miércoles, 18 de noviembre de 2026

Más, e importantes, modificaciones de la normativa laboral. RDL 39/2026, de 17 de noviembre, por el que se modifican el texto refundido de la LET, el RD 902/2020, de 13 de octubre, la LE y el RD 723/2026, de 9 de septiembre. Texto comparado de las introducidas en la LET (I)

 

1. El Consejo deMinistros   celebrado el 17 de aprobó el Real Decreto-Ley “por el que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea”, que con el número 39/2026    ha sido publicado en el BOE del día 18, estipulándose en su disposición final séptima que entrará en vigor al día siguiente de la publicación, es decir el día 19.  

Se trata, sin duda, de un RDL de indudable importancia, tanto por la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la normativa comunitaria, como por los cambios que se operan y que tienden a reforzar los derechos de las personas trabajadoras y de las representaciones de estas en las empresas. Dada su amplitud y complejidad, y dejando para otra ocasión un examen más concreto de las modificaciones operadas y de su real alcance e impacto, la comparación la efectuaré de forma separada, para la LET por una parte, que se encuentra en esta entrada, y para las restantes normas y las disposiciones adicionales, transitorias y finales por otra, salvo una disposición transitoria que es también de aplicación relacionada con las modificaciones operadas en la LET.  

2. El Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó el mismo día una amplia y detallada notade prensa  , explicando el contenido de las muchas modificaciones operadas en varios textos normativos por el nuevo RDL.

A los efectos de mi exposición posterior, reproduzco el apartado relativo a la explicación de las modificaciones introducidas en la LET.

“1.- CONDICIONES LABORALES TRANSPARENTES

El Real Decreto-ley aprobado hoy permite avanzar en un principio básico fundamental: que las personas trabajadoras conozcan con detalle a qué se comprometen cuando firman un contrato laboral y, por tanto, sepan cuándo deben prestar sus servicios, desterrando la incertidumbre y permitiendo ordenar la vida de las personas trabajadoras.

 Para cumplir estos objetivos, se extiende el derecho de información a todos los contratos, eliminando la referencia a los superiores a cuatro semanas que estaba vigente hasta ahora.

Horas complementarias en los trabajos a tiempo parcial

Las personas trabajadoras con contratos a tiempo parcial tendrán derecho a retribución pese a la cancelación de horas complementarias: se pone fin a los abusos empresariales. Las personas trabajadoras tendrán derecho a mantener la retribución pactada en caso de que se cancele una tarea ya convocada.

También tendrán derecho a rechazar tareas cuando la empresa no respete el preaviso previsto por la ley o por el convenio colectivo aplicable o si no se concreta el día y hora en las que han de realizarlas.

Periodo de prueba

Será de un máximo de seis meses, solo ampliable por convenio, justificando las causas, bien sea por la naturaleza del empleo, la necesidad de la persona trabajadora o la necesidad de evaluar, por ejemplo, en casos de ERTE, permisos por nacimiento o incapacidad temporal, entre otros.

En los contratos de seis meses el periodo de prueba será de un máximo de un mes y en los de tiempo inferior se reducirá este periodo proporcionalmente.

 Empleo en paralelo

 Las empresas no podrán prohibir ni limitar, salvo por causas objetivas, que las personas trabajadoras presten servicios en otras empresas salvo pacto de plena dedicación con compensación económica.

 Transición en el empleo

 Se reconoce el derecho tanto a recibir información como a solicitar la conversión del contrato y de un nuevo puesto de trabajo con condiciones más estables y previsibles. Se define de forma clara y única qué se entiende por transición a otra forma de empleo”.

Lógicamente, una mayor concreción de las modificaciones incorporadas en la LET se encuentra en la exposición de motivos de la LET, que se explican en estos términos:

“El artículo primero prevé la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El apartado uno modifica el artículo 4.2.h), incluyendo el derecho de la persona trabajadora a no sufrir ningún trato desfavorable, perjuicio o represalia como consecuencia del ejercicio o reclamación de derechos laborales. En consecuencia, el apartado dos desplaza el orden de la actual letra h), que pasa a ser la letra i).

El apartado tres modifica el artículo 8.5, para suprimir el requisito de que la relación laboral tenga una duración mínima de cuatro semanas a efectos de exigir la información sobre los elementos esenciales del contrato. El precepto se modifica también para que la empresa informe sobre dichos elementos esenciales a la representación legal de las personas trabajadoras, evitándose así que esta última pierda la información esencial que no se encontrase en la copia básica del contrato.

El apartado cuatro modifica el artículo 12.4.e), para que las garantías de información de vacantes y solicitud de conversión del contrato de trabajo pasen a concentrarse en el artículo 21 bis, concretamente en la letra a) del apartado 1.

El apartado cinco da nueva redacción al artículo 12.5.d), estableciendo consecuencias en caso de que se incumpla el preaviso o la información sobre la realización de horas complementarias. Si bien es cierto que la problemática que pretende resolver el artículo 10.3 de la directiva ya tiene actualmente solución en el derecho interno español, por la interpretación combinada de los artículos 12.5.d) y 30, se decide reforzar su aplicación en el supuesto de las horas complementarias.

El apartado seis da nueva redacción al artículo 14 para asegurar el mejor encaje con la normativa comunitaria, estableciendo un límite expreso del periodo de prueba que, salvo ciertas excepciones justificadas, no podrá exceder de tres o seis meses. En coherencia con ello, también se prevé una reducción proporcional de dicho periodo en los contratos de duración determinada.

El apartado siete modifica el artículo 15.7, para que el derecho a la información sobre vacantes pase a residenciarse en el nuevo artículo 21 bis, concretamente en la letra b) del apartado 1. Adicionalmente, en dicha letra se otorga a estas personas trabajadoras el derecho a solicitar la conversión de su contrato de trabajo, que no se encontraba expresamente reconocido en el artículo 15.7, a diferencia de en los artículos 12.4.e) y 16.7, produciendo una distorsión respecto de lo pretendido en la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.

El apartado ocho suprime el apartado 7 del artículo 16, pasando el apartado 8 a ser el 7. Esta supresión constituye una mejora técnica, pasando el derecho de información de vacantes y solicitud de conversión a la letra c) del apartado 1 del artículo 21 bis.

El apartado nueve modifica el párrafo segundo del artículo 17.1 para declarar la nulidad de las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción frente a una reclamación extrajudicial o del ejercicio de acciones administrativas o judiciales en defensa de los derechos laborales. Se establece así, por primera vez, una garantía de indemnidad expresa en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, asegurando el mejor cumplimiento, entre otras, de las normas europeas, que introducen este tipo de garantías explícitas.

El apartado diez traslada al ordenamiento español las garantías relativas al empleo en paralelo que otorga la norma europea, modificando, para ello, el artículo 21.1.

El apartado once introduce un nuevo artículo 21 bis, dedicado a la transición a otra forma de empleo. Dicho artículo recoge, de manera más limpia y sistemática, por una parte, los derechos de información sobre vacantes que se encontraban en los artículos 12.4.e), 15.7 y 16.7, los derechos a solicitar la conversión del contrato de trabajo de los artículos 12.4.e) y 16.7, y el derecho general de solicitar un puesto de trabajo más previsible y seguro que introduce la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. Adicionalmente, el artículo establece reglas de funcionamiento tanto del derecho a recibir información como del derecho a solicitar la conversión del contrato y de un nuevo puesto de trabajo, para lo que se refunden tanto los requisitos de la citada directiva como los que se encontraban dispersos en los artículos 12.4.e), 15.7 y 16.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se logra, de este modo, que el nuevo artículo 21 bis defina de forma coherente, clara y única qué se entiende por transición a otra forma de empleo, considerada íntegramente, en el citado texto refundido.

El apartado doce modifica el artículo 28, reforzando el principio de igualdad retributiva mediante el reconocimiento del derecho individual de información retributiva y declarando nulas las cláusulas contractuales que impidan a la persona trabajadora divulgar información sobre su propia retribución.

El apartado trece actualiza el artículo 59.3, fijando en tres años el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones derivadas de la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva, iniciándose su cómputo cuando cese la situación discriminatoria.

Finalmente, el apartado catorce introduce una nueva disposición adicional trigésima que determina la aplicación en el sector público de las previsiones relativas a la transición a otras formas de empleo del artículo 21 bis”.

3. Reproduzco a continuación el texto comparado de los preceptos de la LET que están   vigentes hasta el día 18, inclusive, y los que entrarán en vigor a partir del día 19. Destaco en negrita todas las modificaciones introducidas.

 

LET (texto modificado)

LET (nueva redacción)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4. Derechos laborales.

 

2. En la relación de trabajo los trabajadores tienen derecho a:

 

 

 

 

 

 

 

 

h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo.

 

Artículo 5.

 

 

  

5. Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito

 

 

Artículo 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.

 

 


e) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.1.a). El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c), puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

 

A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el empresario deberá informar a los trabajadores de la empresa sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, de manera que aquellos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, todo ello de conformidad con los procedimientos que se establezcan en convenio colectivo.

 

Con carácter general, las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser tomadas en consideración, en la medida de lo posible, por el empresario. La denegación de la solicitud deberá ser notificada por el empresario al trabajador por escrito y de manera motivada.

 

 

 

 

 

d) El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio establezca un plazo de preaviso inferior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 14. Periodo de prueba.

 

1. Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto en convenio,

 

 

 

 

la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

 

En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.

 

 

 

El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.

 

Será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

 

 

2. Durante el periodo de prueba, la persona trabajadora tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

 

La resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o maternidad.

 

3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad de la persona trabajadora en la empresa.

 

Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.

 

 

Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.

 

 

 

 

7. La empresa deberá informar a las personas con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que las demás personas trabajadoras. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la información.

 

Dicha información será trasladada, además, a la representación legal de las personas trabajadoras.

 

Las empresas habrán de notificar, asimismo a la representación legal de las personas trabajadoras los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación por tiempo determinado previstas en este artículo, cuando no exista obligación legal de entregar copia básica de los mismos.

 

 

Artículo 16. Contrato fijo-discontinuo.

 

7. La empresa deberá informar a las personas fijas-discontinuas y a la representación legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de carácter fijo ordinario, de manera que aquellas puedan formular solicitudes de conversión voluntaria, de conformidad con los procedimientos que establezca el convenio colectivo sectorial o, en su defecto, el acuerdo de empresa

 

 

Artículo 17. No discriminación en las relaciones laborales.

 

 

 

1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.

 

Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

 


El incumplimiento de la obligación de tomar medidas de protección frente a la discriminación y la violencia dirigida a las personas LGTBI a que se refiere el artículo 62.3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI dará lugar a la asunción de responsabilidad de las personas empleadoras en los términos del artículo 62.2 de la misma norma.

 

 

Artículo 21. Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa.

 

 

 1. No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo.

 

1. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.

 

Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.

 

2. El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.

 

Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Artículo 59. Prescripción y caducidad.

 

1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación.

 

A estos efectos, se considerará terminado el contrato:

 

a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo.

 

b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.

 

2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.

 

 

 

 

 

3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.

 

El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.

 

4. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación

 

2. El capítulo II solo será de aplicación a las relaciones laborales cuya duración sea superior a cuatro semanas.

Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

 

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado en los siguientes términos:

 

 

 

 

 

 

Uno. La letra h) del apartado 2 del artículo 4 queda redactada como sigue:

 

«h) A no sufrir ningún trato desfavorable, perjuicio o represalia como consecuencia del ejercicio o reclamación de sus derechos laborales, incluida la formulación de reclamaciones ante la empresa o el ejercicio de acciones o la iniciación de procedimientos administrativos o judiciales dirigidos a exigir su cumplimiento, ya sea directamente o a través de la representación legal de las personas trabajadoras.»

 

Dos. La actual letra h) pasa a ser la letra i).

 

  

Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 8, en los siguientes términos:

 

 

«5. La empresa debe informar por escrito a la persona trabajadora y a su representación legal, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales de su relación laboral, tanto en el momento en que esta se inicie como cuando se produzca cualquier modificación de dichos elementos, siempre que estos no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito.»

 

 

 


Cuatro. La letra e) del artículo 12.4 queda modificada del siguiente modo:

 

«e) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.1.a). El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c), puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco. La letra d) del artículo 12.5 queda redactada como sigue:

 

«d) La persona trabajadora deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio establezca un plazo de preaviso inferior. Si no se cumplen estos requisitos la persona trabajadora tendrá derecho a rechazar la tarea asignada sin que ello tenga consecuencias desfavorables. En el caso de cancelación total o parcial por parte de la empresa de la realización de dichas horas, la persona trabajadora conservará el derecho a la retribución correspondiente a las horas no realizadas.»

 

Seis. El artículo 14 queda modificado en los siguientes términos:

 

«Artículo 14. Periodo de prueba.

 

1. Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, en los términos que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En todo caso, su duración no podrá superar los límites máximos previstos en los apartados siguientes, salvo que se justifique en el propio convenio colectivo una duración superior por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o por la necesidad de evaluar su idoneidad en caso de suspensión de la relación laboral.

 

La duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para técnicos y técnicas tituladas, ni de dos meses para las demás personas trabajadoras. En las empresas de menos de veinticinco personas trabajadoras, el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para las que no sean técnicas tituladas.

 

En el supuesto de contratos de trabajo de duración determinada que se concierten por un periodo igual o superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes. Para contratos de duración determinada inferiores a seis meses, el periodo de prueba se reducirá en esta misma proporción.

 


La empresa y la persona trabajadora están, respectivamente, obligadas a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.

 

Será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando la persona trabajadora haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

 

2. Durante el periodo de prueba, la persona trabajadora tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

 

La resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o maternidad.

 

3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad de la persona trabajadora en la empresa.

 

Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.»

 

 

 

 

 

Siete. El apartado 7 del artículo 15 queda redactado como sigue:

 

«7. Las empresas habrán de notificar, asimismo a la representación legal de las personas trabajadoras los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación por tiempo determinado previstas en este artículo, cuando no exista obligación legal de entregar copia básica de los mismos.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocho. Se suprime el apartado 7 del artículo 16, pasando el apartado 8 a ser el 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueve. El apartado 1 del artículo 17 queda redactado como sigue:

 «1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.

 

Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones adoptadas por la empresa que supongan un trato desfavorable para las personas trabajadoras como consecuencia de una reclamación formulada ante la empresa o del ejercicio de una acción administrativa o judicial dirigida a exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

 

El incumplimiento de la obligación de tomar medidas de protección frente a la discriminación y la violencia dirigida a las personas LGTBI a que se refiere el artículo 62.3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI dará lugar a la asunción de responsabilidad de las personas empleadoras en los términos del artículo 62.2 de la misma norma.»

 

 

 

 

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 21, con la siguiente redacción:

 

«1. La empresa no podrá prohibir ni limitar la prestación de servicios para otras empresas por parte de las personas trabajadoras, sin que en ningún caso puedan sufrir un trato desfavorable por dicha situación. Solo cabrán restricciones por incompatibilidad basadas en causas objetivas, como la salud y la seguridad, la protección de la confidencialidad empresarial, la integridad del servicio público y la prevención de conflictos de intereses. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de un pacto de plena dedicación mediante compensación económica.»

 

Once. Se introduce un nuevo artículo 21 bis, con la siguiente redacción:

 

«Artículo 21 bis. Transición a otra forma de empleo.

 

1. Las personas trabajadoras podrán solicitar a su empresa la transición a puestos de trabajo vacantes en cualquiera de los siguientes casos:

 

a) Cuando impliquen la conversión voluntaria de un contrato a tiempo completo en un contrato a tiempo parcial y viceversa, o el incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial.

 

b) Cuando impliquen la conversión de contratos de duración determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, a contratos de trabajo con carácter indefinido, incluidos los fijos-discontinuos.

 

c) Cuando impliquen la conversión de contratos de trabajo fijo-discontinuos a contratos indefinidos de carácter ordinario.

 

d) En cualquier otro supuesto en el que el cambio de contrato o de puesto de trabajo permita acceder a condiciones de mayor previsibilidad, duración o estabilidad en el empleo, siempre que la persona trabajadora cuente con una antigüedad mínima de seis meses en la empresa.

 

2. La empresa deberá tomar en consideración y dar respuesta a cualquiera de las solicitudes referidas en el apartado anterior de manera motivada y por escrito, en el plazo establecido máximo de un mes con carácter general o de tres meses en el caso de empresas cuyas plantillas no superen las diez personas trabajadoras.

 

3. La empresa deberá informar a las personas trabajadoras y a su representación legal de los puestos de trabajo vacantes previstos en el apartado 1, mediante cualquier medio que asegure la recepción de la información.

 

4. Los convenios colectivos o, en su defecto, los acuerdos de empresa podrán establecer procedimientos específicos para la presentación de las solicitudes de conversión y la facilitación de la información previstas en este artículo, que deberán respetar, en todo caso, los límites establecidos en los apartados anteriores.»

 

Doce. Se modifica el artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos:

 

«Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo.

 

1. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un mismo trabajo o de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.

 

Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.

 

2. El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.

 

Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de la misma.

 

La posibilidad de que la información facilitada pueda permitir identificar, directa o indirectamente, la retribución individual de una persona trabajadora no impedirá el derecho de información reconocido a la representación legal de las personas trabajadoras, sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad y de las demás garantías previstas en la normativa de protección de datos personales.

 

3. Cuando en una empresa con al menos cincuenta personas trabajadoras, el promedio de las retribuciones de las personas de un sexo sea superior al promedio de las del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. En empresas de cien o más personas trabajadoras la citada justificación deberá incluirse en el Registro cuando la diferencia entre promedios de uno u otro sexo sea de, al menos, el cinco por ciento.

 

4. Las personas trabajadoras tendrán derecho a comunicar o revelar información sobre su propia retribución a efectos del cumplimiento del principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor.

 

 

Se entenderán nulas y sin efectos todas las cláusulas contractuales que impidan a las personas trabajadoras la divulgación de información sobre su retribución.»

 

Trece. Se modifica el artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:

 

 

 

«Artículo 59. Prescripción y caducidad.

 

1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación.

 

A estos efectos, se considerará terminado el contrato:

 

a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo.

 

b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.

 

2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.

 

3. Las acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva prescribirán a los tres años contados desde el momento en que cese la situación discriminatoria.

 

4. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.

 

El plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente.

 

5. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas.»

 

Catorce. Se introduce una nueva disposición adicional trigésima, con la siguiente redacción:

 

«Disposición adicional trigésima. Transición a otras formas de empleo en el sector público.

 

Las previsiones contenidas en el artículo 21 bis, relativas a la transición a otras formas de empleo, serán de aplicación al personal empleado público en los términos dispuestos por su normativa específica y, en especial, por lo dispuesto por la normativa en materia de incompatibilidades del personal empleado público y la reguladora del ejercicio del alto cargo.»

 

Artículo cuarto. Modificación del Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.

El apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, queda redactado como sigue:

 


2. El capítulo II será de aplicación a las relaciones laborales comprendidas en el apartado 1, con independencia de su duración.»

 

También hay que tomar en consideración la disposición transitoria segunda, que estipula que la información sobre las relaciones laborales de duración inferior a cuatro semanas celebradas antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, prevista en el artículo 8.5 LET y en RD  723/2026 deberá ser facilitada por la empresa a la persona trabajadora “en el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, siempre que no obrara ya en su poder”.

Buena lectura. Continuará.

 

 

                                                                                                                        

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