El pasado mes de mayo tuve el honor de participar como invitado en la Subcomisión de Inmigración de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, para explicar los criterios que desde la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona consideramos más convenientes para una posible reforma de la normativa española en la materia, así como para exponer nuestro parecer, desde una perspectiva más general, sobre la inmigración en España. Aquí están algunos de ellos.
La inmigración está vinculada, fundamentalmente, a las posibilidades que ofrece un mercado de trabajo dinámico, y que ha generado en los últimos años un importante volumen de nuevos empleos. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, de los servicios de empleo autonómicos y de la encuesta de población activa, la inmigración se concentra en los sectores de la construcción, hostelería, servicios a las personas y empresas, comercio y agricultura. La necesidad de mano de obra inmigrante es real y va a seguir existiendo en los próximos años, con independencia del posible incremento de la participación femenina y de los trabajadores de edad madura en el mercado de trabajo.
No obstante, se quiere llamar la atención sobre el impacto negativo que podría tener sobre la población inmigrante un cambio brusco de ciclo económico y la pérdida de importancia de sectores (en especial el de la construcción) en donde tienen en la actualidad una presencia muy importante. Si España cambia el modelo productivo y potencia la investigación, desarrollo e innovación, será necesario, cada vez más, que se incorporen inmigrantes con alto nivel de cualificación profesional en los sectores vinculados a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y de atención a las empresas y las personas.
Es conveniente plantear la creación de un servicio exterior de empleo que proporcione respuestas adecuadas a las nuevas necesidades del mercado de trabajo español, en el marco de actuación conjunta con la política migratoria de la UE en este ámbito, y también para articular una acción coordinada con los países de los que proviene la mayor parte de los flujos migratorios hacia nuestro país. Parece evidente la necesidad de una actuación integrada y coordinada, en el ámbito de la formación y del empleo por parte de la administración general del estado y de las administraciones autonómicas, señaladamente de sus servicios públicos de empleo.
Hay que plantearse, tanto en el ámbito estatal como en el de la Unión Europea, si debe seguir aplicándose con carácter general la preferencia comunitaria para el empleo para los trabajadores autóctonos o de los países del espacio económico europeo. Hay que agilizar los trámites administrativos de concesión de la autorización de residencia y trabajo, para evitar que muchas personas trabajen en situación irregular. Hay que garantizar el cumplimiento estricto de la normativa laboral y de Seguridad Social, tanto estatal como europea e internacional, para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso al empleo una vez que se dispone de las autorizaciones correspondientes.
EL NUEVO Y CAMBIANTE MUNDO DEL TRABAJO. UNA MIRADA ABIERTA Y CRÍTICA A LAS NUEVAS REALIDADES LABORALES
sábado, 8 de septiembre de 2007
viernes, 7 de septiembre de 2007
Renta mínima garantizada y salario ciudadano
En 1989 tuve la oportunidad de publicar con mi maestro Juan N. García-Nieto un cuaderno de Cristianisme i Justícia con este título Era un momento en que la reflexión sobre la necesidad de garantizar una percepción económica a toda persona que quedara fuera de los circuitos regulares del mundo del trabajo y de su protección se hacía cada vez más clara y evidente.
En la actualidad, el derecho a una renta básica para todo ciudadano sigue siendo objeto de debates en el seno de grupos sociales que buscan una alternativa al modelo de sociedad actual en donde una parte de la población queda fuera de los circuítos económicos y en donde, además, el desarrollo económico incontrolado puede llevar a un deterioro acusado del medio ambiente en poco tiempo en todo el planeta si no se toman las medidas adecuadas. No se quiere ni se pretende desconocer que el trabajo, en sus más variadas acepciones, sigue siendo un eje central de la vida de muchas personas (paradójicamente lo es más para aquellas que no lo tienen, ante la angustia que les supone en muchas ocasiones el no percibir recursos económicos para subvenir a sus necesidades y a las de sus familias) pero se cree que el enriquecimiento de una parte reducida de la población es incompatible con los ideales de justicia y solidaridad que deben regir en cualquier sociedad democrática.
Propongo tres ideas que, así lo pienso, deben seguir siendo el centro del debate en cualquier planteamiento de defensa de una renta básica para todo ciudadano:
-- El derecho a una remuneración justa y suficiente debe considerarse como un derecho fundamental y básico de toda persona, derecho cuya concreción efectiva debe llevar a garantizar la seguridad para ella, que es condición necesaria de la responsabilidad personal y social.
-- La renta básica no debería significar en modo alguno la pérdida de la ética del trabajo en cuanto que los trabajadores deberán seguir prestando su actividad laboral en tiempo reducido, pero debería tener el efecto positivo de permitir o posibilitar el ocio elegido y la disponibilidad para participar en actividades no estrictamente productivas en los términos que se contemplan y utilizan en la contabilidad nacional.
-- Por fin, esta renta debería contribuír a evitar que sólo una parte minoritaria de la población se beneficie de los avances tecnológicos y de las correlativas mejoras de productividad que implican, es decir su contribución iría en la línea de evitar la dualización de la sociedad entre personas con rentas elevadas y actividad profesional estable, y quienes además de percibir rentas económicas mínimas no disfrutan de ninguna garantía de estabilidad en su vida laboral.
En la actualidad, el derecho a una renta básica para todo ciudadano sigue siendo objeto de debates en el seno de grupos sociales que buscan una alternativa al modelo de sociedad actual en donde una parte de la población queda fuera de los circuítos económicos y en donde, además, el desarrollo económico incontrolado puede llevar a un deterioro acusado del medio ambiente en poco tiempo en todo el planeta si no se toman las medidas adecuadas. No se quiere ni se pretende desconocer que el trabajo, en sus más variadas acepciones, sigue siendo un eje central de la vida de muchas personas (paradójicamente lo es más para aquellas que no lo tienen, ante la angustia que les supone en muchas ocasiones el no percibir recursos económicos para subvenir a sus necesidades y a las de sus familias) pero se cree que el enriquecimiento de una parte reducida de la población es incompatible con los ideales de justicia y solidaridad que deben regir en cualquier sociedad democrática.
Propongo tres ideas que, así lo pienso, deben seguir siendo el centro del debate en cualquier planteamiento de defensa de una renta básica para todo ciudadano:
-- El derecho a una remuneración justa y suficiente debe considerarse como un derecho fundamental y básico de toda persona, derecho cuya concreción efectiva debe llevar a garantizar la seguridad para ella, que es condición necesaria de la responsabilidad personal y social.
-- La renta básica no debería significar en modo alguno la pérdida de la ética del trabajo en cuanto que los trabajadores deberán seguir prestando su actividad laboral en tiempo reducido, pero debería tener el efecto positivo de permitir o posibilitar el ocio elegido y la disponibilidad para participar en actividades no estrictamente productivas en los términos que se contemplan y utilizan en la contabilidad nacional.
-- Por fin, esta renta debería contribuír a evitar que sólo una parte minoritaria de la población se beneficie de los avances tecnológicos y de las correlativas mejoras de productividad que implican, es decir su contribución iría en la línea de evitar la dualización de la sociedad entre personas con rentas elevadas y actividad profesional estable, y quienes además de percibir rentas económicas mínimas no disfrutan de ninguna garantía de estabilidad en su vida laboral.
No hay muertes de primera y de segunda
La trágica muerte del futbolista Antonio Puerta acaparó la atención de los medios de comunicación durante varios días, circunstancia comprensible por el importante efecto mediático de todo lo relacionado con el fútbol. Lamentablemente, merece mucha menos importancia el goteo dramático de muertes en el sector de la construcción.
Una noticia publicada en la edición digital de El País el pasado martes llevaba por título "Mueren seis trabajadores en accidentes laborales". Esta misma mañana, es decir hace muy pocas horas, una nueva noticia nos informa de la muerte de un trabajador en las obras del AVE en Galicia .
Son dos ejemplos, pero podría poner desgraciadamente muchos más. Más que noticias parecen esquelas. Pero no nos olvidemos que la vida de todas las personas vale lo mismo, y que tenemos instrumentos jurídicos, como la ley de subcontratación y el reglamento recientemente aprobado, que deberían contribuir a que hubiera cada vez menos noticias como las que acabo de referenciar.
Una noticia publicada en la edición digital de El País el pasado martes llevaba por título "Mueren seis trabajadores en accidentes laborales". Esta misma mañana, es decir hace muy pocas horas, una nueva noticia nos informa de la muerte de un trabajador en las obras del AVE en Galicia .
Son dos ejemplos, pero podría poner desgraciadamente muchos más. Más que noticias parecen esquelas. Pero no nos olvidemos que la vida de todas las personas vale lo mismo, y que tenemos instrumentos jurídicos, como la ley de subcontratación y el reglamento recientemente aprobado, que deberían contribuir a que hubiera cada vez menos noticias como las que acabo de referenciar.
miércoles, 5 de septiembre de 2007
La política comunitaria de apoyo a la familia.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea y los Estados miembros están de acuerdo, y así lo manifiestan en un documento recientemente aprobado sobre la importancia de las políticas favorables a la familia en Europa y el establecimiento de una alianza a favor de las familias, en la importancia de la puesta en prácticas de políticas adecuadas de apoyo a la familia, tanto para enfrentarse a los retos que plantea el cambio demográfico como para fortalecer la cohesión social de nuestras sociedades, en el bien entendido que la adopción de las medidas concretas para llevar a buen puerto este objetivo general es responsabilidad de los Estados miembros. De ahí que se considere necesario que se adopten medidas que den debido cumplimiento a los objetivos marcados desde hace ya varios años en los documentos comunitarios que han abordado esta cuestión, en especial a mi parecer el compromiso que se asumió por el Consejo Europeo de Barcelona (marzo 2002) de lograr que reciban atención infantil como mínimo el 33 % de los menores de 3 años y el 90 % de los menores entre 3 y 6 años.
El documento comunitario propugna la adopción de medidas que permitan mejorar la infraestructura social destinada a la familia (Ej.: cuidado de menores), una mayor precisión a la hora de adoptar medidas en este terreno, para tener en cuentas las nuevas problemáticas familiares, y la mejora de las condiciones laborales mediante una mejor organización de los ciclos de trabajo y una adecuada combinación de la flexibilidad y la seguridad, para posibilitar el disfrute de los permisos adecuados para hombres y mujeres y la eliminación de formas de discriminación por razón de género. No se trata, y así queda bien claro en el texto, de crear estructuras nuevas en el ámbito comunitario, sino de aprovechar de manera más coherente, eficaz y precisa los instrumentos, recursos y órganos existentes”.
En las conclusiones se insta a todos los sujetos implicados en las políticas familiares a que pongan en común sus experiencias y buenas prácticas, con la utilización de los medios tecnológicos adecuados, para que puedan repercutir en beneficio de las personas interesadas y para que permitan avanzar en un reparto equitativo de la prestación de cuidados familiares para hombres y mujeres. En definitiva, se trata de abrir un amplio foro de debate análisis de las diferentes prácticas nacionales “para que los Estados miembros aprendan de los demás a que utilicen la información y experiencia de que se disponga por medio de un intercambio intensificado en toda la Unión Europea para determinar que mejoras podrían introducirse en sus propios marcos de apoyo a la familia”.
El documento comunitario propugna la adopción de medidas que permitan mejorar la infraestructura social destinada a la familia (Ej.: cuidado de menores), una mayor precisión a la hora de adoptar medidas en este terreno, para tener en cuentas las nuevas problemáticas familiares, y la mejora de las condiciones laborales mediante una mejor organización de los ciclos de trabajo y una adecuada combinación de la flexibilidad y la seguridad, para posibilitar el disfrute de los permisos adecuados para hombres y mujeres y la eliminación de formas de discriminación por razón de género. No se trata, y así queda bien claro en el texto, de crear estructuras nuevas en el ámbito comunitario, sino de aprovechar de manera más coherente, eficaz y precisa los instrumentos, recursos y órganos existentes”.
En las conclusiones se insta a todos los sujetos implicados en las políticas familiares a que pongan en común sus experiencias y buenas prácticas, con la utilización de los medios tecnológicos adecuados, para que puedan repercutir en beneficio de las personas interesadas y para que permitan avanzar en un reparto equitativo de la prestación de cuidados familiares para hombres y mujeres. En definitiva, se trata de abrir un amplio foro de debate análisis de las diferentes prácticas nacionales “para que los Estados miembros aprendan de los demás a que utilicen la información y experiencia de que se disponga por medio de un intercambio intensificado en toda la Unión Europea para determinar que mejoras podrían introducirse en sus propios marcos de apoyo a la familia”.
domingo, 2 de septiembre de 2007
Les autoritzacions de treball per als estrangers reagrupats.
He llegit amb atenció les propostes (o millor seria dir "esborranys de propostes") que estan sent elaborades i debatudes per alguns grups polítics i organitzacions socials per a la modificació de la normativa legal i reglamentària d'estrangeria, on es demana que les persones reagrupades puguin tenir accés al mercat de treball espanyol des del moment que els sigui atorgada l’autorització de residència.
La tesi genèrica dels documents em sembla que no és desencertada. A partir de 2006 s'ha incrementat substancialment el nombre d'immigrants que han pogut venir a Espanya per la via del reagrupament familiar, com es demostra en les dades estadístiques del MTAS i que hem enviat periòdicament des de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona. Contribueix a aquest increment, al meu parer, el fet que s'hagi incrementat el nombre d'immigrants que ja han assolit la residència permanent a Espanya, que a 30 de juny eren un total de 763.292, es a dir el 33,59 % del total, segons les dades oficials facilitades pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
En qualsevol cas, no cal oblidar que en el nostre país el flux migratori més important segueix sent encara el de les persones que arriben per a incorporar-se directament al mercat de treball, però certament la tendència sembla ser la d'un apropament entre ambdues vies d'accés a Espanya.
Des del vessant jurídic, la proposta implicaria la modificació de la normativa d'estrangeria, de forma que es reconegués a
tota persona que arribi a Espanya de forma regular mitjançant un projecte de reagrupament familiar la possibilitat d'accedir directament al nostre mercat de treball (i no quedar condicionada pel cap baix un any com succeeix, tret d'algunes excepcions, en l'actualitat). Desconec el parer dels agents socials i dels partits polítics sobre aquesta qüestió, però m'imagino que hi hauria algunes o moltes reticències. Si la proposta fos acceptada, probablement s'haurien de reforçar els mecanismes de control per tal de garantir que els processos de reagrupament respectin escrupolosament la normativa vigent.
Crec que els documents que he pogut llegir són molt optimistes sobre els efectes positius d'aquest canvi normatiu sobre el nostre mercat de treball. Crec que seria necessari que les persones que arriben mitjançant el reagrupament familiar tinguessin un bon nivell de qualificació professional, o que el poguessin assolir en poc temps a Catalunya per mitja de les activitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Em sembla que això, en el moment present, és més un desig que una realitat, però del que no tinc cap dubte és que s'hauria d'avançar per aquest camí si de veritat volem que el canvi normatiu proposat tingui una incidència real positiva sobre el mercat de treball.
Per tot això, les propostes haurien d’estar més fonamentades amb dades estadístiques, i tenir en consideració l'adequació del nivell de formació dels reagrupats amb les necessitats del nostre mercat de treball. Personalment, crec que cal seguir potenciant la via de la contractació en origen com a mecanisme més adequat per a facilitar la incorporació de la població estrangera al mercat de treball en situació de regularitat, però també en soc conscient que haurem de trobar el punt d'equilibri entre ambdues vies.
A l'últim, els document traspuen una sensibilitat social que puc compartir en bona mesura com a reflexió sobre la política d'immigració que seria convenient de tenir per tractar a totes les persones com a éssers humans i no com a mera ma d'obra. Però aquestes reflexions de poc servirien si no van acompanyades de la viabilitat tècnica de les propostes.
La tesi genèrica dels documents em sembla que no és desencertada. A partir de 2006 s'ha incrementat substancialment el nombre d'immigrants que han pogut venir a Espanya per la via del reagrupament familiar, com es demostra en les dades estadístiques del MTAS i que hem enviat periòdicament des de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona. Contribueix a aquest increment, al meu parer, el fet que s'hagi incrementat el nombre d'immigrants que ja han assolit la residència permanent a Espanya, que a 30 de juny eren un total de 763.292, es a dir el 33,59 % del total, segons les dades oficials facilitades pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
En qualsevol cas, no cal oblidar que en el nostre país el flux migratori més important segueix sent encara el de les persones que arriben per a incorporar-se directament al mercat de treball, però certament la tendència sembla ser la d'un apropament entre ambdues vies d'accés a Espanya.
Des del vessant jurídic, la proposta implicaria la modificació de la normativa d'estrangeria, de forma que es reconegués a
tota persona que arribi a Espanya de forma regular mitjançant un projecte de reagrupament familiar la possibilitat d'accedir directament al nostre mercat de treball (i no quedar condicionada pel cap baix un any com succeeix, tret d'algunes excepcions, en l'actualitat). Desconec el parer dels agents socials i dels partits polítics sobre aquesta qüestió, però m'imagino que hi hauria algunes o moltes reticències. Si la proposta fos acceptada, probablement s'haurien de reforçar els mecanismes de control per tal de garantir que els processos de reagrupament respectin escrupolosament la normativa vigent.
Crec que els documents que he pogut llegir són molt optimistes sobre els efectes positius d'aquest canvi normatiu sobre el nostre mercat de treball. Crec que seria necessari que les persones que arriben mitjançant el reagrupament familiar tinguessin un bon nivell de qualificació professional, o que el poguessin assolir en poc temps a Catalunya per mitja de les activitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Em sembla que això, en el moment present, és més un desig que una realitat, però del que no tinc cap dubte és que s'hauria d'avançar per aquest camí si de veritat volem que el canvi normatiu proposat tingui una incidència real positiva sobre el mercat de treball.
Per tot això, les propostes haurien d’estar més fonamentades amb dades estadístiques, i tenir en consideració l'adequació del nivell de formació dels reagrupats amb les necessitats del nostre mercat de treball. Personalment, crec que cal seguir potenciant la via de la contractació en origen com a mecanisme més adequat per a facilitar la incorporació de la població estrangera al mercat de treball en situació de regularitat, però també en soc conscient que haurem de trobar el punt d'equilibri entre ambdues vies.
A l'últim, els document traspuen una sensibilitat social que puc compartir en bona mesura com a reflexió sobre la política d'immigració que seria convenient de tenir per tractar a totes les persones com a éssers humans i no com a mera ma d'obra. Però aquestes reflexions de poc servirien si no van acompanyades de la viabilitat tècnica de les propostes.
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