Relación empresa - ETT. Cesión ilegal de mano de obra. Contratación temporal para cubrir necesidades estructurales. Sentencia del TS de 16 de junio de 2026 que confirma la del TSJ de Cataluña de 25 de julio de 2024.

  

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia   dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 16 de junio, de la que fue ponente el magistrado Juan Molins, también integrada por las magistradas Concepción Rosario Ureste, Isabel Olmo y Luisa María Gómez.  

La resolución judicial desestima, en los mismos términos que la propuesta formulada por el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, el recurso de casación interpuesto por la parte empresarial, Schneider Electric España SAU, contra la sentencia  dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la que fue ponente el magistrado Jaume González .

El interés especial de la sentencia radica a mi parecer en la muy detallada y rigurosa exposición en el acta elevada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el elevado número de personas trabajadoras contratados por una empresa de trabajo temporal para ponerlos a disposición de la empresa usuaria, de tal manera que en realidad venían a cubrir necesidades estructurales de la empresa que hubieran debido llevar a esta a la contratación estable de personal, de tal manera que bajo la aparente legalidad de puesta a disposición de personal mediante contratos formalizados por la ETT, en su gran mayoría por circunstancias de la producción, se encubriría una cesión ilegal de mano de obra, agravada, como se comprueba en la resolución sancionadora y confirmada por los tribunales, por la duración de la prestación de servicios de varios de los trabajadores puestos casi permanentemente a disposición.

En efecto, el resumen oficial de la sentencia del alto tribunal, si bien de forma escueta, delimita con claridad aquello sobre lo que ha versado el conflicto: “Calificación como cesión ilegal de trabajadores del uso continuado de contratos de puesta a disposición para cubrir necesidades estructurales de la empresa usuaria”.

La temática objeto del presente litigio ha merecido mi atención en entradas anteriores del blog. Me permito remitir a

Entrada “Cesión ilegal de personal contratado por ETT a empresa usuaria. Tipificación como falta muy grave al ser de aplicación el art. 43 de la LET. Notas a la sentencia del TS de 2 de diciembre de 2021” 

Entrada “Nuevamente sobre el “caso Norwegian”. Cesión ilegal de mano de obra por una ETT y consideración jurídica de falta muy grave. Notas a la sentencia del TS de 29 de junio de 2022 que confirma doctrina sentada en la dictada el 2 de diciembre de 2021” 

Y desde una perspectiva más general sobre el concepto de ETT, véase la entrada “¿Se difumina el concepto de empresa de trabajo temporal recogido en la normativa española? ¿Hay que reformular el art 43 de la Ley del Estatuto de los trabajadores? Primeros apuntes a propósito de las dudas e interrogantes que suscita la sentencia del TJUE de 24 de octubre de 2024 (asunto C-441/23)” Por último, cabe indicar que la sentencia anotada ya ha merecido un interesante comentario a cargo de la letrada y periodista Estela Martín   , titulado “El TS ratifica la sanciónde 180.000 a una empresa por cesión ilegal de trabajadores” 

2. El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de demanda por la parte empresarial, en procedimiento de impugnación de actos de la Administración, el 19 de mayo de 2023, siendo su pretensión la siguiente:

“«Se acuerde declarar la inexistencia de responsabilidad empresarial en el expediente de referencia, acordando la NO IMPOSICIÓN DE SANCIÓN a SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A de fecha 19 de octubre de 2022, por no haber existido incumplimiento alguno de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente escrito, o, subsidiariamente eliminar las agravantes o recalificar el incumplimiento como leve, con todo lo demás que en Derecho proceda”.

De los amplios y detallados hechos probados de la sentencia dictada por el TSJ conviene destacar los siguientes:

“... TERCERO.- En fecha 21-03-2023 el Govern de la Generalitat de Catalunya dictó resolución sancionadora, imponiendo a la empresa demandante Schneider Electric España, SA la sanción de 180.000 euros, propuesta por el acta de infracción extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -ITSS-, por infracción muy grave en materia de vulneración de la normativa sobre cesión ilegal de personas trabajadoras, disponiendo la notificación de dicha resolución a las personas interesadas y haciendo constar la advertencia a la empresa sancionada de que, en el supuesto de persistir de forma continuada en los hechos sancionados, puede ser nuevamente sancionada por los mismos. Dicha resolución ponía fin a la vía administrativa (folios 33 a 38 y hechos no controvertidos)...

OCTAVO.- En la visita de Inspección realizada el 15-03-2022, el Inspector actuante constató que; según manifestó el encargado de la sección de Picking, ese día en el turno de mañana tenía 16 personas trabajadoras a su cargo, de las cuales 7 eran puestas a disposición por la ETT. El mismo encargado refirió que esta misma proporción -de algo menos de la mitad de la plantilla- estaban con contratos de puesta a disposición y se venía dando desde principios de año,- de forma similar, tanto en el grupo de mañana como en el de tarde, señalando que el volumen de contratación mediante ETT es casi siempre el mismo, situándose en torno al 40o 45% del total de trabajadores. Este mismo día el Inspector actuante visitó la otra nave situada al otro lado de la calle, en la cual el responsable de la sección de Picking de productos de pequeño volumen manifestó al inspector que ese día en el turno de mañana estaban prestando servicios 37 empleados, de los cuales 19son de ETT, tal como se comprobó con el listado del personal de turno. Normalmente, según manifestó el encargado, no hay menos de 4 o 5 trabajadores de ETT, aunque lo normal es tener un 70% de personal propio y un 30% de ETT, puntualizando que en el último trimestre había sido necesario un refuerzo, incrementándose ese 30%. Asimismo, se señaló por el encargado que durante el verano también se Incrementa la presencia de personal de ETT, -dado-que buena parte de la plantilla realiza sus vacaciones durante ese período. Igualmente, el Inspector actuante también se informó con diferentes trabajadores presentes, en el centro de la empresa Randstat Empleo ETT, SA, dos de los cuales manifestaron que llevaban en torno a 4 años prestando servicios en el centro, encadenando contratos de corta duración -sobre una semana-, desconociendo para que concreto cliente prestaban servicios, realizando la actividad habitual que se les encomendaba como mozos de almacén(folio 329 y declaraciones testificales de D. Benito y Bernardo )...

DÉCIMO.- Requerida la empresa demandante Schneider Electric España, SA por la ITSS al efecto de qué aportara documentación adicional sobre contratos de puesta a disposición con Randstad ETT en diferentes períodos anteriores y posteriores a la visita de inspección, se concluye como hechos verificados documentalmente que en las semanas en que el húmero de líneas expedidas era inferior a la capacidad productiva de centro, el número de contratos de puesta a disposición también era importante según datos aportados por Randstad; a modo de ejemplo, en la semana 5 de 2022, con una disminución de la carga de trabajo del 20,23 %, se contrató a 54 trabajadores mediante ETT, de los cuales 47 para mozos de almacén; y en la semana 23 de 2022, con una disminución de la producción respecto a la capacidad habitual de la empresa del 8,22%, se hicieron 76 contratos de puesta a disposición, de los cuales 69 correspondieron a mozos. En la semana 5 hubo 7 contratos de puesta a disposición por Interinidad, por 6 en la semana 23 (folio 328. reverso)...

DÉCIMO SÉPTIMO.- La duración de estos contratos eventuales de los trabajadores de Randstad cedidos a Schneider para el centro de Sant Boi de Llobregat tienen una duración corta, que pude oscilar entre unos días y una semana o más. Sin embargo, estos trabajadores vuelven a ser contratados tras lapsus breves de tiempo, acumulando antigüedades que van desde la máxima de D. Teodulfo (1.398 días con CPD en Schneider) a D. Abelardo (12 días). De los 36 trabajadores afectados, 6 tienen más de 1.000 días, otros 10 tienen acreditados más de 500 días, y el resto tienen acreditados entre 100 y 500 días, excepto 4 de ellos que tienen menos de100 días (folio 331 y hechos no controvertidos)».

3. El TSJ sintetiza en su fundamento de derecho segundo las tesis de la parte demandante y la de la Administración demandada, para centrar después el objeto del litigio.

“...La empresa accionante solicita en el petitum de la demanda que se declare la inexistencia de responsabilidad empresarial en el expediente sancionador impugnado y se acuerde la no imposición de sanción administrativa, y ello por cuanto que no se ha infringido norma laboral alguna, conforme a lo razonado en dicho escrito. De forma subsidiaria, se solicita suprimir las agravantes incluidas en el acta de infracción y en la resolución sancionadora, calificando la falta de leve, con los pronunciamientos que de ello se derivan. La compañía demandante sustenta su argumentación partiendo de la premisa fáctica del incremento extraordinario que soportó su centro logístico de Sant Boi de Llobregat, que justificó un importante incremento de los CPD, situación extraordinaria susceptible de cubrirse con contratos eventuales por circunstancias de la producción ex art. 15.2 ET, por lo que tales contratos no habrían sido suscritos en fraude de ley, ajustándose al supuesto de cesión legal de trabajadores por parte de ETT previsto en el art. 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, de empresas de trabajo temporal. Y en el supuesto de considerarse la existencia de cesión ilegal de trabajadores, se considera que no pueden ser aplicadas las circunstancias agravantes en que se fundamenta la resolución aludida, debiendo de catalogarse la falta de leve -dadas la circunstancias concurrentes- y, por ello, reducirse la sanción en los términos legales de aplicación.

Por el Letrado de la Generalitat de Catalunya se ha formulado oposición a la demanda por los propios fundamentos de la resolución impugnada dictada por el Govern de la Generalitat de Catalunya. Considera la parte demandada, expuesto de forma sucinta, que dado el carácter estructural de la contratación mediante ETT y su importancia en relación al número de los trabajadores de la plantilla de la empresa usuaria, con independencia de que puntualmente en las semanas de marzo pudiera existir un incremento de tareas enel centro de Schneider de Sant Boi, lo cierto es que el recurso a la cesión de trabajadores de ETT tenía un carácter crónico y permanente, que superaba semanalmente desde, como mínimo, el ejercicio de 2019, al 30%en relación a los empleados de la plantilla de la usuaria. Pues bien, ese carácter permanente de contratos por acumulación de tareas en la proporción indicada pone en evidencia su fraudulencia, razón por la cual los CPD concertados por ambas empresas desbordan ampliamente el supuesto legal contemplado del art. 6.2de la Ley 14/1994, razón por la cual devienen todos ellos en cesión ilegal de trabajadores que, por el número de afectados y prolongación en el tiempo, ha de calificarse, conforme al art. 8.2 LISOS, en falta muy grave, sancionable conforme al art. 39.2 y 40.1, c) LISOS, en su grado máximo, habida cuenta de los criterios de graduación agravantes que concurren: negligencia e intencionalidad, cifra de negocio de la empresa, número de trabajadores afectados y perjuicio causado a los mismos”.

El objeto del litigio, pues, era el de “... determinar, en primer lugar, si los hechos que se han acreditado son subsumibles en un supuesto de cesión ilegal de trabajadores; en segundo lugar, en caso de calificarse los CPD concertados entre Schneider y Randstad Empleo ETT, SA de cesión ilegal, si dicha conducta puede tipificarse como falta muy grave ex art.8.2 LISOS o, por el contrario, tal como postula la demandante puede calificarse de infracción leve. Y en último lugar, si se mantiene la tipificación de falta muy grave, si procede mantener las circunstancias agravantes propuestas por la ITSS y asumidas por la Autoridad laboral de negligencia e intencionalidad, cifra de negocio de la empresa, número de trabajadores afectados y perjuicio causado a los mismos, lo que daría lugar al mantenimiento de la cuantía de la sanción”.

4. La Sala confirmará íntegramente la resolución administrativa sancionadora por apreciar la existencia de cesión ilegal de mano de obra. Pasa revista, en primer lugar, a la normativa aplicable para formalizar contratos de puesta a disposición (art. 6.2 de la Ley 14/1994 de 1 de junio), revisa a continuación todos los hechos probados, y la consolidada jurisprudencia del TS que dispone que formalizar CPD al margen de los supuestos de contratación temporal previstos en el art. 15 de la Ley del Estatuto de los trabajadores constituye una cesión ilegal de trabajadores, con cita, entre otras de la antes referenciada de 2 de diciembre de 2021 , concluyendo que “concurre cesión ilegal de trabajadores, cuando el contrato de puesta a disposición se utiliza para atender a necesidades estructurales de la empresa usuaria, como ha sucedido aquí, lo cual comporta que, si la ETT cede ilegalmente a trabajadores no queda eximida de ninguna delas responsabilidades que provoca dicho comportamiento, tanto laborales como administrativas”.

Afirmada la existencia de cesión ilegal de mano de obra, la Sala da respuesta a las alegaciones de las partes sobre la tipificación de la conducta sancionada, acudiendo a recordar los art. 8.2 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social y el art. 43 de la L, concluyendo que

“a partir de los hechos que se han acreditado, es muy claro que la demandada incurrió reiteradamente en cesión ilegal de trabajadores, cesión que se produce en un supuesto bastante particular- ex art. 6.2 LETT-, pues la empresa cedente es una ETT y, por tanto, una compañía autorizada para la cesión legal de trabajadores, aunque en el presente caso la cesión se producía al margen de los supuestos legalmente establecidos del art. 15 ET, siendo la cesionaria la empresa teóricamente usuaria de los contratos de puesta a disposición. Sin embargo, a pesar de la singularidad del supuesto, tal como ha ratificado la doctrina jurisprudencial, no por ello deja de ser un tráfico prohibido por la legislación laboral y, por ello, sancionable por el RD-Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba la Ley de infracciones y sanciones en el orden social”

Por fin, la Sala aborda las alegaciones de las partes sobre la graduación de las faltas y las circunstancias de su eventual agravación, recordando los arts. 39 y 40.1 c) de la LISOS, acogiendo plenamente el contenido de la resolución sancionadora y desestimando en su integridad las alegaciones de la parte demandante, y lo hace en unos términos que después serán plenamente acogidos por el TS en su sentencia.

“La negligencia e intencionalidad de la empresa sancionada es clara, pues no se explica una conducta ilícita de afectación masiva -36 trabajadores- y tan prolongada en el tiempo si no existe una resolución deliberada de la compañía en cuestión. No se está frente a una circunstancia puntual o accidental que afecte a un determinado puesto de trabajo, se trata de una fórmula sistémica en la gestión de los recursos humanos, inspirada en principios más preocupados en la optimización económica de la mano de obra que en el respeto de la legalidad vigente. Por tanto, debe compartirse con la ITSS y con la Autoridad laboral la concurrencia de una clara intencionalidad de una conducta consolidada por su prolongación temporal.

En cuanto a la cifra de negocio, es claro que este criterio de graduación de las sanciones que establece el legislador es esencial, pues la misma cuantía de la sanción puede resultar catastrófico para una pequeña compañía o irrisorio para una gran empresa. Y dadas las dimensiones de facturación de la demandante, la cifra de la sanción no parece para nada desproporcionada, apareciendo su cuantía plenamente ajustada a una modulación proporcionada.

En lo que respecta al número de trabajadores afectados, resulta totalmente razonable que la sanción se encuadre en el grado máximo. Teniendo en cuenta que la cuantía de la sanción debe guardar un criterio de proporcionalidad, es evidente que la actuación punitiva no se produce por la cesión ilegal de uno o dos trabajadores, ni de ocho o diez empleados. Se está ante una cesión que puede calificarse de masiva, de más de treinta trabajadores que se prolonga y practica a lo largo de años. Además, no tan solo el número de trabajadores afectados por el prestamismo ilícito es importante, sino que, si se pone en relación con el número de trabajadores propios de la cesionaria, resulta ser un porcentualmente elevado, normalmente por encima del30% y que, en momentos puntuales, puede alcanzar el 45%, cifras que resultan absolutamente inaceptables.

Finalmente, en cuanto a los perjuicios causados a los trabajadores objeto de tráfico ilícito, es claro que el daño irrogado es también relevante, no tan solo por el número de personas afectadas, sino por la prolongación en el tiempo de la praxis ilícita -algunos más de 1.000 días- y, por ello mismo, por la precariedad laboral -por temporalidad- en unos puestos de trabajo de carácter estructural y que debían ser proveídos mediante contratación laboral indefinida.

4. Contra la sentencia de instancia se interpuso recurso de casación por la parte empresarial al amparo del art. 193 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, es decir con alegación de infracción de la normativa y jurisprudencia aplicable.

La Sala reprocha en primer lugar a la recurrente que, sin haber solicitado la modificación de hechos probados, efectúe en su escrito “una pluralidad de afirmaciones de hecho que no concuerdan con el relato histórico de la sentencia recurrida”, incurriendo “en el rechazable vicio procesal denominado «petición de principio» o «hacer supuesto de la cuestión», defecto que se produce cuando el recurrente parte de unas premisas fácticas distintas a las que declara probadas la resolución recurrida ..”.

También es crítica la Sala con la articulación del motivo de recurso, dado que plantea cinco pretensiones que hubieran debido presentarse de forma diferenciada, si bien, en aras al principio de garantizar la tutela judicial efectiva, entrará a conocer de todos ellos porque en el escrito se pueden conocer las razones de la impugnación de la sentencia, así como el contenido concreto, al parecer de la recurrente, de la infracción cometida y las normas sustantivas vulneradas.

Concretamente, las pretensiones de la recurrente se recogen en el fundamento de derecho primero y son las siguientes:

“a) Cesión ilegal

Sostiene que la empresa no ha incurrido en incumplimiento alguno en materia de cesión ilegal. Invoca el art.8.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (en adelante LISOS) y el art. 43.1 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET).

b) Justificación de los contratos de trabajo por tiempo determinado

Expone que los contratos temporales enjuiciados eran conformes a derecho.

c) Principio de tipicidad

Alega que se ha vulnerado el principio de tipicidad. Argumenta que, de haberse producido algún incumplimiento, sería el error en la formalización del contrato temporal o no haber consignado de forma adecuada la razón de temporalidad. Invoca la STC 18/1981 y la doctrina jurisprudencial que cita.

d) Agravantes

Por último, rechaza que concurra ninguna agravante: ni la negligencia o intencionalidad del infractor, ni la cifrade negocios de la empresa, ni el número de trabajadores afectados, ni el perjuicio causado”

5. Responde en primer lugar a la alegación de inexistencia de cesión ilegal de trabajadores. Lo hace, recordando el contenido del art. 43.2 de la LET y su consolidada doctrina sobre el alcance y la interpretación de dicho precepto, pasando después a recordar los preceptos aplicables de la Ley 14/1994 (art. 6.2) y de la LISOS (arts. 8.2 y 19.2).

Mas adelante transcribe parcialmente su jurisprudencia sobre conflictos en los que conoció de recursos de empresas sancionada por la cesión ilegal de trabajadores entre la ETT y aquellas, con amplia mención de la dictada el 20 de marzo de 2024   , de la que fue ponente la magistrada María Luz García (resumen oficial: “Impugnación de sanción administrativa. Sanción por cesión ilegal de trabajadores en el marco de un contrato de puesta a disposición. Reitera doctrina”. Para la Sala, “... El contrato de puesta a disposición no puede ser una vía para alterar el régimen general de la contratación temporal, sino únicamente un instrumento para trasladar la temporalidad del ámbito de contratación de la empresa usuaria a la ETT. Si se vulnera el régimen jurídico de la contratación temporal se tratará de una cesión ilegal porque se utiliza fraudulentamente un contrato de puesta a disposición lo que encaja, dentro del ámbito sancionador, en el art. 8.2 de la LISOS”.

6. Tras haber pasado revista a la normativa y jurisprudencia aplicable, la Sala se adentra en el fundamento de derecho quinto en el examen concreto del caso enjuiciado, siempre partiendo de los inalterados hechos probados (de ahí, la importancia de la detallada acta de infracción de la ITSS que he destacado al inicio de mi exposición), para concluir acogiendo plenamente las tesis de la sentencia de instancia, afirmando de manera clara e indubitada que

“... Los prolijos hechos de la sentencia recurrida evidencian que no se produjo una mera irregularidad en los contratos de puesta a disposición, ni un error en la formalización del contrato temporal. No se trata de elementos accesorios de esos contratos. Hubo una cesión ilegal producida entre la ETT y la empresa usuaria porque se usaron los contratos de puesta a disposición para cubrir necesidades permanentes de mano de obra de la empresa usuaria, incurriendo en fraude de ley. La ETT no puso a disposición de la empresa usuaria estos trabajadores en los mismos supuestos en que la empresa usuaria podría haber celebrado contratos de duración determinada, sino que estos trabajadores fueron contratados para atender necesidades estructurales de la usuaria. Por ello, la calificación de la conducta como una falta muy grave consistente en la cesión ilegal de trabajadores del art. 8.2 de la LISOS debe considerarse ajustada a derecho.

La empresa pretende justificar los contratos de trabajo con una pluralidad de afirmaciones carentes de base en el inalterado relato fáctico de instancia, que evidencia la existencia de una cesión ilegal”.

La misma respuesta desestimatoria dará la Sala a las alegaciones sobre la vulneración del principio de tipicidad y la inexistencia de agravantes en semejantes términos a los sostenidos por el TSJ.  En apretada síntesis, estos son sus argumentos:

“... En este pleito no se ha vulnerado el principio de tipicidad porque la conducta constitutiva de la infracción y la sanción administrativa están previstas de forma clara y concreta en la LISOS. Dicha tipificación abarca:

A) La descripción de la falta en el art. 8.2 de la LISOS: «La cesión de trabajadores en los términos prohibidos por la legislación vigente», lo que remite al art. 43.1 del ET y al art. 6.2 de la LETT. No se trata de una formulación tan abierta que su efectividad dependa de una decisión arbitraria del juzgador.

B) La concreta graduación de las sanciones imponibles en el art. 40.1.c) de la LISOS, de modo que se delimitan rangos sancionatorios para cada clase de falta (leve, grave o muy grave)...”.

“...La empresa sancionada es la filial española de una importante multinacional. Durante mucho tiempo esa empresa suscribió contratos de puesta a disposición de muchos trabajadores para que prestaran servicios en ese almacén y centro logístico sin sustento legal porque se usaron para atender necesidades estructurales de la empresa usuaria, lo que excluye que esos contratos se concertaran en los mismos casos en los que podría haber celebrado contratos de duración determinada. La prolongación en el tiempo y el elevado número de contratos fraudulentos evidencian la concurrencia de esta agravante en esa empresa multinacional.

“... La parte recurrente argumenta que la sanción se limita a un centro de trabajo, no a toda la empresa Schneider, por lo que no se debe tener en cuenta la cifra de negocio de toda la mercantil. No podemos acoger este argumento porque esa sociedad tiene personalidad jurídica única. El citado centro de trabajo no tiene personalidad jurídica propia, diferente de aquella mercantil, por lo que debe tenerse en cuenta la cifrade negocio de esa sociedad, sin que la sanción de 180.000 euros pueda considerarse desproporcionada en atención a la finalidad disuasoria que debe cumplir...

“... La agravante relativa al número de trabajadores afectados por la infracción administrativa no debe calcularse sobre la base del porcentaje de empleados sino en función del número total de trabajadores perjudicados por la conducta antijurídica de la empresa. Si el cálculo fuera porcentual, en una empresa de dos trabajador es una conducta antijurídica que afectara a uno de ellos repercutiría sobre el 50% de la plantilla. Al revés, en una empresa con miles de trabajadores, una conducta antijurídica que afectase a varios cientos de trabajadores repercutiría en un porcentaje pequeño del total.

A juicio de esta Sala, el citado número de trabajadores, superior a 30, revela un plus de antijuridicidad de su conducta que justifica que se le aplique esa agravante...”

“... el perjuicio causado a estos trabajadores, que fueron objeto de una cesión ilegal por parte de la ETT, con la precariedad que ello supone, también se integra en la circunstancia agravante prevista en el art.39.2 de la LISOS. Se declara probado que sus antigüedades, alcanzadas con contratos con una corta duración, que puede oscilar entre unos días y una semana o más, alcanzaron en el caso de uno de los trabajadores los1.398 días con contratos de puesta a disposición en Schneider...”.

Buena lectura.

Falsas cooperativas en las industrias cárnicas. Relación laboral con la empresa en la que los cooperativistas llevan a cabo su actividad. Remake del caso Servicarne . Notas a la sentencia del TS de 15 de septiembre de 2025

1. Empiezo por el final, y no hago spoiler, ya que el título de la entrada ha dejado suficientemente claro como resuelve la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la sentencia objeto de anotación el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social del que ha debido conocer. Reproduzco el último párrafo del fundamento de derecho sexto, y el único del séptimo:

“En conclusión, de todo lo dicho se desprende que Auga no realiza de forma real y efectiva la actividad cooperativizada que formalmente constituye su finalidad y objeto social, sino que se ha constituido de manera formal y aparente como una cooperativa de trabajo asociado que utiliza en fraude de ley esa configuración legal para actuar en el mercado como una entidad destinada exclusivamente a la intermediación de mano de obra, para la puesta a disposición de trabajadores en favor de la empresa principal que ha subcontratado sus servicios y es por este motivo la verdadera empleadora de quienes trabajan en sus instalaciones.

... Procede, en consecuencia, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, desestimar el recurso de los cooperativistas por los apreciados defectos formales y estimar el recurso de la TGSS y, en consecuencia, procede casar y anular la sentencia recurrida y resolviendo el debate planteado en suplicación, estimar el recurso de la TGSS y, estimando íntegramente la demanda de oficio presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social declaramos la naturaleza laboral de la relación que une a los socios cooperativistas de Auga Sociedad Cooperativa Galega con la empresa International Casing Products, SLU” (la negrita es mía)

Aquí podría acabar la entrada, sabiendo cómo ha resuelto el TS el conflicto que le ha sido planteado, pero una elemental seriedad jurídica, que siempre debe practicarse, ha de llevar a recordar el origen de aquel, y también, dada la importancia de la temática abordada, como se abordó por la comunidad jurídica laboralista en sus aportaciones doctrinales. Comprobaremos que estamos ante un remake del conocido como “caso Servicarne, resuelto por el Pleno TS en su sentencia de 26 de septiembre de 2024   , de la que fue ponente el magistrado Sebastián Moralo y que contó con el voto particular discrepante de la magistrada Concepción R. Ureste, al que se adhirió la magistrada María Paz García.

La búsqueda de información en asistentes de IA, como ChatGPT o Grok, ha sido infructuosa por lo que respecta a la sentencia objeto de mi comentario. Sí hay una amplísima información sobre las falsas cooperativas de trabajo asociado y en especial sobre el caso Servicarne. Por citar solo un fragmento de la recogida en Grok, su conclusión es que “Servicarne fue declarada una falsa cooperativa por actuar como intermediaria de mano de obra en lugar de operar como una verdadera cooperativa de trabajo asociado. Las sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han establecido que los socios cooperativistas eran, en realidad, trabajadores por cuenta ajena de las empresas cárnicas, lo que ha permitido regularizar a miles de trabajadores y combatir la precariedad en el sector. Este caso subraya la importancia de la vigilancia de la Inspección de Trabajo y las acciones sindicales para proteger los derechos laborales”

2. Pongamos orden en la exposición. La sentencia  objeto de anotación es la dictada el 15 de septiembre, de la que fue ponente la magistrada Isabel Olmo, estando la Sala también integrada por los magistrados Ángel Blasco, Juan Martínez y Rafael A. López, y la magistrada Concepción R. Ureste, cuyo breve resumen oficial, pero muy claro en cuanto al conocimiento de su fallo, es el siguiente: “INTERNATIONAL CASING PRODUCTOS SLU y AUGA SOCIEDAD COOPERTIVA. El recurso de los cooperativistas se desestima por motivos formales. Se estima el recurso de la TGSS. Relación laboral entre los cooperativistas y la principal. Aplica doctrina STS 1154/2024, de 24 de septiembre (rcud 5766/2022)”.

El alto tribunal estima, en los mismos términos que la propuesta formulada por el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, el RCUD interpuesto por la TGSS contra la sentencia  dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el 23 de enero de 2023, de la que fue ponente el magistrado César A. Fanjul (resumen oficial: “Procedimiento de oficio, inexistencia de relación laboral, sociedad cooperativa”).

La Sala autonómica había desestimado los recursos de suplicación interpuestos por la TGSS y las personas trabajadoras directamente afectadas, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Zaragoza el 8 de septiembre de 2022, que había desestimado la demanda interpuesta, en procedimiento de oficio, por la TGSS de Zaragoza (hasta donde mi conocimiento alcanza, la sentencia del JS no ha sido publicada en CENDOJ)

Para el JS, partiendo de los hechos declarados probados, y su tesis sería confirmada por el TSJ, el recurso de la TGSS sería desestimado con esta fundamentación:

“... la Cooperativa tiene infraestructura organizativa propia y actividad económica real, habiendo empleado dicha infraestructura propia, mediante los jefes de equipo quienes organizaban y controlaban el trabajo de los socios, que prestaban servicios en localizaciones diferentes a los trabajadores de la empresa cliente ICP, realizando funciones diferentes, no produciéndose una prestación indiferenciada de servicios con los trabajadores de ICP, contando con un pequeño almacén de uso exclusivo. Debiendo detenerse en cuanta que no pueden olvidarse las peculiaridades del singular régimen jurídico aplicable a las cooperativas de trabajo asociado, que sin duda les permite formas de organización del trabajo que no serían admisibles en otro tipo de empresas (STS 18-5-2018 R. 3513/2016). En el presente supuesto, y atendiendo a las circunstancias en que se produce la prestación de servicios, no puede concluirse que existencia de relación laboral entre los socios cooperativistas y la empresa ICP, por lo que el motivo se desestima”.

Los mismos argumentos son los que llevaría al TSJ a desestimar el recurso de suplicación interpuesto por los cooperativistas que prestaban sus servicios para Internacional Casing Products SLU y siendo, en principio, socios de Aura.

3. Con prontitud centra el TS la cuestión a la que debe dar respuesta en los dos RCUD presentados: “La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por los cooperativistas es la de determinar si la verdadera empleadora para quien prestan sus servicios, en sus instalaciones, bajo la formal condición de socios cooperativistas de Auga SC es la empresa principal ICP, al no concurrir las notas que caracterizan el trabajo asociado. La misma cuestión plantea la TGSS en su recurso, así como la inexistencia de las notas que caracterizan el trabajo asociado entre los cooperativistas y Auga SC”.

4. Al entrar en la resolución de los RCUD, el TS analiza en primer lugar el de los trabajadores recurrentes, y procede a su desestimación por cuestiones formales, al argumentar, ciertamente de forma muy detallada y precisa en el fundamento de derecho tercero, que no cumple con lo requisitos requeridos por la normativa procesal laboral (art. 224.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social), y critica el recurso presentado en cuanto que “no cumple mínimamente con las exigencias formales legalmente exigibles, por cuanto no solo no contiene una relación precisa y circunstanciada de la contradicción sino que, también omite toda fundamentación de la infracción legal que se denuncia y, sobre este último extremo, debemos reiterar, una vez más, que no es «posible tenerla por cumplida con la reproducción de una parte de lo que pueda recoger la sentencia de contraste, ya que lo que se está combatiendo es la sentencia recurrida y lo que debe exponer la parte es en qué medida la resolución judicial impugnada ha infringido cada uno de los preceptos que se identifican como vulnerados y nada de ello se hace" ( STS 367/2023, de 22 de mayo, rcud 766/2021)”.

5. Procede a continuación la Sala, en los fundamentos de derecho cuarto a séptimo, a examinar el recurso de la TGSS, con resultado estimatorio como ya he indicado al inicio de mi exposición. La Sala examina primeramente la existencia de contradicción con la sentencia aportada de contraste, y antes de su respuesta conocemos la del Ministerio Fiscal, para quién sí existía en sus elementos relevantes, ya que “lo que realmente se discute es si la verdadera empleadora de los trabajadores es la empresa principal que ha contratado los servicios de la cooperativa, y, en último término si puede considerarse como una cooperativa real y no ficticia, y, en este aspecto, convergen las sentencias de comparación, señaladamente, en lo relativo a la prestación de servicios en las instalaciones de la empresa principal, dentro de su ciclo productivo, y con el material de mayor entidad, propiedad de la misma, y, en términos generales, con sometimiento al ámbito rector y organicista de la empresa cliente”.

Esta tesis será la misma que acogerá el TS, que ya se remite a la sentencia del caso Servicanre, recordando que en la misma “unificó criterios de admisión de los recursos planteados en asuntos similares, esto es, casos donde se planteaba la existencia de relación laboral entre la principal y los socios cooperativistas de una cooperativa de trabajo asociado”, que ya aplicó con posterioridad en la sentencia  de 28 de mayo de 2025, de la que fue ponente el magistrado Juan Molins (resumen oficial: “Requisitos para la regularidad del empleo de cooperativas de trabajo asociado para la subcontratación de obras y servicios con otras empresas. Condiciones de la cesión ilegal de trabajadores”) y que aplicó la doctrina sentada en la sentencia de 26 de septiembre de 2024.

Y a partir de aquí, la sentencia ahora anotada se remite a la fundamentación jurídica de la sentencia Servicarne para estimar el recurso de la TGSS, siendo el punto de partida que justifica dicha remisión que “...aunque no estemos ante un caso en el que la cooperativa concernida sea Servicarne, SC, sino otra distinta, concurren los mismos o similares elementos de juicio que en los de contraste, en lo que es relevante para decidir si Auga dispone de una estructura organizativa que permita considerarla como una verdadera cooperativa de trabajo asociado, o bien se ha limitado a constituirse formalmente como tal clase de cooperativa para operar realmente como una mera intermediaria en la cesión de mano de obra a la empresa principal, que por este motivo sería la empleadora de esos trabajadores”.

Es más concretamente en el fundamento de derecho sexto cuando la Sala procede a resolver el RCUD. La TGSS, al amparo del art. 207 e) de la LRJS alegaba “la infracción de los arts. 1.1 y 8.1del ET, en relación con el artículo 139 del TRLGSS, referente a afiliación, altas y bajas en el RGSS y el art. 144 del mismo texto legal sobre la obligación de cotizar y, en el segundo, la Infracción de los arts. 6.4, 7.2 y 1.544del CC en relación con los artículos 1.1, 13.1, 16, 20, 21, 1, 32.f, 80 de la Ley de Cooperativas 27/1999, de 16de julio, y artículo 42 del ET”.

Para la TGSS, en perfecta sintonía con la tesis defendida en anteriores litigios en los que se planteaba la misma cuestión, el contrato de arrendamiento de servicios entre las empresas recurridas “encubre, en realidad, una relación laboral directa entre ICP y los socios cooperativistas, que siempre pensaban que trabajaban para ICP, por lo que la subcontratación de dicha actividad es, en sí misma, un fraude de ley, ya que no se ajusta a los parámetros exigidos legal y jurisprudencialmente para la subcontratación”.

Tras repasar la normativa aplicable, la Sala se pregunta, y ya sabemos cuál será su respuesta, “cuál es realmente la estructura organizativa de la que dispone Auga, para decidir si es una verdadera cooperativa de trabajo asociado válidamente constituida al amparo de las normas legales que regulan esta modalidad de puesta en común de recursos y trabajo entre los socios cooperativistas que la integran, o, por el contrario, es puramente aparente y ficticia con la finalidad de actuar en el mercado como mera intermediaria para suministrar mano de obra a la empresa principal”. Reiterando lo dicho en la sentencia Servicarne, a partir de los hechos probados en instancia, la “primacía de la realidad” lleva a considerar Aura, no como una verdadera cooperativa, sino como “una organización que actúa como mera intermediaria para facilitar mano de obra a las empresas”, recordando su tesis expuesta en la anterior, cual era que la forma de actuar “esa forma de operar le permite desentenderse, total y absolutamente, de la necesidad de mantener un estructura propia dedicada a la gestión de todas las actuaciones encaminadas al alquiler de locales, o a la compra y suministro de material para los socios, como podría ser una de las finalidades más relevantes de una cooperativa de trabajo asociado que verdaderamente se hubiere constituido para facilitar el acceso de sus socios a todos estos medios materiales que necesitan para desempeñar su trabajo”.

Reproduciendo toda la fundamentación expuesta en la sentencia Servicarne, y antes de llegar a los dos fragmentos de esta que he citado al inicio de mi exposición, la Sala concluye que  “No consta la existencia de la menor estructura organizativa relacionada, por ejemplo, con la formación profesional de los socios para el aprendizaje, perfeccionamiento y mejor conocimiento de su oficio, adaptación al mercado o cualquier otro aspecto relevante; no hay tampoco nada parecido a la existencia de canales de compra o acceso a los instrumentos, herramientas o maquinarias necesarias en esa actividad, en fin, ninguna clase de estructura estable con esos objetivos dirigidos al desarrollo y mejora del trabajo autónomo cooperativizado, que aporte valor adicional a la actividad desarrollada por la cooperativa”.

6. En definitiva, el TS desestima el RCUD interpuesto por los cooperativistas, estima el interpuesto por la TGSS, casa y anula la sentencia del TSJ de Aragón, y estima íntegramente la demanda de oficio interpuesta por aquella y declara “la naturaleza laboral de la relación que une a los socios cooperativistas de Auga SociedadCooperativa Galega con la empresa International Casing Products, SLU”.  

7. La problemática de las falsas cooperativas de trabajo asociado en general, y la sentencia del caso Servicarne en particular, mereció especial atención por parte de la comunidad jurídica laboralista, mayoritariamente favorable a la tesis del TS (entre las que me incluyo) y con alguna voz claramente discrepante. Para que los lectores y lectoras que así lo deseen tengan un más amplio conocimiento de los debates, indico a continuación aquellos artículos que considero de especial interés, y sin ningún ánimo exhaustivo, ya que probablemente pueda haber más y de los que no haya podido tener noticia. 

Por mi parte, abordé la cuestión litigiosa en la entrada “Falso cooperativismo en las industrias cárnicas. Notas a la sentencia del TS de 26 de septiembre de 2024 (actualización a 9 de octubre) 2024, caso Servicarne, y recordatorio de la conflictividad anterior” 

El parecer de unos de los letrados que asumió la defensa sindical para demostrar que se trataba de falsas cooperativas, se encuentra en el artículo publicado en el blog del profesor Antonio Baylos titulado “el Tribunal Supremo acaba con la utilización de falsos autónomos en la industria cárnica. Habla Enrique Lillo” 

De indudable interés son las aportaciones publicadas por  el profesor Francisco Vila, "“Algunas notas sobre la prestación de servicios a través de las cooperativas de trabajo asociado: especial referencia a la doctrina jurisprudencial reciente sobre Servicarne”, de la profesora Carolina Martínez, “¿El final del affaire Servicarne? a propósito de la STS de 24 de septiembre de 2024”, y del profesor Francisco J. Arrieta “A la búsqueda del verdadero empresario laboral en el caso de la cooperativa Servicarne (Comentario a la STS de 24 de septiembre de 2024, Rud. 5766/2022)” 

Desde una perspectiva claramente crítica a la citada sentencia, y el título del artículo es más que significativo de la tesis de su autor, encontramos la aportación del profesor Erik Monreal “Servicarne y sus contratas un cierre en falso de su carácter fraudulento por parte de la STS (4ª) 24-09-2024”  

Por último, cabe señalar que la citada sentencia ya ha sido merecedora de un trabajo de fin de grado en la Universidad de Castilla-La Mancha (Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca”, a cargo de Ángel M. López, dirigida por el profesor Óscar Contreras, titulada “El fraude en la contratación laboral del sector cárnico: el caso de la cooperativa Servicarne”  

Buena lectura.

Nuevamente sobre el “caso Norwegian”. Cesión ilegal de mano de obra por una ETT y consideración jurídica de falta muy grave. Notas a la sentencia del TS de 29 de junio de 2022 que confirma doctrina sentada en la dictada el 2 de diciembre de 2021.

1. La entrada que ahora publico podría ser muy breve, ya que basta con acudir al fundamento de derecho primero de la sentencia anotada para encontrar la respuesta, que será la misma que la que dio el Tribunal Supremo en una resolución anterior, siendo las diferencias existentes, que no afectarán ni a la argumentación ni al fallo, en primer lugar que en la sentencia de 2 de diciembre de 2021 se trataba de la sanción impuesta a una Empresa de Trabajo Temporal y en la ahora anotada la parte recurrente es la empresa en la que prestaron servicios las y los trabajadores cedidos, y en segundo término, que el precepto sobre el que se debatió su aplicación en la primera resolución judicial fue el art. 18 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social, que regula las infracciones cometidas por las ETTs, mientras que en el caso ahora enjuiciado el precepto sobre el que gira la discusión jurídica es el art. 19, que regula las infracciones de las empresas usuarias.

Antes de acudir al citado fundamento de derecho primero hemos de recordar, obviamente, cual es la sentencia tratada, que no es otra que la dictada por la Sala de lo Social del TS el 29 de junio de 2022   , de la que fue ponente el magistrado Sebastián Moralo, también integrada por la magistrada María Luisa Segoviano y los magistrados Ángel Blasco, Ricardo Bodas e Ignacio García-Perrote.

La resolución judicial estima, en contra del criterio defendido por el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe y en el que abogaba por la improcedencia, el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior deJusticia de Andalucía (sede Málaga) el 9 de enero de 2019     , de la que fue ponente el magistrado Francisco Javier Vela.

La Sala autonómica había estimado el recurso de suplicación interpuesto por la empresa contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Málaga el 8 de febrero de 2018. La sentencia de instancia había desestimado la demanda interpuesta por la parte empresarial contra la sanción impuesta por la autoridad laboral de 70.000 euros, como falta muy grave en su grado medio de acuerdo a los arts. 39,1 y 2 y 40.1 c) de la LISOS, mientras que el TSJ estimó que la actuación empresarial debía tipificarse como falta grave y ser la cuantía de la sanción impuesta de 3.125 euros.

El amplio resumen oficial de la sentencia del TS, que permite tener un muy buen conocimiento del conflicto es el siguiente: “NORWEGAIN AIR. Cesión ilícita de 74 trabajadores durante casi tres años para desempeñar funciones estructurales de la empresa usuaria. Debe tipificarse como falta muy grave conforme al art. 8.2 LISOS, y no como falta grave, aunque en la cesión ilícita interviniera una ETT. No se trata de una simple utilización indebida del contrato de puesta a disposición, que afectaría únicamente a la ETT y a la usuaria, sino de una cesión ilícita, que implica, además, a los trabajadores sometidos al tráfico ilícito. Reitera STS 2/12/2021, rcud. 4701/2018, mismos hechos y sentencia de contraste”.

2. La Sala subraya en el citado fundamento de derecho primero que los elementos fácticos y jurídicos del caso ahora enjuiciado, y a excepción de las diferencias antes apuntadas, “son sustancialmente concordantes en ambos asuntos; la cuestión sometida a nuestro conocimiento es asimismo coincidente; y la sentencia invocada de contradicción es igualmente la misma”, añadiendo inmediatamente a continuación, y con una coherencia muy razonable, que “vamos a sujetarnos al tenor literal de lo que en nuestra precitada sentencia dijimos”.

La sentencia de 2 de diciembre de 2021 fue objeto de detallada atención por mi parte en la entrada titulada “Cesión ilegal de personal contratado por ETT a empresausuaria. Tipificación como falta muy grave al ser de aplicación el art. 43 dela LET”  En esta, detallé los datos fácticos en estos términos:

“Partimos de la apertura, por parte de Norwegian, de su base en el aeropuerto de Málaga el 1 de marzo de 20212, con personal puesto a su disposición por Adecco ETT “para cubrir los puestos de trabajo de tripulantes de cabina de pasajeros y de las dos coordinadoras con las que ha contado la empresa”.

Pues, bien, “1º El 19.5.15, la Inspección de Trabajo acudió al centro de trabajo que la mercantil Norwegian tiene en el Aeropuerto de Málaga, oficinas 28 y 29 de la Terminal 2, levantando Acta de Infracción: proponiendo una sanción de 70.000 euros por una falta muy grave del art. 8.2 de la LISOS, consistente en la contratación de trabajadores para cederlos legalmente a otra empresa de forma fraudulenta para cubrir necesidades permanentes de la empresa usuaria. Esta propuesta de sanción, previo trámite de alegaciones, fue elevada a definitiva por resolución de la Delegación Territorial de la Consejería demandada.

2º Interpuesto recurso de alzada se desestimó el mismo.

3º "Norwegian Air Shuttle Asa", desde la apertura de su base en Málaga, ha utilizado únicamente trabajadores cedidos por la empresa de trabajo temporal ADECCO TT SAU ETT respecto de los tripulantes de cabina de pasajeros y a las dos coordinadoras con las que ha contado la empresa desde la apertura de la base en Málaga.

Desde el 1.3.12 hasta el 31.12.14 la empresa ha dispuesto de 74 trabajadores a través de la ETT, sin contar con una plantilla propia para prestar los servicios de navegación aéreo originarios en la base de Málaga y otras del territorio español. Los contrataba con contratos eventuales por acumulación de tareas de manera continuada.

A partir del 30.12.14 se hacen públicos los acuerdos de constitución de la filial española de la empresa "Norwegian Air Resources Spain SL" en la que con fecha de 1.1.15 se incorporan 49 tripulantes de cabina de pasajeros provenientes de la empresa ADECCO ETT a los que se suman posteriormente 8 tripulantes de cabina".

3. A diferencia de lo ocurrido en el caso actual, en el anterior el órgano jurisdiccional de instancia había estimado parcialmente la demanda interpuesto por Adecco ETT, al considerar que la infracción cometida por haber cedido personal a Norwegian  Air Shuttle ASA para cubrir necesidades permanentes de esta era constitutiva, al amparo de lo dispuesto en la LISOS, de falta grave, y no de falta muy grave como así había sido considerado por la autoridad laboral, rebajando la cuantía de la sanción impuesta de 70.000 a 3.125 euros. El recurso de suplicación interpuesto por la Junta de Andalucía fue desestimado por sentencia del TSJ andaluz dictada el 31 de octubre de 2018   , de la que fue ponente el magistrado Ernesto Utrera.

Tanto en el litigio anterior como en el ahora analizado se aportó como sentencia de contraste en el RCUD la dictada por el TSJ de Castilla – La Mancha dictada el 12 de mayo de 2016      , de la que fue ponente el magistrado José Montiel. En consecuencia, el TS apreciará, en los mismos términos que en este punto con el informe del Ministerio Fiscal, que existe la contradicción de doctrina obligatoriamente requerida por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para su admisión a trámite, ya que en ambos se debate, y se llega a resultados opuestos, “si la conducta enjuiciada, consistente en la utilización de trabajadores contratados por una ETT para cubrir necesidades permanentes de la usuaria durante años, es subsumible en el art. 8.2 o en el art. 19. 2 b) LISOS, este último que, además de norma especial, establece una sanción inferior”.

Antes de entrar a conocer del fondo del asunto, la Sala desestimará la excepción procesal formal alegada por la ETT, Adecco, de no cumplir el RCUD interpuesto por la recurrente los requisitos requeridos por la normativa procesal laboral al no exponer a su parecer “una relación precisa y circunstanciada de la contradicción”, tesis rechazada de plano por el alto tribunal que de forma clara y contundente razona que “El imparcial análisis del escrito de recurso permite constatar que contiene una apropiada expresión de la identidad existente en los hechos, pretensiones y fundamentos de las sentenciasen comparación, razonando suficientemente al respecto y cumpliendo adecuadamente con las exigencias legales a tal efecto”.

 Como fundamentación del RCUD se alega infracción del art. 8.2 y aplicación indebida del art. 19.2 b) de la LISOS, de la doctrina establecida en la sentencia del TS 3 de noviembre de 2008, de la que fue ponente el magistrado Jesús Gullón, y todo ello en relación con el art. 6.2 de la Ley 14/1994 de 1 de junio.

4. Con prontitud centra la Sala la cuestión a dar respuesta, que no es otra que la de determinar si la celebración de 74 contratos de puesta a disposición entre la empresa usuaria (Norwegian) y la ETT (Adecco) para cubrir necesidades permanentes de aquella “debe sancionarse como falta grave del art. 8.2 o como falta muy grave del art. 19.2 LISOS”, y con la misma rapidez manifiesta en el fundamento de derecho primero que, a la vista de la coincidencia entre ambos casos, “vamos a sujetarnos al tenor literal de lo que en nuestra precitada sentencia dijimos”, por lo que en este momento es plenamente conveniente a mi parecer reproducir mi examen de la sentencia de 2 de diciembre de 2021:

“... La Sala repasa todo el marco normativo aplicable, partiendo del art. 43 de la LET y pasando por el art. 6.2 de la Ley 14/1994, que regula cuando pueden celebrarse contratos de puesta a disposición entre una ETT y una empresa usuaria, el art. 8, que regula los supuestos en los que está prohibida la celebración de tales contratos, y llegando a los ya citados arts. 8.2 (falta muy grave) y 18. 2 c) (falta grave) de la LISOS, añadiendo la mención al art. 19.2 b), que tipifica como grave las infracciones de las empresas usuarias al “formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, o para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos”.

Acudiendo a la dicción literal del art. 43.2 LET, el TS afirma con claridad y de forma indubitada que cuando una ETT cede personal a una empresa usuaria sin respetar los términos establecidos en dicho precepto, se produce una cesión ilegal de mano de obra, falta muy grave según lo dispuesto en el art. 8.2 LISOS, ya que este precepto, se subraya, “sanciona como tal a la cesión ilegal de trabajadores, fueren quienes fueren sus responsables”.

Esta precisión es importante para diferenciar el supuesto de aquellos otros contemplados en el art. 6 y 8 de la Ley 14/1994, relacionados con los arts. 18 y 19 de la LISOS, que tipifican las infracciones empresariales descritas como faltas graves, no contemplando el supuesto expreso de cesión ilegal de mano de obra regulado en el art. 43.2 de la LET que es, insiste la Sala, “una infracción muy grave, a tenor con lo dispuesto en el art. 8.2 LISOS, que tipifica como tal cualquier modalidad de cesión ilícita de trabajadores, fuere quien fuere su autor”. En definitiva, al no estar tipificado expresamente esta infracción en los arts. 18 (para las ETTs) y 19 (para las empresas usuarias) de la LISOS, no es posible calificarla como falta grave, como así lo han hecho, erróneamente a juicio del TS, tanto la sentencia de instancia como la dictada en suplicación.

Para fundamentar con mayor fuerza jurídica si cabe su tesis, la Sala acude a la jurisprudencia sentada en la ya citada sentencia de 3 de noviembre de 2008 y la de 19 de febrero de 2009, de la que fue ponente el magistrado Luis Fernando de Castro.

En la primera, en el último párrafo del fundamento de derecho cuarto puede leerse que “… nos encontramos con que la ETT recurrente cedió a la empresa usuaria a través de los correspondientes contratos de puesta a disposición al trabajador demandante, y ello para llevar a cabo actividades normales, ordinarias y permanentes en el seno de la empresa usuaria, con lo que la temporalidad aparente que figuraba en los contratos de trabajo se veía desvirtuada, como acertadamente razona la sentencia recurrida, hasta constituir una verdadera interposición ilícita de mano de obra, incluible en el artículo 43. 1 ET, con los efectos de solidaridad contemplados en el número 3 del mismo precepto”.

De la segunda, creo conveniente reproducir el apartado 3 del fundamento de derecho cuarto: “En nuestro parecer, la expresión legal examinada [«los términos que legalmente se establezcan»] no comprendería -como integrante de cesión ilegal- determinaciones reglamentarias y elementos accesorios que no alcanzasen la sustancial regulación efectuada por la Ley; esto es, que el art. 43 ET únicamente alcanza a  los CPD realizados en supuestos no previstos en la formulación positiva del art. 6 LETT y a los contemplados en la formulación negativa de las exclusiones previstas por el art. 8 LETT , pudiendo hacerse la afirmación general de que en todo caso resultará integrante de cesión ilegal la que lo sea con carácter permanente o para cubrir necesidades permanentes de mano de obra, supuestos en los que el CPD se manifiesta claramente fraudulento e incurso en la previsión del art. 6.4 CC. Y la doctrina es igualmente aplicable al supuesto de despido nulo por traer causa en haberse solicitado privadamente la fijeza en la empresa usuaria, cuando se trata de contratos de puesta a disposición encadenados para atender necesidades permanentes de la empresa usuaria”. 

... Tras exponer la jurisprudencia aplicable, y haber analizado todo el marco normativo aplicable, el TS vuelve al caso concreto enjuiciado y procede a recordar los datos fácticos más relevantes del litigio, anteriormente expuestos, concluyendo que la doctrina correcta es la de la sentencia de contraste ya que (vid fundamento de derecho cuarto) “la conducta sancionada no es, como defiende la sentencia recurrida, la simple utilización indebida de contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, o para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos, cuya comisión afectaría exclusivamente a la ETt y a la empresa usuaria, sino de una cesión ilegal de trabajadores en toda regla, ejecutada por ambas empresas con la finalidad de ceder ilegalmente a trabajadores de la ETt a la empresa usuaria, que debe reputarse falta muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.2.c LISOS, que no excluye, de ninguna manera, a las ETt, cuando éstas ceden trabajadores sin atenerse a los límites legales”.

Dado que las contrataciones efectuadas fueron efectuadas por la ETT para poder a disposición de la empresa usuaria personal que iba a cubrir necesidades permanentes de esta, es claro que se fue mucho más allá de los límites establecidos en el art. 6.2 de la Ley 14/1994, dándose el supuesto regulado en el art. 43.1 de la LET, concluyendo la Sala con una afirmación que merece reproducirse en su totalidad, dada la mezcla que contiene de análisis jurídico y de acercamiento a la realidad social, en cuanto que estamos en presencia de un supuesto en que se han utilizado subterfugios legales para limitar el derecho a la estabilidad en el empleo que tiene todo trabajador si la contratación no encaja estrictamente dentro de los supuestos de temporalidad regulados en la LET y a los que se remite la Ley 14/1994.

Para el TS “si la cesión ilícita de trabajadores, ejecutada por una ETt, quedara reducida a falta grave, derivada de la utilización indebida de los contratos de puesta a disposición, se produciría un efecto perverso, toda vez que, siendo las ETt, s las únicas empresas autorizadas para la cesión de trabajadores, siempre que se ajusten a la legalidad, tal y como dispone el art. 43.1 ET, podrían ceder ilícitamente a trabajadores, desbordando su papel legal de manera desmedida, con una penalización muy inferior al resto de empresas, loque comportaría un trato desigual totalmente injustificado”.  

5. En conclusión, y regreso a la sentencia de 29 de junio, la Sala acoge el RCUD, ya que quedó acreditado que la ETT cedió ilícitamente a 74 trabajadores a la empresa usuaria en un período dilatado de tiempo (casi tres años) para el desempeño de funciones estructurales, debiendo calificarse dicha conducta calificarse como falta muy grave, a tenor con lo dispuesto en el art. 8.2.c LISOS, “siendo razonable la apreciación en grado medio, efectuada por las resoluciones recurridas, toda vez que la cesión ilegal afectó a un gran número de trabajadores, a quienes se privó de su legítimo derecho a la estabilidad en el empleo y se prolongó durante un período dilatado, así como el importe de la sanción impuesta, que asciende a 70.000 euros, dentro de los límites del art. 40.1.c LISOS para las faltas muy graves”.

Buena lectura.

 

La importancia del cumplimiento de los requisitos requeridos por la LRJS para que prospere un recurso de suplicación. Cesión ilegal. Notas a la sentencia del TSJ de La Rioja de 11 de julio de 2019.

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala de loSocial del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja el 11 de julio, de la que fue ponente la magistrada María José Muñoz.

Sobre cesión ilegal de mano de obra, por una parte, y (no) vulneración de la garantía de indemnidad, por otra. Notas a una polémica sentencia del TS de 26 de octubre de 2016 (con voto particular parcialmente discrepante de cuatro magistrados).

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por el Pleno de la Salade lo Social del Tribunal Supremo el 26 de octubre de 2016, de la que fue ponente el magistrado José Luís Gilolmo, a la que se presentó un voto particular parcialmente discrepante del magistrado Jordi Agustí y al que se adhirieron las magistradas María Luisa Segoviano y Rosa Virolés, y el magistrado Fernando Salinas. La sentencia estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la abogacía del Estado, manteniendo el fallo de la sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de mayo de 2014, de la que fue ponente la magistrada Virginia García, por lo que respecta a la existencia de cesión ilegal, pero no en cuanto a la declaración de nulidad, que pasa ahora a convertirse en un despido improcedente. La resolución judicial cuenta, como digo, con un voto particular parcialmente discrepante, que estima que debió mantenerse la declaración de nulidad del despido, efectuada por la sentencia recurrida, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad.

Cesión ilegal de mano de obra entre un Consorcio UTEDLT y un Ayuntamiento. Nota breve a la sentencia del TSJ de Andalucía de 20 de marzo.

1. Formulo, en primer lugar, una reflexión de alcance general. Intuyo, presumo, que a más un de magistrado o magistrada de las Salas de lo Social del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de los Juzgados de lo Social de la misma Comunidad Autónoma, le gustaría mucho que las relaciones laborales en el Servicio Andaluz de Empleo fueron más cordiales y armoniosas, y que los conflictos de trabajo, caso de haberlos, fueran resueltos en su gran mayoría mediante negociación entre la dirección y la representación de los trabajadores. Casi estoy seguro de que este deseo es compartido por todas las personas que trabajan en el SAE, y me gustaría pensar que también por su dirección. 

Recordemos que el SAE es una “Agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, para realizar las actividades administrativas y demás funciones y competencias establecidas en su Ley de creación y cualquier otra actividad, competencia o función que específicamente se le atribuya” (Decreto96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del ServicioAndaluz de Empleo).