1. Dinamarca, con un gobierno de centro-izquierda presidido por Helle Thorning-Schmidt, resultado de las últimas elecciones legislativas celebradas en septiembre de 2011, ha asumido la presidencia rotatoria de la Unión Europea durante el primer semestre de 2012. Su programa apuesta por centrar la atención en cuatro ámbitos de trabajo con carácter prioritario para intentar salir de la crisis en que se encuentra el viejo continente, que ejemplifica en estas cuatro palabras después de Europa: responsable, dinámica, verde y segura.
El gobierno danés apuesta por una Europa que tenga una política económica responsable que garantice unas finanzas públicas sólidas y que ponga en práctica las reformas estructurales necesarias para así poder avanzar en “la creación de un crecimiento y de empleos estables”. El dinamismo de la UE pasa por el desarrollo y consolidación del mercado único europeo en beneficio de los ciudadanos y de las empresas, considerándolo como indispensable para “garantizar el retorno del crecimiento y la mejora del empleo en Europa, tanto a corto como a largo plazo”. La Europa verde debe poner el acento en la transición hacia un nuevo modelo de producción y de consumo más ecológicos y menos contaminante. En fin, la seguridad de Europa pasa por una cooperación reforzada tanto en el propio seno de la UE como con los países vecinos, manifestando ya el documento ahora examinado en su parte introductoria que los Estados miembros de la UE “deben reforzar su cooperación para asegurar la buena gestión de la política de asilo y de inmigración”.
2. En materia sociolaboral el gobierno danés apuesta por reforzar la dimensión social del mercado interior, con una mención específica, e importante a mi parecer, a mejorar la aplicación de la Directiva de 1996 sobre desplazamiento de trabajadores. No menos importante, y habrá que seguir con atención de qué forma se concreta la propuesta, es la llamada a clarificar la relación jurídica entre los derechos sociales de los trabajadores y el ejercicio de la libertades reconocidas en el Tratado UE para las empresas, “confiriéndoles el mismo estatuto”, pues si esta tesis prospera decaería buena parte de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos Laval, Viking, Luxemburgo) que han colocado a los derechos colectivos laborales en una posición de subordinación con respecto a las libertades de establecimiento y de prestación de servicios de las empresas en la UE.
Por otra parte, la relación entre adaptación de las empresas a las nuevas condiciones económicas globales y afectación de la vida de las personas trabajadoras no se plantea en términos de reducción de derechos de estas últimas, como es práctica frecuente en muchos países europeos en los últimos tiempos, sino desde una perspectiva de complementariedad de los intereses de ambos (un buen ejemplo de la buena parte del llamado modelo danés de la flexiguridad), de tal manera que la adaptación empresarial vaya de la mano “con el desarrollo de un entorno laboral de calidad y con el reforzamiento de las cualificaciones de los trabajadores”. Atención especial debe ser prestada a la situación de los jóvenes y a su inserción en el mundo laboral, mediante políticas de formación dirigidas a jóvenes que abandona prematuramente el mundo educativo, en sectores con potencial de crecimiento tanto a corto como medio plazo, con mención expresa en el documento de “la innovación, las tecnologías verdes y las ciencias naturales”.
No hay especiales novedades en el texto de la presidencia danesa con respecto a todo aquello que ya se está haciendo (bien o mal es otra cuestión) en el seno de la UE, es decir las políticas de atención especial a colectivos más afectados por la crisis económica y de empleo, pero sí cabe destacar el especial acento que se pone en las actuaciones dirigidas a las personas de edad avanzada, en el marco del año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad generacional; de ahí que se insista (por cierto, las propuestas sindicales y empresariales españolas en los debates sobre la reforma laboral parecen ir en dirección contraria) en el incremento de la edad media de acceso a la jubilación, combinado con una mejora de las condiciones de trabajo y de la formación de los trabajadores que les permita permanecer más tiempo, y en condiciones adecuadas en el mercado de trabajo.
En el ámbito educativo, en estrecha relación con el laboral, la presidencia danesa insistirá en la conexión entre ambos, promoviendo tanto el aprendizaje permanente durante toda la vida como la flexibilidad del sistema educativo que así lo permita, tratando tanto de mejorar la calidad y la transparencia de la formación profesional en Europa como de favorecer la creatividad y el espíritu de empresa en todos los niveles educativos.
3. Dinamarca apuesta por potenciar la inmigración legal “de una mano de obra cualificada”, ya que considera que la misma es necesaria para el mercado de trabajo europeo en los próximos años, y de ahí que insista (ya se ha hecho en presidencias anteriores, pero hemos avanzado poco en la materia) en la puesta en marcha de un sistema “más eficaz” para el reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales. Si la regla general ha de ser la promoción de buenas condiciones de trabajo para todos los ciudadanos de terceros países, la mención específica en el documento es a la puesta en marcha de la flexibilización y “desburocratización” del acceso que se ofrece desde los Estados de la UE a los inmigrantes que vayan a desarrolla un trabajo altamente cualificado en el seno de la Unión (una eficaz aplicación de la Directiva UE “blue card” sería la mejor forma de avanzar en una política adecuada para potenciar este trabajo altamente cualificado).
Plenamente partidaria del respeto de la normativa laboral y del cumplimiento de la normativa europea, Dinamarca pondrá el acento en garantizar que la política de inmigración esté estrechamente relacionada con el respeto de la normativa laboral, tanto legal como convencional, de los países de acogida, así como también en la observancia de las reglas relativas a la libre circulación de las personas en el marco del mercado único europeo. La lucha contra la inmigración ilegal seguirá siendo necesaria y a tal efecto se apuesta por reforzar el sistema Schengen, con un control eficaz de fronteras, una adecuada política de concesión de visados y otra que sea efectiva en materia de retorno de inmigrantes en situación irregular a sus países de origen.
Como es habitual en todos los documentos que abordan la política de inmigración desde el inicio de los cambios políticos y sociales en varios países del Norte de África, y que ha merecido la atención de Comunicaciones de la Comisión y también en las Conclusiones de los Consejos Europeos, se llama a un diálogo sobre esta política con el fin de reforzar tanto la movilidad como la seguridad, poniendo de manifiesto que “una buena gestión de la política de inmigración es crucial para el seguimiento de la situación en África del Norte, que presenta tanto desafíos como oportunidades”.
En fin, la política de integración de los inmigrantes que acceden y viven en la UE de forma regular deberá seguir haciéndose tanto mediante el intercambio de experiencias (buenas prácticas) entre los Estados como mediante acciones comunes a escala europea (cabe recordar aquí la agenda para la integración, de la que ya realicé un amplio comentario en una anterior entrada del blog). Son necesarias políticas de integración inclusivas que fortalezcan los valores democráticos, refuercen la igualdad de oportunidades para todos, fortalezcan la cohesión social, eviten “las sociedades paralelas” y prevengan el extremismo. No me parecen nada mal estas propuestas viniendo de un país cuyo gobierno anterior no se había caracterizado precisamente por una aplicación de estos principios ahora defendidos.
Buena lectura del documento
EL NUEVO Y CAMBIANTE MUNDO DEL TRABAJO. UNA MIRADA ABIERTA Y CRÍTICA A LAS NUEVAS REALIDADES LABORALES
sábado, 14 de enero de 2012
sábado, 7 de enero de 2012
Cantabria. Subvenciones para Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
La Orden HAC/36/2011, de 22 de diciembre establece las bases reguladoras y convoca para 2012 las subvenciones en el ámbito de los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo. La norma, publicada en el boletín oficial autonómico el 3 de enero y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se dicta de acuerdo con la normativa estatal en la materia y toma también en consideración el Plan de Empleo autonómico, con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, y a tal finalidad responde el objetivo de integrar las programación de dichos centros en el marco de los planes integrales de empleo que tiendan tanto a generar empleo como a crear riqueza para las zonas territoriales afectadas.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 1.345.516,98 euros para 2012, 6.000.000,00 euros en 2013, y 4.000.000,00 euros para 2014, con una cofinanciación del 50 % a cargo del Fondo Social Europeo.
Los sujetos destinatarios de los programas serán los menores de 25 años que tengan poca formación y dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, cuando se trate de escuelas taller y casas de oficios, mientras que serán mayores de 25 años también con dificultades de acceso al mercado de trabajo (con mención expresa a desempleados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres y personas con discapacidad) los que accedan a los talleres de empleo. Los proyectos podrán ser promovidos por entidades locales, sus organismos autónomos y entidades, con competencias en materia de promoción de empleo, dependientes o asimiladas a las mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades locales, aAsociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Las subvenciones cubrirán los costes de formación profesional ocupacional y continua durante el proyecto, y los costes salariales y de Seguridad Social de los contratos suscritos por los alumnos trabajadores, (75 % del SMI para jóvenes en escuelas taller y casas de oficios, y el 120 % para mayores contratados en talleres de empleo).
El número máximo de alumnos/trabajadores que se podrá solicitar y conceder por cada proyecto será de 18 si se trata de una escuela taller o casa de oficios, y de 30 si es un taller de empleo.
La tramitación de las solicitudes se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo para la presentación de solicitudes será de 2 meses a partir del día siguiente a la publicación. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de 6 meses a contar desde el día siguiente al de la presentación de solicitudes, y si no se dictara se entenderá desestimada la solicitud.
Recuérdese que las escuelas taller son “proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural; con la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente; la recuperación o creación de infraestructuras públicas, así como con cualquier otra actividad de utilidad pública o social que permita la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes”. Por su parte, las casas de oficios son “proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con el mantenimiento y cuidado de entornos urbanos, rurales o del medio ambiente, con la mejora de las condiciones de vida de pueblos y ciudades a través de la prestación de servicios sociales y comunitarios, así como con cualquier otra actividad de utilidad pública o social que permita la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes”.
Por otra parte, los talleres de empleo son “proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades de interés público o social que permitan la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes”.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 1.345.516,98 euros para 2012, 6.000.000,00 euros en 2013, y 4.000.000,00 euros para 2014, con una cofinanciación del 50 % a cargo del Fondo Social Europeo.
Los sujetos destinatarios de los programas serán los menores de 25 años que tengan poca formación y dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, cuando se trate de escuelas taller y casas de oficios, mientras que serán mayores de 25 años también con dificultades de acceso al mercado de trabajo (con mención expresa a desempleados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres y personas con discapacidad) los que accedan a los talleres de empleo. Los proyectos podrán ser promovidos por entidades locales, sus organismos autónomos y entidades, con competencias en materia de promoción de empleo, dependientes o asimiladas a las mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas entidades locales, aAsociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Las subvenciones cubrirán los costes de formación profesional ocupacional y continua durante el proyecto, y los costes salariales y de Seguridad Social de los contratos suscritos por los alumnos trabajadores, (75 % del SMI para jóvenes en escuelas taller y casas de oficios, y el 120 % para mayores contratados en talleres de empleo).
El número máximo de alumnos/trabajadores que se podrá solicitar y conceder por cada proyecto será de 18 si se trata de una escuela taller o casa de oficios, y de 30 si es un taller de empleo.
La tramitación de las solicitudes se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo para la presentación de solicitudes será de 2 meses a partir del día siguiente a la publicación. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de 6 meses a contar desde el día siguiente al de la presentación de solicitudes, y si no se dictara se entenderá desestimada la solicitud.
Recuérdese que las escuelas taller son “proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural; con la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente; la recuperación o creación de infraestructuras públicas, así como con cualquier otra actividad de utilidad pública o social que permita la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes”. Por su parte, las casas de oficios son “proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con el mantenimiento y cuidado de entornos urbanos, rurales o del medio ambiente, con la mejora de las condiciones de vida de pueblos y ciudades a través de la prestación de servicios sociales y comunitarios, así como con cualquier otra actividad de utilidad pública o social que permita la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes”.
Por otra parte, los talleres de empleo son “proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades de interés público o social que permitan la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes”.
viernes, 6 de enero de 2012
La gestión colectiva (“contingente”) de contratación de trabajadores extranjeros en origen 2000-2012.
Pongo a disposición de los lectores y lectoras del blog un texto que recoge, debidamente ordenados y revisados, los artículos que he ido publicando en mi blog sobre el contingente o gestión colectiva de trabajadores extranjeros en origen, y se cierra con la nota sobre el “contingente cero” para 2012.
La lectura de todos los documentos permite tener una visión muy amplia de cómo ha evolucionado la inmigración en España y de la adecuación del legislador a los cambios económicos y sociales habidos (y han sido muchos) desde el año 2000. Buena lectura del texto y, para quien lo desee, de todas las normas referenciadas.
La lectura de todos los documentos permite tener una visión muy amplia de cómo ha evolucionado la inmigración en España y de la adecuación del legislador a los cambios económicos y sociales habidos (y han sido muchos) desde el año 2000. Buena lectura del texto y, para quien lo desee, de todas las normas referenciadas.
Gestión colectiva de contratación de trabajadores extranjeros en origen. Contingente cero para trabajadores estables y visados de búsqueda de empleo.
1. El Boletín Oficial del Estado publica hoy viernes, 6 de enero, la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, que regula la gestión colectiva de las contrataciones en origen para 2012. La norma, que entra inmediatamente en vigor y con vigencia para todo el año en curso, se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 39 de la LO 4/2000 (en la redacción dada por la LO 2/2009), que dispone lo siguiente:
“1. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, podrá aprobar una previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, a los que sólo tendrán acceso aquellos que no se hallen o residan en España. Asimismo, podrá establecer un número de visados para búsqueda de empleo en las condiciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de español de origen o a determinadas ocupaciones. La mencionada previsión tendrá en cuenta las propuestas que, previa consulta de los agentes sociales en su ámbito correspondiente, sean realizadas por las Comunidades Autónomas, y será adoptada previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
2. El procedimiento de concesión de la autorización inicial de residencia y trabajo mediante tramitación colectiva de los contratos en origen, estará basado en la gestión simultánea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas por uno o varios empleadores, respecto de trabajadores seleccionados en sus países, con la participación, en su caso, de las autoridades competentes. En la gestión del mismo se actuará coordinadamente con las Comunidades Autónomas competentes para la concesión de la autorización de trabajo inicial.
3. Las ofertas de empleo realizadas a través de este procedimiento se orientarán preferentemente hacia los países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios”.
2. La norma ahora objeto de comentario se ajusta también al nuevo Reglamento de extranjería aprobado en 2011, el Real Decreto 557/2001 de 30 de abril. En concreto, se refiere al artículo 169.3, que dispone lo siguiente:
“3. La Orden ministerial que apruebe la gestión colectiva de contrataciones en origen podrá regular de manera diferenciada las previsiones sobre contratación estable y sin establecer una cifra de puestos a trabajo a cubrir ni una delimitación de ocupaciones laborales, particularidades en el procedimiento de contratación de trabajadores de temporada o por obra o servicio regulado en el capítulo VI del título IV.
Sin perjuicio de lo anterior, dichas particularidades podrán ser establecidas, previo informe de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, por Orden del titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración específicamente aprobada a dichos efectos, en caso de que, a raíz de las propuestas de las Comunidades Autónomas y en atención a la situación nacional de empleo, se determine la no procedencia de establecer una cifra de contrataciones estables para una determinada anualidad”.
3. La Orden ESS/1/2012, de la que no se encuentra ninguna referencia en la nota de prensa del Consejo de Ministros celebrado ayer ni tampoco en la página web del MESS, supone un cambio políticamente importante con respecto a la dictada para el año anterior, ya que el MESS, después de haber efectuado las consultas a las Comunidades Autónomas y con la información recibida del Servicio Público de Empleo Estatal, “ha considerado conveniente no aprobar contrataciones de puestos de trabajo de carácter estable en la presente Orden”, e igualmente (si bien esta previsión ya se recogía en la normativa para 2011), “tampoco se prevé la concesión de visados para búsqueda de empleo, dirigidos a hijos y nietos de español de origen o limitados a determinadas ocupaciones”. El MESS se acoge a la posibilidad prevista en el citado artículo 169.3 y sólo regula “las particularidades del procedimiento de contratación de trabajadores de temporada o por obra o servicio en la gestión colectiva de contrataciones en origen de trabajadores extranjeros no comunitarios para 2012”. Por consiguiente, de la norma en vigor para 2012 desaparecen todas las referencias a la contratación estable de trabajadores extranjeros, y también ha desaparecido la referencia contenida en la Orden de 2011 a que las ofertas de empleo de carácter temporal no estarían sujetas a limitación numérica en cuanto a la cifra de contrataciones que podrían ser autorizadas.
4. Cabe recordar que la gestión colectiva de contrataciones en origen (el anterior “contingente”) es objeto de regulación en el título VIII (artículos 167 a 177) del RD 557/2011 de 30 de abril, es decir la fijación de una previsión de las ocupaciones, y en su caso de los puestos de trabajo, que se pueden cubrir a través de este mecanismo durante el periodo de un año, en el bien entendido que si transcurrido ese período el número de contrataciones efectuadas fuere inferior al inicialmente previsto, el MTIN (ahora MESS) podrá, previa consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, “prorrogar la vigencia de la cifra que reste”. Igualmente, la flexibilidad en la regulación de estas contrataciones es muy amplia, ya que el artículo 169.4 permite su adaptación a la evolución del mercado de trabajo, de tal manera que se podrán revisar durante el año el número y la distribución de las ofertas de empleo admisibles en este marco. La consideración de la situación nacional de empleo se tomará en consideración en el momento de regular la gestión colectiva anual de las contrataciones en origen, ya que se pretende evitar, según se afirma en la introducción del RD, “la sustitución de mano de obra que ya existe en el mercado laboral”. Al respecto, el Consejo de Estado puso de manifiesto en su Dictamen sobre el proyecto de Real Decreto que “mientras que el texto reglamentario precedente parecía primar la contratación estable a través del contingente, con la excepción de los trabajos de temporada, el nuevo texto reglamentario facilita un mayor espacio a la gestión colectiva de contrataciones no estables, con previsión de retorno de esos trabajadores. Desde el punto de vista de la legalidad, no cabe objetar este cambio de enfoque…”.
Recuérdese la inclusión como supuestos específicos dentro de este título de los visados para búsqueda de empleo en general y los que van dirigidos a hijos o nietos de español de origen en particular, así como también los visados para la búsqueda de empleo en determinadas ocupaciones y ámbitos territoriales, con posibilidad de modificación, “donde existan puestos de trabajo de difícil cobertura y las circunstancias específicas del mercado laboral concernido determinen que los puestos pueden cubrirse de manera más adecuada a través de este sistema” (artículo 177).
La participación de las organizaciones empresariales españolas en los procesos de selección está recogida en la disposición adicional vigésima, así como también la posibilidad de establecer convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que dispongan de competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de trabajo (hasta ahora sólo Cataluña) “para facilitar la tramitación de los correspondientes visados, de cara a ordenar la actuación de éstas en el marco de procedimientos de gestión colectiva de contrataciones en origen”.
5. Recuerdo brevemente el contenido de la norma aprobada para 2011. Fue el MTIN el que procedió a dictar la Orden TIN/3364/2010 de 28 de diciembre, a partir de las propuestas previas efectuadas por las Comunidades Autónomas que son las que tienen las competencias de gestión de las políticas activas de empleo, y previa autorización, de acuerdo con la normativa entonces vigente, del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y Administración Pública.
En la introducción de la norma se exponía que el número de contrataciones de carácter estable “se ha limitado a un conjunto muy reducido de ocupaciones”, siguiendo la línea restrictiva de la norma del año anterior, en concreto la Orden TIN/3498/2009, de 23 de diciembre. La reducción fue realmente drástica, ya que el anexo I sólo incluía 14 contrataciones en origen (8 médicos especialistas en pediatría, 4 en urología y 2 en cardiología), y referidas solo a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, justificándose la decisión adoptada por las escasas propuestas formuladas por las CC AA y por la situación nacional de empleo. Además, no estaba tampoco prevista la concesión de visados de búsqueda de empleo para hijos y nietos de español de origen “o limitados a determinadas ocupaciones en un ámbito territorial concreto”. Por el contrario, no se fijaba una limitación cuantitativa para las contrataciones de carácter temporal que pudieran formalizarse al amparo de lo previsto en la norma.
Conviene recordar, para poder efectuar la pertinente comparación con el año 2010, que en la introducción de la Orden TIN/3498/2009 se exponía que la reducción de las contrataciones en origen, para garantizar la cobertura de ofertas de empleo no cubiertas por el mercado laboral, se había hecho “entorno a una cuarta parte” de los puestos de trabajo ofertados el año anterior como consecuencia justamente de la difícil situación del mercado de trabajo español y el importante número de personas desempleadas que permitía, salvo los supuestos contemplados en la norma, que los puestos de trabajo que se ofertaban fueran teóricamente cubiertos por personal autóctono o extranjero inscritos como demandantes de empleo en las oficinas de los correspondientes servicios públicos autonómicos de empleo. En efecto, la reducción fue drástica, ya que sólo se ofertaron 168 contrataciones en origen para trabajadores, altamente cualificados, que no se hallaren ni residieran en España, siendo básicamente médicos e ingenieros los dos colectivos demandados. En Cataluña, las contrataciones en origen se redujeron a un número casi simbólico de 40 (10 para cada provincia).
No obstante el número casi simbólico de contrataciones autorizadas en origen para 2011, la norma regulaba de forma muy flexible la posibilidad de reasignar o modificar la cifra antes indicada, por lo que había que esperar a la finalización del año para saber exactamente cuántas contrataciones en origen se realizaron, ya que el artículo 2.2 disponía con total claridad que las cifras de contratación previstas en la norma tenían un “carácter provisional”, y que podían formularse propuestas, y en su caso aceptación, de reasignación o modificación de acuerdo a las necesidades de evolución de la mano de obra en territorio español.
La concreción de la manifestación anterior se encontraba en el artículo 20. La modificación podía realizarse tanto para incrementar como para reducir el número ofertas de empleo, y referirse tanto a las mismas ocupaciones y ámbito territorial contemplados en el anexo como para otras ocupaciones y otras provincias diferentes. La modificación podía ser solicitada por el servicio público autonómico de la provincia afectada o por una organización empresarial interesada, o bien ser aprobada de oficio por la Dirección General de Inmigración; en cualquier caso, la DGI, que era la competente para adoptar la decisión final, solicitaría informe preceptivo del SPEE, que debería emitirlo en un plazo de 5 días hábiles. Las propuestas de modificación (y también de reasignación) podían presentarse bien directamente ante la DGI “o a través de la oficina de extranjeros de la provincia donde vaya a realizarse la actividad laboral” (recuérdese al respecto en este punto, para Cataluña, las competencias asumidas a partir del 1 de octubre de 2009 de tramitación de autorizaciones iniciales de trabajo y de determinadas modificaciones).
Por otra parte, cabe destacar con respecto a la normativa de años anteriores que se introdujeron diversas modificaciones en la tramitación del procedimiento de contratación de trabajadores para ofertas de trabajo temporal, con el objetivo declarado de lograr una mayor simplificación y agilización del mismo. Dichas modificaciones se han mantenido en la normativa aprobada para 2012.
Respecto a la selección de los trabajadores en el exterior el artículo 8.2 disponía que las ofertas se orientarían “preferentemente” a los países con los que España tiene suscritos acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios, es decir Colombia, Ecuador, Marruecos, Mauritania y República Dominicana; de forma subsidiaria, se orientarían a los países con los que España tiene instrumentos de colaboración en esta materia: Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Senegal, Mali, Níger, México, el Salvador, Filipinas, Honduras, Paraguay y Argentina; por fin, la norma dejaba la puerta abierta en ambos casos al trato preferente o subsidiario con otros países con los que se suscribieran acuerdos durante la vigencia de la norma. Además, a fin y efecto de facilitar la disponibilidad de trabajadores que se ajusten al perfil profesional de las ocupaciones requeridas por el mercado de trabajo, se promovería por parte de la DGI, en el marco de las relaciones con los países referenciados, “la creación en los países de origen de bases de datos de demandantes de empleo que simplifiquen la realización y mejoren la calidad de los procesos selectivos”.
A efectos laborales me interesa destacar que la norma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 bis d) y e) de la LO 4/2000, disponía que en el caso de autorizaciones de residencia temporal y trabajo relativas a ofertas de empleo estable o para actividades de obra o servicio, el trabajador extranjero debía ser dado de alta en Seguridad Social en el plazo de un mes desde su entrada en España, y que “el comienzo de la vigencia de la autorización se producirá en la fecha en que se produzca el alta en Seguridad Social”, mientras que en el caso de autorizaciones de residencia temporal y trabajo para actividades de temporada o campaña, “la autorización irá incorporada al visado, y su eficacia estará condicionada a la entrada del trabajador en España durante la vigencia de este último. Ello, sin perjuicio de la obligación de dar de alta al trabajador en Seguridad Social en el plazo de un mes desde su entrada en España”.
6. Para 2012, debemos indicar que las ofertas de empleo presentadas por los empleadores sólo podrán ir dirigidas a la contratación de trabajadores para el desarrollo de actividades de carácter temporal. Con carácter general, las ofertas de empleo se formularán de forma genérica, si bien cabe igualmente la posibilidad de presentar ofertas de carácter nominativo.
Las ofertas de empleo de carácter temporal podrán formularse para las actividades de temporada o campaña, de gestión ordinaria, con una duración máxima de nueve meses dentro de un periodo de doce meses consecutivos, previendo la norma que la gestión podrá ser, en su caso, unificada o concatenada para las actividades en el sector agrícola. También podrán presentarse para actividades de obra y servicio, con duración no superior a un año, y que afecten a “montaje de plantas industriales o eléctricas, construcción de infraestructuras, edificaciones y redes de ferrocarriles y de suministros de gas, eléctricos y telefónicos, instalaciones y mantenimiento de equipos productivos, así como su puesta en marcha y reparaciones, entre otros”.
Por último, para la tramitación administrativa de las solicitudes de contratación habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 5.2, que dispone lo siguiente: “En todo caso, las solicitudes se presentarán con una antelación mínima de tres meses al inicio de la actividad laboral. En ambos casos, la antelación no será en ningún caso superior a seis meses respecto a la fecha de inicio de la relación laboral. Sin perjuicio de lo anterior, la Oficina de Extranjería competente para su tramitación podrá, cuando lo considere justificado, admitir a trámite las solicitudes presentadas con una antelación inferior a la establecida en este apartado.
La presentación de solicitudes fuera de los plazos anteriormente establecidos podrá ser causa de inadmisión a trámite del procedimiento, sin perjuicio de la posible aplicación de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero”.
“1. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, podrá aprobar una previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, a los que sólo tendrán acceso aquellos que no se hallen o residan en España. Asimismo, podrá establecer un número de visados para búsqueda de empleo en las condiciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de español de origen o a determinadas ocupaciones. La mencionada previsión tendrá en cuenta las propuestas que, previa consulta de los agentes sociales en su ámbito correspondiente, sean realizadas por las Comunidades Autónomas, y será adoptada previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
2. El procedimiento de concesión de la autorización inicial de residencia y trabajo mediante tramitación colectiva de los contratos en origen, estará basado en la gestión simultánea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas por uno o varios empleadores, respecto de trabajadores seleccionados en sus países, con la participación, en su caso, de las autoridades competentes. En la gestión del mismo se actuará coordinadamente con las Comunidades Autónomas competentes para la concesión de la autorización de trabajo inicial.
3. Las ofertas de empleo realizadas a través de este procedimiento se orientarán preferentemente hacia los países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios”.
2. La norma ahora objeto de comentario se ajusta también al nuevo Reglamento de extranjería aprobado en 2011, el Real Decreto 557/2001 de 30 de abril. En concreto, se refiere al artículo 169.3, que dispone lo siguiente:
“3. La Orden ministerial que apruebe la gestión colectiva de contrataciones en origen podrá regular de manera diferenciada las previsiones sobre contratación estable y sin establecer una cifra de puestos a trabajo a cubrir ni una delimitación de ocupaciones laborales, particularidades en el procedimiento de contratación de trabajadores de temporada o por obra o servicio regulado en el capítulo VI del título IV.
Sin perjuicio de lo anterior, dichas particularidades podrán ser establecidas, previo informe de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, por Orden del titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración específicamente aprobada a dichos efectos, en caso de que, a raíz de las propuestas de las Comunidades Autónomas y en atención a la situación nacional de empleo, se determine la no procedencia de establecer una cifra de contrataciones estables para una determinada anualidad”.
3. La Orden ESS/1/2012, de la que no se encuentra ninguna referencia en la nota de prensa del Consejo de Ministros celebrado ayer ni tampoco en la página web del MESS, supone un cambio políticamente importante con respecto a la dictada para el año anterior, ya que el MESS, después de haber efectuado las consultas a las Comunidades Autónomas y con la información recibida del Servicio Público de Empleo Estatal, “ha considerado conveniente no aprobar contrataciones de puestos de trabajo de carácter estable en la presente Orden”, e igualmente (si bien esta previsión ya se recogía en la normativa para 2011), “tampoco se prevé la concesión de visados para búsqueda de empleo, dirigidos a hijos y nietos de español de origen o limitados a determinadas ocupaciones”. El MESS se acoge a la posibilidad prevista en el citado artículo 169.3 y sólo regula “las particularidades del procedimiento de contratación de trabajadores de temporada o por obra o servicio en la gestión colectiva de contrataciones en origen de trabajadores extranjeros no comunitarios para 2012”. Por consiguiente, de la norma en vigor para 2012 desaparecen todas las referencias a la contratación estable de trabajadores extranjeros, y también ha desaparecido la referencia contenida en la Orden de 2011 a que las ofertas de empleo de carácter temporal no estarían sujetas a limitación numérica en cuanto a la cifra de contrataciones que podrían ser autorizadas.
4. Cabe recordar que la gestión colectiva de contrataciones en origen (el anterior “contingente”) es objeto de regulación en el título VIII (artículos 167 a 177) del RD 557/2011 de 30 de abril, es decir la fijación de una previsión de las ocupaciones, y en su caso de los puestos de trabajo, que se pueden cubrir a través de este mecanismo durante el periodo de un año, en el bien entendido que si transcurrido ese período el número de contrataciones efectuadas fuere inferior al inicialmente previsto, el MTIN (ahora MESS) podrá, previa consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, “prorrogar la vigencia de la cifra que reste”. Igualmente, la flexibilidad en la regulación de estas contrataciones es muy amplia, ya que el artículo 169.4 permite su adaptación a la evolución del mercado de trabajo, de tal manera que se podrán revisar durante el año el número y la distribución de las ofertas de empleo admisibles en este marco. La consideración de la situación nacional de empleo se tomará en consideración en el momento de regular la gestión colectiva anual de las contrataciones en origen, ya que se pretende evitar, según se afirma en la introducción del RD, “la sustitución de mano de obra que ya existe en el mercado laboral”. Al respecto, el Consejo de Estado puso de manifiesto en su Dictamen sobre el proyecto de Real Decreto que “mientras que el texto reglamentario precedente parecía primar la contratación estable a través del contingente, con la excepción de los trabajos de temporada, el nuevo texto reglamentario facilita un mayor espacio a la gestión colectiva de contrataciones no estables, con previsión de retorno de esos trabajadores. Desde el punto de vista de la legalidad, no cabe objetar este cambio de enfoque…”.
Recuérdese la inclusión como supuestos específicos dentro de este título de los visados para búsqueda de empleo en general y los que van dirigidos a hijos o nietos de español de origen en particular, así como también los visados para la búsqueda de empleo en determinadas ocupaciones y ámbitos territoriales, con posibilidad de modificación, “donde existan puestos de trabajo de difícil cobertura y las circunstancias específicas del mercado laboral concernido determinen que los puestos pueden cubrirse de manera más adecuada a través de este sistema” (artículo 177).
La participación de las organizaciones empresariales españolas en los procesos de selección está recogida en la disposición adicional vigésima, así como también la posibilidad de establecer convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que dispongan de competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de trabajo (hasta ahora sólo Cataluña) “para facilitar la tramitación de los correspondientes visados, de cara a ordenar la actuación de éstas en el marco de procedimientos de gestión colectiva de contrataciones en origen”.
5. Recuerdo brevemente el contenido de la norma aprobada para 2011. Fue el MTIN el que procedió a dictar la Orden TIN/3364/2010 de 28 de diciembre, a partir de las propuestas previas efectuadas por las Comunidades Autónomas que son las que tienen las competencias de gestión de las políticas activas de empleo, y previa autorización, de acuerdo con la normativa entonces vigente, del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y Administración Pública.
En la introducción de la norma se exponía que el número de contrataciones de carácter estable “se ha limitado a un conjunto muy reducido de ocupaciones”, siguiendo la línea restrictiva de la norma del año anterior, en concreto la Orden TIN/3498/2009, de 23 de diciembre. La reducción fue realmente drástica, ya que el anexo I sólo incluía 14 contrataciones en origen (8 médicos especialistas en pediatría, 4 en urología y 2 en cardiología), y referidas solo a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, justificándose la decisión adoptada por las escasas propuestas formuladas por las CC AA y por la situación nacional de empleo. Además, no estaba tampoco prevista la concesión de visados de búsqueda de empleo para hijos y nietos de español de origen “o limitados a determinadas ocupaciones en un ámbito territorial concreto”. Por el contrario, no se fijaba una limitación cuantitativa para las contrataciones de carácter temporal que pudieran formalizarse al amparo de lo previsto en la norma.
Conviene recordar, para poder efectuar la pertinente comparación con el año 2010, que en la introducción de la Orden TIN/3498/2009 se exponía que la reducción de las contrataciones en origen, para garantizar la cobertura de ofertas de empleo no cubiertas por el mercado laboral, se había hecho “entorno a una cuarta parte” de los puestos de trabajo ofertados el año anterior como consecuencia justamente de la difícil situación del mercado de trabajo español y el importante número de personas desempleadas que permitía, salvo los supuestos contemplados en la norma, que los puestos de trabajo que se ofertaban fueran teóricamente cubiertos por personal autóctono o extranjero inscritos como demandantes de empleo en las oficinas de los correspondientes servicios públicos autonómicos de empleo. En efecto, la reducción fue drástica, ya que sólo se ofertaron 168 contrataciones en origen para trabajadores, altamente cualificados, que no se hallaren ni residieran en España, siendo básicamente médicos e ingenieros los dos colectivos demandados. En Cataluña, las contrataciones en origen se redujeron a un número casi simbólico de 40 (10 para cada provincia).
No obstante el número casi simbólico de contrataciones autorizadas en origen para 2011, la norma regulaba de forma muy flexible la posibilidad de reasignar o modificar la cifra antes indicada, por lo que había que esperar a la finalización del año para saber exactamente cuántas contrataciones en origen se realizaron, ya que el artículo 2.2 disponía con total claridad que las cifras de contratación previstas en la norma tenían un “carácter provisional”, y que podían formularse propuestas, y en su caso aceptación, de reasignación o modificación de acuerdo a las necesidades de evolución de la mano de obra en territorio español.
La concreción de la manifestación anterior se encontraba en el artículo 20. La modificación podía realizarse tanto para incrementar como para reducir el número ofertas de empleo, y referirse tanto a las mismas ocupaciones y ámbito territorial contemplados en el anexo como para otras ocupaciones y otras provincias diferentes. La modificación podía ser solicitada por el servicio público autonómico de la provincia afectada o por una organización empresarial interesada, o bien ser aprobada de oficio por la Dirección General de Inmigración; en cualquier caso, la DGI, que era la competente para adoptar la decisión final, solicitaría informe preceptivo del SPEE, que debería emitirlo en un plazo de 5 días hábiles. Las propuestas de modificación (y también de reasignación) podían presentarse bien directamente ante la DGI “o a través de la oficina de extranjeros de la provincia donde vaya a realizarse la actividad laboral” (recuérdese al respecto en este punto, para Cataluña, las competencias asumidas a partir del 1 de octubre de 2009 de tramitación de autorizaciones iniciales de trabajo y de determinadas modificaciones).
Por otra parte, cabe destacar con respecto a la normativa de años anteriores que se introdujeron diversas modificaciones en la tramitación del procedimiento de contratación de trabajadores para ofertas de trabajo temporal, con el objetivo declarado de lograr una mayor simplificación y agilización del mismo. Dichas modificaciones se han mantenido en la normativa aprobada para 2012.
Respecto a la selección de los trabajadores en el exterior el artículo 8.2 disponía que las ofertas se orientarían “preferentemente” a los países con los que España tiene suscritos acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios, es decir Colombia, Ecuador, Marruecos, Mauritania y República Dominicana; de forma subsidiaria, se orientarían a los países con los que España tiene instrumentos de colaboración en esta materia: Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Senegal, Mali, Níger, México, el Salvador, Filipinas, Honduras, Paraguay y Argentina; por fin, la norma dejaba la puerta abierta en ambos casos al trato preferente o subsidiario con otros países con los que se suscribieran acuerdos durante la vigencia de la norma. Además, a fin y efecto de facilitar la disponibilidad de trabajadores que se ajusten al perfil profesional de las ocupaciones requeridas por el mercado de trabajo, se promovería por parte de la DGI, en el marco de las relaciones con los países referenciados, “la creación en los países de origen de bases de datos de demandantes de empleo que simplifiquen la realización y mejoren la calidad de los procesos selectivos”.
A efectos laborales me interesa destacar que la norma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 bis d) y e) de la LO 4/2000, disponía que en el caso de autorizaciones de residencia temporal y trabajo relativas a ofertas de empleo estable o para actividades de obra o servicio, el trabajador extranjero debía ser dado de alta en Seguridad Social en el plazo de un mes desde su entrada en España, y que “el comienzo de la vigencia de la autorización se producirá en la fecha en que se produzca el alta en Seguridad Social”, mientras que en el caso de autorizaciones de residencia temporal y trabajo para actividades de temporada o campaña, “la autorización irá incorporada al visado, y su eficacia estará condicionada a la entrada del trabajador en España durante la vigencia de este último. Ello, sin perjuicio de la obligación de dar de alta al trabajador en Seguridad Social en el plazo de un mes desde su entrada en España”.
6. Para 2012, debemos indicar que las ofertas de empleo presentadas por los empleadores sólo podrán ir dirigidas a la contratación de trabajadores para el desarrollo de actividades de carácter temporal. Con carácter general, las ofertas de empleo se formularán de forma genérica, si bien cabe igualmente la posibilidad de presentar ofertas de carácter nominativo.
Las ofertas de empleo de carácter temporal podrán formularse para las actividades de temporada o campaña, de gestión ordinaria, con una duración máxima de nueve meses dentro de un periodo de doce meses consecutivos, previendo la norma que la gestión podrá ser, en su caso, unificada o concatenada para las actividades en el sector agrícola. También podrán presentarse para actividades de obra y servicio, con duración no superior a un año, y que afecten a “montaje de plantas industriales o eléctricas, construcción de infraestructuras, edificaciones y redes de ferrocarriles y de suministros de gas, eléctricos y telefónicos, instalaciones y mantenimiento de equipos productivos, así como su puesta en marcha y reparaciones, entre otros”.
Por último, para la tramitación administrativa de las solicitudes de contratación habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 5.2, que dispone lo siguiente: “En todo caso, las solicitudes se presentarán con una antelación mínima de tres meses al inicio de la actividad laboral. En ambos casos, la antelación no será en ningún caso superior a seis meses respecto a la fecha de inicio de la relación laboral. Sin perjuicio de lo anterior, la Oficina de Extranjería competente para su tramitación podrá, cuando lo considere justificado, admitir a trámite las solicitudes presentadas con una antelación inferior a la establecida en este apartado.
La presentación de solicitudes fuera de los plazos anteriormente establecidos podrá ser causa de inadmisión a trámite del procedimiento, sin perjuicio de la posible aplicación de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero”.
El baròmetre de desembre del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.
1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de desembre, fet públic ahir dijous 5 de gener, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic més per la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 1 i 12 de desembre.
La immigració es considera el cinquè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (7.6, es a dir la mateixa puntuació que el mes de novembre), per darrera de l’atur (82.1, es a dir 0.9 punts menys que el mes de novembre), dels problemes d’índole econòmica (50.4, 2.2 punts més que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (19.7, 2.9 punts menys que en el baròmetre de novembre), i de la sanitat (9.3, 1.6 punts més que en el baròmetre anterior), Li segueixen l’educació (7.2), l’habitatge (6.0), i la corrupció i el frau (6.0).
Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el sisè lloc (1.3, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes de novembre), per darrera de l’atur (63.8, 1.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (19.0, 2.4 punts més que el mes de novembre), de “la classe política, els partits polítics” (6.4), “la corrupció i el frau” (1.9), i "el govern, els polítics i els partits" (1.3).
Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el quinzè lloc (2.3, 0.3 punts més que en el baròmetre de novembre), per darrera de l’atur (44.5), dels problemes d’índole econòmica (38.9), la sanitat (9.7), “no contesta” (8.5), “no sap” (7.6), les pensions (7.0), l’educació (6.7), l’habitatge (5.8), la classe política, els partits polítics (5.6.), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.0), les preocupacions i situacions personals (3.7), els problemes d’índole social (3.4), la inseguretat ciutadana (3.1), i els problemes relacionats amb la joventut.
Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el setzè lloc (0.6, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (36.0), els problemes d’índole econòmica (21.6), “no contesta” (8.5), “no sap” (7.6), les pensions (4.6), la sanitat (3.5), l’educació (2.7), la classe política, els partits polítics (2.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.5), l’habitatge (1.9), les preocupacions i situacions personals (1.6), els problemes d’indole social (1.0), la inseguretat ciutadana (0.9), “altres respostes” (0.8), i els problemes relacionats amb la joventut (0.7),
2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (8.2 i 7.0) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (10.4), i les de 45 a 54 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (1.4).
3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 10.4 de les persones amb estudis de formació professional, i també son aquestes persones les que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (1.0), en situació tècnica d’igualtat amb els d’estudis de primària. Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els obrers no qualificats (agraris i no agraris), i els aturats (les persones que ja han treballat i les que cerquen la primera ocupació) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (12.9 i 10.3), sent el grup de “situacions no classificables” i els capatassos i obrers qualificats (no agraris) els que encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (2.4 i 1.0).
Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (10.4), i també els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.2).
4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de desembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011 (cal recordar que és la primera vegada que la pregunta es fa sobre aquestes eleccions). Si en la primera resposta eren un 7.6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 17.5 per als votants de CiU, i és també el mateix grup el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més personalment (1.5), en igualtat amb els votants en blanc.
La immigració es considera el cinquè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (7.6, es a dir la mateixa puntuació que el mes de novembre), per darrera de l’atur (82.1, es a dir 0.9 punts menys que el mes de novembre), dels problemes d’índole econòmica (50.4, 2.2 punts més que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (19.7, 2.9 punts menys que en el baròmetre de novembre), i de la sanitat (9.3, 1.6 punts més que en el baròmetre anterior), Li segueixen l’educació (7.2), l’habitatge (6.0), i la corrupció i el frau (6.0).
Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa en el sisè lloc (1.3, 0.1 punts més que en el baròmetre del mes de novembre), per darrera de l’atur (63.8, 1.5 punts menys que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (19.0, 2.4 punts més que el mes de novembre), de “la classe política, els partits polítics” (6.4), “la corrupció i el frau” (1.9), i "el govern, els polítics i els partits" (1.3).
Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el quinzè lloc (2.3, 0.3 punts més que en el baròmetre de novembre), per darrera de l’atur (44.5), dels problemes d’índole econòmica (38.9), la sanitat (9.7), “no contesta” (8.5), “no sap” (7.6), les pensions (7.0), l’educació (6.7), l’habitatge (5.8), la classe política, els partits polítics (5.6.), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.0), les preocupacions i situacions personals (3.7), els problemes d’índole social (3.4), la inseguretat ciutadana (3.1), i els problemes relacionats amb la joventut.
Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el setzè lloc (0.6, 0.2 punts més que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (36.0), els problemes d’índole econòmica (21.6), “no contesta” (8.5), “no sap” (7.6), les pensions (4.6), la sanitat (3.5), l’educació (2.7), la classe política, els partits polítics (2.5), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.5), l’habitatge (1.9), les preocupacions i situacions personals (1.6), els problemes d’indole social (1.0), la inseguretat ciutadana (0.9), “altres respostes” (0.8), i els problemes relacionats amb la joventut (0.7),
2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (8.2 i 7.0) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 25 i 34 anys les més preocupades amb caràcter general (10.4), i les de 45 a 54 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (1.4).
3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 10.4 de les persones amb estudis de formació professional, i també son aquestes persones les que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (1.0), en situació tècnica d’igualtat amb els d’estudis de primària. Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els obrers no qualificats (agraris i no agraris), i els aturats (les persones que ja han treballat i les que cerquen la primera ocupació) els qui manifesten més preocupació general per la immigració (12.9 i 10.3), sent el grup de “situacions no classificables” i els capatassos i obrers qualificats (no agraris) els que encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (2.4 i 1.0).
Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (10.4), i també els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (1.2).
4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de desembre sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011 (cal recordar que és la primera vegada que la pregunta es fa sobre aquestes eleccions). Si en la primera resposta eren un 7.6 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 17.5 per als votants de CiU, i és també el mateix grup el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més personalment (1.5), en igualtat amb els votants en blanc.
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