1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 10 de noviembre, de la que fue ponente el magistrado Ángel Blasco, también integrada por las magistradas Concepción. R. Ureste y Ana Mª Orellana, y los magistrados Juan Molins y Juan Martínez.
La resolución
judicial estima, en contra del criterio harto sorprendente a mi parecer del
Ministerio Fiscal que propugnaba la desestimación por falta de contradicción, el
recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la
sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
3l 8 de septiembre de 2025, de la que fue ponente el magistrado José Elías López.
Más exactamente, el alto tribunal estima parcialmente (al rebajar la cuantía de
la indemnización solicitada por el trabajador) el rcud, y declara existente la
vulneración del derecho de huelga por parte de la empresa empleadora, ADIF, y
el restablecimiento en la integridad de este derecho a los recurrentes, con
condena al abono de una indemnización de 7.501 euros a la CGT y de 1.000 euros
al trabajador.
La Sala autonómica
había desestimado el recurso de suplicación interpuesto por la Confederación
General del Trabajo (CGT) y un trabajador afiliado, en procedimiento sobre protección
de derechos fundamentales, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social núm. 1 de Vigo el 18 de marzo de 2025, que desestimó la demanda interpuesta.
El resumen oficial
de la sentencia del TS, que permite tener un buen conocimiento del conflicto y
del fallo, es el siguiente:
“ADIF. En el marco
de una huelga general debidamente preavisada, no resulta exigible la
comunicación individual a cada una de las empresas afectadas. Consta, además,
que un sindicato comunicó a ADIF diversos aspectos de la misma con menos de
diez días de antelación y un trabajador remitió a su superior escrito en el que
comunicaba que secundaría la huelga en la fecha prevista. La empresa designó a
una compañera para sustituirle. Vulneración del derecho de huelga”.
2. La sentencia del
alto tribunal tiene a mi parecer un doble interés: de una parte, la procesal,
cual es la relativa a la interpretación del art. 219.2 de la Ley reguladora de
la jurisdicción social respecto a la posibilidad de alegar como sentencias
contradictorias con las recurridas las dictadas por el Tribunal Constitucional;
de otra, la sustantiva o de fondo, relativa al período de preaviso en huelgas
generales, como era el caso, y a quién debe dirigirse para su validez.
En cualquier caso,
resulta harto curioso a mi parecer que en el año 2025, en el que se dictaron
las sentencias del JS y del TSJ, se alegara por la parte empresarial, y se
aceptara por ambas, que no se había respetado el preaviso que debe dirigirse a
una empresa pública en caso de huelga (diez días naturales) por no haberlo
efectuado con dicha antelación, cuando estábamos en presencia de una huelga
general convocada por dicho sindicato que había presentado el preaviso en
tiempo y forma a las autoridades estatales y autonómicas, y a las
organizaciones empresariales, correspondientes.
3. Causalidades de
la vida, la sentencia se dictó un día antes de la huelga general del 11-N, por
lo que, si cabe, tiene aún mayor interés de cara a la reafirmación de una
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que data de 1986 y más delante de 1993,
y que parece que hubiera sido olvidada por las sentencias del JS y del TSJ.
Sobre dichas
sentencias del TC, si bien desde la perspectiva de la constitucionalidad de las
huelgas generales “mixtas”, es decir con contenido tanto profesional como político,
tuve oportunidad de detenerme con detalle en la entrada publicada el 8 de
octubre, titulada “Sobre la huelga “mixta”, profesional-política. Recordatorio
de la jurisprudencia del TC y del TS sobre su legalidad” , en la que recuperé dos entradas anteriormente publicas y que abordaban esta
temática, con amplias menciones a la jurisprudencia del TC y más concretamente
a las dos sentencias que serán objeto de atención por parte del TS en este
caso. La primera, se publicó el 10 de mayo de 2018, y
llevaba por título “Sobre la legalidad de la huelga profesional-política
(“mixta”). A propósito de la sentencia del TSJ de Cataluña de 2 de mayo de 2018
(caso huelga general 8.11.2017)”; la segunda versó
sobre la sentencia del TS que confirmó la dictada por el TSJ de Cataluña,
titulada “Sobre la legalidad de la huelga profesional-política (“mixta”). La
sentencia de 15 de enero de 2020 del TS confirma la del TSJ de Cataluña de 2 de
mayo de 2018 (caso huelga general 8.11.2017)”.
4. Vayamos en
primer lugar al examen de la sentencia del TSJ, que transcribe los hechos
probados de la dictada en instancia y que obviamente interesa conocer para
poder después analizar la fundamentación jurídica que llevará a aquel a la desestimación
del recurso y confirmación de la sentencia del JS, y más adelante a la tesis
contraria del TS al estimar el RCUD.
“Primero.- El día
12 de septiembre de 2024 el Secretario General de la Confederación General del
Trabajo presentó preaviso de huelga general a celebrar el 27 de septiembre ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social,
el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Dirección General de
Trabajo, Ministerio de la Presidencia, Federación Española de Municipios y
Provincias, Gobiernos Autonómicos, CEO y CEPYME en apoyo del pueblo palestino
por el conflicto armado existente en Gaza.
Segundo.- El día
20 de septiembre de 2024 el Sector Ferroviario CGT Galicia hizo llegar a ADIF
correo electrónico del tenor siguiente: "Prego confirmen correcta
recepción do escrito que se achega cos seus anexos, sobre comunicación da
convocatoria de folga xeral presentada por CGT pra o venres 27-Setembro e
difusión da mesma no ámbito das empresas públicas GRUPO RENFE e ADIF", lo
que confirmó la Sección Sindical del sector ferroviario de la CGT de Madrid
mediante igual medio a las 13:21 horas y al que ADIF contestó por igual
medio el día 24 a las 9:40 horas que la comunicación de la convocatoria de
huelga se hacía "...incumpliendo por tanto el plazo establecido para
hacerlo conforme a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que determina que "...cuando
la huelga afecta a empresas encargadas de cualquier clase de servicios
públicos, (como es el caso de ADIF), el preaviso del comienzo de huelga al empresario
habrá de ser, al menos, de diez días naturales" y que por ello no se
habían fijado servicios mínimos.
Tercero.- El día 2
3 de septiembre a las 11:45 horas la CGT comunicó a ADIF que no había fijado
servicios mínimos.
Cuarto.- El 27 de
septiembre a las 14:05 horas D. Gines, teniendo asignado turno de 14:30 a
22:30horas, remitió correo electrónico a su superior indicándole que
"...tal como te informé por teléfono, hoy estaré secundando la huelga
convocada por CGT en el turno de tarde de Vigo Urzáiz...", descontándole
la empresa el día de huelga de su retribución y siendo sustituido por una
compañera que tenía el día de descanso" (la negrita es mía).
La tesis mantenida
por el sindicato y el trabajador recurrente, ya expuesta en la demanda, era que
se había vulnerado el derecho constitucional de huelga por la parte
empresarial, es decir el art. 28.2 CE, así como dos preceptos del Real Decreto-Ley
17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo, 3.3 y 6.5, tal como han sido
interpretados por la jurisprudencia constitucional.
Recordemos el
contenido de ambos preceptos, ya que más adelante será necesario pasar revista
a su interpretación por el TC
Art. 3.3. “El
acuerdo de declaración de huelga habrá de ser comunicado al empresario o
empresarios afectados y a la autoridad laboral por los representantes de los
trabajadores. La comunicación de huelga deberá hacerse por escrito y notificada
con cinco días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación.
Cuando el acuerdo de declaración de huelga lo adopten directamente los
trabajadores mediante votación, el plazo de preaviso comenzará a contarse desde
que los representantes de los trabajadores comuniquen al empresario la
celebración de la misma. La comunicación de huelga habrá de contener los
objetivos de ésta, gestiones realizadas para resolver las diferencias, fecha de
su inicio y composición del comité de huelga.
Art. 6.5 “Cinco.
En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por
trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser
comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el apartado número siete de este artículo”.
Los recurrentes
alegaron que la huelga era de carácter general, preavisada en tiempo y forma a
las autoridades públicas y organizaciones empresariales, y que por ello no
podía ser desconocida por la empresa, y que, la parte más relevante a mi
parecer, que (véase fundamento de derecho segundo) la interpretación del art.
3.3. del RDL era “absolutamente errónea” y vulneraba el artículo28.2 CE, “tal y
como ha tenido ocasión de manifestarse la jurisprudencia constitucional en STC
13/1986 de 30 de enero y en STC 36/1993 de 8 de febrero”, concretando en su
exposición que “... la STC 13/1986 de 30 de enero, insiste en la preeminencia del
derecho de huelga como derecho fundamental frente a otro bien subordinado y
considera que la imposición para su validez formalismos arbitrarios o que no
tengan justificación en otros bienes o intereses dotados de protección
constitucional vulnera el derecho constitucional”.
La Sala autonómica
centra la cuestión litigiosa a la que debe dar respuesta, que no es otra que
determinar si se respetó el plazo de preaviso fijado para huelgas generales y,
por consiguiente, a quien debía dirigirse, ya que la empresa alegó que no se le
había comunicado dentro de plazo, y las recurrentes sostuvieron justamente lo
contrario.
Resolverá dicha
cuestión la Sala compartiendo la tesis del JS y por consiguiente la de la
empresas recurrida, remitiéndose a su sentencia de 21 de enero de 2010, de la que fue
ponente la magistrada Isabel Olmo (resumen
oficial: “Se plantea si se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical
porque cuando la empresa recibe el preaviso de huelga contestó a los
convocantes de la misma que estaba fuera de plazo y podía ser ilegal”), que
transcribe ampliamente, y también se apoya en otra bastante más lejana en el
tiempo, dictada por el TSJ de Aragón el 22 de noviembre de 2001 , de la que fue ponente el (entonces
miembro de la Sala) magistrado Juan Molins.
La tesis del TSJ
gallego para confirmar la sentencia de instancia fue que el preaviso “general”
presentado el 12 de septiembre a las autoridades públicas estatales y
autonómicas no permitía dar por cumplido el plazo de preaviso a la empresa
demandada, ya que “... el único preaviso de huelga eficaz es el preaviso
presentado el 20 de septiembre, y hallándose convocada la huelga para el día 27
siguiente, es claro que no se respetó el plazo de preaviso de 10 días naturales
fijado por el Real Decreto-ley 17/1977,pues el precepto señala claramente que
el preaviso del comienzo de huelga se comunicará al empresario, y en el presente caso dicho preaviso no se
efectuó hasta el 20 de septiembre, por lo que claramente se incumplió el
referido requisito de preaviso en plazo legal” (la negrita es mía).
Y haciendo suya la
tesis de la sentencia de instancia, que desconocía claramente a mi parecer la
jurisprudencia del TC datada, reitero una vez más, de 1986 y 1993, que “la
interpretación que hacen los recurrentes implicaría que los Ministerios y
Organismos a los que se dirigió el preaviso de huelga el día 12 de septiembre
deberían comunicárselo a la empresas públicas, pero la norma exige que la
comunicación debe realizarla quien convoque la huelga, y también señala que
son los Sindicatos los que debe darle la publicidad necesaria, al disponer que
"Los representantes de los trabajadores deberán dar a la huelga, antes de
su iniciación, la publicidad necesaria para que sea conocida por los usuarios
del servicio" (la negrita es mía).
5. Pasemos ya a la
sentencia del TS, que centra con prontitud la cuestión a dar respuesta, cual es
“... determinar si, en el contexto de una huelga general preavisada en plazo a
las autoridades competentes y a las patronales más representativas
(CEOPE-CEPYME), el incumplimiento del plazo de preaviso a una empresa individualmente
considerada determina la ilegalidad del ejercicio de la huelga por parte de sus
trabajadores y, por lo tanto, habilita a la empresa para sustituir en el
ejercicio de sus funciones al trabajador huelguista”.
Repasa la Sala a continuación
los hechos probados y las tesis del JS y TSJ para desestimar primero la demanda
y después el recurso de suplicación.
Las recurrentes
aportaron como sentencia de contradicción la dictada por el TC núm. 36//1993 de8 de febrero , de la que fue ponente el magistrado Carlos
de la Vega, y alegaron, al amparo del art. 207 e) LRJS, la vulneración del art.
28.2 CE, art. 2.2 de la Ley orgánica de libertad sindical, y (sin cita de
precepto concreto) de la Carta Social Europea, así como de diversa jurisprudencia
del TC, con reiteración de pretensiones formuladas en instancia y suplicación,
cuáles eran la existencia del vulneración del derecho de huelga de los dos
recurrentes y del derecho de libertad sindical de la organización sindical
recurrente, y condena a una indemnización de 7.500 euros para cada uno de
ellos.
6. Conocemos ya la
tesis del Ministerio Fiscal de no existir contradicción, requerida por el art.
219 LRJ entre la sentencia recurrida y la de contraste. La misma tesis será
sostenida por la empresa recurrida, además de postular la inexistencia de
interés casacional objetivo, y de manera subsidiaria, en cuanto al contenido
sustantivo o de fondo, sosteniendo el carácter plenamente adecuado a derecho de
la sentencia recurrida.
Debe, pues, el TS,
analizar en primer lugar si concurre la contradicción entre las dos sentencias,
requisito obligado para poder después entrar a resolver la cuestión de fondo suscitada
en el RCUD. Y antes de abordar esta cuestión, repasa extensamente la sentencia
del TC aportada de contraste, por lo que me parece obligado reproducir el fundamento
jurídico 2 de esta:
“En modo alguno
puede decirse que la huelga general del 14 de diciembre de 1988 fuera ilegal
por no haberse comunicado a todas y cada una de las empresas del país, o al
menos en todas aquellas en las que los trabajadores ejercitaron finalmente el
derecho. Ello sería absurdo e impracticable, amén de que la huelga sería al
tiempo legal o ilegal, como antes se ha dicho, según se hubiera o no notificado
a la empresa correspondiente. En una huelga de las características de la del
caso, el art. 3.3 RDLRT se cumple preavisando la huelga a los órganos centrales
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a los de las Comunidades
Autónomas que tengan la competencia correspondiente transferida, así como a las
asociaciones más representativas de empresarios (de ámbito estatal y, en su
caso, de Comunidad Autónoma, posiblemente en los términos de la disposición
adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores), habida cuenta que el ámbito
de la convocatoria y de la declaración de la huelga era nacional. Sin que
probablemente fuera preciso preavisar de la huelga a las autoridades laborales
provinciales y a las organizaciones empresariales de dicho ámbito, lo que no
obstante se hizo en esta ocasión con carácter general y desde luego en el
Principado de Asturias. Pero lo que en ningún caso era obligado era preavisar a
todos los empresarios del país.
La Sentencia de la
Sala de lo Social del T.S.J. impugnada, así como la del Juzgado de lo Social
que confirma, son, pues, erróneas en este extremo y lesivas del art. 28.2 C.E.,
como se desprende con claridad de la STC 13/1986. Por lo demás, la finalidad del
preaviso al empresario (art. 3.3 RDLRT) es la de que éste conozca que se va a
realizar una huelga previamente a su realización, a fin de que esté advertido
y, en los supuestos en los que la satisfacción de las reivindicaciones de los
huelguistas dependan de él, que negocie desde el momento de la notificación con
el comité de huelga a fin de "llegar a un acuerdo" (art. 8.2 RDLRT),
dando la oportunidad de llegar a un pacto incluso evitando la huelga convocada.
En el caso de la huelga del 14 de diciembre, no puede seriamente decirse que
la empresa HUNOSA no conocía que la huelga general estaba convocada en toda la
nación, en tanto que era un hecho notorio, y que por lo tanto era previsible y
muy probable que trabajadores de la misma decidieran seguir la convocatoria.
Consecuentemente, procede la estimación de la demanda” (la negrita es mía).
Parece que la Sala
tiene especial interés en justificar debidamente el interés casacional objetivo
que presenta el rcud (art.
224 LRJS. “el escrito de interposición del recurso deberá contener... c) La
exposición argumentada de la concurrencia del interés casacional objetivo”), dado que, aun
habiendo sido admitido a trámite por considerar que tenía tal interés, tanto el
Ministerio Fiscal como la parte recurrida alegaron la carencia de tal interés.
Y para dar respuesta al respecto, parte del apartado 2, primer párrafo, del
art. 219 LRJS, que recordemos que dispone que
“Podrá alegarse
como doctrina de contradicción la establecida en las sentencias dictadas por el
Tribunal Constitucional y los órganos jurisdiccionales instituidos en los
Tratados y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades
fundamentales ratificados por España, siempre que se cumplan los presupuestos
del número anterior referidos a la pretensión de tutela de tales derechos y
libertades. La sentencia que resuelva el recurso se limitará, en dicho punto de
contradicción, a conceder o denegar la tutela del derecho o libertad invocados,
en función de la aplicabilidad de dicha doctrina al supuesto planteado”.
Para el TS, en una
afirmación que es algo más que un mero obiter dicta,
“... el legislador
no ha eximido del requisito de la contradicción cuando se trata de sentencias
del TC pero no cabe duda de que, respecto de la misma, se han de aplicar
criterios mucho más flexibles ante las mayores dificultades de cotejo,
especialmente en el aspecto fáctico, teniendo presente la finalidad que ha
inspirado la introducción de estas sentencias como posibles contradictorias por
parte de la LRJS, sin olvidar que la protección que puede otorgar a los
derechos fundamentales es únicamente la que está comprendida dentro de su
jurisdicción”.
Sobre la problemática
de la interpretación de la existencia de contradicción, me permito remitir a la
entrada “RCUD. ¿Contradicción sí, contradicción no? El art. 219.1 de la Ley
reguladora de la jurisdicción social y su interpretación. Notas a dos
sentencias del Pleno del TS de 22 y 26 de julio de 2022” . Hago esta referencia justamente porque la Sala se plantea cuál es la
interpretación del inciso del apartado 2 “... siempre que se cumplan los
presupuestos del número anterior referidos a la pretensión de tutela de tales
derechos y libertades”, es decir “hechos, fundamentos y pretensiones
sustancialmente iguales”, y aboga, correctamente a mi parecer, por una
interpretación flexible en atención al objetivo perseguido por el legislador al
incorporar la posibilidad de acudir a sentencias del TC, y también del TJUE y
TEDH, para interponer rcud, o lo que es lo mismo, poniendo el acento en que la
igualdad sustancial requerida en el art. 219.1 “... debe venir referida a la
pretensión de tutela del derecho constitucional de que se trate, de suerte que
el derecho constitucional invocado y eventualmente vulnerado por la sentencia
recurrida es el mismo sobre cuyo alcance establece doctrina diversa la
sentencia aportada como contradictoria”.
Aceptada esta
tesis, es claro que hay contradicción entre la sentencia recurrida y la
aportada de contraste, ya que en la primera no se consideró debidamente
cumplido el trámite del período de preaviso, mientras que en la segunda sí se estimó
el cumplimiento.
7. Decía antes que
la Sala tiene especial interés en justificar la existencia del interés
casacional objetivo del recurso, y a ello dedica todo el apartado 4 del
fundamento de derecho segundo.
¿Tenía la Sala en consideración
en su examen la muy cercana huelga general del 11-N? No es descartable tal
hipótesis, aunque no deja de ser un parecer completamente personal y subjetivo,
y aquello que realmente importa es que la Sala, partiendo de los hechos probados
y de que pudiera ocurrir que la aceptación de la tesis de la sentencia
recurrida redundara en una desprotección del derecho de huelga, concluye que el
caso posee, por una parte, una “... trascendencia
o proyección significativa, al afectar a los requisitos necesarios para el
ejercicio del derecho de huelga, trasladables a cualquier supuesto de huelga
general, con la trascendencia especial que supone la afectación a tal derecho
fundamental tanto en su vertiente individual como colectiva”, y por otra, que se
trataba de “... una cuestión relevante para la formación de jurisprudencia, en
tanto en cuanto la Sala Cuarta no se ha pronunciado sobre la cuestión que
constituye el núcleo de contradicción”.
8. Y llega ya,
aceptada la contradicción entre las dos sentencias y el interés casacional
objetivo del rcud, el momento de entrar en el contenido sustantivo o de fondo
del litigio. Y la Sala acudirá a la citada sentencia del TC núm. 36/1993 de 8
de febrero ya abordada con anterioridad por mi parte.
También acude a su
propia doctrina jurisprudencial, con cita de la sentencia de 16 de enero de 2024, de la que fue
ponente el magistrado Rafael A. López (resume oficial: “Legalidad del apartado del acuerdo que regula
el procedimiento de descuento en nómina de los tiempos dedicados a asambleas y
paros”), en la que, por cierto, se desestima un recurso de casación interpuesto
por el mismo sindicato (CGT) recurrente en el litigio ahora analizado. La Sala
transcribe una parte de dicha sentencia en la que se expone el impacto del
derecho de huelga como causa justificativa tanto de la suspensión de la
prestación laboral como del descuento salarial en la nómina, y las obligaciones
que puede tener la persona trabajadora para justificar su ausencia, si bien
aquello que es lo más relevante a mi parecer de esta explicación que efectúa la
Sala, para un caso bien diferente al ahora analizado, es que “existiendo una
convocatoria” (de huelga, y en la de 24 de septiembre de 2024, así era), “bastará
con su mera declaración posterior (del trabajador), sin otras exigencias y sin
que tampoco se le puedan imponer requisitos o procedimientos exorbitantes”. Y
ello, insisto, a efectos del descuento en la nómina referente al período de
inactividad laboral por ejercicio del derecho constitucional.
Vuelvo, que es a
mi parecer lo realmente importante, a la jurisprudencia del TC, y la Sala
afirma de manera contundente, y acertada, que no se respetó por la sentencia
recurrida (ni tampoco, añade la Sala, a la suya propia), por lo que casa y
anula esta.
9. Toca entrar a
continuación en la cuantía de la indemnización, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los art. 182 d) y 183 LRJS. Analiza su amplia jurisprudencia al
respecto sobre la indemnización que deba abonarse por los daños morales
provocados por la conducta empresarial que ha sido declarada contraria a
derecho, y en atención a los hechos probados considera correcta la petición de
indemnización de 7.500 euros al sindicato recurrente, ya que “...la huelga fue preavisada a ADIF en
Galicia con una antelación de siete días (aunque no era necesario) y que el
trabajador explicó su ausencia a la empresa sin requerimiento expreso, así como
el resto de circunstancias del caso, especialmente el hecho de que el
trabajador que ejerció su derecho fundamental fue sustituido por una
trabajadora que estaba en día de descanso -lo que sin duda constituye un
supuesto de esquirolaje interno ilícito ( STS de 18 de marzo de 2016, rec.
78/2015)-“, y rebaja a 1.000 euros la que deba abonarse al trabajador, ya que “pudo
ejercer con normalidad su derecho”.
Más dudosa, dicho
sea incidentalmente, me resulta la tesis de la Sala, para la que ambas
indemnizaciones pueden resultar “...disuasoria de futuras posibles conductas de
ataque a los derechos fundamentales de los trabajadores”, si bien es cierto que
la cuantía concedida al sindicato recurrente es la que fue solicitado por este
y sin perjuicio de que la sala pudiera fijar otra.
10. En definitiva,
y concluyo este artículo, se trata de una sentencia que reitera la
jurisprudencia constitucional sobre los requisitos a cumplir para respetar el
cumplimiento del plazo de preaviso en huelgas de alcance general, tanto por lo
que respecta a quienes debe ir dirigido, como a quienes no es necesario dirigir.
En 2026 recuperan valor, aunque no creo que nunca lo haya perdido, las
sentencias citadas del TC de 1986 y 1993.
Buena lectura.
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