martes, 17 de noviembre de 2026

Nuevo repaso descriptivo a documentos internacionales sobre la Inteligencia Artificial y su impacto en el mundo del trabajo

 

Pongo a disposición de los lectores y lectoras del blog los resúmenes de tres importantes   informes recientemente publicados que tratan sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, una temática cada vez más difícil de controlar por el muy abundante número de publicaciones existentes sobre esta materia. Se trata de informes publicados por la OCDE, UE y Eurofound.

Buena lectura.

1. OCDE   Inteligenciaartificial y organización del trabajo.    

 

Resumen ejecutivo

La organización del trabajo se refiere a cómo se estructura y gestiona el trabajo dentro de un lugar de trabajo para alcanzar los objetivos de la organización.

Se refiere a cómo se dividen, asignan y ejecutan las tareas, quién toma las decisiones, así como las interdependencias entre los trabajadores.

La organización del trabajo es importante porque impacta tanto en los resultados de los trabajadores como de la empresa. Para las empresas, ciertos aspectos de la organización del trabajo están vinculados a la productividad y la innovación. La organización del trabajo también puede afectar el compromiso y el bienestar de los trabajadores, así como su salud.

Históricamente, la organización del trabajo se ha visto moldeada por sucesivas oleadas de innovación tecnológica. Cada revolución industrial —desde la mecanización y la electricidad hasta la digitalización— ha provocado cambios en la forma en que se realiza y gestiona el trabajo.

Ya existen indicios de que la IA está cambiando las tareas que realizan los trabajadores, cómo las realizan y las habilidades que requieren para ello. También hay indicios de que la IA ayuda en la toma de decisiones y está cambiando la forma en que se gestiona a los trabajadores, incluidas las relaciones que mantienen con sus gerentes. Sin embargo, hasta la fecha, se sabe poco sobre la magnitud y el alcance de estos cambios.

Este documento de trabajo profundiza en la relación entre la IA y la organización del trabajo, revisando la literatura reciente y presentando nuevas evidencias de la Encuesta de Competencias de Adultos (PIAAC) y la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (EWCS). Más específicamente, el documento analiza la relación entre la exposición a la IA y los cambios en la organización del trabajo a nivel ocupacional durante un período de aproximadamente diez años, que abarca la introducción de la IA generativa (de 2011-2012 a 2022-2023 para la PIAAC y de 2015 a 2024 para la EWCS). La organización del trabajo ha cambiado durante este período. Se ha observado una disminución del trabajo físico y manual, mientras que las tareas monótonas y administrativas han aumentado. Además, los trabajadores dedican más tiempo a resolver problemas en el trabajo. Quizás uno de los cambios más significativos sea el aumento de las tareas de procesamiento de información. Algunos aspectos de la discreción, la autonomía y la toma de decisiones de los trabajadores parecen haber mejorado, y el trabajo en equipo y la comunicación se han vuelto más comunes. La IA podría haber influido en estos cambios. Tal vez como se esperaba, los cambios en las tareas físicas y manuales no guardan correlación con la exposición a las tecnologías de IA actuales. Sin embargo, la exposición a la IA parece estar asociada con un mayor aumento en ciertas tareas de procesamiento de información, como escribir y leer memorandos, correos electrónicos e instrucciones. Si bien la exposición a la IA parece estar asociada con la frecuencia de resolución de problemas sencillos, no existe relación con la frecuencia de realización de tareas complejas ni con la resolución de problemas complejos.

Al mismo tiempo, la evidencia no respalda la preocupación de que la IA esté dando paso a una nueva era de taylorismo.

De hecho, hay poca evidencia de que, a partir de 2025, la exposición a la IA esté asociada con cambios significativos en la discreción y autonomía de los trabajadores, ya sean positivos o negativos. En todo caso, la exposición a la IA parece estar asociada con un menor aumento en las tareas monótonas y con un aumento en la satisfacción laboral.

Una limitación del estudio es que analiza la exposición a la IA en lugar de su adopción real, de la cual, lamentablemente, no se dispone de buenas medidas a nivel ocupacional para el período estudiado. Además, el período cubierto por el análisis abarca los primeros años de la introducción de la IA generativa. Por lo tanto, es posible que se detecten impactos más significativos en la organización del trabajo en los próximos años, a medida que la tecnología continúe avanzando y aumente su adopción. También es posible que en ciertos sectores y ocupaciones, la IA ya haya tenido un impacto más significativo en la organización del trabajo que no se refleje a nivel agregado. Sin embargo, los hallazgos del estudio pueden ayudar a explicar por qué, al menos hasta la fecha, el impacto de la IA aún no se ha reflejado claramente en las estadísticas agregadas de productividad. Para que esto ocurra, las empresas que utilizan IA podrían necesitar rediseñar sus procesos y flujos de trabajo de manera más sustancial, de modo que se logre una integración más efectiva de la tecnología en las operaciones de las empresas. De hecho, la evidencia hasta la fecha sugiere que, si bien la IA tiene un amplio alcance de aplicación (es decir, afecta a muchas ocupaciones), su profundidad sigue siendo limitada, ya que solo afecta a una pequeña parte de las tareas en la mayoría de las ocupaciones.

Por último, cabe destacar que, al menos durante el período que abarca este estudio, algunos cambios, como la reducción del trabajo manual y el aumento de la capacidad de resolución de problemas y la autonomía de los trabajadores, se han relacionado mucho más con los cambios en el nivel educativo de la fuerza laboral que con la exposición a la IA.

Si bien no se puede determinar la causalidad de este hallazgo, sí subraya la continua importancia de invertir en educación, formación y desarrollo de habilidades.

 

2. IA y competencias. 2026.

 

ASPECTOS DESTACADOS:

La exposición a la IA ha aumentado en todo el espectro ocupacional, pero su uso no ha seguido el mismo ritmo. En 2024-2025, el 30 % de los trabajadores de la UE declararon utilizar la IA en su puesto de trabajo. Para 2025, el 20 % de las empresas habían adoptado tecnologías de IA.

‣ La adopción de la IA es desigual. El uso por parte de los trabajadores oscila entre cerca del 40 % en el caso de los trabajadores de oficina y profesionales cualificados, y el 6 % en las ocupaciones elementales. La adopción empresarial se concentra en grandes empresas, en unos pocos sectores con una alta intensidad digital y, mayoritariamente, en los Estados miembros del norte de la UE.

‣ La exposición a la IA es mayor en los trabajos de oficina que requieren una alta cualificación. Según los siete indicadores de exposición, los directivos, profesionales, técnicos y personal de apoyo administrativo se sitúan por encima de la media. Entre los trabajadores con estudios superiores, el 77,6 % se encuentra en los dos quintiles de mayor exposición. Las mujeres están sobrerrepresentadas en el tramo inmediatamente inferior al de mayor exposición, principalmente en funciones administrativas y de secretariado.

‣ Exposición no equivale a sustitución. Que la IA potencie o desplace a los trabajadores depende de la complementariedad; es decir, de hasta qué punto el criterio, la responsabilidad y la interacción humana siguen siendo fundamentales para el puesto. Una alta exposición combinada con una alta complementariedad sugiere la necesidad de mejorar las competencias (upskilling) para el uso de la IA dentro de la misma ocupación; por el contrario, una alta exposición con baja complementariedad apunta a un riesgo de sustitución por la IA y a la necesidad de recualificación (reskilling) para otras ocupaciones.

‣ Todavía no hay señales claras de una disrupción en el mercado laboral. En 2024-2025, los datos sobre empleo y ofertas de trabajo en línea muestran una escasa relación con la exposición a la IA. Algunos estudios recientes señalan un impacto negativo en la contratación de perfiles de nivel inicial, mientras que otros atribuyen este fenómeno al efecto del teletrabajo. Ante la ausencia de señales claras de impacto en el mercado, resulta difícil diseñar medidas como itinerarios específicos de recualificación.

‣ Consolidación de la base empírica. Identificar a los trabajadores a los que dirigir las iniciativas de formación requerirá más tiempo y datos nuevos y más detallados. A medida que la adopción se intensifique, será necesario realizar un seguimiento pormenorizado y una monitorización exhaustiva de las señales del mercado laboral.

‣ Por el lado de la oferta, nuevos datos apuntan a un desajuste con las necesidades reales. La oferta de educación y formación relacionada con la IA en la enseñanza superior de la UE se centra principalmente en los programas de máster. Los formatos breves y flexibles de recualificación (*reskilling*) y perfeccionamiento profesional (*upskilling*) —los más necesarios para una mano de obra ya empleada y expuesta a estos cambios— siguen estando comparativamente poco desarrollados. Fuera del ámbito de las TIC, la IA suele integrarse en programas de máster ya existentes, en lugar de impartirse como una asignatura independiente. Esto permite extender las competencias en IA a los negocios, la ingeniería y otras disciplinas no técnicas, lo que contribuye a impulsar la adopción de la IA en toda la economía.

‣ La alfabetización en IA debería servir de base para potenciar competencias transversales y centradas en el ser humano, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo en equipo. Estas competencias cobran cada vez más importancia a medida que la IA transforma la forma en que se organizan y ejecutan las tareas, permitiendo a los estudiantes no solo utilizar herramientas de IA, sino también trabajar eficazmente junto a ellas.

‣ La IA tiene un impacto significativo tanto en los estudiantes como en el profesorado. El uso de la IA y las competencias de los estudiantes deben supervisarse minuciosamente mediante fuentes de datos de alta calidad. Los docentes desempeñan un papel fundamental en la configuración de los resultados de aprendizaje de los estudiantes; no obstante, pueden encontrar dificultades a la hora de transmitir la alfabetización en IA o de adaptar sus prácticas pedagógicas y de evaluación. Estas adaptaciones requieren un sólido respaldo político.

‣ La integración de la IA en la Formación Profesional (FP) supone una transformación del sistema, no una mera adquisición de tecnología. Este proceso debe combinar la capacitación docente, la infraestructura, la colaboración con los empleadores, el apoyo de entidades intermedias y el reconocimiento flexible de competencias. Asimismo, es necesario ampliar modelos de formación regionales y sectoriales que hayan demostrado su eficacia, como los respaldados por el «Pacto por las Capacidades» (*Pact for Skills*). Ya existen ejemplos prácticos: en el caso de los adultos, iniciativas como la asociación ARISA (en el marco del Pacto por las Capacidades), la «AI Skills Academy» y la «Iniciativa Nacional de Perfeccionamiento en IA» de Finlandia demuestran cómo se aplica en la práctica el marco de competencias de la UE.

 

Conclusiones

La evidencia recopilada en este informe abarca el periodo hasta 2025 y, hasta la fecha, no muestra un desplazamiento generalizado de trabajadores por parte de la IA en el conjunto de la economía. Lo que ocurra a medida que la adopción se intensifique es una cuestión distinta, y la evidencia aquí presentada no ofrece una respuesta definitiva en ningún sentido. El informe sí identifica, no obstante, una serie de brechas: entre el uso potencial de la IA (exposición) y lo que los trabajadores y las empresas ya están haciendo con ella (adopción); entre las ocupaciones protegidas por el juicio humano y la interacción interpersonal, y aquellas que quedan expuestas con escasa complementariedad; entre el marco normativo y su implementación real; y entre el ritmo de difusión de la IA y la velocidad a la que se adaptan los sistemas de educación y formación. Cada una de estas brechas define un ámbito específico para la intervención política.

Cerrar la brecha de adopción. Unas medidas políticas bien diseñadas podrían ayudar a mitigar los obstáculos que enfrentan las empresas al invertir en IA, permitiendo que las pymes amplíen sus esfuerzos de adopción más allá de la simple experimentación con herramientas ya existentes en el mercado. Una mayor difusión de ejemplos de buenas prácticas podría mejorar la comprensión de lo que la IA puede ofrecer, mientras que la formación práctica —dirigida a directivos, personal y profesionales de TI— dotaría a las empresas de las competencias necesarias para un despliegue exitoso y seguro de la IA. Asimismo, fomentar la autonomía de los trabajadores podría incentivar un mayor uso de herramientas de IA en el entorno laboral.

Aunque existen proveedores de IA con sede en la UE, el mercado sigue concentrado en manos de empresas estadounidenses y chinas. Si los proveedores europeos no logran una mayor adopción, las políticas orientadas a impulsar el uso de la IA podrían, en realidad, acentuar esta dependencia.

Ajustar la respuesta al tipo de exposición. La exposición por sí sola no determina qué tipo de respuesta es necesaria; lo que la define es la complementariedad. Cuando la exposición y la complementariedad son elevadas, la composición de las tareas cambia, pero la ocupación se mantiene. En este caso, la respuesta adecuada es la mejora de las competencias (*upskilling*) dentro de la propia ocupación, de modo que los trabajadores aprendan a aplicar la IA en su profesión actual. Por el contrario, cuando la exposición es alta pero la complementariedad es baja, resulta más pertinente la recualificación (*reskilling*) para otras ocupaciones, dado que el trabajo cuenta con pocos elementos que lo protejan frente a la sustitución. Esta distinción es fundamental para el diseño de políticas, ya que cada escenario requiere enfoques, plazos y mecanismos de financiación diferentes; tratar a todos los trabajadores expuestos como un grupo homogéneo conlleva el riesgo de ofrecer una respuesta inadecuada. La falta de claridad sobre el impacto en el mercado laboral a nivel ocupacional dificulta la implementación de políticas específicas —como itinerarios concretos de recualificación o medidas de protección social—, debido a la complejidad de identificar qué puestos de trabajo corren riesgo de ser desplazados.

Consolidar la base empírica. Se requieren métodos analíticos y datos adicionales para mejorar la identificación de los trabajadores a quienes deben dirigirse las iniciativas de formación. A medida que se intensifique la adopción de la IA, será necesario realizar un seguimiento continuo de la contratación, los salarios, las ofertas de empleo y la escasez de competencias según el grado de exposición a esta tecnología; esto permitirá ajustar las respuestas políticas basándose en pruebas sólidas.

Alinear la educación y la formación con la demanda de competencias impulsada por la IA. La UE debe seguir apoyando a los sistemas educativos y de formación para que respondan a la IA de una manera ética, intencionada y centrada en el ser humano, garantizando al mismo tiempo la adquisición de competencias digitales, incluida la alfabetización en IA. Si bien la IA puede enriquecer la enseñanza y el aprendizaje, su uso acrítico o inadecuado podría perjudicar el desarrollo cognitivo de los jóvenes, la adquisición de competencias fundamentales y sus perspectivas laborales futuras. Los docentes desempeñan un papel central en el uso eficaz de la IA en las aulas; por ello, requieren un apoyo sólido para integrarla adecuadamente en su práctica pedagógica. Esto exige políticas e inversiones que refuercen la formación inicial docente de alta calidad y el desarrollo profesional continuo, promoviendo a su vez el uso de herramientas de IA pedagógicamente adecuadas y fundamentadas.

Los responsables políticos deberían evaluar si el equilibrio actual entre los programas de máster y los cursos de corta duración es suficiente para satisfacer las necesidades de la mano de obra y de la sociedad. Cabe señalar que la recualificación de los trabajadores en activo depende en gran medida de una oferta de formación breve, la cual sigue estando comparativamente poco desarrollada en Europa.

La integración de la IA en la educación y formación profesional (EFP) debe abordarse como una transformación sistémica, y no simplemente como un proceso de adquisición de tecnología. Este enfoque requiere combinar la capacitación docente, la infraestructura, la colaboración con los empleadores, el apoyo de entidades intermedias y el reconocimiento flexible de competencias; asimismo, implica promover modelos de impartición —ya validados a escala regional o sectorial—, tomando como referencia las buenas prácticas nacionales y regionales, tal como ejemplifica la iniciativa «Pacto por las Capacidades» (Pact for Skills).

 

3. Gestión algorítmica en los centros de trabajo europeos: un reportaje digital.

 

Introducción. 

La gestión algorítmica consiste en el uso de tecnologías digitales para automatizar total o parcialmente las funciones de gestión, incluyendo la organización, coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación del trabajo. Si bien originalmente se asociaba con las plataformas digitales de trabajo, el término ahora se entiende como aplicable a un ámbito laboral más amplio.

 

Aunque la gestión algorítmica puede mejorar la eficiencia y la gestión de riesgos y, en algunos sectores, como los servicios financieros y el transporte, puede estar impulsada por el cumplimiento normativo, también presenta desafíos y posibles inconvenientes. Si bien la evidencia cuantitativa basada en encuestas representativas es relativamente limitada, existe un creciente número de investigaciones —principalmente estudios cualitativos— que vinculan la gestión algorítmica con la intensificación del trabajo, el aumento de la presión de tiempo y la reducción de la autonomía de los trabajadores. La evidencia existente también sugiere que los efectos dependen de los recursos laborales disponibles para los trabajadores, como la autonomía, el apoyo organizacional y el uso de habilidades, que pueden mitigar los posibles impactos adversos.

 

Este informe contribuye al debate político actual presentando los resultados del análisis de los datos de la Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo 2024, con especial atención a la gestión algorítmica en los centros de trabajo europeos. En este informe, la gestión algorítmica se mide según si los empleados informan que se utilizan programas informáticos en el trabajo para asignar sus tareas, determinar sus horarios (planificación) o supervisar su desempeño. Esta operacionalización simplificada abarca tres funciones básicas de la gestión algorítmica, pero no proporciona una definición exhaustiva del concepto. El análisis se limita a los empleados, examinando tanto la prevalencia de la gestión algorítmica como su relación con las condiciones laborales y la salud y el bienestar de los empleados.

 

Para investigar la asociación combinada de la gestión algorítmica, los recursos laborales y las exigencias laborales con los resultados de salud y bienestar, este informe se basa en el concepto de estrés laboral, definido como una situación en la que las exigencias laborales superan los recursos laborales. Los empleados se distribuyen en una gama de perfiles de calidad laboral, desde trabajos con alto estrés, caracterizados por altas exigencias y recursos limitados, hasta trabajos con abundantes recursos, caracterizados por un equilibrio más favorable entre exigencias y recursos.

 

 

Principales conclusiones:

La gestión algorítmica es más frecuente entre los empleados administrativos, técnicos y operarios de maquinaria y plantas industriales. En estas ocupaciones, la asignación automatizada de tareas y la supervisión del rendimiento son las funciones de gestión algorítmica más comunes, mientras que la planificación automatizada es considerablemente menos frecuente. Los directivos, profesionales, trabajadores de servicios y ventas, artesanos, trabajadores de ocupaciones elementales y, especialmente, los trabajadores agrícolas cualificados, informan de niveles más bajos de gestión algorítmica en general. La planificación automatizada también se distribuye de forma más uniforme entre las distintas ocupaciones que las otras dos funciones.

En los sectores con mayor prevalencia de gestión algorítmica —finanzas e inmobiliario, información y comunicaciones, y transporte y almacenamiento—, la monitorización del rendimiento y la asignación automatizada de tareas son las funciones más frecuentemente reportadas, mientras que la planificación automatizada está menos extendida. Por el contrario, estas tres funciones son relativamente poco comunes en educación, agricultura y minería, y construcción.

 

De las tres funciones de gestión algorítmica, la asignación automatizada de tareas es el predictor más sólido de la transformación laboral, incluyendo la creación de nuevas tareas, la eliminación de otras y una mayor interacción con los compañeros. La planificación automatizada y la monitorización del rendimiento muestran asociaciones similares, aunque más moderadas, con la transformación laboral.

 

El uso de las tres funciones de gestión algorítmica se asocia con mayores exigencias laborales, especialmente cuantitativas (que miden la intensidad del trabajo). Los empleados sujetos a gestión algorítmica también tienen más probabilidades de experimentar estrés laboral que aquellos que no lo están. Entre las tres funciones analizadas, la monitorización del rendimiento destaca como la que se asocia de forma más consistente con peores resultados en salud y bienestar, y parece amplificar, en cierta medida, los efectos adversos del estrés laboral existente en trabajos ya exigentes.

Que la gestión algorítmica mitigue o agrave estos resultados negativos depende de la función algorítmica específica: la asignación automatizada de tareas no alivia ni agrava la tensión laboral; la planificación automatizada tiene un efecto atenuante marginalmente significativo para los empleados con trabajos estresantes; y la monitorización del rendimiento agrava significativamente los efectos negativos de la tensión laboral, aumentando aún más el agotamiento y el conflicto entre el trabajo y la familia, y reduciendo la implicación laboral.

 

Recomendaciones políticas

La gestión algorítmica no está distribuida de manera uniforme entre los sectores, las ocupaciones y los Estados miembros de la UE, ni constituye un conjunto uniforme de prácticas; más bien, abarca una amplia gama de funciones de gestión y aplicaciones organizativas. Si bien es fundamental contar con protecciones básicas comunes, su implementación puede apoyarse mediante el diálogo social, la negociación colectiva, la orientación práctica y ejemplos de buenas prácticas que reflejen las diferentes formas en que se utiliza la gestión algorítmica.

El seguimiento continuo y las comparaciones entre los Estados miembros pueden contribuir a fortalecer la formulación de políticas basadas en la evidencia. Al mismo tiempo, se necesita una mayor inversión en el análisis de las prácticas empresariales para comprender mejor cómo se implementan e integran las funciones de gestión algorítmica en la organización del trabajo, incluyendo cómo interactúan y se combinan las diferentes herramientas y prácticas para influir en los resultados laborales.

 

La gestión algorítmica forma parte de la transformación digital del trabajo. En este análisis, se asocia con mayores exigencias laborales, especialmente cuantitativas, y una mayor tensión laboral, mientras que su relación con el acceso a los recursos laborales es más compleja. A medida que se expande su adopción, se debe prestar atención a las implicaciones para la calidad del empleo, asegurando que su implementación vaya acompañada de recursos laborales adecuados, apoyo a los empleados y garantías para unas condiciones de trabajo saludables.

 

El seguimiento del rendimiento es la forma más extendida de gestión algorítmica y está vinculado a mayores exigencias, menos recursos y peores resultados en materia de salud y bienestar, especialmente para los trabajadores que ya están sometidos a estrés. Las garantías deben asegurar la transparencia sobre qué se supervisa, cómo se utilizan los datos y cómo se toman las decisiones. La aplicación rigurosa de las leyes laborales y de protección de datos, junto con la implementación efectiva de los derechos existentes a la información, la consulta y la negociación colectiva, es esencial para garantizar que el monitoreo del desempeño algorítmico sea justo y proporcionado.

 

Es fundamental asegurar la implementación e integración responsables de las funciones de gestión algorítmica dentro de los procesos organizacionales y los sistemas digitales mediante marcos de gobernanza, evaluaciones de impacto y la participación de los empleados. Cuando se identifiquen riesgos relevantes, las organizaciones deben implementar salvaguardias apropiadas en consonancia con la legislación vigente en materia laboral, de protección de datos y de IA. La gestión algorítmica puede reconfigurar las tareas y la organización del trabajo, lo que requiere un rediseño de los puestos centrado en las personas para alinear las ganancias de productividad con el bienestar de los empleados, con el apoyo de directrices políticas y mecanismos de consulta.

 

 

 

domingo, 15 de noviembre de 2026

Del 10.3.2022 al 5.10.2026. Despido. Citaciones incorrectas por “falta de diligencia” del Juzgado, y una nueva vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Notas a la sentencia del TC núm. 66/2026 de 5 de octubre.


1. El Boletín Oficial del Estado publicó el 12 de noviembre, en la sección del Tribunal Constitucional, la sentencia núm. 66/2006de 5 de octubre  , dictada por la Sala segunda y siendo ponente de la misma la magistrada Laura Díez, en la que estima el recurso de amparo interpuesto por la parte empresarial por haber visto vulnerado su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Social de Mucia que conoció de la demanda interpuesta por una trabajadora de aquella en procedimiento por despido.

Según puede leerse en el resumen oficial de la sentencia, la vulneración se produjo por no haberse intentado la notificación “en el domicilio que figuraba en el escrito de demanda, la carta de despido y el contrato de trabajo”. Más concretamente, el recurso se interpuso, el 27 de junio de 2025, contra “el auto núm. 115/2025, de 5 de junio, del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones, recaído en la pieza de nulidad de actuaciones ordinarias núm. 2-2025 dimanante del procedimiento de despido núm. 216-2022”. Es decir, han transcurrido cuatro años y medio desde que se interpuso la demanda hasta que el TC ha dictado su sentencia.

Ya adelanto que en esta ocasión, la estimación del recurso de amparo conlleva sólo el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, sin necesidad de declarar la nulidad ni retroacción de las actuaciones judiciales al  por cuanto  podemos conocer en el apartado 2 de los antecedentes que “mediante auto de 18 de noviembre de 2025, el Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia acordó la homologación del acuerdo alcanzado entre las partes en seno del procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 117-2024”.  Es decir, tal como recoge el último párrafo del fundamento jurídico 3, el citado acuerdo llevó al archivo del procedimiento de ejecución con la conformidad de ambas partes, por decreto de 3 de julio de 2026”.  

2. La temática objeto del recurso de amparo ha sido objeto de mi atención en varias entradas anteriores del blog. Baste ahora la referencia a la entrada “Un nuevo caso de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en sede judicial laboral. Desestimación irrazonable del incidente de nulidad de actuaciones. Notas a la sentencia del TC núm. 156/2025 de 6 de octubre (y un apunte sobre la núm. 153/2025, de inadmisión por no agotamiento de los recursos)”  , de la que reproduzco unos fragmentos:

“Al entrar en la resolución del litigio, el TC sitúa primeramente cuál es el objeto del recurso y las posiciones de las partes, así como recuerda cuál es la tesis del Ministerio Fiscal.

Procede a continuación a un detallado recordatorio de la doctrina constitucional sobre el art. 24.1 CE, en concreto sobre el emplazamiento por edictos y la tutela judicial efectiva e interdicción de la indefensión, subrayando que “la importancia de la correcta realización de los actos de comunicación procesal se acentúa cuando se trata del emplazamiento, citación o notificación de quien debe o puede ser parte en el procedimiento, porque en este caso el acto de comunicación es el instrumento que permite su defensa en el juicio”, y concretando que ya se pronunció al respecto en una sentencia que resolvió “un caso análogo al examinado en la presente resolución”, la núm. 41/2023 de 8 de mayo , de la que fue ponente la magistrada Laura Díez.

Más adelante, efectúa el mismos recordatorio sobre la doctrina constitucional sobre el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho , de la que considero importante retener su manifestación de que “no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones judiciales que a primera vista, y sin necesidad de un mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas”.

2. Estamos, una vez más, ante un caso de citación incorrecta de la parte empresarial en un procedimiento judicial instado por la parte trabajadora, que no es imputable a esta por cuanto facilitó, en el escrito de demanda, la dirección del domicilio social de la parte demanda, y añadió otra dirección “como quiera que dicho domicilio ha resultado ‘desconocido’ en el intento de emplazamiento para el acto de conciliación”, se indicaba como «domicilio a efectos de notificaciones». Consta (ver antecedente 1) que esta dirección “figuraba en la carta de despido, aportada como documento núm. 4 de la demanda, y también coincidía con la ubicación del centro de trabajo según el contrato de trabajo temporal suscrito, acompañado como documento núm. 2 con la demanda”.

En dichos antecedentes tenemos conocimiento de que la demanda fue admitida por decreto de 11 de abril de 2022, acordando citar a las partes para los actos de conciliación y de juicio el día 16 de febrero de 2023. Que se realizó un primer intento de notificación a la parte empresarial en el domicilio citado en primer lugar, con el resultado de “ausente”, y tras un segundo intento que concluyó con el mismo resultado “se dejó el correspondiente aviso en buzón”. Por fin, el tercer intento de notificación en la citada dirección se saldó con el mismo resultado negativo por “desconocido”.

El JS practicó una consulta de domicilio de la demandada a través del Punto Neutro Judicial (“red de servicios que ofrece a los órganos judiciales los datos necesarios en la tramitación judicial mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos del propio Consejo, de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones con objeto de facilitar y reducir los tiempos de tramitación, de aumentar la seguridad, y de mejorar la satisfacción de los usuarios”)  , obteniéndose del INE una nueva dirección (distinta tanto de la primera como de la segunda), en la que se practicó un intento de notificación a través de correo certificado, con resultado “desconocido”. El paso siguiente fue dirigir exhorto (vid. art. 169 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) al Juzgado Decano de Lorca para que procediera a la notificación personal de la parte empresarial en la referida dirección, que “nuevamente resultó infructuosa”. Tras todos los intentos fallidos de citación, se acordó proceder a esta por medio de edicto “a publicar en el tablón edictal judicial único del Boletín Oficial del Estado” 

Si seguimos con la lectura de los antecedentes, conocemos que el acto de conciliación se tuvo por intentado sin efecto al no comparecer la parte demandada. Celebrado el acto del juicio, igualmente sin presencia de la parte demandada, se dictó sentencia el 19 de diciembre de 2023, por la que se estimó la demanda y se declaró la improcedencia del despido, y “vista la imposibilidad de readmitir y la solicitud de la parte actora, resuelvo con la fecha de esta Sentencia la relación laboral y condeno a la empresa al pago al actor de las cantidades que se dirán”, condenando de forma subsidiaria al Fondo de Garantía Salarial por las cantidades adeudadas (indemnización, salarios de tramitación, y  cantidades adeudadas).

Sigamos el iter procesal. Se intento la notificación de la sentencia a la parte empresarial en el primer domicilio indicado en la demanda con “resultado desconocido”, y después en edicto publicado en el tablón edictal judicial único. Su firmeza fue declarada mediante diligencia de ordenación de 14 de octubre de 2024.

El paso siguiente fue la presentación por la parte demandante de demanda de ejecución ordinaria, que llevó al JS actuante a dictar auto de 4 de diciembre de 2024 despachando ejecución frente a la parte empresarial, notificado también a través de edictos.

Tras haber tenido conocimiento la parte empresarial del embargo de sus cuentas bancarias, se personó en el procedimiento por despido e interpuso incidente de nulidad de actuaciones (vid. art. 241.1 LOPJ: “No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario”), con solicitud de declaración de nulidad de todo el procedimiento y de la sentencia, “a fin de que se repusieran las actuaciones al momento anterior al emplazamiento por edictos”. Para fundamentar su petición alegó vulneración de su derecho a la tutela judicial, “al haber acudido el órgano judicial a su emplazamiento mediante edictos, sin intentar la notificación personal en la dirección expresamente designada por la demandante en el escrito de demanda (avenida de las Fuerzas Armadas núm. 18, de Lorca, Murcia)”.

El incidente de nulidad de actuaciones fue desestimado por auto de 5 de junio de 2025, con ratificación de la sentencia. Los argumentos del JF fueron dos: en primer lugar, que no se había agotado el trámite de recurso ordinario, ya que no se había interpuesto recurso de suplicación; en segundo término, que

“...que se intentó la notificación en el domicilio que figuraba en el contrato de trabajo y en las nóminas extendidas a la trabajadora. Asimismo, indicó que no podía pretenderse una búsqueda detectivesca del domicilio de la empleadora por parte del trabajador y del órgano judicial, cumpliéndose con la citación a través del domicilio social que le consta a través de la documentación elaborada por la propia mercantil y también cumpliéndose por el juzgado con el intento de citación en el domicilio social fijado libremente por el empleador. Adujo también que, si había cambiado su domicilio social, debió haberlo comunicado a la trabajadora y que, cumplido el trámite por el órgano judicial, «las razones por las cuales la empresa no recibe las notificaciones en el domicilio que libremente señala como domicilio social son de su exclusiva responsabilidad” (la negrita es mía).

3. El recurso de amparo sostuvo la vulneración del art. 24.1 CE, insistiendo en que el órgano judicial, antes de acudir a los edictos, “debió haber intentado la notificación personal en el domicilio que se había indicado en la demanda, en el que desarrolla su actividad profesional, y que además era la dirección que figuraba tanto en la carta de despido como en el contrato de trabajo, ambos documentos aportados con la demanda” (la negrita es mía).

A los efectos de cumplimentar el requisito requerido por el art. 50. 1 b) de la LOTC, argumento que en sus resoluciones el JS “incurrió en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina constitucional”.

En su trámite de alegaciones (vid. antecedente 8) el Ministerio Fiscal solicitó la estimación del recurso. Tras un amplio repaso de la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aceptó que el JS no había estado pasivo a la hora de intentar comunicar sus resoluciones a la parte demandada, si bien,

“... lo decisivo y reprochable ... que el órgano judicial no intentara la notificación en el segundo domicilio consignado en la demanda. El órgano judicial no necesitaba desarrollar ninguna labor «detectivesca» para conocer esta dirección, pues se la había proporcionado la demandante. La no utilización del domicilio indicado en la demanda constituye una negligencia del órgano judicial, que pudo reparar con ocasión del incidente de nulidad de actuaciones y, sin embargo, no lo hizo, manteniendo la vigencia de lo acordado al denegar la nulidad.”

Añadiendo que

“... la actividad del órgano judicial no colmó los cánones de «sacrificio» que le eran exigibles. Todo ello no constituyó una mera infracción de las normas procesales, sino que causó indefensión material a la recurrente en amparo, que solo tuvo conocimiento del asunto en fase de ejecución de sentencia, cuando se acordó el embargo de sus cuentas corrientes, cuando ya no era posible desplegar ninguna actividad de defensa frente a la reclamación instada en dicho proceso”.

En su trámite de alegaciones, la parte recurrida interesó la desestimación del recurso, por considerar que el órgano judicial intentó activamente la comunicación de sus resoluciones. A su parecer,

“existió una actividad real y objetivamente encaminada a la localización personal de la demandada antes de acudir a los edictos. Por lo tanto, la exigencia constitucional de desplegar esfuerzos razonables y proporcionados de localización debe considerarse satisfecha en el presente caso”.   

4. Al entrar en la resolución del recurso, el TC recuerda cuál es su objeto y cuáles son las pretensiones de las partes. Inmediatamente a continuación, y es sin duda a mi parecer la parte doctrinal más relevante de la sentencia, la Sala pasa amplia revista a su doctrina constitucional sobre el art. 24.1 CE “en relación con los actos de comunicación procesal”, de la que resalto en especial que el TC insiste

“... en la necesidad de que el órgano judicial agote las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir a la notificación por edictos. Por ello, cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible la notificación personal al demandado, esta debe intentarse antes de acudir a la notificación por edictos... e incluso cuando no conste ese domicilio en las actuaciones, el órgano judicial deberá realizar otras gestiones en orden a la averiguación del domicilio real del demandado, siempre que ello no suponga exigirle una desmedida actividad investigadora...”

5. La aplicación de su consolidada jurisprudencia llevará al TC a la estimación del recurso, al concluir que sus resoluciones no satisficieron ““las exigencias constitucionales a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo”. Reconoce, al igual que lo hizo el Ministerio fiscal, que el JS “no permaneció absolutamente pasivo”, pero ello no obsta a declarar que     incurrió “en una evidente falta de diligencia que cabe calificar como constitucionalmente relevante”, ya que del examen de las actuaciones se revela que el órgano judicial

“... no solo obvió el domicilio a efectos de notificaciones, identificado como tal expresamente en el escrito de demanda y que además figuraba en la carta de despido y en el contrato de trabajo, sino que además intentó la práctica de las notificaciones en una dirección donde ya había resultado imposible la localización de la recurrente en amparo durante la conciliación previa a la vía jurisdiccional social” (la negrita es mía). Disponiendo, como así era, de una información que le permitía practicar las notificaciones con expectativa, cuando menos, de resultado satisfactorio, obvió tal posibilidad y “reiteró varios intentos de notificación en una dirección donde ya se sabía que comunicaciones anteriores habían resultado infructuosas y practicó una averiguación domiciliaria totalmente innecesaria, sin agotar previamente el domicilio indicado por la propia demandante”.

En definitiva, la conclusión a la que llega la Sala antes de proceder a la estimación del recurso, es que “... la cuestión no radica en que resultara exigible una labor investigadora adicional o exhaustiva por parte del órgano judicial, sino en no haber utilizado de forma razonablemente diligente la información que ya obraba en las actuaciones”.  De ahí que

“... el juzgado causó a la recurrente en amparo una indefensión constitucionalmente relevante al tramitar sin su conocimiento el procedimiento de despido núm. 216-2022 en su integridad, impidiéndole desplegar cualquier posibilidad de defensa en el mismo. Solo tuvo conocimiento del proceso en fase de ejecución, con ocasión del embargo de sus cuentas bancarias, cuando la sentencia ya había sido dictada. En consecuencia, la falta de diligencia del órgano judicial a la hora de realizar el emplazamiento de la recurrente en amparo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE)”.

Buena lectura.  

   

 

sábado, 14 de noviembre de 2026

¿El TS (C-A) contra la ITSS? TS (C-A) y la ITSS: ¿(no) amigos para siempre? El impacto de la sentencia 441/2026 de 14 de abril de 2026 (ponencia UPIT).

 

1. Los días 12 y 13 de este mes se han celebrado en Santa Cruz de Tenerife las “Jornadas por un trabajo digno”, organizadas por la Unión progresista de Inspectores de Trabajo(UPIT)  , con el título “Inspección,justicia y derechos en el siglo XXI”    , con cuatro sesiones dedicadas a temáticas de indudable interés, y no únicamente para quienes forman parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En efecto, el día 12 estuvieron dedicadas a “La actuación de la IT ante el acoso, dificultades y retos” y a “IT y Justicia: del caso Ardystil a la STS 441/2026. Actuación inspectora, garantía y tutela de los derechos fundamentales”, y el día 13 a “Trabajo forzoso: la última frontera”, y “Habitaciones con derechos. Paso y presente de las camareras de pisos”.  

La organización tuvo la amabilidad de invitarme a la participación en la segunda sesión, compartiéndola con Javier Calderón    , Dirección territorial de la ITSS en la CC.AA de Castilla y León, y moderados por Iciar González   , subdirectora de la IT del País Vasco. Fue un placer volver a participar en unas Jornadas de la UPIT, ocho años después de las que tuvieron lugar en Santiago de Compostela en mayo de 2018   y, que, tal como se explicaba en su resumen, se centraron entonces

“en uno de los desafíos más relevantes del mercado laboral contemporáneo: las nuevas formas de elusión del Derecho del Trabajo derivadas de la digitalización y los cambios en la organización productiva. El eje central del encuentro fue el análisis de modelos laborales emergentes, especialmente aquellos vinculados a plataformas digitales, que operan bajo esquemas de aparente autonomía pero que, en la práctica, reproducen relaciones de dependencia laboral. Este fenómeno plantea un riesgo estructural de precarización, debilitamiento de derechos laborales y reducción de cotizaciones al sistema de Seguridad Social. Desde una perspectiva jurídica, se abordó la progresiva “huida del Derecho del Trabajo”, entendida como la desregulación o reinterpretación de las relaciones laborales para reducir costes empresariales, en muchos casos amparándose en nuevas tecnologías o modelos organizativos”.

Tal como se recoge en el resumen de las Jornadas , expuse que

“... las relaciones de trabajo siguen siendo conflictivas, la desigualdad de partes sigue existiendo, la subordinación al poder de dirección organización y disciplinario del empleador, también; la reformulación del presupuesto substantivo de la ajenidad, para atender a las nuevas (algunas no tanto, ni mucho menos) realidades laborales basadas en aplicaciones informáticas, no obsta a que este siga existiendo. Y, más allá, aquello que se considera del todo punto necesario es que toda persona trabajadora, asalariada o autónoma, tenga unos derechos laborales y de protección social garantizados. O, al menos, es lo que defendemos quienes creemos que la existencia de tales derechos garantiza, mínimamente al menos, la necesaria cohesión social que debe existir en toda sociedad democrática”.

2. En la ponencia presentada el 12 de noviembre desarrollé y amplié mi análisis crítico efectuado en el artículo   , publicado en este blog el 3 de mayo, ya que con posterioridad se dictó el auto de 9 de junio. Igualmente, dediqué mi atención en mi exposición a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, poniendo de manifiesto una visión claramente diferente de aquella que tuvo el TS (C-A) en su sentencia.

Queda pendiente ahora de conocer si el recurso interpuesto por la abogacía del Estado ante el TC contra la sentencia de 14 de abril y el posterior auto de 9 de junio será admitido a trámite, es decir si se aprecia que cumple con el requisito regulado en el art. 50 .1 b) de la LOTC (“Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”), y si ello ocurre cómo se pronunciará el TC al respecto.

3. Mientras tanto, recuerdo que la sentencia del TC ha merecido un análisis claramente crítico por parte de la comunidad jurídica laboralista, con alguna excepción, que se ha pronunciado al respecto. Al respecto son de indudable interés los artículos que cito a continuación:

A) Faustino Cavas Martínez: “Actuación de la Inspección de Trabajo e inviolabilidad del domicilio de las sociedades mercantiles”  

Para el profesor Cavas, “Prima facie, la STS supone un claro escoramiento hacia el principio de seguridad jurídica de las empresas, en detrimento del control de legalidad que ejerce la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. Con su doctrina, sale reforzado el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas frente a la invasión de terceros, pero pierde agilidad y eficacia el desenvolvimiento de la potestad pública inspectora en la rama social del derecho cuando se trata de verificar in situ incumplimientos por parte de las empresas.

Se podrá decir que el propósito de la Sala Tercera del TS no ha sido convertir cualquier centro de trabajo en un espacio inmune a la actuación inspectora, sino mantener un adecuado equilibrio entre potestad administrativa y derechos fundamentales, avanzando en términos de seguridad jurídica, previsibilidad y tutela frente a posibles excesos.  Pero lo que resulta incuestionable es que, de aplicarse estrictamente su doctrina, la labor de fiscalización que tiene asignada legalmente la ITSS, velando por la garantía de una efectiva aplicación de los derechos de las personas trabajadoras, se va a complicar considerablemente al generalizarse la obligación de solicitar una autorización judicial para poder entrar en las dependencias de muchas pymes en las que se solapan centro de trabajo y domicilio social (con el riesgo de que otras los hagan  coincidir, a medida que se vaya difundiendo esta jurisprudencia, con el único propósito de dificultar la actuación inspectora)”.

B) Carolina Martínez Moreno: “El cara a cara del Tribunal Supremo y la Inspección deTrabajo y Seguridad Social: ¿Y ahora qué señorías?”  

Para la profesora Martínez, “... En la esfera de los efectos prácticos, seguramente los más inquietantes, existe unanimidad en que esta doctrina pone en grave riesgo, no ya la efectividad, sino la posibilidad misma de la actuación inspectora. Máxime cuando más del 90% de las empresas así catalogadas oficialmente en nuestro país son pymes o microempresas. Lo que implica que en la mayor parte de los casos se dará esa coincidencia entre el centro y lugar de trabajo de las personas trabajadoras y la sede o domicilio social de la entidad empleadora. Y si la ITSS tiene a partir de ahora que claudicar de sus prerrogativas legales, condición imprescindible para la posibilidad de ejercitar con un mínimo de posibilidades de éxito sus trascendentales facultades y atribuciones, y solicitar la autorización judicial para la mayor parte de sus actuaciones, no es difícil de pronosticar un colapso de la inspección –ya de por sí magra de medios—, pero también de los juzgados y tribunales, no menos afectados de congestiones y bloqueos por sobrecarga de trabajo...”.

C) Adrián Todolí Signes: “La Inspección de trabajo requiere de autorizaciónjudicial para entrar en el centro de trabajo si este es el domicilio social dela empresa también (STS (3ª) 14/4/2026)” 

Para el profesor Todolí, “En primer lugar, no resulta evidente que la protección del domicilio de las personas jurídicas deba equipararse a la de las personas físicas, dado que el fundamento del derecho —la intimidad personal y familiar— no concurre en los mismos términos.

En segundo lugar, la propia Constitución establece que las normas deben interpretarse conforme a los tratados internacionales ratificados por España (art. 10.2 CE), lo que refuerza la necesidad de tener en cuenta instrumentos como el Convenio núm. 81 de la OIT.

Desde esta óptica, no puede descartarse una interpretación conforme a la Constitución del artículo 13.1 de la Ley 23/2015, que permita el acceso de la Inspección de Trabajo en los términos previstos por el legislador”.

D) José Luís González Pérez. “Exigencia de autorización judicial en el desempeñode la actuación inspectora. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo1582/2026” 

Como Inspector de Trabajo y Seguridad Social es muy crítico con la sentencia, ya que   la califica como “un pronunciamiento judicial polémico, ajeno a la realidad práctica y que supone un ataque al ejercicio de la labor inspectora, ya que dificulta la protección de los derechos laborales de los trabajadores y atenta contra uno de los principios básicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que consiste en la promoción de un trabajo decente y en la consecución de la justicia social”.

E) Sergio Sáez Gilabert: “Interpretación conforme o creacionismo judicial: notas a la STSde 14 de abril de 2026” 

También como Inspector de Trabajo y Seguridad Social es muy crítico con la sentencia, enfatizando que “... la inmediatez y el factor sorpresa son con frecuencia elementos funcionales a esa actividad. Convertir en regla la necesidad de autorización judicial previa en un amplísimo número de supuestos puede reducir significativamente la eficacia real del sistema de control llamado a cumplir. Los posibles efectos en el ejercicio de la labor inspectora no son superfluos habida cuenta de la cantidad de derechos e intereses en pugna y, por tanto, requiere una respuesta jurídica a la altura”.

4. Pongo a continuación a disposición de los lectores y lectoras del blog, en formato word, la presentación que utilicé para mi intervención. Resalto el interesantísimo debate que hubo tras mi intervención y la de Javier Calderón, y los temores manifestados por varias de las personas asistentes sobre las limitaciones a sus actuaciones, y no tanto por estas sino por las posteriores impugnaciones de las mismas en sede judicial, aun cuando creo que la magnífica y exhaustiva ponencia de Javier Calderón ayudó, o al menos lo pretendió, a disipar muchos de dichos temores o recelos.   

1. Un poco de historia... y de presente.

A) Ley 39/1962, de21 de julio  , de Ordenación de la Inspección de Trabajo:

Artículo decimotercero.

Uno. En el ejercicio de su función y acreditando si es preciso su identidad, los Inspectores de trabajo estarán autorizados:

Primero. Para entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo establecimiento sujeto a Inspección. En general, al efectuar una visita de inspección, el Inspector deberá notificar su presencia al empresario o a su representante, a menos que considere que dicha notificación pueda perjudicar el éxito de sus funciones

 B) Ley 42/1997, de 14 de noviembre  , Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Art. 5. Facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social para el desempeño de sus competencias.

(idéntica redacción en la Ley 23/2015, de 21 de julio , Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Art. 13.1)

En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública y están autorizados para:

“Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”.

C) Resalto que en la tramitación del Proyecto de ley   que finalmente daría lugar a la aprobación de la Ley 23/2025 no hubo modificación alguna sobre el texto del art. 13.1, y sólo una enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por Junts, que no cuestionaba la libertad de entrada en el centro de trabajo, sino que pedía la comunicación de la visita, si fuera posible, y la debida identificación de la inspección actuante.   

2. Tramitación jurídica del conflicto. (Vid. antecedentes en STSJCV 27/02/2025 (Rec. 392/2024) 

Recurso empresarial.

"... la actuación por la vía de hecho llevada a cabo en el domicilio de la empresa por la Policía Nacional y la IT de Valencia, por la que irrumpieron por la fuerza en el domicilio de la empresa sin autorización judicial y sin obtener el consentimiento del titular el pasado 23 de octubre de 2024"

Como derechos fundamentales vulnerados se alegan los de: “-inviolabilidad del domicilio art.18.2 CE) - tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)”.

3. STSJCV 27/02/2025 (Rec. 392/2024)

A) Para el TSJ “a los efectos de la tutela constitucional a la inviolabilidad de los domicilios de las personas físicas y jurídicas, el domicilio social de Francisco Ballester S. L. se encuentra en la calle Lluna 10 del polígono industrial La Yutera (municipio de Foios).

“... los hechos determinantes del procedimiento 392/2024 muestran, de forma tajante, que no existió ningún registro de los archivos físicos y/o informáticos de Francisco Ballester S.L. vinculados con su contabilidad; dirección empresarial; gestión de personal; clientela ... como para dañar este derecho fundamental.

 B) (derivado de los medios de prueba) ... “hay certeza de que no se efectuó registro y/o intervención de los archivos físicos o informáticos de Francisco Ballester S.L. Lo que sitúa la cuestión vinculada con la entrada en la nave industrial que esta sociedad dispone en la población de Foios fuera del espacio de dicción del derecho fundamental a la inviolabilidad de su domicilio...

 4. STS 14/04/2026 Rec. 3188/2025 

A) Previamente, auto 24/9/2025  

Interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: “determinar si es compatible con el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio previsto en el art. 18.2 CE, en relación con el art. 13.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio,

que la ITSS acuerde la entrada en un centro de trabajo no abierto al público o, en su caso, en el domicilio social de una sociedad mercantil, sin consentimiento de su titular ni autorización judicial

y, además,

si una entrada en esos términos es constitucionalmente válida cuando no se llevan a cabo diligencias de registro ni aprehensión de archivos o documentos en soporte físico o informático”

 B) STS 14/04/2026 Rec. 3188/2025

a) Para el TS, El asunto “presenta dos dificultades:

“La primera es el tenor literal del art. 13.1 de la Ley 23/2015...

La segunda tiene que ver con el hecho, admitido por la sentencia impugnada y no discutido por ninguna de las partes, de que unas mismas dependencias -esto es, la nave industrial sita en la calle La Lluna 10 del municipio de Foios (Valencia)-albergan tanto el domicilio social de la entidad mercantil recurrente, como un centro de trabajo de la empresa”

b) Cuestión relevante:

- Es el TS el que plantea por primera vez a lo largo del conflicto una posible infracción del art. 13.1 de la Ley 23/2015, que no había sido alegado en ningún momento por la parte recurrente, primero en sede autonómica y después en sede estatal jurisdiccional.

Para ERT “el TS (C-A) se arroga el papel del TC al concluir que dicho precepto es inconstitucional por omisión”

 c) Para ERT, “Diez años después de la entrada en vigor de un precepto que no había sido fuente alguna de conflicto durante todo dicho período, y sobre el que no se había planteado crítica alguna por parte de la comunidad jurídica, ya fuera laboralista, administrativista, o constitucionalista,

la Sala C-A del TS ha descubierto su “insuficiencia” y que es “inconstitucional por omisión” al no referirse a la obligación de solicitar autorización para entrar en el centro de trabajo de una empresa persona jurídica, algo que evidentemente el legislador no deseó incluir”.

d) Respuesta del TS: “la entrada en el domicilio de una persona jurídica -por supuesto, siempre que su titular no la haya consentido- exige la previa autorización judicial...

Que el art. 13.1 de la Ley 23/2015, con respecto al ejercicio de las funciones propias de la ITSS, omita dicha exigencia no significa que esta no derive directamente del art. 18.2 de la Constitución y, por consiguiente, que sea plenamente aplicable aun en el silencio de la ley.

No es ocioso advertir en este punto que ello no supone dejar de aplicar una norma legal en vigor; lo que, sin duda, supondría una vulneración de los arts. 24 y 163 de la Constitución por parte del órgano judicial. No hay inaplicación del art. 13.1 de la Ley 23/2015 porque este precepto guarda silencio sobre el domicilio de las personas jurídicas, de manera que resulta perfectamente legítimo integrar ese vacío legal mediante la aplicación directa de la correspondiente norma constitucional

e) Respuesta.

“La autorización judicial exigida por el art. 18.2 de la Constitución ha de ser previa a cualquier actuación de la autoridad o sus agentes en un espacio caracterizado como domicilio a efectos constitucionales.

Lo determinante es que la Inspección de Trabajo -con el auxilio de la Policía Nacional- no comenzó su actividad inspectora en las dependencias de la entidad mercantil recurrente informando de que su propósito fuera solo hacer comprobaciones en la parte del inmueble destinada a centro de trabajo.

Si esto hubiera sido así, habrían podido tener consistencia las alegaciones del Abogado del Estado y del Ministerio Fiscal; y esta Sala habría podido concluir que, siempre que además se acredite una separación física apreciable entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo, la entrada limitada a esta última no está constitucionalmente necesitada de autorización judicial.

f) Respuesta final a la cuestión casacional

“La mera entrada, aun sin registro ni intervención de archivos físicos o informáticos, en un espacio que es simultáneamente domicilio social de una persona jurídica y centro de trabajo de la empresa requiere de autorización judicial previa.

La única excepción podría venir dada, una vez valoradas las específicas circunstancias de cada caso, cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera para el cumplimiento de sus funciones legalmente previstas”.

5. ¿Aplica correctamente el TS la STC 69/1999 de 26.4 (“Supuesta vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio: ámbito y titularidad del derecho constitucional protegido”)?

A) Para el TC:

Respecto al concepto de domicilio y a los titulares del derecho a su inviolabilidad ha de tenerse presente que “no todo local sobre cuyo acceso posee poder de disposición su titular debe ser considerado como domicilio a los fines de la protección que el art. 18.2 C.E. garantiza”

... Tampoco existe una plena correlación entre el concepto legal de domicilio de las personas jurídicas, en el presente caso el establecido por la legislación mercantil, con el del domicilio constitucionalmente protegido, ya que éste es un concepto «de mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico administrativo»

B) La Constitución, «al establecer el derecho a la inviolabilidad del domicilio, no lo circunscribe a las personas físicas, siendo pues extensivo o predicable igualmente de las personas jurídicas»... Si bien esta afirmación de principio se ha hecho no sin matizaciones relevantes, entre ellas la consideración de la «naturaleza y especialidad de fines» de dichas personas.

... existen otros ámbitos que gozan de una intensidad menor de protección, como ocurre en el caso de las personas jurídicas, precisamente por faltar esa estrecha vinculación con un ámbito de intimidad en su sentido originario

 C) “... en atención a la naturaleza y la especificidad de los fines de los entes aquí considerados, ha de entenderse que en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas y, en lo que aquí importa, de las sociedades mercantiles, sólo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas,

por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros”.

D) (en el caso enjuiciado) “... lo único que resulta evidente de dichas actuaciones es que la autorización judicial no se refería al domicilio legal de la sociedad mercantil recurrente, sino a un local de la que era titular, en el que existía, al menos en parte, un ámbito de actividad enteramente ajeno al concepto de domicilio de las personas jurídicas constitucionalmente protegido, ya que en él se encontraban los equipos cuya venta al público se pretendía impedir mediante su precinto...

 E) la exigencia constitucional de protección no será la misma para un registro en un domicilio personal y familiar cuyo objeto sea la búsqueda de sustancias de tráfico ilícito, que la simple entrada en local al menos parcialmente abierto al público para proceder al precinto de equipos radioelectrónicos perfectamente identificados.

Ni la intensidad de la medida aflictiva ni la radicalidad del derecho a proteger pueden, pues, ser ajenos a la resolución del presente supuesto.

 6) STJUE de 18/06/2025 (asunto C-583/13 P). Poderes de la Comisión en materia de inspección (art. 20 Reglamento 1/2003) 

A) Primer motivo del recurso de casación empresarial. Basado en una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio por la falta de autorización judicial previa

Para el TJUE “el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio constituye un principio general del Derecho de la Unión... que encuentra hoy su expresión en el art. 7 de la CDFUE, que corresponde al art. 8 del CEDH.

... De la jurisprudencia del TEDH resulta que, si la protección prevista en el artículo 8 del CEDH puede extenderse a algunos locales comerciales, no es menos cierto que dicho Tribunal ha declarado que la injerencia pública podría ir más lejos en el caso de los locales o actividades profesionales o comerciales que en otros casos

B) Para el TJUE, el Tribunal General declaró, sin incurrir en un error de Derecho, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, que, a la vista de la jurisprudencia del TEDH, la falta de mandamiento judicial previo no podía implicar, como tal, que la medida de inspección fuera ilegal.

Asimismo, en cuanto a la alegación formulada por Deutsche Bahn según la cual el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al basarse, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, en las sentencias del TEDH, Harju c. Finlandia y Heino c. Finlandia, antes citadas, debe señalarse que el TEDH afirmó expresamente en éstas que la falta de autorización judicial previa puede contrarrestarse por la existencia de un control judicial a posteriori que se realiza tanto sobre las cuestiones de hecho como sobre las cuestiones de Derecho

C) Como señaló el Abogado General en el punto 38 de sus conclusiones y como se ha indicado en el apartado 26 de la presente sentencia, el TEDH consideró que la existencia de un control judicial a posteriori puede compensar la falta de mandato judicial previo y constituye así una garantía fundamental para asegurar la compatibilidad de la medida de inspección en cuestión con el artículo 8 del CEDH.

El Tribunal General declaró acertadamente que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, protegido por el artículo 8 del CEDH, no se viola por la falta de autorización judicial previa.

D) Segundo motivo del recurso. La interpretación y la aplicación incorrectas del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los arts. 47 de la CDFUE y 6, apartado 1 del CEDH.

El Tribunal General, en los apartados 109 y 110 de la sentencia recurrida, declaró ajustándose a Derecho que de las sentencias del TEDH, Société Métallurgique Liotard Frères c. Francia y Canal Plus y otros c. Francia, antes citadas, resulta que lo que en ellas se contempla es la intensidad del control, incluido en éste el control sobre la totalidad de los datos de hecho y de Derecho y que permitan una rectificación apropiada si se detecta una irregularidad, y no el momento en el que se ejerce dicho control.

El Tribunal General consideró legítimamente que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 6, apartado 1, del CEDH, no se violó por la falta de control judicial previo.

7.  Auto del TS (C-A) de 09/06/2026 (rec.3188/2025)    Desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el abogado del Estado contra la sentencia de 14/04/2026.

A) Pretensiones de la Abogacía del Estado:

a) “Dejar sin efecto la STS 441/2026, de 14 de abril, acordando la retroacción de actuaciones al momento de dictar sentencia a fin de subsanar el vicio de incongruencia dictando una sentencia que establezca doctrina legal sobre el modo de proceder por la ITSS cuando habiendo obtenido autorización judicial para el acceso al centro de trabajo de una empresa sobrevenidamente descubriera que en ese mismo local tiene su domicilio social otra persona jurídica ajena a las actuaciones de inspección y control por ser ésta la controversia debatida entre las partes

b)         Supletoriamente, dejar sin efecto la STS 441/2026, de 14 de abril, acordando la retroacción de actuaciones al momento de dictar sentencia a fin de subsanar su deficiente motivación declarando que del relato fáctico tenido por probado en la sentencia de instancia resulta la concurrencia de los dos presupuestos fácticos a los que la propia STS 441/2026 condiciona la excepción a la regla general de precisar autorización judicial para acceder a los centros de trabajo que sean también domicilio social de la compañía.

c)         Dejar sin efecto la STS 441/2026, de 14 de abril, acordando la retroacción de actuaciones al momento de dictar sentencia a fin de dictar una nueva adaptada a la doctrina constitucional y a los convenios de la OIT”

 B) Tesis del TS.

a) “... No es exacto que la Inspección de Trabajo dispusiera de una autorización judicial para entrar y registrar la nave industrial donde Francisco Ballester S.L. tiene su domicilio social.

La sentencia de instancia no recoge este hecho como probado, sino que más bien basa todo su razonamiento en la ausencia de autorización judicial.

De aquí que su argumento principal -la auténtica ratio decidendi de la sentencia de instancia-fuese que la autorización judicial para la entrada en el domicilio de las personas jurídicas no es preceptiva cuando no se examinan ni intervienen archivos o documentación.

Sobre esto se discutió en la instancia y en la casación, y sobre esto se pronunció nuestra sentencia.

 b) “... lo pretendido ahora por el Abogado del Estado resulta contrario a un criterio mantenido por el Tribunal Constitucional desde hace muchos años (STC 67/1991), a saber: no cabe impetrar el amparo contra el exceso (real o imaginario) de amparo de los derechos fundamentales por parte de los tribunales ordinarios.

En otras palabras, aun admitiendo a efectos puramente argumentativos que esta Sala hubiera ido más allá de lo establecido por la jurisprudencia constitucional en materia de inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas, ello no significaría que se ha vulnerado el art. 24 de la Constitución ni abriría la puerta del recurso de amparo a la Administración General del Estado.

c) “... la alegación del Abogado del Estado sobre la vulneración de ciertos convenios de la Organización Internacional del Trabajo no es admisible: aquí desborda manifiestamente al marco del art. 24 de la Constitución, que es el precepto constitucional en que funda su incidente de nulidad de actuaciones.

Con respecto a dichos convenios no puede invocar incongruencia ni falta de motivación, sencillamente porque no estuvieron en el debate procesal.

Cabe observar, además, que el Abogado del Estado no explica cómo – llegado el caso- habrían de cohonestarse esos convenios con las exigencias constitucionales en el ordenamiento español”.

 8) Instrucción 4/2026 sobre facultad de entrada en centros o lugares de trabajo en relación con la sentencia 441/2026 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

A) Sobre la interpretación que hace el TS del art. 13 Ley 23/2015, la DGITSS afirma que “No se trata, a juicio de esta Dirección, de una laguna legal, sino de una opción legislativa adoptada de idéntica forma en todas las normas legales que sucesivamente han regulado la ITSS desde la aprobación de la CE y cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada nunca.

La interpretación realizada por el TS, integrando un supuesto silencio de la norma con la aplicación directa de la Constitución obvia los convenios internacionales ratificados por España. El artículo 10.2 de la CE establece que las normas sobre derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

B) Tesis de la Instrucción 4/2026.

a) Sobre el concepto de domicilio constitucionalmente protegido.

“... no se considera domicilio constitucionalmente protegido los locales comerciales abiertos al público ni los espacios o centros que no tengan esta condición en los que se realiza una actividad laboral, productiva o comercial por cuenta de una sociedad mercantil que no está vinculada con las actividades de dirección de la sociedad ni sirvan a la custodia de su documentación.

Ello significa que los límites que puedan existir a la entrada en los establecimientos de las empresas sólo pueden afectar a determinados espacios concretos, que son los que requerirán de forma expresa autorización del titular o autorización judicial para su acceso, no viéndose por tanto afectados aquellos distintos de estos.

b) Sobre la incidencia de la sentencia en la actuación inspectora y el modo de llevar esta a cabo

“... En los establecimientos abiertos al público, las visitas se realizarán de forma ordinaria, tanto en las zonas accesibles de los mismos, como en el resto de las dependencias que no constituyan el espacio de dirección de la empresa (almacenes, vestuarios, etc. …), por no tener estos espacios la consideración de domicilio constitucionalmente protegido conforme a la doctrina antedicha.

en los establecimientos no abiertos al público sujetos a inspección, cualquiera que sea su naturaleza y configuración espacial y disposición, las visitas también se realizarán en la forma ordinaria prevista, salvo que afecten a las dependencias o espacios físicos, en los que se desarrolle el poder de dirección, tales como el despacho del titular del órgano de administración o de la alta dirección de la empresa, la sala de reuniones del Consejo de Administración o la zona de archivos, entre otros.

En cualquier establecimiento, una vez identificado el actuante, se informará de manera expresa al representante de la empresa de la intención de llevar a cabo la visita únicamente a la parte del inmueble, instalación o espacio que constituye el centro de trabajo, de conformidad con las facultades legalmente previstas por el artículo 13 de la Ley 23/2015, de 21 de julio...”

 c) En el mismo sentido, es la respuesta de laConsejería de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya a la pregunta formulada por un parlamentario de GP Comuns (BOPC nº 570, 5 de agosto de 2026) 

“La Dirección General de la ITC, con el consenso del OEITSS y la ITPV en el ejercicio de sus competencias ... ha desarrollado, con carácter de urgencia, instrucciones para que el personal actuante de la IT pueda continuar ejerciendo la tarea inspectora y poder ejercer la facultad encomendada, que permite plenamente llevar a cabo visitas en los centros de trabajo y lugares sujetos a inspección, para continuar realizando las comprobaciones de las condiciones de trabajo in situ, como medida de constatación efectiva de cualquier irregularidad laboral.

9. Criterio operativo 106/2026 de 29 de julio sobre la actuación de la ITSS en espacios considerados como domicilio constitucionalmente protegido de las personas jurídicas.

A) La sentencia del TS (C-A) 441/2026 de 14 de abril “ha supuesto una novedad en el ejercicio de la actuación inspectora, al declarar por primera vez una limitación al acceso a una parte del centro de trabajo, cuando concurran determinadas circunstancias que hagan que dicho espacio sea objeto de la protección cualificada otorgada a los derechos fundamentales, en este caso, la inviolabilidad del domicilio tasada por el artículo 18.2 de la CE”

B) En el Criterio Operativo se concretan

“Los espacios constitucionalmente protegidos, caracterizados por su carácter limitado y restrictivo asociado al concepto material de domicilio de las personas jurídicas, así como los que no gozarían de esta condición, en atención a la modalización y detalles incorporados en las sentencias que han venido delimitando este concepto;

Los criterios de actuación que deben adoptarse en la preparación de las visitas y en su ejecución.

Las posibles medidas derivadas, en función de la tipología y configuración de los lugares sujetos a inspección y la afección o las dificultades que se puedan producir, para garantizar una actuación inspectora que incorpore la necesaria seguridad jurídica y las obligadas cautelas procesales”.

C) Para el Criterio Operativo, el concepto de “domicilio constitucionalmente protegido”

“... (siendo conscientes de que la casuística es muy variada), podemos concluir que será el espacio físicamente delimitado e identificable cuya función principal, estable y objetivable sea el ejercicio de funciones de dirección y administración de la entidad o la custodia reservada de documentos o soportes de la vida societaria,

no pudiendo inferirse dicha calificación de manera automática de la mera presencia ocasional o contingente de documentación sensible en espacios destinados primariamente a actividad laboral, productiva, comercial o de atención al público”.

D) Sobre el consentimiento para el acceso al domicilio constitucionalmente protegido con autorización del titular o su representante, es necesario:

a) Información previa al titular del establecimiento o su representante acerca de la finalidad de la visita.

b) el objeto de esta y la posibilidad de negarse a autorizar el acceso a este espacio (no así al resto del domicilio que carece de dicha protección constitucional).

c)  Consentimiento facilitado por el/la titular del domicilio o representante con capacidad suficiente para otorgarlo.

10 A debate ¿Pueden derivarse responsabilidades jurídicas (administrativas/penales) en caso de levantamiento de acta de infracción que incumpla la sentencia del TS?

Remisión a la ponencia de Javier Calderón.

A) Responsabilidades administrativas (disciplinarias). Vid. RDLeg. 5/2015. EBEP, art. 93 a 100.

B) Responsabilidades penales. Vid. art. 404 Código Penal.

 11. Cuestiones que suscita la sentencia sobre las obligaciones de la ITSS

¿Dónde van a (intentar) cumplirlas si encuentran (más) dificultades para acceder al lugar (centro de trabajo) donde deben llevarlas a cabo?

¿Cuándo van a realizar su trabajo si puede quedar (o quedará, según la sentencia) a expensas de la decisión del sujeto al que deben vigilar y a una necesaria autorización judicial de la que no se conoce cuándo se dictará y con qué contenido?

Buena lectura.