jueves, 19 de noviembre de 2026

Intimidad y relación laboral. Repaso a reciente doctrina judicial de Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia.

 

 Con ocasión de la preparación de un artículo, he tenido oportunidad de leer varias sentencias de Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia que me parece interesante poner a disposición de los lectores y lectoras del blog, y de las que transcribo de cada una de ellas aquellos contenidos más relevantes respecto a la regulación de la intimidad en el ámbito laboral, remitiendo por supuesto a las personas interesadas a la lectura íntegra de aquellas.  

Asimismo, incorporo una sentencia de la sección social del Tribunal de Instancia de Palma de Mallorca que considero igualmente de especial interés.

1. Sentencia delTSJ del País Vasco de 29 de septiembre de 2026 (rec. 1258/2026) 

Resumen oficial: “Despido nulo por vulneración de intimidad y secreto comunicaciones. Prueba nula. No discriminación por parentesco. Indicios. Reducción de indemnización daños morales. Voto particular”

“... Se trata de limitar hasta dónde puede llegar el empresario en su facultad de control, sin que ello implique un avasallamiento de la intimidad del trabajador, que en este caso se encuentra directamente ligado a la información privada que pueda obtenerse del estudio informático del ordenador propiedad de la empresa. Y es que, al margen de la dudosa aplicación analógica del Estatuto de los Trabajadores para los llamados registros informáticos, con los inconvenientes de distinción entre continente, que suponen las taquillas, bolso u otros aspectos físicos, de los que se corresponden con archivos, programas, datos informáticos y electrónicos del ordenador de una empresa, que son instrumentos de trabajo cuya finalidad específica no es contener mensajes o archivos personales, por lo que tampoco tiene sentido aplicar al ordenador como instrumento de trabajo los límites del art. 18 del E.T. para el control sobre efectos personales.

Por todo ello, volviendo a la aplicación de los límites constitucionales generales, en teoría de modulación de derechos fundamentales y poderes empresariales en el contrato de trabajo, desde la ya antigua Sentencia del T.C. 90/97, 98/2000 y 186/2000, recogidas en la Sentencia del T.S. de 5.12.2003, rec. 52/03 que se expuso en la Sentencia de esta Sala de 21.12.2004, rec. 2382/04, tenemos que la particularidad de cada supuesto concreto debe otorgarse según la consonancia del relato fáctico y sus conclusiones, para descubrir si hay un incumplimiento laboral que puede exigirse a través de un medio hábil probatorio, cual suele ser la pericia informática o la auditoria general, pero siempre con un conocimiento de la noticia en proporción a la extracción de información necesaria con justificación y habilidad legal y no mediante vulneraciones inconstitucionales."

... la exigencia de compaginar el art. 4.2 e) ET con el art. 20.3 del mismo texto, exige imponer limitaciones que conciernen al derecho de dignidad humana e intimidad en esferas que devienen intangibles y que son coherentes con un sistema constitucional que se entiende imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, el mantenimiento de un derecho a la intimidad personal, como valor espiritual y moral inherente al individuo que reconoce el art. 10.1 CE.

Resulta evidente que los comportamientos laborales deben ser objeto de control respecto 1813/2026) de los desarrollados en espacios públicos o privados, sin implicar una verdadera injerencia desproporcionada en el derecho a la intimidad personal o vida privada de la persona trabajadora, que debe garantizarse en atención al art. 18 de la CE, en conexión con el art. 8 del Convenio de los Derechos Humanos y el art. 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea...”

2. Sentencia del TSJ del País Vasco de 27 de octubre de 2026 (rec. 1813/2026)  


Resumen oficial: “Despido disciplinario procedente por imputación de hora irregulares. Reducción de indemnización por daño al honor. Audiencia previa reglada. Afectación interna del derecho al honor del trabajador por la comunicación difundida entre la plantilla”.

“... Ciertamente, el parecer de la Sala es que la interpretación del relato fáctico permite acreditar algún tipo de manifestación de menosprecio, cuya imputación no ha tenido la recreación probatoria suficiente, donde el comunicado y exposición múltiple, facilitando identidad, denuncia y contexto, supone una afectación y exposición a terceros, aunque lo sean dentro del propio equipo laboral, que en la perspectiva estricta y social permite atender a descalificaciones inexigibles, que aunque se puedan reconducir al estudio de la calificación extintiva, permiten advertir cierta vulneración de derechos constitucionales conexos al honor, dignidad, propia imagen u otros, que si bien, no alteran la argumentación expuesta en la Instancia, para con la vulneración dela tutela judicial efectiva como garantía de indemnidad, permiten dar por vulnerada una especie de libertadde expresión que la empresarial propone, por cuanto la reacción empresarial de repercusión y trascendencia semipública, tampoco bajo el velo de una verdadera voluntad de conformación de realidad o verdad propia, sino que se atiene a una imputación que debe desvincularse de la información que se pretende transmitir de forma pública, genérica, corporativa o interna no exigible.

Con todo, creemos que debemos modular o reducir la indemnización en concepto de daños morales, por cuanto la vulneración del derecho fundamental al honor no reviste ciertamente especial gravedad, como reconoce la Instancia, y su difusión ha sido interna, en el ámbito estricto profesional, bajo unas características empresariales y laborales, donde el conocimiento de los hechos controvertidos y tratándose de un email corporativo, no ha supuesto una transmisión de información ajena al ámbito laboral con gravedad o condición externa ultrajante. De ahí que admitamos la proposición subsidiaria realizada por la empresa recurrente y declaremos el abono de una indemnización adicional por daños y perjuicios, derivados de la lesión del derecho fundamental al honor de 1.000 euros, revocando con ello la de 7.501 euros reconocida en la Instancia...”.

3. Sentencia delTSJ del País Vasco de 11 de mayo de 2026 (rec. 738/2026)

“La captación de imágenes y sonidos que examinamos, (datos personales de la demandante), llevada a cabo a través de la cámara del portátil de un compañero de la actora, el Sr. Ceferino , no cumple con la obligación de información previa a la trabajadora legalmente establecida en los artículos 22.4 y 89.1 LOPD, ni respeta el derecho a la intimidad en el empleo de medios digitales facilitados por el empleador, - artículo 20 bis ET-.

Tal y como afirma la trabajadora recurrente, la actora en ningún momento fue conocedora de que su voz y su imagen estaban siendo objeto de grabación a través del equipo informático del Sr. Ceferino, el cual no cerró la aplicación Microsoft Teams al terminar una reunión virtual de trabajo. Lo recogido a través de la cámara del terminal del Sr. Ceferino fue una conversación privada entre este último y la trabajadora demandante, de la que no puede apropiarse la empresa demandada, ni ser captada, sin el expreso consentimiento de la empleada, cuya intimidad está en juego. Hay que tener presente que el deber de información a la trabajadora es requisito esencial para que su imagen pueda ser lícitamente captada por el empresario, - STC 119/2022, de 29 de septiembre-, salvo supuesto de sospecha fundada de ilícito flagrante, que no es el caso, - STEDH17 de octubre de 2019 (López Ribalda II). La trabajadora demandante ninguna información tuvo acerca de la captación de su voz y su imagen a través de la cámara del terminal de un compañero, ni consentimiento alguno pudo prestar al respecto.

Resulta palmaria la existencia por parte de la trabajadora de una expectativa legítima de intimidad en su conversación con el Sr. Ceferino, la cual fue conculcada a través de la grabación efectuada sin su consentimiento por la empleadora, en menoscabo de su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, - artículo 18 CE-.

No existe ningún error en la actuación de la trabajadora demandante. El hecho de que el Sr. Ceferino mantuviera abierto el sistema de grabación una vez terminada la reunión de trabajo no es imputable a la actora en modo alguno, ni permite soslayar su derecho fundamental a la intimidad. No es el derecho a la intimidad del Sr. Ceferino el que aquí está en juego. Una vez concluida la reunión de trabajo es la empresa la que debió cerrar el sistema de grabación, para garantizar la intimidad de los trabajadores en el uso de los terminales digitales- artículo 20 bis ET-. No resulta respetuoso con el derecho a la intimidad mantener operativo un sistema de grabación una vez concluida una reunión de trabajo, puesto que se captan conversaciones e imágenes privadas, amparadas por el derecho a la intimidad, sin información alguna a los trabajadores. Véase en este sentido la STS, Sala tercera, de 30 de diciembre de 2020, recurso 320/2019, sobre la irregular continuación de una grabación una vez concluida la vista que debía ser objeto de la misma.

La empleadora demandada no ha respetado lo previsto en el artículo 87.3 LOPD, que exige que "los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.

El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.

Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado."

Ninguna información ha recibido la trabajadora demandante, ni podía prever en modo alguno que el dispositivo digital de un compañero podría servir para captar su imagen y sus conversaciones privadas.

Siendo así, la actuación empresarial, sirviéndose de la cámara de un terminal de un compañero, sin informar de ello a la actora, constituye un ilícito ejercicio de control empresarial, y una transgresión del derecho a la intimidad y a la imagen de la recurrente, - artículo 18 CE-.

4. Sentencia delTSJ de Madrid de 9 de septiembre de 2026 (rec. 311/2026)

“Entendemos que en el supuesto objeto de pronunciamiento por la Sala , no es aplicable ninguna graduación porque el comportamiento del demandante ya descrito precedentemente , además de estar tipificados como falta muy grave en el convenio de aplicación, constituyen una trasgresión de la buena fe contractual que se pierde y que no se puede recuperar ni graduar , pues el demandante estacionaba su vehículo durante largos periodos de tiempo y dentro de su horario de trabajo en la misma ubicación ( DIRECCION001 ), coincidente con un centro deportivo, tal y como consta probado, no una vez sino en múltiples ocasiones; cancelando además servicios de viaje ofertados por la plataforma (mes de abril de 2023, 11 servicios; mes de mayo de 2023, 12 servicios y durante el mes de junio, 12 servicios ).

En conclusión, la gravedad del comportamiento proviene de la ausencia de lealtad a la empresa demandada, trasgrediendo la buena fe contractual y la confianza de la empresa...”

5. Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León (sede Valladolid) (rec. 1814/2026)

Antecedentes

“3º. El día 30 de octubre de 2025, la empresa le comunicó a doña Ruth su despido disciplinario. Se da aquí por reproducido el contenido íntegro del citado documento.

4º. En la carta de despido se señalaba como causa del despido el uso indebido de su teléfono personal durante horas de trabajo, varios abandonos de puesto que computaban un total de 236 minutos y conductas impropiasen vestuarios.

5º. La trabajadora alegó que su teléfono es personal, que cualquier salida fuera del puesto de trabajo fue siempre acompañada por un encargado, que algunas salidas coinciden con la presencia de la Guardia Civil en la empresa, que no fumó y que no se produjo perjuicio económico, ni alteración operativa alguna en la empresa...”

Fundamentos jurídicos.

“... descendiendo al caso concreto de autos, esta Sala de lo Social del TSJ de CyL, sede en Valladolid, entiende que la actuación de la empresa fue conforme a Derecho y ningún derecho fundamental de la actora se ha visto vulnerado.

Ello es así porque las conversaciones de WhatsApp fueron descubiertas fortuitamente en un teléfono corporativo, destinado exclusivamente al trabajo y compartido por varios empleados. En esas circunstancias, existe una expectativa de privacidad reducida, especialmente cuando quien participa en la conversación conoce que el dispositivo utilizado pertenece a la empresa y puede ser utilizado por otros trabajadores. Además, no se accedió al teléfono privado de la trabajadora, sino a un dispositivo empresarial, y las conversaciones eran entre personal de la propia empresa, lo que permitía presumir inicialmente un contenido profesional. Por ello, el posterior examen y comprobación de los mensajes obtenidos de ese modo no determina la ilicitud de la prueba...”

“... se considera acreditado que la trabajadora desatendió de forma reiterada instrucciones expresas de la empresa, entre otras conductas, al salir del recinto para fumar vistiendo la ropa de trabajo, utilizar su teléfono móvil particular durante la jornada, abandonar su puesto hasta en seis ocasiones en menos de un mes y servirse de las instalaciones empresariales para realizar actividades de carácter particular. Tales comportamientos se encuentran expresamente contemplados como faltas muy graves en los artículos 44y 45 del Convenio Colectivo de Galletas Siro S.A. y pueden ser sancionados con el despido disciplinario, además de que serían incardinables como causas de despido disciplinario en el art. 54.2º ET, según la relación circunstanciada anteriormente reseñada.

En definitiva, estas actuaciones se consideran constitutivas de desobediencia y de transgresión de la buena fe contractual, al suponer una quiebra de los deberes de confianza y lealtad inherentes a la relación laboral, sin que las circunstancias alegadas por la trabajadora resulten suficientes para disminuir la gravedad de los incumplimientos, resultando difícilmente imaginable que tras ese cumulo de conductas la empresa no haya perdido la confianza depositada en la trabajadora...”

6. Sentencia de laSección de lo Social del Tribunal de Instancia de Palma de Mallorca, plaza núm.2, de 21 de julio de 2026 (rec. 118/2025)


Hecho probado quinto.

“QUINTO.- En fecha 21/11/2024 USTE interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que se alegó el acceso indebido por parte de la empresa a los chats de Whatsapp del sindicato.

Por parte de la Inspección de Trabajo se levantó en fecha 14/05/2025 acta de infracción NUM004 en virtud dela cual se propone la imposición de una sanción por importe de 7.501 euros por la comisión de una infracción muy grave consistente en: "La vulneración por parte de la entidad EMAYA, S.A. del respeto de la intimidad y de la consideración debida a la dignidad de todos los trabajadores del sindicato UNION SINDICAL DE TRABAJADORESDE EMAYA - ÁREA DE CALIDAD URBANA (USTE), estimados en más de 200 trabajadores afiliados, incluidos los representantes de la Ejecutiva, integrantes de los Grupos de WhatsApp, al obtener, revisar y analizar las conversaciones privadas emitidas en los tres grupos de Chats denominados: Chat de WhatsApp con Ejecutiva USTE; Chats de WhatsApp con U.S.T.E. Personal fijo; y, Chats de WhatsApp con USTE Personal Contrato del período 4-6-18 a 3-4-24"; utilizados con la finalidad de comunicación - convocatoria de reuniones o asambleas -e información, a y entre sus afiliados así como entre los miembros de su Ejecutiva.

Chats ajenos a la Empresa y en los que en modo alguno debió "intervenir", amparados los trabajadores en su derecho a la libertad sindical.

Sin que la "voluntariedad" declarada por las personas en la entrega de los móviles y autorización de descargade los grupos de chats; NI la intervención directa y exclusiva de la Directora de Servicios Corporativos Dª Sofía desconocida por la Gerencia de EMAYA, eximan a la entidad de su responsabilidad."

Como consecuencia de estos hechos, EMAYA procedió a la apertura de expediente disciplinario y posterior despido de Dª. Sofía”.

Fundamentos jurídicos.

“... La prueba practicada acredita igualmente que la Directora de Servicios Corporativos, Dª. Sofía, ordenó expresamente a la responsable del Departamento Jurídico Dª. Elsa , y ésta a su vez encomendó a la técnica Dª. Tarsila , proceder al examen y revisión del contenido de tales conversaciones, desarrollándose dicha labor durante los días 20, 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de agosto de 2024, analizándose sistemáticamente el contenido de los distintos grupos y remitiendo sucesivas actualizaciones mediante correo electrónico a la Directora de Servicios Corporativos, con copia a la responsable del departamento. Posteriormente, el contenido íntegro de dichos mensajes fue incluso objeto de protocolización notarial con fecha 18 de septiembre de 2024.

Especial trascendencia reviste el hecho de que el acceso empresarial no se limitara a conversaciones mantenidas individualmente por los antiguos afiliados que facilitaron los terminales, sino que alcanzara a grupos privados de comunicación sindical utilizado por la propia Comisión Ejecutiva del sindicato, espacio reservado donde sus dirigentes debatían y compartían cuestiones relativas al funcionamiento interno dela organización, la estrategia sindical y el ejercicio de sus funciones representativas. Se trataba, por tanto, de ámbitos de comunicación completamente ajenos a la empresa, respecto de los cuales ésta carecía de cualquier facultad de intervención o fiscalización.

No puede compartirse que la voluntaria entrega de los terminales por antiguos afiliados pudiera legitimarla conducta empresarial. La eventual disponibilidad individual sobre determinados mensajes no elimina la protección constitucional que ampara el funcionamiento interno del sindicato ni convierte en legítima una actuación empresarial dirigida a conocer el contenido de las deliberaciones reservadas de la organización.

La actuación desplegada por la empresa constituye una auténtica injerencia en la esfera organizativa del sindicato, pues supone la penetración deliberada en un ámbito especialmente protegido del ejercicio de la libertad sindical, afectando directamente a la confianza necesaria para el normal desenvolvimiento de la actividad representativa. La existencia de espacios seguros de comunicación constituye un presupuesto indispensable para que los afiliados o miembros de la ejecutiva puedan expresar libremente sus opiniones y participar en la vida interna de la organización sin temor a que sus manifestaciones sean conocidas por la empresa.

Buena lectura.

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