Cambios en el mercado de trabajo.

En diversas jornadas sobre empleo en las que he participado en los últimos meses he tenido oportunidad de reflexionar sobre los cambios en el mercado de trabajo español desde 1986, y a diferencia de aquello que decía hace más de veinte años estoy convencido que el acento de las políticas de empleo hay que ponerlo ahora más en la calidad del empleo que no en la cantidad del trabajo disponible. El debate sobre el empleo cada vez girará menos en España sobre la cantidad y cada vez más se debatirá sobre su calidad. Ello implica algo aparentemente tan simple y sencillo, pero en la práctica muchísimo más complejo, como es que se cumpla la normativa laboral, legal y convencional, vigente, y que se aplique de forma igual a todas las personas trabajadoras, de manera que no haya ningún tipo de discriminación. La intervención de la Administración Laboral (básicamente de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social) y de los representantes de los trabajadores en las empresas y centros de trabajo deviene fundamental. Además, será muy importante trabajar para que se apliquen correctamente las Directivas comunitarias sobre prohibición de todo tipo de discriminación.
¿Ha cambiado el mercado de trabajo en España en los últimos veinte años? ¿Y en los últimos diez? La respuesta es afirmativa, porque hay muchas más personas en el mercado de trabajo de forma regular, con sus derechos y deberes, con un número importante de quienes tienen una relación laboral estable, con independencia de que las situaciones económicas o las decisiones empresariales pueden provocar su extinción. Ciertamente, también es ahora mucho más importante el volumen de contratación temporal, y sigue siendo preocupante el volumen de desempleo femenino. Pero en cualquier caso, el problema viene a mi parecer no por aquello que se ha hecho, que es mucho, sino por lo que resta por hacer para que quienes tienen más dificultades para acceder al empleo, y hacerlo además en condiciones dignas, puedan tener la oportunidad de incorporarse, y en el marco de un modelo laboral donde se dan contradicciones aparentemente tan flagrantes como la existencia de tasas de desempleo cercanas al 10 % y la imposibilidad de cubrir numerosos puestos de trabajo vacantes por trabajadores autóctonos, comunitarios o extranjeros residentes en España, y la necesidad de acudir al mercado de trabajo extracomunitario para su cobertura.
Hemos cambiado mucho y para bien en perspectiva histórica, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que sigue quedando bastante por hacer para corregir las desigualdades y desequilibrios de un mercado de trabajo cada vez más complejo y diversificado.

La percepción de la inmigración por la ciudadanía.

En los artículos y trabajos que he efectuado en los últimos años sobre el fenómeno migratorio me he detenido casi siempre en el análisis de la percepción de la ciudadanía española y europea sobre dicho fenómeno, y lo he hecho porque en muchas ocasiones las diferencias entre las percepciones positivas por parte de quienes conocemos con detalle esta realidad no se corresponden en buena medida con aquellas que tiene una parte no menospreciable de las personas encuestadas, y ese contraste me reafirma más, si cabe, en la necesidad de una explicación didáctica, clara y accesible a todos los públicos, de la realidad de la inmigración, algo que en raras ocasiones ocurre en el debate político y mediático, y por ello es más apreciable aún el trabajo de las organizaciones que apuestan de forma clara y decidida por las políticas de integración de la nueva ciudadanía y por la adopción de medidas para gestionar la diversidad para que esta sea enriquecedora.

Esa percepción problemática de la inmigración aparece mensualmente en el Barómetro que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas. Por ejemplo, en el que corresponde al mes de abril la inmigración aparece como el cuarto problema más importante en España, por detrás del terrorismo, el paro y la vivienda; ahora bien, dicha percepción es sustancialmente diferente cuando el encuestado debe responder a las preguntas de cuáles son los problemas que a él le afectan más directamente, y en este supuesto la inmigración baja hasta el noveno lugar (con un porcentaje del 4,3 %), por detrás de la vivienda, los problemas de índole económica, el paro, “No Sabe”, los problemas relacionados con la calidad del empleo, “Ninguno”, la inseguridad ciudadana y las pensiones.

Como puede comprobarse, hay una distancia clara y evidente entre aquello que se considera como un problema general para todo el Estado y lo que se considera un problema particular, pero en cualquier caso bien harán las fuerzas políticas y sociales progresistas en no echar en saco roto estas encuestas, porque los resultados de las elecciones municipales del pasado 27 de mayo ponen claramente de manifiesto que hay un caldo de cultivo preocupante en algunas localidades para el crecimiento de expresiones políticas que hacen de la inmigración el chivo expiatorio de todos los problemas que pueda haber en la localidad, y por consiguiente adoptar las medidas y políticas económicas y sociales para dar respuesta a las inquietudes de toda la población.

También la percepción de que la inmigración puede ser un problema existe en varios países europeos, o más exactamente aquello que se plantea cada vez más en los debates políticos es la limitación del número de inmigrantes que pueden acceder al país. Baste traer aquí la referencia a una encuesta, efectuada a finales de mayo, por la consultora Novatris/Harris Interactive para France 24 y el International Herald Tribune, en la que la mayoría de los europeos y estadounidenses encuestados se muestran partidarios de una gestión más estricta de los flujos migratorios, pidiendo la fijación de cuotas sobre la base de criterios profesionales por nacionalidades, y en donde también se refleja que una amplia mayoría considera que en sus países hay demasiados inmigrantes (aunque en España ese porcentaje sea sólo del 45 %).

En definitiva, mientras los estudios constatan la bondad de la inmigración para el crecimiento económico y del empleo, una parte de la ciudadanía considera un problema, más o menos serio, la inmigración. De ahí que sea importante hacer un gran esfuerzo para romper con los tópicos y estereotipos existentes.

Flexibilitat i seguretat.

Una important Comunicació de la Comissió del passat mes de juny tracta d’establir uns principis comuns del que ara s’anomena flexiguretat. El document comunitari fa en primer lloc una breu anàlisi de quins són els desafiaments i les oportunitats de la globalització i el canvi, relacionant-los amb el nou marc econòmic i social europeu: per una banda, la producció d’un procés accelerat d’integració econòmica; d’altra banda, un envelliment demogràfic progressiu de la població, una taxa d’ocupació que necessita encara un creixement continuat i un atur de llarga durada que qüestiona el sistema de protecció social, sense oblidar la segmentació del mercat de treball, per la qual coexisteixen, segons la Comissió, “treballadors relativament protegits i treballadors desprotegits (els que són a dins i els que són a fora)”.

Per aconseguir els objectius de Lisboa 2000, amb la revisió del 2005, s’afirma que els ciutadans, les empreses, els Estats membres i la mateixa UE necessiten noves formes de flexibilitat i seguretat, les quals, pel que fa als ciutadans (treballadors), s’han de concretar en noves formes que possibilitin la seguretat de l’ocupació i no la del lloc de treball, “ja que cada vegada són menys les persones que conserven el mateix lloc de treball per a tota la vida”, per la qual cosa es requerirà millorar la seva capacitat i adaptabilitat per enfrontar-se als canvis en els processos productius.

Segons la Comissió, cal millorar l’ocupació tant des del vessant quantitatiu com qualitatiu, al mateix temps que es modernitzen els models socials europeus. Per aquest motiu es proposen diferents actuacions en la Comunicació —que els Estats membres haurien de portar a terme en el futur pròxim ― “que abordin simultàniament la flexibilitat dels mercats laborals, de l’organització del treball i de les relacions laborals, i la seguretat, tant la de l’ocupació com la seguretat social”. En definitiva, cal prendre mesures de “flexiguretat”, és a dir, una estratègia integrada que potenciï tant la flexibilitat com la seguretat en el mercat laboral.

A partir de l’anàlisi prèvia de les polítiques laborals dels Estats membres i del desenvolupament de la política comunitària en l’àmbit laboral, sembla que hi ha consens en l’àmbit comunitari en la idea que les polítiques anomenades de flexiguretat es podrien instrumentar, sempre tenint en compte les particularitats de cada Estat, per mitjà de quatre eixos d’actuació: en primer lloc, unes disposicions contractuals “flexibles i fiables”; en segon lloc, una política de formació, reciclatge i adaptació permanent; en tercer lloc, polítiques actives de mercat de treball que facilitin els processos de transició d’una ocupació a una altra i que contribueixin a reduir els períodes d’inactivitat; finalment, un sistema de protecció social que ofereixi els suports adequats a les persones que ho necessitin i que contribueixi a fer possible la coresponsabilitat per part dels treballadors i treballadores de la seva vida laboral, personal i familiar.

Un dels objectius declarats de la Comunicació és establir uns anomenats principis comuns de flexiguretat vàlids per a tots els Estats, que els puguin permetre respondre als reptes de futur, amb la participació activa de tots els subjectes implicats, i molt especialment dels agents socials, i partint del pressupòsit previ que la nova estratègia comunitària no gira sobre un únic model laboral ni sobre una única estratègia d’actuació. El desig de la Comissió és que aquests principis siguin integrats en les pròximes directrius sobre l’ocupació que elaborin els Estats membres a partir de les propostes prèvies de la Comissió. En l’annex I es recullen els anomenats “itineraris de la flexiguretat”: abordar la segmentació contractual; desenvolupar la flexiguretat en el si de les empreses i oferir seguretat durant els períodes de transició; abordar les diferències de mà d’obra quant a capacitats i oportunitats; millorar les oportunitats dels beneficiaris de les prestacions i dels treballadors no declarats.

La formación laboral.

Una primera constatación: nuestro marco legal y convencional de actuación viene plenamente delimitado por las políticas comunitarias. En este punto, las Directrices para el empleo 2005-2008 incluyen dos referencias específicas a las políticas de formación que deben tomarse en consideración: de una parte, se trata de ampliar y mejorar la inversión en capital humano, y de otra adaptar los nuevos sistemas de educación y formación en respuesta a las nuevas exigencias en materia de competencias.

Segunda consideración. Hay que combinar los objetivos económicos y sociales en materia de desarrollo educativo, ya que existen numerosas evidencias empíricas que demuestran de forma clara y manifiesta que los beneficios de la inversión en educación y formación para una sociedad y las personas que la integran superan a medio y largo plazo los costes que suponen a corto. Hay que mejorar las capacidades de las personas, conseguir una educación de mayor calidad y con unos niveles de mayor exigencia, y de acercar las tecnologías de la información y la comunicación a la mayor parte de la población. Para hacer más atractiva la formación profesional debe mejorarse su calidad y también las expectativas del acceso a un empleo, y establecer pasarelas de acceso a la educación superior para aquellas personas que deseen continuar los estudios.

Tercera reflexión, al hilo de los cambios económicos y sociales que se producen de forma cada vez más rápida en nuestras sociedades: ninguna economía avanzada, y España lo es con independencia de los desajustes existentes en el seno de la población, puede sobrevivir sin una modificación continua de las cualificaciones de las personas, Si en España tenemos serios problemas en materia de educación y de formación, por el elevado volumen de jóvenes que abandonan los estudios obligatorios sin haber obtenido la titulación y por la limitada importancia que se concede a la formación continua de las personas ocupadas, la Europa comunitaria mira con preocupación tanto el proceso de envejecimiento de la mano de obra como el importante número de personas que tienen bajas cualificaciones y subraya la importancia de mejorar los niveles educativos y formativos para el futuro inmediato

Cuarta y última reflexión. Buena parte de nuestro futuro laboral, del de miles de jóvenes y de miles de personas que ya están en el sistema laboral, se juega en el terreno de la formación permanente, y los agentes sociales han de adoptar las medidas adecuadas en la negociación colectiva para potenciar las políticas formativas, que no olvidemos que redundan tanto en beneficio de las empresas como de los propios trabajadores. Ahora bien, con casi toda seguridad los desajustes no se inician en la etapa laboral sino que vienen de los procesos educativos previos, y de ahí que los recientes documentos comunitarios que han dedicado especial importancia a la mejora de los procesos de educación y formación hayan puesto el acento, y creo que no puede ser de otra forma, en la potenciación de la inversión en enseñanza primaria “porque reviste una importancia crucial para prevenir el fracaso escolar y la exclusión social, y para sentar las bases del aprendizaje complementario”.

La política de empleo

La Ley 56/2003 de 16 de diciembre, de Empleo, se dicta en un momento en que el marco político, económico y social es sensiblemente diferente del que existía cuando se aprobó la Ley Básica de Empleo de 1980. Ya se ha desarrollado el marco político constitucional y estatutario, con la transferencia de la gestión de las políticas activas de empleo desde el Estado a las Comunidades Autónomas durante la pasada década y la presente. Es decir, ha cambiado el mapa territorial del empleo. Por otra parte, hay una creciente implicación de las Administraciones Locales en la aplicación, ejecución y desarrollo de políticas de empleo, aunque no estuvieran dotadas del marco legal propio para llevar a cabo dicha actividad. Es decir, las Administraciones Locales cada vez tienen más que hacer y decir sobre las políticas de empleo. También la incorporación de España a la Unión Europea a partir de 1986 y la adaptación gradual y paulatina de nuestro marco jurídico, con la obligación, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en 1997, de adecuar nuestra política de empleo a las orientaciones generales de la política económica comunitaria, a la Estrategia Europea de Empleo y a las directrices anuales para el empleo, implica que la política de empleo española no puede concebirse sin el seguimiento de las líneas básicas y de las directrices comunitarias. Por fin, la apertura de las tareas anteriormente reservadas de forma exclusiva al Instituto Nacional de Empleo a las entidades colaboradoras, públicas o privadas, tales como las de información, orientación e intermediación, ha implicado la desaparición del monopolio público de la colocación y que cada vez haya más sujetos que intermedian en el mercado de trabajo.

A mi parecer, los objetivos de las políticas de empleo que se han de poner en marcha con la Ley de Empleo son básicamente dos: en primer lugar, dar debida respuesta a los nuevos retos de los mercados de trabajo, combinando adecuadamente todos los instrumentos jurídicos disponibles desde el ámbito comunitario hasta el local, con una aplicación estricta del principio de subsidiariedad y con una coordinación adecuada y eficaz de todos los servicios públicos de empleo (comunitario, Servicio Público de Empleo estatal, el de cada de cada autonomía y los de aquellos ámbitos locales que los hayan puesto en marcha). Se trata de conseguir que los instrumentos jurídicos permitan hacer la política de empleo más eficaz y más cercana a la ciudadanía. En segundo término, la búsqueda del pleno empleo estable y de calidad, mediante la adecuada combinación de políticas activas de acceso al mercado de trabajo y de políticas de protección económica para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Atención especial, tanto en políticas “de cantidad” como “de calidad”, a los colectivos con más dificultades, como son las mujeres, los desempleados de larga duración, los jóvenes, las personas con discapacidad, y buena parte de los inmigrantes incorporados al mercado de trabajo español Se trata, en definitiva, de prestar atención a un mercado de trabajo cada vez más diversificado y con instrumentos adecuados que permitan hacer frente a esa diversidad.