domingo, 22 de noviembre de 2026

¿Permiso retribuido para exámenes?. La estrategia sindical, la importancia de la prueba en el proceso laboral, y el papel que juega la comisión paritaria del convenio colectivo aplicable. A propósito de las sentencias de la AN de 20 y 26 de octubre de 2026 ( y recordatorio de la dictada el 1 de junio)

1. El pasado 10 de junio, la Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT(FeSMC-UGT) informó a través de su página web de la puesta en marcha, (en “solitario”) de una campaña jurídica para “reclamar el reconocimiento del carácter retribuido de los permisos necesarios para asistir a exámenes oficiales”  

En dicha información se daba cuenta de la presentación de solicitudes de interpretación ante las Comisiones Paritarias de los convenios colectivos de “Contact center, Consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública, Ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad, Gestión y mediación inmobiliaria, Mediación de seguros privados, y Servicios de prevención ajenos”.

La fundamentación jurídica en la que se basaba el sindicato para iniciar su campaña era “la interpretación del artículo 23.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho de las personas trabajadoras al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando cursen con regularidad estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos”, sosteniendo que “este derecho no puede quedar vacío de contenido y que la asistencia a exámenes oficiales sea de carácter retribuido, permitiendo así la efectiva conciliación entre la actividad laboral y la formación académica o profesional”. A tal efecto, su estrategia pasaba por la petición a la Comisiones Paritarias que interpretaran los convenios colectivos “... de conformidad con esta doctrina y reconozcan expresamente el carácter retribuido de estos permisos”, anunciando que “si las patronales se niegan a reconocer este derecho o no se alcanza una interpretación favorable, UGT continuará con las actuaciones necesarias y presentará las correspondientes demandas judiciales para que este derecho sea reconocido para todas las personas trabajadoras afectadas por estos convenios”.

Pocos días antes, el 1 de junio, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional había dictado una sentencia  , de la que fue ponente el magistrado Ramón Gallo, sobre la que volveré más adelante, en la que estimaba la demanda sindical y reconocía el carácter retribuido del permiso para exámenes.

Pues bien, vuelvo sobre esta temática relativa a la interpretación del art. 23.1 a) de la Ley del Estatuto de los trabajadores y su relación con el precepto convencional que aborde, en su caso, este mismo permiso, ya que se han dictado recientemente dos nuevas sentencias por la AN,  siendo la y los mismos integrantes de la Sala en los dos casos, que dan respuesta a dos nuevas demandas presentadas por la FeSMC, justamente en dos de los sectores de actividad antes enumerados, y con resultados diferentes, ya que en una sí se estima la demanda y en otra se desestima, siendo el eje fundamental de cada una de ellas, ya lo adelanto, si pudo o no probarse que había una práctica empresarial en el sector de no remuneración del citado permiso. De ahí que haya destacado en el título de la presente entrada la importancia de la prueba en el proceso laboral para alcanzar, o no, una sentencia estimatoria de la pretensión formulada en la demanda, a lo que añado el papel de la comisión paritaria del convenio y más exactamente cómo se desarrollen sus reuniones, sus acuerdos o desacuerdos, y las manifestaciones de las partes que queden recogidas en las actas de aquellas.  

Se trata de las sentencias de 20 de octubre, de la que fue ponente la magistrada Ana Sancho   (desestimatoria) y de 26 de octubre, de la que fue ponente el magistrado Juan Gil    (estimatoria)

2. Analizaré en primer lugar la sentencia de 26 de octubre, ya que su fundamentación jurídica se basa en la dictada el 1 de junio. Esta última, fue objeto de un detallado examen por mi parte en la entrada “Sobre el permiso para exámenes oficiales y su remuneración. Notas a la sentencia de la AN de 1 de junio de 2026”  , de la que recupero aquellos contenidos que serán trasladables en gran medida a la de 26 de octubre.

“El resumen oficial es el siguiente: “La Audiencia Nacional estima la demanda interpuesta por UGT contra las empresas del Grupo Acciona Energía y declara que el permiso para acudir a exámenes oficiales debe ser retribuido efectuando para ello una interpretación sistemática y finalista del art. 23 E.T”. El interés especial de la sentencia radica justamente, tal como se recoge en su resumen, en cómo llega la AN a la estimación de la demanda, es decir como la interpretación que efectúa del art. 23 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, poniéndolo en relación con el art. 25 del convenio colectivo de aplicación, y entrando también en juego el art. 40.2 de la Constitución, lleva a concluir que el permiso para exámenes oficiales debe ser retribuido ...

El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de demanda por la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) en procedimiento de conflicto colectivo el 11 de marzo, habiéndose celebrado el acto de conciliación (sin avenencia) y el de juicio el 19 de mayo.

A) Conocemos en los antecedentes de hecho que la parte demandante se ratificó en la pretensión expuesta en la demanda, y solicitó que se dictase sentencia en la que se declarara “el derecho a que el permiso para acudir a exámenes oficiales sea retribuido”. Su defensa jurídica se basó en estos tres argumentos:

 “1.- Que la jurisprudencia del TS ha configurado los permisos como un derecho a la ausencia al trabajo sin pérdida de retribución;

 2.- Que el propio Convenio colectivo del Grupo Acciona obliga a las empresas a programar la formación sin que se perjudique económicamente a los trabajadores.

 3.- Que el Convenio OIT n.º 140 relativo a la formación en la empresa (ratificado por España) que regula una licencia pagada por estudios comprensivo del derecho a asistir a exámenes oficiales y que expresamente abarca la dimensión no profesional de la formación (art. 2 b).

 A la demanda se adhirió la parte interesada Federación de Industria de CCOO.

 B) La oposición a la demanda por parte empresarial se basó en estos argumentos:

 “... que el art. 23 del ET está rubricado a la formación y promoción en el trabajo dedicado a la formación profesional por tanto no está orientada a fomentar la formación general y el permiso del apartado a) tiene por objeto solo los exámenes para la obtención de título académico o profesional.

 que el apartado 3 del art. 23 habla de permiso retribuido de 20 horas para acudir a formación profesional para el empleo y que sería absurdo que el permiso para exámenes no tuviese tasado el límite de horas.

 que el art. 37.3 establece de forma tasada y cerrada los permisos retribuidos, siendo los mismos de carácter variado.

que el Convenio de acciona energía no define el permiso como retribuido, pues el art. 25 se encuentra dentro de la formación profesional y que dada la ubicación sistemática se refieren solo a la formación profesional sin que se encuentren dentro de los permisos retribuidos del art. 41.

 que el Convenio 140 de la OIT no es una norma autoaplicativa...”

3. ... De los hechos probados por la sentencia conviene reseñar en primer lugar que el conflicto afecta en torno a 1.800 personas a las que es de aplicación el convenio del grupo, que UGT-FICA está “suficientemente implantado” en el ámbito de afectación del conflicto, que formuló reclamación ante la comisión paritaria y que no hubo acuerdo dado que la parte empresarial mantuvo la tesis de que el permiso para exámenes oficiales “...

no figura como retribuido ni en el Estatuto de los trabajadores ni en el Convenio Colectivo, recogiéndose en articulado aparte de los permisos retribuidos. A preguntas de la representación de las secciones sindicales sobre cómo se recuperan las horas del permiso, la empresa indica que se hace poniéndose de acuerdo entre el trabajador y su mánager”.

... Con prontitud centra la Sala la cuestión a la que debe dar respuesta, que no es otra que “... determinar si el permiso para acudir a exámenes regulado en el art. 23 a) del ET y 25.2 del Convenio colectivo de Acciona deben ser retribuidos o no sobre la base de lo argumentado por las partes en favor y en contra de una tesis y de la contraria...”

... Inicia su argumentación jurídica la Sala partiendo de la jurisprudencia del TS, en concreto de las sentencias de 3 de octubre de 2023   , de la que fue ponente el magistrado Sebastián Moralo, y de 29 de septiembre de 2020, de la que fue ponente la magistrada María Lourdes Arastey, de las que selecciona sus menciones expresas a que

“... la regulación que llevan a cabo los convenios colectivos no puede ser sino una mejora del régimen de descansos, fiestas y permisos que establece el artículo 37 ET (y añadimos nosotros cualquier otra norma con rango de ley), por lo que lo primero que ha de discernirse es cuál es la interpretación que ha de hacerse de cada uno de los permisos que se reconocen en el precepto legal, a la cual ha de estarse en todo caso”.

4. Desde este punto de partida previo, pasa a examinar si la regulación legal del permiso para exámenes oficiales conlleva el derecho a su remuneración, ya que de ser así ninguna norma convencional podría regular en sentido contrario.

A) Entra inmediatamente la Sala a la aplicación de los cánones o reglas de interpretación recogidas en el art. 3.1 del Código Civil, prestando atención en primer lugar a la literal del art. 23.1 LET, constatando que no hay mención a si se encuentra o no remunerado el permiso. Acude al diccionario de la RAE para confirmar que no puede inferirse de su definición que sea remunerado, si bien inmediatamente abre ya una pequeña puerta en sentido afirmativo al sostener que ... resulta significativo que uno de los sinónimos que se mencionan de esta acepción sea un acontecimiento que siempre ha de merecer desde el punto de vista del derecho del trabajo el carácter retribuido (arts. 38. E.T, 7 del Convenio 132 OIT y 7 de la Directiva 2003/88 cuál es el de vacación”. Es sin duda imaginativa la tesis de la Sala, aun cuando me suscita dudas la equivalencia que efectúa entre ambos términos y sus consecuencias jurídicas.   

B) Acude más adelante la Sala a la interpretación sistemática, mencionando que la regulación de los permisos se encuentra fundamentalmente en el art. 37 de la LET y se detiene en el dato de no existir una mención expresa y general a la remuneración, salvo justamente para los regulados en el apartado 3, y que cuando no se prevé tal remuneración así consta expresamente, de la misma manera que la suspensión de la contrapartida salarial cuando se suspende la prestación laboral no afecta a los permisos para exámenes, por cuanto no hay ninguna mención a estos como causa de suspensión.

C) Después, se detiene en la tesis empresarial antes mencionada, según la cual “el apartado 3 del art. 23 habla de permiso retribuido de 20 horas para acudir a formación profesional para el empleo y ... sería absurdo que el permiso para exámenes no tuviese tasado el límite de horas”. Para rechazarla, subraya que la redacción del tal apartado encuentra su origen en la reforma laboral operada por el gobierno del Partido Popular en 2011, inmediatamente después de su llegada al poder, y que

“... la lectura de la Exposición de Motivos de dicha norma con relación a su Capítulo I que es el que dedica a las medidas a la formación en modo alguno cabe deducir que se pretendan restringir los derechos hasta entonces vigentes en esta materia, antes al contrario, lo que se pretende es potenciarla y para ello se crea un nuevo permiso de veinte horas que es el que se regula en el apartado 3 del art. 23 E.T..”,

reproduciendo el fragmento de tal Exposición que justifica dicho cambio, para concluir que

“...  resulta perfectamente compatible la existencia de un permiso de hasta veinte horas anuales para recibir formación profesional con la existencia de otro para poder acudir a exámenes, exámenes estos que en algunos casos servirán para obtener los títulos derivados de la referida formación”,

Y que, por ello,

“... los criterios de interpretación sistemática, analizando la evolución histórica de la regulación nos han de llevar a la conclusión de que los permisos a que se refiere el art. 23. 1 a) son retribuidos”. 

D) La sentencia igue avanzando en la fundamentación jurídica que le llevará a la estimación de la demanda, y ahora se detiene en el criterio de interpretación finalista, poniendo en relación el marco legal con el constitucional, en concreto el art. 40.2. Se trata de un principio rector de la política social y económica que debe informar la práctica judicial, lo que le lleva a la Sala a sostener que “ante la duda de si el permiso para concurrir a exámenes ha de ser o no retribuido por mor del referido precepto constitucional hemos de optar por considerarlo como retribuido” (la negrita es mía).   Conclusión que se apoya también en las sentencias de la Sala de 27 de enero de 2025, y de 30 de mayo de 2025, de las que fue ponente el mismo magistrado que en la ahora analizada, pretensión, en las que se sostiene que

“... cuando se trata de obtener títulos de enseñanza reglada ... dicha actividad con arreglo al art. 1 de la LODE forma parte del contenido esencial del derecho a la educación reconocido en el art. 27 CE, por lo que la interpretación que debe efectuarse de aquellas normas que regulen aspectos de este derecho debe favorecer la efectividad del derecho fundamental, lo que nuevamente nos lleva a la conclusión anterior”.

... Por fin, la Sala no entra en el debate de si es de aplicación el Convenio núm. 140 de la OIT, ya que es del parecer que “regula una materia diferente de la que se examina en el presente caso”.  Si por “materia” se refiere a la existencia o no de remuneración, me parece aceptable la tesis. Si por el contrario se refiere al marco general de la licencia pagada de estudios, ya tengo muchas más dudas, que sostengo en base a los arts. 1 y 2 del Convenio

... Una vez concluido que el permiso legalmente reconocido de formación para asistencia a exámenes oficiales debe ser retribuido, es cuando la Sala se adentra, y lo hará con brevedad, en el examen del art. 25.2 del convenio colectivo, enfatizando la mención contenida en el mismo a que la parte empresarial “facilitará los permisos reglamentarios necesarios para la asistencia a exámenes de carácter oficial”, que, con buen criterio a mi parecer, la Sala afirma que “no han de ser otros” que los del art. 23.1 a), por lo que al ser una norma de mínimos el citado precepto, y de acuerdo a la interpretación anteriormente efectuada que lleva a sostener que el permiso debe ser retribuido, no cabe llega a otra conclusión de que los permisos convencionales recogidos en el artículo antes mencionados deben ser retribuidos.

3. El 22 de julio la FeSMC-UGT presentó demanda, en procedimiento de conflicto colectivo contra Tecniberia asociación española de empresas de ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos (TECNIBERIA), celebrándose el acto de juicio el 22 de octubre. A los efectos de mi exposición, interesa destacar la tesis de la parte demandante, a la que se adhirió la Federación de servicios de CCOO (citada como parte interesada), de existir “... la práctica generalizada en el sector de no retribuirlo, tal y como se evidencia de la contestación dada por la representación empresarial en la comisión paritaria a la consulta planteada sobre el carácter retribuido de dicho permiso” (la negrita es mía).

Por el contrario, y en el trámite de contestación a la demanda, la tesis empresarial fue radicalmente contraria, alegando las excepciones procesales formales de falta de legitimación pasiva y falta de correspondencia por la inexistencia de un conflicto colectivo de ámbito sectorial en cuanto al objeto litigioso de la demanda, ya que

“no se acredita la existencia de la alegada práctica homogénea y generalizada sectorial al no aportarse ni un solo documento que acredite la existencia de una controversia, una denegación de ese carácter retribuido por parte de cualquiera de las empresas asociadas, ni una petición denegatoria a cualquiera de sus trabajadores; no pudiéndose deducir dicha práctica de una simple discrepancia en el seno de la comisión paritaria sobre la interpretación del artículo 15.1 a) del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad. La segunda excepción que se plantea es la falta de acción, dado que debe ser un conflicto real, el conflicto debe ser acreditado, no de la mera discrepancia interpretativa que dos partes den a un precepto convencional o a un precepto estatutario, sino de la existencia de una controversia que aquí no ha sido acreditada; no se puede solicitar una mera consulta a este tribunal como si fuera un órgano consultivo; no hay una controversia real porque no se ha aportado ni una sola comunicación, ni una sola delegación del carácter de retribuido del permiso...”

En los hechos probados tenemos conocimiento del art. 15 del convenio colectivo nacional delsector  cuyo apartado 1 dispone que la persona trabajadora tendrá derecho: “a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional”.

Igualmente, se da debida cuenta de la consulta efectuada por parte sindical a la comisión paritaria el 9 de junio, y la falta de acuerdo en esta, en su reunión del día 16. La consulta, en la línea marcada por la estrategia sindical expuesta al inicio de esta entrada era la siguiente:  

“Partiendo de la literalidad de dichos preceptos, se plantea a la comisión paritaria si comparte:

A nuestro entender, dicho precepto convencional, en relación con el art. 23.1.a) ET , implica que las personas trabajadoras tienen derecho al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para concurrir a exámenes cuando cursen con regularidad estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente".

Además de la falta de acuerdo, la parte empresarial manifiesta, y así queda recogido en el acta de la reunión, que “....  conforme a la redacción literal del artículo 15.1.a) del convenio colectivo, respecto al carácter remunerado o no de los permisos para asistencia a exámenes, las partes negociadoras no convinieron en conceder un trato más favorable, en beneficio de las personas trabajadoras, al trato que les atribuye el artículo 23.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, que al no decir expresamente que estos permisos han de ser retribuidos, ha de entenderse que no tienen tal carácter de retribuidos".

De especial importancia para la fundamentación jurídica posterior de la Sala que llevará a la estimación de la demanda, me parece el HP quinto, en el que consta que “existe una práctica en el sector de las empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad de no retribuir el permiso por asistencia a exámenes previsto en los artículos 15.1 a) del XX Convenio Colectivo y 23.1 del ET” (la negrita es mía)

La Sala dará respuesta conjunta a las dos alegaciones procesales formales, partiendo de la redacción del art. 153 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (proceso de conflicto colectivo) (“1.  Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo...) y de la jurisprudencia del TS, con cita de la sentencia de 14 de abril de 2026, de la que fue ponente el magistrado Félix Azón  (resumen oficial: “Registro de Jornada. ALFERRO cuestiona la existencia de conflicto colectivo por no poner a disposición de la RLT los registros de jornada. Acción declarativa, no existe acción de Conflicto Colectivo”)

La desestimación de tales alegaciones procesales se basará en primer lugar en haber quedado acreditada la existencia de un problema de interpretación de un precepto convencional, el art. 15.1 a) del convenio colectivo aplicable, y de un precepto legal, el art. 23.1 a) de la LET, cual es “... si el permiso previsto en ambos preceptos es o no retribuido cuando en la reunión de la comisión paritaria de 16 de junio de 2026 el sindicato manifiesta que dicho permiso es retribuido y la representación empresarial de forma clara e indubitada sostiene que no lo es”, además de que, “esta Sala concluye que existe una práctica generalizada en el sector... de no retribuir el permiso para asistir a examen”, a partir de lo expuesto por la representación empresarial en la sesión de la Comisión Paritaria del 16 de junio. Existe, subraya la Sala, un conflicto “real y actual”, y por tanto no hay falta de acción, ya que, al haber quedado acreditada la práctica empresarial no de remuneración del permiso, “...  no es concebible la postura de la patronal empresarial si las empresas asociadas a ella no estuvieran negando el carácter retribuido del permiso”.

Desestimadas las alegaciones procesales formales, y estando en presencia de un conflicto colectivo en el que se debate sobre la interpretación de un precepto convencional, que, se recuerda por la Sala, “es la transcripción literal del permiso establecido por el artículo 23.1 a) del ET”, entra a dar respuesta a la cuestión sustantiva o de fondo, remitiéndose a lo ya decidido en la sentencia de 1 de junio de 2026, cuya fundamentación jurídica transcribe prácticamente en su integridad, para concluir que “en virtud de lo expuesto, esta Sala debe estimar la demanda al considerar que el permiso previsto en el artículo15.1 a) del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería; oficinas de estudios técnicos, trasunto del previsto en el artículo 23.1 a) del ET, debe ser retribuido”.

4. Respuesta diferente, contraria, es la dada por la Sala en su sentencia de 20 de octubre, que trata sobre la demanda sindical contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Clientes (CEX), siendo citados como partes interesadas los sindicatos Federación de Servicios de CCOO, CGT, CIG, ELA y LAB, y habiéndose personado la CSIF.

El acto de juicio se celebró el 13 de octubre. A los efectos de mi exposición interesa destacar que la demandante manifestó que existía “una práctica homogénea al considerar no retribuido el permiso para acudir a exámenes, que deriva del art. 76 del convenio en relación con el art. 23.1.3.a ET”, tesis a la que se adhirieron los sindicatos citados como partes interesadas.

De las tesis de la parte empresarial, en trámite de contestación a la demanda, cabe destacar que en el hecho quinto de la demanda se hacía referencia a tal práctica, pero que en el sexto se expone que se realizó una consulta a la comisión paritaria y esta no respondió, por lo que se pregunta que “... si existe una práctica generalizada y homogénea, por qué no se aporta ninguna nómina o petición en la que se habría denegado. Hay falta de acción”.

En los hechos probados tenemos conocimiento, al igual que en la sentencia anteriormente examinada, de la consulta efectuada por parte sindical a la comisión paritaria del convenio colectivo estatal del sector de contact center     el 9 de junio, sobre la interpretación del art. 76, que dispone que “de conformidad con lo que establece el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, y al objeto de facilitar la formación del personal que presta sus servicios en este sector, las personas trabajadoras tendrán derecho a ver facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa u otros organismos”. Para la parte sindical, “A nuestro entender, dicho precepto convencional, en relación con el art. 23.1.a) ET, implica que las personas trabajadoras tienen derecho al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para concurrir a exámenes cuando cursen con regularidad estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente”, y se pregunta a la comisión paritaria “es esta interpretación correcta?”.

En el hecho probado tercero consta únicamente que la reunión de dicha comisión se celebró el 30 de junio, “terminando sin acuerdo”. No hay, pues, referencia alguna a manifestaciones empresariales que quedaran recogidas en el acta.

Al entrar en la resolución del litigio, la Sala recuerda cuál es la pretensión de la parte demandante y la oposición procesal formal de la parte demandada, y centra con prontitud la cuestión a debate a partir de la pretensión de la demandante, cual es “la interpretación que haya de darse al art. 76 del convenio colectivo de aplicación, en conexión con lo dispuesto en el art. 23.1.a) ET”.

Tras recordar el contenido de los preceptos legal y convencional aplicables, entra a determinar si existe un conflicto colectivo que deba ser objeto de resolución, dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 153 LRJS, y pasa amplia revista a la jurisprudencia del TS y los requisitos que se requieren para su existencia, esto es “la trascendencia colectiva del conflicto, su naturaleza jurídica, y su carácter real y actual”, con una amplia mención a la misma sentencia citada en la dictada por la Sala el 26 de octubre, es decir la del TS de 14 de abril de 2026. Y, a diferencia de la sentencia de 26 de octubre, declarará que existe falta de acción.

Para llegar a tal conclusión se basará en el contenido de la demanda, tanto en sus hechos como en sus pretensiones y el suplico (véase fundamento de derecho quinto), y en la consulta formulada a la comisión paritaria y la decisión de esta de no alcanzar acuerdo entre las partes.

¿Cuál es la fundamentación jurídica de la Sala para estimar la falta de acción?

En primer lugar, la propia dicción literal del texto convencional, ya que “no cita ni remite expresamente al apartado a) del art. 23.1 ET. Parte del principio de facilitar la formación, por lo que con la petición de la demanda, lo que se pretende es desde un principio general, conseguir una consecuencia particular, esto es: que el permiso para concurrir a exámenes en el sector sea retribuido, extendiendo ese deber de facilitación a una circunstancia específica del art. 23 ET. Permiso que, por otro lado, tampoco se define como retribuido por dicho precepto”.

En segundo lugar, y aquí se encuentra la diferencia fundamental con la sentencia de 26 de octubre, en la falta de prueba por la demandante de la considerada práctica general empresarial de no remuneración del permiso y que debía recaer en la parte actora al amparo del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos son los argumentos de la Sala:

“... el sindicato demandante no ha presentado ni una sola prueba que acredite que un solo trabajador haya solicitado un permiso retribuido para acudir a exámenes y le haya sido denegado. Tampoco el descuento en nómina de cantidades por la concurrencia a exámenes, de lo que se desprende la ausencia de un conflicto real y actual. La presentación de un conflicto que se dice interpretativo no es tal, y no ha resultado acreditado que las empresas del sector denieguen de forma general el carácter retribuido del permiso para concurrir a exámenes. Ello aun cuando consecuencia de la consulta planteada por el sindicato actor a la Comisión paritaria, no se haya alcanzado acuerdo alguno, desconociendo el tribunal en qué términos se desarrolló el debate en el seno de la citada comisión celebrado el día 30-6-2026 ...

... (no puede) alegarse una pretendida facilidad o disponibilidad probatoria por parte de la empresa, pues resulta difícil afirmar que el sindicato demandante no haya podido tener conocimiento de la negativa a reconocer el permiso retribuido a trabajadores afectados, a través de sus propios afiliados”.

La sentencia se desmarca de la dictada el 1 de junio, que fue casi íntegramente acogida por la de 26 de octubre, insistiendo en que aun cuando pudiera entenderse que el debate fuera semejante al debatido en esta última “...  no hay prueba alguna que verifique la posición empresarial contraria a conceder un permiso retribuido”.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala estimará la excepción de falta de acción por inexistencia de conflicto colectivo y dejará imprejuzgado el fondo del asunto, no sin antes exponer que el conflicto, en su caso, “...  podrá dar lugar a las acciones individuales que correspondan, una vez solicitado el permiso y denegada su retribución”.

5. Una breve recapitulación, antes de finalizar este artículo. Ya tenemos tres sentencias de la AN que dan respuestas (dos estimatorias y una desestimatoria) a las pretensiones sindicales.

La importancia de la prueba practicada en el acto de juicio deviene fundamental a los efectos de resolución de cada caso, si bien parece que no lo es menos el debate que haya en la comisión paritaria y las manifestaciones de parte, o su inexistencia, que queden recogidas en las conclusiones.

Cabe preguntarse si a la estrategia sindical puede responderse por la parte empresarial con la suya propia y consistente en el silencio en comisión paritaria, o más exactamente la manifestación de desacuerdo con la tesis sindical y sin ninguna manifestación adicional.

Supongo que ya hay más demandas interpuestas, y, por tanto, seguiremos atentos a las sentencias que se dicten por la AN, si bien es claro, y no sólo en la primera sentencia de 1 de junio, que las dos dictadas el mes de octubre han dejado abierto el camino para la presentación de recursos de casación para la unificación de doctrina, o al menos este es mi parecer.

Buena lectura.  

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