5. Vayamos ya al nuevo artículo 64 y examinemos apartado por apartado (un total de 11) qué modificaciones se incorporan.
A) En la redacción aún vigente, que responde a las modificaciones operadas en el texto de 2003 por el Real Decreto-Ley 3/2009 de 27 de marzo de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, el apartado 1 dispone que “Los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente artículo”.
El texto original del proyecto de ley introdujo en este párrafo la referencia expresa a los traslados colectivos y una importante novedad sobre la tramitación de los expedientes de regulación de empleo y su conocimiento. En trámites posteriores del proyecto no se ha introducido modificación alguna.
¿En qué consisten las modificaciones? Dicho de forma muy esquemática, en la atracción de un ERE hacia el juez mercantil. Más exactamente, se prevé el supuesto de un ERE que se está tramitando en el momento en que se declara el concurso, en cuyo caso, se afirma de forma taxativa, “la autoridad laboral remitirá lo actuado al juez del concurso”. Una vez atraída la competencia de conocimiento del ERE a su ámbito competencial, la norma mercantil, que sigue fielmente algunas modificaciones introducidas en la normativa procesal laboral por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se otorga competencia al secretario judicial para citar a comparecencia “a los legitimados en el artículo siguiente”, en el plazo de tres días a partir de la recepción del expediente, “para exponer y justificar en su caso la procedencia de continuar la tramitación de las medidas colectivas conforme a lo previsto en este artículo”. Es decir, será en trámite judicial mercantil donde los sujetos interesados decidirán si hay que seguir o no con el ERE instado con anterioridad a la declaración del concurso, en el bien entendido, y así lo dispone expresamente el texto reformado, que las actuaciones practicadas en el expediente anterior hasta la fecha de la declaración de concurso “conservarán su validez en el expediente que se tramite ante el juzgado”.
Cabe la posibilidad de haberse resuelto el ERE por la autoridad administrativa laboral antes de la declaración del concurso, pero que aún no se haya procedido a su ejecución, y en tal caso será la administración concursal quien la asumirá. En cualquier caso, y aunque la mención se encuentre inmediatamente después de la referencia a la ejecución creo que afecta a cualquier trámite del ERE, la declaración del concurso deberá ser comunicada por la autoridad judicial mercantil competente a la autoridad laboral “a los efectos que procedan”.
B) El apartado 2 trata cuáles son los sujetos interesados que pueden solicitar cambios en las condiciones laborales ante el juez del concurso, entendiendo por tales cambios “la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado”. En la redacción vigente, esa posibilidad se concede a la administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales.
El nuevo texto incorpora las modificaciones introducidas en la reforma laboral de 2010 al objeto de garantizar la participación de los trabajadores en las decisiones que les afecten cuando no tuvieran representación legal en la empresa, previéndose en el proyecto de ley original la designación de una comisión “designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los trabajadores”. Los dos párrafos que interesa ahora recordar de dicho apartado de la LET son los siguientes:
“En las empresas en las que no exista representación legal de los mismos, éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.
En todos los casos, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer la paralización del mismo…”
El garantismo de la ley concursal en punto a garantizar la existencia de una representación de los trabajadores se manifiesta en la enmienda incorporada en trámite de ponencia y que acoge bastantes peticiones formuladas por diversos grupos parlamentarios. A diferencia de la normativa laboral, que concede un plazo de cinco días para la designación y si ello no se produce continúa el procedimiento abierto, el nuevo párrafo del apartado 2 concede la posibilidad al juez del concurso, transcurrido dicho plazo sin designación alguna, de acordar la intervención de una comisión de un máximo de tres miembros “integrada por los sindicatos más representativos y los representativos del sector al que la empresa pertenezca”. Por una vía indirecta, y de forma supletoria respecto a la decisión que pueden adoptar los trabajadores afectados en primer lugar, se refuerza la intervención sindical en la tramitación de las cuestiones laborales que afectan al concurso, en el bien entendido que ese refuerzo corresponde decidirlo al juez del concurso.
C) No hay modificaciones en el apartado 3, cuya redacción data del RDL 3/2009 de 27 de marzo y que trató de agilizar los trámites para evitar perjuicios a los trabajadores afectados. Por ello, la adopción de las medidas solicitadas por los interesados sólo puede efectuarse una vez que se haya emitido por la administración concursal el informe previsto en el capítulo I del Título IV, “salvo que se estime que la demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa y del empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta circunstancia, podrá realizarse la petición al juez en cualquier momento procesal desde la declaración de concurso”. Cabe recordar ahora la razón que justificó la modificación de 2009, según se indicaba en el preámbulo del RDL: mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas concursadas que se vean afectados por procedimientos colectivos, al objeto de poder extinguir más rápidamente las relaciones de trabajo y poder así acceder al percibo de las prestaciones por desempleo, percibo que se estaba demorando varias meses con la normativa anteriormente vigente.
D) El apartado 4 guarda estrecha relación con el mismo trámite a realizar en el supuesto de presentación de un ERE ante la autoridad administrativa laboral. En la redacción vigente, no modificada en el proyecto de ley, la solicitud que se presente deberá exponer y justificar, en su caso, “las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con estas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su acreditación”. Quizás hubiera podido modificarse la redacción para adecuarla mejor a la reforma laboral de 2010 y a su desarrollo reglamentario por el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.
El texto reformado, en la redacción originaria del proyecto de ley que se ha mantenido durante toda la tramitación, faculta a la administración concursal para solicitar la colaboración del concursado o el auxilio del juzgado que estime necesario para la comprobación de dicha solicitud y de su contenido, es decir que cumple los requisitos legales establecidos para poder ser aceptada en el concurso.
E) El apartado 5 se refiere a la tramitación del período de consultas y la documentación a presentar, en el bien entendido que el nuevo texto suprime completamente el texto ahora vigente, sin que se encuentre en los textos del proyecto en sus diferentes etapas parlamentaria explicación alguna de esa supresión.
Vayamos por partes. El texto vigente fija la obligación del juez de convocar a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores a un período de consultas una vez recibida la solicitud, y recuerda la obligación de las empresas de más de 50 trabajadores de acompañar un plan social; es decir, una redacción muy cercana al artículo 51.4 de la LET. La redacción original del proyecto de ley incluía también al concursado en el período de consultas en el supuesto de que estuvieran intervenidas las facultades de administración y disposición del deudor. Además, trasladaba al ámbito mercantil la reforma laboral de 2010 para posibilitar la sustitución del trámite de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje.
Tanto el texto aún vigente como las modificaciones citadas incorporadas en la redacción original del proyecto de ley desaparecen en el Informe de la ponencia, cuyo texto se ha mantenido inalterado en la tramitación posterior. Cabe pensar, como hipótesis de trabajo, que sus señorías han considerado innecesario mantener una redacción semejante a la de tramitación de una ERE ante la autoridad administrativa laboral, por considerar lo dispuesto en el apartado 11, y también por valorar que la normativa laboral puede ser de aplicación supletoria en cuanto que el último inciso del primer párrafo del apartado 2 del artículo 8 dispone que “En el enjuiciamiento de estas materias (laborales), y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral”. Quiero pensar que esta es la razón de tal supresión, y no un simple lapsus u olvido de la Ponencia, y por cierto no hay tampoco ninguna explicación de la supresión en el debate que tuvo lugar en la Comisión de Justicia del CD para aprobar el proyecto de ley.
El proyecto de ley incorporaba un nuevo párrafo relativo a la participación de otros sujetos interesados en el concurso y a la aportación de documentación complementaria, que guardaba relación con los procesos de concentración empresarial y la creación de grupos de empresas con su indudable impacto en el ámbito económico y también en el laboral, aún cuando huía de la utilización de dicha expresión y se refería a la participación en el período de consultas, a instancias de la representación de los trabajadores o de la administración concursal y previa petición al juez, de otras personas “que indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con la concursada”, pudiendo interesar el auxilio del juzgado que se considerara necesario para su comprobación.
El informe de la ponencia introduce dos importantes modificaciones: la primera, para dejar constancia que las personas llamadas durante el período de consultas pueden ser tanto físicas como jurídicas, en coherencia con las posibilidades legales existentes para el desarrollo de una actividad empresarial; la segunda, para permitir que se solicite, en el supuesto de que se considere que las personas físicas o jurídicas llamadas a consultas forman una unidad empresarial con la concursada, la documentación económica consolidada o la relativa a otras empresas “a efectos de valorar la realidad económica del conjunto empresarial”. En pocos preceptos como este puede verse tan clara la relación cada vez más estrecha entre el Derecho Mercantil y el Derecho del Trabajo, y como categorías jurídicas mercantiles (unidad de empresa, grupos de empresas,..) han sido incorporadas al ámbito jurídico laboral por su innegable repercusión sobre las condiciones laborales.
EL NUEVO Y CAMBIANTE MUNDO DEL TRABAJO. UNA MIRADA ABIERTA Y CRÍTICA A LAS NUEVAS REALIDADES LABORALES
lunes, 12 de septiembre de 2011
La reforma de la Ley Concursal y su impacto sobre las relaciones laborales. Estudio del artículo 64 sobre contratos de trabajo (I).
1. El Pleno del Senado de esta semana tiene previsto aprobar el proyecto de ley de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. El texto irá posteriormente al último Pleno del Congreso de los Diputados de la presente legislatura para su aprobación definitiva.
2. El propósito de esta entrada del blog es abordar y analizar las modificaciones que se han producido en el importante artículo 64, dedicado a los contratos de trabajo, y conocer el impacto que las reformas laborales de 2010 y 2011 han tenido en tales modificaciones. Cuando redacto este texto no dispongo de información sobre la reunión de la Comisión de Justicia del Senado del día 8 y de la introducción de alguna modificación, algo que no me parece probable si nos hemos de atener al pacto sobre el precepto logrado en el Congreso de los Diputados. Si me equivoco y hay alguna modificación, obviamente lo haré saber en una nueva entrada y la incorporaré en el texto que analice la nueva ley.
2. El proyecto de ley fue publicado en el Boletín Oficial del CD el día 1 de abril. El Informe de la ponencia nombrada por la Comisión de Justicia, publicado el 29 de julio, incorporó varias enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios al artículo único, apartado treinta y ocho, por el que se modificaba el artículo 64 de la Ley 22/2003. El texto de la ponencia fue aprobado sin modificaciones en este apartado por la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena, publicado el 4 de agosto, y remitido al Senado. En la Cámara Alta, el texto ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia en su sesión de 8 de septiembre, que no ha introducido modificación alguna al precepto (a salvo de los cambios de numeración como consecuencia de enmiendas incorporadas en la fase final del trámite parlamentario en el CD, pasando ahora a ser artículo único apartado cuarenta y ocho), por lo que el texto aprobado (con modificaciones sobre el proyecto de ley original) por el CD será el que vea la luz pública en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto a la entrada en vigor de la norma, con carácter general se dispone que así será a partir del 1 de enero de 2012, si bien hay una importante disposición transitoria séptima dedicada a “aspectos laborales” en la que se dispone que el artículo 64 modificado, y otros dos preceptos de contenido laboral como son un nuevo párrafo del número 2 del artículo 8 y la modificación del último párrafo del apartado 4 del artículo 44, “serán de aplicación a los procedimientos concursales que se encuentren en curso a la fecha de su entrada en vigor, para la tramitación del expediente y adopción de las medidas que se soliciten desde entonces y supongan la extinción, suspensión o modificación colectiva de los contratos de trabajo”.
3. En el preámbulo de la futura ley, que no ha sufrido modificación durante la tramitación parlamentaria, se afirma que el nuevo texto opera “una mejora notable de la protección de los trabajadores”, enlazando la reforma mercantil con la reforma laboral de 2010 (y su desarrollo reglamentario en 2011) y reiterando que un elemento interpretativo básico de la norma concursal “es que en el enjuiciamiento de las cuestiones laborales sometidas al proceso concursal deben tenerse en cuenta de manera prioritaria los principios inspiradores de la rama social del derecho”. También se enfatiza la resolución de las dudas jurídicas suscitadas sobre la calificación de créditos contra la masa de los créditos salariales e indemnizaciones en supuestos de despido o extinción de la relación laboral, y la incorporación de forma expresa de la posibilidad de subrogación legal del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en los cantidades avanzadas a los trabajadores (créditos salariales e indemnizaciones) por cuenta del empresario y al amparo del artículo 33 de la Ley del Estatuto de los trabajadores.
4. Como acabo de indicar, centro mi explicación en el artículo 64, pero antes recuerdo brevemente los cambios introducidos en los otros dos artículos citados.
A) El artículo 8 regula la competencia de los jueces de lo mercantil para conocer del concurso, con competencia exclusiva y excluyente (número 2) en “Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral”.
La reforma introduce un nuevo párrafo en este apartado, para adecuar la norma mercantil a las reformas laborales operadas por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre de reformas urgentes del mercado de trabajo. En concreto, se recuerda que “Por suspensión colectiva se entienden las previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, incluida la reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo.”. Quizás hubiera sido técnicamente más correcto incluir la mención a la reducción de jornada en el primer párrafo, después justamente de la referencia a la suspensión, pero en cualquier caso el objetivo del legislador, que era trasladar la reforma laboral al ámbito del concurso mercantil, queda suficientemente claro.
B) En la misma línea de adaptar la normativa mercantil a la reforma laboral e incorporar una referencia expresa a los traslados colectivos como modificación colectiva de los contratos de trabajo, se incluye la reforma operada en el artículo 44, dedicado a regular la continuación del ejercicio de la actividad económica o empresarial. En la redacción vigente, su último párrafo dispone que “Como excepción a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores de la empresa, podrá acordar mediante auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta. Cuando estas medidas supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de trabajo, el juez actuará conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 8 y en el artículo 64”.
La nueva redacción es del siguiente tenor: “Cuando las medidas supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de trabajo, incluidos los traslados colectivos, el juez actuará conforme a lo establecido en el artículo 8.2º y simultáneamente iniciará el expediente del artículo 64. La administración concursal en su solicitud deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.4.”
C) Por otra parte, la reforma también incide sobre la normativa de Seguridad Social, más exactamente sobre su Ley General y la acción protectora por desempleo por encontrarse en situación legal que permita acceder a las prestaciones. En la redacción vigente el artículo 208, apartado primero, número 3, dispone que “Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, en virtud de expediente de regulación de empleo en los términos del artículo 203.3”. Pues bien, la reforma introducida en el proyecto de ley amplía la situación legal de desempleo a los supuestos en los que la reducción temporal de la jornada ordinaria de trabajo (entre un 10 y un 70 % de la habitual) se produzca por resolución judicial aprobada en el seno de un proceso concursal.
2. El propósito de esta entrada del blog es abordar y analizar las modificaciones que se han producido en el importante artículo 64, dedicado a los contratos de trabajo, y conocer el impacto que las reformas laborales de 2010 y 2011 han tenido en tales modificaciones. Cuando redacto este texto no dispongo de información sobre la reunión de la Comisión de Justicia del Senado del día 8 y de la introducción de alguna modificación, algo que no me parece probable si nos hemos de atener al pacto sobre el precepto logrado en el Congreso de los Diputados. Si me equivoco y hay alguna modificación, obviamente lo haré saber en una nueva entrada y la incorporaré en el texto que analice la nueva ley.
2. El proyecto de ley fue publicado en el Boletín Oficial del CD el día 1 de abril. El Informe de la ponencia nombrada por la Comisión de Justicia, publicado el 29 de julio, incorporó varias enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios al artículo único, apartado treinta y ocho, por el que se modificaba el artículo 64 de la Ley 22/2003. El texto de la ponencia fue aprobado sin modificaciones en este apartado por la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena, publicado el 4 de agosto, y remitido al Senado. En la Cámara Alta, el texto ha sido dictaminado por la Comisión de Justicia en su sesión de 8 de septiembre, que no ha introducido modificación alguna al precepto (a salvo de los cambios de numeración como consecuencia de enmiendas incorporadas en la fase final del trámite parlamentario en el CD, pasando ahora a ser artículo único apartado cuarenta y ocho), por lo que el texto aprobado (con modificaciones sobre el proyecto de ley original) por el CD será el que vea la luz pública en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto a la entrada en vigor de la norma, con carácter general se dispone que así será a partir del 1 de enero de 2012, si bien hay una importante disposición transitoria séptima dedicada a “aspectos laborales” en la que se dispone que el artículo 64 modificado, y otros dos preceptos de contenido laboral como son un nuevo párrafo del número 2 del artículo 8 y la modificación del último párrafo del apartado 4 del artículo 44, “serán de aplicación a los procedimientos concursales que se encuentren en curso a la fecha de su entrada en vigor, para la tramitación del expediente y adopción de las medidas que se soliciten desde entonces y supongan la extinción, suspensión o modificación colectiva de los contratos de trabajo”.
3. En el preámbulo de la futura ley, que no ha sufrido modificación durante la tramitación parlamentaria, se afirma que el nuevo texto opera “una mejora notable de la protección de los trabajadores”, enlazando la reforma mercantil con la reforma laboral de 2010 (y su desarrollo reglamentario en 2011) y reiterando que un elemento interpretativo básico de la norma concursal “es que en el enjuiciamiento de las cuestiones laborales sometidas al proceso concursal deben tenerse en cuenta de manera prioritaria los principios inspiradores de la rama social del derecho”. También se enfatiza la resolución de las dudas jurídicas suscitadas sobre la calificación de créditos contra la masa de los créditos salariales e indemnizaciones en supuestos de despido o extinción de la relación laboral, y la incorporación de forma expresa de la posibilidad de subrogación legal del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en los cantidades avanzadas a los trabajadores (créditos salariales e indemnizaciones) por cuenta del empresario y al amparo del artículo 33 de la Ley del Estatuto de los trabajadores.
4. Como acabo de indicar, centro mi explicación en el artículo 64, pero antes recuerdo brevemente los cambios introducidos en los otros dos artículos citados.
A) El artículo 8 regula la competencia de los jueces de lo mercantil para conocer del concurso, con competencia exclusiva y excluyente (número 2) en “Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral”.
La reforma introduce un nuevo párrafo en este apartado, para adecuar la norma mercantil a las reformas laborales operadas por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre de reformas urgentes del mercado de trabajo. En concreto, se recuerda que “Por suspensión colectiva se entienden las previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, incluida la reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo.”. Quizás hubiera sido técnicamente más correcto incluir la mención a la reducción de jornada en el primer párrafo, después justamente de la referencia a la suspensión, pero en cualquier caso el objetivo del legislador, que era trasladar la reforma laboral al ámbito del concurso mercantil, queda suficientemente claro.
B) En la misma línea de adaptar la normativa mercantil a la reforma laboral e incorporar una referencia expresa a los traslados colectivos como modificación colectiva de los contratos de trabajo, se incluye la reforma operada en el artículo 44, dedicado a regular la continuación del ejercicio de la actividad económica o empresarial. En la redacción vigente, su último párrafo dispone que “Como excepción a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia del deudor y de los representantes de los trabajadores de la empresa, podrá acordar mediante auto el cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor, así como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese o la suspensión, total o parcial, de ésta. Cuando estas medidas supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de trabajo, el juez actuará conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 8 y en el artículo 64”.
La nueva redacción es del siguiente tenor: “Cuando las medidas supongan la extinción, suspensión o modificación colectivas de los contratos de trabajo, incluidos los traslados colectivos, el juez actuará conforme a lo establecido en el artículo 8.2º y simultáneamente iniciará el expediente del artículo 64. La administración concursal en su solicitud deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.4.”
C) Por otra parte, la reforma también incide sobre la normativa de Seguridad Social, más exactamente sobre su Ley General y la acción protectora por desempleo por encontrarse en situación legal que permita acceder a las prestaciones. En la redacción vigente el artículo 208, apartado primero, número 3, dispone que “Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, en virtud de expediente de regulación de empleo en los términos del artículo 203.3”. Pues bien, la reforma introducida en el proyecto de ley amplía la situación legal de desempleo a los supuestos en los que la reducción temporal de la jornada ordinaria de trabajo (entre un 10 y un 70 % de la habitual) se produzca por resolución judicial aprobada en el seno de un proceso concursal.
domingo, 11 de septiembre de 2011
PROTEJA (I y II), MEMTA, MOTIVA, 45 PLUS. , Y ahora, OLA Y ENCAMINA2. La creación de empleo en Andalucía.
1. Los dos últimos Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía han adoptado decisiones con indudable impacto en el ámbito laboral. El día 29 de agosto se aprobó el llamado Plan ENCAMINA2, más exactamente 118 millones de euros como primera partida económica del mismo, destinado a la mejora de más de 5.000 kilómetros de caminos rurales de titularidad municipal en las ocho provincias y que se llevará a cabo hasta el mes de marzo de 2012. Según las previsiones de la Junta, este plan, que no implicará coste económico para las corporaciones locales, mejorará el acceso a las explotaciones agrarias y forestales y generará 250.000 jornales, equivalentes a 1.000 empleos directos anuales.
2. Una semana más tarde, el pasado martes 6 de diciembre, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, conocido como Plan OLA, destinando una partida presupuestaria de 200 millones de euros que, siempre según las previsiones del gobierno autonómico, posibilitará la creación de 5.000 empleos en obras en centros docentes.
El nuevo Plan continúa con el programa de inversiones educativas puestas en marcha con el Plan “Mejor escuela”, aprobado por Acuerdo de 11 de octubre de 2005 y cuya vigencia se extendió hasta finalizar 2010. Además, se ajusta a la propuesta presentada por el Presidente de la Junta, Sr. José Antonio Griñán, durante el debate sobre el estado de la Comunidad los días 29 y 30 de junio, y acogida en una de las Resoluciones aprobadas por el parlamento autonómico, de seguir avanzando en la ejecución de obras en la red de centros educativos (se calculan unos 450 proyectos) y permitir, al mismo tiempo, el acceso al empleo de personas desempleadas del sector de la construcción y con prioridad para quienes tengan cargas familiares, ya que los datos estadísticos sobre destrucción de empleo en la Comunidad Autónoma desde el inicio de la crisis económica ponen de manifiestos que dos de cada tres empleos perdidos correspondían a dicho sector.
En definitiva, con estos dos nuevos planes, la Junta ha invertido desde febrero de 2008, 14.338 millones de euros en las diferentes medidas de choque impulsadas para afrontar la crisis, con un total de 30.500 empresas beneficiadas.
3. La concreción normativa del Plan OLA se encuentra en el texto publicado en el Boletín Oficial autonómico del día 9 y que entró en vigor ayer sábado: “Acuerdo de 6 de septiembre de 2001 por el que se aprueba el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA)”, o más exactamente el procedimiento de su formulación, desarrollo y seguimiento.
En su introducción se recuerda en primer lugar la importancia de la educación como factor estratégico para la sociedad por su contribución al desarrollo personal de los ciudadanos y al bienestar colectivo, y se pone de manifiesto la importancia que le conceden la Estrategia Europa 2020, el Programa Nacional de Reformas 2011, la Ley estatal 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible, y el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía. A continuación se destaca como el Parlamento aprobó la puesta en marcha de este programa para mejorar las infraestructuras educativas de los centros docentes e impulsar la creación de empleo en el sector de la construcción y con especial atención al colectivo de personas desempleadas que tienen cargas familiares.
El Plan OLA se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2012 y está dotado con 200 millones de euros, de los que el 80 % están a cargo del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 y el 20 % restante se cubrirá con cargo a los recursos propios de la administración autonómica. Podrán financiarse, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público, obras que guarden relación con la construcción, ampliación, modernización, mejora y reforma de centros educativos y de sus infraestructuras. Para su correcto seguimiento se crea una comisión de planificación y seguimiento integrada por representantes de todas las Consejerías que intervendrán en el Plan, que son las de Educación, Economía, Innovación y Ciencia, y Empleo. Me interesa ahora destacar que corresponderá al Servicio Andaluz de Empleo el seguimiento de la generación y el mantenimiento del empleo. Además, se crean la Comisión Autonómica y las Comisiones Provinciales de Participación, en las que estarán presentes la Administración autonómica y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en Andalucía.
El apartado décimo del Acuerdo es, sin duda, el de mayor interés desde la perspectiva laboral, ya que regula los requisitos que deben cumplir las personas que van a ser contratadas y las condiciones contractuales. Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten las actuaciones más arriba indicadas deberán contratar a personal desempleado inscrito como demandante de empleo en las oficinas del SAE antes del día 10 de septiembre.
La empresa adjudicataria seleccionará el personal a contratar de los candidatos facilitados por el SAE, con excepción del personal propio o de dirección técnica. Rige como primer criterio de selección la adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo, y una vez cumplido este requisito el Acuerdo otorga prioridad a la contratación de personas desempleadas que residan en el municipio donde se ejecute la actuación y que no hayan mantenido relación contractual con la empresa adjudicataria en los tres meses anteriores a la presentación de la oferta de empleo. Si no hubiera personas desempleadas en el municipio que cumplieran los requisitos citados, la contratación podrá realizarse con personas desempleadas de municipios colindantes, provincia y CC AA (si bien el acuerdo no lo dice de forma expresa, entiendo que la búsqueda sólo podrá producirse cuando no exista personal desempleado en el ámbito territorial inferior). La norma también prevé el supuesto de que no haya ningún trabajador desempleado que cumpla el requisito de la no vinculación con la entidad empleadora, en cuyo caso se otorgará preferencia en la contratación a quien lleve más tiempo inscrito como demandante de empleo.
En cualquier caso, la prioridad en la contratación será para personas que no perciba ningún tipo de prestación o subsidio, y dentro de este grupo quienes se encuentren en situación de desempleo de larga duración.
El 70 %, como mínimo, del coste del personal empleado en cada actuación debe corresponder a empleo de nueva creación, si bien el porcentaje puede reducirse al 50 % por acuerdo de la Comisión Provincial de Participación. La duración del contrato no podrá ser inferior a la duración de la tarea a realizar (por consiguiente, se formalizará al amparo de la modalidad contractual de contrato para obra o servicio), y la prestación laboral se desarrollará con sujeción a las condiciones estipuladas en el correspondiente convenio colectivo sectorial. En el supuesto especial de contratación de personal propio o de dirección técnica de la obra la norma dispone que deberá formalizarse por tiempo indefinido.
Dado que se trata de contratos sometidos a la normativa del sector público, el acuerdo dispone que los órganos de contratación deberán incorporar, en las cláusulas sobre condiciones de ejecución del contrato, las medidas que acabo de explicar y que se indicarán en el anuncio de licitación, en el pliego y en el contrato, con posible cláusula de penalización para la empresa que incumpla tales condiciones.
Al objeto de ajustarse a la normativa de la Unión Europea sobre libre prestación de servicios en todo el territorio de la UE-27, el acuerdo dispone expresamente que las condiciones “no podrán tener efecto discriminatorio para los licitadores de los demás Estados miembros”. Además, la vinculación laboral se establece única y exclusivamente entre la empresa adjudicataria y el trabajador contratado, disponiéndose la inserción de una cláusula en los pliegos y en los contratos en donde deberá quedar constancia que “en ningún caso, los trabajadores de las empresas adjudicatarias pasarán a ostentar vínculo laboral alguno con la Junta de Andalucía”.
2. Una semana más tarde, el pasado martes 6 de diciembre, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, conocido como Plan OLA, destinando una partida presupuestaria de 200 millones de euros que, siempre según las previsiones del gobierno autonómico, posibilitará la creación de 5.000 empleos en obras en centros docentes.
El nuevo Plan continúa con el programa de inversiones educativas puestas en marcha con el Plan “Mejor escuela”, aprobado por Acuerdo de 11 de octubre de 2005 y cuya vigencia se extendió hasta finalizar 2010. Además, se ajusta a la propuesta presentada por el Presidente de la Junta, Sr. José Antonio Griñán, durante el debate sobre el estado de la Comunidad los días 29 y 30 de junio, y acogida en una de las Resoluciones aprobadas por el parlamento autonómico, de seguir avanzando en la ejecución de obras en la red de centros educativos (se calculan unos 450 proyectos) y permitir, al mismo tiempo, el acceso al empleo de personas desempleadas del sector de la construcción y con prioridad para quienes tengan cargas familiares, ya que los datos estadísticos sobre destrucción de empleo en la Comunidad Autónoma desde el inicio de la crisis económica ponen de manifiestos que dos de cada tres empleos perdidos correspondían a dicho sector.
En definitiva, con estos dos nuevos planes, la Junta ha invertido desde febrero de 2008, 14.338 millones de euros en las diferentes medidas de choque impulsadas para afrontar la crisis, con un total de 30.500 empresas beneficiadas.
3. La concreción normativa del Plan OLA se encuentra en el texto publicado en el Boletín Oficial autonómico del día 9 y que entró en vigor ayer sábado: “Acuerdo de 6 de septiembre de 2001 por el que se aprueba el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA)”, o más exactamente el procedimiento de su formulación, desarrollo y seguimiento.
En su introducción se recuerda en primer lugar la importancia de la educación como factor estratégico para la sociedad por su contribución al desarrollo personal de los ciudadanos y al bienestar colectivo, y se pone de manifiesto la importancia que le conceden la Estrategia Europa 2020, el Programa Nacional de Reformas 2011, la Ley estatal 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible, y el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía. A continuación se destaca como el Parlamento aprobó la puesta en marcha de este programa para mejorar las infraestructuras educativas de los centros docentes e impulsar la creación de empleo en el sector de la construcción y con especial atención al colectivo de personas desempleadas que tienen cargas familiares.
El Plan OLA se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2012 y está dotado con 200 millones de euros, de los que el 80 % están a cargo del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 y el 20 % restante se cubrirá con cargo a los recursos propios de la administración autonómica. Podrán financiarse, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos del sector público, obras que guarden relación con la construcción, ampliación, modernización, mejora y reforma de centros educativos y de sus infraestructuras. Para su correcto seguimiento se crea una comisión de planificación y seguimiento integrada por representantes de todas las Consejerías que intervendrán en el Plan, que son las de Educación, Economía, Innovación y Ciencia, y Empleo. Me interesa ahora destacar que corresponderá al Servicio Andaluz de Empleo el seguimiento de la generación y el mantenimiento del empleo. Además, se crean la Comisión Autonómica y las Comisiones Provinciales de Participación, en las que estarán presentes la Administración autonómica y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en Andalucía.
El apartado décimo del Acuerdo es, sin duda, el de mayor interés desde la perspectiva laboral, ya que regula los requisitos que deben cumplir las personas que van a ser contratadas y las condiciones contractuales. Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten las actuaciones más arriba indicadas deberán contratar a personal desempleado inscrito como demandante de empleo en las oficinas del SAE antes del día 10 de septiembre.
La empresa adjudicataria seleccionará el personal a contratar de los candidatos facilitados por el SAE, con excepción del personal propio o de dirección técnica. Rige como primer criterio de selección la adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo, y una vez cumplido este requisito el Acuerdo otorga prioridad a la contratación de personas desempleadas que residan en el municipio donde se ejecute la actuación y que no hayan mantenido relación contractual con la empresa adjudicataria en los tres meses anteriores a la presentación de la oferta de empleo. Si no hubiera personas desempleadas en el municipio que cumplieran los requisitos citados, la contratación podrá realizarse con personas desempleadas de municipios colindantes, provincia y CC AA (si bien el acuerdo no lo dice de forma expresa, entiendo que la búsqueda sólo podrá producirse cuando no exista personal desempleado en el ámbito territorial inferior). La norma también prevé el supuesto de que no haya ningún trabajador desempleado que cumpla el requisito de la no vinculación con la entidad empleadora, en cuyo caso se otorgará preferencia en la contratación a quien lleve más tiempo inscrito como demandante de empleo.
En cualquier caso, la prioridad en la contratación será para personas que no perciba ningún tipo de prestación o subsidio, y dentro de este grupo quienes se encuentren en situación de desempleo de larga duración.
El 70 %, como mínimo, del coste del personal empleado en cada actuación debe corresponder a empleo de nueva creación, si bien el porcentaje puede reducirse al 50 % por acuerdo de la Comisión Provincial de Participación. La duración del contrato no podrá ser inferior a la duración de la tarea a realizar (por consiguiente, se formalizará al amparo de la modalidad contractual de contrato para obra o servicio), y la prestación laboral se desarrollará con sujeción a las condiciones estipuladas en el correspondiente convenio colectivo sectorial. En el supuesto especial de contratación de personal propio o de dirección técnica de la obra la norma dispone que deberá formalizarse por tiempo indefinido.
Dado que se trata de contratos sometidos a la normativa del sector público, el acuerdo dispone que los órganos de contratación deberán incorporar, en las cláusulas sobre condiciones de ejecución del contrato, las medidas que acabo de explicar y que se indicarán en el anuncio de licitación, en el pliego y en el contrato, con posible cláusula de penalización para la empresa que incumpla tales condiciones.
Al objeto de ajustarse a la normativa de la Unión Europea sobre libre prestación de servicios en todo el territorio de la UE-27, el acuerdo dispone expresamente que las condiciones “no podrán tener efecto discriminatorio para los licitadores de los demás Estados miembros”. Además, la vinculación laboral se establece única y exclusivamente entre la empresa adjudicataria y el trabajador contratado, disponiéndose la inserción de una cláusula en los pliegos y en los contratos en donde deberá quedar constancia que “en ningún caso, los trabajadores de las empresas adjudicatarias pasarán a ostentar vínculo laboral alguno con la Junta de Andalucía”.
viernes, 9 de septiembre de 2011
Reformas laborales. ¿Conocen nuestras señorías del Senado las sentencias del Tribunal Constitucional? ¿Las leen?
1. El pasado martes por la tarde leí una noticia difundida por Europa Press con el siguiente titular: “PSOE quiere quitar topes de edad y duración a contratos de formación de políticas de empleo”. Dado que no tenía ninguna información oficial sobre el contenido de dicha noticia, seguí leyendo el texto y tuve conocimiento que el grupo socialista en el Senado había presentado una enmienda en tal sentido en el “Proyecto de ley para la integración del Régimen Especial agrario de la Seguridad Social en el Régimen general”. Igualmente, y sigo con la información periodística, la agencia daba cuenta de la presentación de otra enmienda que posibilitaría la participación de un representante de las Comunidades Autónomas en el comité de gestión del fondo de políticas de empleo creado por el Real Decreto-Ley 3/2011 que procedió a la modificación de la Ley 56/2003 de Empleo.
Mi primera reacción a la lectura de la noticia fue “volvemos a las andadas”, es decir a la modificación de normas por medio de la incorporación de enmiendas a un proyecto de ley cuyo contenido tiene poco que ver con aquellas, e inevitablemente recordé la rocambolesca historia de la creación de la relación laboral especial de los abogados que prestan sus servicios, en determinados condiciones, en bufetes.
Además, la noticia levantó mi atención porque hacía poco tiempo que había leído una sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional que abordaba la importante cuestión jurídica de la necesaria relación entre proyecto de ley y enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Dado que la sentencia, número 119/2011 de 5 de julio, se publicó en el BOE de 2 de agosto, en pleno período vacacional del Parlamento (y de aquella parte de la sociedad española que puede disfrutar de vacaciones), puede resultar hasta comprensible que no se prestara atención a la misma, pero dicha comprensión no excluye en ningún caso que debiera merecer tras el retorno vacacional especial atención por parte de los senadores y senadoras. En efecto, la sentencia versa sobre el Recurso de amparo 7464-2003, promovido por don Juan José Laborda Martín y otros 61 Senadores (socialistas) respecto a los acuerdos de la mesa del Senado, de 2 y 3 de diciembre de 2003, que admitieron a trámite sendas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular del Senado al proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de arbitraje. En la síntesis de la sentencia, se puede leer lo siguiente: “Vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario: admisión como enmiendas de unos textos que no guardaban relación material alguna con la iniciativa legislativa a enmendar”.
2. De la prensa al Boletín Oficial del Senado. Puede sorprender este camino a algún jurista muy formal y preciso, porque muchas de las noticias jurídicas que se difunden en los medios de comunicación no se ajustan al contenido real del texto del que se trata (algún comentario podría hacerse aquí sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la polémica del uso del catalán y castellano en la enseñanza en Cataluña, pero hoy no toca hablar de esta cuestión), pero no se me caen los anillos por decir que lo he recorrido en más de una ocasión porque ha sido a través de un medio de comunicación como he tenido noticia de posibles cambios normativos.
En efecto, acudí a la página web del Senado y llegué al citado Proyecto de Ley que repito que se trata, para que nadie se olvide, de “la integración del Régimen Especial agrario de la Seguridad Social en el Régimen General”. Ya estaban publicadas las enmiendas, un total de 62, al texto aprobado por el Congreso de los Diputados y remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
Leí las enmiendas con tranquilidad. Algunas de ellas ciertamente guardaban relación con el proyecto, pero otras tenían una finalidad bien distina, en concreto la modificación de otros textos legales. A los efectos de mi comentario me interesa destacar las enmiendas del grupo socialista, dado que probablemente tenían posibilidades de prosperar si había acuerdo (¿o ya existía con anterioridad?) con los senadores de Convergència i Unió (por cierto, CiU presentó también numerosas enmiendas que guardaban muy poca relación con el proyecto de ley). Se trataba de cinco enmiendas, números 58 a 62; tres de ellas proponían modificaciones de la Ley de Empleo, una al Real Decreto-Ley 3/2001 de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, y la última, y más importante, la modificación de la Ley del Estatuto de los trabajadores para introducir, por esa vía, modificaciones al reciente Real Decreto-Ley 10/2011 de 26 de agosto en el apartado relativo a la nueva (al menos jurídicamente hablando) figura del contrato para la formación y el aprendizaje.
La noticia de Europa Press se ajustaba a la realidad. El grupo socialista proponía, al igual que CiU, incorporar a un representante autonómico en el comité de gestión del fondo de políticas de empleo creado por el RDL 3/2011, al objeto de garantizar, según la justificación de la enmienda 61, “que el criterio de estas (las autonomías) pueda ser tenido en cuenta en el desarrollo de las funciones atribuidas a dicho Comité”.
Por otra parte, el primer apartado de la enmienda número 62, posibilitaba mantener la aplicación de la normativa del contrato de formación vigente con anterioridad al 31 de agosto en proyectos de escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo y otros programas de empleo-formación cuyas convocatorias se hubieran efectuado antes de aquella fecha, la de entrada en vigor del RDL 10/2011. Me sorprendió esta enmienda ya que pocos días, el 3 de septiembre, el BOE había publicado la Resolución de 31 de agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinaba el régimen transitorio de la utilización de los contratos para la formación en los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, en desarrollo de lo establecido en el citado RDL.
En cuanto al segundo apartado de la enmienda 62, de mayor calado, se proponía modificar la normativa sobre edad y duración de la nueva modalidad contractual creada por el RDL 10/2011 cuando tales contratos se suscribieran “en el marco de las acciones y medidas establecidos en la letra d) del artículo 25.1 de la Ley 56/2003, de 11 de diciembre, de Empleo”.
El citado precepto de la Ley de Empleo (en la nueva redacción dada por el RDL 3/2011) dispone que el conjunto de acciones y medidas que integran las políticas activas de empleo cubrirán, entre otras, “d) Oportunidades de empleo y formación: acciones y medidas que impliquen la realización de un trabajo efectivo en un entorno real y permitan adquirir formación o experiencia profesional dirigidas a la cualificación o inserción laboral”. Obsérvese, dicho sea incidentalmente, que la medida es válida para cualquier persona que desee incorporarse o reincorporarse al mercado laboral, si bien su razón de ser es la mejora de las posibilidades de empleo de los jóvenes.
Dicho de forma muy clara, se estaba proponiendo, indirectamente, la modificación del RDL 10/2011 que, por cierto, todavía está pendiente de convalidación por el Pleno del Congreso de los Diputados (está previsto el debate en el Pleno del próximo martes 13).
3. Después del período vacacional sería bueno que los parlamentarios de todas las cámaras legislativas, pero ahora me refiero en especial a los miembros del Senado, leyeren con mucha atención la STC 119/2011. Según consta en los antecedentes del litigio, “c) El Grupo Parlamentario Socialista del Senado, mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2003, solicitó de la Mesa del Senado, al amparo del art. 36.1 c) de su Reglamento, la calificación de estas enmiendas como no admisibles y que acordase su no tramitación, poniendo de manifiesto que suponía llevar a cabo verdaderas nuevas iniciativas legislativas que, por presentarse en el trámite de enmiendas en el Senado, impedía que los Grupos Parlamentarios del Senado y del Congreso pudieran ejercer la facultad de examen y enmienda de los proyectos de ley. Además, se señalaba que, en este caso, se pretendía «modificar un texto legislativo tan importante como el Código Penal, que no tiene conexión alguna con la iniciativa en trámite y que ha sido modificado precisamente el pasado mes, sin que quepa por parte de los Senadores, examinar con detalle y, en su caso, enmendar o proponer el veto a tal reforma». Las enmiendas presentadas al proyecto de ley de integración del régimen agrario en el general de la Seguridad Social también modifican textos, ciertamente menos importantes socialmente que el Código Penal pero no desde la perspectiva estrictamente jurídica”.
La sentencia es especialmente importante porque fija nuevo criterio del TC, dado que con anterioridad el alto tribunal se había pronunciado de forma distinta en varias de sus resoluciones. Tal como se afirma en el primer inciso del fundamento jurídico 6, “A los efectos de revisar la jurisprudencia sobre este particular sentada por el Pleno de este Tribunal en las SSTC 99/1987 y 194/2000, y de clarificarla a la vista de la STC 23/1990 y de los AATC 275/1993 y 118/1999, se ha avocado el presente recurso de amparo al Pleno del Tribunal [art. 10.1 n) LOTC], en virtud de lo establecido en el art. 13 LOTC. Esta clarificación y revisión resultan especialmente convenientes al tratarse de resoluciones de distinta naturaleza y, por tanto, autoridad doctrinal, Sentencias y Autos, y dictados tanto en recursos de inconstitucionalidad como en recursos de amparo”.
No es objeto de este comentario la importante sentencia 119/2011, que estoy seguro que merecerá especial atención a la doctrina constitucionalista. sino que sólo quiero dejar constancia de su relevancia y señalar cuál es su contenido más destacado. A riesgo, que asumo, de simplificar la explicación de esta sentencia, me quedo, en primer lugar, con su argumento de que “Con carácter general, la necesidad de una correlación material entre la enmienda y el texto enmendado se deriva, en primer lugar, del carácter subsidiario que, por su propia naturaleza, toda enmienda tiene respecto al texto enmendado. Además, la propia lógica de la tramitación legislativa también aboca a dicha conclusión, ya que, una vez que una iniciativa legislativa es aceptada por la Cámara o Asamblea Legislativa como objeto de deliberación, no cabe alterar su objeto mediante las enmiendas al articulado, toda vez que esa función la cumple, precisamente, el ya superado trámite de enmiendas a la totalidad, que no puede ser reabierto” (FJ 6); también me quedo con la manifestación, referida específicamente a la actividad del Senado en el mismo fundamento jurídico, que “parece lógico concluir que la facultad de enmienda senatorial a la que se refiere el art. 90.2 CE se entendió, al elaborar la Constitución, limitada a las enmiendas que guarden una mínima relación de homogeneidad material con los proyectos de ley remitidos por el Congreso. Esta interpretación es, sin duda, la que mejor se adecua a las disposiciones constitucionales que regulan la facultad de iniciativa legislativa del Senado y el procedimiento legislativo general”.
El TC defiende (FJ 7) que los órganos de gobierno de las Cámaras “deben contar con un amplio margen de apreciación para determinar la existencia de conexión material entre enmienda y proyecto o proposición de ley objeto de debate”. Pero esta tarea, sigue diciendo el TC, “cuando lo que se plantea es precisamente una falta absoluta de conexión, no puede reducirse a una simple decisión injustificada sino a una valoración motivada, aunque sea sucintamente, sobre la existencia o no de dicha conexión mínima, pues sólo cuando sea evidente y manifiesto que no existe tal conexión deberá rechazarse la enmienda, puesto que, en tal caso, se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa”.
Contundentemente, y voy cerrando estas ya demasiado largas referencias a la nueva doctrina del TC, el alto tribunal da un toque de atención a la legislación “exprés”: “aun asumiendo que en determinadas circunstancias pueden existir razones de urgencia que propicien acelerar la aprobación de una concreta iniciativa legislativa, existe la posibilidad de acudir a otros mecanismos, como, cuando resulte jurídicamente viable, al Decreto-ley o a las tramitaciones legislativas por los procedimientos de urgencia o en lectura única. Dicho de otra forma, aceptar el ejercicio del derecho de enmienda como mecanismo paliativo o sustitutivo de las insuficiencias que pudieran tener los procedimientos legislativos supondría tanto como hacer caso omiso de la voluntad del constituyente. Y ello porque ésta ya ha determinado los instrumentos a través de los cuales las Cortes o, en su caso, el Gobierno, tienen que hacer frente a las «urgencias legislativas».
En conclusión, el TC estima el recurso interpuesto, repito, por senadores socialistas, y anula los acuerdos de la Mesa del Senado que admitieron enmiendas del grupo popular que no guardaban relación con el contenido del proyecto de ley al que fueron presentadas.
4. Quizás sus señorías del Senado no se hayan leído la sentencia cuando han preparado las enmiendas ahora objeto de comentario (no sólo las del grupo socialista y de Convergència i Unió, sino también las del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés), pero de lo que no cabe ninguna duda es que ha sido objeto de lectura detallada por los servicios jurídicos del Senado y que va a ser aplicada en sus justos términos como explicaré a continuación (bueno, al menos así creo y así lo espero).
Suelo consultar cada día (forma parte de mi actividad académica para intentar estar al día en materia laboral, aunque reconozco que cada vez es más difícil) los boletines oficiales del Congreso de los Diputados y del Senado. Pues bien, al intentar entrar ayer en la página web de la Cámara Alta me fue imposible durante buena parte del día, debido al interés ciudadano por conocer los ingresos económicos de nuestras señorías, es decir la declaración de bienes, pero a última hora de la mañana pude acceder. Buscaba información en el apartado de novedades y sala de prensa sobre la reunión de la Comisión de Trabajo e Inmigración celebrada el día anterior justamente para dictaminar y aprobar, en su caso, el proyecto de ley de integración del Régimen Especial agrario en el general de la Seguridad Social, y estaba convencido de la incorporación de las enmiendas socialista, y quizás también de alguna de Convergència i Unió, al texto del proyecto.
Pues bien, no encontré ninguna información al respecto, pero mi sorpresa fue que cuando acudí, de forma rutinaria, a consultar las “iniciativas legislativas”, encontré una referencia a dicho proyecto de ley con el título de “No admisión a trámite de enmiendas”. En el texto se deja constancia del acuerdo de la Presidencia del Senado, de 6 de septiembre, de no admitir a trámite un numeroso grupos de enmiendas presentadas por Entesa Catalana de Progrès, Convergència i Unió y el grupo socialista (de este último, todas las presentadas y por consiguiente las que han sido objeto de especial atención en mi comentario) al proyecto de ley. La Presidencia adopta esa decisión “de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecida en su sentencia de 5 de julio de 2011”, y no admite a trámite las enmiendas “por considerar que las mismas se refieren a materias que carecen de manera evidente y manifiesta de conexión con dicho proyecto de ley”.
Contra esta decisión cabe presentar solicitud de reconsideración ante la mesa de la Cámara (artículo 36.2 del Reglamento del Senado). Según información facilitada por el Partido Popular, y sin más información por mi parte, su grupo y también el socialista “están preparando una solicitud de reconsideración del acuerdo de la Presidencia ante la Mesa de la Cámara, que ésta debería resolver en su reunión del próximo martes 13 de septiembre”.
Al margen de lo que ocurra con esa hipotética solicitud referenciada en el párrafo anterior, creo que la decisión de la Presidencia del Senado es técnicamente impecable, y que puede marcar un antes y un después, a partir de la aplicación de la doctrina de la STC 119/2011, en la presentación de enmiendas a los proyectos de ley, y mucho más a las que se presenten en el Senado. Por ello, recomiendo a todos los parlamentarios de todas las cámaras legislativas, estatales y autonómicas, que lean con atención la sentencia y que ajusten las enmiendas al contenido del proyecto de ley, con la amplia libertad de actuación que el propio TC reconoce si las enmiendas tienen una mínima relación con el proyecto. Si lo hacen así, la seguridad jurídica saldrá fortalecida. Y esto, en los tiempos que corren, es mucho, y para quienes nos dedicamos al estudio del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social más aún.
Buena y tranquila lectura de la STC 119/2011 de 5 de julio.
Mi primera reacción a la lectura de la noticia fue “volvemos a las andadas”, es decir a la modificación de normas por medio de la incorporación de enmiendas a un proyecto de ley cuyo contenido tiene poco que ver con aquellas, e inevitablemente recordé la rocambolesca historia de la creación de la relación laboral especial de los abogados que prestan sus servicios, en determinados condiciones, en bufetes.
Además, la noticia levantó mi atención porque hacía poco tiempo que había leído una sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional que abordaba la importante cuestión jurídica de la necesaria relación entre proyecto de ley y enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Dado que la sentencia, número 119/2011 de 5 de julio, se publicó en el BOE de 2 de agosto, en pleno período vacacional del Parlamento (y de aquella parte de la sociedad española que puede disfrutar de vacaciones), puede resultar hasta comprensible que no se prestara atención a la misma, pero dicha comprensión no excluye en ningún caso que debiera merecer tras el retorno vacacional especial atención por parte de los senadores y senadoras. En efecto, la sentencia versa sobre el Recurso de amparo 7464-2003, promovido por don Juan José Laborda Martín y otros 61 Senadores (socialistas) respecto a los acuerdos de la mesa del Senado, de 2 y 3 de diciembre de 2003, que admitieron a trámite sendas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular del Senado al proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de arbitraje. En la síntesis de la sentencia, se puede leer lo siguiente: “Vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario: admisión como enmiendas de unos textos que no guardaban relación material alguna con la iniciativa legislativa a enmendar”.
2. De la prensa al Boletín Oficial del Senado. Puede sorprender este camino a algún jurista muy formal y preciso, porque muchas de las noticias jurídicas que se difunden en los medios de comunicación no se ajustan al contenido real del texto del que se trata (algún comentario podría hacerse aquí sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la polémica del uso del catalán y castellano en la enseñanza en Cataluña, pero hoy no toca hablar de esta cuestión), pero no se me caen los anillos por decir que lo he recorrido en más de una ocasión porque ha sido a través de un medio de comunicación como he tenido noticia de posibles cambios normativos.
En efecto, acudí a la página web del Senado y llegué al citado Proyecto de Ley que repito que se trata, para que nadie se olvide, de “la integración del Régimen Especial agrario de la Seguridad Social en el Régimen General”. Ya estaban publicadas las enmiendas, un total de 62, al texto aprobado por el Congreso de los Diputados y remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
Leí las enmiendas con tranquilidad. Algunas de ellas ciertamente guardaban relación con el proyecto, pero otras tenían una finalidad bien distina, en concreto la modificación de otros textos legales. A los efectos de mi comentario me interesa destacar las enmiendas del grupo socialista, dado que probablemente tenían posibilidades de prosperar si había acuerdo (¿o ya existía con anterioridad?) con los senadores de Convergència i Unió (por cierto, CiU presentó también numerosas enmiendas que guardaban muy poca relación con el proyecto de ley). Se trataba de cinco enmiendas, números 58 a 62; tres de ellas proponían modificaciones de la Ley de Empleo, una al Real Decreto-Ley 3/2001 de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, y la última, y más importante, la modificación de la Ley del Estatuto de los trabajadores para introducir, por esa vía, modificaciones al reciente Real Decreto-Ley 10/2011 de 26 de agosto en el apartado relativo a la nueva (al menos jurídicamente hablando) figura del contrato para la formación y el aprendizaje.
La noticia de Europa Press se ajustaba a la realidad. El grupo socialista proponía, al igual que CiU, incorporar a un representante autonómico en el comité de gestión del fondo de políticas de empleo creado por el RDL 3/2011, al objeto de garantizar, según la justificación de la enmienda 61, “que el criterio de estas (las autonomías) pueda ser tenido en cuenta en el desarrollo de las funciones atribuidas a dicho Comité”.
Por otra parte, el primer apartado de la enmienda número 62, posibilitaba mantener la aplicación de la normativa del contrato de formación vigente con anterioridad al 31 de agosto en proyectos de escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo y otros programas de empleo-formación cuyas convocatorias se hubieran efectuado antes de aquella fecha, la de entrada en vigor del RDL 10/2011. Me sorprendió esta enmienda ya que pocos días, el 3 de septiembre, el BOE había publicado la Resolución de 31 de agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinaba el régimen transitorio de la utilización de los contratos para la formación en los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, en desarrollo de lo establecido en el citado RDL.
En cuanto al segundo apartado de la enmienda 62, de mayor calado, se proponía modificar la normativa sobre edad y duración de la nueva modalidad contractual creada por el RDL 10/2011 cuando tales contratos se suscribieran “en el marco de las acciones y medidas establecidos en la letra d) del artículo 25.1 de la Ley 56/2003, de 11 de diciembre, de Empleo”.
El citado precepto de la Ley de Empleo (en la nueva redacción dada por el RDL 3/2011) dispone que el conjunto de acciones y medidas que integran las políticas activas de empleo cubrirán, entre otras, “d) Oportunidades de empleo y formación: acciones y medidas que impliquen la realización de un trabajo efectivo en un entorno real y permitan adquirir formación o experiencia profesional dirigidas a la cualificación o inserción laboral”. Obsérvese, dicho sea incidentalmente, que la medida es válida para cualquier persona que desee incorporarse o reincorporarse al mercado laboral, si bien su razón de ser es la mejora de las posibilidades de empleo de los jóvenes.
Dicho de forma muy clara, se estaba proponiendo, indirectamente, la modificación del RDL 10/2011 que, por cierto, todavía está pendiente de convalidación por el Pleno del Congreso de los Diputados (está previsto el debate en el Pleno del próximo martes 13).
3. Después del período vacacional sería bueno que los parlamentarios de todas las cámaras legislativas, pero ahora me refiero en especial a los miembros del Senado, leyeren con mucha atención la STC 119/2011. Según consta en los antecedentes del litigio, “c) El Grupo Parlamentario Socialista del Senado, mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2003, solicitó de la Mesa del Senado, al amparo del art. 36.1 c) de su Reglamento, la calificación de estas enmiendas como no admisibles y que acordase su no tramitación, poniendo de manifiesto que suponía llevar a cabo verdaderas nuevas iniciativas legislativas que, por presentarse en el trámite de enmiendas en el Senado, impedía que los Grupos Parlamentarios del Senado y del Congreso pudieran ejercer la facultad de examen y enmienda de los proyectos de ley. Además, se señalaba que, en este caso, se pretendía «modificar un texto legislativo tan importante como el Código Penal, que no tiene conexión alguna con la iniciativa en trámite y que ha sido modificado precisamente el pasado mes, sin que quepa por parte de los Senadores, examinar con detalle y, en su caso, enmendar o proponer el veto a tal reforma». Las enmiendas presentadas al proyecto de ley de integración del régimen agrario en el general de la Seguridad Social también modifican textos, ciertamente menos importantes socialmente que el Código Penal pero no desde la perspectiva estrictamente jurídica”.
La sentencia es especialmente importante porque fija nuevo criterio del TC, dado que con anterioridad el alto tribunal se había pronunciado de forma distinta en varias de sus resoluciones. Tal como se afirma en el primer inciso del fundamento jurídico 6, “A los efectos de revisar la jurisprudencia sobre este particular sentada por el Pleno de este Tribunal en las SSTC 99/1987 y 194/2000, y de clarificarla a la vista de la STC 23/1990 y de los AATC 275/1993 y 118/1999, se ha avocado el presente recurso de amparo al Pleno del Tribunal [art. 10.1 n) LOTC], en virtud de lo establecido en el art. 13 LOTC. Esta clarificación y revisión resultan especialmente convenientes al tratarse de resoluciones de distinta naturaleza y, por tanto, autoridad doctrinal, Sentencias y Autos, y dictados tanto en recursos de inconstitucionalidad como en recursos de amparo”.
No es objeto de este comentario la importante sentencia 119/2011, que estoy seguro que merecerá especial atención a la doctrina constitucionalista. sino que sólo quiero dejar constancia de su relevancia y señalar cuál es su contenido más destacado. A riesgo, que asumo, de simplificar la explicación de esta sentencia, me quedo, en primer lugar, con su argumento de que “Con carácter general, la necesidad de una correlación material entre la enmienda y el texto enmendado se deriva, en primer lugar, del carácter subsidiario que, por su propia naturaleza, toda enmienda tiene respecto al texto enmendado. Además, la propia lógica de la tramitación legislativa también aboca a dicha conclusión, ya que, una vez que una iniciativa legislativa es aceptada por la Cámara o Asamblea Legislativa como objeto de deliberación, no cabe alterar su objeto mediante las enmiendas al articulado, toda vez que esa función la cumple, precisamente, el ya superado trámite de enmiendas a la totalidad, que no puede ser reabierto” (FJ 6); también me quedo con la manifestación, referida específicamente a la actividad del Senado en el mismo fundamento jurídico, que “parece lógico concluir que la facultad de enmienda senatorial a la que se refiere el art. 90.2 CE se entendió, al elaborar la Constitución, limitada a las enmiendas que guarden una mínima relación de homogeneidad material con los proyectos de ley remitidos por el Congreso. Esta interpretación es, sin duda, la que mejor se adecua a las disposiciones constitucionales que regulan la facultad de iniciativa legislativa del Senado y el procedimiento legislativo general”.
El TC defiende (FJ 7) que los órganos de gobierno de las Cámaras “deben contar con un amplio margen de apreciación para determinar la existencia de conexión material entre enmienda y proyecto o proposición de ley objeto de debate”. Pero esta tarea, sigue diciendo el TC, “cuando lo que se plantea es precisamente una falta absoluta de conexión, no puede reducirse a una simple decisión injustificada sino a una valoración motivada, aunque sea sucintamente, sobre la existencia o no de dicha conexión mínima, pues sólo cuando sea evidente y manifiesto que no existe tal conexión deberá rechazarse la enmienda, puesto que, en tal caso, se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa”.
Contundentemente, y voy cerrando estas ya demasiado largas referencias a la nueva doctrina del TC, el alto tribunal da un toque de atención a la legislación “exprés”: “aun asumiendo que en determinadas circunstancias pueden existir razones de urgencia que propicien acelerar la aprobación de una concreta iniciativa legislativa, existe la posibilidad de acudir a otros mecanismos, como, cuando resulte jurídicamente viable, al Decreto-ley o a las tramitaciones legislativas por los procedimientos de urgencia o en lectura única. Dicho de otra forma, aceptar el ejercicio del derecho de enmienda como mecanismo paliativo o sustitutivo de las insuficiencias que pudieran tener los procedimientos legislativos supondría tanto como hacer caso omiso de la voluntad del constituyente. Y ello porque ésta ya ha determinado los instrumentos a través de los cuales las Cortes o, en su caso, el Gobierno, tienen que hacer frente a las «urgencias legislativas».
En conclusión, el TC estima el recurso interpuesto, repito, por senadores socialistas, y anula los acuerdos de la Mesa del Senado que admitieron enmiendas del grupo popular que no guardaban relación con el contenido del proyecto de ley al que fueron presentadas.
4. Quizás sus señorías del Senado no se hayan leído la sentencia cuando han preparado las enmiendas ahora objeto de comentario (no sólo las del grupo socialista y de Convergència i Unió, sino también las del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés), pero de lo que no cabe ninguna duda es que ha sido objeto de lectura detallada por los servicios jurídicos del Senado y que va a ser aplicada en sus justos términos como explicaré a continuación (bueno, al menos así creo y así lo espero).
Suelo consultar cada día (forma parte de mi actividad académica para intentar estar al día en materia laboral, aunque reconozco que cada vez es más difícil) los boletines oficiales del Congreso de los Diputados y del Senado. Pues bien, al intentar entrar ayer en la página web de la Cámara Alta me fue imposible durante buena parte del día, debido al interés ciudadano por conocer los ingresos económicos de nuestras señorías, es decir la declaración de bienes, pero a última hora de la mañana pude acceder. Buscaba información en el apartado de novedades y sala de prensa sobre la reunión de la Comisión de Trabajo e Inmigración celebrada el día anterior justamente para dictaminar y aprobar, en su caso, el proyecto de ley de integración del Régimen Especial agrario en el general de la Seguridad Social, y estaba convencido de la incorporación de las enmiendas socialista, y quizás también de alguna de Convergència i Unió, al texto del proyecto.
Pues bien, no encontré ninguna información al respecto, pero mi sorpresa fue que cuando acudí, de forma rutinaria, a consultar las “iniciativas legislativas”, encontré una referencia a dicho proyecto de ley con el título de “No admisión a trámite de enmiendas”. En el texto se deja constancia del acuerdo de la Presidencia del Senado, de 6 de septiembre, de no admitir a trámite un numeroso grupos de enmiendas presentadas por Entesa Catalana de Progrès, Convergència i Unió y el grupo socialista (de este último, todas las presentadas y por consiguiente las que han sido objeto de especial atención en mi comentario) al proyecto de ley. La Presidencia adopta esa decisión “de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecida en su sentencia de 5 de julio de 2011”, y no admite a trámite las enmiendas “por considerar que las mismas se refieren a materias que carecen de manera evidente y manifiesta de conexión con dicho proyecto de ley”.
Contra esta decisión cabe presentar solicitud de reconsideración ante la mesa de la Cámara (artículo 36.2 del Reglamento del Senado). Según información facilitada por el Partido Popular, y sin más información por mi parte, su grupo y también el socialista “están preparando una solicitud de reconsideración del acuerdo de la Presidencia ante la Mesa de la Cámara, que ésta debería resolver en su reunión del próximo martes 13 de septiembre”.
Al margen de lo que ocurra con esa hipotética solicitud referenciada en el párrafo anterior, creo que la decisión de la Presidencia del Senado es técnicamente impecable, y que puede marcar un antes y un después, a partir de la aplicación de la doctrina de la STC 119/2011, en la presentación de enmiendas a los proyectos de ley, y mucho más a las que se presenten en el Senado. Por ello, recomiendo a todos los parlamentarios de todas las cámaras legislativas, estatales y autonómicas, que lean con atención la sentencia y que ajusten las enmiendas al contenido del proyecto de ley, con la amplia libertad de actuación que el propio TC reconoce si las enmiendas tienen una mínima relación con el proyecto. Si lo hacen así, la seguridad jurídica saldrá fortalecida. Y esto, en los tiempos que corren, es mucho, y para quienes nos dedicamos al estudio del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social más aún.
Buena y tranquila lectura de la STC 119/2011 de 5 de julio.
martes, 6 de septiembre de 2011
La Generalitat asume nuevas competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de extranjeros.
1. El BOE y el DOGC publicaron el pasado viernes la Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el “Acuerdo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, relativo a nuevos supuestos de autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras cuya relación inicial se desarrolle en Cataluña”.
Mediante dicha Resolución se da la debida publicidad al acuerdo alcanzado el 4 de marzo en el seno de dicha Comisión sobre asunción por la Generalitat de nuevas competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de extranjeros en virtud de los cambios introducidos en la normativa de extranjería por el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 2/2009 (más exactamente proyecto de Reglamento en la fecha en que se aprobó el acuerdo de la Comisión), es decir el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril. El acuerdo tiene eficacia desde el 30 de junio, fecha de entrada en vigor del RD 557/2011.
La fundamentación jurídica para la asunción de nuevas competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo se encuentra en el artículo 138.2 del Estatuto de Autonomía, y corresponde a la Comisión bilateral Generalitat-Estado determinar caso por caso la ampliación de las competencias transferidas a la autonomía catalana por el Real Decreto 1463/2009 de 18 de septiembre.
2. ¿Cuáles son las nuevas competencias asumidas tras las modificaciones operadas por la LO 2/2009 y el RD 57/2011?
A) En primer lugar, hay que hacer referencia al artículo 42 del Reglamento. Es decir, se traspasa la autorización inicial de trabajo solicitada por los extranjeros que se encuentren en Cataluña por motivos educativos y no laborales, es decir “por autorización de trabajo solicitada por los extranjeros que se encuentren en Cataluña y dispongan de la correspondiente autorización de estancia por estudios, investigación o formación, prácticas no laborales o servicios de voluntariado”.
Al respecto, cabe recordar que una previsión específica sobre este posible cambio ya se recoge en el artículo 42.3 del RD 557/2011, refiriéndose el último párrafo del apartado al supuesto de la relación laboral que se inicie y desarrolle sólo en un ámbito territorial autonómico, en cuyo caso la CC AA que tenga competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo (y hasta ahora Cataluña sigue siendo la única) actuará en el ámbito de “la admisión, tramitación, resolución de solicitudes y, eventualmente, de los recursos administrativos”.
B) En segundo término, se incluyen los supuestos de los artículos 74 y 84 del Reglamento, es decir supuestos que afectan a investigadores extranjeros. El artículo 74 regula la autorización inicial de residencia y de trabajo para dichos investigadores, considerándose como tales, según el artículo 73.1, aquellos cuya permanencia en España “tiene como fin único o principal realizar proyectos de investigación, en el marco de un convenio de acogida con un organismo de investigación”. Por su parte, el artículo 84 regula el supuesto de movilidad de investigadores que ya hayan sido admitidos en otros Estados de la Unión Europa y que deseen continuar en España el proyecto de investigación por un período superior a tres meses de estancia, disponiendo la norma que deberá solicitar una autorización que será concedida por el órgano competente “en los términos establecidos en este capítulo para la concesión de una autorización inicial”.
C) En tercer lugar, las competencias autonómicas se amplían a los supuestos de autorizaciones iniciales de trabajo para profesionales altamente cualificados y titulares de una tarjeta azul de la UE, así como también para los supuestos de movilidad desde otro Estado hacia España, y recuérdese que la autorización tiene una duración de un año. Se trata de los artículos 86 y 95. En el supuesto de movilidad de un trabajador titular de la tarjea azul UE hacia España, por desear trabajar en nuestro país, sólo podrá practicarse después de 18 meses de titularidad de una tarjeta azul UE expedida en otro Estado miembro. La tramitación de la solicitud se efectuará de la misma manera que en el caso de una autorización inicial, salvo la obtención de visado, y será resuelta por la misma autoridad competente que para la autorización inicial.
Tanto en el segundo como en el tercer supuesto, el acuerdo se encarga de precisar que, en concordancia con la normativa legal y reglamentaria vigente, si el interesado solicita simultáneamente una autorización de reagrupación por residencia familiar, competencia de la autoridad estatal, “la Generalitat la registrará y dará traslado de la misma al órgano competente de la Administración General del Estado”.
D) En cuarto lugar, hemos de prestar nuestra atención al artículo 199, apartado 1 del RD 557/2011. Debe tratarse de extranjeros que se encuentren en España por motivos educativos no laborales y que cumplan los requisitos recogidos en este precepto; más exactamente, debe tratarse de extranjeros que se encuentren en los supuestos recogidos en los apartados a) b) y d) del artículo 39: realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en España, en un programa de tiempo completo, que conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios; realización de actividades de investigación o formación, sin perjuicio del régimen especial de investigadores; realización de prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o privada. Se trata, por consiguiente, de pasar de la situación de estancia a la de residencia y trabajo, previendo el apartado 3 del artículo 199 que la autorización concedida “tendrá la consideración de autorización inicial”.
La modificación de la situación de estancia a la de autorización y trabajo también se contempla en la normativa vigente para supuestos no encuadrables en el régimen general por cuenta ajena. A tal efecto, la Generalitat asume competencias cuando dicha modificación implica una autorización inicial de trabajo pero referida (artículos 199.2, 200.4 y 202.4) a la solicitud de trabajo por cuenta propia, de residencia con excepción de la autorización de trabajo, de residencia y trabajo para investigación, o de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados.
E) Por último, debe mencionarse el artículo 203.3 sobre modificación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena en otro tipo de autorizaciones, justamente las referenciadas en el párrafo anterior, “siempre que se le haya renovado ya su autorización inicial o que presente la solicitud en el momento en el que corresponda solicitar su renovación”. Como supuesto excepcional, la norma autoriza la modificación de la autorización inicial de residencia temporal y trabajo, sin necesidad de que haya llegado el momento de su renovación de la misma, para el extranjero que acredite una necesidad por circunstancias sobrevenidas para garantizar su subsistencia, “como el hecho de que, por causas ajenas a su voluntad, hubiera cesado la actividad por cuenta propia o se hubiera interrumpido la relación laboral por cuenta ajena”.
Mediante dicha Resolución se da la debida publicidad al acuerdo alcanzado el 4 de marzo en el seno de dicha Comisión sobre asunción por la Generalitat de nuevas competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de extranjeros en virtud de los cambios introducidos en la normativa de extranjería por el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 2/2009 (más exactamente proyecto de Reglamento en la fecha en que se aprobó el acuerdo de la Comisión), es decir el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril. El acuerdo tiene eficacia desde el 30 de junio, fecha de entrada en vigor del RD 557/2011.
La fundamentación jurídica para la asunción de nuevas competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo se encuentra en el artículo 138.2 del Estatuto de Autonomía, y corresponde a la Comisión bilateral Generalitat-Estado determinar caso por caso la ampliación de las competencias transferidas a la autonomía catalana por el Real Decreto 1463/2009 de 18 de septiembre.
2. ¿Cuáles son las nuevas competencias asumidas tras las modificaciones operadas por la LO 2/2009 y el RD 57/2011?
A) En primer lugar, hay que hacer referencia al artículo 42 del Reglamento. Es decir, se traspasa la autorización inicial de trabajo solicitada por los extranjeros que se encuentren en Cataluña por motivos educativos y no laborales, es decir “por autorización de trabajo solicitada por los extranjeros que se encuentren en Cataluña y dispongan de la correspondiente autorización de estancia por estudios, investigación o formación, prácticas no laborales o servicios de voluntariado”.
Al respecto, cabe recordar que una previsión específica sobre este posible cambio ya se recoge en el artículo 42.3 del RD 557/2011, refiriéndose el último párrafo del apartado al supuesto de la relación laboral que se inicie y desarrolle sólo en un ámbito territorial autonómico, en cuyo caso la CC AA que tenga competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo (y hasta ahora Cataluña sigue siendo la única) actuará en el ámbito de “la admisión, tramitación, resolución de solicitudes y, eventualmente, de los recursos administrativos”.
B) En segundo término, se incluyen los supuestos de los artículos 74 y 84 del Reglamento, es decir supuestos que afectan a investigadores extranjeros. El artículo 74 regula la autorización inicial de residencia y de trabajo para dichos investigadores, considerándose como tales, según el artículo 73.1, aquellos cuya permanencia en España “tiene como fin único o principal realizar proyectos de investigación, en el marco de un convenio de acogida con un organismo de investigación”. Por su parte, el artículo 84 regula el supuesto de movilidad de investigadores que ya hayan sido admitidos en otros Estados de la Unión Europa y que deseen continuar en España el proyecto de investigación por un período superior a tres meses de estancia, disponiendo la norma que deberá solicitar una autorización que será concedida por el órgano competente “en los términos establecidos en este capítulo para la concesión de una autorización inicial”.
C) En tercer lugar, las competencias autonómicas se amplían a los supuestos de autorizaciones iniciales de trabajo para profesionales altamente cualificados y titulares de una tarjeta azul de la UE, así como también para los supuestos de movilidad desde otro Estado hacia España, y recuérdese que la autorización tiene una duración de un año. Se trata de los artículos 86 y 95. En el supuesto de movilidad de un trabajador titular de la tarjea azul UE hacia España, por desear trabajar en nuestro país, sólo podrá practicarse después de 18 meses de titularidad de una tarjeta azul UE expedida en otro Estado miembro. La tramitación de la solicitud se efectuará de la misma manera que en el caso de una autorización inicial, salvo la obtención de visado, y será resuelta por la misma autoridad competente que para la autorización inicial.
Tanto en el segundo como en el tercer supuesto, el acuerdo se encarga de precisar que, en concordancia con la normativa legal y reglamentaria vigente, si el interesado solicita simultáneamente una autorización de reagrupación por residencia familiar, competencia de la autoridad estatal, “la Generalitat la registrará y dará traslado de la misma al órgano competente de la Administración General del Estado”.
D) En cuarto lugar, hemos de prestar nuestra atención al artículo 199, apartado 1 del RD 557/2011. Debe tratarse de extranjeros que se encuentren en España por motivos educativos no laborales y que cumplan los requisitos recogidos en este precepto; más exactamente, debe tratarse de extranjeros que se encuentren en los supuestos recogidos en los apartados a) b) y d) del artículo 39: realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en España, en un programa de tiempo completo, que conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios; realización de actividades de investigación o formación, sin perjuicio del régimen especial de investigadores; realización de prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o privada. Se trata, por consiguiente, de pasar de la situación de estancia a la de residencia y trabajo, previendo el apartado 3 del artículo 199 que la autorización concedida “tendrá la consideración de autorización inicial”.
La modificación de la situación de estancia a la de autorización y trabajo también se contempla en la normativa vigente para supuestos no encuadrables en el régimen general por cuenta ajena. A tal efecto, la Generalitat asume competencias cuando dicha modificación implica una autorización inicial de trabajo pero referida (artículos 199.2, 200.4 y 202.4) a la solicitud de trabajo por cuenta propia, de residencia con excepción de la autorización de trabajo, de residencia y trabajo para investigación, o de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados.
E) Por último, debe mencionarse el artículo 203.3 sobre modificación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena en otro tipo de autorizaciones, justamente las referenciadas en el párrafo anterior, “siempre que se le haya renovado ya su autorización inicial o que presente la solicitud en el momento en el que corresponda solicitar su renovación”. Como supuesto excepcional, la norma autoriza la modificación de la autorización inicial de residencia temporal y trabajo, sin necesidad de que haya llegado el momento de su renovación de la misma, para el extranjero que acredite una necesidad por circunstancias sobrevenidas para garantizar su subsistencia, “como el hecho de que, por causas ajenas a su voluntad, hubiera cesado la actividad por cuenta propia o se hubiera interrumpido la relación laboral por cuenta ajena”.
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