La ya plenamente consolidada colección Briefs de nuestra Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha publicado el día 18 el artículo que ahora pongo a disposición de todos los lectores y lectoras del blog. Ese mismo día, la norma era convalidada por la Diputación permanente del Congreso de los Diputados.
1. No es agradable redactar
artículos que traten sobre auténticos dramas humanos, y más concretamente
gravísimos accidentes ferroviarios que dejan tras de sí a un importante número
de personas fallecidas y accidentadas, importantes daños materiales y un coste
social incalculable para todas las personas afectadas directamente, por haber
sobrevivido al accidente, o indirectamente por ser familiares o allegados de
las fallecidas.
Ahora bien, sí es necesario por
parte de los poderes públicos adoptar inmediatamente medidas que traten de
disminuir, cuando menos, esos costes a los que me acabo de referir, y ello, por
evidentes razones de urgencia, sólo puede hacerse por la vía del instrumento
jurídico permitido por el art. 86.1 de nuestra Constitución, es decir el Real
Decreto Ley.
2. Decía que no es agradable la redacción de este tipo de artículos, y no soy, permítanme la expresión coloquial, un novato en estas lides, ya que dediqué en esta misma colección un artículo en el que, entre varias RDL, dedicaba mi atención al núm. 1/2026, de 27 de enero, “de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona)”
En su exposición de motivos se
reconocía explícitamente que nuestro ordenamiento jurídico laboral “ya
establece mecanismos de protección de las personas trabajadoras que no puedan
prestar sus servicios con normalidad por impedimentos que no les sean imputables”,
si bien, “para dotar de seguridad y tranquilidad al conjunto de personas
trabajadoras afectadas por los citados accidentes”, se introducía una
disposición adicional para que no hubiera duda alguna de que quienes “… no
hayan podido acudir presencialmente a su puesto de trabajo o iniciar su
prestación laboral con puntualidad como consecuencia de los accidentes
ferroviarios a los que se refiere el artículo uno o de las alteraciones del
servicio a las que se refiere la disposición adicional segunda no podrán ser
sancionadas por la empresa ni sufrir” .
Y a la pregunta de cómo podrían
justificar esa ausencia o retraso, en la misma disposición se regulaba que
tendrían derecho a que las compañías ferroviarias les facilitaran justificantes
acreditativos de las incidencias que hubieran provocado alteraciones en la
prestación del servicio”.
3. Pues bien, la nueva tragedia ferroviaria, el accidente de Urda, ha obligado al gobierno a dictar un nuevo RDL, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre, que con el núm. 32/2026 se ha publicado en el BOE el día y ha entrado en vigor el mismo día. La norma ha sido convalidada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en la reunión celebrada el 18 de noviembre, y lleva por título "ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia” .
Una amplia nota de síntesis de su
contenido fue publicada por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible el mismo día de su aprobación, de la que destaco su
referencia a que “las bajas laborales por incapacidad temporal derivadas del
accidente tendrán, con carácter excepcional, la consideración de accidente de
trabajo a efectos de la prestación económica, lo que permitirá percibir la
prestación desde el primer día de baja (no a partir del cuarto día) y en una
cuantía superior a la correspondiente a una baja por contingencias comunes (75%
de la base reguladora, en lugar del 60%).
4. Con la obligada síntesis que
requiere un artículo publicado en esta colección, cabe decir en primer lugar
que encontramos en su exposición de motivos referencias a normas
específicamente reguladoras del sector ferroviario que han sido tomadas en
consideración por el gobierno, al igual que se hizo en el RDL 1/2026, para
aprobar medidas de carácter social y económico, dirigidas ambas a personas cuya
vida laboral se vio afectada por el accidente, y también familiares de las
víctimas por lo que respecta a las prestaciones sociales a percibir, y las
segundas igualmente a quienes son viajeros y viajeras habituales de la línea
ferroviaria afectada por el accidente, al objeto de evitar un incremento de los
costes de desplazamiento por otros medios.
Baste referirse a la Ley 1/2014, de
28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras
medidas urgentes en el orden económico y social, en cuya exposición de motivos
ya se exponía algo que después se ha visto recogido en posteriores RDL
relativos a accidentes ferroviarios: “… el trágico accidente acaecido en
Santiago de Compostela el pasado 24 de julio ha puesto de manifiesto la
necesidad de proporcionar tanto a las víctimas de accidentes como a sus
familiares y allegados una atención integral, de manera que se pongan a su
alcance mecanismos de asistencia y apoyo adecuados a sus necesidades”.
A tal efecto, se modificaba la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (más adelante derogada por
la Ley 38/2015, de 29 de septiembre), que se desarrollaba por el Real Decreto
627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes
ferroviarios y sus familiares, cuyo art. 3 define quienes tienen la
consideración de víctima, de familiares de esta, y de herido grave.
La consideración de beneficiarios
de las medidas aprobadas por el RDL 32/2026 se regula en el art. 2, tomando
como punto de referencia el citado RD, teniendo la consideración de
víctima directa (apartado 1) “toda persona que, como resultado de encontrarse
involuntariamente involucrada de forma directa en los citados accidentes
ferroviarios, resultasen heridas o fallecidas…. (requiriéndose la circunstancia
de “ser viajero, maquinista, personal en formación o personal de a bordo, en
cualquiera de sus categorías, de los trenes siniestrados”, y de víctimas
indirectas (apartado 2), en caso de fallecimiento, los familiares listados en
dicho precepto.
En la citada exposición de motivos
se expone sucintamente el accidente ferroviario acaecido en la localidad
toledana de Urga, que en la fecha de publicación de la norma había causado “la
muerte de 69 personas y más de 100 heridos”, e inmediatamente se hace
referencia al RDL 1/2026, dictado “con el fin de proporcionar a las víctimas y
a sus familias un respaldo material inmediato que contribuyera a mitigar el
impacto económico derivado del accidente”, y se destaca que “la experiencia
derivada de la aplicación de las medidas previstas en (dicho RDL) ha puesto de
manifiesto la utilidad de contar con mecanismos específicos de apoyo económico
para las víctimas de accidentes de especial gravedad y para sus familiares”.
5. ¿Cuáles son los preceptos que
tienen directa relación con la normativa laboral y de protección social? Los
encontramos en las disposiciones adicionales tercera y cuarta, así como también
en la disposición transitoria tercera.
A) Respecto a la DA 3º, en la
exposición de motivos se explica que “establece un régimen especial de
protección a las personas trabajadoras como consecuencia de los problemas de
movilidad derivados del accidente ferroviario descrito en este real decreto-ley”,
añadiendo con mayor precisión que “… aunque el ordenamiento jurídico laboral ya
establece mecanismos de protección de las personas trabajadoras que no puedan
prestar sus servicios con normalidad por impedimentos que no les sean
imputables, se garantiza así la seguridad y tranquilidad al conjunto de
personas trabajadoras afectadas”.
Vamos al texto articulado, que
lleva por título “Protección de las personas trabajadoras afectadas”, y dispone
que quienes “no hayan podido acudir presencialmente a su puesto de trabajo o
iniciar su prestación laboral con puntualidad como consecuencia del accidente
ferroviario al que se refiere el artículo 1, o de las alteraciones del
servicio, no podrán ser sancionadas por la empresa ni sufrir perjuicio alguno
en su relación laboral”, concretando cómo justificar esa alteración de la
prestación de trabajo, ya que tendrán derecho a que las compañías ferroviarias
les faciliten justificantes acreditativos de las incidencias que hayan
provocado alteraciones en la prestación del servicio”.
Estamos ante un supuesto evidente
de fuerza mayor si bien no se precisa si es de aplicación el art. 37.3 g) o el
46.6 de la LET, por lo que habrá que estar a la importancia de la alteración, y
las posibles medidas, pactadas, de modificación de la prestación laboral hasta
que se subsane el problema, siendo más que previsible que en la fecha de
publicación de este artículo ya se hayan adoptado las medidas necesarias al
respecto por parte empresarial, no siendo descartable en modo alguno acudir al
trabajo a distancia cuando ello sea posible.
B) Si nos fijamos a continuación en
la DA 4ª, comprobamos que se refiere a una medida de protección social, en
aplicación de la normativa de Seguridad Social y la del régimen de Clases
Pasivas del Estado. Se explica que “… en atención precisamente a la gravedad
del accidente, todas las prestaciones que hayan sido causadas como consecuencia
directa del mismo, ya sean de incapacidad temporal, incapacidad permanente o
muerte y supervivencia, que se reconozcan tanto por la Seguridad Social, como
por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, tendrán la consideración de
asimiladas a accidente de trabajo, o pensión extraordinaria, con la mejora de
la cuantía de estas que ello supone”.
En efecto, el precepto dispone que
“Los procesos de incapacidad temporal iniciados antes del 30 de noviembre de
2026, como consecuencia del accidente ferroviario a que se refiere el artículo
1 tendrán la consideración, con carácter excepcional, de situación asimilada a
accidente de trabajo, exclusivamente a efectos de la prestación económica de
incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social”, por lo que no se
requerirá periodo mínimo de cotización (art. 172.b) LGSS), y por consiguiente
no será de aplicación el art. 156.4 a) (“no tendrán la consideración de
accidente de trabajo… a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al
trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde
relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente”) .
La misma regla se aplica a las
prestaciones económicas de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, y a
la prestación económica por incapacidad permanente parcial, cuyo hecho causante
sea consecuencia del accidente referido en este precepto, que “tendrán la
consideración, con carácter excepcional, de situación asimilada a accidente de
trabajo a los exclusivos efectos del cálculo de su cuantía económica siempre
que resulte más favorable”.
Con mayor concreción, se dispone
que a efectos de la prestación económica por IT, podrá causar derecho “la
persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del
hecho causante en alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social”, y
que a efectos de las prestaciones de IP o de muerte y supervivencia, podrán
causarlo “las personas trabajadoras por cuenta propia o ajena que en la fecha
del hecho causante se encuentren en alta o en situación asimilada a la de alta
en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social”, aplicándose el precepto,
“… sin necesidad de que el interesado lo solicite y de forma retroactiva desde
la fecha de efectos del subsidio por incapacidad temporal o pensión, aun cuando
a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley se hubiere
extinguido el derecho o reconocido la pensión”.
Por lo que respecta a las
prestaciones por jubilación o retiro por incapacidad permanente, de viudedad,
orfandad o a favor de los padres reconocidas por el Régimen de Clases Pasivas
del Estado, siempre que el hecho causante de la pensión de que se trate sea
consecuencia del accidente ferroviario de Urda, se dispone que tendrán la
consideración, con carácter excepcional, “de prestación extraordinaria a los
exclusivos efectos del cálculo de su cuantía económica de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril,
siempre que resulte más favorable”.
C) A continuación, la atención se
centra en la DT 3ª, que explica que responde a “la necesidad de equiparar el
régimen excepcional que, para el reconocimiento de pensiones del sistema de la
Seguridad Social de las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida acaecidos
el pasado mes de enero, se recoge la disposición adicional primera del Real
Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril… al ahora regulado en la disposición
adicional segunda de este real decreto-ley, incorporando a su ámbito subjetivo
a quienes se encontraran en situación asimilada al alta”.
La concreción la encontramos en la
redacción del citado precepto, que dispone que las pensiones de incapacidad
permanente, muerte y supervivencia, así como la prestación económica por
incapacidad permanente parcial, cuyo hecho causante sea consecuencia de los
accidentes ferroviarios de Adamuz y de Gelida … “podrán ser causadas por
personas trabajadoras por cuenta propia o ajena que en la fecha del hecho
causante se encontraran en alta o en situación asimilada a la de alta en
cualquiera de los regímenes de Seguridad Social”.
Buena lectura
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