1. El pasado 10 de junio, la Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT(FeSMC-UGT) informó a través de su página web de la puesta en marcha, (en “solitario”) de una campaña jurídica para “reclamar el reconocimiento del carácter retribuido de los permisos necesarios para asistir a exámenes oficiales”
En dicha
información se daba cuenta de la presentación de solicitudes de interpretación
ante las Comisiones Paritarias de los convenios colectivos de “Contact center, Consultoría,
tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública, Ingeniería;
oficinas de estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de
calidad, Gestión y mediación inmobiliaria, Mediación de seguros privados, y Servicios
de prevención ajenos”.
La fundamentación
jurídica en la que se basaba el sindicato para iniciar su campaña era “la
interpretación del artículo 23.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, que
reconoce el derecho de las personas trabajadoras al disfrute de los permisos
necesarios para concurrir a exámenes cuando cursen con regularidad estudios
para la obtención de títulos académicos o profesionales oficialmente
reconocidos”, sosteniendo que “este derecho no puede quedar vacío de contenido
y que la asistencia a exámenes oficiales sea de carácter retribuido,
permitiendo así la efectiva conciliación entre la actividad laboral y la
formación académica o profesional”. A tal efecto, su estrategia pasaba por la
petición a la Comisiones Paritarias que interpretaran los convenios colectivos “...
de conformidad con esta doctrina y reconozcan expresamente el carácter
retribuido de estos permisos”, anunciando que “si las patronales se niegan a
reconocer este derecho o no se alcanza una interpretación favorable, UGT
continuará con las actuaciones necesarias y presentará las correspondientes
demandas judiciales para que este derecho sea reconocido para todas las personas
trabajadoras afectadas por estos convenios”.
Pocos días antes,
el 1 de junio, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional había dictado una
sentencia , de la que fue ponente el magistrado Ramón Gallo, sobre la que volveré más
adelante, en la que estimaba la demanda sindical y reconocía el carácter
retribuido del permiso para exámenes.
Pues bien, vuelvo
sobre esta temática relativa a la interpretación del art. 23.1 a) de la Ley del
Estatuto de los trabajadores y su relación con el precepto convencional que
aborde, en su caso, este mismo permiso, ya que se han dictado recientemente dos
nuevas sentencias por la AN, siendo la y
los mismos integrantes de la Sala en los dos casos, que dan respuesta a dos
nuevas demandas presentadas por la FeSMC, justamente en dos de los sectores de
actividad antes enumerados, y con resultados diferentes, ya que en una sí se
estima la demanda y en otra se desestima, siendo el eje fundamental de cada una
de ellas, ya lo adelanto, si pudo o no probarse que había una práctica
empresarial en el sector de no remuneración del citado permiso. De ahí que haya
destacado en el título de la presente entrada la importancia de la prueba en el
proceso laboral para alcanzar, o no, una sentencia estimatoria de la pretensión
formulada en la demanda, a lo que añado el papel de la comisión paritaria del
convenio y más exactamente cómo se desarrollen sus reuniones, sus acuerdos o
desacuerdos, y las manifestaciones de las partes que queden recogidas en las
actas de aquellas.
Se trata de las
sentencias de 20 de octubre, de la que fue ponente la magistrada Ana
Sancho (desestimatoria) y de 26 de octubre, de la que fue ponente el magistrado Juan
Gil (estimatoria)
2. Analizaré en
primer lugar la sentencia de 26 de octubre, ya que su fundamentación jurídica
se basa en la dictada el 1 de junio. Esta última, fue objeto de un detallado
examen por mi parte en la entrada “Sobre el permiso para exámenes oficiales y
su remuneración. Notas a la sentencia de la AN de 1 de junio de 2026” , de la que recupero aquellos contenidos que serán trasladables en gran medida
a la de 26 de octubre.
“El resumen
oficial es el siguiente: “La Audiencia Nacional estima la demanda interpuesta
por UGT contra las empresas del Grupo Acciona Energía y declara que el permiso
para acudir a exámenes oficiales debe ser retribuido efectuando para ello una
interpretación sistemática y finalista del art. 23 E.T”. El interés especial de
la sentencia radica justamente, tal como se recoge en su resumen, en cómo llega
la AN a la estimación de la demanda, es decir como la interpretación que
efectúa del art. 23 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, poniéndolo en relación
con el art. 25 del convenio colectivo de aplicación, y entrando también en
juego el art. 40.2 de la Constitución, lleva a concluir que el permiso para
exámenes oficiales debe ser retribuido ...
El litigio
encuentra su origen en sede judicial con la presentación de demanda por la
Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) en procedimiento de
conflicto colectivo el 11 de marzo, habiéndose celebrado el acto de
conciliación (sin avenencia) y el de juicio el 19 de mayo.
A) Conocemos en
los antecedentes de hecho que la parte demandante se ratificó en la pretensión
expuesta en la demanda, y solicitó que se dictase sentencia en la que se
declarara “el derecho a que el permiso para acudir a exámenes oficiales sea
retribuido”. Su defensa jurídica se basó en estos tres argumentos:
“1.- Que la jurisprudencia del TS ha
configurado los permisos como un derecho a la ausencia al trabajo sin pérdida
de retribución;
2.- Que el propio Convenio colectivo del Grupo
Acciona obliga a las empresas a programar la formación sin que se perjudique
económicamente a los trabajadores.
3.- Que el Convenio OIT n.º 140 relativo a la
formación en la empresa (ratificado por España) que regula una licencia pagada
por estudios comprensivo del derecho a asistir a exámenes oficiales y que
expresamente abarca la dimensión no profesional de la formación (art. 2 b).
A la demanda se adhirió la parte interesada
Federación de Industria de CCOO.
B) La oposición a la demanda por parte
empresarial se basó en estos argumentos:
“... que el art. 23 del ET está rubricado a la
formación y promoción en el trabajo dedicado a la formación profesional por
tanto no está orientada a fomentar la formación general y el permiso del
apartado a) tiene por objeto solo los exámenes para la obtención de título
académico o profesional.
que el apartado 3 del art. 23 habla de permiso
retribuido de 20 horas para acudir a formación profesional para el empleo y que
sería absurdo que el permiso para exámenes no tuviese tasado el límite de
horas.
que el art. 37.3 establece de forma tasada y
cerrada los permisos retribuidos, siendo los mismos de carácter variado.
que el Convenio de
acciona energía no define el permiso como retribuido, pues el art. 25 se
encuentra dentro de la formación profesional y que dada la ubicación
sistemática se refieren solo a la formación profesional sin que se encuentren
dentro de los permisos retribuidos del art. 41.
que el Convenio 140 de la OIT no es una norma
autoaplicativa...”
3. ... De los
hechos probados por la sentencia conviene reseñar en primer lugar que el
conflicto afecta en torno a 1.800 personas a las que es de aplicación el
convenio del grupo, que UGT-FICA está “suficientemente implantado” en el ámbito
de afectación del conflicto, que formuló reclamación ante la comisión paritaria
y que no hubo acuerdo dado que la parte empresarial mantuvo la tesis de que el
permiso para exámenes oficiales “...
no figura como
retribuido ni en el Estatuto de los trabajadores ni en el Convenio Colectivo,
recogiéndose en articulado aparte de los permisos retribuidos. A preguntas de
la representación de las secciones sindicales sobre cómo se recuperan las horas
del permiso, la empresa indica que se hace poniéndose de acuerdo entre el
trabajador y su mánager”.
... Con prontitud
centra la Sala la cuestión a la que debe dar respuesta, que no es otra que “...
determinar si el permiso para acudir a exámenes regulado en el art. 23 a) del
ET y 25.2 del Convenio colectivo de Acciona deben ser retribuidos o no sobre la
base de lo argumentado por las partes en favor y en contra de una tesis y de la
contraria...”
... Inicia su
argumentación jurídica la Sala partiendo de la jurisprudencia del TS, en
concreto de las sentencias de 3 de octubre de 2023 , de la que fue ponente el magistrado
Sebastián Moralo, y de 29 de septiembre de 2020, de la que fue ponente la
magistrada María Lourdes Arastey, de las que selecciona sus menciones expresas
a que
“... la regulación
que llevan a cabo los convenios colectivos no puede ser sino una mejora del
régimen de descansos, fiestas y permisos que establece el artículo 37 ET (y
añadimos nosotros cualquier otra norma con rango de ley), por lo que lo primero
que ha de discernirse es cuál es la interpretación que ha de hacerse de cada
uno de los permisos que se reconocen en el precepto legal, a la cual ha de
estarse en todo caso”.
4. Desde este
punto de partida previo, pasa a examinar si la regulación legal del permiso
para exámenes oficiales conlleva el derecho a su remuneración, ya que de ser
así ninguna norma convencional podría regular en sentido contrario.
A) Entra
inmediatamente la Sala a la aplicación de los cánones o reglas de
interpretación recogidas en el art. 3.1 del Código Civil, prestando atención en
primer lugar a la literal del art. 23.1 LET, constatando que no hay mención a
si se encuentra o no remunerado el permiso. Acude al diccionario de la RAE para
confirmar que no puede inferirse de su definición que sea remunerado, si bien
inmediatamente abre ya una pequeña puerta en sentido afirmativo al sostener que
... resulta significativo que uno de los sinónimos que se mencionan de esta
acepción sea un acontecimiento que siempre ha de merecer desde el punto de
vista del derecho del trabajo el carácter retribuido (arts. 38. E.T, 7 del
Convenio 132 OIT y 7 de la Directiva 2003/88 cuál es el de vacación”. Es sin
duda imaginativa la tesis de la Sala, aun cuando me suscita dudas la
equivalencia que efectúa entre ambos términos y sus consecuencias
jurídicas.
B) Acude más
adelante la Sala a la interpretación sistemática, mencionando que la regulación
de los permisos se encuentra fundamentalmente en el art. 37 de la LET y se
detiene en el dato de no existir una mención expresa y general a la
remuneración, salvo justamente para los regulados en el apartado 3, y que
cuando no se prevé tal remuneración así consta expresamente, de la misma manera
que la suspensión de la contrapartida salarial cuando se suspende la prestación
laboral no afecta a los permisos para exámenes, por cuanto no hay ninguna
mención a estos como causa de suspensión.
C) Después, se
detiene en la tesis empresarial antes mencionada, según la cual “el apartado 3
del art. 23 habla de permiso retribuido de 20 horas para acudir a formación
profesional para el empleo y ... sería absurdo que el permiso para exámenes no
tuviese tasado el límite de horas”. Para rechazarla, subraya que la redacción
del tal apartado encuentra su origen en la reforma laboral operada por el
gobierno del Partido Popular en 2011, inmediatamente después de su llegada al
poder, y que
“... la lectura de
la Exposición de Motivos de dicha norma con relación a su Capítulo I que es el
que dedica a las medidas a la formación en modo alguno cabe deducir que se
pretendan restringir los derechos hasta entonces vigentes en esta materia,
antes al contrario, lo que se pretende es potenciarla y para ello se crea un
nuevo permiso de veinte horas que es el que se regula en el apartado 3 del art.
23 E.T..”,
reproduciendo el
fragmento de tal Exposición que justifica dicho cambio, para concluir que
“... resulta perfectamente compatible la
existencia de un permiso de hasta veinte horas anuales para recibir formación
profesional con la existencia de otro para poder acudir a exámenes, exámenes
estos que en algunos casos servirán para obtener los títulos derivados de la
referida formación”,
Y que, por ello,
“... los criterios
de interpretación sistemática, analizando la evolución histórica de la
regulación nos han de llevar a la conclusión de que los permisos a que se
refiere el art. 23. 1 a) son retribuidos”.
D) La sentencia igue
avanzando en la fundamentación jurídica que le llevará a la estimación de la
demanda, y ahora se detiene en el criterio de interpretación finalista,
poniendo en relación el marco legal con el constitucional, en concreto el art.
40.2. Se trata de un principio rector de la política social y económica que
debe informar la práctica judicial, lo que le lleva a la Sala a sostener que
“ante la duda de si el permiso para concurrir a exámenes ha de ser o no
retribuido por mor del referido precepto constitucional hemos de optar por
considerarlo como retribuido” (la negrita es mía). Conclusión que se apoya también en las sentencias
de la Sala de 27 de enero de 2025, y de 30 de mayo de 2025, de las que fue
ponente el mismo magistrado que en la ahora analizada, pretensión, en las que
se sostiene que
“... cuando se
trata de obtener títulos de enseñanza reglada ... dicha actividad con arreglo
al art. 1 de la LODE forma parte del contenido esencial del derecho a la
educación reconocido en el art. 27 CE, por lo que la interpretación que debe
efectuarse de aquellas normas que regulen aspectos de este derecho debe
favorecer la efectividad del derecho fundamental, lo que nuevamente nos lleva a
la conclusión anterior”.
... Por fin, la
Sala no entra en el debate de si es de aplicación el Convenio núm. 140 de la
OIT, ya que es del parecer que “regula una materia diferente de la que se
examina en el presente caso”. Si por
“materia” se refiere a la existencia o no de remuneración, me parece aceptable
la tesis. Si por el contrario se refiere al marco general de la licencia pagada
de estudios, ya tengo muchas más dudas, que sostengo en base a los arts. 1 y 2 del
Convenio
... Una vez
concluido que el permiso legalmente reconocido de formación para asistencia a
exámenes oficiales debe ser retribuido, es cuando la Sala se adentra, y lo hará
con brevedad, en el examen del art. 25.2 del convenio colectivo, enfatizando la
mención contenida en el mismo a que la parte empresarial “facilitará los
permisos reglamentarios necesarios para la asistencia a exámenes de carácter
oficial”, que, con buen criterio a mi parecer, la Sala afirma que “no han de
ser otros” que los del art. 23.1 a), por lo que al ser una norma de mínimos el
citado precepto, y de acuerdo a la interpretación anteriormente efectuada que
lleva a sostener que el permiso debe ser retribuido, no cabe llega a otra
conclusión de que los permisos convencionales recogidos en el artículo antes
mencionados deben ser retribuidos.
3. El 22 de julio
la FeSMC-UGT presentó demanda, en procedimiento de conflicto colectivo contra Tecniberia
asociación española de empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos
(TECNIBERIA), celebrándose el acto de juicio el 22 de octubre. A los efectos de
mi exposición, interesa destacar la tesis de la parte demandante, a la que se
adhirió la Federación de servicios de CCOO (citada como parte interesada), de existir
“... la práctica generalizada en el sector de no retribuirlo, tal y como se
evidencia de la contestación dada por la representación empresarial en la
comisión paritaria a la consulta planteada sobre el carácter retribuido de dicho
permiso” (la negrita es mía).
Por el contrario,
y en el trámite de contestación a la demanda, la tesis empresarial fue
radicalmente contraria, alegando las excepciones procesales formales de falta
de legitimación pasiva y falta de correspondencia por la inexistencia de un
conflicto colectivo de ámbito sectorial en cuanto al objeto litigioso de la
demanda, ya que
“no se acredita la
existencia de la alegada práctica homogénea y generalizada sectorial al no aportarse
ni un solo documento que acredite la existencia de una controversia, una
denegación de ese carácter retribuido por parte de cualquiera de las empresas
asociadas, ni una petición denegatoria a cualquiera de sus trabajadores; no
pudiéndose deducir dicha práctica de una simple discrepancia en el seno de la
comisión paritaria sobre la interpretación del artículo 15.1 a) del XX Convenio
colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos;
inspección, supervisión y control técnico y de calidad. La segunda excepción
que se plantea es la falta de acción, dado que debe ser un conflicto real, el
conflicto debe ser acreditado, no de la mera discrepancia interpretativa que
dos partes den a un precepto convencional o a un precepto estatutario, sino de
la existencia de una controversia que aquí no ha sido acreditada; no se puede solicitar
una mera consulta a este tribunal como si fuera un órgano consultivo; no hay
una controversia real porque no se ha aportado ni una sola comunicación, ni una
sola delegación del carácter de retribuido del permiso...”
En los hechos
probados tenemos conocimiento del art. 15 del convenio colectivo nacional delsector cuyo apartado 1 dispone que la persona trabajadora tendrá derecho: “a) Al
disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una
preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la
empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título
académico o profesional”.
Igualmente, se da
debida cuenta de la consulta efectuada por parte sindical a la comisión paritaria
el 9 de junio, y la falta de acuerdo en esta, en su reunión del día 16. La consulta,
en la línea marcada por la estrategia sindical expuesta al inicio de esta
entrada era la siguiente:
“Partiendo de la
literalidad de dichos preceptos, se plantea a la comisión paritaria si
comparte:
A nuestro
entender, dicho precepto convencional, en relación con el art. 23.1.a) ET ,
implica que las personas trabajadoras tienen derecho al disfrute de los
permisos retribuidos necesarios para concurrir a exámenes cuando cursen con
regularidad estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales
reconocidos oficialmente".
Además de la falta
de acuerdo, la parte empresarial manifiesta, y así queda recogido en el acta de
la reunión, que “.... conforme a la
redacción literal del artículo 15.1.a) del convenio colectivo, respecto al
carácter remunerado o no de los permisos para asistencia a exámenes, las partes
negociadoras no convinieron en conceder un trato más favorable, en beneficio de
las personas trabajadoras, al trato que les atribuye el artículo 23.1.a) del
Estatuto de los Trabajadores, que al no decir expresamente que estos permisos
han de ser retribuidos, ha de entenderse que no tienen tal carácter de
retribuidos".
De especial
importancia para la fundamentación jurídica posterior de la Sala que llevará a
la estimación de la demanda, me parece el HP quinto, en el que consta que “existe
una práctica en el sector de las empresas de ingeniería; oficinas de estudios
técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad de no
retribuir el permiso por asistencia a exámenes previsto en los artículos 15.1
a) del XX Convenio Colectivo y 23.1 del ET” (la negrita es mía)
La Sala dará respuesta
conjunta a las dos alegaciones procesales formales, partiendo de la redacción
del art. 153 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (proceso de conflicto
colectivo) (“1.
Se tramitarán a través del presente
proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de
trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual
y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal,
convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de
empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo...) y de la
jurisprudencia del TS, con cita de la sentencia de 14 de abril de 2026, de la que fue
ponente el magistrado Félix Azón (resumen
oficial: “Registro de Jornada. ALFERRO cuestiona la existencia de conflicto
colectivo por no poner a disposición de la RLT los registros de jornada. Acción
declarativa, no existe acción de Conflicto Colectivo”)
La desestimación
de tales alegaciones procesales se basará en primer lugar en haber quedado acreditada
la existencia de un problema de interpretación de un precepto convencional, el
art. 15.1 a) del convenio colectivo aplicable, y de un precepto legal, el art. 23.1
a) de la LET, cual es “... si el permiso previsto en ambos preceptos es o no
retribuido cuando en la reunión de la comisión paritaria de 16 de junio de 2026
el sindicato manifiesta que dicho permiso es retribuido y la representación
empresarial de forma clara e indubitada sostiene que no lo es”, además de que, “esta
Sala concluye que existe una práctica generalizada en el sector... de no
retribuir el permiso para asistir a examen”, a partir de lo expuesto por la
representación empresarial en la sesión de la Comisión Paritaria del 16 de
junio. Existe, subraya la Sala, un conflicto “real y actual”, y por tanto no
hay falta de acción, ya que, al haber quedado acreditada la práctica
empresarial no de remuneración del permiso, “... no es concebible la postura de la patronal
empresarial si las empresas asociadas a ella no estuvieran negando el carácter
retribuido del permiso”.
Desestimadas las
alegaciones procesales formales, y estando en presencia de un conflicto
colectivo en el que se debate sobre la interpretación de un precepto convencional,
que, se recuerda por la Sala, “es la transcripción literal del permiso
establecido por el artículo 23.1 a) del ET”, entra a dar respuesta a la
cuestión sustantiva o de fondo, remitiéndose a lo ya decidido en la sentencia
de 1 de junio de 2026, cuya fundamentación jurídica transcribe prácticamente en
su integridad, para concluir que “en virtud de lo expuesto, esta Sala debe
estimar la demanda al considerar que el permiso previsto en el artículo15.1 a)
del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de
estudios técnicos, trasunto del previsto en el artículo 23.1 a) del ET, debe
ser retribuido”.
4. Respuesta
diferente, contraria, es la dada por la Sala en su sentencia de 20 de octubre,
que trata sobre la demanda sindical contra la Asociación de Compañías de
Experiencia con Clientes (CEX), siendo citados como partes interesadas los
sindicatos Federación de Servicios de CCOO, CGT, CIG, ELA y LAB, y habiéndose
personado la CSIF.
El acto de juicio
se celebró el 13 de octubre. A los efectos de mi exposición interesa destacar que
la demandante manifestó que existía “una práctica homogénea al considerar no retribuido
el permiso para acudir a exámenes, que deriva del art. 76 del convenio en
relación con el art. 23.1.3.a ET”, tesis a la que se adhirieron los sindicatos
citados como partes interesadas.
De las tesis de la
parte empresarial, en trámite de contestación a la demanda, cabe destacar que
en el hecho quinto de la demanda se hacía referencia a tal práctica, pero que
en el sexto se expone que se realizó una consulta a la comisión paritaria y
esta no respondió, por lo que se pregunta que “... si existe una práctica
generalizada y homogénea, por qué no se aporta ninguna nómina o petición en la
que se habría denegado. Hay falta de acción”.
En los hechos
probados tenemos conocimiento, al igual que en la sentencia anteriormente
examinada, de la consulta efectuada por parte sindical a la comisión paritaria
del convenio colectivo estatal del sector de contact center el 9 de junio, sobre la interpretación
del art. 76, que dispone que “de conformidad con lo que establece el artículo
23 del Estatuto de los Trabajadores, y al objeto de facilitar la formación del
personal que presta sus servicios en este sector, las personas trabajadoras
tendrán derecho a ver facilitada la realización de estudios para la obtención
de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, y la de cursos
de perfeccionamiento organizados por la propia empresa u otros organismos”.
Para la parte sindical, “A nuestro entender, dicho precepto convencional, en
relación con el art. 23.1.a) ET, implica que las personas trabajadoras tienen
derecho al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para concurrir a
exámenes cuando cursen con regularidad estudios para la obtención de títulos
académicos o profesionales reconocidos oficialmente”, y se pregunta a la
comisión paritaria “es esta interpretación correcta?”.
En el hecho
probado tercero consta únicamente que la reunión de dicha comisión se celebró
el 30 de junio, “terminando sin acuerdo”. No hay, pues, referencia alguna a
manifestaciones empresariales que quedaran recogidas en el acta.
Al entrar en la resolución
del litigio, la Sala recuerda cuál es la pretensión de la parte demandante y la
oposición procesal formal de la parte demandada, y centra con prontitud la
cuestión a debate a partir de la pretensión de la demandante, cual es “la
interpretación que haya de darse al art. 76 del convenio colectivo de
aplicación, en conexión con lo dispuesto en el art. 23.1.a) ET”.
Tras recordar el
contenido de los preceptos legal y convencional aplicables, entra a determinar
si existe un conflicto colectivo que deba ser objeto de resolución, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 153 LRJS, y pasa amplia revista a la
jurisprudencia del TS y los requisitos que se requieren para su existencia,
esto es “la trascendencia colectiva del conflicto, su naturaleza jurídica, y su
carácter real y actual”, con una amplia mención a la misma sentencia citada en
la dictada por la Sala el 26 de octubre, es decir la del TS de 14 de abril de
2026. Y, a diferencia de la sentencia de 26 de octubre, declarará que existe falta
de acción.
Para llegar a tal
conclusión se basará en el contenido de la demanda, tanto en sus hechos como en
sus pretensiones y el suplico (véase fundamento de derecho quinto), y en la consulta
formulada a la comisión paritaria y la decisión de esta de no alcanzar acuerdo
entre las partes.
¿Cuál es la fundamentación
jurídica de la Sala para estimar la falta de acción?
En primer lugar,
la propia dicción literal del texto convencional, ya que “no cita ni remite
expresamente al apartado a) del art. 23.1 ET. Parte del principio de facilitar
la formación, por lo que con la petición de la demanda, lo que se pretende es
desde un principio general, conseguir una consecuencia particular, esto es: que
el permiso para concurrir a exámenes en el sector sea retribuido, extendiendo
ese deber de facilitación a una circunstancia específica del art. 23 ET.
Permiso que, por otro lado, tampoco se define como retribuido por dicho
precepto”.
En segundo lugar,
y aquí se encuentra la diferencia fundamental con la sentencia de 26 de
octubre, en la falta de prueba por la demandante de la considerada práctica
general empresarial de no remuneración del permiso y que debía recaer en la
parte actora al amparo del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos
son los argumentos de la Sala:
“... el sindicato
demandante no ha presentado ni una sola prueba que acredite que un solo
trabajador haya solicitado un permiso retribuido para acudir a exámenes y le
haya sido denegado. Tampoco el descuento en nómina de cantidades por la
concurrencia a exámenes, de lo que se desprende la ausencia de un conflicto
real y actual. La presentación de un conflicto que se dice interpretativo no es
tal, y no ha resultado acreditado que las empresas del sector denieguen de
forma general el carácter retribuido del permiso para concurrir a exámenes.
Ello aun cuando consecuencia de la consulta planteada por el sindicato actor a
la Comisión paritaria, no se haya alcanzado acuerdo alguno, desconociendo el
tribunal en qué términos se desarrolló el debate en el seno de la citada comisión
celebrado el día 30-6-2026 ...
... (no puede) alegarse
una pretendida facilidad o disponibilidad probatoria por parte de la empresa,
pues resulta difícil afirmar que el sindicato demandante no haya podido tener
conocimiento de la negativa a reconocer el permiso retribuido a trabajadores
afectados, a través de sus propios afiliados”.
La sentencia se
desmarca de la dictada el 1 de junio, que fue casi íntegramente acogida por la
de 26 de octubre, insistiendo en que aun cuando pudiera entenderse que el
debate fuera semejante al debatido en esta última “... no hay prueba alguna que verifique la posición
empresarial contraria a conceder un permiso retribuido”.
Por todo lo
anteriormente expuesto, la Sala estimará la excepción de falta de acción por
inexistencia de conflicto colectivo y dejará imprejuzgado el fondo del asunto,
no sin antes exponer que el conflicto, en su caso, “... podrá dar lugar a las acciones individuales
que correspondan, una vez solicitado el permiso y denegada su retribución”.
5. Una breve
recapitulación, antes de finalizar este artículo. Ya tenemos tres sentencias de
la AN que dan respuestas (dos estimatorias y una desestimatoria) a las
pretensiones sindicales.
La importancia de
la prueba practicada en el acto de juicio deviene fundamental a los efectos de
resolución de cada caso, si bien parece que no lo es menos el debate que haya
en la comisión paritaria y las manifestaciones de parte, o su inexistencia, que
queden recogidas en las conclusiones.
Cabe preguntarse
si a la estrategia sindical puede responderse por la parte empresarial con la
suya propia y consistente en el silencio en comisión paritaria, o más
exactamente la manifestación de desacuerdo con la tesis sindical y sin ninguna
manifestación adicional.
Supongo que ya hay
más demandas interpuestas, y, por tanto, seguiremos atentos a las sentencias
que se dicten por la AN, si bien es claro, y no sólo en la primera sentencia de
1 de junio, que las dos dictadas el mes de octubre han dejado abierto el camino
para la presentación de recursos de casación para la unificación de doctrina, o
al menos este es mi parecer.
Buena lectura.
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