1. Nada más ni
nada menos que cuatro Reales Decretos-Ley fueron aprobados por el Consejo deMinistros en su reunión del 10 de noviembre, todos
ellos publicados en el BOE del día 11
Se trata de las
siguientes normas:
Real Decreto-ley33/2026 por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños
causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19
de octubre de 2026, como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos
(DANA), denominada Adam.
Real Decreto-ley34/2026 de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el
transporte ferroviario y la protección social del personal ferroviario.
Real Decreto-ley35/2026 de medidas urgentes para el reconocimiento y protección a las familias
monoparentales y otras medidas de apoyo a familias.
Real Decreto-ley36/2026 de medidas para el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Todas las normas aprobadas son de indudable interés social, dado que en unos casos tratan de dar respuestas a problemas que requieren de una inmediata intervención, y en otras toman en consideración nuevas realidades familiares y de necesidad de cuidados que hacen necesario, igualmente, la intervención normativa.
El objetivo de la
presente entrada es el de seleccionar aquellos preceptos de contenido más directamente
laboral y de protección social que se encuentran en los textos referenciados.
Reitero que todos ellos, por diversos motivos, son importantes en su totalidad,
si bien ahora me centro sólo en algunos contenidos concretos de los mismos.
2. Inicio mi
exposición con el RDL 34/2026.
En un artículo de
próxima publicación en la ya prestigiosa y plenamente consolidada colección briefsde nuestra Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social explico que
“No es agradable
redactar artículos que traten sobre auténticos dramas humanos, y más
concretamente gravísimos accidentes ferroviarios que dejan tras de sí a un
importante número de personas fallecidas y accidentadas, importantes daños
materiales y un coste social incalculable para todas las personas afectadas
directamente, por haber sobrevivido al accidente, o indirectamente por ser
familiares o allegados de las fallecidas. Ahora bien, sí es necesario por parte
de los poderes públicos adoptar inmediatamente medidas que traten de disminuir,
cuando menos, esos costes a los que me acabo de referir, y ello, por evidentes
razones de urgencia, sólo puede hacerse por la vía del instrumento jurídico
permitido por el art. 86.1 de nuestra Constitución, es decir el Real Decreto
Ley”,
y recuerdo que
“dediqué en esta
misma colección un artículo en el que, entre varias RDL, dedicaba mi atención al núm. 1/2026, de 27 de
enero, “de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz
(Córdoba) y Gélida (Barcelona)” , añadiendo que “la nueva tragedia ferroviaria, el accidente de Urda, ha obligado
al gobierno a dictar un nuevo RDL, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de
noviembre, que con el núm. 32/2026 se ha publicado en el BOE el día 4 y ha
entrado en vigor el mismo día”.
Pues bien, guarda
estrecha relación con el RDL 32/2026, el 34/2026, en el que se adoptan tanto
medidas urgentes para reforzar la seguridad en el trasnporte ferroviario como
para mejorar la protección social del personal que presta tal servicio, siendo
la misma fecha de publicación, con la importante excepción de lo dispuesto en
el art. 1.
Pues bien, dicho
precepto modifica el art. 36 del RD 929/2020 de 27 de octubre, sobre seguridad
operacional e interoperabilidad ferroviarias “para precisar el concepto de
tiempo de conducción de los maquinistas”, explicándose en la exposición de
motivos que
“Se establece que
este tiempo comprende únicamente el período durante el cual el maquinista es
responsable de la conducción del vehículo ferroviario, excluyéndose las tareas
de puesta en servicio, retirada del servicio y preparación técnica o
administrativa del tren. No obstante, se consideran también tiempo de
conducción las maniobras con el vehículo en movimiento, las interrupciones
durante las cuales el maquinista sigue siendo responsable de la circulación y
las pausas inferiores a 45 minutos, incluso cuando no deba permanecer atento a
la circulación ferroviaria o a las maniobras, o se produzcan durante la
realización de pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones, cuando el
personal deba permanecer a disposición operativa inmediata”,
Y por otro lado
que “... se considera también para el cómputo de tiempos los periodos de
actividad del maquinista desempeñados en otras redes diferentes a la Red
Ferroviaria de Interés General, como ocurre en el caso particular del personal
con licencia de conducción que también dispone de las habilitaciones de
operador de vehículos de maniobras o de operador de maquinaria de
infraestructura. Finamente, se establece el régimen concreto del supuesto
excepcional en el que se admita que la conducción se pueda realizar por parejas
de maquinistas, uno habilitado del vehículo y otro de la infraestructura”.
Como he indicado,
el precepto se aplicará seis meses después de la publicación del RDL (DF 3ª),
justificándose la medida para que “... las empresas ferroviarias y los
administradores de infraestructuras puedan adaptar el diseño de sus gráficos de
conducción y otros condicionantes de la organización del trabajo de los
maquinistas a las nuevas condiciones establecidas”.
Adjunto el texto
comparado de la norma que se modifica y la del RDL
|
Norma modificada |
RD
36/2026 |
|
Art.
36.2 2.
Se considerará tiempo de conducción la duración de la actividad durante la
cual el maquinista es responsable de la conducción de un vehículo
ferroviario, con la exclusión del tiempo previsto para la puesta en
servicio y la puesta fuera de servicio del vehículo. Incluye
la realización de maniobras que lleven asociado el manejo del vehículo
ferroviario en movimiento. También
se computarán como tiempo de conducción las interrupciones en las que el
maquinista permanece como responsable del vehículo a efectos de conducción,
es decir, con atención a la circulación ferroviaria |
«2.
Se considerará tiempo de conducción la duración de la actividad durante la
cual el maquinista sea responsable de la conducción de un vehículo
ferroviario. También
se computarán como tiempo de conducción: a)
La realización de maniobras que lleven asociado el manejo del vehículo
ferroviario en movimiento. b)
Las interrupciones durante la cuales el maquinista permanezca como
responsable del vehículo a efectos de conducción con atención a la
circulación ferroviaria o a las maniobras, cualquiera que sea su duración. c)
La totalidad de cada período inferior a 45 minutos comprendido entre el cese
de una actividad de conducción y la reanudación de esta por el mismo
maquinista, en el mismo o en otro vehículo ferroviario. Estos períodos se
computarán íntegramente, aunque el maquinista haya quedado relevado de la
responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación
ferroviaria, no realice actividad alguna o sea destinado a otras tareas. d)
Las interrupciones de duración igual o superior a 45 minutos producidas
durante la realización de pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones,
cuando el personal al que se refiere el apartado 1, aun sin mantener una
atención continua a la circulación, deba permanecer a disposición operativa
inmediata para efectuar movimientos, recibir y ejecutar instrucciones
relacionadas con la conducción o intervenir sobre los sistemas de conducción
y seguridad del vehículo, sin haber sido relevado de dichas funciones. Los
períodos previstos en las letras anteriores no interrumpirán ni reiniciarán
el cómputo de la conducción continuada. Los
tiempos previstos para la puesta en servicio y la puesta fuera de servicio
del vehículo, así como las operaciones de preparación técnica y
administrativa del tren, quedarán excluidos del tiempo de conducción, salvo
cuando se desarrollen dentro de los períodos previstos en las letras a), b),
c) o d), en cuyo caso se computarán íntegramente como tiempo de conducción,
sin que proceda descontar el tiempo dedicado a dichas operaciones. Los
períodos incluidos en este apartado se computarán tanto a efectos del límite
de conducción continuada como del límite de conducción diaria.» Tres.
Se añade un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción: «6.
Para el cómputo de los tiempos de los apartados anteriores se tendrán en
cuenta los periodos de actividad del maquinista desempeñados en otras redes
diferentes a la Red Ferroviaria de Interés General. En el caso particular de
personal con licencia de conducción que también disponga de las
habilitaciones de operador de vehículos de maniobras o de operador de
maquinaria de infraestructura, se tendrán en cuenta los periodos de actividad
en las zonas de maniobras o en las exclusivas para trabajos a la hora de
contabilizar los periodos de actividad sobre la Red Ferroviaria de Interés
General.» Cuatro.
Se añade un nuevo apartado 7 con la siguiente redacción: «7.
En los supuestos excepcionales en los que se admite que la conducción se
puede realizar por parejas de maquinistas, uno habilitado del vehículo y otro
de la infraestructura, el tiempo de conducción en esos casos computará a
ambos maquinistas simultáneamente y de la misma manera, ya que ambos están
implicados en la tarea de la conducción y atención a la circulación
ferroviaria, prestando atención plena a esta actividad.» |
También hay que hacer
referencia a la disposición adicional única, en la que se extiende el régimen
previsto en el art. 3 del RD Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, “al
personal de las empresas ferrovías que operen en líneas interoperables y/o en
la Red ferroviaria de interés general”, y se prevé “se prevé el inicio del
procedimiento de revisión de coeficientes reductores en el marco del RD
402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para
determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de
jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de
coeficientes reductores, para incluir otras categorías profesionales
ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres con
participación sindical”.
3. Mis anotaciones
siguen con el RDL 33/2024, que entró en vigor, sin ninguna excepción, el día
11. En estas normas encontramos dos preceptos referidos a la ampliación de la
duración temporal de la prestación de servicios del personal interino.
Primeramente, en
la exposición de motivo se expone que “La disposición adicional sexta prevé
que, con carácter excepcional, se pueda diferir, hasta un máximo determinado,
el cese de los interinos para los nombrados específicamente para afrontar, en
respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos,
de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura,
en las respectivas delegaciones del Gobierno. También se prevé diferir, a
través de la disposición adicional séptima, el cese de los funcionarios
interinos que fueron designados para las imprescindibles tareas relacionadas
con la respuesta a los daños causados por la devastadora DANA, en diferentes
municipios de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024”.
La concreción se
encuentra en las citadas disposiciones- En la DA 6ª se dispone que “Con
carácter excepcional, y a los efectos de lo dispuesto en la disposición
adicional decimoséptima del texto refundido del EBEP.... , se podrá diferir,
hasta un máximo de veinticuatro meses a partir de la entrada en vigor del RDL
5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en
respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos,
de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura,
el cese del personal funcionario interino nombrado en las Delegaciones del
Gobierno en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, cuyas
funciones estén destinadas a atender directamente las necesidades derivadas de
la emergencia de protección civil y a dar respuesta a los daños causados por
los fenómenos meteorológicos adversos a los que se refiere el citado real
decreto-ley.
Y en semejantes términos, si bien ahora
referido al ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, y con ampliación de
la duración temporal, la DA 7ª estipula que “se podrá diferir, hasta un
máximo de treinta y seis meses a partir de la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas
urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y
relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles
Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de
noviembre de 2024, el cese de un máximo de 20 funcionarios interinos nombrados
con motivo de la aprobación de dicho real decreto-ley siempre que las funciones
desempeñadas por dichos funcionarios estén destinadas a atender directamente
las necesidades derivadas de la emergencia de protección civil y a dar
respuesta a los daños causados por la DANA a que se refiere dicha norma” (la
negrita es mía).
4. La protección a
las, cada vez más diversas, modalidades de familias se regula en el RDL 35/2026,
que modifica numerosas normas que afectan al ámbito familiar. La norma ha
entrado en vigor el día de su publicación, si bien con dos importantes
excepciones, el art. 5, que regula el “reconocimiento de la condición de
situación familiar en que existe una sola persona progenitora”, y la
disposición final primera, que, en estrecha relación con el anterior precepto,
modifica la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, que producirán efectos a partir del 1 de enero de 2027.
La justificación
de la norma se encuentra claramente expuesta en estos fragmentos de la exposición
de motivos:
Este real
decreto-ley introduce avances sustanciales en la protección de las familias
monoparentales, avanzando en la equiparación de la intensidad con la que el
Estado protege a estas familias con la que reciben las familias numerosas. Con
ello se avanza tanto en igualdad de género, como en la igualdad de derechos y
se salvaguarda el interés superior de los niños y las niñas que residen en esta
tipología de hogares. Asimismo, refuerza la protección económica de las
familias, no solo una medida de justicia social, sino también una inversión
estratégica para reducir la pobreza infantil, favorecer la igualdad de
oportunidades y prevenir la transmisión intergeneracional de las situaciones de
desventaja social.
En primer lugar,
crea un título de familia monoparental, que permitirá su reconocimiento oficial
y el acceso homogéneo a beneficios y medidas de apoyo en todo el territorio
nacional. En segundo lugar, equipara a las familias monoparentales con dos
hijos a las familias numerosas, reconociendo su especial vulnerabilidad y
garantizando que reciban una protección equivalente. En tercer lugar, refuerza
el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, ampliando su ámbito de protección
para incorporar también a personas mayores de edad con discapacidad igual o
superior al sesenta y cinco por ciento o en situación de dependencia, e
introduce modificaciones en el procedimiento de urgencia para agilizar el
reconocimiento de los anticipos en situaciones de especial vulnerabilidad
económica y social. Estas medidas avanzan en la construcción de un sistema de
protección más justo, coherente, centrado en el interés superior de la infancia
y en la igualdad entre hombres y mujeres.
Pero igualmente
este real decreto-ley actualiza la protección brindada a las familias numerosas
en un contexto de reducción del número de personas que componen los hogares, al
reconocer que enfrentan una mayor carga económica asociada a la crianza simultánea
de un número más elevado de hijos o hijas”.
A los efectos de
mi explicación es en el art. 6 donde encontramos referencias, si bien mayormente
de alcance genérico y necesitadas de posterior concreción, a medidas laborales
y de protección social.
“1. Los límites de
rentas que se establezcan, en su caso, para el acceso a prestaciones económicas
vinculadas al nacimiento, cuidado y crianza de hijas o hijos podrán
incrementarse en los casos en que la persona beneficiaria se encuentre en
alguna de las situaciones familiares previstas en este capítulo.
2. Específicamente,
en relación con el Ingreso mínimo vital, se garantiza que dichas familias
pueden acceder al mismo, evitando posibles discriminaciones, equiparando el
tratamiento con el de las situaciones familiares en que existan dos personas
progenitoras, incluyendo la posibilidad de convivencia con otros familiares sin
perder la aplicación del complemento, de acuerdo con lo previsto en la Ley
19/2021, de 20 de diciembre.
3. Las estrategias
activas de empleo que desarrollen las administraciones competentes promoverán
las habilidades y competencias de las personas progenitoras en las situaciones
familiares a que se refiere este título para la mejora de su empleabilidad, incluyendo
programas formativos específicos de competencias básicas y de reciclaje
profesional, programas personalizados de inserción socio laboral o acceso
preferente a planes de formación, en particular para las madres.
Estos programas
han de tener en consideración la especial dificultad para conciliar de estas
familias, garantizando que puedan participar en dichos programas, con horarios
compatibles con horarios escolares, servicio de cuidado en paralelo para
atender a las personas menores de edad, entre otras medidas...” (la negrita es
mía).
No podía faltar,
como es habitual en muchos RDL, una modificación de la Ley General de Seguridad
Social, y efectivamente la encontramos en la disposición final tercera, cuyo
texto es el siguiente:
“Se modifica la
letra h) del artículo 71.1 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, que queda redactado en los términos siguientes:
«h) Las
comunidades autónomas facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad
Social por medios informáticos los datos relativos a las fechas de
reconocimiento y vencimiento de los títulos de familias numerosas y de familias
monoparentales, así como los datos relativos a los miembros de la unidad
familiar incluidos en los mismos, que puedan guardar relación con el
nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las
prestaciones en cualquier procedimiento, incluyendo la condición de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como con la
actualización de la información obrante en las bases de datos del sistema. De
la misma manera, facilitarán además los datos relativos a parejas de hecho en
los términos regulados en el artículo 221.
Asimismo,
facilitarán a las entidades gestoras de Seguridad Social que gestionen ayudas o
subvenciones públicas, los datos sobre el cumplimiento de las obligaciones
tributarias que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento del derecho o el
importe de las ayudas o subvenciones a conceder.
Por otra parte,
facilitarán a la entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar los datos sobre el permiso de explotación marisquera,
que puedan guardar relación con la incorporación de los trabajadores dedicados al
marisqueo en el citado Régimen Especial.»
5. Por último, una breve referencia al RDL 36/2026, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, y que trae su razón de ser en un anterior RDL núm.17/2026 de 23 de junio, y en la Ley 4/2026 (remito a la entrada “Tomen nota: llegan modificaciones de la LET, LGSS, LISOS, EBEP e IMV, en el (todavía) Proyecto de Ley de modificación del RDLeg /2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (aprobación por el Senado)”
La justificación
de la norma se encuentra en este fragmento de la exposición de motivos:
“Con el fin de
asegurar la plena efectividad de las modificaciones introducidas en el SAAD por
la Ley 4/2026, de 1 de octubre, resulta necesario actualizar distintos aspectos
regulados por el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Dicha
actualización responde a la necesidad de adecuar el marco reglamentario a la
nueva regulación establecida por la reforma legal, garantizando la coherencia
interna del ordenamiento aplicable al SAAD y la correcta articulación de sus
distintos elementos. Con ello se facilita la aplicación efectiva de las
previsiones incorporadas por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, y se refuerza la
seguridad jurídica en la implementación de los derechos reconocidos”.
Baste ahora añadir
que el art. 1 regula las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado
por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y el segundo la cuantía
del nivel acordado de protección en el Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia. Por su parte, la disposición final primera modifica la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, y la segunda, y mucho más ampliamente,
el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre por el que se regulan las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
establecidas en la citada Ley.
A la espera de la
convalidación de dichas normas por la Diputación Permanente , buena lectura.
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