1. El Boletín Oficial del Estado publica hoy jueves la Orden EDU/2278/2009, de 13 de agosto, “por la que se convocan ayudas para la matrícula en un Máster oficial por parte de titulados universitarios en situación legal de desempleo. La norma entrará en vigor mañana viernes y con ella se da cumplimiento jurídico al anuncio realizado por el Presidente del Gobierno durante el debate sobre el Estado de la Nación el día 12 de mayo, y también a la Resolución número 21 aprobada tras dicho debate, en la que el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a “5. Fomentar el acceso al empleo de los titulados universitarios mediante medidas como la matrícula gratuita del máster para jóvenes en situación de desempleo entre 25 y 40 años, el impulso de la formación permanente y especialización profesional, así como el reconocimiento de la experiencia laboral y profesional”.
Afirmo de entrada que comparto los objetivos perseguidos por la norma, básicamente el de la mejora de la formación académica como herramienta apropiada de reciclaje y de mejora de las oportunidades de reincorporación al mercado de trabajo para las personas que se encuentre temporalmente fuera del mismo, y me parece positiva igualmente la aportación que con esta medida las Universidades públicas pueden efectuar a la lucha contra el desempleo en el marco de sus funciones reconocidas por la Ley Orgánica de Universidades, tanto la preparación para el ejercicio de actividades profesionales como la formación a lo largo de toda la vida.
Ahora bien, la lectura de la norma me sugiere una serie de interrogantes que quiero compartir con los lectores y lectoras del blog, en la misma línea de crítica constructiva que quise dar a mi explicación sobre la polémica prestación extraordinaria de desempleo, ya que no me cabe la menor duda de que el interés de toda la comunidad educativa es el de que cualquier máster oficial pueda ser cursado por toda persona que tenga interés y cumpla con los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, y que nadie se quede en la cuneta por falta de recursos económicos para formalizar la matrícula. Cómo combinar adecuadamente una buena idea y su traslación al marco jurídico y real en el que debe ponerse en práctica, en este caso las Universidades Públicas de las distintas Comunidades Autónomas, es el reto fundamental de cualquier norma, y esperemos y deseemos que la Orden ahora comentada, y las normas que se dicten o convenios que se suscriban en relación con la materia abordada en la misma, pasen la prueba con buena nota, aprovechamiento o progresión adecuada.
2. ¿Cuál es la razón de ser de la norma? La respuesta en principio es clara: facilitar que un titulado universitario que se encuentre en situación legal de desempleo y que tenga reconocido (obsérvese bien este requisito) el derecho a percibir prestación contributiva o asistencial por desempleo, pueda matricularse en un Máster oficial cursado en cualquier Universidad pública, facilitándole para ello una ayuda económica consistente en el importe del precio de la matrícula, ayuda que será incompatible con cualquier otra que pudiera percibirse con la misma finalidad y que obligará al reintegro de la primera.
Con reiteración de una tesis ya apuntada en la introducción, el artículo 1.2 pone el acento de la medida en un doble ámbito de actuación: por una parte, la mejora de las cualificaciones académicas por la vía de completar y actualizar el nivel formativo de la persona que accede al Máster, y por otra favorecer su incorporación o reincorporación al mercado laboral, aún cuando parece que la norma apuesta más claramente por la segunda opción como línea de actuación (pero sin darle más fuerza jurídica), ya que se refiere a los titulados universitarios “que temporalmente han perdido su condición de empleados”.
A tal efecto, la partida presupuestaria asignada es de 48.937.500,00 euros a cargo del Ministerio de Educación, distribuida en dos créditos de 34.256.250,00 euros para este año y 14.681.250,00 euros para el próximo. Apunto ya aquí que puede haber costes adicionales no económicos, en principio, para las Universidades, en razón del volumen de actividad que deba prestar su personal para atender a las personas demandantes de las ayudas y para la correspondiente tramitación de la documentación. Dicho costes no son ciertamente imputables a la partida aprobada en la norma ahora comentada, pero estoy seguro de que las Universidades tendrán que ajustar la organización de su actividad administrativa a las nuevas demandas y expectativas que genere la medida ahora aprobada.
3. ¿Basta con la entrada en vigor de la norma para poder afirmar que a partir del día 24 de agosto cualquier titulado universitario que cumpla los requisitos previstos en el artículo 4 podrá acercarse a la secretaría de una Universidad pública para recabar información de cómo puede beneficiarse de la ayuda, y una vez que se abra el período de matricula matricularse en el máster de su elección sin pagar un solo euro, ya que el artículo 14.1 dispone que quienes soliciten la ayuda “podrán formalizar la matrícula sin el previo pago de los precios públicos por servicios académicos”?
La respuesta es negativa, y no por el hecho de que la actividad universitaria funciona a ritmo mínimo durante el mes de agosto (período no lectivo) o porque el personal de secretaría no dispondrá el día 24, con casi toda seguridad, de más información de la que se publica hoy en el BOE (y siempre y cuando, permítaseme la obviedad, haya leído la norma), sino por una razón de contenido jurídico: la necesaria coordinación que debe producirse entre el sujeto jurídico que financia la ayuda, es decir la autoridad estatal encarnada en el Ministerio de Educación, y el sujeto jurídico responsable de toda la tramitación administrativa de la ayuda, la respectiva Comunidad Autónoma a la que se han transferido las Universidades Públicas sitas en su ámbito territorial.
La necesidad de dicha coordinación es manifiesta para la norma ahora comentada, remitiendo la disposición transitoria única a los convenios de colaboración que suscriban el Ministerio de Educación y las CC. AA, para que estas puedan realizar “las funciones de tramitación, resolución y pago, así como la inspección, verificación, control y, en su caso, resolución de los recursos administrativos que puedan interponerse”. A partir de la firma de los convenios que se suscriban, serán las autoridades autonómicas las que determinarán las autoridades competentes para asumir las tareas que la Orden encomienda a diferentes órganos del Ministerio de Educación, con exclusión expresa “de la ordenación de los libramientos de pago”.
En consecuencia, parece que será necesario esperar, y me imagino que deberá producirse en fechas próximas y con debate anterior en una conferencia sectorial de educación, a la suscripción de los convenios con cada CC AA para que pueda conocerse y ponerse en marcha el mecanismo aplicativo a fin de garantizar el derecho reconocido al titulado universitario desempleado para poder matricularse en un Máster oficial en cualquier Universidad pública española. O dicho de forma más clara: no creo que ninguna Universidad pública de la CC AA de Cataluña, por citar el ámbito universitario en el que presto mis servicios, proceda a la matriculación de los desempleados en cualquier Máster hasta recibir los criterios de aplicación elaborados por el Comisionado de Universidades (y sustitúyase, en su caso, la referencia a Cataluña y al Comisionado de Universidades por el de las restantes CC AA y autoridades competentes en la materia).
4. ¿En qué consiste la ayuda económica regulada en la norma? Exactamente, en el importe del precio de la matrícula del Máster oficial “en el número de años establecido en el correspondiente plan de estudios”. Por consiguiente, en aquellos cursos de dos años de duración la matrícula será gratuita para ambos si concurren los requisitos legales para ello, quedando el alumno exento de su pago cuando proceda a matricularse y siendo las Universidades compensadas en los términos previstos en el artículo 14.
Supongo que más de un miembro de las gerencias de las Universidades públicas fruncirá el ceño cuando lea esta norma y sepa que la compensación se producirá una vez que se haya realizado toda la tramitación de la ayuda por la propia Universidad, y no porque la compensación deba producirse con mucho retraso, que no lo habrá si se cumple la norma, sino por el temor de que la norma se cumpla más lentamente de la previsión legal y que dichas partidas se reciban bastante más tarde en el tiempo. Por cierto, recuérdese que la norma es clara en cuanto a quién corresponde el libramiento de las órdenes de pago, que es el Ministerio de Educación para todas las Universidades Públicas españolas.
Intentemos que las personas responsables de las gerencias no frunzan el ceño, o al menos eso es lo que pretende el artículo 14.3, en el que se dispone que el Ministerio de Educación efectuará un libramiento “a cuenta” del 70 % de las cantidades que dejen de ingresarse por cada Universidad con arreglo a los datos de que disponga a partir del 30 de noviembre, y antes de dicha fecha, en una redacción de la norma que puede suscitar alguna confusión, las Universidades deberán solicitar que se les compense por el resto de los ingresos dejados de percibir, solicitud que deberá ir acompañada de la correspondiente certificación universitaria en la que se acrediten todos los datos necesarios para el abono de las ayudas (número de beneficiarios de las ayudas, su relación nominativa, y especificación del importe individual y total dejado de percibir por la Universidad).
¿Habrán puesto mejor cara los responsables de las gerencias después de la lectura del párrafo anterior? Es posible que sea así en parte, pero siempre les quedará la duda de si se va a cumplir la rapidez en el pago, porque han tenido anteriores experiencias en otros ámbitos académicos en los que la rapidez no ha sido la nota predominante.
Por otra parte, me parece positivo que la matrícula gratuita del segundo año esté condicionada a la superación del 80 % de los créditos del curso anterior, ya que todo aquello que incentive la participación activa del alumnado en la vida universitaria, y más con la puesta en marcha del conocido como Plan Bolonia, debe ser entendido como mecanismo adecuado para mejorar la calidad de la actividad universitaria. Sería un contrasentido, salvo casos excepcionales, que la matrícula gratuita pudiera dispensarse sin haber superado un porcentaje determinado de evaluación del curso anterior (podrá discutirse si el porcentaje es más o menos elevado, pero no el hecho de que deba cumplirse).
Repárese, en fin, en la obligación que asume el estudiante de matricularse de un curso completo, tal como dispone el artículo 4 f) “de acuerdo con el correspondiente plan de estudios”. Ahora bien, el hecho de que encuentre trabajo durante el curso académico y que esa circunstancia le lleve al abandono de los estudios o a la no presentación de exámenes con los que puedan obtenerse, si la valoración es positiva, más de 1/3 de los créditos matriculados, no será considerado motivo de devolución de la cantidad no abonada en concepto de matrícula, siempre y cuando el alumno convertido a trabajador “lo acredite debidamente”. Dicha acreditación deberá producirse a mi entender con los medios de prueba suficientes para demostrar que ha formalizado una relación de trabajo por cuenta ajena (contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social) o por cuenta propia (alta en el RETA o en la mutualidad correspondiente, alta en el Impuesto de Actividades Económicas, …). Por el contrario, la mera anulación de la matrícula sí obligará a la devolución de la ayuda percibida, ya que la norma no establece ninguna excepción a la regla general.
EL NUEVO Y CAMBIANTE MUNDO DEL TRABAJO. UNA MIRADA ABIERTA Y CRÍTICA A LAS NUEVAS REALIDADES LABORALES
jueves, 20 de agosto de 2009
Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juliol de 2009.
1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui dijous, 20 d’agost, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de juliol.
En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels set primers mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:
A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juliol, hi ha un total de 1.934.877 estrangers afiliats, dels quals 682.248 són comunitaris (399.807 homes i 282.441 dones), i 1.252.629 són extracomunitaris (702.493 homes i 550.136 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 10,08 %, quatre centèsimes menys que amb dades del mesos de juny de 2008 i 2009. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juliol de 2008 era de 2.151.880. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 217.003 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment d’afiliació en el regim general (22.607), que continua la tendència iniciada el mes d’abril. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, segueix la disminució de l’afiliació, que ha passat dels 224.156 del mes de desembre de 2008 als actuals 205.178.
Per règims, el 68,51 % pertany al general, el 9,02 % al règim de la llar familiar, el 11,54 % a l’agrari, el 10,60 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,04% al del carbó.
Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juliol, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (440.304, 22,76 % %), seguida de Madrid (411.058, 21,24 %), Andalusia (214.048, 11,06 %) i la Comunitat Valenciana (205.417, 10,62 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 54.023 persones, un 10,93 %.
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (268.373), i els marroquins es situen en la segona posició amb 238.569 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (204.093), seguits dels colombians amb 129.326, dels peruans amb 78.860, dels xinesos amb 73.940, dels bolivians amb 69.709, dels italians amb 67.784, i dels portuguesos amb 62.124. Cal destacar la dada de la disminució de l’afiliació de treballadors del Marroc en un nombre de 8.408 persones durant el mes de juliol.
Hem de dir, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.
En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 219.960, un 16,59 %, dels quals 144.887 són no comunitaris, i en el de l’hostaleria (297.755, 22,46 %), dels quals 201.210 són no comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment dels àmbits del comerç (reparació de vehicles de motor i bicicletes) amb 209.409 afiliats (15,80 %), dels quals 144.060 són no comunitaris, i de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 150.079 treballadors, un 11,32 % del total, dels quals 110.169 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (42.702, 20,81 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (31.500), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.830, 25,26 %).
3. La mitja del mes de juliol d’afiliats estrangers a Catalunya és de 440.334, dels quals 118.907 són comunitaris i 321.396 són extracomunitaris.
Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.
En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 51.411 (14,81 %), dels quals 41.146 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 59.180 afiliats (17,05 %), dels quals 43.149 són no comunitaris; el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 68.021 (19,60 %), dels quals 51.692 són no comunitaris; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 41.726 afiliats (12,02 %), dels quals 33.222 són extracomunitaris, i en cinquè lloc es troba la indústria manufacturera, amb 40.153 (11,57 %), dels quals 28.646 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (6.683, 16,81 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.413, 23,67 %).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (62.982), seguits dels equatorians (40.596), dels romanesos (35.237), dels colombians (23.820), dels italians (21.217), dels xinesos (20.739), dels bolivians (19.814), dels peruans (19.523), dels francesos (14.241), dels argentins (13.991), dels pakistanesos (11.701), i del dominicans (8.541).
En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Les dades detallades d’afiliació de la població estrangera dels mesos restants del segon semestre de l’any 2008 i dels set primers mesos de 2009 segueixen el mateix criteri que les del mes de juliol; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:
A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juliol, hi ha un total de 1.934.877 estrangers afiliats, dels quals 682.248 són comunitaris (399.807 homes i 282.441 dones), i 1.252.629 són extracomunitaris (702.493 homes i 550.136 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 10,08 %, quatre centèsimes menys que amb dades del mesos de juny de 2008 i 2009. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juliol de 2008 era de 2.151.880. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 217.003 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment d’afiliació en el regim general (22.607), que continua la tendència iniciada el mes d’abril. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, segueix la disminució de l’afiliació, que ha passat dels 224.156 del mes de desembre de 2008 als actuals 205.178.
Per règims, el 68,51 % pertany al general, el 9,02 % al règim de la llar familiar, el 11,54 % a l’agrari, el 10,60 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,04% al del carbó.
Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juliol, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (440.304, 22,76 % %), seguida de Madrid (411.058, 21,24 %), Andalusia (214.048, 11,06 %) i la Comunitat Valenciana (205.417, 10,62 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 54.023 persones, un 10,93 %.
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (268.373), i els marroquins es situen en la segona posició amb 238.569 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (204.093), seguits dels colombians amb 129.326, dels peruans amb 78.860, dels xinesos amb 73.940, dels bolivians amb 69.709, dels italians amb 67.784, i dels portuguesos amb 62.124. Cal destacar la dada de la disminució de l’afiliació de treballadors del Marroc en un nombre de 8.408 persones durant el mes de juliol.
Hem de dir, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la nova classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb el CNAE anteriorment vigent. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.
En el règim general de la Seguretat Social destaca encara el nombre d’afiliats en el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 219.960, un 16,59 %, dels quals 144.887 són no comunitaris, i en el de l’hostaleria (297.755, 22,46 %), dels quals 201.210 són no comunitaris i que ocupa la primera posició. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment dels àmbits del comerç (reparació de vehicles de motor i bicicletes) amb 209.409 afiliats (15,80 %), dels quals 144.060 són no comunitaris, i de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 150.079 treballadors, un 11,32 % del total, dels quals 110.169 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, és també molt important la presència del sector de la construcció (42.702, 20,81 % del total), amb una participació majoritària dels comunitaris (31.500), i també destaca la de comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.830, 25,26 %).
3. La mitja del mes de juliol d’afiliats estrangers a Catalunya és de 440.334, dels quals 118.907 són comunitaris i 321.396 són extracomunitaris.
Per règims, el 68,79 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.
En el règim general de SS, els afiliats en el sector de la construcció són 51.411 (14,81 %), dels quals 41.146 són no comunitaris, i ocupen el tercer lloc; el segon lloc és per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 59.180 afiliats (17,05 %), dels quals 43.149 són no comunitaris; el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 68.021 (19,60 %), dels quals 51.692 són no comunitaris; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 41.726 afiliats (12,02 %), dels quals 33.222 són extracomunitaris, i en cinquè lloc es troba la indústria manufacturera, amb 40.153 (11,57 %), dels quals 28.646 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància del sector de la construcció (6.683, 16,81 % del total,) i del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.413, 23,67 %).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (62.982), seguits dels equatorians (40.596), dels romanesos (35.237), dels colombians (23.820), dels italians (21.217), dels xinesos (20.739), dels bolivians (19.814), dels peruans (19.523), dels francesos (14.241), dels argentins (13.991), dels pakistanesos (11.701), i del dominicans (8.541).
miércoles, 19 de agosto de 2009
Nuevas medidas estatales de empleo para trabajadores autónomos y de fomento de la economía social (cooperativas y sociedades laborales) (y II).
VI. Paso ya a examinar cuáles son las modificaciones incorporadas en el RD 1300/2009 y que guardan relación con los acuerdos parlamentarios y en el marco del diálogo social.
A) La Ley 45/2002, de 12 de diciembre, regula medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, y en su disposición transitoria cuarta regula concretamente el programa de fomento de empleo en economía social y empleo autónomo. A efectos de la capitalización de la prestación por desempleo el texto ahora modificado disponía lo siguiente:
“La entidad gestora podrá abonar el valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, siempre que no hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades superior a los 24 meses, o constituirlas, o cuando dichos beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas con minusvalía igual o superior al 33 %”.
La modificación operada, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, suprime el requisito de no haber mantenido un vínculo contractual con la empresa superior a 24 meses. Se argumenta dicha modificación por considerar que el mantenimiento de ese límite en una situación de crisis como la actual dificulta que el desempleado pueda acceder a una empresa de economía social como socio trabajador o de trabajo, y que la supresión conllevará “dotar de mayores posibilidades de viabilidad y refuerzo en el empleo de las cooperativas y sociedades laborales”.
En la misma disposición transitoria se indicaba que “Lo previsto en las reglas 1 y 2 también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 % En el caso de la regla 1, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 % del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir”.
La modificación operada, que también tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, supone incrementar la cuantía del 60 % hasta el 80 % cuando la persona que solicita la capitalización, es decir el momento de toma en consideración de la edad es la fecha de la solicitud, tenga hasta 30 años si es varón o 35 si es mujer, ambos inclusive. Dicho sea incidentalmente, obsérvese como se incrementa de forma gradual y paulatina el concepto de joven (en este caso referido a las mujeres, pero no hay ninguna razón para pensar que no pueda extenderse a los varones más adelante) a efectos de acceder a determinadas medidas de fomento de empleo.
Si bien la medida, como acabo de indicar, es de carácter temporal, se deja la puerta abierta, y por consiguiente parece difícil pensar que se vuelva hacia atrás en la regulación normativa, a que se amplíe su vigencia a partir de 2011, ampliación que estará condicionada a que el gobierno valore la eficiencia de la medida y su capacidad para generar empleo “de forma significativa”. Dicha decisión deberá adoptarla tras las pertinentes consultas no sólo con los agentes sociales más representativos sino también con las asociaciones de autónomos y organizaciones de la economía social afectadas.
B) El Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, regula las medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, y dedica su artículo 5 a las bonificaciones por la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo. En su número 1 dispone que
“Los empleadores que contraten indefinidamente hasta el 31 de diciembre de 2009 a trabajadores desempleados beneficiarios de las prestaciones o los subsidios por desempleo regulados en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, o de la Renta Activa de Inserción, tendrán derecho a una bonificación del 100 por ciento en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes hasta que la cuantía de la bonificación alcance un importe equivalente a la cuantía bruta de la prestación, subsidio o Renta Activa de Inserción que tuviera pendiente de percibir en la fecha de inicio de la relación laboral, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar los tres años de duración”.
Y en el número 3 concreta que “En el caso de desempleados beneficiarios de la prestación contributiva, el trabajador deberá haber percibido la prestación durante, al menos, tres meses en el momento de la contratación”.
Pues bien, el RD 1300/2009 regula una nueva medida de incentivación a la contratación de trabajadores asalariados por parte de los autónomos, de acuerdo con las resoluciones parlamentarias y los pactos alcanzados en el diálogo social. Cuando la contratación sea la primera que realiza el autónomo con carácter indefinido, se trate de una persona desempleada que no entre en el supuesto del artículo 5 del RDL 2/2009, y no hubiera tenido trabajadores asalariados contratados durante los 3 meses anteriores a la contratación, tendrá derecho a disfrutar de una bonificación del 50 % durante un período máximo de 24 meses en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, que se aplicará con carácter automático en los documentos de cotización.
En la introducción del texto se califica de “medida novedosa” la nueva contratación, y se expone que esta nueva bonificación se complementa con aquellas a las que se pueda acceder por la regulación del RDL 2/2009. Si bien la norma, recordémoslo, entra en vigor mañana, deberá esperarse para poder formalizarse el nuevo contrato a disponer del modelo oficial que facilite el Servicio Público de Empleo Estatal y que es de prever, lógicamente, que esté rápidamente publicado en su web. El artículo 2 remite al programa de fomento de empleo de la Ley 43/2006 en todo lo que no esté establecido en el mismo.
C) Con el objeto de favorecer la situación económica de las cooperativas y las sociedades laborales, se modifican algunos preceptos del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, así como también del Real Decreto 372/2001 de 6 de abril por el que se modifica el anterior, que versan sobre la amortización de las deudas de estas empresas de economía social al FGS. Se justifica la modificación por las diferencias existentes sobre los requisitos para eximir del pago de la deuda las cantidades por prestaciones abonadas por el FGS, y de ahí que la norma objeto ahora de comentario aproveche la oportunidad para “unificar y hacer más coherente el régimen que regula los requisitos de esta exención”.
Recordemos cuál era la regulación anterior. Los números 5 y 6 del RD 505/1985 de 6 de julio, en redacción del RD 372/2001 de 6 de abril, ahora modificados, disponían que
“5. No obstante lo anterior, cuando los beneficiarios de las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial fueran trabajadores que, tras cesar en la empresa en la que prestaban servicios, constituyan una sociedad laboral, una cooperativa de trabajo asociado u otro tipo de cooperativa, a cuyos socios trabajadores les sea de aplicación las normas establecidas para los socios trabajadores de las mencionadas cooperativas de trabajo asociado, no procederá la devolución de las prestaciones recibidas, si éstas han sido íntegramente aportadas a la sociedad o cooperativa constituida, como capital social.
6. Si la sociedad, por cualquier causa, perdiera su calificación de laboral en un plazo de quince años a contar desde su constitución, deberá restituir al Fondo de Garantía Salarial las cantidades que les fueron abonadas por dicho Organismo a sus socios trabajadores en concepto de salarios o indemnizaciones adeudadas por la empresa precedente.
Esto mismo será de aplicación si en dicho plazo causa baja como socio de la sociedad laboral o cooperativa de las referidas en el apartado anterior, cualquiera de los socios trabajadores que hubieran percibido las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial y que fueron aportadas a la constitución de la propia sociedad laboral o cooperativa, en cuanto a la parte correspondiente al socio que causa baja”.
Con la nueva redacción dada por el RD 1300/2009, en el número 5 se sustituye el inciso “no procederá la devolución de las prestaciones recibidas, si éstas han sido íntegramente aportadas a la sociedad o cooperativa constituida, como capital social” por el de “no procederá la devolución de las prestaciones recibidas, siempre que el importe de las deudas derivadas de las mismas haya sido íntegramente aportado a la sociedad o cooperativa constituida, como capital social.». Por su parte, al final del número 6 se añade, con referencia al socio que cause baja, “salvo que la baja se haya producido por causas ajenas a la autonomía de la voluntad de las partes, como el fallecimiento, incapacidad permanente o la jubilación del socio trabajador y siempre que no suponga la disminución del nivel de empleo que tenía la sociedad a la fecha de su constitución.».
D) En el mismo ámbito, se procede a la modificación de la disposición transitoria única del RD 372/2001, cuya redacción original disponía que “Lo dispuesto en los apartados cinco y seis del artículo 2 del Real Decreto 505/1985 de 6 de marzo, será de aplicación a los convenios de recuperación firmados entre el Fondo de Garantía Salarial y las sociedades laborales o cooperativas referidas en el mencionado apartado cinco, existentes a la entrada en vigor del presente Real Decreto, respecto a las cantidades pendientes de vencer en dicha fecha”.
En la nueva redacción, y en coherencia con la redacción de la disposición adicional undécima de la Ley 43/2006, dedicada justamente a la amortización de deudas de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado con el FGS, se añade el siguiente contenido inmediatamente al final del texto: “siempre que acrediten que el importe del principal pendiente de vencer se ha aportado, por cualquier medio, como capital social a las mismas y que han mantenido su calificación laboral durante el plazo establecido en el citado apartado seis. Esta disposición también será de aplicación a las sociedades laborales o cooperativas que se hayan subrogado en convenios de recuperación, firmados originariamente por sus empresas antecesoras y el Fondo de Garantía Salarial, siempre que éstas tuvieran a la fecha de la firma el carácter de sociedad laboral o cooperativa. En ningún caso procederá la devolución por el Fondo de Garantía Salarial de las cantidades ya abonadas por las sociedades cooperativas o laborales en cumplimiento de convenios de recuperación firmados con anterioridad al 8 de abril de 2001”.
E) Por último, y tal como he indicado al inicio de mi exposición, se aprovecha la publicación de esta norma para modificar el texto del artículo 22 del Real Decreto 625/1985 de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984 de 2 de agosto de protección por desempleo, precepto que regula las “normas específicas de tramitación de la prestación por desempleo, aplicables a los expedientes de regulación de empleo”, y se le añade un nuevo apartado.
La justificación de la modificación radica, según puede leerse en la introducción del texto, en el cada vez mayor número de expedientes de suspensión temporal de contratos (modalidad de ERE incentivada, no se olvide, por las modificaciones en la reposición de las prestaciones por desempleo operada por el RDL 2/2009 de 6 de marzo y como mecanismo tendente a tratar de disminuir el número de ERES de extinción de contratos) y la necesidad de establecer, “por seguridad jurídica y para simplificar y agilizar la gestión de las prestaciones”, el coeficiente multiplicador aplicable a los días laborables cuando la suspensión, ya sea por ERE o por resolución judicial en un expediente concursal, afecta sólo a estos.
De tal forma, el nuevo número 6 del citado artículo 22 dispone que en tales supuestos, y a efectos del pago y consumo de las prestaciones por desempleo, “a fin de computar la parte proporcional del descanso semanal, dichos días laborables se multiplicarán por el coeficiente 1,25, salvo en el supuesto de que la suspensión afecte a cinco o seis días laborables consecutivos, en que se abonarán y consumirán siete días. Dicho coeficiente se aplicará sobre el total de los días laborables del mes, sin que en ningún caso la suma de los días a percibir por el trabajador en concepto de salarios y de prestaciones por desempleo puedan superar los días naturales de dicho mes”.
A) La Ley 45/2002, de 12 de diciembre, regula medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, y en su disposición transitoria cuarta regula concretamente el programa de fomento de empleo en economía social y empleo autónomo. A efectos de la capitalización de la prestación por desempleo el texto ahora modificado disponía lo siguiente:
“La entidad gestora podrá abonar el valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, siempre que no hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades superior a los 24 meses, o constituirlas, o cuando dichos beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas con minusvalía igual o superior al 33 %”.
La modificación operada, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, suprime el requisito de no haber mantenido un vínculo contractual con la empresa superior a 24 meses. Se argumenta dicha modificación por considerar que el mantenimiento de ese límite en una situación de crisis como la actual dificulta que el desempleado pueda acceder a una empresa de economía social como socio trabajador o de trabajo, y que la supresión conllevará “dotar de mayores posibilidades de viabilidad y refuerzo en el empleo de las cooperativas y sociedades laborales”.
En la misma disposición transitoria se indicaba que “Lo previsto en las reglas 1 y 2 también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 % En el caso de la regla 1, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 % del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir”.
La modificación operada, que también tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, supone incrementar la cuantía del 60 % hasta el 80 % cuando la persona que solicita la capitalización, es decir el momento de toma en consideración de la edad es la fecha de la solicitud, tenga hasta 30 años si es varón o 35 si es mujer, ambos inclusive. Dicho sea incidentalmente, obsérvese como se incrementa de forma gradual y paulatina el concepto de joven (en este caso referido a las mujeres, pero no hay ninguna razón para pensar que no pueda extenderse a los varones más adelante) a efectos de acceder a determinadas medidas de fomento de empleo.
Si bien la medida, como acabo de indicar, es de carácter temporal, se deja la puerta abierta, y por consiguiente parece difícil pensar que se vuelva hacia atrás en la regulación normativa, a que se amplíe su vigencia a partir de 2011, ampliación que estará condicionada a que el gobierno valore la eficiencia de la medida y su capacidad para generar empleo “de forma significativa”. Dicha decisión deberá adoptarla tras las pertinentes consultas no sólo con los agentes sociales más representativos sino también con las asociaciones de autónomos y organizaciones de la economía social afectadas.
B) El Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, regula las medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, y dedica su artículo 5 a las bonificaciones por la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo. En su número 1 dispone que
“Los empleadores que contraten indefinidamente hasta el 31 de diciembre de 2009 a trabajadores desempleados beneficiarios de las prestaciones o los subsidios por desempleo regulados en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, o de la Renta Activa de Inserción, tendrán derecho a una bonificación del 100 por ciento en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes hasta que la cuantía de la bonificación alcance un importe equivalente a la cuantía bruta de la prestación, subsidio o Renta Activa de Inserción que tuviera pendiente de percibir en la fecha de inicio de la relación laboral, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar los tres años de duración”.
Y en el número 3 concreta que “En el caso de desempleados beneficiarios de la prestación contributiva, el trabajador deberá haber percibido la prestación durante, al menos, tres meses en el momento de la contratación”.
Pues bien, el RD 1300/2009 regula una nueva medida de incentivación a la contratación de trabajadores asalariados por parte de los autónomos, de acuerdo con las resoluciones parlamentarias y los pactos alcanzados en el diálogo social. Cuando la contratación sea la primera que realiza el autónomo con carácter indefinido, se trate de una persona desempleada que no entre en el supuesto del artículo 5 del RDL 2/2009, y no hubiera tenido trabajadores asalariados contratados durante los 3 meses anteriores a la contratación, tendrá derecho a disfrutar de una bonificación del 50 % durante un período máximo de 24 meses en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, que se aplicará con carácter automático en los documentos de cotización.
En la introducción del texto se califica de “medida novedosa” la nueva contratación, y se expone que esta nueva bonificación se complementa con aquellas a las que se pueda acceder por la regulación del RDL 2/2009. Si bien la norma, recordémoslo, entra en vigor mañana, deberá esperarse para poder formalizarse el nuevo contrato a disponer del modelo oficial que facilite el Servicio Público de Empleo Estatal y que es de prever, lógicamente, que esté rápidamente publicado en su web. El artículo 2 remite al programa de fomento de empleo de la Ley 43/2006 en todo lo que no esté establecido en el mismo.
C) Con el objeto de favorecer la situación económica de las cooperativas y las sociedades laborales, se modifican algunos preceptos del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, así como también del Real Decreto 372/2001 de 6 de abril por el que se modifica el anterior, que versan sobre la amortización de las deudas de estas empresas de economía social al FGS. Se justifica la modificación por las diferencias existentes sobre los requisitos para eximir del pago de la deuda las cantidades por prestaciones abonadas por el FGS, y de ahí que la norma objeto ahora de comentario aproveche la oportunidad para “unificar y hacer más coherente el régimen que regula los requisitos de esta exención”.
Recordemos cuál era la regulación anterior. Los números 5 y 6 del RD 505/1985 de 6 de julio, en redacción del RD 372/2001 de 6 de abril, ahora modificados, disponían que
“5. No obstante lo anterior, cuando los beneficiarios de las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial fueran trabajadores que, tras cesar en la empresa en la que prestaban servicios, constituyan una sociedad laboral, una cooperativa de trabajo asociado u otro tipo de cooperativa, a cuyos socios trabajadores les sea de aplicación las normas establecidas para los socios trabajadores de las mencionadas cooperativas de trabajo asociado, no procederá la devolución de las prestaciones recibidas, si éstas han sido íntegramente aportadas a la sociedad o cooperativa constituida, como capital social.
6. Si la sociedad, por cualquier causa, perdiera su calificación de laboral en un plazo de quince años a contar desde su constitución, deberá restituir al Fondo de Garantía Salarial las cantidades que les fueron abonadas por dicho Organismo a sus socios trabajadores en concepto de salarios o indemnizaciones adeudadas por la empresa precedente.
Esto mismo será de aplicación si en dicho plazo causa baja como socio de la sociedad laboral o cooperativa de las referidas en el apartado anterior, cualquiera de los socios trabajadores que hubieran percibido las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial y que fueron aportadas a la constitución de la propia sociedad laboral o cooperativa, en cuanto a la parte correspondiente al socio que causa baja”.
Con la nueva redacción dada por el RD 1300/2009, en el número 5 se sustituye el inciso “no procederá la devolución de las prestaciones recibidas, si éstas han sido íntegramente aportadas a la sociedad o cooperativa constituida, como capital social” por el de “no procederá la devolución de las prestaciones recibidas, siempre que el importe de las deudas derivadas de las mismas haya sido íntegramente aportado a la sociedad o cooperativa constituida, como capital social.». Por su parte, al final del número 6 se añade, con referencia al socio que cause baja, “salvo que la baja se haya producido por causas ajenas a la autonomía de la voluntad de las partes, como el fallecimiento, incapacidad permanente o la jubilación del socio trabajador y siempre que no suponga la disminución del nivel de empleo que tenía la sociedad a la fecha de su constitución.».
D) En el mismo ámbito, se procede a la modificación de la disposición transitoria única del RD 372/2001, cuya redacción original disponía que “Lo dispuesto en los apartados cinco y seis del artículo 2 del Real Decreto 505/1985 de 6 de marzo, será de aplicación a los convenios de recuperación firmados entre el Fondo de Garantía Salarial y las sociedades laborales o cooperativas referidas en el mencionado apartado cinco, existentes a la entrada en vigor del presente Real Decreto, respecto a las cantidades pendientes de vencer en dicha fecha”.
En la nueva redacción, y en coherencia con la redacción de la disposición adicional undécima de la Ley 43/2006, dedicada justamente a la amortización de deudas de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado con el FGS, se añade el siguiente contenido inmediatamente al final del texto: “siempre que acrediten que el importe del principal pendiente de vencer se ha aportado, por cualquier medio, como capital social a las mismas y que han mantenido su calificación laboral durante el plazo establecido en el citado apartado seis. Esta disposición también será de aplicación a las sociedades laborales o cooperativas que se hayan subrogado en convenios de recuperación, firmados originariamente por sus empresas antecesoras y el Fondo de Garantía Salarial, siempre que éstas tuvieran a la fecha de la firma el carácter de sociedad laboral o cooperativa. En ningún caso procederá la devolución por el Fondo de Garantía Salarial de las cantidades ya abonadas por las sociedades cooperativas o laborales en cumplimiento de convenios de recuperación firmados con anterioridad al 8 de abril de 2001”.
E) Por último, y tal como he indicado al inicio de mi exposición, se aprovecha la publicación de esta norma para modificar el texto del artículo 22 del Real Decreto 625/1985 de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984 de 2 de agosto de protección por desempleo, precepto que regula las “normas específicas de tramitación de la prestación por desempleo, aplicables a los expedientes de regulación de empleo”, y se le añade un nuevo apartado.
La justificación de la modificación radica, según puede leerse en la introducción del texto, en el cada vez mayor número de expedientes de suspensión temporal de contratos (modalidad de ERE incentivada, no se olvide, por las modificaciones en la reposición de las prestaciones por desempleo operada por el RDL 2/2009 de 6 de marzo y como mecanismo tendente a tratar de disminuir el número de ERES de extinción de contratos) y la necesidad de establecer, “por seguridad jurídica y para simplificar y agilizar la gestión de las prestaciones”, el coeficiente multiplicador aplicable a los días laborables cuando la suspensión, ya sea por ERE o por resolución judicial en un expediente concursal, afecta sólo a estos.
De tal forma, el nuevo número 6 del citado artículo 22 dispone que en tales supuestos, y a efectos del pago y consumo de las prestaciones por desempleo, “a fin de computar la parte proporcional del descanso semanal, dichos días laborables se multiplicarán por el coeficiente 1,25, salvo en el supuesto de que la suspensión afecte a cinco o seis días laborables consecutivos, en que se abonarán y consumirán siete días. Dicho coeficiente se aplicará sobre el total de los días laborables del mes, sin que en ningún caso la suma de los días a percibir por el trabajador en concepto de salarios y de prestaciones por desempleo puedan superar los días naturales de dicho mes”.
Nuevas medidas estatales de empleo para trabajadores autónomos y de fomento de la economía social (cooperativas y sociedades laborales) (I).
I. El Boletín Oficial del Estado publica hoy miércoles el texto del “Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales”, que entrará en vigor mañana jueves y que se dicta al amparo de los títulos competenciales atribuidos al Estado en materia de régimen económico de la Seguridad Social y de legislación laboral (artículos 149.1.17ª y 149.1.7 de la Constitución, respectivamente).
La norma encuentra su origen, en gran medida, en resoluciones parlamentarias aprobadas durante esta legislatura y en los acuerdos alcanzados en el diálogo social sobre la problemática de los trabajadores autónomos, más concretamente en la denominada “Mesa del trabajo autónomo”, por lo que procederé en primer lugar a una somera explicación de tales antecedentes, para abordar después el contenido del RD 1300/2009, en el que por cierto se ha introducido una modificación de la normativa sobre prestaciones por desempleo que, aún y siendo digna de consideración, no me parece que encaje en el objetivo perseguido por el texto (si bien este desajuste es de muy poca importancia a mi parecer si lo comparamos con otros que se han producido con anterioridad, y cito como ejemplo significativo la regulación de la creación de la relación laboral especial de los abogados que prestan sus servicios en bufetes, en una norma que no tenía, literalmente, nada que ver con ordenamiento jurídico laboral).
II. El grupo parlamentario de Convergència i Unió presentó el 5 de marzo una interpelación en el Congreso de los Diputados “sobre las medidas de apoyo al colectivo de los trabajadores autónomos ante la crisis económicas que padecemos”. Tras su debate, se presentó una moción que fue aprobado por acuerdo de los grupos de la cámara el día 17 del mismo mes. Destaco de la misma aquellos apartados que me interesan a los efectos de comprobar cómo la norma comentada los ha recogido.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un Plan de Rescate para los Trabajadores Autónomos, que se traduzca en la adopción de medidas concretas y dotadas presupuestariamente en una triple dirección: mantener la actividad de los trabajadores autónomos, apoyar la creación de nuevo empleo por parte de los autónomos, y mejorar la protección de aquellos trabajadores autónomos que no van a poder seguir en su propia actividad. El Plan contendrá, entre otras medidas, las siguientes:
7. Impulsar la aplicación de las bonificaciones previstas en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, a las contrataciones que realicen los trabajadores autónomos, así como la creación de una bonificación del 50 por ciento de las cuotas sociales durante 24 meses para el primer asalariado con contrato indefinido del autónomo.
9. Incrementar el porcentaje de la prestación por desempleo susceptible de capitalización hasta el 80 por ciento para hombres jóvenes hasta 30 años y mujeres jóvenes hasta 35”.
III. Un mes y medio después, el diálogo social entre el gobierno y las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos en la mesa sectorial constituida al efecto llegó a buen puerto. El 5 de mayo se suscribía un importante acuerdo, del que destaco los aspectos más relacionados con el RD 1300/2009, tal como he hecho con anterioridad.
“Con el objeto de buscar medidas especificas que mediante su aprobación ayuden a resolver la situación de los autónomos ante la crisis, el Gobierno ha desarrollado un proceso de diálogo con las asociaciones de autónomos, UPTA, ATA y CEAT, partiendo de las propuestas recogidas en la Moción aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 17 de marzo, denominadas Plan de Rescate para los Autónomos.
Como resultado del dialogo en esta mesa de los autónomos se llega a los siguientes acuerdos:
1. Fomento del empleo autónomo: incrementar al 80% el porcentaje del abono del pago único de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años destinado a financiar inversión.
2. Fomento de la contratación laboral por los autónomos: introducir una bonificación del 50% en la cuota empresarial por contingencias comunes para el autónomo que contrate indefinidamente a su primer trabajador asalariado, siempre que este no se pueda acoger a la que contiene el Real Decreto-Ley 2/2009, consistente en una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes por la contratación de perceptores de la prestación por desempleo.
Estas dos medidas serán desarrolladas por medio de un Real Decreto, previa consulta con los interlocutores sociales”.
IV. Por último, debo referirme a la Resolución número 18, aprobada el 19 de mayo de 2009 con ocasión del debate sobre el Estado de la Nación, que casi reitera el texto adoptado en la mesa del diálogo social.
“En virtud de la Moción aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 17 de marzo, denominada Plan de Rescate para los Autónomos, el Gobierno ha desarrollado un proceso de diálogo con las asociaciones de autónomos que ha concluido con el Acuerdo de la Mesa del Trabajo Autónomo, por lo que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
A que en el plazo más breve posible lleve a término las medidas incluidas en el Acuerdo de la Mesa del Trabajo Autónomo de 5 de mayo de 2009.
Entre las diversas medidas del Acuerdo se destacan como compromisos a realizar por el Gobierno:
2. Fomentar el empleo autónomo y la contratación laboral del primer asalariado, por lo que se elevará hasta el 80% el porcentaje del pago único de la prestación por desempleo destinado a inversión para jóvenes de hasta 30 años de edad y mujeres hasta 35 que inicien una actividad como autónomos y se establece una bonificación del 50% en la cuota a la Seguridad Social por la contratación indefinida del primer trabajador del autónomo”.
V. En mi explicación, y una vez referenciados los ejes políticos del nuevo marco normativo, no debo olvidarme de que la actuación gubernamental tiene un punto de apoyo jurídico en la disposición final segunda de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en la que se autoriza al gobierno, al objeto de profundizar en los objetivos de la norma, para que “en función de la evolución que experimente el empleo, especialmente de los trabajadores que tengan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo o para el mantenimiento del empleo, pueda introducir, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, modificaciones en el Programa de Fomento del Empleo que se regula en el mismo, tanto en lo que se refiere a los colectivos beneficiarios, como a los incentivos aplicables y a las condiciones exigidas para su aplicación, y asimismo para que pueda establecer programas específicos para mejorar la formación y cualificación profesional y facilitar la estabilidad en el empleo y la reinserción laboral de los trabajadores que hubieran perdido su empleo como consecuencia de procesos de liberalización del comercio y de la globalización”. No hay duda de que el colectivo de trabajadores autónomos ha sido especialmente afectado por la crisis económica, y por ello el gobierno puede adoptar nuevas medidas que traten de fortalecer su presencia en el mercado de trabajo y que, al mismo tiempo, alienten la creación de empleo.
La norma encuentra su origen, en gran medida, en resoluciones parlamentarias aprobadas durante esta legislatura y en los acuerdos alcanzados en el diálogo social sobre la problemática de los trabajadores autónomos, más concretamente en la denominada “Mesa del trabajo autónomo”, por lo que procederé en primer lugar a una somera explicación de tales antecedentes, para abordar después el contenido del RD 1300/2009, en el que por cierto se ha introducido una modificación de la normativa sobre prestaciones por desempleo que, aún y siendo digna de consideración, no me parece que encaje en el objetivo perseguido por el texto (si bien este desajuste es de muy poca importancia a mi parecer si lo comparamos con otros que se han producido con anterioridad, y cito como ejemplo significativo la regulación de la creación de la relación laboral especial de los abogados que prestan sus servicios en bufetes, en una norma que no tenía, literalmente, nada que ver con ordenamiento jurídico laboral).
II. El grupo parlamentario de Convergència i Unió presentó el 5 de marzo una interpelación en el Congreso de los Diputados “sobre las medidas de apoyo al colectivo de los trabajadores autónomos ante la crisis económicas que padecemos”. Tras su debate, se presentó una moción que fue aprobado por acuerdo de los grupos de la cámara el día 17 del mismo mes. Destaco de la misma aquellos apartados que me interesan a los efectos de comprobar cómo la norma comentada los ha recogido.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un Plan de Rescate para los Trabajadores Autónomos, que se traduzca en la adopción de medidas concretas y dotadas presupuestariamente en una triple dirección: mantener la actividad de los trabajadores autónomos, apoyar la creación de nuevo empleo por parte de los autónomos, y mejorar la protección de aquellos trabajadores autónomos que no van a poder seguir en su propia actividad. El Plan contendrá, entre otras medidas, las siguientes:
7. Impulsar la aplicación de las bonificaciones previstas en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, a las contrataciones que realicen los trabajadores autónomos, así como la creación de una bonificación del 50 por ciento de las cuotas sociales durante 24 meses para el primer asalariado con contrato indefinido del autónomo.
9. Incrementar el porcentaje de la prestación por desempleo susceptible de capitalización hasta el 80 por ciento para hombres jóvenes hasta 30 años y mujeres jóvenes hasta 35”.
III. Un mes y medio después, el diálogo social entre el gobierno y las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos en la mesa sectorial constituida al efecto llegó a buen puerto. El 5 de mayo se suscribía un importante acuerdo, del que destaco los aspectos más relacionados con el RD 1300/2009, tal como he hecho con anterioridad.
“Con el objeto de buscar medidas especificas que mediante su aprobación ayuden a resolver la situación de los autónomos ante la crisis, el Gobierno ha desarrollado un proceso de diálogo con las asociaciones de autónomos, UPTA, ATA y CEAT, partiendo de las propuestas recogidas en la Moción aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 17 de marzo, denominadas Plan de Rescate para los Autónomos.
Como resultado del dialogo en esta mesa de los autónomos se llega a los siguientes acuerdos:
1. Fomento del empleo autónomo: incrementar al 80% el porcentaje del abono del pago único de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años destinado a financiar inversión.
2. Fomento de la contratación laboral por los autónomos: introducir una bonificación del 50% en la cuota empresarial por contingencias comunes para el autónomo que contrate indefinidamente a su primer trabajador asalariado, siempre que este no se pueda acoger a la que contiene el Real Decreto-Ley 2/2009, consistente en una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes por la contratación de perceptores de la prestación por desempleo.
Estas dos medidas serán desarrolladas por medio de un Real Decreto, previa consulta con los interlocutores sociales”.
IV. Por último, debo referirme a la Resolución número 18, aprobada el 19 de mayo de 2009 con ocasión del debate sobre el Estado de la Nación, que casi reitera el texto adoptado en la mesa del diálogo social.
“En virtud de la Moción aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 17 de marzo, denominada Plan de Rescate para los Autónomos, el Gobierno ha desarrollado un proceso de diálogo con las asociaciones de autónomos que ha concluido con el Acuerdo de la Mesa del Trabajo Autónomo, por lo que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
A que en el plazo más breve posible lleve a término las medidas incluidas en el Acuerdo de la Mesa del Trabajo Autónomo de 5 de mayo de 2009.
Entre las diversas medidas del Acuerdo se destacan como compromisos a realizar por el Gobierno:
2. Fomentar el empleo autónomo y la contratación laboral del primer asalariado, por lo que se elevará hasta el 80% el porcentaje del pago único de la prestación por desempleo destinado a inversión para jóvenes de hasta 30 años de edad y mujeres hasta 35 que inicien una actividad como autónomos y se establece una bonificación del 50% en la cuota a la Seguridad Social por la contratación indefinida del primer trabajador del autónomo”.
V. En mi explicación, y una vez referenciados los ejes políticos del nuevo marco normativo, no debo olvidarme de que la actuación gubernamental tiene un punto de apoyo jurídico en la disposición final segunda de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en la que se autoriza al gobierno, al objeto de profundizar en los objetivos de la norma, para que “en función de la evolución que experimente el empleo, especialmente de los trabajadores que tengan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo o para el mantenimiento del empleo, pueda introducir, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, modificaciones en el Programa de Fomento del Empleo que se regula en el mismo, tanto en lo que se refiere a los colectivos beneficiarios, como a los incentivos aplicables y a las condiciones exigidas para su aplicación, y asimismo para que pueda establecer programas específicos para mejorar la formación y cualificación profesional y facilitar la estabilidad en el empleo y la reinserción laboral de los trabajadores que hubieran perdido su empleo como consecuencia de procesos de liberalización del comercio y de la globalización”. No hay duda de que el colectivo de trabajadores autónomos ha sido especialmente afectado por la crisis económica, y por ello el gobierno puede adoptar nuevas medidas que traten de fortalecer su presencia en el mercado de trabajo y que, al mismo tiempo, alienten la creación de empleo.
martes, 18 de agosto de 2009
Incentivación de la contratación en el sector agrícola de las Islas Canarias.
El Boletín Oficial autonómico publica hoy martes la Resolución de 7 de agosto de 2009, por la que se aprueban las bases de vigencia temporal del programa de subvenciones dirigidas a los empresarios agrícolas dedicados al cultivo de determinadas hortalizas, así como de flores y plantas ornamentales, que contraten trabajadores desempleados, y por la que se procede a la aprobación de la convocatoria para el ejercicio 2009
La norma, que entrará en vigor mañana, tiene por finalidad regular las bases, de vigencia temporal, por la que se regirán la concesión de subvenciones para incentivar la contratación de personas desempleadas por empresas dedicadas al cultivo de las hortalizas del tomate y del pepino, y también al cultivo de las flores y plantas ornamentales, al mismo tiempo que abre la convocatoria para el año en curso. La regulación de ayudas dirigidas a estas empresas se justifica tanto por su peso en el sector agrícola (24,7 % de la producción), como por las especialidades dificultades que han padecido en los últimos tiempos, y de ahí que su vigencia sea temporal, ya que el gobierno autonómico reconoce que supone “un favorecimiento económico para un sector concreto, por más que dicho sector haya demostrado ser lícito merecedor de ello”.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 150.000 euros (distribuida en 60.000,00 euros, 60.000,00 euros, y 30.000,00 euros). La tramitación se efectuará en régimen de convocatoria abierta, pudiendo ser objeto de subvención los contratos que se formalicen entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009. Se fijan tres plazos para la presentación de solicitudes y para la consiguiente resolución de las mismas, que incluyen los meses de enero a mayo, de junio a agosto, y el de septiembre. En el primero, la solicitud debe presentarse en los 10 días siguientes al de la publicación de la norma, mientras que en el segundo los 10 días se computarán a partir del 1 de septiembre y en el tercero a partir del 1 de octubre. La autoridad administrativa laboral debe dictar la resolución en el plazo de mes a partir de la finalización del de presentación de las solicitudes. Para valorar las solicitudes se tomará en consideración el mayor número de contratos a formalizar, su carácter indefinido, el mayor número de contratos fijos discontinuos, la mayor duración media y la mayor jornada, y si hubiera un empate después de la evaluación la norma acude al criterio de la rapidez en la presentación de la solicitud, es decir se otorga preferencia a la solicitud de la entidad “que se hubiera presentado con mayor prontitud, según la fecha y número de registro de entrada en el SCE”.
La contratación debe efectuarse con trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo. El período de inscripción mínima como demandante para poder ser contratado será de 1 mes salvo que se trate de personas que pertenezcan a uno de estos colectivos: menores de 30 años o mayores de 45 en la fecha de formalización del contrato, mujeres, personas con discapacidad y perceptores de la prestación canaria de inserción.
La subvención por contrato indefinido a jornada completa oscilará entre 3.000 y 4.000 euros según la tipología de la persona contratada, y la misma cuantía se aplicará a la conversión de contratos temporales en indefinidos, con reducción proporcional cuando el contrato se formalice a tiempo parcial (no inferior al 50 % de la jornada habitual). Cuando se conviertan los contratos temporales a fijos discontinuos a jornada completa, la subvención oscilará entre 500 y 900 euros si la duración mínima es de un mes completo dentro del año, cantidad que se incrementará con 200 euros por cada mes suplementario, con la correspondiente reducción proporcional si el contrato se formaliza a tiempo parcial.
Si se trata de contratos de duración determinada, de duración mínima de 4 meses y a jornada completa, la cuantía se situará entre 400 y 600 euros, con la misma reducción en caso de contratación a tiempo parcial. En este supuesto, la subvención se incrementará en 100 euros por cada mes que pase del sexto, con el límite del importe máximo de la contratación indefinida.
Los puestos de trabajo en los que presta servicio el trabajador con contrato subvencionado deberán mantenerse como mínimo durante 3 años si se trata de contrataciones indefinidas, y durante toda la duración de contrato temporal.
Dichas subvenciones serán incompatibles con cualesquiera otras que puedan percibirse para la misma finalidad de administraciones públicas o entidades privadas, salvo con el programa estatal de fomento de empleo consistente en bonificación de cuotas empresariales a la Seguridad Social.
La norma, que entrará en vigor mañana, tiene por finalidad regular las bases, de vigencia temporal, por la que se regirán la concesión de subvenciones para incentivar la contratación de personas desempleadas por empresas dedicadas al cultivo de las hortalizas del tomate y del pepino, y también al cultivo de las flores y plantas ornamentales, al mismo tiempo que abre la convocatoria para el año en curso. La regulación de ayudas dirigidas a estas empresas se justifica tanto por su peso en el sector agrícola (24,7 % de la producción), como por las especialidades dificultades que han padecido en los últimos tiempos, y de ahí que su vigencia sea temporal, ya que el gobierno autonómico reconoce que supone “un favorecimiento económico para un sector concreto, por más que dicho sector haya demostrado ser lícito merecedor de ello”.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 150.000 euros (distribuida en 60.000,00 euros, 60.000,00 euros, y 30.000,00 euros). La tramitación se efectuará en régimen de convocatoria abierta, pudiendo ser objeto de subvención los contratos que se formalicen entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2009. Se fijan tres plazos para la presentación de solicitudes y para la consiguiente resolución de las mismas, que incluyen los meses de enero a mayo, de junio a agosto, y el de septiembre. En el primero, la solicitud debe presentarse en los 10 días siguientes al de la publicación de la norma, mientras que en el segundo los 10 días se computarán a partir del 1 de septiembre y en el tercero a partir del 1 de octubre. La autoridad administrativa laboral debe dictar la resolución en el plazo de mes a partir de la finalización del de presentación de las solicitudes. Para valorar las solicitudes se tomará en consideración el mayor número de contratos a formalizar, su carácter indefinido, el mayor número de contratos fijos discontinuos, la mayor duración media y la mayor jornada, y si hubiera un empate después de la evaluación la norma acude al criterio de la rapidez en la presentación de la solicitud, es decir se otorga preferencia a la solicitud de la entidad “que se hubiera presentado con mayor prontitud, según la fecha y número de registro de entrada en el SCE”.
La contratación debe efectuarse con trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo. El período de inscripción mínima como demandante para poder ser contratado será de 1 mes salvo que se trate de personas que pertenezcan a uno de estos colectivos: menores de 30 años o mayores de 45 en la fecha de formalización del contrato, mujeres, personas con discapacidad y perceptores de la prestación canaria de inserción.
La subvención por contrato indefinido a jornada completa oscilará entre 3.000 y 4.000 euros según la tipología de la persona contratada, y la misma cuantía se aplicará a la conversión de contratos temporales en indefinidos, con reducción proporcional cuando el contrato se formalice a tiempo parcial (no inferior al 50 % de la jornada habitual). Cuando se conviertan los contratos temporales a fijos discontinuos a jornada completa, la subvención oscilará entre 500 y 900 euros si la duración mínima es de un mes completo dentro del año, cantidad que se incrementará con 200 euros por cada mes suplementario, con la correspondiente reducción proporcional si el contrato se formaliza a tiempo parcial.
Si se trata de contratos de duración determinada, de duración mínima de 4 meses y a jornada completa, la cuantía se situará entre 400 y 600 euros, con la misma reducción en caso de contratación a tiempo parcial. En este supuesto, la subvención se incrementará en 100 euros por cada mes que pase del sexto, con el límite del importe máximo de la contratación indefinida.
Los puestos de trabajo en los que presta servicio el trabajador con contrato subvencionado deberán mantenerse como mínimo durante 3 años si se trata de contrataciones indefinidas, y durante toda la duración de contrato temporal.
Dichas subvenciones serán incompatibles con cualesquiera otras que puedan percibirse para la misma finalidad de administraciones públicas o entidades privadas, salvo con el programa estatal de fomento de empleo consistente en bonificación de cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)