Responsabilidad de la Administración en caso de accidente de estudiante en prácticas de FP dual. Notas a la sentencia del TS (C-A) de 22 de octubre de 2026.

 1 La lectura de un excelente comentario del profesor Guillermo García González en su cuenta de la red social LinkedIn, que lleva por título “Accidentes en FP dual: la administración educativa responde, aunque las obligaciones preventivas "correspondan" a la empresa”  , al que acompaña el texto de la sentencia   de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, dictada el 22 de octubre y de la que fue ponente la magistrada Ángeles Huet, me ha animado a efectuar el examen de la misma. El resumen oficial de esta es el siguiente: “Incidencia de un convenio entre centro docente público y empresa privada para la fase práctica de la formación profesional dual en la responsabilidad patrimonial de la administración por daños sufridos por un alumno durante la formación de la empresa”

También es de especial interés la sentencia por otro motivo más cercano: en el marco del Plan de Trabajo 2026 presentado, y aprobado por la Comisión Ejecutiva del ConsejoEconómico y Social de Barcelona que presido , se está elaborando un informe por la Fundació BCN Formació Professional  , dedicado a la formación profesional dual y  la ocupabilidad, y más concretamente sobre el encaje entre el sistema formativo y el mercado de trabajo en Barcelona i su Región Metropolitana. Subrayo la importancia de este estudio, que será presentado el día 26 de enero por la importancia que está alcanzado la FP dual en el ámbito territorial de estudio, y apunto sucintamente los ejes sobre los que gira su contenido

Marco normativo existente del sistema de formación y cualificación profesional.

Identificar, describir y comparar los diferentes modelos de aprendizaje en empresas. Retos y oportunidades para las empresas que se acogen, como para las personas en formación.

Identificar las necesidades del mercado del trabajo y su encaje con el sistema formación profesional dual y empleabilidad. Distribución de la formación profesional dual por familias profesionales y su relación con los sectores económicos y estratégicos de Barcelona y la Región Metropolitana de Barcelona.

Analizar la empleabilidad por las diferentes modalidades de aprendizaje dual y por sectores económicos. Evolución.

Establecer puntos con datos actuales que permitan analizar la eficacia y el impacto del V Plan General del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Cataluña (2025-2028).

Elaboración del trabajo con identificación de los perfiles de las personas que han optado a la formación profesional dual, distinguir por familias profesionales, desde una perspectiva transversal de género y tener en cuenta la nacionalidad. Detectar posibles sesgos y proponer mecanismos que corrijan las posibles diferencias. Identificar los perfiles de las empresas que participan en la formación profesional dual, por dimensión y sector económico. Evolución.

2. Remitiendo a los lectores y lectoras del blog al comentario del profesor Guillermo García, expongo a continuación aquellos contenidos de la sentencia que considero de mayor interés.  

El litigio en sede judicial, lo conocemos en el fundamento de derecho primero, trae su razón de ser en el recurso contencioso administrativo interpuesto por un estudiante de FP dual contra la desestimación presunta por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta en relación con los daños sufridos por este “.,. durante la realización de prácticas formativas en una empresa conveniada con la Administración ... para el desarrollo de prácticas formativas en el seno de la formación profesional dual, inicial de grado de medio -curso de instalaciones frigoríficas y climatización-, en la que se encontraba matriculado en el curso escolar 2019-2020 en centro docente público, Instituto de Educación Secundaria del municipio de Lucena (Córdoba)”.  

Igualmente, conocemos en el mismo fundamento de derecho la fundamentación  de la sentencia   dictada por la Sala C-A del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada el 22 de abril de 2024 y de la que fue ponente el magistrado Pedro Luís Roas (resumen oficial: “Responsabilidad patrimonial de la Administración por falta de tutelaje laboral durante unas prácticas en que se sufre accidente por atrapamiento de una máquina”) , para desestimar dicho recurso. La tesis de la sentencia (véase fundamento de derecho quinto) es que ninguna de las omisiones e incumplimientos podía resultar imputable a la Administración educativa, ya que

“...  a tenor de los hechos que se describen y de la relación de causas que el reclamante atribuye al siniestro no es posible concebir ... que el accidente trajere causa de la actuación de la Administración codemandada, que no comprende la asunción de los riesgos que el alumno pudiere asumir por su propia actuación o aún bajo el control y supervisión del personal de la empresa en la que se realizaban las prácticas. Véase que, como destacan las codemandadas, el propio recurrente admite que el accidente se produjo realizando una actuación repetitiva, y "producto del cansancio, de su inexperiencia y de su patente falta de destreza, así como de la inexistencia de mecanismos de detección de presencia y parada automática de la máquina, se produjo el accidente", y si bien aprecia una "ausencia absoluta y completa de tutelaje laboral, de control y seguimiento", esta no puede resultar imputable desde luego, dentro de parámetros razonables de diligencia, a la Administración educativa. En el anterior sentido, la recurrente admite en sus conclusiones que, antes de iniciar las prácticas, los alumnos recibieron del centro docente formación e información sobre seguridad y salud laboral, según firmó el alumno accidentado en documento que consta en el expediente y lo admitió el testigo alumno propuesto ..., y que la falta de una información específica para cada centro de trabajo y para cada puesto de trabajo era función que tenía que desarrollar la empresa colaboradora, con relación a cada alumno y con respecto a cada puesto de trabajo, antes de dar inicio a la formación práctica en cada máquina. Y, que así se deduce del propio convenio de colaboración” (la negrita es mía).

3. Contra la sentencia del TSJ se interpuso recurso de casación, admitido por el TS mediante auto   de 11 de diciembre de 2024, del que fue ponente el magistrado Wenceslao Francisco Olea. Se consideró existente el interés casacional objeto para la admisión del recurso, ya que “... si bien esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en numeras ocasiones sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, entendemos que resulta conveniente y necesario un pronunciamiento que aborde la cuestión suscitada y que contribuya a clarificar y delimitar los contornos del instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en supuestos de daños acaecidos en el desarrollo de actividades formativas prácticas en empresas privadas amparadas en la celebración de convenios de colaboración suscritos para articular la formación práctica reglada en el ámbito de la enseñanza pública”,

Siendo la cuestión a dar respuesta la de

“Determinar la relevancia que en la eventual procedencia de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración educativa pudiera tener la celebración de un convenio de colaboración entre aquella y una empresa tendente a la realización de las prácticas por parte de los alumnos, en supuestos de causación de daño a los alumnos durante la realización de las referidas prácticas en la sede de la empresa colaboradora”

Y siendo las normas, en principio, objeto de interpretación los arts. 32.1 y 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Recordemos que el art. 32.1 dispone que

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización”.

Y el art. 34.1 que

“Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”.

4. En el recurso de casación la parte recurrente postulaba, en coherencia con las tesis defendidas en su escrito ante el TSJ,   

“... la existencia y no ruptura de la relación de causalidad a los efectos de la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración educativa por actos que son la causa directa y eficiente del daño, atribuidos a tercero (empresa colaboradora en virtud de convenio) no ajeno a la prestación y actividad del servicio público educativo y con observancia -en todo caso-del estándar de exigencia que se predica de la Administración educativa...”.

Al recurso se opusieron la Junta de Andalucía y las compañías de seguros codemandadas.

Tanto del recurso como de los escritos de impugnación encontramos un amplio análisis en el fundamento de derecho tercero de la sentencia del TS, de los que me interesa destacar ahora los de la recurrente y de la Administración codemandada. En apretada síntesis, para la recurrente,

“la relación del alumno con la empresa no es una relación jurídico-privada, sino de naturaleza formativa y pública, pues la finalidad del alumno en ella es precisamente la formación práctica para completar el contenido curricular del ciclo formativo en que se encuentra matriculado y poder obtener de este modo el título académico reglado. Y, por tanto, la empresa no es un tercero ajeno al servicio público, sino un tercero que guarda una relación plena y estrecha con el servicio público, «se mimetiza» en la prestación del servicio público junto con la Administración, interviene como servicio público educativo a consecuencia del convenio suscrito con la Administración educativa, realizando una labor de complemento, auxilio o colaboración en la formación integral del alumno”.

Y para la Administración codemandada,

“... la existencia de un convenio de colaboración ni puede suponer una universalización de la responsabilidad de la Administración, como de contrario se pretende, ni puedo suponer tampoco un desplazamiento de la carga probatoria o no exigencia del nexo causal. El nexo causal debe existir para que la Administración responda. En el presente caso hubo una ruptura del nexo causal, no en sí por la mera existencia de un convenio de colaboración, sino porque no hubo ninguna relación causa a efecto entre el resultado producido y la actividad administrativa...”

5. Será en el fundamento de derecho cuarto cuando la Sala dará respuesta a la cuestión objeto de examen, delimitando el conflicto en términos que creo que suscitan diferencias con respecto a cómo se abordó por el TSJ andaluz, ya que expone que

“...  la cuestión que debe dilucidarse no atañe al cumplimiento del convenio suscrito entre la Administración y la empresa privada, ajeno al particular, al alumno reclamante, sino si concurre responsabilidad patrimonial de la Administración por un accidente acaecido en la prestación de un servicio público, el servicio educativo de enseñanza reglada de formación profesional llevado a cabo por un centro público, un instituto de enseñanza secundaria, una de cuyas fases, la fase práctica, por mor del convenio, y por expresa previsión de la normativa reguladora de esta enseñanza del sistema educativo, se lleva a cabo en una empresa privada en la que se produce el accidente”,

Para añadir inmediatamente a continuación que “... por tanto, lo que debe determinarse es si el daño por el que se reclama puede o no ser imputado a la prestación por la Administración del servicio educativo de formación profesional y, para ello, es necesario, que precisemos la configuración en su normativa reguladora del servicio llevado a cabo en este caso por la Administración” (la negrita es mía).

A partir de aquí, la Sala pasa amplia revista a la regulación de la enseñanza reglada de formación profesional dual , y a los efectos de mi exposición,  e igualmente en apretada síntesis, aquello que interesa destacar es la tesis de la sentencia de estar “... ante un servicio educativo prestado por la Administración en un centro docente público con la colaboración, a instancias de aquélla, de una empresa privada que es seleccionada y supervisada por la Administración y a la que acude el alumno, por decisión de la Administración, para recibir en él la enseñanza curricular reglada de formación profesional correspondiente a su educación secundaria que el centro docente público imparte”. Para la Sala,

“... la celebración de un convenio de colaboración entre un centro docente público y una empresa tendente a la realización de las prácticas formativas por parte de los alumnos de formación profesional, en supuestos de causación de daño a éstos durante la realización de las referidas prácticas en la sede de la empresa colaboradora, no convierte a ésta en un tercero ajeno al servicio educativo prestado por la Administración ni desplaza la competencia de ésta para la prestación del servicio y la consiguiente responsabilidad patrimonial que de su titularidad deriva. Lo determinante para que esta responsabilidad patrimonial surja será que el daño antijurídico se haya producido en el desempeño de la acción formativa por parte de la empresa, aunque las causas a las que se atribuya su producción se atribuyan a ésta. No se puede olvidar que se trata de una responsabilidad objetiva que abarca el funcionamiento, tanto normal como anormal, de los servicios públicos” (la negrita es mía).

Consecuencia directa de lo anteriormente expuesto, es que el “criterio interpretativo” aplicable a la cuestión expuesta en el auto de admisión del recurso, es que

“La acción formativa llevada a cabo por una empresa conveniada con un centro docente público para la prestación del servicio de enseñanza de formación profesional dual forma parte del servicio educativo del que es titular la Administración, por lo que los daños que puedan causarse a los alumnos derivados de la acción formativa de la empresa son imputables al servicio educativo prestado por la Administración”.

6. Una vez acreditada la existencia del daño, “así como su imputación al funcionamiento del servicio por traer causa del mismo y siendo evidente en este caso su antijuridicidad, resta por concretar sus contornos para determinarla indemnización que le corresponde, en los términos solicitados en la demanda”, subrayando la Sala que la pretensión se dirige contra la Administración autonómica y la compañía con la que tiene suscrita póliza que asegura su responsabilidad patrimonial. La pretensión de la demandante en instancia, y ahora recurrente, era de “abonar al perjudicado las cantidades de 41.674,11 euros por los daños personales sufridos y 639 euros de gastos de desplazamiento para su sanidad (en total, 42.313,11 euros) con sus intereses legales desde la fechade la reclamación administrativa para la Administración y los intereses del art. 20.4 de la Ley 50/1980, de contrato de seguro, desde la fecha el siniestro para la aseguradora”. La pretensión (véase fundamento de derecho sexto) será aceptada por el TS, si bien por lo que respecta a la entidad aseguradora la responsabilidad solidaria lo será “dentro d ellos límites de la póliza concertada”.

7. En definitiva, y con ello concluyo estas notas, se trata de una sentencia que sin duda deberá merecer atención detallada por todas las Administraciones que, en el ámbito de sus competencias educativas, convenian con empresas para la realización de las prácticas formativas de la formación profesional dual.  

Buena lectura.