trabajadoras que participen en la ejecución del contrato.

 

b) Que se haya producido un incumplimiento reiterado de las obligaciones de transparencia retributiva exigibles al contratista, previamente constatado y requerido de subsanación por el órgano de contratación, sin que se haya procedido a su cumplimiento en el plazo establecido.

 

La resolución del contrato exigirá, en todo caso, la previa audiencia del contratista y la valoración de la gravedad del incumplimiento, su persistencia, el número de personas trabajadoras afectadas y las medidas adoptadas para corregirlo.» 


 

Tres. Se añade un nuevo párrafo al artículo 212.1, con la siguiente redacción:

 

 
















«En los supuestos previstos en la letra j) del artículo 211.1, el procedimiento de resolución del contrato podrá iniciarse de oficio por el órgano de contratación o a instancia de la representación legal de las personas trabajadoras de la empresa contratista. En todo caso, deberá darse audiencia a dicha representación con carácter previo a la adopción de la resolución correspondiente»

 

 

Buena lectura.

Más, e importantes, modificaciones de la normativa laboral. RDL 39/2026, de 17 de noviembre, por el que se modifican el texto refundido de la LET, el RD 902/2020, de 13 de octubre, la LE y el RD 723/2026, de 9 de septiembre. Texto comparado de las introducidas en la LISOS (III).

 

1. El Consejo deMinistros   celebrado el 17 de aprobó el Real Decreto-Ley “por el que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea”, que con el número 39/2026    ha sido publicado en el BOE del día 18, estipulándose en su disposición final séptima que entrará en vigor al día siguiente de la publicación, es decir el día 19. 

Se trata, sin duda, de un RDL de indudable importancia, tanto por la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la normativa comunitaria, como por los cambios que se operan y que tienden a reforzar los derechos de las personas trabajadoras y de las representaciones de estas en las empresas. En esta entrada procederé a la comparación de la LISOS vigente y las modificaciones incorporadas en diversos preceptos de la misma.

2. El Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó el mismo día una amplia y detallada notade prensa , explicando el contenido de las muchas modificaciones operadas en varios textos normativos por el nuevo RDL. Respecto a los cambios en la LISOS, la explicación es la siguiente:

“3.- RÉGIMEN SANCIONADOR

 La carencia de información a la persona trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato deja de considerarse una infracción leve, para estar tipificada como una infracción grave.

 El incumplimiento de las obligaciones en materia de planes y medidas de igualdad será considerado como infracción grave.

 Las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción ante una reclamación extrajudicial o judicial efectuada por la persona trabajadora en el ejercicio de sus derechos laborales, se considerará infracción muy grave para blindar la garantía de indemnidad.

 Se tipifica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de facilitar a las personas solicitantes de empleo la información exigida por la normativa aplicable.

 Por último, se considera como infracción muy grave la solicitud de datos prohibidos por la normativa o datos de carácter personal en cualquier proceso de intermediación o colocación, así como aquellas decisiones constitutivas de discriminación para el acceso al empleo”.

 

Texto en vigor a 18.11.

Texto en vigor a partir del 19.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6. Infracciones leves.

 

Son infracciones leves:

 

1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral vigente.

 

2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o no utilizar el modelo de recibo de salarios aplicable, oficial o pactado.

 

 

4. No informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, en los términos y plazos establecidos reglamentariamente.

 

4 bis. La falta de entrega al trabajador por parte del empresario del documento justificativo al que se refiere el artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores.

 

5. No informar a los trabajadores a tiempo parcial, a los trabajadores a distancia, a los trabajadores con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los formativos, y a los trabajadores fijos-discontinuos sobre las vacantes existentes en la empresa, en los términos previstos en los artículos 12.4, 13.3, 15.7 y 16.7 del Estatuto de los Trabajadores.

 

6. Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.

 

 

 

Artículo 7. Infracciones graves.

 

Son infracciones graves:

 

11. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores en los supuestos de contratas al que se refiere el artículo 42.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como del deber de información a los trabajadores afectados por una sucesión de empresa establecido en el artículo 44.7 del mismo texto legal.

 

 

 

13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8. Infracciones muy graves.

 

Son infracciones muy graves:

 

12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15. Infracciones graves

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 16. Infracciones muy graves.

 

1. Son infracciones muy graves:

 

a) Ejercer actividades de intermediación laboral, de cualquier clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores sin haber presentado, con carácter previo a la actuación como agencia de colocación, una declaración responsable, de reunir los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo, o exigir a los trabajadores precio o contraprestación por los servicios prestados.

 

b) (Suprimida)

 

c) Solicitar datos de carácter personal en cualquier proceso de intermediación o colocación o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de edad, sexo, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, opinión política, afiliación sindical, así como por razón de lengua, dentro del Estado español, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

 

c) Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado.

 

 

 

 

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

 

Se modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que queda redactado en los siguientes términos:

 

Uno. Se modifica el artículo 6, con la siguiente redacción:

 

«Son infracciones leves:

 

1. No exponer en lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral vigente.

 

2. No entregar puntualmente al trabajador el recibo de salarios o no utilizar el modelo de recibo de salarios aplicable, oficial o pactado.

 

 

 

 

 

 

 

 3. La falta de entrega al trabajador por parte del empresario del documento justificativo al que se refiere el artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente formales o documentales.»

 

Dos. Se modifica el apartado 11 del artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma:

 

 

 

«11. El incumplimiento del deber de información a las personas trabajadoras en los términos previstos legal, reglamentariamente o por convenio colectivo, así como no informar a las personas trabajadoras o no contestar a sus solicitudes sobre vacantes, en los términos previstos en el artículo 21 bis del Estatuto de los Trabajadores.»

 

Tres. Se modifica el apartado 13 del artículo 7, que queda redactado como sigue:

 

«13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la normativa reglamentaria o el convenio colectivo que sea de aplicación.»

 

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 15 en el artículo 7, con la siguiente redacción:

 

«15. El incumplimiento de las obligaciones en materia de registro retributivo, en los términos establecidos legal o reglamentariamente.»

 

Cinco. Se añade un nuevo apartado 16 en el artículo 7, con la siguiente redacción:

 

«16. El incumplimiento de las obligaciones de información a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva.»

 

Seis. Se modifica el apartado 12 del artículo 8, que queda redactado como sigue:

 

 


«12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas en las condiciones de trabajo, por cualquier causa, condición o circunstancia personal o social prohibida por la normativa laboral.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siete. Se añade un nuevo apartado 12 bis al artículo 8, que queda redactado como sigue:

 

«12 bis. Las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de las personas trabajadoras como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos por la normativa laboral.»

 

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, que queda redactado de la siguiente manera:

 

«1. No facilitar a las personas solicitantes de empleo, con carácter previo a la celebración del contrato de trabajo, la información exigida legal o reglamentariamente.»

 

Nueve. El apartado 1 del artículo 16 pasa a tener una única letra c), con el siguiente contenido:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «c) Solicitar datos prohibidos por la normativa legal o reglamentaria o de carácter personal en cualquier proceso de intermediación o colocación, establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio o adoptar decisiones que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por cualquier causa, condición o circunstancia personal o social, prohibida por la normativa».

 

Buena lectura. Continuará