viernes, 20 de noviembre de 2026

Adamuz, Gelida, Urda. Del RDL 1/2026 de 27 de enero al RDL 32/2026 de 3 de noviembre (convalidado). Cuando la normativa laboral y de protección social debe responder con urgencia a los accidentes ferroviarios

 

La ya plenamente consolidada colección Briefs de nuestra Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha publicado el día 18 el artículo que ahora pongo a disposición de todos los lectores y lectoras del blog. Ese mismo día, la norma era convalidada por la Diputación permanente del Congreso de los Diputados. 


1. No es agradable redactar artículos que traten sobre auténticos dramas humanos, y más concretamente gravísimos accidentes ferroviarios que dejan tras de sí a un importante número de personas fallecidas y accidentadas, importantes daños materiales y un coste social incalculable para todas las personas afectadas directamente, por haber sobrevivido al accidente, o indirectamente por ser familiares o allegados de las fallecidas.

Ahora bien, sí es necesario por parte de los poderes públicos adoptar inmediatamente medidas que traten de disminuir, cuando menos, esos costes a los que me acabo de referir, y ello, por evidentes razones de urgencia, sólo puede hacerse por la vía del instrumento jurídico permitido por el art. 86.1 de nuestra Constitución, es decir el Real Decreto Ley.

2. Decía que no es agradable la redacción de este tipo de artículos, y no soy, permítanme la expresión coloquial, un novato en estas lides, ya que dediqué en esta misma colección un artículo en el que, entre varias RDL, dedicaba mi atención al núm. 1/2026, de 27 de enero, “de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona)” 

En su exposición de motivos se reconocía explícitamente que nuestro ordenamiento jurídico laboral “ya establece mecanismos de protección de las personas trabajadoras que no puedan prestar sus servicios con normalidad por impedimentos que no les sean imputables”, si bien, “para dotar de seguridad y tranquilidad al conjunto de personas trabajadoras afectadas por los citados accidentes”, se introducía una disposición adicional para que no hubiera duda alguna de que quienes “… no hayan podido acudir presencialmente a su puesto de trabajo o iniciar su prestación laboral con puntualidad como consecuencia de los accidentes ferroviarios a los que se refiere el artículo uno o de las alteraciones del servicio a las que se refiere la disposición adicional segunda no podrán ser sancionadas por la empresa ni sufrir” .

Y a la pregunta de cómo podrían justificar esa ausencia o retraso, en la misma disposición se regulaba que tendrían derecho a que las compañías ferroviarias les facilitaran justificantes acreditativos de las incidencias que hubieran provocado alteraciones en la prestación del servicio”.

3. Pues bien, la nueva tragedia ferroviaria, el accidente de Urda, ha obligado al gobierno a dictar un nuevo RDL, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre, que con el núm. 32/2026 se ha publicado en el BOE el día y ha entrado en vigor el mismo día. La norma ha sido convalidada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en la reunión celebrada el 18 de noviembre, y lleva por título "ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia” .

Una amplia nota de síntesis de su contenido fue publicada por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible  el mismo día de su aprobación, de la que destaco su referencia a que “las bajas laborales por incapacidad temporal derivadas del accidente tendrán, con carácter excepcional, la consideración de accidente de trabajo a efectos de la prestación económica, lo que permitirá percibir la prestación desde el primer día de baja (no a partir del cuarto día) y en una cuantía superior a la correspondiente a una baja por contingencias comunes (75% de la base reguladora, en lugar del 60%).

4. Con la obligada síntesis que requiere un artículo publicado en esta colección, cabe decir en primer lugar que encontramos en su exposición de motivos referencias a normas específicamente reguladoras del sector ferroviario que han sido tomadas en consideración por el gobierno, al igual que se hizo en el RDL 1/2026, para aprobar medidas de carácter social y económico, dirigidas ambas a personas cuya vida laboral se vio afectada por el accidente, y también familiares de las víctimas por lo que respecta a las prestaciones sociales a percibir, y las segundas igualmente a quienes son viajeros y viajeras habituales de la línea ferroviaria afectada por el accidente, al objeto de evitar un incremento de los costes de desplazamiento por otros medios.

Baste referirse a la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, en cuya exposición de motivos ya se exponía algo que después se ha visto recogido en posteriores RDL relativos a accidentes ferroviarios: “… el trágico accidente acaecido en Santiago de Compostela el pasado 24 de julio ha puesto de manifiesto la necesidad de proporcionar tanto a las víctimas de accidentes como a sus familiares y allegados una atención integral, de manera que se pongan a su alcance mecanismos de asistencia y apoyo adecuados a sus necesidades”.

A tal efecto, se modificaba la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (más adelante derogada por la Ley 38/2015, de 29 de septiembre), que se desarrollaba por el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, cuyo art. 3 define quienes tienen la consideración de víctima, de familiares de esta, y de herido grave.

La consideración de beneficiarios de las medidas aprobadas por el RDL 32/2026 se regula en el art. 2, tomando como punto de referencia el citado RD, teniendo la consideración   de víctima directa (apartado 1) “toda persona que, como resultado de encontrarse involuntariamente involucrada de forma directa en los citados accidentes ferroviarios, resultasen heridas o fallecidas…. (requiriéndose la circunstancia de “ser viajero, maquinista, personal en formación o personal de a bordo, en cualquiera de sus categorías, de los trenes siniestrados”, y de víctimas indirectas (apartado 2), en caso de fallecimiento, los familiares listados en dicho precepto.

En la citada exposición de motivos se expone sucintamente el accidente ferroviario acaecido en la localidad toledana de Urga, que en la fecha de publicación de la norma había causado “la muerte de 69 personas y más de 100 heridos”, e inmediatamente se hace referencia al RDL 1/2026, dictado “con el fin de proporcionar a las víctimas y a sus familias un respaldo material inmediato que contribuyera a mitigar el impacto económico derivado del accidente”, y se destaca que “la experiencia derivada de la aplicación de las medidas previstas en (dicho RDL) ha puesto de manifiesto la utilidad de contar con mecanismos específicos de apoyo económico para las víctimas de accidentes de especial gravedad y para sus familiares”.

5. ¿Cuáles son los preceptos que tienen directa relación con la normativa laboral y de protección social? Los encontramos en las disposiciones adicionales tercera y cuarta, así como también en la disposición transitoria tercera.

A) Respecto a la DA 3º, en la exposición de motivos se explica que “establece un régimen especial de protección a las personas trabajadoras como consecuencia de los problemas de movilidad derivados del accidente ferroviario descrito en este real decreto-ley”, añadiendo con mayor precisión que “… aunque el ordenamiento jurídico laboral ya establece mecanismos de protección de las personas trabajadoras que no puedan prestar sus servicios con normalidad por impedimentos que no les sean imputables, se garantiza así la seguridad y tranquilidad al conjunto de personas trabajadoras afectadas”.

Vamos al texto articulado, que lleva por título “Protección de las personas trabajadoras afectadas”, y dispone que quienes “no hayan podido acudir presencialmente a su puesto de trabajo o iniciar su prestación laboral con puntualidad como consecuencia del accidente ferroviario al que se refiere el artículo 1, o de las alteraciones del servicio, no podrán ser sancionadas por la empresa ni sufrir perjuicio alguno en su relación laboral”, concretando cómo justificar esa alteración de la prestación de trabajo, ya que tendrán derecho a que las compañías ferroviarias les faciliten justificantes acreditativos de las incidencias que hayan provocado alteraciones en la prestación del servicio”.

Estamos ante un supuesto evidente de fuerza mayor si bien no se precisa si es de aplicación el art. 37.3 g) o el 46.6 de la LET, por lo que habrá que estar a la importancia de la alteración, y las posibles medidas, pactadas, de modificación de la prestación laboral hasta que se subsane el problema, siendo más que previsible que en la fecha de publicación de este artículo ya se hayan adoptado las medidas necesarias al respecto por parte empresarial, no siendo descartable en modo alguno acudir al trabajo a distancia cuando ello sea posible.  

B) Si nos fijamos a continuación en la DA 4ª, comprobamos que se refiere a una medida de protección social, en aplicación de la normativa de Seguridad Social y la del régimen de Clases Pasivas del Estado. Se explica que “… en atención precisamente a la gravedad del accidente, todas las prestaciones que hayan sido causadas como consecuencia directa del mismo, ya sean de incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte y supervivencia, que se reconozcan tanto por la Seguridad Social, como por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, tendrán la consideración de asimiladas a accidente de trabajo, o pensión extraordinaria, con la mejora de la cuantía de estas que ello supone”.

En efecto, el precepto dispone que “Los procesos de incapacidad temporal iniciados antes del 30 de noviembre de 2026, como consecuencia del accidente ferroviario a que se refiere el artículo 1 tendrán la consideración, con carácter excepcional, de situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente a efectos de la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social”, por lo que no se requerirá periodo mínimo de cotización (art. 172.b) LGSS), y por consiguiente no será de aplicación el art. 156.4 a) (“no tendrán la consideración de accidente de trabajo… a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente”) .

La misma regla se aplica a las prestaciones económicas de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, y a la prestación económica por incapacidad permanente parcial, cuyo hecho causante sea consecuencia del accidente referido en este precepto, que “tendrán la consideración, con carácter excepcional, de situación asimilada a accidente de trabajo a los exclusivos efectos del cálculo de su cuantía económica siempre que resulte más favorable”.

Con mayor concreción, se dispone que a efectos de la prestación económica por IT, podrá causar derecho “la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social”, y que a efectos de las prestaciones de IP o de muerte y supervivencia, podrán causarlo “las personas trabajadoras por cuenta propia o ajena que en la fecha del hecho causante se encuentren en alta o en situación asimilada a la de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social”, aplicándose el precepto, “… sin necesidad de que el interesado lo solicite y de forma retroactiva desde la fecha de efectos del subsidio por incapacidad temporal o pensión, aun cuando a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley se hubiere extinguido el derecho o reconocido la pensión”.

Por lo que respecta a las prestaciones por jubilación o retiro por incapacidad permanente, de viudedad, orfandad o a favor de los padres reconocidas por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, siempre que el hecho causante de la pensión de que se trate sea consecuencia del accidente ferroviario de Urda, se dispone que tendrán la consideración, con carácter excepcional, “de prestación extraordinaria a los exclusivos efectos del cálculo de su cuantía económica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, siempre que resulte más favorable”.

C) A continuación, la atención se centra en la DT 3ª, que explica que responde a “la necesidad de equiparar el régimen excepcional que, para el reconocimiento de pensiones del sistema de la Seguridad Social de las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida acaecidos el pasado mes de enero, se recoge la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril… al ahora regulado en la disposición adicional segunda de este real decreto-ley, incorporando a su ámbito subjetivo a quienes se encontraran en situación asimilada al alta”.

La concreción la encontramos en la redacción del citado precepto, que dispone que las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como la prestación económica por incapacidad permanente parcial, cuyo hecho causante sea consecuencia de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Gelida … “podrán ser causadas por personas trabajadoras por cuenta propia o ajena que en la fecha del hecho causante se encontraran en alta o en situación asimilada a la de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social”. 

Buena lectura

 

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