martes, 11 de julio de 2023

Subrogación. Falta de notificación de la empresa saliente a la empresa entrante de la jornada y horario del trabajador a subrogar. Condición “esencial e imprescindible”. Notas a la sentencia del TS de 15 de junio de 2023 y del TSJ de Aragón de 10 de febrero de 2022

 

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia  dictada por la Sala Social del Tribunal Supremo el 15 de junio, de la que fue ponente el magistrado Ignacio García-Perrote, también integrada por las magistradas Rosa María Virolés y Concepción Rosario Ureste, y por el magistrado Juan Molins.

La resolución judicial, estima, en los mismos términos que la propuesta formulada por el Ministerio Fiscal en la que abogaba por su procedencia, el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa entrante, GESTAGUA, contra la sentencia    dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 10 de febrero de 2022, de la que fue ponente la magistrada María José Hernández.

La Sala autonómica había estimado parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la empresa saliente, AQUARA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Zaragoza el 29 de octubre de 2021, que había estimado la demanda por despido presentada por un trabajador contra ambas empresas, declarando su improcedencia, con condena a AQUARA (empresa saliente) y absolución de GESTAGUA (empresa entrante). El TSJ mantiene la condena a la primera y la extiende a la segunda, con condena económica, en caso de extinción, a cada una de ellas por el tiempo prestado en un centro de trabajo (GESTAGUA, 22,30 %) donde se produjo la subrogación, y a otra por todo el tiempo de trabajo prestado en otros centros en los que prestaba servicios la empresa (AQUARA, 77,70 %) en los que no se produjo la subrogación.

El interés de la resolución judicial, tal como se indica en el título de la presente entrada, y se pone también de manifiesto en el resumen oficial de la sentencia del TS que se transcribe a continuación, radica en determinar si la falta de información de la empresa saliente a la empresa entrante de la jornada y horario de trabajo de un trabajador que prestaba sus servicios en un centro en donde la empresa saliente llevaba a cabo su actividad puede implicar que la subrogación (en este caso por mandato convencional) no se haya producido, y por consiguiente la responsabilidad jurídica, que implica la improcedencia del despido, corresponda única y exclusivamente a la empresa saliente.

El resumen oficial de la sentencia del alto tribunal, que ya permite conocer el conflicto y el fallo, es el siguiente: “Subrogación convencional. Atendidas las circunstancias concurrentes, ha de considerarse esencial e imprescindible la notificación por parte de la empresa saliente a la entrante de la jornada y el horario del trabajador a subrogar. De conformidad con el Ministerio Fiscal, se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina de la empresa entrante”

2. El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de demanda, en procedimiento por despido, por parte de un trabajador que prestaba servicios para AQUARA desde el 1 de noviembre de 2013, después de que esta absorbiera y fusionara la anterior que prestaba servicios de abastecimiento de agua a distintas localidades de la comunidad autónoma aragonesa. Interesa destacar que el actor, que había iniciado la prestación de servicios el 13 de febrero de 1991 para otra empresa que desarrollaba dicha actividad, suscribió un acuerdo con AQUARA en el que se recogía que prestaría sus servicios en el centro de trabajo sito en Velilla de Jiloca, si bien consta también en el hecho probado segundo de la sentencia de instancia que prestó también su actividad en otras localidades, Alhama de Aragón, Ateca, Illueca, e Ibdes.

Al haber sido adjudicado el servicio de abastecimiento a otra empresa, GESTAGUA, AQUARA comunicó al trabajador el 23 de septiembre de 2020 que finalizaba la prestación de servicios de aquella con el Ayuntamiento de Velilla de Jiloca, y que, por consiguiente, de acuerdo a lo previsto en la normativa convencional aplicable, la empresa entrante se subrogaría en los derechos y obligaciones resultantes de su contrato de trabajo. Se concreta más esa información en una comunicación posterior, de 7 de octubre, en que se informa al trabajador que la subrogación operaría a partir del 25 de octubre, fecha de finalización del contrato.

Ante tal comunicación, y la convicción del trabajador de seguir prestando los mismos servicios para la empresa entrante, se personó el 26 de octubre en su centro de trabajo, comunicándole esta que no procedía la subrogación por no darse “los requisitos del VI convenio estatal”, y que por consiguiente su empleador, para el que debía seguir trabajando, era AQUARA. Esta última no estuvo de acuerdo, ya que sólo un día más tarde procedió a la entrega del finiquito al trabajador, habiéndole dado de baja en la Seguridad Social el mismo día de finalización del contrato de prestación de servicios con el Ayuntamiento.

Tenemos información, en el hecho probado octavo, de la tramitación del documento (pliego de cláusulas administrativas particulares) “para la  concesión de abastecimiento de agua y alcantarillado de Velilla de Jiloca por un plazo de dos años, publicado el 12 de agosto de  2020, así como también de la pregunta formulada por la que sería después nueva adjudicataria sobre cuál era el personal a subrogar y su coste económico, con respuesta de la corporación municipal, el día 22,  de “tratarse de un error de transcripción al no existir actualmente personal adscrito al servicio”.

Tesis contraria era la de la empresa saliente, en escrito del día 24, quien remitió toda la información de que disponía al Ayuntamiento sobre el trabajador en cuestión, y recordando la obligación de la nueva empresa adjudicataria del servicio de proceder a su subrogación e indicando que ello debía constar en el pliego de cláusulas, siendo ello negado por el Ayuntamiento en escrito de 23 de septiembre, al manifestar nuevamente que “ni existe, ni consta de ningún modo, personal adscrito al servicio de gestión del Servicio Municipal de agua potable y saneamiento (del Ayuntamiento)”.

Siguen después diversos escritos entre el ayuntamiento y las empresas saliente y entrante, así como la comunicación de la primera a la segunda de la “documentación” del actor, reiterando la segunda que no se cumplían las condiciones reguladas en el convenio colectivo aplicable para proceder a su subrogación.

3. Como ya he indicado con anterioridad, el Juzgado de lo Social estimó la demanda parcialmente, al declarar la improcedencia del despido y condenar a la empresa saliente y absolver a la empresa entrante.

Conocemos, tanto por la sentencia de suplicación como por que la resuelve el RCUD, que quedó probado en instancia, que el trabajador prestó sus servicios en varios Ayuntamientos, y que en la documentación remitida por la empresa saliente a la entrante no constaba la jornada y horario de trabajo en el Ayuntamiento en el que, en principio, debía llevar a cabo su actividad el trabajador, Velilla del Jiloca, concluyendo que AQUARA había incumplido un requisito “necesario e imprescindible” para poder operar la subrogación convencional, ya que en el contrato se estipulaba que se trabajarían 40 horas semanales, “cuando la jornada que prestaba en Velilla del Jiloca era de un 22,30 % y, según prueba testifical, de una hora diaria”.

A diferencia de la tesis de instancia, el TSJ, al dar respuesta al recurso de suplicación interpuesto por AQUARA, consideró que la falta de información de la jornada y horario no podía considerarse un requisito “necesario e imprescindible” que impidiera la subrogación.  

En el fundamento de derecho tercero conocemos los argumentos de la parte recurrente y de la parte recurrida:

“TERCERO. - La empresa recurrente defiende que "Gestagua" debió subrogarse como nueva empleadora del actor cuando le sucedió como contratista en la ejecución del servicio de aguas que prestaba para el Ayuntamiento de Velilla, pues concurrían todos los requisitos establecidos con ese fin en la normativa convencional que le es de aplicación (arts. 57 y 58 del convenio colectivo estatal de ciclo integral del agua), puesto que: (i) se produjo el fin de servicio de la recurrente; (ii) el actor llevaba más de 4 meses adscrito al centro de trabajo cuya actividad pasó a desarrollar "Gestagua"; (iii) el citado convenio no exige como presupuesto parala subrogación que el trabajador afectado por el fenómeno sucesorio preste servicios exclusivos en el centro donde se produce el cambio de contratista; (iv) la recurrente comunicó a la entrante su deber de subrogación y le proporcionó cuanta documentación era precisa para llevarla a cabo y, aun cuando no hubiera sido así y hubiera omitido indicar la jornada realizada por el actor en el Ayuntamiento de Velilla, tal circunstancia no sería óbice para dicha subrogación, conforme señalan las SSTS de 20/9/06 y 11/3/03.

El escrito de impugnación de recurso de "Gestagua" se opone, haciendo suyas las indicaciones de la sentenciade instancia y precisando que la falta de información por parte de la empresa saliente a la empresa entrante para que ésta pudiera proceder a la subrogación de un trabajador impide que ésta se produzca, según STS de 25/2/14 (rec 646/13)”.

La Sala autonómica transcribe parte del art. 57 y el art. 58 del Convenio Colectivo Estatal de lasIndustrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Distribución  , que recogen la cláusula de subrogación convencional y los requisitos a cumplir. Destaco que en el apartado 5 del art. 58 se hace mención expresa a que debe constar “antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación y fecha de disfrute de las vacaciones”.

El TSJ se pregunta si el trabajador estaba adscrito al Ayuntamiento de Velilla del Jiloca, por una parte, y, aspecto relevante de esta entrada, si la información facilitada por la empresa saliente a la nueva contratista, “resultaba suficiente en orden a materializar esa posible subrogación”.

A la primera pregunta, responde que la respuesta, negativa, de la Corporación Local sobre la existencia de algún trabajador que prestara sus servicios, debía entenderse “en el sentido de que dentro del personal propio de esa Corporación Municipal no había nadie adscrito a ese servicio, no en el de que nadie realizara la indicada función, pues es obvio que ésta se llevaba a cabo por la empresa contratista y dentro de ella algún trabajador la tenía encomendada por lo que sí había personal destinado a esa actividad”, por lo que no concede mayor importancia esta cuestión y se centra en la segunda, a la que dará respuesta en el fundamento de derecho sexto, acudiendo a la jurisprudencia del TS para diferenciar, en supuestos de subrogación convencional, entre aquellos requisitos que debe cumplir la empresa saliente que tienen la consideración de “esenciales” para que pueda producirse la subrogación, y aquellos que no tienen tal condición, con citas de las sentencias  de 11 de marzo de 2003    , de la que fue ponente el magistrado José María Botana, y de 28 de julio de 2023  , de la que fue ponente el magistrado Antonio Martín Valverde, para concluir que el único requisito que incumplió la empresa saliente fue la comunicación de la jornada y horario del trabajador, no considerándolo esencial ya que, en atención a las circunstancias concurrentes, puesto que la empresa entrante “sabía que existía una empresa saliente que ejecutaba hasta entonces la tarea que ella asumía, es obvio que al menos un trabajador de la saliente se encargaba de esa función, de modo que era conocedora de las obligaciones que suponía esa situación, máxime cuando "Aquara" le suministró los datos necesarios para ello con la suficiente antelación temporal como para que, si alguna duda pudiera existir, la entrante pidiera las aclaraciones que estimara oportunas”.

La Sala insiste en que fue la empresa entrante la que se negó de entrada a subrogar al trabajador sin pedir ninguna aclaración sobre los datos contractuales de este, y que la afirmación del Ayuntamiento sobre la inexistencia de trabajador alguno que prestara servicios no tenía mayor importancia, cuando de lo que se trata es de aplicar las reglas de un convenio colectivo, “aun cuando un tercero no firmante de este acuerdo entienda algo distinto”.

En definitiva, no era un requisito “esencial e imprescindible”, analizando a continuación la Sala la tesis de la parte recurrente de no ser la prestación parcial de los servicios un requisito que impida la subrogación, con apoyo nuevamente en jurisprudencia del TS, en concreto de la sentencia de 18 de septiembre de 2000 , de la que fue ponente el magistrado Víctor Eladio Fuentes, y de l del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 2020 (asunto C-344/18), que fue objeto de mi atención en la entrada “UE. Transmisión de empresas. Contrato público para la prestación de servicios de limpieza y adjudicación de los lotes del contrato a dos nuevos adjudicatarios. ¿En qué situación jurídica queda una trabajadora adscrita a todos los lotes del contrato? Notas a la sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2020 (C-344/18)”  

Aceptada esta tesis, aquello que debe concretarse es la “parte de subrogación” que opera, que en este caso será el porcentaje que el trabajador ha dejado de prestar en el Ayuntamiento en cuestión, que finalmente se ha concretado en el 22,30 % de su jornada semanal, pactada en contrato, de 40 horas, de tal manera que la condena por improcedencia de la extinción contractual afectará a ambas empresas, la entrante por no haberse subrogado parcialmente, y la saliente “porque la sucesión de la contrata en la que intervenía el trabajador no le autorizaba la extinción total de su relación laboral”.

4. Contra la sentencia de suplicación se interpuso RCUD por la empresa entrante, al amparo del art. 219.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, aportando como sentenciade contraste la dictada por la Sala Social del TSJ de Castilla-La Mancha el 14 de enero de 2022   , de la que fue ponente el magistrado José Montiel.

La Sala aprecia, muy correctamente a mi parecer y en los mismos términos que la propuesta del Ministerio Fiscal, la existencia de la contradicción requerida por el precepto citado de la normativa procesal laboral, ya que en ambos casos es de aplicación el mismo convenio colectivo, y se plantea la misma cuestión de si la omisión de la información relativa a la jornada y horario del trabajador debe tener relevancia para que pueda operar la subrogación, concluyendo ambas sentencias de forma contradictoria.

También con apoyo en jurisprudencia de la Sala Social del TS, el TSJ castellano-manchego concluye que “se ha producido un incumplimiento relevante y significativo por parte de la entidad recurrente AQUALIA en relación con la comunicación a la empresa nueva adjudicataria de los datos laborales del trabajador demandante, en lo relativo a la jornada y horario que realmente dedicaba al trabajo de la contrataque estaba adscrito, de suerte que no es procedente proceder a la subrogación convencional que estipula los convenios colectivos aplicables, recayendo la total responsabilidad sobre la empresa incumplidora, en aplicación de la doctrina jurisprudencial antes citada.

Tampoco procede la subrogación parcial, como se solicita con carácter subsidiario (limitada a la jornada realmente acreditada del 25%), debido a que el incumplimiento y ocultación antes mencionado impide la aplicación del mecanismo subrogatorio, tal como resulta de los preceptos citados. Dicha subrogación parcial solo sería posible cuando, desde el principio, ya se hubiera determinado la adscripción parcial del trabajador y no hubiera concurrido ocultación de tal circunstancia (para un caso de tales características, sentencia de esta Sala núm. 1151/2019, de 19 de julio, rec. 212/2019, en la que ambas empresas ahora codemandantes fueron parte en el proceso).

El TS repasa el convenio colectivo aplicable y plantea con claridad y precisión aquello a lo que debe dar respuesta, que es “si la no comunicación por parte de la saliente a la entrante de las específicas jornada y horario del trabajador a subrogar por parte de la empresa saliente supone el incumplimiento de un requisito esencial o imprescindible para que se produjera la subrogación o, por el contrario, dicha subrogación se tenía que haber producido aunque la saliente no hubiera comunicado a la entrante la jornada y horario del trabajador a subrogar”.

Como ya sabemos, la tesis del TS será, siempre tomando en consideración las circunstancias concurrentes del caso, que la comunicación de la jornada y horario del trabajador afectado por la posible subrogación era un requisito “necesario e imprescindible” para que esta se produjera.

Se basa, primeramente, en la prestación de servicios para varios Ayuntamientos, por lo que era necesario el conocimiento de aquellos datos para que la empresa entrante se subrogara únicamente en la cuota de trabajo del trabajador en el Ayuntamiento de Velilla del Jiloca. También, en las diversas menciones efectuadas por la empresa saliente a que la subrogación debía afectar “a la totalidad de la jornada”, cuando ya sabemos que solo un 22,30 % era prestada en el Ayuntamiento en el que cambiaba la empresa prestadora del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado. Y, aún más, que dado que la prestación laboral se repartía entre varios ayuntamientos, no tenía razón jurídica de ser que la empresa saliente extinguiera el contrato de trabajo cuando el trabajador seguía prestando sus servicios para esta en varias localidades.

Se apoya la Sala en la sentencia de 18 de febrero de 2020 , de la que fue ponente la magistrada María Luz García, para subrayar la importancia del cumplimiento de las obligaciones formales por parte de la empresa saliente hacia la empresa entrante para que pueda operar la subrogación convencional. No rechaza en modo alguno las tesis de la sentencia recurrida sobre la falta de valor de la respuesta del Ayuntamiento y la conveniencia de que la empresa entrante hubiera recabado información sobre las condiciones contractuales del trabajador de las que no se había informado por parte de la saliente, pero concede mucha mas importancia, lo que le llevará a la estimación del recurso, a que

“... la saliente Aquara omitió dar a la entrante Gestagua la información sobre la jornada y el horario del trabajador a subrogar en la adjudicación del Ayuntamiento de Velilla de Jiloca que antes tenía Aquara y que pasó a Gestagua. Y esa información era esencial e imprescindible porque la subrogación del trabajador por parte de Gestagua no debía ser en la totalidad de su jornada, sino tan solo en la dedicada a la localidad de Velilla de Jiloca

Y ha de tenerse en cuenta, finalmente, que Aquara extinguió el contrato de trabajo del trabajador afectado, cuando no había causa para ello, porque no consta que Aquara dejara de atender al resto de municipios que se han citado, en los que también prestaba servicios el trabajador” (la negrita es mía).

Buena lectura.

lunes, 10 de julio de 2023

El tiempo de trabajo y los usos del tiempo. Las propuestas de contenido laboral y los programas electorales.

 

1. El 16 de junio la Vicepresidenta segunda del gobierno, y Ministra de Trabajo y Economía Social, presentó   el “Estudio de fundamentación para la Ley deusos de tiempo y racionalización horaria”   , coordinado por la Time Use Initiative   

En la nota de prensa del MITES se recogen las manifestaciones de la Ministra, para quien “Nuestra legislación sobre tiempo de trabajo debe establecer reglas de funcionamiento rotundas y claras, que impidan las jornadas infinitas. Debe ser una legislación que consolide la flexibilidad ante los imprevistos, o las necesidades puntuales, tanto de las empresas como de las personas trabajadoras”, y también que “Necesitamos una nueva regulación del horario de trabajo que establezca con rotundidad los límites infranqueables: la salud, la igualdad y la dignidad del trabajo”.

Por su parte, la nota de prensa del TUI , mucho más amplia que la del MITES, explica con detalle cuáles son las propuestas de contenido laboral, para pasar después a las denominadas “medidas transversales”, con más de 100 propuestas “para mejorar la organización del tiempo de trabajo en España”.

Obviamente, recomiendo la lectura, con mucha atención, de todo el estudio, por su indudable interés. En esta entrada me centro sólo en los contenidos laborales y los pongo en relación con los programas electorales en los que hay propuestas concretas sobre la necesidad de una nueva regulación que incorpore modificaciones en la ordenación de los tiempos de trabajo y que, sin duda, también tienen una innegable incidencia sobre los tiempos de vida. Se trata de una temática que considero de especial relevancia y a la que ya he dedicado atención en varias entradas anteriores del blog. Refiriéndome solo a aquellas en las que he tratado de la regulación internacional y comunitaria, me permito remitir a la lectura de estas:

“Guía de la OITpara establecer una ordenación del tiempo de trabajo equilibrada. Anotacionessobre su contenido” 

“Salarios y nuevosmodelos del tiempo y organización del trabajo. Las necesarias reflexiones antelos cambios en las relaciones laborales. Notas al Informe de la OIT sobreequilibrios entre vida profesional, personal y familiar (a propósito de las XIJornadas del Instituto de Estudios del Trabajo de la UAB)” 

“El tiempo de trabajoen la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ImportanteComunicación de la Comisión Europea de 24 de marzo de 2023, y un apunte a lasConclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales” 

2. La elaboración de las propuestas de modificación de la normativa laboral española han estado a cargo de las profesoras Anna Ginés y Raquel Serrano, y el profesor Miguel Basterra, con el apoyo del profesor Daniel Redondo, y ha participado también, y estoy seguro que muy activamente por sus muchos y muy amplios conocimientos de la normativa internacional, María Luz Vega, consultora honoraria de la UCM y exfuncionaria de la OIT.

Un buen caudal de conocimientos, que queda acreditado en los currículums de todo el equipo.

Por ejemplo, el profesor Miguel Basterra elaboró su tesis doctoral en 2016, dirigida por la profesora Carmen Viqueira, sobre “Tiempo de trabajo y tiempo de descanso”  Una idea central de la tesis, bien plasmada en las conclusiones, es que la jornada de trabajo  “es un eje absolutamente central en la relación de trabajo dependiente y por cuenta ajena”, y que poco a poco en el tiempo se han ido trasladando los debates puramente cuantitativos sobre el tiempo de trabajo a su carácter cualitativo, “en el sentido de que, en el contexto actual, los intereses prioritarios de ambas partes se plantean más sobre la distribución y el reparto del trabajo que sobre la propia cantidad de horas de servicio prestadas”.

De la profesora Anna Ginés cabe destacar su aportación, conjuntamente con Juan Peña, sobre “Viejas y nuevas obligaciones en materia de control del tiempo de trabajo” , artículo publicado en la Revista de Trabajo y Seguridad Social CEF (núm. 451, octubre 2020), en el que se analizan “desde una perspectiva crítica, el alcance y el contenido del registro horario y el derecho a la desconexión digital, con la finalidad de identificar las nuevas y viejas obligaciones empresariales en materia de control del tiempo de trabajo”.

De la profesora Raquel Serrano podemos mencionar su análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, más concretamente de la sentencia de 9 de septiembre de 2004 (asuntos acumulados C-184/02 y C-223/02) en el artículo “Tiempo de trabajo y transportistas”     , publicado en IUSlabor 1/2005, en el que puede leerse que “el trabajo, ya sea asalariado o autónomo, constituye una cuestión de derecho público, esto es, al Estado le corresponde velar por que el trabajo que se desarrolla dentro de sus confines territoriales ofrezca unas mínimas garantías de dignidad y de seguridad, con independencia de la forma jurídica concreta en que esa prestación de servicios personal se desarrolle. De ahí, pues, que al Estado le corresponda elaborar una regulación protectora “de mínimos”, si bien la intensidad de tal intervención habrá de ser lógicamente distinta en el caso del trabajo asalariado y en el caso del trabajo autónomo, ya que, en este último caso, confluyen otros derechos dignos de protección como la libertad de empresa o la libertad profesional”.

Por fin, hay que referirse a la importante aportación, que combina el marco teórico con la realidad del tiempo laboral, de María Luz Vega en el artículo “La soberanía del tiempo de trabajo: un nuevo enfoque para un concepto tradicional”   , publicado en la Revista Derecho Social y Empresa, núm. 13, julio-diciembre 2020, cuyo resumen permite ya identificar claramente su contenido: “: Los cambios en el mundo del trabajo afectan de forma central la ordenación del tiempo de trabajo, ampliándose el concepto para incluir temas considerados hasta ahora como elementos de la esfera privada. El concepto de soberanía del tiempo de trabajo aporta una nueva visión global, acorde con la sociedad 24/7. La Comisión Global sobre el futuro del trabajo de la OIT incluyó el concepto como uno de las “inversiones” necesarias para construir la agenda por un trabajo humano. Esto implica una concepción integral del trabajo y una visión amplia sobre los derechos fundamentales”.  

3. El estudio presentado el 16 de junio tiene un total de 113 páginas, encontrándose las 22 propuestas de medidas laborales “para mejorar la organización del tiempo de trabajo” a partir de la pág. 66 y hasta concluir en la 98. Todas ellas requieren la modificación de la regulación contenida en la Ley del Estatuto de los trabajadores y también a mi parecer, por su relación, en la normativa reguladora de algunas relaciones laborales especiales, aun cuando las autoras y autores de las propuestas manifiestan que sus propuestas solo se refieren a la relación laboral general y dejan de lado “la regulación referente a las jornadas especiales o a las relaciones laborales especiales”. En el bien entendido, que ya han sido incorporadas algunas a la última reforma de la LET operada por el Real Decreto-Ley 5/2023 de 28 de junio (objeto de mi estudio en esta entrada  ) que ha transpuesto parcialmente la Directiva (UE) 1158/2019    del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo”.

Las propuestas están estructuras alrededor de seis objetivos estratégicos. Son los siguientes: “1. Transparencia y previsibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo. 2. Racionalización del tiempo de trabajo. 3. Ordenación del tiempo de trabajo saludable y segura. 4. Sostenibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo para contribuir a la productividad de las organizaciones. 5. Ordenación del tiempo de trabajo corresponsable e igualitaria. 6. Participación empresarial y social en la ordenación del tiempo de trabajo”.

4. Una buena síntesis de las propuestas se encuentra en la nota informativa del TUI  , que por su indudable interés me permito reproducir:

“Entre las medidas laborales destacan:

Alcanzar una ordenación del tiempo de trabajo equilibrada no pasa solamente por racionalizar y reducir el tiempo de trabajo, sino que hay otros objetivos igualmente esenciales.

En primer lugar, una racionalización del tiempo de trabajo. El estado español es el país en el que las personas trabajadoras terminan más tarde su jornada laboral. Un 30% trabaja hasta las 7h de la tarde y hasta un 10% trabaja después de las 9h de la noche. Por tanto, un primer objetivo tiene que ser la racionalización del tiempo de trabajo.

Medida: En concreto, reducir paulatinamente la jornada semanal máxima para alcanzar las 37.5 horas en 2026 y las 32 horas semanales en 2032. La reducción de la jornada permitiría alinear la regulación laboral con una tendencia que han empezado muchos países y empresas de reducción de la jornada, con la jornada aplicable en la Administración Pública y la regulada en muchos convenios colectivos.

Medida: la compactación de la jornada. En concreto, proponemos establecer una única interrupción en las jornadas partidas y con una duración máxima de 1 hora, salvo que por convenio colectivo se amplíe. Limitar las interrupciones en la jornada es especialmente importante en el contrato a tiempo parcial; el contrato a tiempo parcial muy feminizado y, en muchas ocasiones, involuntario, por cuanto muchas personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen por no encontrar trabajo a tiempo completo o por necesidades de conciliación. Por tanto, es esencial garantizar que el tiempo parcial no se extienda en exceso mediante múltiples interrupciones.

En este sentido, en segundo lugar, es necesario alcanzar una ordenación del tiempo de trabajo más saludable y segura. En este punto, debemos tener en cuenta que el estrés explica el 30% de las bajas laborales y que el 60% de las personas trabajadoras afirman tener estrés en el trabajo. Por tanto, la seguridad y la salud de las personas es otro objetivo esencial en la ordenación del tiempo de trabajo.

Medida:  reformar de la regulación del trabajo a turnos y del trabajo nocturno. La evidencia científica nos dice que las personas que trabajan a turnos o en horario nocturno tiene mayor riesgo de sufrir problemas de salud derivados del trabajo. En consecuencia, proponemos revisar esta regulación. Así, por ejemplo, proponemos que las personas que trabajan en turnos rotatorios no puedan trabajar más de cinco noches consecutivas. O introducir un derecho de cambio de turno de trabajo para las personas mayores de 50 años para que puedan pasar de un turno de noche a un turno de día disponible en la empresa y para el que tengan la calificación profesional necesaria.

El tercer objetivo que nos hemos planteado es garantizar mayor transparencia y previsibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo. Hay personas que tienen horarios completamente variables y totalmente inciertos. No es solo que no tengan flexibilidad o autonomía para gestionar su tiempo de trabajo, sino es que, más allá, no tienen certidumbre sobre cuál será su tiempo de trabajo. Y esto, sin duda, contribuye a una mayor pobreza del tiempo.

Medida: reforzar la obligación de la empresa de informar a las personas trabajadoras de todos aquellos aspectos relacionados con el tiempo de trabajo, como la jornada, el horario o la regulación aplicable en la empresa de las horas extraordinarias.

El cuarto objetivo que nos planteamos es la flexibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo. Es importante aumentar la autonomía de las personas en la gestión del tiempo de trabajo para, de esta manera, contribuir a incrementar la satisfacción de las personas trabajadoras y favorecer también a la productividad de las empresas.

Medida: Apostar por una mayor flexibilidad pactada en la organización del tiempo de trabajo (ej. Bolsas de horas).

El quinto objetivo es alcanzar una ordenación del tiempo de trabajo corresponsable e igualitaria. Sin lugar a duda, la actual organización del tiempo de trabajo dificulta e, incluso en algunos casos, imposibilita la conciliación de la vida familiar y personal. Muchas personas —mayoritariamente mujeres— se ven obligadas a reducir su jornada o, incluso, renunciar a su carrera profesional para poder conciliar sus responsabilidades familiares y laborales.

Medida: ampliar las opciones de reducción de la jornada, permitiendo, por ejemplo, que la reducción de jornada pueda ser discontinua a lo largo de la semana, del mes o del año o permitir la reducción de jornada para personas que convivan en el mismo domicilio, aunque no exista una relación de parentesco. También proponemos ampliar los permisos retribuidos e incluir, por ejemplo, un permiso retribuido para asistir a visitas médicas de hijos y familiares.

Y, finalmente, el sexto objetivo es fomentar una mayor participación en la empresa en la ordenación del tiempo de trabajo.

Medida: que las empresas de 50 o más personas trabajadoras deban elaborar y aplicar un Plan de Mejora de la Organización del Tiempo de Trabajo y los Usos del Tiempo. El objetivo es que el Plan, negociado entre la empresa y la representación legal de la plantilla, incluya un diagnóstico de cuál es la situación en la empresa y, en atención a ello, adopte medidas necesarias para avanzar hacia unos horarios más equilibrados”.

5. Como es lógico, la medida que ha merecido la mayor atención es la de reducción de la jornada (no digo desde luego la única, pero si hay que reconocer que las restantes han quedado bastante diluidas en medios de comunicación y redes sociales por el impacto de aquella).

Y ciertamente, tiene mucha importancia, ya de que de llevarse a cabo por el nuevo gobierno que surja de las elecciones generales del 23 de julio, sería la primera ocasión desde1983 en que se modificaría la jornada máxima legal, ya que conviene recordar que fue la Ley 4/1983, de 29 de junio la que fijó la jornada máxima legal en cuarenta horas y las vacaciones anuales mínimas en treinta días.

Se trató de una medida recogida en el programa electoral del PSOE para las elecciones generalesdel 28 de octubre de 1982   , en el que podía leerse, en el apartado dedicado  a “La solidaridad para crear puestos de trabajo”, que “Durante el primer año se fijará la jornada laboral legal en 40 horas semanales y en 30 días las vacaciones anuales. Se mantendrá, sin embargo, el objetivo de las 35 horas, al que deberá tenderse a través de las negociaciones colectivas, que deberán avanzar hacia la consecución de la quinta semana de vacaciones. Se recomendará en las negociaciones colectivas reducciones superiores de jornada como fórmula de remuneración de los aumentos de productividad”.

En los programas electorales de 2023 no encontramos una concreción semejante en el del PSOE   , que se fija como objetivo “articular políticas de tiempos que vayan más allá de propuestas sobre días u horas máximas de trabajo remunerado y que aborden una racionalización de nuestros horarios que tenga como referencia una propuesta centrada en la igualdad entre mujeres y hombres, la salud integral de la sociedad, la eficiencia y la sostenibilidad”. El PSOE llevará a cabo la promoción de “un gran Pacto Social por la racionalización de los horarios”, y seguirá trabajando “en la Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, una ley que debe permitir avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres, y fomentar el bienestar de las personas y la eficiencia del tejido empresarial y asociativo”.

Sí hay concreción en el programa de SUMAR  ,  en el que con toda claridad se recoge que se reordenará el tiempo de trabajo, con inclusión de la reducción y distribución de la jornada laboral pero sin reducción de salario, de tal manera que, se concreta, “en 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada laboral hasta alcanzar las 32 horas semanales”. Además, incorpora gran parte de las propuestas laborales contenidas en el Informe. Para SUMAR, la reducción de jornada “mejorará la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, desde un reparto equilibrado de las tareas de cuidados y autocuidado al tiempo destinado a la formación, al ocio o a la participación social”, añadiendo que “Además, se debe controlar mejor las horas extras y compensarlas con tiempo libre, eliminar los horarios variables sin control, regular los horarios de los servicios públicos y procurar una gestión más flexible de la distribución de la jornada anual o del tiempo a lo largo de la carrera profesional de las personas, incluyendo el contrato de relevo. Se procurará trasladar el mayor número de días no laborables a los lunes, tanto para facilitar un mejor disfrute del ocio como por razones de organización de la producción”.

No hay propuesta alguna al respecto en los programas electorales del Partido Popular  y de VOX 

6. Los autores y autoras de las propuestas laborales no solo las han formulado, sino que también han hecho el esfuerzo, que hay sin duda que agradecer, de redactar la modificación concreta, justificarla debidamente y formular las consideraciones en torno a su aplicación.

A) De esta manera, y en el Objetivo estratégico 1, sobre transparencia y previsibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo, encontramos primeramente la del art. 34.5 de la LET para introducir de manera expresa que tienen la consideración de tiempo de trabajo determinadas situaciones que se dan en la vida laboral (ej: desplazamiento del domicilio al centro de trabajo de un cliente) y que de acuerdo a la jurisprudencia del TJUE, seguida después por la española, cabe conceptuar como tiempo de trabajo.

Sobre qué entiende el TJUE por este último, me permito remitir a “A vueltas con los conceptos de“tiempo de trabajo” y “tiempo de descanso”, y las puertas abiertas que deja elTJUE a los tribunales nacionales. Notas a las sentencias de 9 de marzo de 2021(asuntos C-580/19 y C- 344/19)” 

También, la del art. 8.5 LET para reforzar la obligación empresarial de información sobre las condiciones de trabajo esenciales, en una línea semejante a la regulación contenida en la Directiva (UE) 1152/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, aún no transpuesta (llevamos ya casi un año de retraso) al ordenamiento jurídico interno.

Se propone la revisión de la regulación relativa al calendario laboral, que implica modificación del art. 34.6 LET, siendo elementos esenciales del cambio la obligación de su negociación con la representación del personal y el establecimiento de las pautas necesarias “a fin de que pueda hacerse efectivo el derecho a la previsibilidad que establece el art. 4.2 h ET”

B) Cuando se aborda el objetivo 2, dedicado a la racionalización del tiempo de trabajo, es cuando encontramos la medida “estrella” de reducción de la jornada semanal del trabajo, que implica modificación del art. 34.1 LET, además de la fijación de un límite de 48 horas semanales de promedio en cómputo cuatrimestral y con alguna excepción vía negociación colectiva, dando cumplimiento a la Directiva 2003/88/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

Con relación a la modificación en las horas extraordinarias, destaca a mi parecer la apuesta (ciertamente ya existente pero no muy practicada) por su compensación en tiempo de descanso, ya que si se pagan su precio deberá tener como mínimo un recargo del 25 % del precio de la hora ordinaria de trabajo, requiriéndose pues la modificación del art. 35 LET.

Interesante sin duda es la propuesta relativa a la compactación de la jornada de trabajo, que implicaría la modificación del art. 34.4 LET, de tal manera que se estableciera la existencia de una sola interrupción en la jornada diaria y que no podría superar una hora de duración, si bien dejando la puerta abierta, una vez más, a una regulación distinta vía negociación colectiva. La finalidad de la propuesta es clara: “avanzar la hora de salida del trabajo y conseguir unos horarios más racionales y saludables”

C) La ordenación del tiempo de  trabajo, y que sea saludable y segura, es el objetivo estratégico 3, que se plasma en la propuesta de ampliación del descanso semanal a dos días de duración (modificación del art. 37.1 LET), ampliar de los 15 minutos actuales a 30 las pausas en jornadas continuadas de más de 6 horas de duración y su consideración como tiempo de trabajo efectivo, a diferencia del marco actual en el que se presume lo contrario salvo que esté pactado en convenio (modificación del art. 34.4 LET).

También, una regulación más estricta del derecho a la desconexión digital, tanto en el trabajo presencial como el llevado a cabo a distancia, prohibiendo cualquier medida desfavorable a cualquier persona trabajadora que se ajuste a dicha normativa (modificación art. 20 bis LET). La necesidad de velar por el establecimiento de políticas empresariales de formación para dar debida respuesta a la desconexión digital y a la fatiga informática que puede sufrir el personal se contempla en la modificación propuesta del art. 19 LET.

Por otra parte, la regulación del trabajo a turnos, con modificación del art. 36.3) se propone a fin y efecto de limitar el trabajo nocturno, así como también las semanas completas de trabajo, y con ampliación del descanso mínimo entre jornadas en caso de cambio de turno previsto en la regulación de jornadas especiales de trabajo, que pasaría de 7 a 12 horas. Y en línea semejante, la modificación del art. 36 LET debería modificar el concepto de trabajo nocturno, que se ampliaría desde las 21 horas (actualmente 22) hasta las 6 del día siguiente, con otras medidas tendentes a la limitación de la jornada de trabajo de quienes lo presten (7 horas de promedio en cómputo quinquenal) y a un incremento de su remuneración del 25 % sobre el salario hora en horario diurno.

D) El objetivo estratégico 4 está dedicado a la sostenibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo “para contribuir a la productividad de las organizaciones”. Se incluyen mejoras en la regulación de la distribución irregular de la jornada (modificación del art. 34.2 LET), de tal manera que sea la parte trabajadora cuando decida el momento de compensar la distribución irregular (= aumento de jornada ordinaria) con descansos, y no pudiendo trabajarse más de 9 horas diarias con independencia de la existencia de dicha jornada irregular.

La revisión de la regulación del trabajo a tiempo  parcial (modificación del art. 12 LET) incluye numerosas limitaciones a la discrecionalidad empresarial, justificándose en especial por la elevada presencia femenina en esta modalidad contractual, con mayor concreción de los términos contractuales, la limitación de las horas complementarias que puedan pactarse, tanto por vía colectiva como individual y la fijación de que estas solo puedan llevarse a cabo siempre y cuando la jornada de trabajo sea de un mínimo de 20 horas semanales (actualmente 10) en cómputo anual.

Se propone la introducción de un nuevo derecho, el de excedencia por formación (modificación del art. 46.3 LET), recogiendo propuestas formuladas en normativas europeas y recogidas ya en algún convenio, con derecho a reserva de puesto de trabajo y para participar en “en programas de formación vinculados a estudios universitarios, de formación profesional o para la obtención de certificados de profesionalidad, así como para la preparación de proyectos finales o tesis doctorales”. Muy ligada a la anterior propuesta, se encuentra la de ampliación de los derechos de fomento de la formación (modificación del art. 23.1 LET), con posibilidad de disponer de un horario flexible para llevar a cabo la actividad formativa, basándose en el Convenio núm. 140 y la Recomendación núm. 148 OIT relativos a la licencia pagada de estudios.

Es bueno recordar aquí que España ha ratificado el Convenio núm. 140, que conmina a los Estados a llevar a cabo una política que posibilite la concesión de licencia pagada de estudios con fines a) de educación profesional a todos los niveles; b) de educación general, social o cívica, c) de educación sindical. Esa política, que obviamente incluiría el tiempo necesario para asistir a exámenes no debería implicar perjuicio económico para los trabajadores y además se pondría en marcha para “favorecer una educación y una formación permanentes y apropiadas que faciliten la adaptación de los trabajadores a las exigencias de la vida actual”.

E) Llegamos al objetivo núm. 5, dedicado a la ordenación del tiempo de trabajo “corresponsable e igualitaria”, donde encontramos algunas propuestas que a mi parecer, y puede debatirse si se ha hecho de forma completa o no, ya han sido incorporadas a la regulación normativa por el RDL 5/2023 de 28 de junio, algo que se reconoce por los autores y autoras cuando afirman que las propuestas que se presentan “no pretenden agotar las posibilidades de mejora de los derechos de conciliación de las personas trabajadoras”.

Entre otras, se formulan propuestas (modificación del art. 38, de varios apartados del art. 37, y del art. 24.2 LET) para regular que sea posible prever bolsas de horas flexibles u horarios individualizados en el derecho a la adaptación de jornada, ampliar las opciones de reducción de jornada por motivos de conciliación por cuidado de hijos o familiares dependientes, ampliación de los permisos retribuidos (siendo una novedad, al menos en el ámbito estatal, la inclusión de un permiso de tres días por pérdida gestacional), y la introducción de salvaguardias para evitar discriminaciones por ejercicio de los derechos de conciliación y corresponsabilidad.

F) Por último, el objetivo estratégico núm. 6, hace referencia a la participación empresarial y social en la ordenación del tiempo de trabajo, con dos propuestas concretas: por una parte, la modificación del art. 85.1 LET para introducir la obligación de negociar en materia de tiempo de trabajo en la negociación colectiva; por otra, y como novedad, la obligación, en empresas de 50 o más personas trabajadoras, de “elaborar y aplicar un Plan de Mejora de la Organización del Tiempo de Trabajo y los Usos del Tiempo, previa elaboración de un diagnóstico de situación, a fin de ordenar el tiempo de trabajo en la empresa de manera que posibilite tanto un adecuado nivel de seguridad y salud de las personas trabajadoras, como una gestión flexible del tiempo de trabajo en favor de las personas trabajadoras en equilibrio con las necesidades productivas de las empresas, con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las tareas de cuidado e incrementar la eficiencia de la empresa”.

7. Concluyo este artículo. ¿Qué pasará con todas las propuestas, no solo las laborales, contenidas en el Estudio? ¿Cuántas de ellas serán puestas en práctica, de forma inmediata o gradual, por el nuevo gobierno? ¿Será guardado en un fichero y olvidado? El inicio de las respuestas, a partir del 24 de julio. Esperemos que, dada su seriedad y rigurosidad, la mayor parte de propuestas, generales y laborales,  vean la luz.

 

domingo, 9 de julio de 2023

La extinción contractual por causas objetivas del personal laboral en las Administraciones Públicas. A propósito de las sentencias del TSJ de Galicia de 18 de mayo y del TSJ de Extremadura de 9 de marzo de 2023 (previo repaso de las aportaciones de la doctrina laboralista).

 

1. La disposición derogatoria del Real Decreto-Ley 32/2021 de 28 de diciembre dispuso la derogación expresa, entre otras, de la disposición adicional decimosexta (DA 16ª) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre. En la exposición de motivos de la norma, y destaco este punto por la importancia que le darán algunos articulistas y la doctrina judicial, no hay justificación de tal modificación.

Dicho precepto, incorporado a la LET por la reforma laboral operada primero por el RDL 3/2012 de 10 defebrero     (disposición adicional segunda) y por la posterior Ley 3/2012 de 6 de julio  , resultado de la tramitación parlamentaria del primero, reguló la “Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público”. siendo su redacción la siguiente:

“El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de la presente ley y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, entendiendo como tales, a los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.

Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior.

La reforma tuvo especial impacto en las Administraciones Locales, y sobre su aplicación, y los problemas que planteaba la norma, me detuve en varias ocasiones en este blog. Valgan ahora estas referencias:  

“De Andalucía yCanarias (Estepona y La Oliva), a Canarias y Andalucía (Gáldar y Jerez de laFrontera). Los ERES en las Administraciones locales tras la reforma laboral delgobierno popular. Análisis de las cuatro sentencias dictadas por los dosTribunales Superiores de Justicia” 

“El TribunalSupremo se pronuncia sobre los despidos colectivos en las AdministracionesLocales y deja abiertos varios interrogantes. Notas a la sentencia de 18 defebrero de 2014 (Ayuntamiento canario de La Oliva)” 

“El TS vuelve aconocer de despidos colectivos en las Administraciones Locales. Sobre loscriterios de selección del personal afectado. Notas a la sentencia de 31 deoctubre de 2017, con voto particular discrepante de tres magistradas” 

2. La interpretación de la citada derogación, o dicho de otra forma su alcance, motivó rápidamente un buen debate jurídico, tras las previas manifestaciones de las organizaciones sindicales que habían participado en las negociaciones de la reforma, y del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que a través de la Vicepresidente segunda del Gobierno y titular del MITES, Yolanda Díaz,  manifestaba que se eliminaba la posibilidad de despedir a los trabajadores fijos de las Administraciones Públicas por causas económicas. Por las organizaciones sindicales CCOO y UGT se manifestaba que la reforma eliminaba el despido por causas objetivas en el empleo público, calificando, por ejemplo, la UGT como un requisito “ineludible” dicha derogación para que diera su visto bueno a la reforma .

Mi parecer, en una muy rápida primera aproximación a la reforma, fue el siguiente: “esta es una modificación muy relevante a mi parecer y que ha sido muy poco analizada hasta este momento, que implica que dejará de aplicarse la regulación contenida en el art. 51 y 52 del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público, desapareciendo una de las medidas recogidas en la reforma laboral de 2012 que tanto problemas ha generado para el personal laboral del sector público en el ámbito de las Administraciones Locales durante la situación de grave crisis económica vivida en los años posteriores a la entrada en vigor de tal reforma (RDL 3/2012 y posterior Ley 3/2012), y que al mismo tiempo deja abierto el interrogante jurídico de qué medidas podrán adoptar las Administraciones y entidades del sector público que se vean afectadas por problemas de índole económica, si bien todo parece apuntar a que deberán acudir, cuando ello sea posible, a la aplicación de la Ley 20/2021 y las posibilidades de extinción de contratos temporales o de nombramientos de funcionarios interinos cuando ello sea posible, siendo más difícil de prever cómo puede afectar una situación de crisis al personal laboral fijo de plantilla”

3. Sin ningún ánimo de exhaustividad, recojo aquí algunas de las tesis sustentadas por la doctrina laboralista que me han parecido de especial interés, para pasar después al examen de las dos sentencias citadas en el título de la presente entrada, que ya adelanto que aceptan la posibilidad de seguir utilizando el despido por causas objetivas (de momento solo se ha practicado el individual) por las Administraciones Públicas.

A) El profesor Miguel Rodríguez-Piñero Royo y la letrada María Eugenia Guzmán habían analizado la problemática del empleo público en un artículo publicado el 11 de enero  , en el que formulaban unas prudentes manifestaciones dirigidas en especial al mundo empresarial, y refiriéndose a la derogación de la DA 16ª LET manifestaban que “puede interpretarse de dos maneras: o bien que los empleadores públicos han sido privados de la posibilidad de extinguir los contratos de sus trabajadores por causas objetivas; o bien que pueden utilizar este instrumento de ajuste, pero que deberán hacerlo con las mismas causas y los procedimientos del sector privado. Existen bases jurídicas para defender la segunda, pero las manifestaciones realizadas por los protagonistas del proceso de diálogo social que dio lugar al acuerdo de 23 de diciembre de 2021, y a su vez al RDL 32/2021, indican precisamente lo contrario, que los despidos por causas objetivas, tanto individuales como colectivos, han quedado excluidas del empleo público. Las consecuencias de esta exclusión serán sin duda importantes, y estos empleadores deberán hacer uso exclusivamente de las causas de extinción contractual previstas en el artículo 52 ET; teniendo en cuenta, además, las limitaciones que tienen para acordar con sus trabajadores la extinción contractual”.

B) El profesor Ignasi Beltrán de Heredia, en una entrada publicada en su blog el 27 de enero de 2022 titulada “RDLey 32/2021 y derogación de la DA 16ª ET: ¿Las AdministracionesPúblicas pueden despedir por la vía de los arts. 51 y 52.c) ET?”   se manifestaba favorable a la posibilidad de seguir llevando a cabo despidos por causas objetivas en las Administraciones, con tesis semejantes a las que más adelante manifestarían otros autores y autoras: “hay argumentos poderosos para entender que la derogación de la DA 16ª ET no impide acudir a los arts. 51 y 52.c ET. La remisión del art. 7 EBEP así lo evidencia.

Y hay dos argumentos de peso más:

– la DA 17ª ET impide de forma explícita a las AAPP a acudir a los ERTE ex art. 47 ET. En cambio, no hay una regla similar para los arts. 51 y 52.c ET; y

– esta circunstancia (que no hay una regla que expresamente lo prohíba) es lo que permite (en virtud de la citada remisión del art. 7 EBEP) acudir a la MSCT ex art. 41 ET (y como se ha apuntado, conforme a las causas descritas en el propio precepto)”.

C) Una destacada especialista en la temática del empleo en el sector público, la profesora Remedios Roqueta, manifestaba su parecer en un artículo publicado el 11 de febrero, titulado “La aplicación de la reforma laboral en las Administraciones Públicas” , siendo su parecer semejante al manifestado por el profesor Beltrán, es decir que la derogación “no obstará a que se siga aplicando dicho despido en las AA.PP. Ahora bien, la derogación de la DA 16.ª del ET afectará a la delimitación de las causas, la demarcación del ámbito en el que se debe aplicar la escala del art. 51.1 del ET para dilucidar si el despido es colectivo o individual y, en su caso, para seguir la tramitación del procedimiento de despido colectivo, el procedimiento de despido colectivo y la prioridad de permanencia a favor de los trabajadores fijos, que, a mi modo de ver, sale reforzada”

D) Aportaba su parecer poco más tarde una de las figuras más destacadas de la doctrina laboralista, el profesor Tomas Sala, en un artículo publicado el 6 de febrero y titulado “Losdespidos colectivos en el sector público”, en el que realiza un exhaustivo análisis de las tesis favorables y contrarias a la desaparición de los despidos colectivos en el sector público, considerando más adecuada las segundas por estos argumentos:

En primer lugar, “el argumento interpretativo de que, al derogarse la DA 16ª ET y no haberse derogado el art.7 EBEP, que se remite expresamente al ET, sigue siendo posible aplicar éstos en las Administraciones Públicas”. También, siguiendo al profesor Beltrán, “ el hecho de que exista una norma -la DA 17ª ET - que prohíbe explícitamente a las Administraciones Públicas acudir a los ERTE “ex art.47 ET”, cosa que no sucede con las extinciones por causas objetivas del art.52 ET y con los despidos colectivos (ERES) del art.51 ET, es demostrativo a sensu contrario de que no ha sido la voluntad del legislador la de impedir los despidos objetivos en las Administraciones Públicas”; “el hecho de que tampoco exista una regla similar para acudir a la modificación sustancial de condiciones de trabajo “ex art.41 ET  -” y nadie dude de tal posibilidad”; por fin, “ el hecho de que durante una serie de años -el tiempo en que ha estado vigente la DA 16ª ET - e incluso con anterioridad- no se haya cuestionado que la existencia de despidos colectivos atentaba contra la naturaleza misma de las Administraciones Públicas”

E) El profesor Alfonso Esteban, autor de una brillante tesis doctoral sobre “El régimen jurídicoaplicable al personal de las empresas públicas: entre el Derecho del Trabajo yel Derecho Administrativo”    , que mereció el premio 2022 de tesis doctorales que concede nuestra Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, se manifestaba al respecto en su artículo “El impacto dela reforma en los entes locales”, publicado en octubre de 2022  de explicación o justificación de la derogación en la exposición de motivos del RDL 32/2021, concluía que “Esta derogación lo que sí provoca es una vuelta a la situación normativa anterior al 2012. De esta forma, aquellos entes locales que se vean obligados a realizar despidos deberán regirse por lo contemplado en los arts. 51 y 52 ET, y aplicar el procedimiento del Título I del Reglamento de los despidos colectivos. Ello es posible que dificulte el proceso de extinción a los entes locales, especialmente en la identificación de la causa económica y productiva, que tal y como está definida en el art. 51 ET no tiene un buen encaje en el sector público”.

F) Sobre el impacto de la reforma laboral en el sector público con ocasión de la reforma laboral de 2012, y más concretamente en lo que respecta a las extinciones contractuales operadas, remito a la tesis doctoral “El Despido como Herramienta de Reestructuraciónde las Empresas y de las Administraciones Públicas”     de  MaríaDolores Agudo    (2015), dirigida en la Universidad de Murcia por las profesoras María del Carmen López y Alejandra Selma.   

Una de las conclusiones de la tesis es que “A pesar de venir recogida la posibilidad de realizar expedientes de regulación de empleo en el Sector Público tras la reforma laboral operada en 2012, muchos autores consideran muy discutible que se puedan tramitar despidos colectivos y objetivos por las Administraciones Públicas, y en todo caso, habría que aplicar las garantías adicionales que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público, como es la tramitación de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que afecte no sólo al personal laboral sino también al funcionario y se contemple medidas organizativas y no extintivas. Sin embargo existen numerosos planteamientos doctrinales y judiciales que admiten, sin más, la aplicación de las causas del despido colectivo u objetivo a las Administraciones Públicas”.

G) Analizando igualmente de forma exhaustiva la reforma de 2012, y entrando ya en el examen de la operada por el RDL 32/2021 con la derogación de la DA 16ª, me permito remitir a la tesis doctoral presentada en septiembre de 2022 por la profesora AraceliVallecillo , en la Universidad de Córdoba, que lleva por título “Despido colectivo público en el ordenamiento jurídicoespañol” , dirigida por la profesora Inmaculada Benavente.

En las conclusiones de la tesis, tras recordar la importancia de los despidos en las Administraciones Locales durante la crisis de 2008-215, “lo que ha catapultado su consolidación como posibilidad reestructuradora de platillas, en cuanto mecanismo de flexibilidad externa”, su autora se manifiesta en estos términos:

“... aun admitiéndose que la derogación de la DA décimo sexta del ET impide acudir a los arts. 51 y 52.c) ET ante unas circunstancias de contención del gasto público concretas, debemos tener en cuenta, no sólo el art. 7 TREBEP, si no, además, el apartado e) del art. 52 ET que, previo a la reforma laboral de 2012, abarcaba su ámbito subjetivo de aplicación a la Administración Pública, para considerar existente la posibilidad de seguir produciéndose Despidos Colectivos Públicos.

No rescatada por el legislador- aún- la posibilidad de extinguir las relaciones laborales ex art. 52 e) ET, y mantenidas vigentes las disposiciones generales de extinción contractual laboral para los despidos colectivos producidos en cualquier ámbito empleador, no encontramos óbice para acudir a los generales arts. 51 y 52.c) ET por la vía de la remisión directa del art. 7 TREBEP, pero, además, siguiendo la tramitación procedimental prevista en el RDPDC- RDL 1483/2021-, no sujeta expresa y cerradamente a circunstancias de contención del gasto que fueron las que provocaron su promulgación.

En este punto, no cabe duda que la opción más pragmática sería- de lege ferenda la modificación legal del art. 52 e) ET, retornando a su ámbito subjetivo a las Administraciones Públicas y su presupuestación propia como elementos causales limitadores o permisores de su consecuencia extintiva, máxime al haber optado el legislador por mantener la posibilidad de acudir a la contratación laboral indefinida por la Administración Pública (DA 4ª RDLRFL), lo que conduce de modo directo e indubitado, a tener la posibilidad normativa de proceder a la extinción del contrato laboral indefinido cuando se acreditara la pérdida total o sustancial de los fondos finalistas con los que se ha financiado el contrato”.

4. El repaso de las aportaciones doctrinales debe llevarnos ahora a conocer como se han manifestado ya dos Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia, en concreto la de Extremadura en sentencia de 9 de marzo , de  la que fue ponente el magistrado Pablo Surroca, y la de Galicia en sentencia de 18 de mayo    , de la que fue ponente el magistrado Luis Fernando de Castro

El resumen oficial de la primera es el siguiente: “Despido objetivo por causas organizativas y productivas, el demandante presta sus servicios en un Ayuntamiento que decidió la amortización del puesto de trabajo al haberlo externalizado. Se plantea la nulidad del despido, garantía de indemnidad”. En la segunda, simplemente se cita “Despido disciplinario”.

Agradezco al profesor Ignasi Beltrán, con su incansable e impagable trabajo de ordenación y síntesis de resoluciones judiciales que efectúa en su blog  , y que por ello me he permitido calificarlo de “CENDOJ no oficial”, el haber tenido conocimiento de ambas, ya que es una temática que había dejado de estudiar y que creo, tras la lectura de dichas sentencias y de las aportaciones de la doctrina laboralista antes mencionada, que convendrá volver a seguir con atención, a la espera de conocer, en su caso, como se manifestará la Sala Social del Tribunal Supremo si llega a conocer de algún recurso de casación para la unificación de doctrina (hasta donde mi conocimiento alcanza, no se ha producido aún).

Ambas sentencias versan sobre la extinción contractual de trabajadores que prestaban su servicios para una Administración Local (en Extremadura) y para la Autonómica (en Galicia), y en ambas se debate sobre la conformidad a derecho de la decisión empresarial, siendo la primera la que entra con detalle en la posibilidad de proceder a un despido por causas objetivas en la Administración tras la reforma laboral de 2021 y la derogación de la DA 16ª LET, a la que sigue en parecidos términos la segunda y que además se sustenta en buena medida en la anterior.

En ambas resoluciones judiciales se sostiene la tesis defendida por la mayor parte de la doctrina laboralista citada, es decir, la posibilidad de seguir practicándose la extinción por causas objetivas en la Administración Pública, si bien acomodando su aplicación a lo dispuesto con carácter general en los arts. 51 y 52 de la LET. No conozco que se haya llevado a cabo algún despido colectivo, por lo que de momento las aportaciones jurisprudenciales se centran en la extinción contractual individual por causas objetivas.

Remitiendo a las personas interesadas a la lectura de los hechos probados de las dos sentencias, centro mi atención en la argumentación jurídica de las Salas para responder afirmativamente a la posibilidad de aplicar el despido por causas objetivas.

5. La sentencia del TSJ de Extremadura se dicta en recurso de suplicación interpuesto por la parte trabajadora contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Cáceres el 24 de octubre de 2022, que estimó parcialmente la pretensión del actor y declaró la improcedencia del despido llevado a cabo por el Ayuntamiento de Madroñera, con rechazo de la tesis principal de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, más concretamente del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad.

Interesa ahora destacar que uno de los motivos del recurso, al amparo del art. 193 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, era la infracción de la disposición derogatoria única del RDL 32/2021, por entender que al haberse derogado la DA 16ª LET la Administración local demandada no podía acudir a la extinción del contrato por causas objetivas para amortizar un puesto de trabajo, por lo que “al no existir causa legal objetiva para extinguir el contrato de trabajo, el despido debe ser calificado como nulo”.

Tras rechazar la existencia de vulneración de la garantía de indemnidad por entender inexistente la conexión entre las reclamaciones del trabajador y la decisión de extinción del contrato, la Sala centra su atención en el motivo antes citado del recurso, y lo hace desde un planteamiento general previo en el que analiza si, tras la reforma laboral, es posible seguir llevando a cabo por las Administraciones Públicas despidos por las causas objetivas enunciadas en los arts. 51 y 52 LET, en cuanto que la respuesta afirmativa, como así será, llevaría a desestimar la tesis de la parte recurrente, y la negativa, que no se dará, llevaría al posterior examen de como calificar un despido que carecería de “causa legal habilitante”; examen que además ha de llevar a cabo por la fecha en que se produjo el despido, 20 de mayo de 2022, en la que ya había entrado en vigor la reforma.

En apretada síntesis, los argumentos de la Sala para entender que sigue vigente la posibilidad de acudir al despido por causas objetivas en la Administración son las siguientes:

A) La reforma de 2012 no creó la figura del despido por causas objetivas en el ámbito público, sino que concretó sus causas y estableció unas reglas propias de tramitación. Es decir, la norma derogada “establecía un régimen jurídico especial del despido objetivo por causas ETOP en las AAPP respecto al régimen general constituido por los arts. 52 c) y 51 ET, adaptando a las peculiaridades del sector público las causas y procedimientos que para el despido objetivo por causas ETOP se establecían con carácter general para el sector privado”.

B) No hay explicación alguna de la razón de ser de la derogación en la Exposición de Motivos del RDL 32/2021, criticando esta inexistencia la Sala, al igual que lo había hecho un sector de la doctrina laboralista, manifestando, aun cuando en modo alguno a mi parecer es la razón principal de la tesis que la llevará a mantener la posibilidad del despido por causas objetivas, que “parece razonable concluir que una derogación que implicase que las AAPP (en sentido propio o estricto) no podrían acudir el mecanismo de flexibilidad externa mediante el despido por causas ETOP hubiera merecido algún comentario en la exposición de motivos”, anudando este argumento al hecho de que en la Ley 20/2021de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, publicada el mismo día que la anterior en el BOE, tampoco hubiera referencia alguna al respecto.

C) Se acepta la posibilidad de acudir por la Administración a la amortización de un puesto de trabajo, recordando la sentencia del TS de 19 de abril de 2022    , de la que fue ponente el magistrado Antonio V. Sempere  (resumen oficial: “RCUD. Contrato de interinidad por vacante que supera los tres años de duración; PINF por ausencia de justificación objetiva de la larga duración del contrato. Despido improcedente el cese de PINF por amortización de la plaza sin seguir cauce art.51-52 ET”), en la que se concluyó que “la amortización de la plaza desempeñada constituye una causa válida de terminación del contrato de trabajo (tanto interino cuanto indefinido no fijo), pero ha de articularse a través de los cauces previstos por el ordenamiento”.

Rechaza el TSJ la tesis de la parte recurrente, y concluye que la derogación de la norma especial implica “una vuelta al régimen general constituido por los arts. 52 c) y 51 ET, no una prohibición ni una desregulación” (la negrita es mía)

Buena parte de la argumentación contenida en el fundamento de derecho quinto es un debate, a mi parecer, con la doctrina laboralista, tanto con la favorable como con la contraria al mantenimiento de la causa de extinción, reiterando, para defender su tesis favorable, algunos de los argumentos ya expuestos por dicha doctrina y a los que me he referido con anterioridad, como por ejemplo la posibilidad que abre el art. 7 del EBEP para seguir aplicando los arts. 52 c) y 51 LET, y criticando que una de las alternativas propuestas sea acudir al art. 52 e) LET, ya que, además de la dificultad de encajar a las Administraciones Públicas dentro de los sujetos a  los que se aplica el precepto, “la norma solo se refiere a determinado tipo de contratos("para la ejecución de planes y programas públicos determinados") con una concreta financiación (no estable, mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externosde carácter finalista) y por una causa justificativa específica ("insuficiencia de la correspondiente consignaciónpara el mantenimiento del contrato de trabajo").

Sobre los límites de la aplicación del art. 52 e) LET me permito remitir al artículo “Unas notassobre la contratación laboral temporal en las Administraciones Públicas: elrequisito de la causalidad y los efectos de la irregularidad” 

En definitiva, el TSJ de Extremadura concluye que no hay prohibición, ni expresa ni implícita, para seguir acudiendo por las Administraciones Públicas al despido por causas objetivas, en este caso por amortización de puesto de trabajo y por las causas recogidas en la LET, “sin perjuicio de que a consecuencia de la derogación normativa de la DA 16ª ET, a la hora de interpretar y aplicar las causas que describe el art. 51.1 ET, deberemos efectuar un ajuste o adecuación de la normativa general acorde a la naturaleza y finalidad específica de las AAPP...”.

6. En la misma línea que la anterior, la sentencia del TSJ de Galicia desestimará el recurso de suplicación interpuesto por la parte trabajadora contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Vigo el 25 de noviembre de 2022 que desestimó la demanda interpuesta por una trabajadora, en procedimiento por despido, que prestaba servicios en la Consejería autonómica de promoción, empleo e igualdad.

Al igual que en el caso anterior, expongo en apretada síntesis los argumentos de la Sala para aceptar el mantenimiento de la extinción del contrato por causas objetivas.

A) En la jurisprudencia anterior a la reforma de 2021, el TS había acetado la posibilidad de acudir al despido objetivo por cobertura de la plaza, y por ello la Sala es del parecer que la derogación de la DA 16ª LET “no coarta las posibilidades extintivas correspondientes a quien es un empleador y puede acudir a las distintas figuras de despido – en este caso objetivo”.

B) Se deroga la regla especial, pero se mantiene la regla general (arts. 52 c) y 51 LET), que permite el despido por causas objetivas, siempre y cuando, lógicamente se den alguna o algunas de las causas allí reguladas. Para la Sala, sin discutir si concurre o no la causa en el caso concreto enjuiciado, que no es objeto de discusión, “consideramos que puede ampararse la cobertura de la plaza ocupada por la actora, porque, primero, no tiene la condición de fija, sino de indefinida no fija, con lo que la cobertura de su plaza por personal laboral -en todo caso- puede originar su cese; y, segundo, si dicha cobertura se produce por un funcionario público o se amortiza dicha plaza, se habrá originado un sobredimensionamiento de la plantilla (habría bien una duplicidad, bien una trabajadora que no tendría plaza) y esta anomalía es perfectamente arreglable a través de un despido objetivo” .

C) Siguiendo a la doctrina laboralista, la Sala es del parecer que su tesis está justificada porque hay una prohibición expresa en la DA 17ª LET de acudir a la suspensión contractual o reducción temporal de jornada en las Administraciones Públicas, mientras que en la DA 16ª ahora ya derogada no hay ninguna regla prohibitiva sobre el despido objetivo. Igualmente, tal posibilidad de acudir al despido objetivo está implícitamente permitida por el art. 7 EBEP cuando establece que “El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan”.

D) En definitiva, a modo de cierre de su argumentación, y tras haber reproducido buena parte de las tesis de la sentencia del TSJ de Extremadura y que la Sala autonómica gallega hace suyas, se concluye que las Administraciones pueden acudir al despido objetivo, si concurren las causas reguladas en la LET, para poder ajustar los recursos humanos a sus necesidades, ya que “en otro caso, no habría modo de que las administraciones acomodasen sus medios a sus recursos y las relaciones laborales ordinarias gozarían de una protección propia de la funcionarial en condiciones adversas o inasumibles para aquéllas. Y, finalmente, la derogación de la DA Décimo sexta ET -y la eliminación del marco normativo específico- obligará a que, cuando se interpreten y apliquen las causas que describe su artículo 51.1, deba adecuarse la normativa general a la naturaleza y finalidad específica de las AP, para apreciar la procedencia del despido practicado”.

7. Concluyo aquí el artículo, a la espera de la posible unificación de doctrina por parte del TS. Solo apunto, una vez más, la necesidad, mucho más que mera conveniencia, de que las exposiciones de motivos de las normas justifiquen debidamente las modificaciones o derogaciones de preceptos normativos anteriormente vigentes. La seguridad jurídica saldría sin duda beneficiada.

Mientras tanto, buena lectura.