La sugerente aportación de los obispos católicos americanos al Día del Trabajo. Un documento de imprescindible lectura.

1. Las redes sociales, y las personas presentes en ellas, permiten tener conocimiento de documentos que, de otra manera, probablemente no serían conocidos. Aunque estoy muy interesado en las redes y su impacto social, y trato de participar activamente, cada día me quedo más sorprendido del caudal de información (y en muchas ocasiones, no hay que negarlo, también de manipulación o desinformación) al que se puede tener acceso.

Hago esta reflexión previa para situar el contenido de esta entrada. Mañana lunes, 5 de septiembre, se celebra el Día del Trabajo (Labor Day) en Estados Unidos, celebración que por razones históricas, y que están muy bien documentadas en estudios sobre el mundo del trabajo en EE UU, se lleva a cabo en una fecha diferente de la de la mayor parte de los países, el 1 de mayo.

Hace pocos días, ese incansable trabajador y activista de las redes sociales que es Fernando Carlos Díaz Abajo, director del departamento de pastoral obrera de la Conferencia Episcopal Española, publicó en su página de Facebook el documento de los obispos católicos de los Estados Unidos (en versión inglesa y española) con ocasión de la celebración del día del trabajo, que rápidamente fue compartido por la gran mayoría de los miembros de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) que están presente en dicha red, así como también por otras muchas personas interesadas en cuestiones de carácter social y que tienen las suficiente lucidez para no dejarse presionar (a favor o en contra, aunque sucede ser más bien los segundo) por la denominación “católica” de un documento. Con rapidez y reconozco que sin haberlo leído, pero si lo difundía Fernando pensé inmediatamente que algo bueno debía tener, lo publiqué en mi cuenta de Twitter y contribuí una vez más a descolocar a algunas de las personas que me siguen y no saben muy bien dónde ubicarme política y socialmente.

En la tranquilidad de este fin semana (hasta hace pocos días tenía mucho más movimiento jugando con mis nietos, pero el proceso de “trasnacionalización laboral” de los científicos, y mi hijo Juan y mi nuera Sonia son sujetos directamente afectados, no me va a permitir jugar con ellos tanto como yo desearía en los próximos meses), he leído el documento y he quedado gratamente sorprendido. En mi cuenta de Facebook publiqué inmediatamente la siguiente, y muy breve, reflexión: “¿Publicará algún día la Conferencia Episcopal Española con ocasión del día del trabajo una Declaración como la de los obispos católicos de EE UU para el día 5? Recomiendo su lectura al mundo político, sindical y social, y destaco esta frase: Una sociedad que no puede usar el trabajo y la creatividad de tantos de sus miembros, fracasa económica y éticamente". Por cierto, al incansable Fernando le gusta esta nota, y también a mi buen amigo de la Universidad Autónoma de Barcelona, el profesor Joan Lluís Pérez Francesch.

Bueno, como siempre que me pongo a escribir sobre algo que me gusta me voy por los cerros de Úbeda y no acabo de entrar en materia, y reconozco que hoy me cuesta algo más de lo habitual porque hace siete años estaba pendiente de la boda de uno de mis hijos y recuerdo esos momentos -- ¡madre mía, cómo pasa el tiempo! -- como si fuera ayer. Pero vamos a intentarlo.

2. El documento no se puede leer con prisas, porque sus seis páginas y media son densas y están llenas de contenido, pero lo más importante es su claridad que ya se pone de manifiesto en el título de la declaración: “Costos humanos y desafíos morales de una economía quebrada”, y lleva la firma de Mons. Stephen E. Blaire, Obispo de Stockton y presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.

Tras una lúcida introducción, el documento plantea cuales son justamente “los costos humanos de una economía quebrada”; después, qué dice la doctrina social de la iglesia sobre el trabajo y los trabajadores, en qué situación se encuentran los trabajadores y sus sindicatos, y qué dice sobre ellos también la doctrina social (me ha obligado a releer el primer cuaderno de Cristianisme i Justícia que tuve la oportunidad de publicar…¡en 1982!, en el que dediqué especial atención a los derechos colectivos de los trabajadores en la doctrina social); presta atención a la solidaridad con los pobres y los vulnerables (en la jerga jurídica, cada vez más difícil de entender por gran parte de la población, edulcoramos muchas veces la realidad con expresiones como colectivos desfavorecidos, de difícil acceso al mercado de trabajo, o en situación o riesgo de exclusión social); formula unas consideraciones generales sobre el marco católico para la vida económica, la búsqueda de la acción común para cambiar nuestra sociedad, y concluye con la obligada, y necesaria, mención a las palabras de esperanza y compromiso.

El documento me parece especialmente importante porque se inspira en la primera encíclica de contenido social, la Rerum Novarum de León XIII en 1891, justamente en la época de la revolución industrial, en un momento histórico el que, como se recuerda en la Declaración, “los trabajadores también enfrentaron grandes dificultades”. Por cierto, dado que la realidad de 2011 (incremento de las desigualdades sociales, pérdida de derechos laborales, precariedad social, …) tiene mucho en común a mi parecer con aquello que ocurrió durante la segunda mitad del siglo XIX y que estuvo en la base de los conflictos sociales y del surgimiento y aprobación de las primeras normas laborales, estoy pensando seriamente dedicar este curso académico más importancia a la explicación de la fase histórica del origen del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, porque no olvidar la historia es aprender para no repetir los errores del pasado (a ver qué piensan mis alumnos y alumnas).

Les pongo deberes (¡caramba, también aquí me sale la vena académica!). Léanse con detenimiento el documento y después alábenlo, critíquenlo, o simplemente olvídense de él, pero no hagan aquello que, desgraciadamente, hacen en muchas ocasiones los tertulianos radiofónicos: hablar de textos y documentos importantes, en especial de los jurídicos, sin habérselos leído en su integridad.

3. Me quedo del documento con varias frases, y obviamente con aquello que quieren transmitir.

A) En la introducción se expone, de forma clara y sin circunloquios, que el 5 de septiembre de 2001, en el país más poderoso del planeta (bueno, eso lo digo yo y no el documento, y además es discutible viendo el incremento de poder de la República China), “los datos económicos son crudos y los costos humanos son reales: millones de nuestros hermanos y hermanas no tienen trabajo, crían a sus hijos en la pobreza y viven obsesionados por el miedo a perder su seguridad económica”, de tal manera que los trabajadores “tienen razón en sentir preocupación y miedo por el futuro”. Pero, y aquí está la primera reflexión de alcance, que los problemas son de índole económica y financiera es indudable, pero que la situación actual tiene costos humanos y morales aún debería serlo menos (aunque, añado yo ahora, esto no parece preocupar a quienes creen que las decisiones que toman son meramente técnicas y olvidan de que afectan a personas de carne y hueso), y por ello conviene centrar las atención en los mismos e ir “mucho más allá de los indicadores económicos, de los descalabros bursátiles y de los conflictos políticos”.

B) ¿Les gustará a los miembros del Tea Party el documento, en especial el apartado dedicado a los costos humanos de una economía quebrada? Ya les aseguro que no y que probablemente lo calificarán de revolucionario (antes hubieran dicho que era un documento “de rojos”, pero como ahora ya no existe el enemigo soviético de la guerra fría esa palabra ha quedado en desuso). Bueno, si ser revolucionario (más bien sólo reformista, diría yo) es poner blanco sobre negro los problemas existentes, pues probablemente sí lo sea, y me quedo con una frase que podría ser titular de cualquier artículo periodístico o de opinión: “una economía que no puede ofrecer empleos, sueldos decentes, beneficios sociales ni un sentido de participación y contribución a sus trabajadores está quebrada”. No lo dice ningún partido político ni grupos sociales ubicados en la izquierda (dejemos para otro día el debate de qué es la izquierda política y social en la actualidad) sino un documento de los obispos americanos: “está creciendo la brecha de riqueza e ingreso entre los pocos relativamente prósperos y los muchos que sufren carencias”, y las tensiones económicas están dividiendo y polarizando aún más a EE UU y a su vida pública, “con ataques a los sindicatos, migrantes y grupos vulnerables”. Por cierto, hay otra frase que me llama poderosamente la atención por su claridad y que me ha recordado el debate que hemos tenido en Cataluña sobre la renta mínima de inserción y el buen o mal uso que hacen de los recursos económico de esta prestación sus perceptores. Lean la frase y a poco que hayan seguido los medios de comunicación sabrán en quien estoy pensando (y si no lo saben, acudan, quienes leen y entienden el catalán, a la lectura – algo aburrida, no se lo voy a negar, de los debates que tuvieron lugar el día 27 de agosto en la reunión de la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya: “Hay cada vez más niños (más de 15 millones) y familias que viven en la pobreza. Esto no significa que les falta el videojuego que está de moda, significa que les faltan recursos para cubrir las necesidades básicas: vivienda, ropa y demás”.

De forma breve, pero bien clara, el documento repasa los errores y la irresponsabilidad de quienes contribuyeron a la difícil situación en que hoy se encuentran un gran número de norteamericanos, y crítica duramente la deshonestidad, la irresponsabilidad y la corrupción, que deben dar paso “a la integridad, la irresponsabilidad y a lo que el Papa Benedicto llama el principio de gratuidad, un tipo de generosidad que se centra en el bien de los demás y en el bien común”.

C) El documento aborda a continuación la doctrina social de la iglesia sobre el trabajo y los trabajadores, y la organización colectiva de estos en sindicatos. Recuerda que el trabajo ha sido situado por dicha doctrina en el centro de la vida social y económica, e incorpora la reflexión contenida en la Gaudium et Spes sobre la necesidad del trabajo para las personas, “no sólo para pagar las cuentas, poner comida en la mesa y tener donde vivir, sino también para expresar su dignidad humana y enriquecer y fortalecer la comunidad”. Efectúa una amplia relación de citas del Catecismo, de la Gaudium et Spes, y de la Caritas in Veritate para alertar sobre los peligros, no sólo económicos sino también morales y espirituales del desempleo generalizado, y recuerda la obligación de la sociedad de ayudar, según sus propias circunstancias, a los ciudadanos “para que puedan encontrar la oportunidad de un trabajo suficiente”.

Estados Unidos es un paraíso, en muchas ocasiones, para los defensores del antisindicalismo, y en muchas ocasiones es también casi un infierno para quienes luchan y dedican todo su esfuerzo a organizar colectivamente a los trabajadores. Del cielo y del infierno sabe mucho la Iglesia, y en EE UU varios gobiernos estatales, valgan como ejemplo los de Wisconsin y Ohio, tratan de eliminar o restringir los derechos de los trabajadores a la negociación colectiva. El documento episcopal no se alinea de forma total y absoluta con los sindicatos y con su forma de abordar las negociaciones, pero hace suya toda la doctrina contenida en las encíclicas sobre el derecho de sindicación, exponiendo de forma rotunda (se puede decir más alto, pero no más claro) que “la Iglesia ratifica los derechos de los obreros en los ámbitos públicos y privado a formar un sindicato o afiliarse a uno, a la negociación colectiva y a tener voz y voto en los centros de trabajo”. Más diáfana aún, si cabe, es la afirmación de que “la enseñanza de que los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos o afiliarse a otras asociaciones sin interferencia o intimidación es contundente y sistemática”.

Los obispos americanos son conscientes de que en algunas ocasiones la Iglesia y el movimiento sindical pueden adoptar posiciones contrarias sobre algunos asuntos, básicamente de índole político o social, y que deben tratar de abordar las diferencias “en un diálogo franco y respetuoso”. En síntesis, los obispos americanos abogan por el pleno reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de sindicación (y recuerden que hacerlo en un país donde la cultura antisindical está muy extendida no es ciertamente sencillo) y llaman a la acción conjunta del mundo religioso y del mundo sindical para, desde sus respectivo campos de actuación, “defender las prioridades comunes de proteger los derechos de los trabajadores, de abogar por la justicia social y económica, y de vencer la pobreza y crear oportunidades para todos”.

D) La preocupación por los pobres y vulnerables está presente en el documento, con una llamada a todos los poderes públicos y a la sociedad en general para adoptar medidas económicas que repercutan, fundamentalmente, en beneficio de los más necesitados, que son habitualmente los menos escuchados. La salida de la pobreza pasa por disponer de un trabajo decente con un sueldo decente (recuerdo aquí los estudios, informes y programas de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente y su importancia para numerosos Estados), y la recuperación del crecimiento se considera como una poderosa manera de reducir el déficit.

No hay propuestas mágicas que puedan resolver los problemas existentes, ni creo que corresponda tampoco esa tarea a la Iglesia, y menos en un documento como el que ahora comento, pero sí hay propuestas claras de cuáles debería ser las líneas de actuación de nuestros gobernantes: no al recorte desproporcionado en servicios esenciales para los pobres, compartir los sacrificios, “incluyendo un aumento adecuado de los ingresos”, eliminar gastos militares innecesarios y afrontar, en lo posible, el proceso de envejecimiento de la población, es decir “los costos a largo plazo de seguro médico y programa de retiro”. Ello requiere de un marco económico que, tal como puso de manifiesto la Centesimus Annus, “no se opone al mercado, sino que exige que este sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad”.

En definitiva, el documento llama a una acción común para abordar y dar respuesta a los problemas existentes, y critica que se culpabilice a una parte de la sociedad, los inmigrantes, de los problemas actuales, cuando han contribuido, y de gran manera, al desarrollo económico de los EE UU (y en España también, lo recuerdo para desmemoriados). El diálogo y el trabajo en común se convierte para los obispos en la clave de bóveda necesaria para abordar los problemas del desempleo, apostar por el crecimiento económico, la superación de la pobreza y el aumento de la prosperidad, y para todo ello es necesario “hacer los sacrificios necesarios para comenzar a curar nuestra quebrada economía”.



Buena lectura del documento…, para quien desee hacerlo.

The latest labour reforms in Spain (II).

Second question. What are the most important changes that have been introduced by these reforms and what has been their impact on flexibility and job market segmentation in Spain?

A) The new standards intend to reduce labour market segmentation and make temporary hiring harder. For example contracts for specific projects or services will be for a maximum duration of three years (or four years if negotiated by collective agreement).


The contract to promote indefinite hiring can be formalized with the majority of workers. The severance payment for unfair dismissal is lower than in a standard permanent contract.

There is a wide regulation to terminate the contract for economic reasons. However the development of new rules has again established more limits and has been criticised by business organizations. If the Popular Party wins the upcoming election on 20 November, it is highly likely that the regulation on the termination of this type of contract will be made more flexible from the business’ point of view.

The compensation for termination of a temporary contract will be increased from 2012. Additionally, the Wage Guarantee Fund contributes to part of the termination payment in cases of termination of contract by reason of redundancy or economics reasons

B) The new rules on substantial modifications to working conditions have given businesses a greater power. The new regulation on collective bargaining agreement allows an employer to use 5% of working time as they deem appropriate (this 5% can be increased by collective agreement).

There has been an increase in the number of possibilities available to employers to temporarily suspend a contract and/or to reduce the number of working hours as an alternative to terminate contracts.

C) The regulation of active employment policy encourages, with economic benefits, the hiring of two groups: unemployed young people with serious long-term employability problems and unemployed individuals over 45 years old.

It also establishes a policy of direct attention to the unemployed, although the low number of public servants in the employment department makes it very difficult to implement a measure of offering individual and personal attention to improve their employability.

However, fixed term contracts (for specific works, services or casual production needs) are still the most widely used type of contracts in Spain. The "culture of temporality" that developed in Spain over 27 years ago is still in force. The provision of economic incentives for the conversion of temporary contracts into permanent contracts is another one of the measures taken during the labour reforms in mid-2010 and mid-2011.

D) There have been no modifications to the “express disciplinary dismissal”, the most important (and expensive) way to terminate a contract without reason in Spain. In Spain, there is almost total flexibility in terms of termination of an employment contract, although this flexibility may come at a considerable expense.

Third question. What are the alleged obstacles to the smooth functioning of the labor market in Spain according to the government (National Reform Programme, April 2011)? Are these obstacles real, not only in law but also and above all in everyday life?

Let’s analyze the Government's arguments one by one.

Argument 1. Segmentation of the labour market, with one-third of employees subject to temporary contracts with excessive turnover, which limits improvements in business productivity.

Response. In my view, the only difficulty about terminating an employee on a permanent contract is the severance cost, but it can nevertheless be done without showing cause (except for discriminatory dismissal) since the entry into force of the “express disciplinary dismissal” in 2002. This type of dismissal is now the most commonly used by companies. Temporary contracts should be used only when justified and not, as it’s now often the case, outside the law (see the numerous judgments of the courts), and these contracts should also have greater financial protection in case of termination.

Argument 2. Failure to properly implement internal flexibility within companies, resulting in the bulk of the adjustments leading to the loss of jobs.

Response. In my view, not only in a legal sense but also in real life, companies have a great level of flexibility to organise their productive activities. It is good practice to let each company adapt to its own circumstances, however this should be done with the participation of employees and their representatives. It is true that in some cases a business decision can only be made if there is an agreement between the employees and the employer, but is this negative for the good management of a business or, on the other hand, makes workers more motivated?

Argument 3. A complex scheme of collective bargaining that limits the scope for adapting working conditions to the needs of employers and workers.

Response. In the current legislation, and even more so since the reform in June 2010, the laws in relation to collective bargaining are fairly extensive, and in fact agreement is only needed to modify a collective bargaining agreement which is higher than the company’s level (for instance, agreements at provincial or estate level). Is this a cause of workplace inflexibility? In fact, I don’t think this is the case in the real workplace.

Argument 4. The high incidence of unemployment in groups needing special support in joining the labour market, such as young people, unskilled long-term unemployed, people with disabilities, and those in situations of social exclusion.

Response. It is important to economically promote, for instance by way of monetary incentives, only the recruitment of groups with difficulties to access the workplace. It is also important to consider, as was done in the June 2010 and August 2001 reform, if the conversion of temporary contracts into permanent contracts should also be promoted.

Argument 5. The difficulties that women face in gaining access to jobs and promotion on an equal footing, leading to a lower rate of female employment.

Response. The participation of women in the Spanish workplace is increasing. However, the lack of provision of services to look after children and other dependants, which are two important aspects in the creation of employment, makes it harder for more women to enter the workplace. It is important to improve on these issues, and not to further reduce the limited services available, because the suppression of these services has a negative impact on women in the workplace.

3. Finally, I would like to express that I substantially agree with most of the proposed reforms set out in a recent report about Spain prepared by the International Institute for Labour Studies titled “Spain: quality jobs for a new economy”.

A) With regard to training and education, the report emphasises the importance of ensuring a responsive and good quality education system, improving access to high-skilled occupations and emphasizing training initiatives in the active labour market policies.

B) In relation to employment, the report notes the importance of reinforcing public employment services, improving activation strategies, improving the targeting of hiring subsidies (for instance, low-skilled or disadvantage jobseekers), and a comprehensive strategy to ensure that no youth is left behind, particularly focusing on improving school retention rates.

C) In relation to the duality/segmentation of the labour market, I agree with the report’s view that it is important to regulate, in a clear way, the reasons behind the termination of an employment contract for economic reasons, and it is also important to strengthen social protection for temporary workers and to reorientate the current incentive structure governing part-time employment, focusing on closing the benefits gaps between full-time and part-time workers. I also agree with the report’s final thesis that “cutting active and passive labour spending for the sake of austerity would only derail the current recovery process and prolong the labour market recession”.

Thank you very much for your attention.

The latest labour reforms in Spain (I).

Text of my presentation at the roundtable held today on labour market segmentation, “Industrial Relations Conference 2011. Beyond the Crisis: Industrial Relations and Sustainable Growth”.

1. Good afternoon. First of all, I want to thank the organizers of the Conference for inviting me to participate in this roundtable. It is a pleasure to share this debate with such experienced specialists, Thomas Haipeter and Janine Leschke and to reflect on the conference’s objectives of analysing and discussing the contribution which industrial relations has had on the growth path to recovery. I do note that it is also important to focus on the social sustainability of the recovery.

I have prepared my speech in English with the very valuable help of my son Ignacio, who lives and works in Sydney, Australia. Never as much as today have I appreciated the considerable time and money spent on him learning this language!

The title of this round table is "Labour Market Reforms in Europe; Reducing Segmentation, Increasing Social Sustainability?” From the perspective of a jurist with over thirty-five years of experience, I will briefly explain the recent labour reforms and social protection measures in Spain and how they affect, or do not affect, the reduction of labour market segmentation. The most recent reform, being introduced just last month, relates to urgent measures for the promotion of youth employment and fostering stability in employment, and has been criticized by unions. My presentation is addressed particularly to foreign professionals attending this conference.

2. I have structured this presentation by posing three questions relevant to the issues at hand which I will try to answer.

First question. What has changed legally in the labour market in Spain from June 2010 to the present?

A lot has changed. Let me give you a clear example: at the beginning of the academic year later this month, I will tell students of my course in Labour Law and Social Security that they cannot use the majority of the notes and documentation from previous years, because there have been significant changes in important subjects such as collective bargaining, active labour market policy and for-profit private placement agencies.

The influence of the directives given by the European Commission is pervasive. For example, the Commission criticises, as does the International Monetary Fund, the segmentation of the labour market. To address this segmentation, the Commission proposes the incorporation of a single contract to reduce the difficulties faced by the judiciary of extinguishing permanent contracts and to lower severance costs.

The Commission is critical of the legislative value of collective agreements. It considers that this impacts on flexibility in a negative way. According to a Commission working paper from June 7 of this year, the general validity of collective agreements, combined with a segmented labour market with a remarkable geographical bias, reinforces the divide between two groups of workers: a protected group with significant bargaining power and an unprotected or limited group with no participation in union elections.

Furthermore, the International Monetary Fund states that, “Severance payments should be further lowered to at least EU average levels and should be better designed to make permanent hires more attractive. Severance payments remain high and are still likely to constitute a significant deterrent to the use of permanent contracts once employment growth strengthens”. The IMF is of the view that the Spanish labour reforms are proceeding in the right direction but need to enhance business flexibility. The IMF also warns that "if there are not clear and immediate signs the [Spanish labour] reform is delivering the necessary level of flexibility to companies, a more radical reform should be introduced".

A) In June 2010 a royal decree-act of urgent measures to reform the labour market was passed by the Spanish Government. During the enactment process a number of amendments were made to strengthen the power of business management. This Act finally became enacted on 17 September 2010.

The most important regulatory development in relation to this Act has been the formal regulation of for-profit private placement agencies for the first time in Spanish history. These agencies will be regulated according to the provisions of the Private Employment Agencies Convention (number 181) of the International Labour Organization.

On 29 September, the Act was widely criticized by trade unions and was the source of a general strike. The unions collected more than one million signatures against the Act and filed a "popular legislative initiative" that has been accepted for debate in Parliament. Due to the dissolution of chambers later this year, it is probable that this debate in parliament will not proceed.

B) In February 2011, two more important royal decrees-acts were passed by the Spanish government. The first is in regard to urgent measures to promote the transition to stable employment and retraining of the unemployed. The second deals with improving employability and the reform of active employment policy. The second decree-act is being processed in Parliament as a bill, but will most likely not be enacted due to the Spanish general election taking place in November 2011.

C) Also in February of this year, the Trade Unions and the Employers' Organizations signed the Social and Economic Agreement which relates to: the public pension system, the reform of collective bargaining agreements, improvement of the functioning of the Public Employment Services and the process for vocational training and guidance. This agreement, which has been described as an example of social dialogue, has been incorporated into the reform of the employment policies and of the pension system and Social Security, by virtue of the recently passed Law 27/2011 of 1 August. This Law relates to the update, adaption and modernization of the Social Security System. According to the Workers’ Commission Union (CCOO), "the pact guarantees the future sustainability of the public pension system, maintaining a high level of benefits and limiting the cutbacks that the Spanish Government and the European Union wanted to impose".

D) In April 2011 a new royal decree-act was passed to implement a program to promote the reduction of informal employment. Although official figures have not yet been made public, early signs indicate that the result is not that which was expected by the Spanish government.

E) The lack of agreement between trade unions and employers on the reform of collective bargaining has led to government intervention. The Royal Decree-Law 7/2011 of June 10, on urgent measures to reform collective bargaining, expands business flexibility to manage employees’ working time, and also puts a greater emphasis on collective bargaining in companies, although State Agreements still maintain their importance. The decree-act has been criticised, for various reasons, by the trade unions and employers. The Parliament agreed to the act being processed as a bill, but its processing will not be possible due to the upcoming general election in Spain.

The Royal Decree-Law 7/2011 amends a considerable number of articles under Title III of the Workers’ Statute, mainly to reform the following three core components:

-- the collective bargaining structure and the coexistence of more than one collective labor agreement;

-- the terms and validity of collective labor agreements;

-- and the rules on standing to negotiate collective labor agreements.

F) Finally, the Council of Ministers on 26 August of this year approved new measures to tackle the crisis. The Royal Decree-Act 10/2011 of August 26 included the reform of contract for the training of young workers. The aim is to incorporate labour market to young people without professional qualifications

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes d’agost.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui divendres 2 de setembre.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’agost ha estat de 1.830.046, amb una disminució de 19.715 persones sobre el mes anterior. Aquest descens s’ha degut fonamentalment a la caiguda del nombre d’afiliats del regim general (12.806) i del regim agrari (6.161) En el regim de treballadors autònoms es trenca per primera vegada en 2011 el creixement de l’afiliació, amb un descens de 551 afiliats, essent en l’actualitat un total de 208.286 afiliats.

Durant el mes d’agost el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 215.947 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 47.889.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes d’agost , i les de prestacions corresponents al mes de juliol, que han estat també publicades pel Ministeri de Treball i Immigració avui divendres 2 de setembre.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 584.605 (14,15 % del total). 186.493 són de països UE i 398.112 de països no UE. S’ha produït una disminució mensual de 8.544 persones, i un increment interanual de 15.746 (9,76 % del total). En les dades del mes d’agost destaca la disminució de l’atur en el sector de la agricultura (2.237, un 5,03 %) i entre les persones sense ocupació anterior (2.789, un 4,09 %).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 129.318 (22,11 % del total). 24.205 són de països UE i 105.113 de països no UE, amb una disminució mensual de 1.170 persones (13,69 % del total a Espanya) i un increment interanual de 9.052 (57,48 %), respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (62.182), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 35.667.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juliol: 364.837 amb un descens interanual del 15,9 %. 116.016 aturats són de països UE i 248.821 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 13,22 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,27 % si es tracta de la prestació contributiva, del 15,93 % en cas de subsidi, 13,12 % en la renda activa d’inserció, i 1,78 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de juliol amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,72 % al 12,27 % (un descens del 3,5 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 18,89 al 15,93 % (un 15,7 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (15,93 %) depassa 2,66 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (12,27 %). Tanmateix, destaca molt especialment l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 13,12 % del total dels perceptors i amb un increment del 38,2 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 51,7 % del estrangers de països UE i el 41,0 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI, REASS, PRODI i PREPARA, suposa el 48,3 i el 59,0 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juliol, un total de 2.759.194, el 48 % reben prestacions contributives i el 52 % prestacions assistencials (40 % subsidi, 7 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 61,59 % (74,96 i 76,12 % els mesos de juliol de 2009 i 2010 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 255,9 milions d’euros, un 10,7 % de la despesa total (disminució interanual del 7,0 %).

El 70,6 % de la despesa total de prestacions (2.400.315 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 64,7 % quan es tracta d’aturats estrangers (81,0 i 63,7 % en els mesos de juliol del 2009 i 2010, respectivament, dades que demostren com canvia la distribució de les prestacions d’atur entre la població no autòctona).


D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona es manté en primer lloc (16,13), per davant de les de Madrid (15,78 %), València (5,73 %), Murcia (4,86 %), Almeria (4,58 %) Alacant (4,54 %), Màlaga (3,36 %), Tarragona (3,01 %), Castelló (2,77 %), Saragossa (2,72 %), Girona (2,69 %), Illes Balears (2,66 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (84.392, 23,13 %). Els romanesos mantenen la segona posició (59.626, 16,34 %), i els equatorians la tercera (36.351, 9,96 %). En quart lloc trobem els colombians (21.212, 5,81 %), en cinquè els búlgars (12.322, 3,38 %), i en sisè els bolivians (9.767, 2,68 %).

RMI. Una comparació entre el projecte de Decret i el text finalment aprovat (Decret 384/2011 de 30 d’agost)

Aquestes són les modificacions les modificacions introduïdes en el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1977, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, que entra avui en vigor, sobre el projecte de Decret t tramés al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya el 21 de juliol per a l’emissió del seu Dictamen.

1. Projecte. Introducció. Primer paràgraf, línia 2. Diu “recolzament adequat”. Decret. Diu “suport adequat”.

2. Decret. Introducció. Sisè paràgraf. S’ha afegit al final “en virtut de les competències atribuïdes per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya”.

3. Projecte. Article 1. Citació del “Decret-llei 1/2010”•. Decret: desapareix aquesta referència normativa.

4. Decret. Article 4.1 b). S’ha afegit un paràgraf final: “No computen com a absències que interrompen la continuïtat de la residència les sortides del territori català, prèviament comunicades a l'òrgan que en fa el seguiment, que no superin un mes, en un període de 12 mesos”.

5. Projecte. Article 4.1 e) (i d’altres articles). Diu “durant els dotze mesos anteriors”. Decret. Diu “Durant els 12 mesos anteriors”.

6. Decret. Article 4.1 e). S’ha afegit un paràgraf final: “En el supòsit de dones que pateixen violència masclista o que superen una situació de violència masclista i que compleixen els requisits exigits a la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, s'han de tenir en compte exclusivament els ingressos i les rendes individuals de cada dona, i no es computen en aquests casos les rendes o els ingressos d'altres membres de la unitat familiar que conviuen amb ella”.

7. Projecte. Article 4.1 g). Diu: “dificultats d’inserció social i laboral”. Decret. Diu: “dificultats d’inserció social i laborals afegides”

8. Projecte. Article 4.2 h), primer paràgraf. Diu: “que no acreditin una dificultat social afegida”. Decret. Diu: “que no acreditin una dificultat social o de inserció laboral afegides”.

9. Projecte. Article 4.2 h), segon paràgraf. Diu: “En aquests casos, es podria accedir a l’RMI un cop passats sis mesos des que es va exhaurir la prestació, subsidi o ajut derivat de la situació d’atur, sempre i quan quedi acreditada una situació social afegida”.

Decret. Desapareix aquest paràgraf.

10. Projecte. Article 5 i). Diu: “Romandre de forma permanent..”. Decret. Diu: “Romandre de manera permanent...”.

11. Projecte. Article 9.5. Diu “els criteris de prelació dels expedients”. Decret. Diu: “els criteris objectius i no discrecionals dels expedients”.

12. Projecte. Article 14. Diu: “Aquests ensenyaments contemplen ...”. Decret diu: “Aquests ensenyaments preveuen...”.

13. Projecte. Disposició addicional primera. Diu “la quantia establerta a l’article 16.2 del present Decret serà d’aplicació als expedientes de l’RMI que es trobin vigents en el moment de la seva entrada en vigor, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de l’entrada en vigor d’aquest Decret”.

Decret. Diu: “La quantia que estableix l'article 16.2 d'aquest Decret serà d'aplicació als expedients de l'RMI que es trobin vigents en el moment de la seva entrada en vigor i que s'hagin d'abonar a partir de l'1 de setembre de 2011”.

14. Projecte. Disposició addicional segona. Diu: “Els expedients de l’RMI que es trobin vigents i que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret presentin la circumstància prevista al seu article 4.2, apartat h), hauran de ser revisats per part de l’òrgan competent, als efectes de la seva actualització”.

Decret. Diu. “Els expedients de l'RMI que es trobin vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret seran revisats per part de l'òrgan competent en el moment d'avaluar la possible pròrroga de la prestació, als efectes de comprovar el compliment dels requisits establerts en aquest Decret”.