La formación de oferta en la Comunidad de Madrid.

La Orden 2296/2009, de 27 de agosto modifica la Orden 2816/2008, de 2 de octubre, por la que se dictan disposiciones generales para la financiación de planes de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, y convoca subvenciones para este año.

La norma se público en el Boletín Oficial autónomo del pasado día 3 y entro en vigor al día siguiente, y procede a la modificación de diversos preceptos de la Orden reguladora de los planes de formación, al mismo tiempo que procede a abrir la convocatoria para la concesión de subvenciones para el año en curso para financiar planes dirigidos de forma prioritaria a trabajadores ocupados (como mínimo, deberán ser el 60 % de los que participen en las actividades formativas). Es especialmente destacable a mi parecer, y por lo que respecta a las citadas modificaciones, la posibilidad de poner en marcha planes de formación sectoriales para trabajadores autónomos (y no sólo intersectoriales, como así estaba regulado con anterioridad), previéndose que podrán solicitarlos las asociaciones de autónomos que tengan suficiente implantación en el territorio autonómico.

La partida presupuestaria asignada al efecto es de 57.673.769 euros, de los que el grueso se dedica a planes de formación intersectorial de carácter general (31.316.769 euros) y a los planes de formación sectoriales (13.610.971 euros), destacando en este segundo grupo las partidas asignadas al sector del comercio (2.203.998 euros), otras actividades empresariales (1.465.657 euros), y construcción (1.454.473 euros). La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación, y la autoridad administrativa laboral resolverá en un plazo máximo de 3 meses a partir del de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada.

Por lo que respecta a dos colectivos considerados prioritarios a efectos formativos, los de inmigrantes y mujeres, la norma fija criterios específicos para su participación en los planes. Con respecto a las mujeres, se dispone que su porcentaje debe ser como mínimo del 60 % en los planes de formación intersectoriales, y que en los planes sectoriales ese porcentaje debe ser el mismo y se aplicará sobre el porcentaje de ocupación de mujeres en cada ámbito sectorial, de acuerdo a lo dispuesto en el anexo IV. En los planes sectoriales, la presencia femenina ha de ser especialmente significativa en las actividades de servicios personales (como mínimo el 52 %), actividades sanitarias (46 %), y la industria de confección, peletería, cuero y calzado (44 %).

Sobre los inmigrantes, su porcentaje de participación debe ser como mínimo del 33 %, calculado sobre el de empleo de dichos trabajadores en la Comunidad Autónoma y que es el que se recoge en el anexo IV, y en cualquier caso el porcentaje global en los planes intersectoriales no debe bajar del 6,78 %. De esta manera, comprobamos el elevado grado de participación que han de tener los trabajadores inmigrantes en los planes formativos dedicados a las actividades de servicios personales (21,43 %), hostelería (13,21 %), construcción (11,46 %), o actividades inmobiliarias y alquileres (10,63 %). Por el contrario, su presencia obligatoria es mínima en energía, química y plásticos (1,65 %), actividades culturales, deportivas, recreativas y audiovisuales (1,92 %) o educación (2,35 %).

El Comité de Derechos Humanos de la ONU enmienda la plana a las autoridades españolas en materia de discriminación por razón de raza.

1. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un importante Dictamen el día 27 de julio en el que da la razón a la Sra. Rosalind Williams, que había presentado una comunicación el 11 de septiembre de 2006 ante dicho Comité alegando que el Estado español la había discriminado por razón de raza con ocasión del control de identidad que se le realizó por la policía nacional al descender del tren en la estación de Valladolid. El Comité dictamina que España tiene la obligación de proporcionar a la Sra. Williams “un recurso efectivo, incluido un pedido de disculpas públicas”, y también debe adoptar las medidas necesarias “para evitar que sus funcionarios incurran en actos como los del presente caso”. La Sra. Williams presentó su solicitud a través de la organizaciones sin ánimo de lucro Open Society Justice Iniciative y Women's Link Worldwide, al amparo del artículo 2 del Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, ratificado por España Por Instrumento de 17 de enero de 1985 y que entró en vigor el 27 de abril del mismo año, que dispone que “todo individuo que alegue una vulneración de cualquiera de sus derechos alegados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la consideración del Comité una comunicación escrita”.

El peregrinaje de la Sra. Williams hasta alcanzar la tierra prometida (un dictamen favorable por haber estado tratado de forma discriminatoria por razón del color negro de su piel) se inició el 6 de diciembre de 1992 cuando la policía nacional le pidió su Documento Nacional de Identidad (DNI) al bajar del tren en la estación de Valladolid junto con su esposo (español, pero de origen caucásico) y su hijo, a los que no se les pidió el DNI, ni tampoco a ningún otro pasajero del tren. La “peculiaridad” de la Sra. Williams (nacida en Estado Unidos y que disponía de la nacionalidad española desde el año 1969) era, como le dijo el policía nacional que pidió su DNI, según consta en la documentación del caso, ser “una persona de color”.

2. Remito a la lectura integra del dictamen para seguir el recorrido de la comunicación reclamación presentada hasta llegar a la resolución del Comité, en donde puede leerse una buena síntesis de las resoluciones administrativas y judiciales que se han dictado durante varios años sobre este asunto, incluyendo la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 13/2001, de 29 de enero, que desestimó el recurso de amparo y que ha sido el origen más cercano de la comunicación presentada.

Baste recordar aquí que el TC asumió, a partir de los hechos declarados probados en las resolución de la Audiencia Nacional y que consideró que al ser la autora de raza negra “no era desproporcionado el requisito de identificación”, que dicho requisito no era discriminatorio ya que “la actuación policial usó el criterio racial como meramente indicativo de una mayor probabilidad de que la interesada no fuera española. Ninguna de las circunstancias acaecidas en dicha intervención indica que el comportamiento del funcionario policial actuante fuese guiado por un prejuicio racista o por una especial prevención contra los integrantes de un determinado grupo étnico”.

3. La cuestión de la que ha debido conocer el Comité versa sobre la posible vulneración de los artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España por Instrumento de 13 de abril de 1997 y que entró en vigor el 27 de julio del mismo año. La cuestión debatida más concretamente es la vulneración del artículo 26, que prohíbe discriminar a las personas, y que les garantiza protección igual y efectiva, “contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

La Sra. Williams alegó que el color de la piel no puede considerarse “un criterio fiable para suponer la nacionalidad de una persona”, poniendo de manifiesto (y su tesis creo que se verá reforzada de forma gradual por el incremento de adopciones de niños “de piel negra”, provenientes de la República del Congo o de Etiopía, por ejemplo) que hay un numeroso grupo de españoles de piel negra que podrían ser objeto del mismo trato que sufrió ella, mientras que otros extranjeros “blancos” no sufrirán ningún control. En la denuncia se expone que la política de trato preventivo de control hacia unas personas determinadas por razón del color de su piel “contribuye a reforzar los prejuicios raciales en la sociedad y contribuye, aunque no sea de manera intencionada, a legitimar el uso de distinciones raciales y con fines inapropiados”.

Por cierto, me parece sorprendente que en las observaciones del Estado español sobre la admisibilidad y fondo de la queja presentada, que reitera las argumentaciones expuestas en sede administrativa y judicial, se afirme que “en la actualidad, las personas negras son relativamente raras entre la población española”, aunque sí es cierta su tesis de que esa “rareza” lo era mucho más en el año en que se inició el conflicto, es decir 1992 (dicho sea incidentalmente, el de los Juegos Olímpicos en Barcelona, punto de encuentro de personas de todas las razas y pueblos del mundo alrededor del deporte). Quizás convendría a los redactores de las alegaciones darse una vuelta por las guarderías y por los colegios e institutos (y en poco tiempo por las universidades) para darse cuenta de que esa “rareza” no es tal.

Ante la comunicación formulada, y después de haber estudiado las alegaciones de la parte denunciante y del Estado parte (con respecto a las cuestiones de forma sobre admisibilidad de la queja, presentada seis años después de la sentencia del TC, el Comité salva las objeciones formuladas por el Estado español afirmando que no hay un plazo límite previsto en el Protocolo facultativo del pacto para la presentación, y que el período de tiempo que transcurra antes de hacerlo desde que pudo efectuarse, “salvo casos excepcionales, no constituye en sí mismo un abuso del derecho a presentar una comunicación”) el Comité se plantea, y debe manifestarse al respecto, sobre la hipótesis de que se haya vulnerado el Pacto por el hecho de que la Sra. Williams fuera discriminada por motivo de raza al ser objeto de un control de identidad por parte de la policía nacional española, recordando que la responsabilidad de un Estado por incumplimiento del Pacto es de carácter objetivo y que puede surgir “de la acción u omisión de cualquiera de sus poderes”.

El Comité, en la misma línea que la jurisprudencia del TC español, argumenta que no toda diferencia de trato tiene carácter discriminatorio, siempre y cuando, y el Comité efectúa su argumentación a partir de los preceptos del Pacto, se trate de criterios de diferenciación “razonables y objetivos”, y que el objeto perseguido con ese trato diferenciador sea “lícito”. En base a esas consideraciones generales de alcance teórico, el Comité acepta que se puedan efectuar controles de identidad por parte de la policía con fines, entre otros, de prevenir la inmigración ilegal, uno de los argumentos utilizados por las autoridades gubernamentales españolas para rechazar la fundamentación de la queja.

Ahora bien, lo que no acepta el Comité, y esta es la parte más relevante de su argumentación, es que dichos controles se hagan en razón de las características “físicas o étnicas” de una persona, presumiendo que las mismas pueden llegar a constituir un “indicio” de la posible situación irregular o ilegal de una persona en el país en cuestión, en este caso España; o dicho de otra forma, el Comité no acepta que las personas de esas características físicas o étnicas sean señaladas como posibles vulneradoras de la normativa sobre entrada y permanencia regular en el país, ya que lo contrario “no sólo afectaría negativamente la dignidad de las personas afectadas, sino que además contribuiría a la propagación de actitudes xenófobas entre la población en general y sería contradictorio con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial”.

Antes las alegaciones de la Sra. Williams, debidamente probadas y no desvirtuadas en sede administrativa o judicial, que ella fue la única persona de todas las que bajaban del tren a la que se le pidió su identificación y que el policía nacional que la solicitó le expuso que se debía a sus “rasgos físicos”, el Comité concluye dando la razón a la persona afectada por entender que la misma “fue individualizada para dicho control de identidad únicamente por razón de sus características raciales y que estas constituyeron el elemento determinante para sospechar de ella una conducta ilegal”.

4. Concluyo. Se trata de un buen dictamen y que debería tener el valor, más allá de su aplicación a un caso concreto, de hacer recapitular a las autoridades gubernativas sobre las políticas selectivas de identificación de personas por considerarlas, por razón de sus características físicas o étnicas, como extranjeras y que además se encuentran en situación irregular. Por cierto, dado que los últimos controles de identidad, básicamente en la Comunidad de Madrid, se han ampliado a un colectivo más amplio de ciudadanos, quizás sea necesario plantearse si el gobierno español cumple con el Pacto cuando trata de forma desigual a unos ciudadanos con respecto a otros por razón de su tez, de su piel o del lugar en que residen o del transporte público que utilizan, o de los lugares de ocio que visitan.

Un buen ejemplo de política autonómica de empleo. La nueva regulación de los agentes de empleo y desarrollo local en Castilla – La Mancha (y II).

Como complemento de la explicación realizada, en la entrada anterior del blog, de la Orden de 26 de agosto, debo indicar que hoy jueves se ha publicado en el Boletín Oficial autonómico, y mañana viernes entrará en vigor, la Resolución de 27 de agosto, de la Dirección General de Empleo, por la que se aprueba la Convocatoria para este año de las ayudas recogidas en la citada Orden.

En su introducción se vuelve a recordar que la normativa autonómica desarrolla en sede territorial la estatal, pero al mismo tiempo también se pone de manifiesto que el gobierno autonómico hace uso de las posibilidades existentes (a “virtualidades” se refiere la norma) para posibilitar que se incorporen nuevas localidades beneficiarias al programa y para estructurar la coordinación, intercambio de información y formación de los agentes, “además de precisar mejor sus aspectos económicos y administrativos” (una forma educada de decir que la norma estatal tiene aspectos manifiestamente mejorables, o al menos eso es lo que creo que quieren decir, sin decirlo, quienes han redactado la norma autonómica).

La partida presupuestaria habilitada al efecto, con carácter estimado, es de 900.000 euros, que podrá incrementarse con el cumplimiento de los requisitos fijados en el apartado segundo. El plazo para la presentación de las solicitudes (recuérdese que la tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva) finaliza el 30 de septiembre, y se fija el 18 de diciembre como fecha límite para iniciar los proyectos que sean valorados como susceptibles de recibir las ayudas reguladas por la Orden de 26 de agosto y la presente Resolución.

Un buen ejemplo de política autonómica de empleo. La nueva regulación de los agentes de empleo y desarrollo local en Castilla – La Mancha.

1. Desde hace varios años vengo estudiando todas las normas (bueno, más correcto sería decir la gran mayoría) dictadas por las Comunidades Autónomas en materia de política de empleo, y en este blog he procedido a explicar algunas de las que he considerado de mayor interés en los últimos dos años. Puedo afirmar con pleno fundamento de causa que las CC AA intervienen de forma diligente en la elaboración de políticas activas de empleo, tanto para adecuar la normativa estatal a las peculiaridades organizativas de cada autonomía como para poner en marcha programas propios que atiendan a las necesidades más propias y específicas del mercado territorial, o bien para dar respuesta dentro de sus posibilidades a la situación de crisis económica que vivimos en todo el territorio español desde 2008. Por consiguiente, hay que evitar una guerra de declaraciones periodísticas, o las descalificaciones parlamentarias en sede estatal o autonómica, sobre qué administración (y, perdonen, me olvidaba de la local) está actuando más diligentemente para tratar de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Es tiempo de cooperar, de juntar y de unir esfuerzos entre todas las Administraciones, y eso sólo puede hacerse desde el diálogo y la aceptación de diferentes puntos de vista sobre una realidad, que no necesariamente han de conducir a una actuación uniforme por parte de todas las Administraciones pero que sí pueden permitir sentar las bases de modelos de actuación coordinados y conjuntados; al fin y al cabo, no creo que deba ser de otra forma como debe actuarse (me refiero al ámbito del empleo, pero mi punto de vista creo que extrapolable a otros ámbitos) en el Estado de las Autonomías del que nos dotamos los españoles cuando aprobamos la Constitución el 6 de diciembre de 1978.

2. Hago esta reflexión introductoria para poder ahora explicar que algunas CC AA son más diligentes que otras a la hora de explorar las posibilidades que el marco jurídico (constitucional y legal, en la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional) permite de desarrollar en la autonomía una norma estatal de referencia. Mientras que algunas CC AA sólo adaptan dicha norma estatal a su estructura administrativa, opción por otra parte que es perfectamente válida desde la perspectiva legal, otras tratan de buscar mecanismos que ajusten más la norma estatal a las necesidades del territorio y que doten de mayor flexibilidad a las autoridades autonómicas para elaborar su propia política de empleo en ese terreno.

Me detendré en mi explicación, para justificar el argumento anterior, en el análisis de la nueva regulación de los agentes de empleo y desarrollo local en Castilla - La Mancha, que hoy miércoles entra en vigor tras la publicación ayer en el Boletín Oficial autonómico de la Orden de 26 de agosto de este año, pero antes no quiero dejar de exponer que es esta CC AA una de las que, a mi parecer, está actuando de forma más diligente en la elaboración de una política de empleo que recoge y adapta en su ámbito territorial las normas estatales y que, al mismo tiempo, y el ejemplo del trabajo agrario es significativo, elabora, con muy buena corrección jurídica, normas específicas para las distintas problemáticas concretas de algunos sectores de actividad.

3. La primera diferencia de la Orden autonómica que ahora comento en relación a otras normas autonómicas que se dictan en desarrollo de la normativa estatal de referencia (Orden de 15 de julio de 1999, modificada por la Orden TAS/360/2008, de 6 de febrero) se encuentra en su introducción, ya que no se limita a repetir la frase de que es necesario adecuar la normativa estatal a las peculiaridades organizativas de la CC AA, sino que explica cuál es la necesidad de dicha adaptación y qué valor puede tener la puesta en marcha autonómica del programa de AEDLs, señaladamente la promoción del desarrollo y el empleo en el ámbito local con la finalidad de potenciar el espíritu emprendedor, la creación de nuevas empresas y, consiguientemente, de nuevos puestos de trabajo.

Todo ello, en medio de una situación económica preocupante para la que hay que tratar de buscar soluciones, y con la utilización de todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de trabajo en red para compartir la información y la gestión, previéndose con buen criterio que las entidades que contraten a los AEDLs o que, añado ya ahora, soliciten la prórroga de la subvención para que el agente pueda seguir llevando a cabo su tarea, deberán disponer de medios informáticos y de comunicación adecuados y que dedicarán de manera exclusiva a esa actividad. A tal efecto, se crea la red de AEDLs que se configura en la norma como un instrumento de intercambio de todo aquello que se haga por los sujetos contratados y que debe permitir (o al menos eso pretende la base 14º) optimizar los recursos disponibles, y mucho más teniendo presenta la dispersión del territorio y la importancia de poner en marcha proyectos en las zonas rurales que sean capaces de generar crecimiento económico y empleo.

4. Examino a continuación el texto de las bases de forma sucinta, dado que buena parte del mismo, ciertamente, ajusta simplemente la normativa estatal a la estructura organizativa autonómica.

Los sujetos beneficiarios serán las corporaciones locales o las entidades dependientes o vinculadas a las mismas, concretándose qué debe entenderse por “corporación local”, esto es “los municipios, las provincias, las mancomunidades y demás entidades locales previstas en la Ley 3/1991 de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla – La Mancha”, y siempre y cuando presenten proyectos que sean valorados positivamente por la Comisión de valoración creada ad hoc por la Orden autonómica, que se dirijan a favorecer la creación de empleo, y que además obtengan una valoración mínima de calidad después de ser informado el proyecto por la mesa técnica de empleo.

Deduzco de la redacción de la norma que las autoridades autonómicas quieren poner el acento en un estricto control de la calidad de los proyectos presentados, a fin y efecto de que los recursos públicos dedicados a este programa sean utilizado de forma positiva, deducción que se refuerza al comprobar que será necesaria la firma de un acuerdo de colaboración entre el servicio autonómico de empleo y la entidad local a la que se concede la subvención, o su prórroga, en el que deberán constar su ámbito de aplicación, los objetivos del proyecto y las líneas de actuación, y los compromisos que se asumen por las dos partes, y que todo ello “servirá de referencia para realizar el seguimiento y evaluación del proyecto subvencionado”.

5. No cabe negar, ciertamente, que la norma regula con una minuciosidad que no se encuentra en otras normas autonómicas sobre AEDLs (al menos hasta donde mi conocimiento alcanza) qué criterios deben tomarse en consideración para valorar los proyectos, un total de 15, con prioridad que se concede, en caso de empate, a proyectos que no hayan participado anteriormente en este programa , y de ahí cabe inferir el deseo político de que la norma pueda llegar (más exactamente los recursos económicos disponibles) a los ámbitos locales que necesitan de la contratación de los agentes para el desarrollo de políticas locales de empleo.

Además de los criterios habituales (por ejemplo, viabilidad técnica del proyecto, número de habitantes del territorio para el que se solicita el proyecto, esfuerzo de cofinanciación por la entidad local, o la afectación a colectivos desfavorecidos y de difícil acceso al mercado de trabajo), nos encontramos con otros que demuestran a mi parecer ese especial empeño, al que me he referido con anterioridad, de seleccionar bien a qué entidades locales se conceden las ayudas. Sin ánimo exhaustivo, cito la existencia de condiciones (por ejemplo, suelo industrial) que posibilite el desarrollo local; la inexistencia de otros recursos técnicos similares (supongo que para evitar duplicidades innecesarias de actuación en el territorio, como las unidades de promoción y desarrollo, o los centros locales de innovación y promoción del empleo) y la correlativa existencia de centros de creación de empresas que, justamente, puedan facilitar la tarea de los AEDLs; la vinculación a los objetivos marcados en el plan autonómico de empleo 2008-2013; los dirigidos a sectores estratégicos de ámbito superior a una localidad “que propicien la acumulación y generación endógena de recursos económicos y sociales de mayor valor y que fomenten un crecimiento sostenible”. También cabe destacar, por lo que significa de interés de evitar la mala utilización de recursos públicos, que se valore negativamente una entidad que presente un proyecto y que en los anteriormente presentados no hubiera sustituido al agente que cause baja por algún motivo, o que hayan dado por terminado el proyecto dentro del año inmediatamente anterior al de la nueva solicitud.

6. La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva por lo que respecta a los proyectos de nueva contratación, y la presentación de solicitudes se adecuará a lo que se disponga en la correspondiente resolución de convocatoria, que fijará también la partida presupuestaria asignada al efecto. La autoridad administrativa laboral, el titular de la Dirección General competente en materia de empleo, dispone de un plazo máximo de 6 meses para dictar y notificar la oportuna resolución, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.

Si nos referimos a las prórrogas de las subvenciones (y cabe observar, subrayo, la corrección jurídica de la norma al referirse a la prórroga de una partida económica y no del contrato suscrito con el AEDL, al amparo de la modalidad más adecuada -- indefinida o de duración determinada, añado yo ahora --, cuando se concede la primera subvención, y me imagino que con dicha claridad jurídica se intenta evitar un conflicto jurídico que puede suscitarse con la interpretación del artículo 15.5 de la Ley del Estatuto de los trabajadores) la tramitación se efectuará en régimen de concesión directa, siempre y cuando se documente debidamente (base 15ª) la necesidad de dar continuidad al proyecto. Ahora bien, y no obstante el deseo de evitar conflictos jurídicos, me suscita alguna duda, que sólo dejo planteada, la redacción de la base 17ª, en relación con todo lo que acabo de exponer, cuando dispone en su apartado 3 que si se trata del segundo año y sucesivos de la acción para la que solicita la subvención, la entidad solicitante debe aportar “comunicación de la prórroga o copia del nuevo contrato en su caso”.

7. Otra particularidad importante que ha incorporado la norma autonómica (y en este caso no es la única, ya que también lo han hecho otras CC AA), es la modalización de las subvenciones que se otorgan a partir de la primera prórroga que se conceda (y recuérdese que la normativa estatal de 2008 ha suprimido el límite de prórrogas y la imposibilidad anteriormente existente de formalizarlas con la misma administración que contrató al trabajador una vez superado los 5 años).

La cuantía de la subvención sigue siendo del 80 % de los costes salariales y de Seguridad Social empresarial durante el primer año, con un mínimo de 22.400,00 euros y un máximo de 27.045,54 euros por cada contratación subvencionada, con la obligación de la entidad local de financiar, en cualquier caso, como mínimo el 20 % del coste de la contratación.

A partir del segundo año, o más exactamente la primera prórroga de la subvención, la base 15ª, fija reglas propias autonómicas. Se mantiene el mismo porcentaje en la primera prórroga, y se reduce al 70 % en la segunda, el 60 % en la tercera, y el 50 % en la cuarta y siguiente, con el límite máximo para cada supuesto de 23.664,84 euros, 20.284,14 euros, y 16.903,45 euros, respectivamente. No obstante, se deja un margen de discrecionalidad al servicio autonómico de empleo para la adecuación de estos porcentajes y cuantías cuando la población a la que se dirige el proyecto, según dispone la base 15.4, “se caracterice de modo extremo por su dispersión demográfica, ruralidad acentuada, ubicación en zona de montaña u otra dificultad extrema análoga”.

No obstante, la disposición transitoria establece unos porcentajes y cuantías diferentes a los que acabo de explicar, que se aplicarán a las prórrogas de proyectos anteriores a la publicación de la Orden autonómicas y que se inicien antes del 31 de diciembre de 2001. En tal caso, para las prórrogas que se inicien en 2009 y 2010, el porcentaje será del 80 % y el límite de 27.045,54 euros anuales, mientras que aquellas que se inicien en el año 2011 sólo tendrán derecho al 70 % y un máximo de 23.664,84 euros anuales.

8. Por último, cabe indicar que las subvenciones que perciba una entidad solicitante no podrán superar en ningún caso, por sí solas o en concurrencia con otras percibidas de administraciones públicas o entidades privadas, el 80 % del coste total de la actividad subvencionada.

La immigració i les dades d’atur i afiliació a la Seguretat Social del mes d’agost..

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimecres 2 de setembre.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008, es a dir tot just fa un any, les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’agost ha estat de 1.915.328, amb un descens de 19.549 persones sobre el mes anterior i trencant d’aquesta manera amb l’augment d’afiliació que es produí els sis mesos anteriors. Per règims cal destacar que s’ha produït una important disminució d’afiliació en el general (12.701), que trenca la tendència positiva que s’inicià el mes d’abril. També hem de fer esment del fet que es segueix reduint el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms (que ha passat de 234.109 afiliats el mes d’agost del 2008 als actuals 203.188) i s’incrementa en el mateix període l’afiliació en el regim del personal al servei de llar familiar (de 167.666 a 174.046).

Durant el mes d’agost el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 1.136.246, mentre que el d’estrangers es reduí en 196.550. Cal destacar que es tracta del onzè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes d'agost, i les de prestacions corresponents al mes de juliol, i que han estat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimecres 2 de setembre.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 488.570 (13,2.% del total). 157.569 són comunitaris i 331.001 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual i mensual de 208.272 i 6.462, respectivament.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 103.589 (19,95 % del total). 22.163 són comunitaris i 81.426 extracomunitaris, amb un increment interanual de 48.027, i mensual de 2.523. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (49.074), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 32.608. Hem de destacar que l’atur dels estrangers a Catalunya durant el mes d’agost suposa el 39 % del total de l’estat.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juliol de 2009: 361.387, amb un increment interanual del 91,8 %. 104.472 aturats són comunitaris i 256.915 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 13,55 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,49 % si es tracta de la prestació contributiva, del 15,01 % en cas de subsidi, 6,59 % en la renda activa d’inserció, i 1,46 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris. Si comparem les dades de juliol amb les dels sis mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14,26 al 14,49 %, i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 6,49 al 15,01 % (un 133,1 % en sèrie interanual). Per primera vegada, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (15,1 %) es superior en percentatge al dels qui cobren la prestació contributiva (14,49 %).

El mes de juliol de l’any 2008 la distribució de la despesa dels beneficiaris estrangers per tipus de prestació era del 89,9 % (contributives), 8,7 % (subsidi), 0,7 (Renda Activa d’Inserció) i 0,6 % (subsidi agrari). Tot just un any després, el percentatge de la despesa de les prestacions contributives ha sofert un descens de 8 punts (81 %), mentre que el dedicat al subsidi ha experimentat un increment de 9,6 punts (17,8 %).

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 72,4 % del estrangers comunitaris i el 63,5 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 33,90 % dels no comunitaris. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juliol, un total de 2.666.458, el 61 % reben prestacions contributives i el 39 % prestacions assistencials (subsidi, RAI i protecció del regim agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 74,96 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 295.266 euros, un 11,5 % de la despesa total (increment interanual del 16,2 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,18 %), seguida de Barcelona (15,69 %), València (5,70 %) Alacant (4,88 %), Múrcia (4,81 %), Almeria (4,54 %) Màlaga (3,32 %) Las Palmas (3,27 %), Illes Balears (3,05 %), Saragossa (2,96 %), Tarragona (2.96 %), i Girona (2,83 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (83.119, 23 % %) i els segueixen els romanesos (47.016, 13,01 %), els equatorians (45.957, 12,72 %), els colombians (24.504, 6,78 %) i els portuguesos (11.092, 3,3,07). Cal fer especial esment del fet que, per primera vegada, els aturats romanesos son el segon col•lectiu més important en nombre de perceptors de prestacions, passant per davant dels equatorians.