El Parlamento europeo
aprobó el 12 de noviembre, durante la sesión plenaria celebrada en Bruselas una
importante Resolución “sobre los aspectos institucionales de la inteligenciaartificial en el contexto de la integración europea”
Remitiendo a las
lectores y lectoras del blog a su lectura íntegra, reproduzco en esta entrada
algunos fragmentos que me han parecido de especial interés en el ámbito social
y laboral (la negrita es mía).
L. Considerando que el uso de la IA
tiene implicaciones directas para el ejercicio de los derechos y libertades
fundamentales, incluida la libertad de pensamiento y conciencia, la libertad de
expresión, el derecho a la intimidad, la protección de datos, la no
discriminación y el derecho a una buena administración;
O. Considerando que la cooperación
internacional en materia de IA debe evitar el extractivismo digital, garantizar
un acceso equitativo a los beneficios tecnológicos y abordar la concentración
de poder en manos de un reducido número de agentes privados; que la gobernanza
mundial y los marcos reglamentarios también deben abarcar la huella ecológica
significativa y en constante aumento del desarrollo y el despliegue de la IA,
caracterizada por una alta demanda de electricidad, un elevado consumo de agua
y unos grandes volúmenes de residuos eléctricos y electrónicos;
2. Subraya que el rápido despliegue de
sistemas avanzados de IA no debe dar lugar a zonas grises jurídicas ni
debilitar la aplicación de la legislación vigente; pone de relieve que la
innovación tecnológica nunca puede ir en detrimento del Estado de Derecho, la
seguridad pública o la rendición de cuentas democrática; pide que las
estructuras de gobernanza de la Unión en materia de IA incorporen mecanismos
que permitan una consulta estructurada con los innovadores europeos y hace
hincapié en que el fomento de la innovación en IA es fundamental no solo para
reforzar la competitividad de la Unión, sino también para salvaguardar su
seguridad, soberanía tecnológica y autonomía estratégica; pide a la Comisión
que vele por que el Reglamento de Inteligencia Artificial se aplique de manera
sistemática y transparente;
4. Reafirma que el enfoque de la Unión con
respecto a la IA debe estar plenamente en consonancia con los valores
contemplados en el artículo 2 del TUE, entre los que se incluye la
democracia, el Estado de Derecho, la dignidad humana, la igualdad, los derechos
fundamentales y la protección de datos personales, y que el despliegue y el
uso de la IA en las instituciones debe seguir estando centrado en el ser humano
y bajo una completa supervisión humana, lo que significa que una persona debe
realmente supervisar cualquier herramienta de IA mientras esté en uso,
contribuyendo así a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las
instituciones democráticas y la administración pública;
5. Destaca que la IA reviste una
importancia crucial para la soberanía digital de la Unión, ya que contribuye a
la prosperidad, la productividad y las oportunidades para los ciudadanos y los
trabajadores de la Unión; insiste, por tanto, en que la Unión debe preservar
y promover su autonomía estratégica garantizando capacidades europeas
independientes en el desarrollo y el despliegue de tecnologías de IA,
aprovechando al mismo tiempo que esas tecnologías estén sujetas a una
supervisión cuidada y a normas democráticas y centradas en el ser humano;
Se compromete a seguir desarrollando un marco normativo y ético interno sólido
para el uso de la IA, con el fin de maximizar la eficiencia, la innovación y el
valor público, salvaguardando al mismo tiempo los derechos fundamentales, la
protección de datos, la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión
humana en todas las actividades parlamentarias;
6. Pide que se modifique la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al objeto de incluir nuevos
derechos y libertades que han surgido como consecuencia del uso generalizado de
la IA, como el derecho a la protección de la identidad personal y la imagen
(contra las ultrafalsificaciones), el derecho a la transparencia algorítmica y
la autodeterminación digital y la protección frente a la discriminación
algorítmica; insiste en que también debe incluirse el principio de rendición de
cuentas y responsabilidad por posibles daños y perjuicios a fin de salvaguardar
los derechos y libertades antes mencionados;
21. Pone de relieve, además, la necesidad
de evaluar el impacto socioeconómico más amplio de la IA, en particular en
términos de perturbación del mercado laboral; destaca, en este contexto, la
necesidad de desarrollar las capacidades de los ciudadanos para sensibilizar
sobre los beneficios de la IA y los riesgos conexos; resalta que los sistemas de
IA utilizados en la administración pública no deben dar lugar a decisiones
puramente automatizadas en ámbitos con efectos jurídicos o sociales para los
consumidores y deben estar sujetos a salvaguardias significativas en
consonancia con el Derecho de la Unión;
40. Subraya que la IA debe seguir siendo
estrictamente una herramienta auxiliar en el ámbito jurídico, utilizada para el
apoyo administrativo, la investigación jurídica o la optimización de
actividades técnicas, sin participar en el proceso de toma de decisiones
judiciales y sin sustituir en modo alguno el discernimiento humano ni el papel
de los tribunales;
59. Destaca la importancia de las escuelas,
las universidades y las instituciones educativas y de formación de todos los
niveles de gobierno a la hora de mejorar la alfabetización en materia de IA a
través de la educación y la investigación; considera que esta alfabetización en
materia de IA constituye la piedra angular de la salvaguardia de los sistemas
democráticos y las elecciones frente a las manipulaciones de la información y
las injerencias facilitadas por la IA; pide que se incrementen los recursos a
escala de la Unión y de los Estados miembros para alcanzar unos niveles
adecuados de alfabetización en materia de IA en la sociedad;
62. Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que velen por que el despliegue de la IA, en particular en ámbitos de
alto riesgo como el empleo, la aplicación de la ley y el acceso a los servicios
públicos, esté sujeto a salvaguardias estrictas, incluida la posibilidad de
prohibiciones cuando no puedan garantizarse de otra forma los derechos
fundamentales, y que velen por que la IA contribuya a reducir las
desigualdades, promover el empleo de calidad y reforzar el modelo social
europeo”.
Buena lectura
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