1. La Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación, de 8 de septiembre de 2009, abre la convocatoria de subvenciones públicas para programas específicos de formación dirigidos a los colectivos vulnerables en referencia al mercado laboral, y para la presentación de solicitudes de ayudas para el transporte, manutención y alojamiento, cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Pluriregional 'Adaptabilidad y Empleo' 2007-2013
La norma se publicó en el boletín oficial autonómico del día 12 y entró en vigor al día siguiente, y tiene por finalidad convocar la concesión de subvenciones para los años 2009 y 2010 para la puesta en marcha de programas de formación dirigidos a los colectivos vulnerables, así como para presentar solicitud de ayudas por diferentes conceptos por los participantes en las actividades formativas. La norma encuentra su punto de referencia estatal en el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo y la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo, mientras que las referencias autonómicas son el Pacto para la competitividad, el empleo y la cohesión social de las Illes Balears, y el Plan de Empleo de las Illes Balears 2009-2011.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 2.345.000 euros para las acciones formativas, y 155.000 euros para ayudas y becas. De la primera partida, 1.254.250,00 euros están asignados a este año, mientras que los restantes 820.750,00 euros se reservan para 2.010. En cuanto a la segunda, toda ella está asignada al año 2.010. La cofinanciación del Fondo Social Europeo es del 50 %.
Serán sujetos beneficiarios de las subvenciones las entidades sin ánimo de lucro y las administraciones locales o entidades vinculadas radicadas en territorio autonómico que puedan realizar, por tenerlas entre sus fines, las actividades formativas referenciadas. Las personas participantes deberán ser, como mínimo, un 80 % de desempleados, con necesidades formativas especiales y que provengan de los servicios de orientación o que participen en procesos de acompañamiento al empleo, de acuerdo a lo dispuesto en los apartados 3 y 4. Debe tratarse, en cualquier caso, de personas con especiales dificultades de inserción laboral además de tener otra característica (edad, sexo, discapacidad).
La presentación de solicitudes deberá efectuarse en 14 días naturales, a contar a partir del siguiente de la publicación, y la autoridad administrativa laboral dispone de 6 meses para dictar y notificar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada. Las actividades deberán llevarse a cabo entre el 1 de noviembre de 2009 y el 31 de octubre de 2010. En cuanto a los criterios de valoración para la concesión de las subvenciones, la norma fija los llamados criterios objetivos (Ej.: acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad), criterios de distribución de los recursos, y los llamados criterios complementarios (Ej.: diversificación de las acciones formativas en el territorio).
En cuanto a la regulación de las ayudas y becas, podrán concederse, en los términos fijados en el anexo II, para transporte público, manutención, alojamiento, conciliación de la vida familiar y laboral, y para las personas con discapacidad desempleadas. La presentación de las solicitudes debe efectuarse en el plazo de 1 mes y como regla general desde la incorporación del alumno al curso, disponiendo la autoridad administrativa laboral de 6 meses para la resolución y notificación, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada.
2. La Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 8 de septiembre de 2009 abre la convocatoria para el período 2009-2010 para presentar solicitudes de programación de servicios orientados a procesos de acompañamiento al empleo para colectivos vulnerables, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de las Illes Balears para el período 2007-2013
La norma se publicó en el boletín oficial autonómico el día 12, y entró en vigor el día de su publicación, y tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de subvenciones para el año en curso y el próximo para la puesta en marcha de servicios orientados a procesos de acompañamiento al empleo para colectivos vulnerables. La norma estatal de referencia es el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.
Serán sujetos beneficiarios de las subvenciones las entidades privadas sin ánimo de lucro que acrediten experiencia en el ámbito abordado por la norma, y los receptores de los procesos de acompañamiento serán, en cualquier caso, personas con especiales dificultades de inserción laboral por su escasa empleabilidad además de tener otra característica (edad, sexo, discapacidad).
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 4.909.500 euros, de los que la mayor parte se asignan al próximo ejercicio, 4.614.930 euros, mientras que para el período que resta hasta finalizar 2009 se asignan 294.570 euros. La distribución se hará de acuerdo a los colectivos afectados y con una adecuada cobertura territorial.
La norma conceptúa como proyectos de acompañamiento al empleo “aquellos proyectos que realicen procesos de ayuda individual, personalizada e integral, en los cuales la persona, mediante el acompañamiento, construye un proyecto profesional integrando las necesidades personales con las exigencias sociales, con el objetivo final de incorporarse al mercado de trabajo ordinario de manera regular y de calidad, tal y como se define en el ‘Marco teórico básico para desarrollar procesos de empleo para colectivos vulnerables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears’.
El plazo para la presentación de solicitudes es de 7 días naturales a partir del siguiente al de la publicación, y la autoridad administrativa laboral dispone de 3 meses para dictar y notificar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada.
La cuantía de la subvención puede alcanzar el 100 % del presupuesto presentado por la correspondiente entidad, con el límite de 36.700,00 euros de media en concepto de coste salarial y de Seguridad Social para técnicos que realicen tareas de coordinación, de 34.000 euros si se trata de técnicos que ejecuten procesos de acompañamiento al empleo, y de 21.900 euros para el personal de apoyo. La norma acepta que haya diferencias salariales entre trabajadores del mismo tipo, que deberán especificarse en cada proyecto y que únicamente se aceptarán cuando “deriven de causas objetivas”.
3. La Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación, de 8 de septiembre de 2009, abre la convocatoria correspondiente al año 2009 para la concesión de subvenciones a las corporaciones locales destinadas a la contratación de trabajadoras y trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Pluriregional para el período 2007-2013
La norma se publicó en el boletín oficial autonómico del día 12 y entró en vigor al día siguiente de su publicación, y adecua en el ámbito autonómico la normativa estatal de referencia, procediendo a la convocatoria de concesión de subvenciones para el año en curso para incentivar la contratación de trabajadores desempleados por las corporaciones locales y entidades dependientes o vinculadas a las mismas para la contratación de obras y servicios de interés general y social.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 6.700.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales, a partir del siguiente al de la publicación, y la autoridad administrativa laboral dispone de 3 meses para dictar y notificar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada. Según dispone el apartado séptimo, la cuantía referenciada se distribuirá en función de la media de paro registrado en el territorio autonómico de 1 de junio de 2008 a 30 de mayo de 2009 en el ámbito territorial del proyecto, y si las cuantías solicitadas fueran superiores al crédito asignado, se tomarán en consideración los proyectos de mayor interés general y social y los que se lleven a cabo en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo. El apartado noveno de las bases establece más reglas específicas con respecto a los criterios de otorgamiento de las subvenciones en razón del tamaño del municipio.
Con respecto a la selección de los trabajadores a contratar, como criterio preferente de carácter general se otorgará prioridad a los que no tengan derecho a prestaciones económicas, y después se valorará la mayor adecuación al puesto de trabajo ofrecido y la condición de persona con discapacidad. En cualquier caso, y con independencia del colectivo de que se trate, la norma otorga siempre preferencia a las personas en situación de desempleo de larga duración. Sobre la duración del contrato, de obra o servicio, la norma es taxativa en cuanto a su duración máxima, que no sobrepasará el plazo durante el que deben llevarse a cabo las obras o servicios, más exactamente el inicio será entre el 1 y el 30 de noviembre de 2009 y la finalización el 30 de junio de 2.010.
4. Por último, hemos de referirnos a la Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 7 de septiembre de 2009 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a favorecer la conciliación de la vida laboral, la personal y la familiar, cofinanciada en un 50% por el Fondo Social Europeo por la vía del Programa Operativo FSE de les Illes Balears 2007-2013
La norma se publicó en el boletín oficial autonómico del día 15 y la convocatoria de concesión de subvenciones tendentes a favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, subvencionando la contratación por una empresa de trabajadoras desempleadas para sustituir a quienes se hayan acogido a la reducción de jornada o hagan uso del derecho a la excedencia voluntaria (Art. 37.5 y 46.3 de la Ley del Estatuto de los trabajadores). El ejercicio de los derechos referenciados debe haberse producido entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de octubre de 2009.
A tal efecto la partida presupuestaria asignada es de 40.000 euros, con cofinanciación del 50 % a cargo del Fondo Social Europeo. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre y la autoridad administrativa laboral dispone de 3 meses, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, para dictar y notificar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada.
La cuantía de la subvención oscilará entre 3.000 y 5.000 euros, con reducción proporcional de la cantidad cuando se trabaje a tiempo parcial o en razón de la reducción de jornada de la persona sustituida. Si dicha persona sustituida es un hombre, la subvención se incrementará en un 50 %. La duración del contrato deberá ser como mínimo de 4 meses.
EL NUEVO Y CAMBIANTE MUNDO DEL TRABAJO. UNA MIRADA ABIERTA Y CRÍTICA A LAS NUEVAS REALIDADES LABORALES
jueves, 17 de septiembre de 2009
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 30 de junio de 2009.
El Observatorio permanente de la inmigración hizo públicos el pasado día 10 los datos más recientes de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor y los que disponen de autorización de estancia por estudios en vigor a 30 de junio de 2009. Destaco a continuación los datos más significativos a mi parecer.
A) En la fecha indicada había 4.625.191 extranjeros con dicho certificado en vigor, un 2,89 % más que en el trimestre anterior y un 10,94 % de aumento con respecto a los últimos doce meses (129.842 y 456.105, respectivamente). 2.475.666 son hombres (53,60 %) y 2.143.162 son mujeres (46,40 %).
B) Los marroquíes son el primer colectivo extranjero (748.953), ligeramente por delante de los rumanos (700.618) y muy por delante de los ecuatorianos (442.144) y colombianos (287.417). Porcentualmente, es la población boliviana la que experimenta un incremento mayor en serie interanual (50,84 %), y además ocupa ya el undécimo lugar en la lista de países con mayor número de inmigrantes en España, habiendo superado este segundo trimestre a Alemania y Argentina. Marruecos, Rumanía, Ecuador y Colombia reúnen más del 47 % de la población extranjera residente en España.
C) Con referencia al trimestre anterior, cabe destacar que el incremento de personas acogidas al régimen general ha sido de 67.941, y el producido en el régimen comunitarios ha sido muy similar, 61.901.
D) Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia agrupan al 65,82 % de los extranjeros. Las provincias de Madrid y Barcelona reúnen el mayor número de población extranjera, 847.303 y 699.411, respectivamente. De las restantes provincias catalanas, Girona reúne a 141.163, Tarragona a 125.091 y Lleida a 67.715.
E) El régimen general (permítaseme la simplificación, el de los "extranjeros de verdad") agrupa a 2.503.818 (54,13 % del total), y el régimen comunitario (permítaseme una nueva simplificación, el de los que tienen prácticamente los mismos derechos y obligaciones que los autóctonos) son 2.121.373 (45,87 %). En Madrid, los extranjeros sometidos al régimen general suponen el 57,45 % del total, un porcentaje que se eleva más de 10 puntos, hasta el 68,20 %, en Cataluña.
F) El 82,07 % de la población extranjera está en edad laboral de 16 a 64 años (3.821.166), y la media de edad es de 33,1 años. Otros datos de especial interés sobre la edad, a mi parecer, son que los ciudadanos marroquíes y chinos tienen una media de edad de 27,3 y 28,9 años, respectivamente, y que un 23,89 % del colectivo africano tiene menos de 16 años. Según la información oficial con la que estoy ahora trabajando, es en Barcelona y Madrid donde se concentra el mayor número de extranjeros en edad laboral (en Madrid 726.631 y en Barcelona 577.297), mientras que es en las provincias de Alicante y Málaga donde residen el mayor número de extranjeros (en su gran mayoría comunitarios) mayores de 64 años (43.038 y 22.843). El peso relativo de los menores supone ya el 13.56 % del total.
G) El 45,87 % dispone de certificado de registro o tarjeta de residencia por ser ciudadano comunitario o familiar de este. De las personas acogidas al régimen general, 917.416 disponen de autorización de residencia y trabajo y 563.435 de autorizaciones de residencia temporal. Me parece importante destacar que hay 74.705 personas que han podido acogerse a la regulación del arraigo, destacando nuevamente el caso de Bolivia, que tiene un total de 17.509 nacionales que se han acogido a esta posibilidad, número que significa el 16,53 % del total de bolivianos con tarjeta de residencia en vigor.
H)De los extranjeros "de verdad" del régimen general, el 40,86 % (1.022.967 personas) disponen de autorización de residencia permanente, y el resto son temporales, si bien también quiero destacar que 695.299 han sido ya renovadas por segunda vez, mientras que sólo 236.248 son iniciales (es decir, aquellas en las que pueden concentrarse una mayor problemática laboral, aunque es cierto que la crisis económica está pasando factura a todos los colectivos con independencia del tipo de autorización de que dispongan). Hay cinco Comunidades Autónomas, entre ellas Cataluña, que tienen ya más del 25 % de autorizaciones de residencia permanente.
I) Por último, y por lo que respecta a los extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor, su número es de 46.803 personas, ligeramente inferior al primer trimestre (0’94 %) pero con un aumento significativo en serie interanual (10,03 %). Los estudiantes iberoamericanos suponen una gran mayoría sobre el total, más exactamente el 62,24 %, siendo los colectivos mejicanos y colombianos los más significativos, seguidos de los estudiantes que provienen de Marruecos. Al igual que la población inmigrante, se concentran en las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
A) En la fecha indicada había 4.625.191 extranjeros con dicho certificado en vigor, un 2,89 % más que en el trimestre anterior y un 10,94 % de aumento con respecto a los últimos doce meses (129.842 y 456.105, respectivamente). 2.475.666 son hombres (53,60 %) y 2.143.162 son mujeres (46,40 %).
B) Los marroquíes son el primer colectivo extranjero (748.953), ligeramente por delante de los rumanos (700.618) y muy por delante de los ecuatorianos (442.144) y colombianos (287.417). Porcentualmente, es la población boliviana la que experimenta un incremento mayor en serie interanual (50,84 %), y además ocupa ya el undécimo lugar en la lista de países con mayor número de inmigrantes en España, habiendo superado este segundo trimestre a Alemania y Argentina. Marruecos, Rumanía, Ecuador y Colombia reúnen más del 47 % de la población extranjera residente en España.
C) Con referencia al trimestre anterior, cabe destacar que el incremento de personas acogidas al régimen general ha sido de 67.941, y el producido en el régimen comunitarios ha sido muy similar, 61.901.
D) Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia agrupan al 65,82 % de los extranjeros. Las provincias de Madrid y Barcelona reúnen el mayor número de población extranjera, 847.303 y 699.411, respectivamente. De las restantes provincias catalanas, Girona reúne a 141.163, Tarragona a 125.091 y Lleida a 67.715.
E) El régimen general (permítaseme la simplificación, el de los "extranjeros de verdad") agrupa a 2.503.818 (54,13 % del total), y el régimen comunitario (permítaseme una nueva simplificación, el de los que tienen prácticamente los mismos derechos y obligaciones que los autóctonos) son 2.121.373 (45,87 %). En Madrid, los extranjeros sometidos al régimen general suponen el 57,45 % del total, un porcentaje que se eleva más de 10 puntos, hasta el 68,20 %, en Cataluña.
F) El 82,07 % de la población extranjera está en edad laboral de 16 a 64 años (3.821.166), y la media de edad es de 33,1 años. Otros datos de especial interés sobre la edad, a mi parecer, son que los ciudadanos marroquíes y chinos tienen una media de edad de 27,3 y 28,9 años, respectivamente, y que un 23,89 % del colectivo africano tiene menos de 16 años. Según la información oficial con la que estoy ahora trabajando, es en Barcelona y Madrid donde se concentra el mayor número de extranjeros en edad laboral (en Madrid 726.631 y en Barcelona 577.297), mientras que es en las provincias de Alicante y Málaga donde residen el mayor número de extranjeros (en su gran mayoría comunitarios) mayores de 64 años (43.038 y 22.843). El peso relativo de los menores supone ya el 13.56 % del total.
G) El 45,87 % dispone de certificado de registro o tarjeta de residencia por ser ciudadano comunitario o familiar de este. De las personas acogidas al régimen general, 917.416 disponen de autorización de residencia y trabajo y 563.435 de autorizaciones de residencia temporal. Me parece importante destacar que hay 74.705 personas que han podido acogerse a la regulación del arraigo, destacando nuevamente el caso de Bolivia, que tiene un total de 17.509 nacionales que se han acogido a esta posibilidad, número que significa el 16,53 % del total de bolivianos con tarjeta de residencia en vigor.
H)De los extranjeros "de verdad" del régimen general, el 40,86 % (1.022.967 personas) disponen de autorización de residencia permanente, y el resto son temporales, si bien también quiero destacar que 695.299 han sido ya renovadas por segunda vez, mientras que sólo 236.248 son iniciales (es decir, aquellas en las que pueden concentrarse una mayor problemática laboral, aunque es cierto que la crisis económica está pasando factura a todos los colectivos con independencia del tipo de autorización de que dispongan). Hay cinco Comunidades Autónomas, entre ellas Cataluña, que tienen ya más del 25 % de autorizaciones de residencia permanente.
I) Por último, y por lo que respecta a los extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor, su número es de 46.803 personas, ligeramente inferior al primer trimestre (0’94 %) pero con un aumento significativo en serie interanual (10,03 %). Los estudiantes iberoamericanos suponen una gran mayoría sobre el total, más exactamente el 62,24 %, siendo los colectivos mejicanos y colombianos los más significativos, seguidos de los estudiantes que provienen de Marruecos. Al igual que la población inmigrante, se concentran en las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
viernes, 11 de septiembre de 2009
Los agentes de empleo y desarrollo local en la Comunidad de Madrid.
1. La Orden 2300/209, de 27 de agosto, convoca para este año las subvenciones para la contratación inicial de agentes de empleo y desarrollo local
La norma se publicó en el Boletín Oficial autonómico del día 9 de septiembre y entró en vigor el día 10, y tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de subvenciones para el año en curso para potenciar la contratación inicial de agentes de empleo y desarrollo local por las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas que cumplan los requisitos fijados en el artículo 3. La norma, cuya vigencia se extiende durante este año, desarrolla la normativa estatal en la materia, señaladamente la Orden TAS de 15 de julio de 1999, modificada por las Órdenes TAS/49/2005, de 14 de enero y 360/2008, de 6 de febrero.
La partida presupuestaria habilitada inicialmente al efecto es de 4.814.151,66 euros. Los costes salariales y de cotización empresarial a la Seguridad Social del personal contratado, al amparo de la modalidad contractual más adecuada, serán subvencionados hasta un 80 % y con el límite de 27.045,54 euros anuales. La subvención percibida no podrá superar, por sí sola o en concurrencia con otras percibidas, el 80 % del coste de la contratación del trabajador y por el mismo período.
La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. El plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días naturales, a partir del siguiente al de la publicación, y la autoridad administrativa laboral deberá dictar y notificar la resolución, salvo casos excepcionales, en el plazo máximo de 6 meses a partir de la publicación de la convocatoria, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.
2. La Orden 2301/2009, de 27 de agosto, establece la regulación procedimental de las prórrogas de las subvenciones para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
La norma se publicó el mismo día que la anterior y entró en vigor también al día siguiente, y tiene por finalidad regular el procedimiento de concesión de subvenciones para poder prorrogar los contratos ya vigentes de los agentes de empleo y desarrollo local por las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas que cumplan los requisitos fijados en el artículo 4. La norma, cuya vigencia se extiende durante este año, desarrolla la normativa estatal en la materia, señaladamente la Orden TAS de 15 de julio de 1999, modificada por las Órdenes TAS/49/2005, de 14 de enero y 360/2008, de 6 de febrero.
Los costes salariales y de cotización empresarial a la Seguridad Social del personal contratado, al amparo de la modalidad contractual más adecuada, serán subvencionados hasta un 80 % y con el límite de 27.045,54 euros anuales cuando se trate de las tres primeras prórrogas, hasta el 50 % durante la cuarta y con el límite de 16.903,46 euros anuales, y hasta el 30 % a partir de la sexta, con un máximo de 10.142,08 euros/año. La subvención percibida no podrá superar, por sí sola o en concurrencia con otras percibidas, el 80 % del coste de la contratación del trabajador y por el mismo período.
El plazo para la presentación de solicitudes se fija entre 30 y 60 días con anterioridad a la finalización del período anterior subvencionado, y en todo caso con el límite del 30 de noviembre, y la autoridad administrativa laboral deberá dictar y notificar la resolución, salvo casos excepcionales, en el plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la convocatoria, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.
Con respecto a la partida presupuestaria asignada, la norma se remite a la que se fije anualmente en los presupuestos autonómicos en la rúbrica de políticas activas de empleo del servicio autonómico de empleo. Es importante destacar que para poder solicitar la prórroga de la subvención, la entidad solicitante deberá presentar, entre otros documentos, el informe de la actividad desarrollada por el AEDL durante el período anterior, debiendo acreditar que se han cumplido los objetivos marcados, “a partir de la información suministrada por los indicadores de realización y resultados de las acciones desarrolladas”.
La norma se publicó en el Boletín Oficial autonómico del día 9 de septiembre y entró en vigor el día 10, y tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de subvenciones para el año en curso para potenciar la contratación inicial de agentes de empleo y desarrollo local por las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas que cumplan los requisitos fijados en el artículo 3. La norma, cuya vigencia se extiende durante este año, desarrolla la normativa estatal en la materia, señaladamente la Orden TAS de 15 de julio de 1999, modificada por las Órdenes TAS/49/2005, de 14 de enero y 360/2008, de 6 de febrero.
La partida presupuestaria habilitada inicialmente al efecto es de 4.814.151,66 euros. Los costes salariales y de cotización empresarial a la Seguridad Social del personal contratado, al amparo de la modalidad contractual más adecuada, serán subvencionados hasta un 80 % y con el límite de 27.045,54 euros anuales. La subvención percibida no podrá superar, por sí sola o en concurrencia con otras percibidas, el 80 % del coste de la contratación del trabajador y por el mismo período.
La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva. El plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días naturales, a partir del siguiente al de la publicación, y la autoridad administrativa laboral deberá dictar y notificar la resolución, salvo casos excepcionales, en el plazo máximo de 6 meses a partir de la publicación de la convocatoria, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.
2. La Orden 2301/2009, de 27 de agosto, establece la regulación procedimental de las prórrogas de las subvenciones para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
La norma se publicó el mismo día que la anterior y entró en vigor también al día siguiente, y tiene por finalidad regular el procedimiento de concesión de subvenciones para poder prorrogar los contratos ya vigentes de los agentes de empleo y desarrollo local por las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas que cumplan los requisitos fijados en el artículo 4. La norma, cuya vigencia se extiende durante este año, desarrolla la normativa estatal en la materia, señaladamente la Orden TAS de 15 de julio de 1999, modificada por las Órdenes TAS/49/2005, de 14 de enero y 360/2008, de 6 de febrero.
Los costes salariales y de cotización empresarial a la Seguridad Social del personal contratado, al amparo de la modalidad contractual más adecuada, serán subvencionados hasta un 80 % y con el límite de 27.045,54 euros anuales cuando se trate de las tres primeras prórrogas, hasta el 50 % durante la cuarta y con el límite de 16.903,46 euros anuales, y hasta el 30 % a partir de la sexta, con un máximo de 10.142,08 euros/año. La subvención percibida no podrá superar, por sí sola o en concurrencia con otras percibidas, el 80 % del coste de la contratación del trabajador y por el mismo período.
El plazo para la presentación de solicitudes se fija entre 30 y 60 días con anterioridad a la finalización del período anterior subvencionado, y en todo caso con el límite del 30 de noviembre, y la autoridad administrativa laboral deberá dictar y notificar la resolución, salvo casos excepcionales, en el plazo máximo de 3 meses a partir de la publicación de la convocatoria, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.
Con respecto a la partida presupuestaria asignada, la norma se remite a la que se fije anualmente en los presupuestos autonómicos en la rúbrica de políticas activas de empleo del servicio autonómico de empleo. Es importante destacar que para poder solicitar la prórroga de la subvención, la entidad solicitante deberá presentar, entre otros documentos, el informe de la actividad desarrollada por el AEDL durante el período anterior, debiendo acreditar que se han cumplido los objetivos marcados, “a partir de la información suministrada por los indicadores de realización y resultados de las acciones desarrolladas”.
martes, 8 de septiembre de 2009
Cantabria se acoge a la mejora de la cuantía de mínimis en sus programas de empleo.
La Orden EMP/72/2009, de 21 de agosto, modifica la Orden EMP/18/2009, de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2009 destinadas a incentivar la contratación estable de personas en situación de desempleo y promover el mantenimiento y posterior conversión en indefinidos de contratos de duración determinada o temporales, la Orden EMP/33/2009, de 20 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2009 de subvenciones destinadas a fomentar la participación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo, y la Orden EMP/36/2009, de 24 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2009 de subvenciones para la promoción de proyectos en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo.
La norma se publico en el boletín oficial autonómico el 1 de septiembre y entró en vigor el mismo día. Destaco esta norma porque hace uso de la posibilidad ofrecida por las instituciones comunitarias, a partir de su Comunicación 2009/C 16/01, de ampliar la cuantía de mínimis que puede percibir una empresa durante un período de tres años, durante el período de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2010. Dicha cuantía pasa a ser de 500.000 euros.
La petición de acogerse a esta mejora fue presentada por las autoridades españolas el 20 de mayo de 2009, y mediante resolución de 8 de junio la Comisión Europea acordó que el régimen temporal de ayudas para conceder cantidades limitadas de ayuda es compatible con la normativa comunitaria, en concreto con el artículo 87.3 b) del Tratado.
Según la Comunicación citada, la nueva y temporal normativa de mínimis se aplica las empresas que no estaban en crisis a 1 de julio de 2008, “pero que empezaron a estarlo después, como consecuencia de la crisis económica y financiera”, y que las autoridades españolas estiman que será superior a 1.000 en todo el territorio. Según estas autoridades, se trata de apoyar a las empresas afectadas por la escasez o indisponibilidad crediticia, y según la Comisión, a partir de toda la información facilitada, “la medida notificada es necesaria, adecuada y proporcional para remediar una gran perturbación de la economía de un Estado miembro y que cumple todos las condiciones de la categoría de ayuda adicional (“importe limitado de ayuda compatible”) descrita en la sección 4.2.2 del Marco temporal.
La nueva regulación será de aplicación, según se prevé en la disposición transitoria, para todas la solicitudes presentadas respecto de las que no se haya formulado propuesta de resolución el día de la entrada en vigor, es decir el 1 de septiembre.
La norma se publico en el boletín oficial autonómico el 1 de septiembre y entró en vigor el mismo día. Destaco esta norma porque hace uso de la posibilidad ofrecida por las instituciones comunitarias, a partir de su Comunicación 2009/C 16/01, de ampliar la cuantía de mínimis que puede percibir una empresa durante un período de tres años, durante el período de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2010. Dicha cuantía pasa a ser de 500.000 euros.
La petición de acogerse a esta mejora fue presentada por las autoridades españolas el 20 de mayo de 2009, y mediante resolución de 8 de junio la Comisión Europea acordó que el régimen temporal de ayudas para conceder cantidades limitadas de ayuda es compatible con la normativa comunitaria, en concreto con el artículo 87.3 b) del Tratado.
Según la Comunicación citada, la nueva y temporal normativa de mínimis se aplica las empresas que no estaban en crisis a 1 de julio de 2008, “pero que empezaron a estarlo después, como consecuencia de la crisis económica y financiera”, y que las autoridades españolas estiman que será superior a 1.000 en todo el territorio. Según estas autoridades, se trata de apoyar a las empresas afectadas por la escasez o indisponibilidad crediticia, y según la Comisión, a partir de toda la información facilitada, “la medida notificada es necesaria, adecuada y proporcional para remediar una gran perturbación de la economía de un Estado miembro y que cumple todos las condiciones de la categoría de ayuda adicional (“importe limitado de ayuda compatible”) descrita en la sección 4.2.2 del Marco temporal.
La nueva regulación será de aplicación, según se prevé en la disposición transitoria, para todas la solicitudes presentadas respecto de las que no se haya formulado propuesta de resolución el día de la entrada en vigor, es decir el 1 de septiembre.
lunes, 7 de septiembre de 2009
Programa estatal de formación e inserción laboral para mujeres desempleadas del medio rural
1. La Resolución de 18 de junio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, convoca subvenciones para este año para la realización de un programa específico de formación e inserción laboral a favor de las mujeres desempleadas del medio rural, con necesidades formativas especiales y con dificultades para su inserción o recualificación profesional
La norma ese publicó en el BOE el día 4 y entró en vigor al siguiente, y tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de subvenciones para el año en curso para poner en marcha un programa que potencie la creación y el mantenimiento del empleo en el medio rural, así como también, según dispone el artículo 1, para “generar competencias que permitan adaptarse a los nuevos requerimientos del sistema productivo.
2. La partida presupuestaria asignada al efecto es de un máximo de 2.000.000,00 de euros, con cofinanciación a cargo del Fondo Social Europeo en un 80 % si se trata de regiones ubicadas en los objetivos comunitarios de “convergencia”, “phasing-out” y “phasing-in”, y del 50 % cuando se encuentren enmarcadas en el objetivo “competitividad regional y empleo”.
La distribución del presupuesto ha de ponerse en relación con el tipo de acciones que pueden ser objeto de subvención, dirigidas a mujeres desempleadas del medio rural. El 40 % irá destinado a los proyectos que faciliten la inserción laboral en las especialidades “Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Atención socio-sanitaria a personas dependientes en el domicilio, de la familia profesional «Servicios Socioculturales y a la Comunidad”. Un 30 % se destina a proyectos relacionados con el turismo y patrimonio rural y la gestión medioambiental. El 18 % se destinará a potenciar las actividades formativas que incentiven la creación de empresas, el autoempleo y el cooperativismo en el medio rural. Para facilitar que las mujeres se adecúen a los nuevos requerimientos de las TIC se dedica el 12 %. Por último, el 10 % restante tendrá por finalidad potenciar la inserción laboral en nuevos yacimientos de empleo en el ámbito rural, con cita expresa de “agricultura y ganadería ecológica, comercio artesanal a través de Internet, y educadoras para servicios de proximidad (escuelas infantiles, ludotecas y granjas escuelas)”.
Las acciones formativas de los cuatro primeros bloques de proyectos formativos tendrán una duración aproximada de 300 horas, mientras que en el último el tiempo de formación será de alrededor de 100 horas. En el primero, segundo y quinto bloque, el período formativo incluirá la realización de prácticas no laborales en empresas asociadas al proyecto. Las acciones formativas deberán llevarse a cabo por asociaciones o fundaciones de ámbito nacional, que incluyan en sus estatutos el objetivo de la formación e inserción de las mujeres en el ámbito rural, que se encuentren debidamente inscritas en los correspondientes registros, y que acrediten una debida actividad profesional en este ámbito durante los últimos 3 años.
3. La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación. La autoridad administrativa laboral estatal dispone de un plazo máximo de 6 meses para dictar y notificar la oportuna resolución, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada. En cuanto a los criterios de valoración a efectos de la toma de decisiones por la comisión de valoración sobre las solicitudes presentadas, deberán tomarse en consideración los siguientes y con la puntuación indicada en el artículo 7: acreditación de experiencia en los últimos 3 años: la calidad y utilidad del proyecto presentado, y su impacto; la presentación de informes sobre los recursos de que dispone la entidad que acrediten que supera los mínimos exigidos; la calidad del compromiso de realización de prácticas no laborales; compromiso de contratación superior al 30 % de las alumnas participantes en las acciones formativas; adecuación de los programas formativos a los certificados de profesionalidad o a módulos completos de los mismos; la experiencia en organización y desarrollo de proyectos similares;
4. Tengo alguna duda jurídica sobre el carácter estatal del programa. No acabo de ver claro que las referencias normativas incorporadas en la introducción, y en articulado, sean suficientes para justificar la actuación del servicio público de empleo estatal.
El artículo 1.2 dispone que "La ejecución del programa afectará a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma y facilitará la movilidad de las participantes en los mismos, requiriendo por tanto la coordinación unificada del Servicio Público de Empleo Estatal, según lo establecido en el artículo 13, apartado e), de la Ley 56/2003, de Empleo, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la misma Ley".
Es decir, es el SPEE quien decide que este programa debe ser de ámbito estatal en base a las genéricas atribuciones conferidas en la normativa de 2007. Me parece que jurídicamente sería conveniente una mayor justificación de la intervención estatal, dado que la gestión de las políticas activas de empleo han sido transferidas a las Comunidades Autónomas, y me parece también que el programa ahora examinado podría llevarse a cabo perfectamente por las mismas.
En fin, aceptado que el programa se ejecute por el SPEE, por afectar a más de una autonomía, podría ocurrir (no encuentro obstáculo jurídico para ello) que una CC AA elaborara un programa semejante con arreglo a su política de empleo. Razón de más, si cabe, para asegurar una perfecta coordinación entre la actividad del SPEE y la de los distintos servicios autonómicos de empleo que evite innecesarias duplicidades.
La norma ese publicó en el BOE el día 4 y entró en vigor al siguiente, y tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de subvenciones para el año en curso para poner en marcha un programa que potencie la creación y el mantenimiento del empleo en el medio rural, así como también, según dispone el artículo 1, para “generar competencias que permitan adaptarse a los nuevos requerimientos del sistema productivo.
2. La partida presupuestaria asignada al efecto es de un máximo de 2.000.000,00 de euros, con cofinanciación a cargo del Fondo Social Europeo en un 80 % si se trata de regiones ubicadas en los objetivos comunitarios de “convergencia”, “phasing-out” y “phasing-in”, y del 50 % cuando se encuentren enmarcadas en el objetivo “competitividad regional y empleo”.
La distribución del presupuesto ha de ponerse en relación con el tipo de acciones que pueden ser objeto de subvención, dirigidas a mujeres desempleadas del medio rural. El 40 % irá destinado a los proyectos que faciliten la inserción laboral en las especialidades “Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Atención socio-sanitaria a personas dependientes en el domicilio, de la familia profesional «Servicios Socioculturales y a la Comunidad”. Un 30 % se destina a proyectos relacionados con el turismo y patrimonio rural y la gestión medioambiental. El 18 % se destinará a potenciar las actividades formativas que incentiven la creación de empresas, el autoempleo y el cooperativismo en el medio rural. Para facilitar que las mujeres se adecúen a los nuevos requerimientos de las TIC se dedica el 12 %. Por último, el 10 % restante tendrá por finalidad potenciar la inserción laboral en nuevos yacimientos de empleo en el ámbito rural, con cita expresa de “agricultura y ganadería ecológica, comercio artesanal a través de Internet, y educadoras para servicios de proximidad (escuelas infantiles, ludotecas y granjas escuelas)”.
Las acciones formativas de los cuatro primeros bloques de proyectos formativos tendrán una duración aproximada de 300 horas, mientras que en el último el tiempo de formación será de alrededor de 100 horas. En el primero, segundo y quinto bloque, el período formativo incluirá la realización de prácticas no laborales en empresas asociadas al proyecto. Las acciones formativas deberán llevarse a cabo por asociaciones o fundaciones de ámbito nacional, que incluyan en sus estatutos el objetivo de la formación e inserción de las mujeres en el ámbito rural, que se encuentren debidamente inscritas en los correspondientes registros, y que acrediten una debida actividad profesional en este ámbito durante los últimos 3 años.
3. La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación. La autoridad administrativa laboral estatal dispone de un plazo máximo de 6 meses para dictar y notificar la oportuna resolución, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada. En cuanto a los criterios de valoración a efectos de la toma de decisiones por la comisión de valoración sobre las solicitudes presentadas, deberán tomarse en consideración los siguientes y con la puntuación indicada en el artículo 7: acreditación de experiencia en los últimos 3 años: la calidad y utilidad del proyecto presentado, y su impacto; la presentación de informes sobre los recursos de que dispone la entidad que acrediten que supera los mínimos exigidos; la calidad del compromiso de realización de prácticas no laborales; compromiso de contratación superior al 30 % de las alumnas participantes en las acciones formativas; adecuación de los programas formativos a los certificados de profesionalidad o a módulos completos de los mismos; la experiencia en organización y desarrollo de proyectos similares;
4. Tengo alguna duda jurídica sobre el carácter estatal del programa. No acabo de ver claro que las referencias normativas incorporadas en la introducción, y en articulado, sean suficientes para justificar la actuación del servicio público de empleo estatal.
El artículo 1.2 dispone que "La ejecución del programa afectará a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma y facilitará la movilidad de las participantes en los mismos, requiriendo por tanto la coordinación unificada del Servicio Público de Empleo Estatal, según lo establecido en el artículo 13, apartado e), de la Ley 56/2003, de Empleo, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la misma Ley".
Es decir, es el SPEE quien decide que este programa debe ser de ámbito estatal en base a las genéricas atribuciones conferidas en la normativa de 2007. Me parece que jurídicamente sería conveniente una mayor justificación de la intervención estatal, dado que la gestión de las políticas activas de empleo han sido transferidas a las Comunidades Autónomas, y me parece también que el programa ahora examinado podría llevarse a cabo perfectamente por las mismas.
En fin, aceptado que el programa se ejecute por el SPEE, por afectar a más de una autonomía, podría ocurrir (no encuentro obstáculo jurídico para ello) que una CC AA elaborara un programa semejante con arreglo a su política de empleo. Razón de más, si cabe, para asegurar una perfecta coordinación entre la actividad del SPEE y la de los distintos servicios autonómicos de empleo que evite innecesarias duplicidades.
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