La prórroga del programa PREPARA. La protección extraordinaria por desempleo desde el PRODI.

Reproduzco en esta entrada del blog la primera parte del artículo "La prórroga del programa PREPARA. La protección extraordinaria por desempleo desde el PRODI", y remito a las personas interesadas en la materia a su lectura íntegra para conocer los avatares de la protección extraordinaria por desempleo iniciada en agosto de 2009 y que dos años más tarde continua por seguir existiendo la razones que aconsejaron su regulación.

I. Prórroga del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

1. El Consejo de Ministros aprobó el viernes 26 de agosto el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

El capítulo III lleva por título “medidas para favorecer la formación y protección de las personas desempleadas, e incluye un solo artículo en el que se regula la prórroga del programa PREPARA por un período de seis meses, programa regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011 de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas . La partida presupuestaria destinada al efecto (suplemento de crédito al presupuesto del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y más concretamente ampliación de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal) es de 50 millones de euros

En el preámbulo de la norma encontramos los argumentos que justifican, al parecer del gobierno, dicha prórroga, así como también las razones de la aprobación por la vía normativa del RDL para el que se requiere, según dispone en el artículo 86.1 de la Constitución, una extraordinaria y urgente necesidad. En primer lugar, el acuerdo alcanzado en sede parlamentaria el pasado 30 de junio con ocasión del debate sobre el estado de la Nación que llevó a la aprobación de la Resolución número 1, que con el título genérico de “Impulso de políticas sociales para garantizar la cohesión social” incluye un apartado específico, el número 4, en el que se insta al Gobierno a “Mantener los programas de recualificación profesional para las personas que agoten su prestación o subsidio por desempleo, que incluye un itinerario de inserción, la participación en las distintas medidas de política activa de empleo, así como la ayuda económica de acompañamiento” .

En segundo lugar, el Gobierno ha realizado la evaluación del programa PREPARA con anterioridad a su finalización, tal como dispone el apartado 10 del artículo 2 RDL 1/2011 (“Con el fin de analizar los resultados obtenidos por la aplicación de esta medida, se procederá a una evaluación de la misma, con anterioridad a la fecha de finalización de su vigencia”), del que se han beneficiado, según los datos gubernamentales, 105.000 personas. Con este datos y con las previsiones económicas que llevan a pensar con fundamento de causa que seguirá habiendo en los próximos meses un número importante de personas desempleadas que agotarán las prestaciones contributivas o subsidios a los que tengan derecho, el Gobierno considera que siguen existiendo las razones y motivos que justificaron la creación del programa PREPARA, continuación del programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI) aprobado en agosto de 2009, y por ello acuerda la prórroga semestral, con entrada en vigor el 16 de agosto (al día siguiente de la finalización del primer semestre de aplicación del programa PREPARA) y finalización el 15 de febrero de 2012. El RDL mantiene los requisitos previstos en el RDL 2/2011 para poder solicitar el acogimiento al programa; es decir, al tratarse de una prestación extraordinaria, sólo pueden solicitarla los trabajadores que extingan sus prestaciones contributivas o asistenciales por desempleo.

La justificación de su regulación por la vía de un RDL se argumenta tanto por la conveniencia como por la necesidad de que no existan vacios en la protección extraordinaria de las personas desempleadas entre la finalización del primer semestre de aplicación del programa PREPARA y su prórroga, y para que puedan acogerse al mismo, tanto para participar en programas de políticas activas de empleo como para percibir la ayuda económica de acompañamiento, las personas que, cumpliendo los requisitos legales, se encuentran sin trabajo y carecen de otros recursos, “sin los cuales existe el peligro de pasar a la situación de exclusión social”.

Al tratarse de un programa extraordinario, no pueden acogerse las personas que ya hayan percibido la ayuda económica del PRODI, ni tampoco quienes tengan derecho o hayan agotado el período de percepción de la Renta Activa de Inserción, ni los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que hayan agotado la renta agraria o el subsidio por desempleo.

Dicho sea incidentalmente, los datos estadísticos publicados mensualmente por el MTIN ponen de manifiesto el importante incremento que ha experimentado la RAI como medida de protección por desempleo con ocasión de la crisis económica, y muy especialmente en los últimos dos años: en junio de 2009 el número de perceptores era de 95.136, doce meses más tarde había crecido hasta 123.212 (un incremento del 29,5 %), y en junio de este año eran 185.376 personas (incremento anual del 50,5 %). La importancia de la RAI para la población extranjera desempleada es aún más significativa: de 6.002 perceptores en junio de 2009 se ha pasado a 11.288 y 23.802 en los mismos meses de 2010 y 2011, con un crecimiento interanual del 88,1 y 110,9 % respectivamente).

2. Dado que la prórroga del programa PREPARA remite al texto del artículo 2 del RDL 2/2011, que encuentra su origen más directo en el Acuerdo Económico y Social suscrito el 2 de febrero de 2011 por el gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales estatales más representativas, es necesario explicar el contenido más destacado de ambos textos. Igualmente, y en la medida en que no puede entenderse el programa extraordinario PREPARA sin conocer el programa anterior al que sustituyó, el PRODI, ya que tienen muchos elementos comunes, procederé también a la explicación del contenido más significativo de este último.

La reforma laboral… de 2010. Contrato para la formación y restricción al encadenamiento de contratos temporales. No hay que olvidar la historia.

Reproduzco en esta entrada del blog la introducción del artículo publicado sobre la regulación del contrato para la formación y el encadenamiento de contratos temporales en la reforma laboral de 2010, dos materias estrella de la reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros, y remito a las personas interesadas a su lectura. No conviene olvidar la historia, porque el legislador le dedicó mucha atención a estos dos ámbitos laborales, que ahora, a poco menos de un año en vigor, quedan en gran parte derogado el primero y suspendido por dos años el segundo.

Introducción.

El Consejo de Ministros celebrado ayer viernes, 26 de agosto, aprobó el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

Dos medidas contenidas en dicha norma son especialmente importantes: la regulación del “contrato para la formación y el aprendizaje”, y la suspensión durante dos años del artículo 15.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , que preveía la conversión en fijos de los contratos de duración determinada que superaran un determinado período de tiempo. Tales medidas, junto con las restantes modificaciones normativas introducidas por el RDL, serán objeto de atención detallada en otro comentario.

El propósito de esta entrada es “no olvidar la historia”. Hace todavía menos de un año se aprobó la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo , que encuentra su origen en el Real Decreto Ley 10/2010 de 16 de junio . La Ley 35/2010 introdujo importantes modificaciones en la regulación del contrato para la formación y en la normativa sobre el encadenamiento de contratos, que a partir de la entrada en vigor del RDL quedan derogadas.

Estudié con detenimiento toda la tramitación parlamentaria de la reforma laboral de 2010 desde el inicio del diálogo social en febrero de ese año y con particular atención a partir de las reuniones celebradas a mediados de junio . Considero de interés recoger ahora cuál fue el debate, y su posterior impacto normativo, sobre estas dos modificaciones “estrella” de la reforma laboral del bochornoso verano de 2011 (bochornoso por la humedad, ¡no sean mal pensados!) porque, aunque su vigencia haya sido de menos de un año, demuestra que la regulación de los contratos formativos y del encadenamiento de contratos (en especial en el ámbito de las Administraciones Públicas) ya preocupaba, y mucho, al legislador.
Al igual que he realizado en anteriores ocasiones, iniciaré mi explicación con el primer documento articulado de reforma laboral (junio 2010) y finalizaré con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados el 9 de septiembre y publicado en el BOE el 18 de septiembre como Ley 35/2010. Las reiteraciones que encontrarán los lectores y lectoras en el texto responden, conscientemente, al deseo de reflejar cómo cambió, o no, cada texto durante las diversas fases de la tramitación parlamentaria.

La creciente importancia del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en las políticas de empleo de los Estados de la Unión Europea.

1. La Comisión Europea hizo público el pasado lunes, 22 de agosto, su informe relativo a las actividades del FEAG durante 2010, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento CE nº 1927/2006 por el que se procedió a su creación.


El examen detallado del Informe revela la importancia que está adquiriendo el FEAG en el tratamiento de la crisis económica, con sus innegables repercusiones sobre el empleo, por parte de algunos Estados de la UE, destacando que España se sitúa en el segundo lugar por número de trabajadores beneficiarios de las ayudas desde la puesta en marcha del FEAG en 2007 (9.600), sólo superada por Irlanda (12.600). Como síntesis del documento, cabe decir que la Comisión valora muy positivamente la actividad del FEAG, que complementa las medidas adoptadas al amparo de otros fondos de la UE como el Fondo Social Europeo, afirmando que el desarrollo de su pleno potencial “ayudará cada vez más a los trabajadores despedidos de forma personalizada y adaptada, lo que mejorará sus oportunidades en el mercado de trabajo”.


2. Recordemos en primer lugar cuáles son las características más relevantes de la normativa del FEAG, para pasar después al estudio de los datos más significativos del Informe.


A) La creación del Fondo por el Reglamento (CE) nº 1927/2006 de 20 de diciembre, tuvo por finalidad contribuir a cubrir los costes sociales derivados del proceso de globalización económica cuando este impacte sobre las empresas radicadas en la UE e implique la pérdida de puestos de trabajo. Con el objetivo de minimizar ese impacto, la norma posibilitaba prestar ayuda “a los trabajadores despedidos como consecuencia de grandes cambios en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización cuando dichos despidos tengan una incidencia negativa importante en la economía regional o local”, y tiene por finalidad facilitar la reinserción en el mercado de trabajo de los trabajadores que pierdan sus empleos. Es decir, el Fondo financiaría medidas de política activa de empleo, básicamente de formación, orientación y reintegración laboral, con una atención especial a las personas discapacitadas o de más edad para que no abandonaran el mercado laboral, de tal forma que quedaba claro que el objetivo del Fondo era mantener el empleo “en el marco de un conjunto coordinado de servicios personalizados destinados a la reinserción laboral de los trabajadores que hayan perdido sus puestos de trabajo”. De forma taxativa la norma disponía en su artículo 3 que el Fondo “no financiará las medidas pasivas de protección social”.

Los criterios de intervención del Fondo se definieron en el artículo 2, y se delimitaron por el número de trabajadores afectados en un determinado período de tiempo, con un margen económico limitado de actuación (15 % del presupuesto) para dar cobertura a otras situaciones que no se ajustaran a las reglas anteriores, con especial atención a que el Fondo pudiera intervenir cuando los despidos tuvieran un grave impacto en el empleo y la economía local. La intervención comunitaria podría producirse cuando del expediente presentado por la autoridad correspondiente se dedujera con claridad que los despidos encontraban su razón de ser en “grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, que produzcan una grave perturbación económica como un incremento importante de las importaciones de la UE, una disminución acelerada de la cuota de mercado comunitaria en un determinado sector, o deslocalizaciones hacia terceros países”.

B) El Reglamento (CE) nº 546 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, modificó el Reglamento (CE) nº 1927/2006. La norma tenía por finalidad (y a juzgar por los datos estadísticos parece que lo ha conseguido) modificar la normativa de creación del Fondo para que pudiera intervenir de forma más eficaz ante la situación de crisis económica, con su indudable impacto sobre el empleo, que se vivía en 2009, y se sigue viviendo en muchos Estados, en el ámbito de la Unión Europea. A tal efecto, se ampliaron los supuestos en los que podría solicitarse su ayuda, se redujo el número de trabajadores afectados por las extinciones de contratos, se amplió temporalmente la tasa de cofinanciación a cargo del Fondo (como regla general pasó a ser del 50 %, con posibilidad de llegar al 65 %) y también el período durante el cual podían llevarse a cabo las acciones para las que se hubiera pedido, y obtenido, la ayuda (que pasa de 2 a 24 meses).

La modificación incorporada por el Reglamento de 2009 incluye un nuevo supuesto que permitirá la utilización del Fondo para las solicitudes que se presenten desde el 1 de mayo de ese año hasta el 31 de diciembre de 2011. Se trata de despidos que encuentren su razón de ser directa de la actual situación de crisis financiera y económica mundial, debiendo los Estados miembros que soliciten la ayuda establecer “un vínculo directo y demostrable entre los despidos y la crisis financiera y económica”.

En el Reglamento del año 2006 el número necesario de trabajadores afectados era de 1.000, mientras que la reforma lo redujo a 500. De tal manera, los dos supuestos básicos en los que intervendrá el Fondo serán los siguientes: cuando se produzca un despido de cómo mínimo 500 trabajadores de una empresa en un Estado miembro durante un período de cuatro meses, disponiendo la norma que en ese número se incluirán también los asalariados despedidos por los proveedores o los transformadores de productos de dicha empresa; cuando el número de afectados sea también como mínimo de 500, en un período de nueve meses, en particular en pymes en sectores determinado por la normativa comunitaria, o en una región o dos regiones continuas. También podrá intervenir el Fondo en pequeños mercados laborales o “en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por el Estado miembro”, o cuando los despidos tengan un grave impacto en el empleo y la economía local, aún cuando no se alcance dicho número de afectados. El artículo 2 regula de forma detallada la forma de cómputo del número de trabajadores afectados, con especial atención a la aplicación de la Directiva comunitaria de 1998 sobre despidos colectivos.

El Fondo complementará las acciones llevadas a cabo por los Estados y no financiará en ningún caso la reestructuración de empresas o sectores. Además, en todas las actuaciones deberá velarse, tanto por la Comisión como por los Estados miembros, por el respeto del principio de igualdad de hombres y mujeres, y por la evitación de cualquier discriminación con ocasión de acceso a las ayudas económicas del Fondo.

C) Por último, cabe indicar que la Comisión presentó el pasado 10 de junio una nueva propuesta de modificación del Reglamento del FEAG, que ha iniciado su debate entre los Estados miembros durante la presidencia polaca de la UE, por la que se propone prorrogar la excepción temporal relacionada con la crisis, que expira el 30 de diciembre de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2013, es decir, hasta el final del período de aplicación del Reglamento (CE) nº 1927/2006. Según la propuesta, “ello permitirá que los Estados miembros continúen presentando solicitudes de apoyo del FEAG a favor de trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis financiera y económica y disfrutando de una tasa de cofinanciación del FEAG del 65 %.”, argumentándose que la prórroga de la tasa del 65 % de cofinanciación del FEAG permitiría aliviar en cierta medida la carga que soporta la hacienda pública de los Estados miembros”. Sin duda, España está especialmente interesada en la prórroga, ya que, tal como he indicado con anterioridad, es el segundo país por número de trabajadores beneficiarios de las ayudas.

3. La Comisión recibió 31 solicitudes de contribución del FEAG en 2010, y adoptó el mismo número de decisiones de concesión de financiación, con un muy destacado incremento del 300 % de decisiones y del 60 % de cofinanciación, habiendo tenido la reforma de 2009 (por Reglamento CE nº 549/2009 de 18 de junio) un peso de primera magnitud en el incremento de las solicitudes y, consiguientemente, de la cofinanciación.

En efecto, 24 solicitudes fueron presentadas para tratar de dar respuesta a situaciones de extinción de contratos como consecuencia de la crisis financiera y económica mundial (reforma de 2009), mientras que sólo 7 fueron presentadas para hacer frente a los cambios estructurales del comercio mundial debidos a la globalización (texto originario de 2006). En cuanto a las solicitudes concedidas, a todas se les aplica la reforma de 2009, afectando a 23.688 trabajadores despedidos en nueve Estados, con una contribución del FEAG de ochenta y tres millones y medio de euros, es decir el 16,7 % del importe anual del que dispone el FEAG para llevar a cabo su actividad. La cantidad abonada ha sido un 60 % superior a la de 2009 (más de 52 millones), destacándose en el Informe que la experiencia ha mostrado que “los Estados miembros actualmente elaboran y presentan las solicitudes al FEAG de manera más eficaz que durante los primeros años”.

Según el informe, y de acuerdo con los objetivos y líneas de actuación fijadas en la normativa del FEAG, las medidas que fueron aprobadas “Consistían principalmente en una asistencia intensiva y personalizada en la búsqueda de un empleo y orientación profesional, una variada formación profesional, medidas de perfeccionamiento y reciclado, diversos incentivos y apoyos financieros temporales durante la búsqueda de empleo, medidas de formación y otras medidas activas del mercado laboral hasta el periodo efectivo de reinserción profesional, y otros tipos de actividades como la promoción del espíritu emprendedor y el empleo con apoyo”. De los cuatro informes finales presentados en 2010 (dos de ellos relativos a España), todos ellos de casos cuya duración estaba limitada a doce meses, se constata que el 20 % de los 3146 afectados, es decir 629 personas, habían encontrado trabajo por cuenta ajena o se habían instalado como autónomos al finalizar el período de aplicación de las ayudas del FEAG, mientras que el resto estaban en fase formativa (5 %) o bien se encontraban en situación de desempleo o inactivos. Recomiendo la lectura del Informe para conocer de forma detallada la evaluación de las medidas adoptadas en empresas del automóvil en Castilla y León y Aragón, y del textil en Cataluña.

Fueron un total de 12 Estados (República Checa, Polonia y Eslovenia lo hicieron por primera vez) que presentaron solicitudes, para un total de 31.995 trabajadores y por un importe cercando a 167 millones de euros, con afectación a diecisiete sectores de actividad. Destaca la importante actividad de España, que presentó seis solicitudes, que afectaban a los sectores del automóvil, textil, piedra y mármol, y confección al por menor) Las cantidades que se solicitaron por trabajador oscilaron entre 600 y 23.000 euros, dato que demuestra las diferencias existentes en el tipo y cuantía de las ayudas de cofinanciación solicitadas.

Las ayudas concedidas han afectado a 23.688 trabajadores (61,46 % hombres y 38,54 % mujeres). El 91,46 % eran ciudadanos de la UE, el 2,25 % (533) de países no UE, y para el 6,29 % no se disponía de información sobre su nacionalidad. Por edades, la ggran mayoría de beneficiarios se sitúan en la franja de los 25 a 54 años, concretamente 18.403, el 77,69 % del total.

Para tener una visión global de la actividad desarrollada por el FEAG desde su puesta en marcha en 2007, el Informe constata que se han presentado 73 solicitudes en veinticinco sectores hasta el 31 de diciembre de 2010, de ellas 8 en 2007, 5 en 2008, 29 en 2009 (influencia sin duda de la reforma) y 31 en 2010. Es decir, las solicitudes presentadas durante los dos últimos años han supuesto más del 82 % de las presentadas en el período cuatrienal. Tres sectores especialmente afectados por la crisis y por los cambios operados en el comercio mundial ocupan el ranking de las primeras plazas por número de trabajadores: automóvil (más de 18.000), textil (más de 11.000) y construcción de edificios (más de 10.000). Por cuantía de las ayudas económicas por trabajador, el primer puesto lo ocupa el sector de la construcción naval (algo más de 15.000 euros por persona), seguida por el de metales básicos (9.700 euros) y mantenimiento aeronáutico (8.700 euros). Las cuantías más bajas percibidas por cada trabajador afectado (1.000 euros) correspondieron a los sectores de muebles, comercio al por menor y textil.

Buena lectura del Informe.

Castilla y León. Subvenciones para la contratación de trabajadores. Nuevos yacimientos de empleo

El Diario oficial autonómico publica hoy viernes la Orden EYE/1037/2011, de 18 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a entidades locales, para la contratación de trabajadores en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo. La norma, que entra en vigor hoy mismo, deroga la Orden EYE/401/2009, de 19 de febrero (modificada).


La norma tiene por finalidad regular las bases que fijan las reglas a las que deberán ajustarse las entidades locales para poder contratar trabajadores en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo o bien para poder mantener a los que lo fueron en convocatorias anteriores. Se entienden por NYE los servicios de la vida cotidiana, los de mejora de la calidad de vida, de ocio, los medioambientales, y en general los “proyectos calificados de interés general por Resolución expresa de la Consejería competente en materia de empleo”. En la introducción del texto se destaca que la finalidad de este Programa, que toma como punto de referencia el Plan regional para el empleo para este año,” es la generación de empleo en sus diversas modalidades así como, potenciar el desarrollo endógeno y dinamizar el tejido productivo de los territorios donde se implanten los proyectos ejecutados al amparo del mismo”.


Se trata de personas desempleadas cuya contratación o mantenimiento ha de servir para realizar estudios, poner en marcha nuevos proyectos o iniciar proyectos que tengan su origen en estudios subvencionados en ejercicios anteriores. El importe máximo de la subvención podrá alcanzar hasta el 80% de los costes salariales totales, incluyendo la cuota empresarial de cotización a la Seguridad Social, con un máximo de 22.000 € por cada contratación objeto de subvención, con reducción proporcional si el contrato se formaliza a tiempo parcial.


En cualquier caso, la modalidad contractual deberá ser la obra o servicio determinado, a tiempo completo o a jornada parcial siempre y cuando sea como mínimo del 50 % de la ordinaria, disponiendo igualmente la norma que el período máximo subvencionado para el mismo proyecto no podrá superar los doce meses.


Según dispone la base 7.3, “Serán subvencionables las contrataciones que se realicen entre el 1 de julio y el 31 de octubre del año de la convocatoria o entre el 1 de julio y el 31 de octubre del año siguiente a su publicación si se trata de convocatorias anticipadas y tengan una duración de doce meses. Para aquellas entidades que hayan formalizado compromiso de contratación, la duración mínima será de 18 meses”.


La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, remitiéndose la concreción del plazo para la presentación de solicitudes a la correspondiente resolución de convocatoria de la subvención, si bien se fija el máximo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación. La autoridad administrativa laboral dispone de un máximo de tres meses para dictar resolución, a contar a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y en caso de no dictarla se entenderá desestimada la solicitud.

Se permite la compatibilidad de esta subvención con otras ayudas, subvenciones o recursos que el beneficiario pueda obtener para la misma actividad, en el bien entendido que el importe de las subvenciones no podrá superar en ningún caso el coste de la actividad subvencionada.

Cataluña. Convocatoria de las subvenciones para la realización de acciones de formación del Programa de cualificación profesional inicial

El Diario Oficial de la Generalitat publica hoy viernes, con entrada en vigor mañana, la Resolución EMO/2055/2011, de 8 de agosto, por la que se abre la convocatoria de las subvenciones para la realización de acciones de formación del programa de cualificación profesional inicial para el curso académico 2011-2012. La Resolución se dicta al amparo de lo dispuesto en la Orden TRE/371/2010, de 28 de junio, por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones de este programa.

Se trata de acciones que se dirigen de forma prioritaria a trabajadores en situación de desempleo. Se pretende proporcionar formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que permita una inserción social y laboral satisfactoria, así como la continuidad formativa a los jóvenes mayores de 16 años que no han obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria, debiendo responder también el programa a las necesidades de cualificación del mercado de trabajo del territorio. Serán beneficiarios de las subvenciones los centros y entidades de formación debidamente registrados que cumplan los requisitos para la impartición de los cursos. El artículo 14.4 dispone que El Servicio de Empleo de Cataluña “debe velar por una distribución diversificada y equilibrada de las acciones formativas en el territorio que dé respuesta a las necesidades ocupacionales de diferentes sectores productivos y de las diferentes comarcas de Cataluña, así como de las personas desempleadas y del colectivo destinatario de esta convocatoria”.

Los cursos van dirigidos a jóvenes entre 16 y 24 años que no dispongan del título de ESO, si bien también se incluyen a los jóvenes que cumplan los 16 años hasta el 31 de diciembre del año natural del inicio del programa. Como mínimo, el 90 % de las plazas deben reservarse a trabajadores en situación de desempleo. Para este curso académico se concede prioridad, una vez superado el proceso de selección, a estos colectivos: “las personas derivadas de un proceso de orientación de la oficina de trabajo o de la propia entidad, si es el caso; las personas trabajadoras en situación de desempleo que hayan agotado el periodo como beneficiarias de prestaciones por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios establecidos por la ley o bien hayan agotado algunos de estos subsidios o subvenciones (Prepara), incluidas sus prórrogas; las personas que no hayan realizado ninguna acción formativa en este ejercicio” (artículo 19.3).

El número de alumnos por cada acción formativa puede situarse entre 10 y 17, si bien se reducirá a la franja entre 8 y 15 cuando haya dos o más personas con discapacidad, y hasta 6-10 cuando todas las personas sean discapacitadas.

La partida presupuestaria asignada al efecto es de 7.000.000 de euros, distribuidos territorialmente, con una cofinanciación del 50 % a cargo del Fondo Social Europeo mediante el Programa operativo plurirregional de adaptabilidad y empleo para el periodo 2007-2013.

La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días hábiles a partir del siguiente de la publicación. La autoridad administrativa laboral dispone de 3 meses desde la fecha de finalización de presentación de solicitudes para dictar su resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada.

Para el próximo curso académico serán objeto de subvención los programas que se adapten a los perfiles profesionales recogidos en el anexo de la norma, debiendo iniciarse las acciones formativas antes del 15 de noviembre de este año y finalizar como máximo el 31 de julio de 2012, incluidas las prácticas profesionales en centros de trabajo. El Servicio de Empleo elaborará de forma periódica medidas e indicadores que permitan conocer tanto la eficacia del programa como su adecuación a las necesidades del trabajo.