1. El Consejo deMinistros celebrado el 17 de aprobó el Real Decreto-Ley “por
el que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre; el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres; la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo; y el Real
Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE)
2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión
Europea”, que con el número 39/2026 ha sido publicado en el BOE del día 18,
estipulándose en su disposición final séptima que entrará en vigor al día siguiente
de la publicación, es decir el día 19.
Se trata, sin
duda, de un RDL de indudable importancia, tanto por la incorporación al
ordenamiento jurídico interno de la normativa comunitaria, como por los cambios
que se operan y que tienden a reforzar los derechos de las personas
trabajadoras y de las representaciones de estas en las empresas. Dada su amplitud
y complejidad, y dejando para otra ocasión un examen más concreto de las
modificaciones operadas y de su real alcance e impacto, la comparación la
efectuaré de forma separada, para la LET por una parte, que se encuentra en
esta entrada, y para las restantes normas y las disposiciones adicionales,
transitorias y finales por otra, salvo una disposición transitoria que es también
de aplicación relacionada con las modificaciones operadas en la LET.
2. El Ministerio
de Trabajo y Economía Social publicó el mismo día una amplia y detallada notade prensa , explicando el contenido de las muchas modificaciones operadas en varios textos
normativos por el nuevo RDL.
A los efectos de mi
exposición posterior, reproduzco el apartado relativo a la explicación de las
modificaciones introducidas en la LET.
“1.- CONDICIONES
LABORALES TRANSPARENTES
El Real
Decreto-ley aprobado hoy permite avanzar en un principio básico fundamental:
que las personas trabajadoras conozcan con detalle a qué se comprometen cuando
firman un contrato laboral y, por tanto, sepan cuándo deben prestar sus
servicios, desterrando la incertidumbre y permitiendo ordenar la vida de las
personas trabajadoras.
Para cumplir estos objetivos, se extiende el
derecho de información a todos los contratos, eliminando la referencia a los
superiores a cuatro semanas que estaba vigente hasta ahora.
Horas
complementarias en los trabajos a tiempo parcial
Las personas
trabajadoras con contratos a tiempo parcial tendrán derecho a retribución pese
a la cancelación de horas complementarias: se pone fin a los abusos
empresariales. Las personas trabajadoras tendrán derecho a mantener la
retribución pactada en caso de que se cancele una tarea ya convocada.
También tendrán
derecho a rechazar tareas cuando la empresa no respete el preaviso previsto por
la ley o por el convenio colectivo aplicable o si no se concreta el día y hora
en las que han de realizarlas.
Periodo de prueba
Será de un máximo
de seis meses, solo ampliable por convenio, justificando las causas, bien sea
por la naturaleza del empleo, la necesidad de la persona trabajadora o la
necesidad de evaluar, por ejemplo, en casos de ERTE, permisos por nacimiento o
incapacidad temporal, entre otros.
En los contratos
de seis meses el periodo de prueba será de un máximo de un mes y en los de
tiempo inferior se reducirá este periodo proporcionalmente.
Empleo en paralelo
Las empresas no podrán prohibir ni limitar,
salvo por causas objetivas, que las personas trabajadoras presten servicios en
otras empresas salvo pacto de plena dedicación con compensación económica.
Transición en el empleo
Se reconoce el derecho tanto a recibir
información como a solicitar la conversión del contrato y de un nuevo puesto de
trabajo con condiciones más estables y previsibles. Se define de forma clara y
única qué se entiende por transición a otra forma de empleo”.
Lógicamente, una
mayor concreción de las modificaciones incorporadas en la LET se encuentra en
la exposición de motivos de la LET, que se explican en estos términos:
“El artículo
primero prevé la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
El apartado uno
modifica el artículo 4.2.h), incluyendo el derecho de la persona trabajadora a
no sufrir ningún trato desfavorable, perjuicio o represalia como consecuencia
del ejercicio o reclamación de derechos laborales. En consecuencia, el apartado
dos desplaza el orden de la actual letra h), que pasa a ser la letra i).
El apartado tres
modifica el artículo 8.5, para suprimir el requisito de que la relación laboral
tenga una duración mínima de cuatro semanas a efectos de exigir la información
sobre los elementos esenciales del contrato. El precepto se modifica también para
que la empresa informe sobre dichos elementos esenciales a la representación
legal de las personas trabajadoras, evitándose así que esta última pierda la
información esencial que no se encontrase en la copia básica del contrato.
El apartado cuatro
modifica el artículo 12.4.e), para que las garantías de información de vacantes
y solicitud de conversión del contrato de trabajo pasen a concentrarse en el
artículo 21 bis, concretamente en la letra a) del apartado 1.
El apartado cinco
da nueva redacción al artículo 12.5.d), estableciendo consecuencias en caso de
que se incumpla el preaviso o la información sobre la realización de horas
complementarias. Si bien es cierto que la problemática que pretende resolver el
artículo 10.3 de la directiva ya tiene actualmente solución en el derecho
interno español, por la interpretación combinada de los artículos 12.5.d) y 30,
se decide reforzar su aplicación en el supuesto de las horas complementarias.
El apartado seis
da nueva redacción al artículo 14 para asegurar el mejor encaje con la
normativa comunitaria, estableciendo un límite expreso del periodo de prueba
que, salvo ciertas excepciones justificadas, no podrá exceder de tres o seis
meses. En coherencia con ello, también se prevé una reducción proporcional de
dicho periodo en los contratos de duración determinada.
El apartado siete
modifica el artículo 15.7, para que el derecho a la información sobre vacantes
pase a residenciarse en el nuevo artículo 21 bis, concretamente en la letra b)
del apartado 1. Adicionalmente, en dicha letra se otorga a estas personas trabajadoras
el derecho a solicitar la conversión de su contrato de trabajo, que no se
encontraba expresamente reconocido en el artículo 15.7, a diferencia de en los
artículos 12.4.e) y 16.7, produciendo una distorsión respecto de lo pretendido
en la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
junio de 2019.
El apartado ocho
suprime el apartado 7 del artículo 16, pasando el apartado 8 a ser el 7. Esta
supresión constituye una mejora técnica, pasando el derecho de información de
vacantes y solicitud de conversión a la letra c) del apartado 1 del artículo 21
bis.
El apartado nueve
modifica el párrafo segundo del artículo 17.1 para declarar la nulidad de las
órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que supongan un trato
desfavorable como reacción frente a una reclamación extrajudicial o del
ejercicio de acciones administrativas o judiciales en defensa de los derechos
laborales. Se establece así, por primera vez, una garantía de indemnidad
expresa en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
asegurando el mejor cumplimiento, entre otras, de las normas europeas, que
introducen este tipo de garantías explícitas.
El apartado diez
traslada al ordenamiento español las garantías relativas al empleo en paralelo
que otorga la norma europea, modificando, para ello, el artículo 21.1.
El apartado once
introduce un nuevo artículo 21 bis, dedicado a la transición a otra forma de
empleo. Dicho artículo recoge, de manera más limpia y sistemática, por una
parte, los derechos de información sobre vacantes que se encontraban en los
artículos 12.4.e), 15.7 y 16.7, los derechos a solicitar la conversión del
contrato de trabajo de los artículos 12.4.e) y 16.7, y el derecho general de
solicitar un puesto de trabajo más previsible y seguro que introduce la
Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio
de 2019. Adicionalmente, el artículo establece reglas de funcionamiento tanto
del derecho a recibir información como del derecho a solicitar la conversión
del contrato y de un nuevo puesto de trabajo, para lo que se refunden tanto los
requisitos de la citada directiva como los que se encontraban dispersos en los
artículos 12.4.e), 15.7 y 16.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores. Se logra, de este modo, que el nuevo artículo 21 bis defina
de forma coherente, clara y única qué se entiende por transición a otra forma
de empleo, considerada íntegramente, en el citado texto refundido.
El apartado doce
modifica el artículo 28, reforzando el principio de igualdad retributiva
mediante el reconocimiento del derecho individual de información retributiva y
declarando nulas las cláusulas contractuales que impidan a la persona
trabajadora divulgar información sobre su propia retribución.
El apartado trece
actualiza el artículo 59.3, fijando en tres años el plazo de prescripción para
el ejercicio de las acciones derivadas de la vulneración del derecho a la
igualdad y no discriminación en materia retributiva, iniciándose su cómputo
cuando cese la situación discriminatoria.
Finalmente, el
apartado catorce introduce una nueva disposición adicional trigésima que
determina la aplicación en el sector público de las previsiones relativas a la
transición a otras formas de empleo del artículo 21 bis”.
3. Reproduzco a
continuación el texto comparado de los preceptos de la LET que están vigentes hasta el día 18, inclusive, y los que
entrarán en vigor a partir del día 19. Destaco en negrita todas las
modificaciones introducidas.
|
LET
(texto modificado) |
LET
(nueva redacción) |
|
Artículo
4. Derechos laborales. 2.
En la relación de trabajo los trabajadores tienen derecho a: h)
A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo. Artículo
5. 5.
Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas,
el empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y
plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales
del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación
laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato
de trabajo formalizado por escrito Artículo
12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo. e) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.1.a). El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c), puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. A
fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el
empresario deberá informar a los trabajadores de la empresa sobre la
existencia de puestos de trabajo vacantes, de manera que aquellos puedan
formular solicitudes de conversión voluntaria de un trabajo a tiempo completo
en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el incremento del tiempo
de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, todo ello de conformidad con
los procedimientos que se establezcan en convenio colectivo. Con
carácter general, las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior
deberán ser tomadas en consideración, en la medida de lo posible, por el
empresario. La denegación de la solicitud deberá ser notificada por el
empresario al trabajador por escrito y de manera motivada. d)
El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas
complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el
convenio establezca un plazo de preaviso inferior. Artículo
14. Periodo de prueba. 1.
Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, con sujeción a los
límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios
colectivos. En defecto de pacto en convenio, la
duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los
técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las
empresas de menos de veinticinco trabajadores el periodo de prueba no podrá
exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. En
el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo
15 concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de
prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en
convenio colectivo. El
empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las
experiencias que constituyan el objeto de la prueba. Será
nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador haya
ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo
cualquier modalidad de contratación. 2.
Durante el periodo de prueba, la persona trabajadora tendrá los derechos y
obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si
fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación
laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante
su transcurso. La
resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras
por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el
comienzo del período de suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o
maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o
maternidad. 3.
Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento,
el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios
prestados en la antigüedad de la persona trabajadora en la empresa. Las
situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines
de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la
lactancia, violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante
el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se
produzca acuerdo entre ambas partes. Artículo
15. Duración del contrato de trabajo. 7.
La empresa deberá informar a las personas con contratos de duración
determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la
existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas
oportunidades de acceder a puestos permanentes que las demás personas
trabajadoras. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público
en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros
medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de
la información. Dicha
información será trasladada, además, a la representación legal de las
personas trabajadoras. Las
empresas habrán de notificar, asimismo a la representación legal de las
personas trabajadoras los contratos realizados de acuerdo con las modalidades
de contratación por tiempo determinado previstas en este artículo, cuando no
exista obligación legal de entregar copia básica de los mismos. Artículo
16. Contrato fijo-discontinuo. 7.
La empresa deberá informar a las personas fijas-discontinuas y a la
representación legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de
puestos de trabajo vacantes de carácter fijo ordinario, de manera que
aquellas puedan formular solicitudes de conversión voluntaria, de conformidad
con los procedimientos que establezca el convenio colectivo sectorial o, en
su defecto, el acuerdo de empresa Artículo
17. No discriminación en las relaciones laborales. 1.
Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas
de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones
unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia
de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de
discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o
discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón
de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social,
religión o convicciones, ideas políticas, orientación e identidad sexual,
expresión de género, características sexuales, adhesión o no a sindicatos y a
sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o
relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español. Serán
igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario
que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o
judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de
trato y no discriminación. El
incumplimiento de la obligación de tomar medidas de protección frente a la
discriminación y la violencia dirigida a las personas LGTBI a que se refiere
el artículo 62.3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas
trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI dará lugar a
la asunción de responsabilidad de las personas empleadoras en los términos
del artículo 62.2 de la misma norma. Artículo
21. Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa. Artículo
28. Igualdad de remuneración por razón de sexo. 1.
El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual
valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera
que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda
producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los
elementos o condiciones de aquella. Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. 2.
El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de
los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales
de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos
profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de
igual valor. Las
personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación
legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa. 3.
Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las
retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un
veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la
media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en el
Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a
motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. Artículo
59. Prescripción y caducidad. 1.
Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo
especial prescribirán al año de su terminación. A
estos efectos, se considerará terminado el contrato: a)
El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición
legal o convenio colectivo. b)
El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya
dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita. 2.
Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el
cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar
después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el
día en que la acción pudiera ejercitarse. 3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos. El
plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud
de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación
competente. 4.
Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra
las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y
modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará
desde el día siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial,
tras la finalización, en su caso, del periodo de consultas. Artículo
2. Ámbito de aplicación 2. El
capítulo II solo será de aplicación a las relaciones laborales cuya
duración sea superior a cuatro semanas. |
Artículo
primero. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre. El
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado en los
siguientes términos: Uno. La
letra h) del apartado 2 del artículo 4 queda redactada como sigue: «h) A
no sufrir ningún trato desfavorable, perjuicio o represalia como consecuencia
del ejercicio o reclamación de sus derechos laborales, incluida la
formulación de reclamaciones ante la empresa o el ejercicio de acciones o la
iniciación de procedimientos administrativos o judiciales dirigidos a exigir
su cumplimiento, ya sea directamente o a través de la representación legal de
las personas trabajadoras.» Dos. La
actual letra h) pasa a ser la letra i). Tres. Se
modifica el apartado 5 del artículo 8, en los siguientes términos: «5. La
empresa debe informar por escrito a la persona trabajadora y a su
representación legal, en los términos y plazos que se establezcan
reglamentariamente, sobre los elementos esenciales de su relación laboral,
tanto en el momento en que esta se inicie como cuando se produzca cualquier
modificación de dichos elementos, siempre que estos no figuren en el contrato
de trabajo formalizado por escrito.» Cuatro. La
letra e) del artículo 12.4 queda modificada del siguiente modo: «e) La
conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa
tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer
de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de
condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.1.a). El
trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o
efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio de
las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c),
puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.» Cinco. La
letra d) del artículo 12.5 queda redactada como sigue: «d) La
persona trabajadora deberá conocer el día y la hora de realización de las
horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días, salvo que
el convenio establezca un plazo de preaviso inferior. Si no se cumplen
estos requisitos la persona trabajadora tendrá derecho a rechazar la tarea
asignada sin que ello tenga consecuencias desfavorables. En el caso de
cancelación total o parcial por parte de la empresa de la realización de
dichas horas, la persona trabajadora conservará el derecho a la retribución
correspondiente a las horas no realizadas.» Seis. El
artículo 14 queda modificado en los siguientes términos: «Artículo
14. Periodo de prueba. 1. Podrá
concertarse por escrito un periodo de prueba, en los términos que, en su
caso, se establezcan en los convenios colectivos. En todo caso, su
duración no podrá superar los límites máximos previstos en los apartados
siguientes, salvo que se justifique en el propio convenio colectivo una
duración superior por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona
trabajadora o por la necesidad de evaluar su idoneidad en caso de suspensión
de la relación laboral. La
duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para técnicos y
técnicas tituladas, ni de dos meses para las demás personas trabajadoras. En
las empresas de menos de veinticinco personas trabajadoras, el periodo de
prueba no podrá exceder de tres meses para las que no sean técnicas
tituladas. En
el supuesto de contratos de trabajo de duración determinada que se concierten
por un periodo igual o superior a seis meses, el periodo de prueba no
podrá exceder de un mes. Para contratos de duración determinada inferiores
a seis meses, el periodo de prueba se reducirá en esta misma proporción. La
empresa y la persona trabajadora están, respectivamente, obligadas a realizar
las experiencias que constituyan el objeto de la prueba. Será
nulo el pacto que establezca un periodo de prueba cuando la persona
trabajadora haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la
empresa, bajo cualquier modalidad de contratación. 2. Durante
el periodo de prueba, la persona trabajadora tendrá los derechos y
obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si
fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación
laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante
su transcurso. La
resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadoras
por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el
comienzo del período de suspensión a que se refiere el artículo 48.4, o
maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o
maternidad. 3. Transcurrido
el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato
producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados
en la antigüedad de la persona trabajadora en la empresa. Las
situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines
de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la
lactancia, violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante
el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se
produzca acuerdo entre ambas partes.» Siete. El
apartado 7 del artículo 15 queda redactado como sigue: «7. Las
empresas habrán de notificar, asimismo a la representación legal de las
personas trabajadoras los contratos realizados de acuerdo con las modalidades
de contratación por tiempo determinado previstas en este artículo, cuando no
exista obligación legal de entregar copia básica de los mismos.» Nueve. El
apartado 1 del artículo 17 queda redactado como sigue: Serán
igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones adoptadas por la
empresa que supongan un trato desfavorable para las personas trabajadoras
como consecuencia de una reclamación formulada ante la empresa o del
ejercicio de una acción administrativa o judicial dirigida a exigir el
cumplimiento de sus derechos laborales. El
incumplimiento de la obligación de tomar medidas de protección frente a la
discriminación y la violencia dirigida a las personas LGTBI a que se refiere
el artículo 62.3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas
trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI dará lugar a
la asunción de responsabilidad de las personas empleadoras en los términos
del artículo 62.2 de la misma norma.» Diez. Se
modifica el apartado 1 del artículo 21, con la siguiente redacción: «1. La
empresa no podrá prohibir ni limitar la prestación de servicios para otras
empresas por parte de las personas trabajadoras, sin que en ningún caso
puedan sufrir un trato desfavorable por dicha situación. Solo cabrán
restricciones por incompatibilidad basadas en causas objetivas, como la salud
y la seguridad, la protección de la confidencialidad empresarial, la
integridad del servicio público y la prevención de conflictos de intereses.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de un pacto de plena dedicación
mediante compensación económica.» Once. Se
introduce un nuevo artículo 21 bis, con la siguiente redacción: «Artículo
21 bis. Transición a otra forma de empleo. 1. Las
personas trabajadoras podrán solicitar a su empresa la transición a puestos
de trabajo vacantes en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando
impliquen la conversión voluntaria de un contrato a tiempo completo en un
contrato a tiempo parcial y viceversa, o el incremento del tiempo de trabajo
de los trabajadores a tiempo parcial. b) Cuando
impliquen la conversión de contratos de duración determinada o temporales,
incluidos los contratos formativos, a contratos de trabajo con carácter
indefinido, incluidos los fijos-discontinuos. c) Cuando
impliquen la conversión de contratos de trabajo fijo-discontinuos a contratos
indefinidos de carácter ordinario. d) En
cualquier otro supuesto en el que el cambio de contrato o de puesto de
trabajo permita acceder a condiciones de mayor previsibilidad, duración o
estabilidad en el empleo, siempre que la persona trabajadora cuente con una
antigüedad mínima de seis meses en la empresa. 2. La
empresa deberá tomar en consideración y dar respuesta a cualquiera de las
solicitudes referidas en el apartado anterior de manera motivada y por
escrito, en el plazo establecido máximo de un mes con carácter general o de
tres meses en el caso de empresas cuyas plantillas no superen las diez
personas trabajadoras. 3. La
empresa deberá informar a las personas trabajadoras y a su representación
legal de los puestos de trabajo vacantes previstos en el apartado 1, mediante
cualquier medio que asegure la recepción de la información. 4. Los
convenios colectivos o, en su defecto, los acuerdos de empresa podrán
establecer procedimientos específicos para la presentación de las solicitudes
de conversión y la facilitación de la información previstas en este artículo,
que deberán respetar, en todo caso, los límites establecidos en los apartados
anteriores.» Doce. Se
modifica el artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo
28. Igualdad de remuneración por razón de sexo. 1. El
empresario está obligado a pagar por la prestación de un mismo trabajo o
de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o
indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o
extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de
sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Un
trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o
tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales
o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente
relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas
actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. 2. El
empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los
salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de
su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales,
categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Las
personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación
legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de la misma. La
posibilidad de que la información facilitada pueda permitir identificar,
directa o indirectamente, la retribución individual de una persona
trabajadora no impedirá el derecho de información reconocido a la
representación legal de las personas trabajadoras, sin perjuicio de las
obligaciones de confidencialidad y de las demás garantías previstas en la
normativa de protección de datos personales. 3. Cuando
en una empresa con al menos cincuenta personas trabajadoras, el promedio de
las retribuciones de las personas de un sexo sea superior al promedio de las
del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa
salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá
incluir en el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia
responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. En
empresas de cien o más personas trabajadoras la citada justificación deberá
incluirse en el Registro cuando la diferencia entre promedios de uno u otro
sexo sea de, al menos, el cinco por ciento. 4. Las
personas trabajadoras tendrán derecho a comunicar o revelar información sobre
su propia retribución a efectos del cumplimiento del principio de igualdad de
retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Se
entenderán nulas y sin efectos todas las cláusulas contractuales que impidan
a las personas trabajadoras la divulgación de información sobre su
retribución.» Trece. Se
modifica el artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo
59. Prescripción y caducidad. 1. Las
acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo
especial prescribirán al año de su terminación. A
estos efectos, se considerará terminado el contrato: a) El
día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición
legal o convenio colectivo. b) El
día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya
dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita. 2. Si
la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el
cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar
después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el
día en que la acción pudiera ejercitarse. 3. Las
acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no
discriminación en materia retributiva prescribirán a los tres años contados
desde el momento en que cese la situación discriminatoria. 4. El
ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales
caducará a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido.
Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos. El
plazo de caducidad quedará interrumpido por la presentación de la solicitud
de conciliación ante el órgano público de mediación, arbitraje y conciliación
competente. 5. Lo
previsto en el apartado anterior será de aplicación a las acciones contra las
decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación
sustancial de condiciones de trabajo. El plazo se computará desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la decisión empresarial, tras la
finalización, en su caso, del periodo de consultas.» Catorce. Se
introduce una nueva disposición adicional trigésima, con la siguiente
redacción: «Disposición
adicional trigésima. Transición a otras formas de empleo en el sector
público. Las
previsiones contenidas en el artículo 21 bis, relativas a la transición a
otras formas de empleo, serán de aplicación al personal empleado público en
los términos dispuestos por su normativa específica y, en especial, por lo
dispuesto por la normativa en materia de incompatibilidades del personal
empleado público y la reguladora del ejercicio del alto cargo.» Artículo
cuarto. Modificación del Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el
que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales
transparentes y previsibles en la Unión Europea. El apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, queda redactado como sigue: 2. El
capítulo II será de aplicación a las relaciones laborales comprendidas en
el apartado 1, con independencia de su duración.» |
Buena lectura.
Continuará.
No hay comentarios:
Publicar un comentario