¡Al fin,¡ el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

1. Hoy entra en vigor el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, aprobado por el Consejo de Ministros de dicho día, en el que se regula el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. No obstante, su plena efectividad dependerá de que se implanten los procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por vías no formales o por medio de la experiencia laboral, y para ello la disposición final tercera concede el plazo de 1 año a las Comunidades Autónomas para que lleven a cabo las actuaciones necesarias para su puesta en práctica, dado que son justamente las CC AA las que asumen las competencias en los ámbitos de convocatorias y gestión de los procesos de evaluación y acreditación de las competencias, a salvo de algunas competencias que el Estado se reserva de forma excepcional.

En la nota de prensa oficial del Consejo de Ministros se explicaba que el nuevo texto “establece un procedimiento único, aplicable en el ámbito de la Administración educativa y laboral, que permitirá que este 2009 se realice una convocatoria de ámbito nacional para acreditar la experiencia laboral y la formación de profesionales en el ámbito de la educación infantil y la atención a personas dependientes. …. De esta manera, unas 8.000 personas podrán participar en el proceso de evaluación y acreditación de competencias que se convocará a lo largo de 2009”.

La norma se dicta en desarrollo del marco estatal vigente en materia de cualificación y formación profesional, y también toma como punto de referencia la Estrategia comunitaria adoptada en Lisboa el año 2000, poniendo de manifiesto que el reconocimiento de las competencias adquiridas por vías no formales debe contribuir a facilitar la empleabilidad de la ciudadanía, así como también “facilitar la movilidad, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida y favorecer la cohesión social, especialmente de aquellos colectivos que carecen de una cualificación reconocida”. La normativa estatal de referencia está constituida por la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, el Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

2. El capítulo I regula el objeto, concepto y finalidad de la norma. En síntesis, se trata de establecer los mecanismos legales que permitan acreditar las competencias profesionales que se han adquirido por medio de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como los efectos jurídicos que tendrá dicho reconocimiento, definiéndose la competencia profesional como “el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Con dicha acreditación se pretende favorecer, según dispone el artículo 3, la puesta en valor de las citadas competencias, “con el fin de facilitar tanto la inserción e integración laboral y la libre circulación en el mercado de trabajo, como la progresión personal y profesional”.

3. El capítulo II regula la naturaleza y características del procedimiento de evaluación y acreditación, siendo el objetivo a alcanzar el de comprobar si la competencia profesional de una persona cumple o no “con las realizaciones y criterios especificados en las unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones profesionales”. Tales cualificaciones, que se acreditan mediante títulos de FP y certificados de profesionalidad, son definidas en el artículo 4 b) como “el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral”. Las unidades de competencias serán las unidades mínimas de acreditación.

4. El capítulo III se dedica a regular la información y orientación e instrumentos de apoyo al procedimiento. Con respecto a las primeras, corresponderá de forma permanente tanto a la administración educativa como a la laboral, en el bien entendido que la norma permite que también sea facilitada por administraciones locales, agentes sociales, cámaras de comercio y otras entidades y organizaciones públicas y privadas. Para el apoyo, deberá establecerse la adecuada coordinación entre las autoridades estatales y autonómicas que optimicen el procedimiento y garanticen su homogeneidad y fiabilidad.

5. El capítulo IV regula la convocatoria e inscripción en el procedimiento, y como ya he indicado antes las CC AA son las competentes al respecto con carácter general. Se prevé la posibilidad de convocatorias específicas para facilitar la cualificación de personas adultas que no posean el título de graduado en ESO, así como para dar respuesta a las necesidades de determinadas empresas y sectores profesionales y productivos, o para atender las necesidades de colectivos con especiales dificultades de inserción o de integración laboral.

Para poder participar en el procedimiento, deberá acreditarse, entre otros requisitos referidos a la nacionalidad o la edad previstos en el artículo 11, una determinada experiencia laboral y/o formación relacionada con la competencia profesional que se quiere acreditar.

Para la experiencia, según la unidad de competencia sea de nivel II o I se requerirá justificar bien 3 años de práctica laboral y un mínimo de 2.000 horas de trabajo, bien 2 años de práctica y un mínimo de 1.200 horas de trabajo, y para la formación 300 o 200 horas en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria, salvo que el módulo formativo correspondiente requiera de una duración inferior, en cuyo caso se deberán acreditar las horas requeridas. .

La norma es consciente de que algunas personas (cuya edad fija en más de 25 años) pueden no disponer de los documentos que acrediten su práctica laboral o experiencia formativa (ej.: contrato de trabajo, certificación de la empresa, certificación de alta en el RETA, …), y en tal caso se les permite solicitar su inscripción provisional a expensas de que pueda justificar que reúne los requisitos para ser evaluado “mediante alguna prueba admitida en derecho de su experiencia laboral o aprendizajes no formales de formación”.

6. El capítulo V regula la instrucción y resolución del procedimiento, que constará de tres fases: asesoramiento, evaluación de la competencia profesional; acreditación y registro de la competencia profesional.

En primer lugar, deberá facilitarse información y orientación al sujeto que esté interesado en obtener la acreditación; la persona interesada solicitará más adelante la pertinente evaluación, que será efectuada por la comisión nombrada al efecto; dicha comisión, cuando considere válidas todas las pruebas aportadas, procederá al reconocimiento y acreditación de las pertinente unidades de competencia. Por último, se prevén sesiones de asesoramiento sobre itinerarios formativos para completar el perfil profesional.

¿Cuáles son los efectos de las acreditaciones obtenidas? Según dispone el art. 19 tendrá el efecto de acreditación parcial acumulable para completar la formación dirigida a la obtención del correspondiente título o certificado. Por lo que respecta a la Administración educativa, ésta “reconocerá las unidades de competencia acreditadas, que surtirán efectos de convalidación de los módulos profesionales correspondientes, según la normativa vigente, y que se establece en cada uno de los títulos”, mientras que la Administración laboral “reconocerá las unidades de competencia acreditadas, que surtirán efectos de exención de los módulos formativos asociados a las unidades de competencia de los certificados de profesionalidad, según la normativa vigente, y que se establece en cada uno de los certificados”.

7. El capítulo VI regula la organización y gestión del procedimiento, con atribución de las correspondientes competencias a la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, sin olvidar la participación del Consejo General de Formación Profesional como órgano asesor y consultivo. Me parece importante destacar que tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos se dispone que las administraciones educativas y laborales deberán establecer las estructuras de coordinación adecuadas para facilitar y garantizar el cumplimiento de la norma.
Igualmente, se regulan en este capítulo las funciones de los asesores, los requisitos para poder obtener esta condición o la de evaluador, y todo lo relativo a las comisiones de evaluación. Por su importancia, cabe destacar que los requisitos para poder ser asesor y/o evaluador son los siguientes “a) Tener una experiencia de al menos cuatro años en alguno de los siguientes colectivos:
Profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de enseñanza secundaria o Técnicos de formación profesional, con atribución docente en la Familia Profesional correspondiente.
Formadores y formadoras especializados en las unidades de competencia que se especifiquen.
Profesionales expertos en las unidades de competencia que se especifiquen.
b) Superar un curso de formación específica organizado o supervisado por las administraciones competentes…”.

8. Por último, hemos de hacer referencia a la financiación de los procedimientos de acreditación, previéndose en la disposición adicional segunda que las administraciones competentes deberán disponer de recursos con arreglo a las disponibilidades presupuestarias existentes, “estimado un nivel de ingreso por tasas”. Igualmente, se deja constancia de que hasta el 30 de septiembre se podrán seguir convocando convocatorias de reconocimiento y acreditación al amparo de la normativa anteriormente vigente y ahora derogada, en concreto los Reales Decretos 942/2003 de 18 de julio y 1506/2003, de 28 de noviembre.

Medidas de apoyo y de fomento de empleo para las empresas de inserción en Aragón.

1. Hace pocos días dediqué una entrada del blog a la nueva regulación de las Empresas de Inserción (EI) en la Comunidad Autónoma de Aragón, con ocasión de la publicación del Decreto 128/2009 de 21 de julio. Dicha norma derogó el título I del Decreto 37/2006 de 7 de febrero, por el que se regulaban hasta entonces las EI en Aragón, pero no hizo lo mismo con el título II del Decreto, que regulaba las ayudas a las EI.

Hoy entra en vigor justamente la Orden de 31 de julio de 2009 por la que se aprueba el nuevo programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de empresas de inserción, publicada ayer en el Boletín Oficial autonómico. Dado que la norma introduce modificaciones con respecto a la explicación que efectué en el número 6 de la citada entrada, me ha parecido conveniente y necesario explicar de forma sucinta cuál es la nueva regulación. Por ello, el texto que ahora redacto sustituye al citado número 6.

2. La promoción de las EI pasa por la regulación, impulso y ejecución de diferentes clases de ayudas a las que se refiere, sin mayor concreción, el artículo 19 del Decreto 128/2009: subvenciones por creación de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social; para proyectos generadores de empleo; de carácter financiero; por asistencia técnica para estudios de mercado, auditorias contables y de gestión y auditorías sociales; de apoyo técnico para la contratación de gerentes y personal técnico cualificado; para posibilitar la inserción en el mercado de trabajo normalizado; para la contratación de técnicos de inserción otorgadas directamente a las empresas de inserción o a sus entidades promotoras cuando carezcan de ánimo de lucro; en fin, ayudas para las entidades asociativas representativas del sector.

La norma ahora objeto de comentario se dicta al amparo de lo previsto en la Disposición adicional tercera del Decreto 128/2009, en la que se faculta al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón “para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto”, y regula el nuevo programa ARINSER. Cabe recordar aquí que el Acuerdo 2008-2011 suscrito entre el gobierno y los agentes sociales se pronunció a favor de la continuación de la aplicación de este programa “u otros de iguales características que favorezcan la contratación”.

Se establecen seis grandes líneas de subvención: por creación de empleo para personas en situación de riesgo o exclusión social; para proyectos generadores de empleo; de carácter financiero; para asistencia técnica; para facilitar la contratación de personal cualificado; por inserción en el mercado de trabajo normalizado. A la referida a la contratación subvencionada de técnicos de inserción también podrán concurrir las entidades sin ánimo de lucro que incluyan acciones de inserción entre sus actividades y que sean socios partícipes de una EI.

3. En el primer supuesto, la subvención, que sólo se abonará si la duración del contrato es como mínimo de 6 meses y siempre que una posible extinción antes de cumplirse ese período sea por causa no imputable a la parte empresarial, será de un máximo de 5000 euros anuales por un período máximo de 3 años (justamente el período máximo de inserción que se puede subvencionar, salvo casos excepcionales), con reducción proporcional si el contrato se celebra a tiempo parcial y siempre y cuando la duración sea como mínimo del 50 % de la jornada habitual. La misma cuantía se abonará cuando una persona en situación o riesgo de exclusión social se incorpore como socio trabajador a una empresa de economía social (cooperativas y sociedades laborales), calificadas como EI.

Como novedad importante en la nueva regulación, y que destaca además por el vínculo que se establece entre una EI y el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo ordinario, la norma prevé una subvención de carácter indefinido cuando la persona contratada presente “disfunciones intelectuales límites, enfermedad mental o discapacidad psíquica con un grado de minusvalía igual o superior al 33 %, o discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía igual o superior al 65%”. Dado que la persona en cuestión y cuya contratación se subvenciona va a permanecer de forma estable en la EI, la norma requiera que se acredite “suficientemente y de forma fehaciente” cuál es el grado de dificultad que impide el tránsito de dicho trabajador. Además, reduce la cuantía de la subvención a partir del cuarto año al 60 % del SMI vigente y en proporción al tiempo realmente trabajado.

4. Las subvenciones para proyectos generadores de empleo (sea para EI de nueva creación o para las que amplíen plantilla de trabajadores en inserción) se concederán de acuerdo con la inversión en inmovilizado efectuada por la empresa. La cuantía máxima podrá alcanzar los 8.000 euros por cada nuevo puesto de trabajo estable ocupado por un trabajador en proceso de inserción (como mínimo durante 3 años) y el 75 % del coste total de la inversión realizada.

5. Las subvenciones por inversiones podrán alcanzar hasta cuatro puntos del tipo de interés del préstamo solicitado, y con el límite de 4.000 euros por cada nuevo puesto de trabajo de inserción creado.

6. Como he indicado con anterioridad, la norma también prevé la concesión de subvenciones para la realización de estudios de mercado o de planes de viabilidad, en cuantía del 50 % del coste de la acción y con el tope de 6.000 euros. Si se trata de la realización de auditorías contables y de gestión, la cuantía ascenderá hasta 2.000 euros, y se trata de auditorías sociales podrá alcanzar hasta el 50 % del coste de la acción y con el límite de 4.500 euros en un período de 3 años

7. Las subvenciones por asistencia técnica comprenderán la contratación laboral de directores o gerentes, o personal técnico cualificado, siendo el contrato de duración mínima de 1 año. La cuantía económica será del 80 % del coste salarial total, con un máximo de 18.000 euros.

8. Por último, la subvención por la inserción en el mercado de trabajo normalizado será de 4.000 euros para la EI, siempre que el contrato tenga una duración no inferior a seis meses y se formalice a tiempo completo o parcial no inferior al 50 % de la jornada ordinaria, pudiendo también abonarse dicha cantidad a la EI que favorezca la incorporación de un trabajador en inserción al mercado de trabajo como trabajador por cuenta propia o como socio-trabajador de una cooperativa o sociedad laboral.

Como requisitos adicionales a cumplir, hay que destacar que el cambio de situación jurídica debe producirse en un plazo máximo de 3 meses desde que el trabajador causó baja en la EI, que debe haber trabajado como mínimo durante 6 meses en la EI, y que Ésta debe realizar un seguimiento de su proceso de inserción en el mercado de trabajo ordinario durante los 6 primeros meses como mínimo, momento a partir del cual podrá solicitar la subvención reconocida en la norma.

9. También se prevén subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la contratación de técnicos de inserción, en cuantía del 80 % de los costes salariales totales y el límite de 18.000 euros anuales cuando dicho técnico, en el momento de formularse la solicitud de subvención por su contratación, atienda como mínimo a 12 trabajadores en proceso de inserción, y si el número de personas atendidas es inferior dicho tope se irá reduciendo de forma proporcional.

Se podrá solicitar la renovación en años posteriores si siguen concurriendo las causas que justificaron la contratación, si bien se establece una requisito cautelar de eficacia en las tareas asignadas al técnico para que pueda concederse la renovación, cual es que la entidad beneficiaria acredite “la incorporación al mercado de trabajo ordinario de, al menos, el 10 % del número total de trabajadores atendidos en función de los cuales se concedió la subvención inicial”. Los técnicos deberán acreditar una de las titulaciones específicas enumeradas en el artículo 11.5, aún cuando también cabe la posibilidad de contratar a un técnico que cumpla el requisito de la titulación media o superior pero que no sea específica, y que además, y esto es lo importante, “acredite una experiencia de, al menos, 6 meses en actividades vinculadas al campo de la integración social”.

10. Las ayudas del programa serán incompatibles con cualesquiera otras concedidas con la misma finalidad, salvo el programa estatal de fomento de empleo de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

11. La asignación presupuestaria para el año en curso, distribuida en diferentes partidas, se concreta en la disposición adicional segunda y es la siguiente: Subvenciones Contratación Empresas de Inserción 285.426 €; Subvenciones Contratación Empresas de Inserción 285.426 €; Contratación Técnicos Acompañamiento Empresas de Inserción 45.000 €; Contratación Técnicos Acompañamiento Empresas de Inserción 45.000 €; Subvenciones Activos Fijos Empresas de Inserción 108.619 €.

La tramitación se efectuará en régimen de concesión directa y las solicitudes deberán presentarse en los plazos previstos para cada una de las distintas modalidades de subvención en el artículo 12, salvo para las que soliciten al amparo de la presente convocatoria y en las que deberán respetarse los plazos fijados en la disposición transitoria primera. La autoridad administrativa laboral dispone de un máximo de 6 meses para la resolución, a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud, y en caso de no dictarla se entenderá desestimada.

12. Por último, y no menos importante, debe indicarse que la vigencia de la norma se extenderá a todas las acciones puestas en marcha desde el día siguiente al de su publicación y hasta el 31 de octubre de este año, y también quedarán incluidos dentro del ámbito temporal de la convocatoria “todos los supuestos subvencionables al amparo de lo previsto en la presente norma que se hubieran producido entre el 1 de octubre de 2008 y la fecha de entrada en vigor de la misma”. No menos relevante es la aplicación de las nuevas subvenciones a trabajadores que ya hubieran generado derecho con arreglo a la normativa anterior, estableciendo la disposición transitoria segunda que “Los trabajadores en proceso de inserción que, a la fecha de entrada en vigor de esta nor¬ma, hubiesen generado derecho a las subvenciones vigentes en el momento de su contrata-ción, generarán derecho a las nuevas modalidades y cuantías de las subvenciones estableci¬das en la presente norma, siendo también de aplicación en esos casos las nuevas condiciones y requisitos previstos en esta norma”.

Fomento de la contratación laboral estable en las Islas Baleares.

1. Hoy entra en vigor la Resolución de 13 de julio de 2009 por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas públicas para el fomento de la estabilidad en el empleo mediante la contratación indefinida y fija discontinua, publicada ayer en el Boletín Oficial autonómico. Más exactamente, la norma tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de ayudas económicas para incentivar la contratación inicial indefinida o fija discontinua, o la conversión de contratos de duración determinada en una de esas dos modalidades.

La norma encuentra sus puntos de referencia en el programa operativo autonómico 2007-2013, uno de cuyos objetivos es disminuir la temporalidad mediante el fomento de la calidad y estabilidad en el empleo; también, en el recientemente suscrito Plan de Empleo de les Illes Balears, en el que se siguen las orientaciones de las directrices comunitaria de empleo para el período 2008-2010 y en el que se prevé la adopción de medidas adecuadas para incentivar la contratación estable para colectivos con difícil acceso al mercado de trabajo y de las personas desempleadas que carezcan de cobertura económica, colectivo este último que debe merecer especial atención (así como también la problemática de la unidad familiar de referencia) en la actual situación de crisis económica, siempre y cuando residan en territorio autonómico.

Igualmente, se pretende apoyar a sectores considerados como estratégicos y emergentes, y a los trabajadores que pertenezcan a sectores industriales que tienen dificultades estructurales, sectores que serán los contemplados en el “Acuerdo del Área de Industria de la Mesa de Economía de las Bases para el diálogo sobre el Pacto por la competitividad, el empleo y la cohesión social”. Por fin, no hay que olvidar la estrecha relación de la norma con lo dispuesto en la normativa autonómica sobre las bases reguladoras de las subvenciones en materia de trabajo y formación, es decir la Orden de 4 de mayo de 2005 modificada por la de 16 de julio de 2008.

2. El primer programa regula la contratación indefinida o fija discontinua inicial a tiempo completo (de un mínimo de 6 meses de duración), dirigido a facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo y que no perciban prestaciones (contributivas o asistenciales) por desempleo, bien porque las han agotado o porque no tienen derecho a su percibo. A tal efecto la partida presupuestaria asignada es de 250.000 euros
La cuantía de la subvención guarda relación con el tiempo transcurrido desde que el trabajador dejó de percibir prestaciones hasta que se formaliza la contratación, yendo de los 2.000 euros (hasta 3 meses) a los 4.000 euros (más de 6 meses), y con la cuantía intermedia de 3.000 euros si dicho período dura entre 3 y 6 meses. Las cuantías citadas experimentarán variación al alza en algunos supuestos de aplicación a todos los programas, así como modalización en los contratos fijos discontinuos, a los que me referiré al finalizar su explicación.

3. El segundo programa va dirigido a incentivar la contratación estable, en los mismos términos que el primero, de personas que han sido contratadas “reiteradamente” al amparo de las modalidades contractuales del artículo 15 de la Ley del Estatuto de los trabajadores (es decir, para obra o servicio determinado, por necesidades de la producción y para sustituir a una persona con derecho a reserva de puesto de trabajo); la base sexta aclara que por contratación reiterada se entiende la formalización de “un máximo de dos contratos de duración determinada en la empresa solicitante”.

Por consiguiente, el beneficiario podrá estar inscrito como demandante de empleo o ser titular de un contrato temporal que se nova en indefinido (y en este supuesto la condición de demandante de empleo deberá referirse al momento en el que se formalizó el contrato que procede a transformarse posteriormente). A fin de evitar actuaciones fraudulentas, la norma prohíbe que se subvencionen contratos que vulneren la duración máxima del contrato temporal, así como también los de trabajadores que hayan sido objeto de cesión entre empresas de un mismo grupo.
La cuantía de la subvención se fija en 2.000 euros

4. El tercer programa regula la contratación estable inicial o por novación de contratos formalizados al amparo del artículo 15 de la LET cuando se formalicen en sectores estratégicos o emergentes y en sectores industriales que tienen dificultades estructurales. El apartado sexto 3 define de forma minuciosa cuáles son ambos.
La cuantía de la subvención se fija en 2.500 euros. Para el segundo y tercer programa la cuantía asignada es de 700.000 euros. Del total presupuestado, 950.000 euros, la cofinanciación del Fondo Social Europeo será del 50 %.

5. En los tres programas examinados, cuando se trate de contratos fijos discontinuos las cuantías se reducirán proporcionalmente en función del número de meses previstos en la contratación (siempre como mínimo de 6 meses).

Además, las cuantías que resulten en todos los supuestos referenciados se incrementarán si la contratación se formaliza con colectivos especialmente desfavorecidos (mujeres, jóvenes de 18 a 30 años, y mayores de 45 años) en 500 euros, y cabe la posibilidad de un incremento adicional de 300 euros cuando la contratación se formalice con una trabajadora en profesiones u oficios en los que haya subrepresentación femenina. Además, siempre que la persona que solicita la ayuda forme parte de un una unidad familiar en la que todos los miembros hayan agotado las prestaciones por desempleo a que tenían derecho, se podrán añadir 500 euros más a la ayuda.

6. Podrán ser sujetos beneficiarios de las ayudas las empresas privadas que procedan a las contrataciones de acuerdo a lo previsto en la norma y en centros de trabajo sitos en la autonomía, quedando expresamente excluidas del acceso a las mismas las administraciones públicas, las sociedades públicas y las entidades vinculadas o dependientes de éstas. Una nueva contratación deberá suponer ineludiblemente un incremento de la plantilla fija en los centros de trabajo de la empresa ubicados en territorio autonómico, tomando como punto de referencia la media aritmética de los 12 meses anteriores, y si se trata de una novación de contratación temporal a indefinida ello deberá implicar el mantenimiento de la plantilla de la empresa.
La tramitación se efectuará a medida que las solicitudes vayan siendo presentadas en el registro correspondiente, fijándose la finalización del plazo de su presentación en el día 30 de septiembre, y en el bien entendido que podrán ser subvencionadas las contrataciones que se hayan formalizado entre el 1 de noviembre de 2008 y dicho día 30 de septiembre de este año, con lo que ello implica de posibilidad de resolución sobre las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria de 2008 y que no hubieran sido resueltas por causas no imputables al solicitante. La autoridad administrativa laboral dispone de 3 meses para dictar y notificar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada.

Por último, cabe indicar que se establece un régimen muy estricto de incompatibilidad de estas ayudas con cualesquiera otras que puedan percibirse por los mismos conceptos por las administraciones públicas, con inclusión expresa de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social previstas en el programa estatal de fomento de empleo. Además, el personal contratado deberá mantenerse como mínimo durante tres años, computable a partir de la contratación indefinida inicial o de la conversión del contrato temporal en indefinido.

Fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar en la Comunidad Canaria.

1. La Resolución de 7 de agosto de 2009 aprueba las nuevas bases reguladoras, de vigencia indefinida, del programa de conciliación de la vida familiar y laboral "Cheque-guardería" y "Fomento a la creación de puestos de trabajo en Centros públicos o privados de Educación Infantil para niños de 0 a 3 años", y aprueba sus respectivas convocatorias para este ejercicio. La norma se publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial autonómico y entro en vigor el día 18.

La Resolución de 28 de julio de 2008 ya aprobó esas bases y la convocatoria de concesión de subvenciones para dicho año. Con el transcurso del tiempo y la aplicación de la norma, el gobierno autonómico ha considerado necesario introducir algunas modificaciones al objeto de conseguir el fin último del programa, que es “la conciliación de la vida familiar y laboral a través de la implementación de medidas que faciliten, a los padres y madres trabajadores, la atención y cuidado de sus hijos menores”.

La partida presupuestaria asignada al primer programa es de 400.000 euros (distribuida en 200.000 euros, 150.000 euros, y 50.000,00 euros). La tramitación se efectuará en régimen de convocatoria abierta, pudiendo ser objeto de subvención los contratos que se formalicen entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2009. Se fijan tres plazos para la presentación de solicitudes y para la consiguiente resolución de las mismas, que incluyen los meses de enero a junio, de julio a septiembre, y de octubre a noviembre. En el primero, la solicitud debe presentarse en los 10 días siguientes al de la publicación de la norma, mientras que en el segundo los 10 días se computarán a partir del 1 de octubre y en el tercero a partir del 1 de diciembre. La autoridad administrativa laboral debe dictar la resolución en el plazo de mes a partir de la finalización del de presentación de las solicitudes, salvo en el último, en el que deberá hacerlo antes de finalizar el año 2009. Para valorar las solicitudes se tomará en consideración el mayor número de contratos a formalizar, su carácter indefinido, la mayor duración media y la mayor jornada, y si hubiera un empate después de la evaluación la norma acude al criterio de la rapidez en la presentación de la solicitud, es decir se otorga preferencia a la solicitud de la entidad “que se hubiera presentado con mayor prontitud, según la fecha y número de registro de entrada en el SCE”.

2. El primer programa regula el llamado cheque-guardería, un título nominativo que certifica que su titular tiene hijos menores de tres años y cumple los requisitos fijados por la norma, y que tiene por objetivo “facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y el acceso al trabajo de las personas, a través de la implementación de ayudas que sufraguen los costes derivados de los servicios de guardería de sus hijos”, teniendo derecho por cada hijo.

Su cuantía será igual al importe de la guardería y con un límite de 150,00 euros mensuales por cada hijo menor de tres años de edad. El posible beneficiario debe residir en Canarias, estar en situación de desempleo con una antigüedad mínima ininterrumpida de 1 mes, y haber formalizado un contrato indefinido o de duración determinada (de una duración mínima de 3 meses), a tiempo completo o parcial (duración mínima del 50 % de la jornada ordinaria), con un salario mensual bruto inferior a 1.500 euros (con inclusión de las pagas extras). No será necesario reunir el requisito de antigüedad como demandante de empleo si se trata de trabajadores con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, perceptores de la prestación canaria de inserción, menores de 30 años o mayores de 45 en la fecha de formalización del contrato, y mujeres que sufren violencia de género.

La concesión del título nominativo se efectuará por la Dirección del Servicio Canario de Empleo, y su vigencia será de un año a partir del día siguiente al de la concesión, estando vinculada a la vigencia de la relación laboral, ya se trate de aquella que permitió la solicitud o de una nueva que se formalice durante dicho período.

3. El segundo programa regula las ayudas económicas para fomentar la creación de puestos de trabajo en centros públicos (promovidos por las corporaciones locales y entidades de Derecho Público dependientes de las mismas) o privados (empresas privadas y asociaciones o agrupaciones de empresas organizadas mediante una única personalidad jurídica) de educación infantil para niños de 0 a 3 años, con el objetivo de “facilitar la atención de los hijos de los trabajadores durante la jornada laboral”. La partida presupuestaria asignada es de 50.000 euros (distribuida en 25.000 euros, 15.000 euros y 10.000 euros). La tramitación de las solicitudes se realizará en los mismos términos que el primer programa.

La subvención por contrato indefinido a jornada completa oscilará entre 3.000 y 4.000 euros según la tipología de la persona contratada, con reducción proporcional cuando el contrato se formalice a tiempo parcial, y si se trata de contratos de duración determinada la cuantía se situará entre 600 y 800 euros, con la misma reducción en caso de contratación a tiempo parcial. En este segundo supuesto, la subvención se incrementará en 100 euros por cada mes que pase del sexto, con el límite del importe máximo de la contratación indefinida.

El posible beneficiario debe residir en Canarias, estar en situación de desempleo con una antigüedad mínima ininterrumpida de 1 mes, y haber formalizado un contrato indefinido o de duración determinada (de una duración mínima de 3 meses), a tiempo completo o parcial (duración mínima del 50 % de la jornada ordinaria), con un salario mensual bruto inferior a 1.500 euros (con inclusión de las pagas extras). No será necesario reunir el requisito de antigüedad como demandante de empleo si se trata de trabajadores con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, perceptores de la prestación canaria de inserción, menores de 30 años o mayores de 45 en la fecha de formalización del contrato, y mujeres que sufren violencia de género.

Acceso a un Máster oficial para universitarios en de desempleo. Una buena medida, pero con muchos interrogantes en su aplicación (II).

5. Vayamos a los aspectos que más interesarán, lógicamente, a los potenciales beneficiarios y también a las Universidades públicas: ¿cuáles son los requisitos necesarios para la obtención de la ayuda?

A) En primer lugar, “tener la nacionalidad española”. Quiero pensar que es solamente la disponibilidad económica la que limita el acceso a la ayuda a los autóctonos. Me resulta de difícil justificación, con arreglo a los Tratados comunitarios y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que pueda tratarse de diferente condición a un ciudadano español y a un ciudadano de cualquiera de los 26 restantes Estados miembros que cumplan los restantes requisitos; igualmente, también me cuesta argumentar jurídicamente la diferencia que se establece con un titulado universitario extracomunitario que se encuentra en situación legal de desempleo en España, y más con la amplitud con la que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el reconocimiento del derecho a la educación para todos los ciudadanos sin distinción por razón de nacionalidad. En fin, de momento dejo apuntadas mis dudas, que consultaré con los compañeros y compañeras de Derecho Comunitario y Derecho Constitucional cuando la vida universitaria recupere plenamente su actividad en septiembre.

B) Ya se ha dicho, porque la norma va dirigida justamente a quienes la tengan, que las personas que soliciten la ayuda deben estar en posesión de un título oficial universitario. Además, deben encontrarse en situación legal de desempleo y tener reconocido el derecho a percibir prestación contributiva o asistencial. La norma dispone que el solicitante debe tener reconocido ese derecho “en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes”, plazo que finalizará el 30 de octubre, inclusive, y que no debe haber expirado en esa fecha “el período durante el cual tiene derecho a su percepción”.

C) La ayuda se dirige a las personas que tienen entre 25 y 40 años, tal como se aprobó en la Resolución antes citada del Congreso de los Diputados. Se trata de una opción de política legislativa y sobre la que podrá criticarse, en su caso, el límite impuesto para la mayor edad ya que parece vincular, aunque no creo que sea esa la intención de los redactores de la norma, la dificultad para acceder o permanecer en el trabajo a partir justamente de los 40 años de edad (cuando, por ejemplo, las medidas de fomento de empleo para las personas de edad avanzada a efectos laborales son de aplicación a partir de los 45 años), pero se trata de una opción que ha adoptado el Gobierno y que habrá que valorar cuando se disponga de un tiempo prudencial de aplicación. De ahí que un requisito obligatorio para tener derecho a la ayuda sea el de haber nacido entre el 1 de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1983.

6. ¿Podrán acceder a las ayudas todas las personas que las soliciten?

La respuesta nos la da el título de una preciosa canción de Jarabe de Palo: “Depende”. Y por seguir con la canción, ¿de qué depende? Pues de que la partida presupuestaria alcance para dar respuesta positiva a todas las solicitudes formuladas y que se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva. En el supuesto de que ello no pueda ser así, el criterio de referencia será el de la renta per cápita del solicitante, con la aplicación de un coeficiente corrector regulado en el artículo 7 con el que se pretende otorgar preferencia a las personas solicitantes de mayor edad.

El cálculo de dicha renta se hará de acuerdo con la normativa reguladora de las becas de carácter general para el próximo curso, en concreto la Orden EDU/1901/2009 de 9 de julio, en sus artículos 11 y siguientes. Por cierto, dicho sea incidentalmente y en relación con el acceso por razón de nacionalidad al que antes me he referido, la Orden EDU/1901/2009 requiere para su solicitud “d) Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En este último caso se requerirá que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España. En el supuesto de estudiantes no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.

7. ¿Qué documentación debe presentar la persona solicitante?

“Do it yourself”, es decir “hágalo usted mismo”. Habrá que acudir al web del Ministerio de Educación (¿se colgará también en las webs de los Departamentos de Educación de las CC AA, y en la otra lengua oficial?), cumplimentarlo debidamente, imprimirlo y presentarlo firmado por el solicitante y todos los miembros de su familia que sean computables a efectos de determinar la unidad familiar “en el centro universitario donde vayan a cursar el Máster”. Además, deberá aportar la documentación que acredite que cumple los requisitos de encontrarse en situación legal de desempleo y tener reconocido el derecho a percibir la prestación contributiva o asistencial. Igualmente, y a los efectos pertinentes por si hay que resolver la concesión de las ayudas en razón de criterios económicos de la unidad familiar, la persona solicitante también deberá aportar en su caso la documentación acreditativa de que concurre “algunas de las circunstancias que dan derecho a deducciones en la renta familiar”.

8. Explicaba con anterioridad que las universidades públicas podían tener costes adicionales, o necesidad de reorganizar su actividad administrativa, como consecuencia de las cargas que le impone la nueva norma, aunque también puede argumentarse, y ojala esta sea la realidad, que ya están dotadas para poner en marcha sin complicaciones todo el entramado administrativo derivado de la nueva norma (qué quieren que les diga, yo tengo alguna duda al respecto).
Por ejemplo, será cada universidad la que deberá verificar, supongo que con sus propios medios o con los que les dote las autoridades autonómicas, como mínimo un 3 % de las ayudas concedidas para comprobar que se han ajustado a la letra de la norma, y en caso de que no sea así deberán exigir el reingreso de las cantidades indebidamente percibidas. La autoridad competente, por otra parte, quiere evaluar por su cuenta si las Universidades han actuado de forma diligente y con cumplimiento de la normativa, y a tal efecto “requerirá” (así se indica de forma taxativa en la norma) a las Universidades el envío de algunos expedientes de matrícula seleccionados por muestreo (¿por la autoridad competente?) “al objeto de comprobar los datos relativos a la matrícula de los alumnos beneficiarios de las ayudas”.

Más dudas me suscita el artículo 14.2 sobre cómo deberá actuar el personal administrativo de cada Universidad, a los que parece que se les atribuye la obligación de conocer perfectamente los requisitos que debe cumplir un solicitante de la ayuda, y la propia cautela de la norma al respecto (supongo que será la autoridad autonómica la que deberá fijar unas pautas más clara en este punto). Fíjense que las secretarias de los centros universitarios “podrán requerir cautelarmente” el abono de la matrícula a quienes presenten la solicitud y “no cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria”. Dejo la duda planteada de los problemas de índole práctica que pueden producirse en razón de los diferentes criterios interpretativos de cada Universidad, e incluso entre los que sostengan los distintos centros de cada Universidad.

9. Se busca y persigue rapidez en la tramitación de las solicitudes. Pongamos en marcha la maquinaria administrativa de cada Universidad, y una vez que ha concluido el plazo de presentación de solicitudes (recuérdese que es el 30 de octubre) la norma fija un breve plazo de forma taxativa, “antes del 10 de noviembre de 2009” (es decir en 6 días efectivos de trabajo, ya que hay un sábado y dos domingos en ese período), para que cada Universidad comunique a la autoridad autonómica competente el número total de solicitudes de ayudas presentadas, y aquí deben incluirse aquellas para las que se haya pedido subsanación de defectos, algo que parece de difícil cumplimiento si debemos respetar el plazo de 10 días que fija la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para dicha subsanación.

Además, en este mismo plazo deberán comunicar el importe aproximado de las ayudas en caso de que sean concedidas (parece que así se avanza el trabajo de las autoridades autonómicas, o al menos esa es la explicación que puedo encontrar al respecto). Con algo más de tranquilidad, antes del 30 de noviembre las universidades deberán remitir a las autoridades competentes, por vía informática, “la propuesta de los solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria”.
Con toda la documentación disponible, y según dispone el artículo 12.4, con la necesaria adaptación administrativa a la organización autonómica, la autoridad competente elaborará una base de datos, los contrastará si fuera necesario con los de las administraciones tributarias, y elaborará “una relación con los candidatos debidamente ordenados”. Aquí, curiosamente, no se establece ningún plazo límite, a diferencia de lo establecido en la actuación de las universidades, en el bien entendido que la norma prevé que pueda darse el supuesto de que las solicitudes presentadas no superen el presupuesto establecido, y en tal caso se autoriza a que las autoridades competentes dicten “órdenes parciales y sucesivas de las ayudas a medida que los órganos de selección formulen las correspondientes propuestas”.

Más tiempos modernos y vuelta al “do it yourself”. Se comunicará por SMS a las personas interesada que se les ha reconocido o denegado la ayuda (regulación muy interesante, pero que me imagino que no cierra las puertas a que se utilicen otros procedimientos de comunicación previstos por la normativa administrativa), y será cada una de estas personas la que se descargará la notificación de la página web en la que sea publicada. No obstante, la norma no se olvida de la importancia de que la relación definitiva de personas a las que se ha concedido la ayuda sea publicada en los tablones de anuncios (supongo que es indiferente que sean presenciales o electrónicos) de cada Universidad, considerándose denegadas todas las solicitudes que no aparezcan en la resolución.

10. Y colorín colorado, mi explicación se ha acabado. Ahora, a esperar y desear, que no es poco, que la norma se cumpla, y bien, en interés de sus beneficiarios, de las Universidades y de toda la sociedad.