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jueves, 30 de abril de 2026

Sobre la libertad de expresión de los futbolistas profesionales como manifestación de su libertad sindical. El caso del partido de la liga española de primera división que no llegó a jugarse... en Miami. Notas a la sentencia de la AN de 6 de abril de 2026

 

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia  dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia nacional el 7 de abril, de la que fue ponente la magistrada Ana Sancho, tras la celebración del acto de juicio del 25 de marzo.

La resolución judicial desestima, en los mismos términos que la propuesta formulada por el Ministerio Fiscal,  la demanda interpuesta el 23 de enero por la Liga nacional de futbol profesional, contra el sindicato Asociación de futbolistas españoles, en la que solicitaba que se declarara ilegal la que calificaba de huelga realizada por los jugadores en la decimoséptima jornada de la Liga, “con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración”, y en la que exponía (véase fundamento de derecho tercero) que “...  ha provocado un daño económico a la LNFP que la parte actora cifra en 8,7 millones de euros y un daño reputacional incuantificable”.

El resumen oficial de la sentencia, que aparece al inicio de este pero no está recogida en la página de CENDOJ, es el siguiente: “La AN desestima la demanda de la Liga Nacional de Futbol Profesional frente al sindicato Asociación de Futbolistas Españoles, considerando que el paro que secundaron los futbolistas en la novena jornada de liga de futbol profesional durante diez-quince segundos al inicio de los partidos, no constituyó una huelga sino una manifestación de su derecho de libertad de expresión, en conexión con el derecho de libertad sindical, ante el malestar producido por el hecho de trasladarse el partido a jugar entre el Villareal CF y el FC Barcelona de la jornada 17ª de liga a Miami”.

La historia del partido de la liga de futbol de primera división Villareal-Barcelona, en la novena jornada, que iba a celebrarse en Estados Unidos, concretamente en Miami, y que finalmente no llegó a disputarse en dicha ciudad, debido según la LNPF a la llamada huelga de los futbolistas y promovida por la AFE, estoy seguro que es suficientemente conocida por todas las personas interesadas por este deporte, y en cualquier caso, y más allá de la muy amplia cobertura mediática que tuvo en su día, se encuentra perfectamente explicada en los treinta tres hechos probados de la sentencia, por lo que sólo me detendré en aquellos que considero más relevantes a los efectos jurídicos de la resolución judicial desestimatoria.     

Además, ya disponemos de una muy amplia información al respecto en la nota de prensaque publicó el gabinete de comunicación del Poder Judicial el 7 de abril,   , titulada “La Audiencia Nacional rechaza declarar huelga ilegal el paro de futbolistas al inicio de partidos novena jornada de Liga en protesta por partido de Miami”, y acompañada del subtítulo “Considera que se trata de una manifestación del derecho a la libertad de expresión en conexión con el de libertad sindical”, de la que reproduzco unos fragmentos:

“La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado la demanda que interpuso la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) contra la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para que se considerara como huelga ilegal el paro de entre diez y quince segundos que los jugadores de Primera División llevaron a cabo al inicio de los encuentros correspondientes a la novena jornada del campeonato de Liga ante el malestar suscitado por el partido que se iba a celebrar en Miami entre el Villarreal CF y el FC Barcelona.

En una sentencia, los magistrados analizan los hechos, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso y concluyen que los paros no constituyeron una huelga sino una manifestación del derecho de libertad de expresión de los jugadores y de la AFE, en conexión con el derecho de libertad sindical.

... Aclara la resolución que la motivación de dicho paro fue clara, tal y como se expresó en el comunicado emitido por AFE: protestar de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LA LIGA sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos. Y ello, ante la falta de información y consulta a los directamente implicados sobre la posibilidad de disputar en el extranjero.

La Sala rechaza que la convocatoria de protesta se hiciera para dejar a un lado los presupuestos y requisitos de la convocatoria de una huelga y explica que pese al goteo de comunicaciones entre AFE y la Liga no se atendieron las reivindicaciones de información del sindicato de jugadores, que consideraba insuficiente, ya fuera por imposibilidad de reunirse o por entender la Liga que no podía anticipar información antes de aprobarse de forma definitiva el proyecto.

.... Por último, la sentencia de la Sala de lo Social rechaza que la decisión del promotor de cancelar el partido de Miami pueda achacarse de forma única al paro de los jugadores” (la negrita es mía).

La sentencia mereció lógicamente una valoración favorable por parte de AFE, que así se manifestaba en la nota de prensa emitida el mismo día 7, titulada “AFE gana en la Audiencia Nacional el derecho a la libertad de expresión de los futbolistas” , en la que destaca estos contenidos de la sentencia:

“El gesto que realizaron los futbolistas “no constituyó una huelga, sino una manifestación de su derecho de libertad de expresión”, señala la sentencia

Por otra parte, el fallo indica que “la huelga no es la única medida de conflicto colectivo” y subraya la conexión entre libertad de expresión y libertad sindical.

Además, considera por todo ello que “no ha existido una alteración relevante de la relación laboral dada la escasa duración” de la acción de los futbolistas y que “no hubo voluntad de parar la actividad empresarial, limitación temporal”, y entiende la Sala que, de haber sido abusiva por parte del colectivo, “la acción debía haber sido otra”.

La sentencia recuerda la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, que delimita el alcance del derecho fundamental de huelga conforme a la jurisprudencia constitucional. En dicha resolución se recuerda que el derecho de huelga es un derecho fundamental que no admite interpretaciones restrictivas, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial”.

... la sentencia recuerda que la Ley del Deporte prevé expresamente que “los deportistas profesionales tendrán derecho a manifestar libremente sus opiniones sobre los temas relacionados con su profesión, con respeto de la Ley y de las exigencias de su situación contractual, y sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse en convenio colectivo, siempre que estén debidamente justificadas por razones deportivas”.

Por el contrario, la LNFP, aún sin cuestionar frontalmente la sentencia, sí manifestó su desacuerdo con diversos aspectos de la misma y anunció inmediatamente la interposición de recurso de casación ante la Sala Social del Tribunal Supremo. En una nota de prensa emitida el mismo día 7    afirmaba que la sentencia

“... reconoce como hecho acreditado el impacto reputacional y económico generado, derivado de una acción colectiva que afectó directamente al normal desarrollo del producto audiovisual en un momento de máxima relevancia”, y que “... plantea cuestiones jurídicas relevantes sobre los límites entre la libertad de expresión y las acciones colectivas que inciden en el desarrollo de la competición, especialmente cuando estas tienen efectos económicos y reputacionales acreditados”, por lo que interpondría recurso de casación “... con el objetivo de que se clarifique el alcance de estos derechos en el ámbito del fútbol profesional y se garantice la adecuada protección de la integridad de la competición y de sus derechos audiovisuales”.

2. A los derechos de las y los deportistas profesionales he dedicado varias entradas anteriores en el blog, y concretamente sobre los conflictos en el fútbol me permito remitir a las siguientes:

Entrada“El futbol profesional y su convenio colectivo. ¿Habrá jornada de liga el 2 de enero de 2011? 

Entrada “Sobre los derechos de los futbolistas profesionales, Las secuelas jurídicas del caso Las Diarra (sentencia del TJUE de 4 de octubre de 2024, asunto C-650/22)” 

Entrada“¿Futbol masculino y femenino, unidos o separados? Sobre la validez de un proceso electoral y la legitimación para negociar un convenio colectivo en el ámbito futbolístico. Notas a la sentencia del TS 24 de junio de 2025, y recordatorio de la dictada por la AN el 25 de julio de 2023” 

3. En los antecedentes de hecho se recogen las posiciones de ambas partes, expuestas por la parte demandante, que se ratificó en su demanda, y la parte demandada, que se opuso a la misma.

Para la primera, los paros de 10-15 minutos que tuvieron lugar al inicio de los partidos, salvo en uno que tuvo dos partes, eran realmente una huelga. Sostuvo (antecedente segundo, 1º) que “... El parón se hace al inicio del partido, cuando más daño se hace en relación a los derechos audiovisuales. Se paró la prestación de servicios, sin que sea relevante su duración. El efecto de esta medida de 15 segundos es equivalente a un parón de 10 minutos. Ante estos hechos, se solicita se declare la existencia de una huelga ilegal, con convocatoria inmediata (se convoca el 17 y tiene efectos el 17). El 21 y 22 de octubre salían la preventa de las entradas y no había por ende tiempo para preavisar...” (la negrita es mía).

Por el contrario, la AFE rechazó que se hubiera declarado una huelga, sino que se trató   de “una protesta simbólica contra la falta de información de la Liga”, que consistió (antecedente segundo 2º) “... en un parón al inicio de cada uno de los partidos, 10-15 segundos. En las actas arbitrales no se hace constar como incidencia dicha situación, sino en el apartado de "otras observaciones". Los partidos se celebraron en su integridad, no existiendo ninguna afectación a la competición. El 17-10 (docs. 29 y30) lo que la liga hace es emitir una nota de prensa diciendo que en esa jornada de liga, lo que va a suceder es un acto simbólico en favor de la paz” (la negrita es mía).

Como ya he indicado con anterioridad, el Ministerio Fiscal propuso la desestimación de la demanda. Como sus argumentos, que coincidieron con los de la parte demandada, fueron muy poco difundidos en su momento, creo especialmente relevante reproducirlos a continuación (antecedente de hecho cuarto):

“1º.- AFE no convoca una huelga de cesación de la actividad laboral, pues el comunicado lo que dice es que se "protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia...". No se convoca la paralización de la actividad laboral. Actuación libertad sindical y libertad de expresión del art. 39 del convenio colectivo de fútbol profesional.

2º.- Los paros de 10-15 segundos no se indican en el comunicado.

3º.- Lo único que se pide es que se declare la ilegalidad por el último apartado del art. 11 del Reglamento de 1977, no se pide la ilegalidad por el art. 7 del Reglamento.

4º.- Art. 7 convenio colectivo: jornada de futbolistas profesionales. El paro no supone un parón de la prestación de los servicios en lo que se define como jornada del art. 7 del convenio.

5º.- Trascendencia de temporalidad: no existe. En consecuencia, no hay cesación de los servicios ni alteración colectiva de la prestación de los servicios conforme al art. 7 del CC. La pericial no versa sobre los daños sobre la actividad sino los daños reputacionales a la liga.

6º.- Por ende, no hay ejercicio del derecho de huelga y sí el ejercicio del derecho de libertad de expresión del convenio de aplicación” (la negrita es mía).

En cuanto a los hechos probados, creo conveniente reproducir los siguientes:

“DÉCIMONOVENO. - El mismo día 17-10-2025 AFE emitió un comunicado oficial anunciando lo siguiente:

 "La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisiónde España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

 (...) sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo yl os puntos críticos, a los futbolistas del FC Barcelona y Villareal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

 Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual"  (la negrita en el original)

TRIGÉSIMO.- El 21-10-2025 la LNFP emitió nota de prensa por la que se comunicaba lo siguiente:

"La LIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

La LIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos (...)".

4. Al entrar en la resolución del conflicto, la Sala centra con prontitud la cuestión a la que debe dar respuesta y que “estrictamente jurídica”, siendo así que para la LNPF estamos en presencia de una huelga que debe ser considerada ilegal por contravenir el Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo al no cumplir con los requisitos formales previstos en este para su convocatoria, y para la AFE se trata del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión de los futbolistas y en modo alguna existe una huelga.

La Sala repasa los datos fácticos más relevantes del litigio en sus fundamentos de derecho cuarto y quinto, y entra ya propiamente en el examen jurídico en el sexto, trayendo a colación la sentencia   del TS de 4 de febrero de 2026, de la que fue ponente el magistrado Juan Molins, y de la que afirma que “dibuja los contornos del derecho fundamental de huelga”, reproduciendo ampliamente su contenido.  

De las últimas entradas en que he abordado conflictos relativos al ejercicio del derecho de huelga, me permito remitir a la entrada “Protección del derecho de huelga ejercido por una organización sindical. Representatividad, cumplimiento de requisitos formales, e intereses profesionales. Notas a la sentencia del TS de 6 de octubre de 2025”  

A continuación, la Sala se detiene en la normativa aplicable a los deportistas profesionales, en concreto a la definición que de los mismos efectúa el art. 21.1 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del deporte  (remito a la entrada “Notas sobre el contenido laboral de la nueva Ley del Deporte”  )  , y también de los derechos que se les reconocen tanto a los deportistas como a sus representantes, con cita del art. 18 del Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio, que regula su relación laboral especial, del art. 40 del convenio colectivo para la actividad de futbol profesional  , del art. 27 f) de la Ley del Deporte, el art. 7.2 del RD que regula la relación laboral especial, y el art. 39 del convenio colectivo.

Y, calificándola de “directamente conectado con los derechos anteriores”, manifiesta que “esta Sala no puede obviar la doctrina constitucional acerca del derecho de libertad sindical en conexión con el derecho a la libertad de expresión, recogida entre otras en STC de 27-3-2023, rec. 6005/2021”, que transcribe muy ampliamente.

Dicha sentencia fue objeto de detallada atención por mi parte en el artículo “La protección reforzada de la libertad de expresión en la actividad sindical”, publicado en la reconocida Revista de Jurisprudencia Laboral núm. 5/2023    En su introducción expuse que

“La sentencia del TC objeto de examen en el presente artículo trata sobre la posible vulneración de un derecho fundamental laboral específico, el de libertad sindical del art. 28.1 CE, en directa relación con la posible vulneración de otro derecho fundamental, en este caso inespecífico por afectar tanto a las relaciones de trabajo como a las externas al ámbito laboral, el de libertad de expresión reconocido en el art. 20.1 del texto constitucional.

La respuesta del TC al recurso de amparo, que ahora adelanto, es la de haberse producido una vulneración de ambos derechos. A mi parecer, la sentencia se ajusta perfectamente a la consolidada jurisprudencia sobre vulneración de ambos derechos, plasmada en anteriores sentencias y a las que muy lógicamente se refiere el tribunal para fundamentar su tesis estimatoria del recurso, si bien me parece que en esta ocasión el TC refuerza, y de ahí que se admitiera a trámite el recurso de amparo, la relación entre dos derechos fundamentales que afectan directamente a la libertad sindical en su vertiente de actividad”.

Y al entrar en su contendido, manifesté que

“... la Sala procede a recordar su doctrina sobre la relación entre los derechos en juego y la prohibición de injerencia en su ejercicio, con una muy amplia síntesis de la importante sentencia núm. 89/2018 de 6 de septiembre. Del muy amplio elenco de sentencias citadas, me quedo con una de sus tesis, la de que el empleador no puede limitar indebidamente derechos fundamentales, como los ahora cuestionados, aunque disponga de los poderes inherentes al título jurídico que legitima su situación en el ámbito de una relación contractual,  y se sintetiza muy acertadamente a mi parecer en la frase final del muy largo párrafo en el que se resume la doctrina del TC en la citada sentencia, esto es que “frente al ejercicio de un derecho fundamental, sólo otro derecho fundamental o interés constitucionalmente relevante puede ser opuesto como límite”, sin olvidar el pleno reconocimiento constitucional de la mayor protección que para el ejercicio de estos derechos (libertad sindical en relación con la libertad de expresión) se reconoce a quienes los ejercen en su condición de representantes de los representantes de los trabajadores al objeto de defender sus derechos e intereses, con remisión a la histórica, y muy relevante, sentencia 38/1981 de 23 de noviembre y la protección conferida a tales representantes en el ejercicio de su actividad representativa”.

5. Será en el fundamento de derecho octavo cuando la Sala fundamentará su tesis desestimatoria de la demanda, haciendo suya la tesis de haber ejercido tanto los futbolistas como el sindicato AFE la libertad de expresión, reconocida como derecho constitucional y que en esta ocasión está estrechamente vinculado al de libertad sindical.  Lo hace, volviendo a detenerse en los datos fácticos del litigio, y manifiesta (apartado 3) que

“La motivación de dicho paro fue clara, tal y como se expresa en el comunicado emitido por AFE anunciando el mismo: protestar de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos, y ello ante la faltade información y consulta a los directamente implicados, sobre la posibilidad de disputar en el extranjero”.

Y más relevante aún a mi parecer es el apartado 4:

“No estamos conformes con que la convocatoria de la protesta se hiciera para dejar a un lado los presupuestos y requisitos de la convocatoria de una huelga. Véase que desde que se aprueba por la RFEF la propuesta realizada por el Villareal CF y el FC Barcelona, el goteo de comunicaciones entre AFE y la LNFP es incesante, sin que se atendiera a las reivindicaciones de información sobre el proyecto en los términos requeridos por AFE, que consideraba insuficiente, ya sea por imposibilidad de reunirse ambas partes, ya por entender la Liga que no podía anticiparse información antes de la aprobación definitiva del proyecto. Sea como fuere, y ante la imposibilidad de ser escuchados los capitanes de los clubes, AFE y los jugadores decidieron instrumentar su malestar a través del paro que se secundó en los partidos de la novena jornada. Paro que por su escasa duración (10 segundos de una duración de 90 minutos, a salvo del tiempo añadido en su caso) y nula trascendencia en cuanto al desarrollo de la novena jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencia alguna más allá de los lances del juego, no puede calificarse o tildarse de huelga. Todo ello sin olvidar que la propia LNFP trató de difuminar la puesta en conocimiento de las razones de dicha protesta haciendo coincidir con el paro de los futbolistas, un acto de apoyo del fútbol con la paz, al hilo del conflicto en Palestina, apareciendo en las retransmisiones de televisión la mención "compromiso por la paz" mientras que los jugadores secundaban el paro de segundos al inicio del partido, motivado por la decisión de trasladar un partido de la Primera División a Miami” (la negrita es mía).  

La tesis de la Sala, con la que coincido, creo que se puede sintetizar en una frase del apartado 5. “... en cualquier caso, existiendo un conflicto laboral, es evidente que cualquier forma de reivindicación, protesta, presión o manifestación pública busca conseguir un efecto positivo en quien la secunda, eliminando o mitigando la decisión o conducta que motiva su actuación. Fin legítimo que puede verse conseguido, siempre que las citadas actuaciones se lleven a cabo dentro del respeto a las normas y derechos fundamentales”.

6. En definitiva, al no haber existido huelga alguna, se desestima la demanda de la LNPF, manifestando, y probablemente en este punto se base la LNFP en su recurso, que

“...   el paro secundado por los futbolistas y promovido por AFE no puede ser calificado como huelga, y por ende, no puede esta Sala entrar a valorar si la misma se puede ser calificada como ilegal, en los términos recogidos en el art. 11 del RDLey 17/1977, de 4 de marzo, ni sobre los concretos efectos de la misma y su materialización en los perjuicios denunciados en la demanda, que solo se indican de manera referencial en los hechos probados de la presente resolución, en orden a recoger la totalidad de los datos que pudieran afectar a un pronunciamiento de fondo”. 

Buena lectura.

martes, 18 de febrero de 2025

La importancia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito laboral y de protección social (XV). La libertad de expresión de un profesor, autor de un blog, y su supuesta influencia sobre la protección moral de sus alumnos. Notas a la sentencia de 13 de febrero de 2025.

 

1. Una nueva sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sección primera) merece mi atención, al tratarse de un conflicto que acabó con el despido de un profesor y que finalmente ha llegado al TEDH en donde, empiezo por el final, se ha declarado, por 4 votos contra 3, que hubo violación del art. 10 del  Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y se ha condenado al Estado demandado, Polonia, a pagar 2.600 euros en concepto de daño moral sufrido por el demandante, una cantidad que queda muy lejos de la cantidad demandada, 70.000 euros.

Se trata de un caso de especial interés a mi parecer, ya que está en juego la libertad de expresión de un trabajador fuera de su ámbito profesional, más concretamente se trata de un profesor y de su docencia, y de cómo las publicaciones recogidas en su blog podían llegar a influir, negativamente según la decisión de despido, y la posterior ratificación de un tribunal, sobre la moral de sus alumnos. Desde la perspectiva propiamente jurídica, se trata de determinar, y ya conocemos la respuesta del TEDH, si estaba justificada o no la sanción impuesta al docente. Por otra parte, la sentencia permite entrever con suficiente claridad la distinta concepción de cómo puede influirse en la moral del alumnado que tienen los magistrados, con un voto discrepante de tres magistrados, uno de ellos nacional del Estado en el que se produjo el conflicto.

Como siempre, he tenido conocimiento inmediato de la sentencia a través de la difusión que realiza, y que debemos agradecer, la profesora Carmen Salcedo Beltrán  , Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa.

Se trata de la sentencia dictada el 13 de febrero, caso P. contra Polonia (demanda núm.56310/15) , cuyo resumen ya nos permite conocer los términos del litigio y la respuesta del Tribunal (no así del voto particular discrepante): “Artículo 10 • Libertad de expresión • Despido de un profesor de secundaria por, entre otras cosas, escribir un blog de Internet para adultos con contenido sexual explícito, considerado por las autoridades como una afrenta a las costumbres sociales imperantes en el país • Falta de motivos pertinentes y suficientes • La actividad personal de blog del demandante no amenazaba la protección de la moral de los menores de una manera que justificara la sanción impuesta • La injerencia no correspondía a una necesidad social apremiante ni era proporcionada” (la negrita es mía)

2. Se trata, tal como se explica en la introducción, del “despido de un profesor de secundaria por, entre otras cosas, escribir un blog de Internet para adultos que presentaba algunos contenidos sexualmente explícitos”, anunciando ya el Tribunal que “el caso plantea principalmente una cuestión en virtud del artículo 10 del Convenio”.

Recordemos que dicho precepto reconoce el derecho a la libertad de expresión de toda persona, si bien lo matiza en el apartado 2 al indicar que “podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

3. Los hechos y antecedentes del caso se recogen en los apartados 2 a 38. En muy apretada síntesis por mi parte, se trata de un profesor y tutor que ejerció su docencia en un instituto de enseñanza secundaria a alumnos de entre 15 y 18 años desde el 1 de septiembre de 2007 al 16 de diciembre de 2013. Reproduzco aquellos antecedentes más relevantes que llevarán al despido del profesor y a la posterior demanda ante el TEDH con alegación de haberse vulnerado su derecho a la libertad de expresión:

“13. Desde abril o mayo de 2012 hasta el 1 de julio de 2013, el solicitante escribió aproximadamente cien publicaciones en un blog público en un sitio web dirigido a hombres homosexuales, a veces publicando casi a diario. Para acceder al sitio web, el posible usuario tenía que declarar que era mayor de edad. El solicitante escribía bajo un seudónimo. Escribía en primera persona y, a veces, se refería a sí mismo en el texto por su nombre real.

16. Los escritos del solicitante describían principalmente su vida cotidiana; sus sueños y sentimientos de amor y soledad; y sus pensamientos o deseos íntimos con respecto a su pareja. Varias docenas de pasajes tenían connotaciones eróticas claras o describían, nombraban o describían explícitamente actos eróticos o sexuales entre hombres.

17. En varias de sus entradas de blog expresó su frustración con su trabajo como profesor adjunto o empleó palabras malsonantes con respecto a sus superiores. También escribió en términos generales sobre sus estudiantes.

19. El solicitante afirma que mantuvo el blog en secreto para sus colegas y estudiantes. Sin embargo, parece que su blog fue leído y comentado por el personal de la escuela. También parece que los estudiantes conocían su actividad en Internet. En particular, un estudiante dejó un comentario, ya sea en el blog o en la página de Facebook del solicitante, diciendo "Este chico ... es mi profesor de polaco".

20. Durante los procedimientos disciplinarios descritos a continuación, la directora de la escuela declaró que no había recibido ninguna queja sobre el blog del solicitante de parte de los estudiantes o sus padres. Sabía que los maestros de su escuela habían estado leyendo el blog, pero afirmó que se habían horrorizado no por la orientación sexual del solicitante, sino más bien por los comentarios difamatorios sobre los miembros del personal de la escuela que había hecho por separado en Facebook. Durante el mismo procedimiento disciplinario, el demandante alegó que nunca había oído a sus alumnos hablar en voz baja sobre el blog.

21. El 1 de julio de 2013, el director de la escuela, que había sido informado sobre el blog del demandante, lo reprendió por ello y le pidió que lo eliminara. El demandante lo hizo ese mismo día”

Se abrió procedimiento disciplinario contra el profesor, no sólo por el motivo anteriormente citado sino también, aunque no es objeto de mi comentario, “por haber permitido que un tercero (su pareja) asistiera a dos excursiones escolares sin informar al director de la escuela ni pedirle autorización”. Dicha apertura del procedimiento disciplinario fue solicitada por el director de la escuela al funcionario responsable de disciplina de la Oficina del Gobernado de la zona territorial donde se encontraba el centro educativo, alegando que “gestionaba un blog en Internet “que contenía textos e imágenes “llenos de erotismo (erotyzm) y blasfemias (wulgaryzmy)”. No se dieron detalles sobre el contenido del blog. El director temía que el demandante no fuera apto para “formar las actitudes morales de sus alumnos”. En la carta del director no se mencionan las declaraciones del demandante sobre sus alumnos o compañeros, ni su actividad en Facebook”.  La propuesta del funcionario responsable de disciplina fue la de imponer una amonestación al profesor “por haber llevado a un tercero no autorizado durante dos excursiones escolares y por “mantener un blog que contenía textos e imágenes indignos de la profesión docente”.

Conocemos a continuación como se desarrolló la audiencia celebrada por la Comisión Disciplinaria el 16 de diciembre de 2013, y en concreto el interrogatorio del director de la escuela y del demandante, admitiendo este último que había infringido las normas que regulaban las excursiones escolares y que era el autor del blog, declarando que “su actividad de blogging había sido una forma de terapia y un error tonto. Aseguró a la Comisión que el blog había sido eliminado y que no volvería a hacer publicaciones similares”.

La Comisión Disciplinaria declaró al profesor responsable de “una violación de la dignidad de la profesión docente y de los deberes establecidos en el artículo 6 de la Ley sobre la Carta del Profesorado”, resaltando que era el autor de un blog público con “textos e imágenes indignos de la profesión docente”, ordenando su despido. Conocemos ampliamente en el apartado 27 los argumentos de la Comisión:

“El blog del demandante contenía “textos de carácter erótico y fotos obscenas”. Un profesor que publicaba comentarios profanos en las redes sociales socavaba la dignidad de la profesión. Los profesores tenían que actuar con dignidad en la escuela y en su entorno privado. Los profesores que en su tiempo libre se dedicaban a la red debían comportarse con dignidad. Los profesores, si bien gozaban de libertad de expresión, debían mostrar moderación debido a su misión como educadores de una nueva generación y debido a la responsabilidad que les incumbía por su expresión, especialmente si se tiene en cuenta que al publicar en Internet no gozaban del derecho a la privacidad. Los contenidos publicados en Facebook eran de acceso generalizado y estaban destinados a un público lector sin restricciones. Según la decisión, “al utilizar términos profanos, violar las buenas costumbres (dobre obyczaje) a través de su expresión y publicar fotografías obscenas, un profesor viola la dignidad de la profesión docente”. A la luz de la motivación de la decisión, la Comisión no evaluó ninguna publicación de blog específica”. 

4. Interpuesto recurso contra la decisión de la Comisión, con petición de modificación de la sanción por ser “desproporcionadamente severa” y basarse, aunque fuera de manera inconsciente en “prejuicios y estereotipos homofóbicos”, fue estimado por la Comisión de Apelación el 24 de septiembre de 2014, dando por finalizado el procedimiento disciplinario abierto contra el profesor.

Especial importancia mereció para la Comisión que el profesor hubiera admitido durante el procedimiento, “todos los actos que se le imputaban y había expresado su arrepentimiento por ellos, así como el hecho de que había dejado de escribir el blog y lo había eliminado el mismo día en que el director de la escuela lo había reprendido por ello”, aceptando además su argumento de haber escrito el  blog “con fines terapéuticos por recomendación de su psiquiatra para que anotara sus sentimientos con el fin de superar el trauma psicológico de su infancia”, y también dio importancia a la falta de pruebas de que el blog hubiera tenido algún impacto negativo en los jóvenes de la escuela”.

5. Recurrida en sede judicial dicha decisión por el funcionario responsable de disciplina del Ministerio de Educación Nacional, el 7 de mayo de 2015, el Tribunal de Apelación revocó la decisión anterior y desestimó el recurso del demandante, al mismo tiempo que confirmó la decisión de la Comisión Disciplinaria, incluida la parte que ordenaba su despido. Respecto al objeto de mi exposición, es decir el debate sobre la libertad de expresión del profesor, el Tribunal se manifestó en estos términos (apartado 34)

“... el hecho que la parte demandante hubiera estado “escribiendo un blog con un contenido (incluidas las fotografías) que era profano, obsceno y sexual” era indigno de la profesión docente y violaba la obligación establecida en el artículo 6(5) de la misma Ley de formar actitudes morales y cívicas de los estudiantes. A tal efecto, el Tribunal de Apelación enumeró más de treinta entradas de blog fechadas y las describió como: “fotografías obscenas y pornográficas” (“fotografías de hombres”, “fotografías de la demandante”, “contenido sexual”); descripciones de “la vida sexual de la demandante”; y “comentarios sobre los estudiantes y el trabajo [de la demandante] en la escuela”... ”. El Tribunal de Apelación señaló que, como había señalado el director de la escuela en la audiencia celebrada ante él, el blog del demandante contenía términos como “blow you” o “you have a big one”, que el director consideró inaceptables y degradantes. El Tribunal de Apelación no hizo ninguna referencia a la actividad del demandante en Facebook. El Tribunal de Apelación también señaló que los colegas del demandante y el director de la escuela habían calificado las fotografías de “pornográficas” y “obscenas”, y el texto de “muy inmoral”, “profano” y “sexual”. En su razonamiento, el tribunal observó que, a medida que había pasado el tiempo, “el demandante [había] realizado cada vez más entradas que atentaban contra la dignidad de la profesión, [al] describir o comentar su vida sexual y profesional, [y] subir fotografías”. En ese contexto, el tribunal observó que los profesores no solo estaban allí para transmitir conocimientos, sino también para influir en la conducta de los niños o en su percepción del mundo. El Tribunal de Apelación declaró expresamente que la orientación sexual del solicitante era irrelevante, en el sentido de que no podía constituir una justificación válida para la expresión pública de obscenidades.

En respuesta a los argumentos de la Comisión de Apelación, también consideró irrelevante que la conducta del demandante no hubiera tenido ningún efecto negativo sobre sus estudiantes. A tal efecto, el tribunal concedió importancia al carácter público del blog de Internet del demandante y al hecho de que en él había expuesto su profesión y desacreditado a sus colegas, sus supervisores y sus estudiantes”.

También cabe destacar de la sentencia que el Tribunal de Apelación observó que la sanción impuesta al demandante “era proporcionada en el sentido de que, teniendo en cuenta su actitud arrepentida y su excelente historial como profesor, era suficientemente perjudicial para el demandante, pero no le quitaba las oportunidades de carrera en otras escuelas”. La sentencia era firme ya que no cabía recurso.

6. En los apartados 39 a 41 se recoge la normativa interna aplicable, en concreto varios artículos de la Ley sobre la Carta del Docente de 26 de enero de 1982, cuyo art. 6 dispone que:

“El docente está obligado a:

1) desempeñar de manera confiable las tareas relacionadas con el puesto que se le ha encomendado y con el funcionamiento básico de la escuela: enseñar, educar y cuidar, incluidas las tareas relacionadas con garantizar la seguridad de los estudiantes durante las clases organizadas por la escuela;

2) apoyar a cada estudiante en su desarrollo;

...

4) educar y formar a los jóvenes en el amor a la Patria, en el respeto a la Constitución de la República de Polonia, en un ambiente de libertad de conciencia y respeto a toda persona;

5) velar por la formación de actitudes morales y cívicas en los estudiantes de acuerdo con las ideas de la democracia [y de] la paz y la amistad entre personas de diferentes naciones, razas y concepciones del mundo”.

7. A partir del apartado 42 la sentencia del TEDH entra en el conocimiento del litigio, abordando en primer lugar la supuesta violación del art. 8 del CEDH junto con el art. 14, ya que el demandante alegó en su demanda que su despido había violado los derechos reconocidos en ambas normas, es decir tanto el respeto a su vida privada como la prohibición de discriminación, por ser la sanción debida a su parecer “derivada del prejuicio contra su orientación sexual y su relación con una pareja del mismo sexo”.

En este bloque de la sentencia, el TEDH precisa que, para dar respuesta a la alegación del demandante “debe evaluar si el despido del demandante del puesto de profesor en una escuela secundaria afectó a su vida privada, haciendo aplicable así el artículo 8”, y para ello acude a su consolidada jurisprudencia respecto a que el concepto de vida privada “es un término amplio que no es susceptible de una definición exhaustiva. Abarca la integridad física y psicológica de una persona. Por tanto, puede abarcar múltiples aspectos de la identidad física y social de una persona. El artículo 8 protege además el derecho al desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior”, siendo a mi parecer de especial interés conceptual para el ámbito de las relaciones de trabajo la tesis del TEDH de que los litigios relacionados con el empleo “no están excluidos per se del ámbito de aplicación de la “vida privada” en el sentido del artículo 8 del Convenio”, y que en un litigio de este tipo, “normalmente pueden surgir dos cuestiones que afecten a la vida privada: bien por las razones subyacentes a la medida impugnada (en cuyo caso, el Tribunal aplica el enfoque basado en las razones) o, en determinados casos, por las consecuencias que tiene para la vida privada (en cuyo caso, el Tribunal aplica el enfoque basado en las consecuencias” .

El TEDH rechazará la tesis del demandante, por no haber quedado suficientemente probado que el despido se hubiera basado en “en prejuicios homófobos”. A partir de todos los datos fácticos disponibles, concluyó que en el caso enjuiciado, y a diferencia de otros anteriores en los que sí se había observado la discriminación por orientación sexual, aquí no cabía afirmarlo “dada la ausencia en el material del caso de cualquier insinuación en ese sentido y la presencia de declaraciones explícitas en sentido contrario, y dado el hecho de que la orientación sexual del solicitante aparentemente había sido conocida por el director de la escuela durante varios años...  sin ninguna consecuencia negativa para él ... “, y que “en todo caso, parece que el argumento sobre la orientación sexual del solicitante fue presentado por él como una explicación de su comportamiento y, como tal, fue rechazado por el Tribunal de Apelación...”, por lo que “... no se puede decir que la conducta impugnada del solicitante estuviera relacionada con su vida sexual como tal”. Para el TEDH, respecto al enfoque basado en las consecuencias, no se puede concluir que la sanción disciplinaria impugnada “afectó a las oportunidades a largo plazo del demandante de establecer y mantener su vida profesional” . En definitiva, el TEDH concluye que “considera que no se puede decir que la razón real o crucial del despido del demandante fuera su orientación sexual. En consecuencia, no hay base para concluir que ha sido objeto de discriminación por ese motivo”.

8. Pasa a continuación el Tribunal a examinar la alegada violación del derecho a la libertad de expresión (art. 10), en relación con el art. 14 del CEDH (prohibición de discriminación), con la argumentación (véase apartado 62) de que “... las autoridades se habían equivocado al concluir que su blog era poco ético y ... que lo habían discriminado por su orientación sexual”.

La sentencia recoge primeramente los argumentos de la parte demandante y demandada.

En síntesis, el demandante alegó “que el procedimiento disciplinario incoado en su contra había estado motivado por prejuicios contra las personas de orientación homosexual. También negó que su blog tuviera contenido pornográfico o que sus alumnos hubieran accedido a él. En cuanto a la gravedad de la sanción impuesta, el autor alegó que su despido de la escuela le había impedido, en la práctica, reanudar su profesión, ya que ningún otro establecimiento escolar querría contratarlo dado su historial disciplinario”.

Por parte del gobierno polaco se alegó que “la injerencia en el derecho del solicitante al respeto de su libertad de expresión perseguía el objetivo legítimo de proteger la moral de los estudiantes y que era proporcionada. En particular, la docencia era una profesión de confianza pública y el profesor debía ser un modelo a seguir para los estudiantes. El contenido profano, obsceno, erótico y pornográfico de los escritos del demandante había socavado la dignidad de su profesión”

En el litigio fue aceptada la intervención como terceros de tres organizaciones no gubernamentales (apartado 66) que centraron sus tesis básicamente en “la actitud social predominante hacia las personas LGTBI en Polonia como negativa”, y defendieron el derecho de dichas personas a su plena libertad de expresión.

9. En la valoración efectuada por el TEDH, a partir del apartado 70, hay primeramente una amplia recapitulación de su jurisprudencia sobre el derecho de toda persona a la libertad de expresión y sus límites, así como sobre cuál es la función del Tribunal, esto es que “... no consiste en sustituir a las autoridades nacionales competentes, sino más bien en revisar, en virtud del artículo 10, las decisiones que éstas han dictado en virtud de su poder de apreciación”

En aplicación de dicha consolidada jurisprudencia el TEDH concluirá que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión del profesor demandante. En muy apretada síntesis, y remitiendo a todas las personas interesadas a la atenta lectura de los apartados 71 a 96, esos son sus argumentos: 

“...El Tribunal reitera que no es posible encontrar en los ordenamientos jurídicos y sociales de los Estados contratantes una concepción europea uniforme de la moral. La concepción de las exigencias de la moral varía de época en época y de lugar en lugar, especialmente en nuestra época, caracterizada por una profunda evolución de las opiniones sobre el tema ...  En virtud de su contacto directo y continuo con las fuerzas vitales de sus países, las autoridades estatales están, en principio, en mejor posición que un juez internacional para emitir una opinión sobre el contenido exacto de esos requisitos, así como sobre la “necesidad” de una “restricción” o “pena” destinada a satisfacer esos requisitos... No obstante, corresponde al Estado demandado demostrar la existencia de una necesidad social imperiosa que subyace a una injerencia ...”

... El Tribunal considera que, a pesar de la forma meramente implícita y algo contradictoria de los argumentos del demandante expuestos en la audiencia ante la Comisión Disciplinaria y en su apelación, los procedimientos disciplinarios contra él estaban, en parte, claramente dirigidos a actividades que caían dentro del ámbito de aplicación de la libertad de expresión, y el demandante fue castigado por participar en tales actividades...

... Incluso si se sopesa frente al hecho de que el demandante no había formulado explícitamente su queja en materia de libertad de expresión, el Tribunal no puede concluir que las autoridades nacionales examinaron debidamente los criterios que debían tenerse en cuenta antes de restringir la libertad de expresión del demandante por las siguientes razones.

... el Tribunal desea subrayar que las autoridades nacionales no tomaron en consideración el hecho de que el demandante no había participado activamente en la transmisión de contenidos supuestamente inmorales a los estudiantes... sino que había escrito un blog que no tenía ninguna afiliación con la escuela.

... el Tribunal considera que la conducta del demandante no constituyó una intrusión en el ámbito de las políticas educativas o las decisiones de los padres en materia de ética o sexualidad. Nada en sus acciones menoscaba el derecho de los padres a ilustrar y aconsejar a sus hijos, a ejercer con respecto a ellos sus funciones parentales naturales como educadores, o a guiar a sus hijos por un camino acorde con las propias convicciones religiosas o filosóficas de los padres.

... el Tribunal observa que las autoridades nacionales no tomaron en consideración el hecho de que la actividad del demandante no se consideraba ilegal en el sentido de que no parecía haberse incoado ningún procedimiento civil o penal contra él con respecto al lenguaje presuntamente profano u ofensivo que utilizó. Tampoco sopesaron el factor de que la plataforma de Internet en la que escribía cumplía con las normas según las cuales el hecho de que un posible lector marcara una casilla que afirmara que era un adulto se consideraba suficiente para los fines del funcionamiento de sitios web con contenido para adultos.

... El Tribunal también destaca que el demandante estaba empleado en el contexto de una relación jurídica neutral entre una autoridad y un individuo. Dicho de otra manera, no estaba empleado por una escuela religiosa y no enseñaba religión ni ética. ... Por lo tanto, en el presente caso no era razonable imponerle un deber de lealtad más elevado que le impidiera expresar su sexualidad en el contexto de un blog de Internet para adultos que funciona legalmente... Además, el Tribunal reitera que la actividad del blog del demandante fue condenada formalmente por las autoridades con arreglo a un criterio diferente, a saber, el deber de formar “actitudes morales” en los estudiantes, en el sentido del artículo 6(5) de la Ley sobre la Carta del Profesorado...

... el Tribunal no puede ... ignorar el hecho de que su blog mostraba relaciones homosexuales y que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE informaron de que la actitud social predominante hacia las personas LGBTI en Polonia era negativa...

... El Tribunal observa... que el Tribunal de Apelación no tuvo en cuenta el hecho de que el demandante, como se desprende del expediente, no tenía antecedentes de sanciones disciplinarias. Por tanto, el Tribunal no puede adherirse a la conclusión de las autoridades nacionales y considera que el castigo del demandante fue desproporcionado en relación con los objetivos legítimos que supuestamente perseguía

En definitiva, el Tribunal concluye que “las autoridades nacionales no aportaron “razones pertinentes y suficientes” para destituir al demandante de su puesto. Incluso permitiendo un cierto margen de apreciación, no se puede sostener que la actividad personal del demandante en el blog amenazara la protección de la moral de los menores de una manera que justificara la sanción que se le impuso. Por consiguiente, la injerencia en su derecho a la libertad de expresión no correspondía a una necesidad social apremiante ni era proporcionada al fin legítimo que supuestamente se perseguía. Por tanto, no era “necesaria en una sociedad democrática”.

10. El voto particular discrepante de los tres magistrados se sustenta (véase apartado 2) en que la valoración del caso por parte de la mayoría del Tribunal “se basa en conclusiones fácticas erróneas y en un análisis problemático de cómo funcionan los recursos internos”.

Sus argumentos, también en apretada síntesis, son los siguientes:

“No es cierto que el blog estuviera restringido a los lectores adultos, ya que no se habían establecido mecanismos eficaces para impedir el acceso de los menores. De hecho, como establecieron las autoridades nacionales, el blog y la cuenta de Facebook del demandante despertaron un interés creciente entre muchos estudiantes menores de edad y se convirtieron en tema de conversación entre ellos. Por tanto, los menores en cuestión se vieron inducidos a consultar y leer activamente un blog dirigido por un profesor de su escuela. Ese interés incitó además a algunos estudiantes a comentar el blog en las redes sociales, lo que creó algún tipo de interacción entre el demandante y los estudiantes. El demandante puso en marcha un proceso que dio lugar a la transmisión del contenido del blog a al menos algunos estudiantes de su escuela.

“... En nuestra opinión, en el marco de un procedimiento disciplinario en un caso individual, sería simplemente imposible demostrar que un contenido específico tuviera un impacto negativo en los estudiantes. En este contexto, observamos que actualmente existe una creciente tendencia internacional a restringir eficazmente el acceso de los menores a contenidos obscenos en Internet. El hecho de que dichos contenidos tengan un impacto negativo en los menores es una premisa ampliamente aceptada que fundamenta la legislación que impone prohibiciones efectivas a su acceso a material obsceno.

“... Observamos además que el blog en cuestión incluía una amplia variedad de materiales y comentarios, pero consideramos que algunos de ellos eran de naturaleza muy vulgar. La mayoría no abordó este aspecto del caso. En nuestra opinión, es uno de los elementos más importantes que justifican la sanción impuesta.

Observamos que la mayoría se abstuvo de adoptar una postura sobre la cuestión de si la medida impugnada perseguía un objetivo legítimo (véase el párrafo 78). En nuestra opinión, la sanción disciplinaria sí perseguía un objetivo legítimo, a saber, la protección de los derechos de terceros; es decir, la protección de los menores y de los derechos de los padres a garantizar una educación y una enseñanza conforme a sus propias convicciones religiosas y filosóficas. Además, sirvió para proteger el orden público, es decir, la autoridad de las escuelas y los maestros.

“...La mayoría reevaluó el caso como si estuviera ante un tribunal nacional superior, socavando así la subsidiariedad del sistema del Convenio. Dada la naturaleza vulgar de algunos de los materiales publicados en el blog del solicitante y el hecho de que indujo a algunos estudiantes menores de edad a buscar activamente su lectura, muchas personas y especialmente muchos padres de niños en edad escolar en toda Europa considerarán con razón preocupante la constatación de que se ha violado el artículo 10 en el presente caso.”

Buena lectura.  

 

lunes, 4 de noviembre de 2024

Nuevamente sobre la colisión entre el derecho a la libertad de expresión en el marco de la actividad sindical, por una parte, y derecho al honor de una persona, por otra, con prioridad para el primero. Notas a la sentencia del TS (Civil) de 30 de septiembre de 2024 y de la AP de Pamplona de 27 de noviembre de 2023.

 

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia  dictada por la Sala Civil del Tribunal Supremo el 30 de septiembre, de la que fue ponente el magistrado Pedro José Vela.

La resolución judicial desestima, en los mismos términos que la tesis defendida por el Ministerio Fiscal, el recurso de casación interpuesto por la parte demandante en instancia contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pamplona el 27 de noviembre de 2023, de la que fue ponente el magistrado Jesús Santiago Delgado

El interés radica en que se trata de una sentencia más, y de indudable importancia en el sector de actividad en el que se inserta, del grupo de aquellas sobre la protección del derecho a la libertad de expresión en el marco de la actividad sindical, de las que he ido dado cuenta en anteriores entradas, tanto del ámbito judicial nacional como internacional.

Del primero, me permito remitir a la entrada “La protección reforzada de la libertad de expresión en la actividad sindical”   , y a la entrada “La protección por el derecho fundamental de libertad sindical de las concentraciones realizadas junto a la empresa (ejercicio del derecho de libertad de expresión) Notas a la sentencia del TS (Civil) de 18 de junio de 2024, que confirma la de la AP de Sevilla de 14 de septiembre de 2022” ,

Del segundo, a la entrada “La importancia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito laboral y de protección social (X). El refuerzo del reconocimiento del derecho a la libertad de expresión en las relaciones de trabajo. Notas a la sentencia de 8 de octubre de 2024”. 

El escueto resumen de la sentencia del alto tribunal es el siguiente: “Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, por la difusión de un correo electrónico. Libertad de expresión, derecho a la información y libertad sindical”. El, también muy escueto, de la sentencia de la AP es este: “Derecho al honor. Intromisión por publicación de remisión de un escrito por un Sindicato Policial sobre la conducta de un Inspector Jefe a sus superiores”.

2. La sentencia de TS ha merecido ya bastante atención en diarios jurídicos electrónicos y en medios de comunicación, como también lo fue en su momento el conflicto que dio origen a la litigiosidad en sede judicial.

En el diario Economist&Jurist, su redactora María González publicaba el 17 de octubre el artículo “Las críticas realizadas por un sindicato en relación con el mal trato dispensado por un superior a los subordinados en prácticas están legitimadas”  .

En los medios de comunicación navarros, la noticia era recogida con anterioridad, poco después de hacerse pública la sentencia: “El SUP Navarra logra una victoria judicial ante un mando de la Policía Nacional”, acompañado del subtítulo “El Tribunal Supremo falla a favor del SUP, garantizando la libertad sindical y de expresión”, eran el titular y el subtítulo del artículo  publicado en el diario Pamplona Actual el 11 de octubre, con una muy amplia y detallada exposición de todo el conflicto, y  recogiendo las declaraciones del SUP de Navarra, para quien “la resolución judicial es un hito importante, no solo para su organización, sino también para el conjunto de los sindicatos en su lucha por mantener un entorno de trabajo justo y respetuoso con los derechos de sus afiliados”.   

El mismo día, el redactor de Noticias de Navarra Enrique Conde, publicaba el artículo  “Confirman la absolución a un sindicato de Policía en Navarra por las críticas que lanzó contra un mando”, acompañado del subtítulo “El Supremo entiende que el escrito del SUP por la actuación de un inspector jefe de la Policía Nacional en Pamplona entra dentro de la libertad de expresión”.

También sobre la historia del conflicto podemos remitirnos a la información publicada en el artículo  del redactor de El Confidencial, Pablo Gabilondo, el 16 de mayo, “Un mando policial lleva al Supremo su pulso contra el sindicato que pidió su cese con una dura carta”, acompañado del subtítulo “El tribunal admitió a trámite su recurso el pasado 24 de abril y ha dado 20 días a la Fiscalía y al sindicato para que "formalicen por escrito su oposición" a la demanda”.

3. El litigio encuentra su origen en sede judicial con la presentación de una demanda en procedimiento ordinario, por vulneración del derecho constitucional al honor, recogido en el art. 18.1 de la Constitución, que fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Pamplona el 29 de marzo de 2017, condenando a la parte demandada a indemnizar al demandante en la cuantía de 6.000 euros y a difundir la sentencia “... con el mismo alcance que difundió el escrito, colgándose la misma en el Tablón de Anuncios por el plazo de un mes y transmitiendo a través de Whatsapp mediante la misma lista de difusión que se empleó en su día para remitir el escrito”.

La pretensión de la parte actora demandante la conocemos con detalle en la sentencia de la AP, fundamento de derecho primero, fundamentada en lo que se consideraban “gravísimas acusaciones infundadas que se hacen en el citado escrito”. Más concretamente se afirmaba que se consideraban intromisiones ilegitimas en el derecho al honor, con apoyo en el art. 7.7 de la Ley orgánica1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ya que “... lo afirmado por el Sindicato Unificado de Policía mediante su escrito exigiendo ante el Comisario Principal el cese inmediato de mi representado como Inspector Jefe, por una serie de acusaciones infundadas, supone un hecho por sí mismo deshonroso y gravemente atentatorio contra su fama y crédito profesional", e invocando " la doctrina jurisprudencial ya consolidada que, en caso de colisión entre el derecho al honor y la libertad de información, prevalece esta última siempre que los hechos sobre los que se informa sean veraces...”.

Para poder analizar con la debida atención y conocimiento todo lo relativo al conflicto, es necesario conocer el contenido del escrito en cuestión, que reproduzco a continuación:

“Que se pone en conocimiento de la Jefatura el reprobable comportamiento en el desempeño de sus funciones del Inspector Jefe, Jefe de la Sección Provincial de Seguridad Ciudadana, Teodosio , el trato que reciben los funcionarios que se encuentran a su cargo, así como la hostilidad que profesa contra esta organización sindical y contra sus afiliados.

De sobra es conocida la peculiar manera de trabajar que tiene este Jefe y el trato que dispensa a sus subordinados, sobre todo cuando no forman parte de su "círculo de confianza", otorgando ciertos privilegios laborales a algún miembro del citado círculo y pisoteando los derechos del resto de policías que no comulgan con sus métodos.

La forma de dirigirse y de tratar a algunos de los policías que se encuentran bajo su mando es despótica e inaceptable, carente de modales, llegando a ser en ocasiones grosera y cargada de comentarios fuera de lugar.

Su singular forma de ejercer el mando manipulando y faltando a la verdad constantemente, ha causado múltiples problemas a los funcionarios, siendo el Comisario de la Brigada el que ha parado en, no pocas ocasiones, varias decisiones del Inspector Jefe, que rozaban el acoso laboral.

Existe además un odio manifiesto del Inspector Jefe hacia este sindicato, que se expone a modo de resumen a continuación:

Sus constantes desprecios hacia SUP Navarra, al que denomina despectivamente "PUS", traspasan los límites de lo que pudiera considerarse una broma o un comentario jocoso puntual, utilizando frases como "¿Eres del PUS?", "Vete a tu sindicato y les cuentes lo que te he hecho o dicho", "Ahora vas y te quejas a tu sindicato", todas ellas dirigidas a miembros de este sindicato, señalándoles con afirmaciones como "a ver los del PUS, que pasen a mi despacho".

Cuando alguna de sus órdenes o decisiones han sido cuestionadas por entender arbitrarias y por lo tanto trasladadas a este sindicato en forma de queja o denuncia, y se ha intentado mediar y buscar un consenso a través del Jefe de Brigada o de la Jefa de la Sección Segunda, sus reacciones han sido desproporcionadas, comportándose de manera infantil y profiriendo insultos y descalificaciones hacia este sindicato, todo ello en presencia de varios testigos, con frases como "A mi ningún sindicato me va a decir cómo hacer mi trabajo", "El PUS no me va a joder"...

Han sido numerosas denuncias de afiliados dando cuenta a esta Ejecutiva de las injusticias a las que se han visto sometidos por el mero hecho de pertenecer a este Sindicato, por ejemplo, denegaciones de permiso injustificadas.

Resulta cuando menos sorprendente, la amenaza que realizó hace unas semanas a un funcionario con geolocalizar, "si quisiera" sus llamadas a través del Sistema SITEL para averiguar si se encontraba en Pamplona (no se debe olvidar que se necesita un mandamiento judicial motivado para realizar cualquier tipo de actuación de este tipo).

Otro ejemplo más de las nefastas decisiones de este mando, es la orden que dio hace unos días para que citaran, a través de una patrulla de seguridad ciudadana en su domicilio, a un funcionario perfectamente localizable a través de su teléfono móvil, para que presentara un informe médico en la Unidad Sanitaria de esta Jefatura, con el consiguiente perjuicio para el citado funcionario, dado que sus vecinos desconocen por seguridad su condición de miembro de la Policía Nacional.

Por último, se ha transmitido a SUP Navarra el testimonio de varios funcionarios que han presenciado la grave situación vivida por varios policías en prácticas, que han padecido posibles amenazas y coacciones por parte de este Inspector Jefe a su paso por la Brigada de Seguridad Ciudadana.

En concreto, el trato más grave ha sido el recibido por un policía al que le ha hecho literalmente la vida imposible durante varios meses. Lo evidenciado por los testigos refleja unos hechos gravísimos padecidos por el policía y por parte de este Sindicato no se aportan más detalles, por expreso deseo del funcionario que, por miedo a represalias futuras, ha decidido no denunciar la pesadilla que ha vivido bajo el mando de este Jefe.

No se puede olvidar la sensación de vulnerabilidad y desamparo que sienten los policías de prácticas en este periodo tan importante de su carrera profesional cuando se encuentran ante una situación como la descrita, motivo por el que no se atreven en ocasiones a denunciar estas gravísimas situaciones que viven.

Tampoco se deben de ignorar las posibles consecuencias psicológicas que pueden acarrear este tipo de acciones en los policías, cuando reciben este tipo de trato, por parte de mandos de los cuales se espera protección y un total apoyo y comprensión.

Por todo lo expuesto, desde SUP Navarra se solicita el CESE inmediato del Inspector Jefe Teodosio como responsable de la Sección Primera de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, por su deplorable labor al frente de la misma y la denigrante forma de tratar a los policías que forman parte de esta Brigada.

Asimismo, solicita que se tomen las medidas disciplinarias oportunas por parte de esa Jefatura para que cese el acoso y la animadversión, por parte del Inspector Jefe hacia la organización sindical y hacia sus afiliados informándole que, en caso de no cesar en su empeño de coartar la libertad sindical de los funcionarios, se tomarán las acciones legales oportunas.

En Pamplona, a 17 de junio de 2020".

La parte demandada contestó a la demanda subrayando que en modo alguno se pretendía cuestionar el derecho al honor del demandante, sino que las manifestaciones eran fruto “del derecho fundamental a la libertad de expresión de un sindicato que, en el legítimo ejercicio de sus derechos y funciones, pone en conocimiento del Jefe Superior y de sus afiliados, unos hechos que son merecedores, en opinión de mi representado, del cese del inspector jefe demandante”, por lo que “... nos encontramos ante un supuesto de hecho en el que, en el ejercicio de la libertad sindical recogido en el art. Segundo 1. d) de la LO11/1985, de Libertad Sindical, el secretario general del SUP en Navarra pone en conocimiento del entonces Jefe Superior, y de sus afiliados, una serie de comportamientos atribuibles al demandante, en el libre ejercicio de la acción sindical...”

4. Como ya he indicado, el Juzgado estimó íntegramente la demanda, siendo recogida gran parte de su fundamentación en el apartado D) del fundamento de derecho primero de la dictada por la AP, siendo el párrafo que reproduzco a continuación el que será especial objeto de atención, con estimación del recurso del sindicato recurrente, para que el juzgado llegara a su conclusión estimatoria de la demanda.

“... tal libertad de expresión, que puede entenderse amparada en la libertad sindical, sin entrar avalorar no ya la veracidad de los hechos en sí, sino la expresión de opiniones amparadas en la misma, con mayor o menor acritud y acidez en la crítica que de las mismas consideren razonable, entendemos que loque no puede autorizar es por un lado, la expresión no ya de afirmaciones injuriosas o vejatorias, sino la clara imputación de hechos que pudieran entenderse de carácter delictivo, sin la más mínima contrastación (sic),como es la atribución a una persona, en este caso, superior jerárquico, de la comisión de amenazas y coacciones a funcionarios en prácticas, que según se dice, no se denuncian por medio [miedo] a represalias, sin expresarse en lo más mínimo el origen de la atribución de tales hechos que no aparecen ni mínimamente constatados, ni pretenden serlo, pues de hecho, pese a consignarse finalmente la identificación de la persona sujeta al "acoso" señalado, la misma ni tan siquiera ha sido propuesta como testigo en el presente procedimiento. Siendo ello así, entendiendo que la atribución de hechos que pueden ser calificadas de hechos punibles, sin la más mínima contrastación (sic), exceden de un posible derecho de información o libertad de expresión, la cual además entendemos no ampara la difusión constatada...".

5. Contra la citada sentencia se interpuso recurso de apelación, afirmando directamente la AP al entrar en su conocimiento que se estimará y por consiguiente que “se rechazan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada”.

Para llegar a tal conclusión, centra primero la cuestión a la que debe dar respuesta, que no es otra que “...  determinar si, en el caso concreto sometido a nuestra consideración, debe prevalecer el derecho constitucional a la libertad de expresión o el derecho constitucional al honor, al que ha de añadirse en el supuesto enjuiciado la perspectiva del ejercicio de la libertad sindical y de las funciones propias de un sindicato”.

La Sala recuerda la doctrina jurisprudencial contenida, entre otras, en las sentencias del TS de 2 de octubre de 2014  , de la que fue ponente el magistrado Sebastián Sastre, y del 1 de octubre de 2015   , de la que fue ponente  el magistrado Francisco Marín, así como todas las que se citan en ambas, enfatizando que

“El carácter inequívocamente ofensivo de una frase, palabra o expresión no resulta solo de su significado gramatical y aisladamente considerado, sino que debe analizarse en su contexto. En supuestos de contienda, la jurisprudencia viene considerando que expresiones hirientes, que incluso pueden ser susceptibles de entrañar una descalificación personal y profesional no deben desvincularse del contexto de discusión y polémica existente entre las partes, lo que ha de conducir a verlas, no como un insulto, sino como la exteriorización de una crítica dura, que por tanto no excede del ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de expresión”.

También repasa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Del primero, la cita más amplia es la de la sentencia   216/2013 de 19 de diciembre, de la que fue ponente el magistrado Enrique López,  y del segundo la de 27 de mayo de 2004.

La Sala acude a la doctrina constitucional para resolver el conflicto, la denominada “técnica de la ponderación constitucional, que exige una doble valoración, la del "peso abstracto" y la del "peso relativo" de los derechos fundamentales en conflicto”, debiendo aplicar, en cuanto al segundo, tres parámetros, que son “la relevancia pública de la materia o de las personas afectadas, la veracidad (respecto de la información) y la proporcionalidad de las expresiones utilizadas", considerando que son el primero y el tercero los que deben abordarse en el litigio enjuiciado.

Tras un muy amplio y riguroso análisis de la doctrina constitucional, se llegará a la conclusión de que tanto teniendo en consideración el “peso abstracto” como el “peso relativo”, no se produjo la vulneración denunciada del derecho al honor. Así lo argumenta en el fundamento de derecho cuarto.  

 “Es evidente que, aplicando los criterios jurisprudenciales mencionados, y el texto antes transcrito y que acabamos de resumir, se está ante opiniones que no carecen totalmente de fundamento en la medida en la que el Sindicato ha indagado la situación existente y que en la medida en la que no emplean términos insultantes, injuriosos o vejatorios sino, según decimos, expresan opiniones y juicios que a entender de los miembros que dirigen el mencionado Sindicato son merecedores del cese del Inspector Jefe demandante cuyo derecho al honor cede ante el correspondiente a la libertad de expresión, máxime cuando se trata de asuntos de índole profesional cuya defensa corresponde asumir el tan repetido Sindicato y cuando se dirige al Jefe Superior de Navarra al objeto de que las actitudes se corrijan y se proceda al cese en el cargo del demandante. Se está, pues, ante la crítica de la conducta de otro, superior de los miembros del sindicato referido, que aun cuando pueda molestar o disgustar a aquel contra quien se dirige, prevalece en tanto que integrante de la libertad de expresión constitutiva de crítica y, desde luego, se refiere a persona que ostenta un cargo público del que dependen determinados funcionarios cuyo amparo profesional corresponde al Sindicato al que están afiliados.

En cuanto al denominado "peso relativo" de los derechos en conflicto no pueden considerarse las afirmaciones contenidas en el escrito antes mencionado como desproporcionadas y son, desde luego, relevantes desde el punto de vista sindical que afecta, indudablemente, a las condiciones de trabajo de los funcionarios policiales. Y aun cuando no sea necesario, tampoco se observa a la vista de la prueba practicada, una actuación descuidada por parte de los miembros del Sindicato en tanto que parece existir un cierto protocolo dirigido a comprobar o, cuando menos, valorar la opinión de otras personas sobre el estado de cosas existente, antes de dirigir denuncia alguna”.

Con apoyo en la sentencia   del TS de 1 de junio de 2011, de la que fue ponente la magistrada María Encarnación Roca, concluye que

“la actuación de los representantes sindicales lo fue estrictamente en el ámbito de las relaciones funcionariales referidas a las condiciones de trabajo. Lo propio sucede en cuanto a la difusión del escrito dirigido a la Jefatura Superior pues el mismo se colgó en el tablón de anuncios sindical después de haber sido cursado a la referida Jefatura y, en cuanto a la difusión a través de WhatsApp la misma estaba dirigida a los miembros del Sindicato demandado, por más que pudiera haberse remitido a funcionarios ajenos al mismo”,

y que

“... no compartimos las consideraciones realizadas en la sentencia de primera instancia que estimó que podrían ser constitutivas de delito, las menciones referidas a la " comisión de amenazas y coacciones a funcionarios en prácticas", pues a la vista del contexto en que se cursó el escrito, de su propio contenido y de la prueba practicada no se alcanza la conclusión de que existiera la imputación de delito alguno, sino que los términos empleados han de considerarse en su sentido vulgar”. 

6. Contra la sentencia de la AP se interpuso recurso de casación ante el TS, siendo el único motivo la infracción normativa, en concreto

“(el) artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el conflicto entre, de un lado, el derecho fundamental al honor (art. 18.1 CE) y, de otro, los derechos fundamentales a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones (art. 20.1.a CE) y a comunicar libremente información veraz ( art. 20.1.d. CE) y el derecho a la libertad sindical ( artículo 28.1 CE)”.

El TS procede en primer lugar a resumir los antecedentes del caso, para pasar a continuación a sintetizar el contenido del recurso de casación, sustancialmente semejantes (no creo que pudiera ser de otra forma) a las defendidas en primera instancia y en la impugnación al recurso de apelación. Este es el resumen:

“... las afirmaciones del SUP son por sí mismas deshonrosas y gravemente atentatorias contra la fama y el crédito profesional del demandante. La Audiencia Provincial excluye, sin mayor justificación, uno de los parámetros del juicio de ponderación del conflicto entre el derecho al honor y los derechos de libertad de expresión, información y sindical, que es el criterio de veracidad en la información trasmitida por el sindicato, sin que se haya constatado con prueba alguna (documental o testifical) que los hechos punibles atribuidos al recurrente sean ciertos, como acertadamente consideró la sentencia de instancia. Además, ha omitido que se llegó a atribuir al Sr. Aurelio la comisión de un delito de amenazas y coacciones, sin que quepa hablar de utilización de tales términos en sentido vulgar cuando los autores del escrito son policías con suficiente cualificación para conocer el sentido de esa falsa imputación, que no estaba avalada por ninguna prueba.

Sostiene el recurrente que la atribución de hechos que pueden ser calificadas de hechos punibles, sin la más mínima contrastación, excede de un posible derecho de información o libertad de expresión y que la difusión del escrito no se limitó a la mera información a un superior, sino que además trascendió a una publicación en un tablón de anuncios de la Jefatura Superior de Policía, a la que tenían acceso cuantas personas puedan acudir a dicho recinto, y a través de un grupo de WhatsApp, que esté o no formado por los afiliados a un sindicato, podía conllevar un conocimiento general”.

En el fundamento de derecho tercero se aborda el conflicto entre por una parte la libertad de expresión y por otra el derecho al honor, “en un contexto de crítica como manifestación de la libertad de acción sindical, anunciando ya que no ha existido “intromisión ilegítima” en el derecho al honor.

Para llegar a tal conclusión, la Sala procede a un muy amplio y detallado repaso de la jurisprudencia del TC y de la suya propia sobre, primeramente, la relación entre la libertad de expresión y el derecho al honor, y más adelante sobre la libertad de expresión como “plasmación de la libertad sindical”.

De su muy amplia jurisprudencia, la Sala cita las sentencias de 10 de diciembre de 2008,  de la que fue ponente el magistrado Ignacio Sierra; de 20 de julio de 2016   , de la que fue ponente el magistrado Rafael Saraza (remito a la entrada “La colisión de derechos fundamentales y cómo debe realizarse la ponderación entre ellos. La libertad sindical, de expresión y de información, y los límites a su ejercicio en relación con el derecho al honor en un conflicto laboral. Notas a la sentencia del TS (Sala Civil) de 20 de julio de 2016 y de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 6 de octubre de 2014” ).; de 15 de febrero de 2017 , de la que fue ponente el magistrado Antonio Salas; de 21 de  junio de 2018    , de la que fue ponente el magistrado Antonio Seijas; y de 22 de junio de 2021  , de la que fue ponente el magistrado Rafel Saraza.   

Tras esa cuidada relación de argumentos contenidos en las citadas sentencias, la Sala confirmará plenamente la dictada por la AP, haciendo suya la tesis del Ministerio Fiscal sobre el correcto juicio de ponderación efectuado por esta a partir de los hechos probados. Vale la pena, por su claridad, reproducir la fundamentación del TS:

“6.- Respecto del requisito de veracidad, la presentación y difusión del escrito estaba dirigido a la satisfacción de los bienes jurídicos protegidos por el derecho a la libertad sindical. Hemos visto que en casos como éste debe compadecerse con una base fáctica suficiente, y conforme a lo acreditado en la instancia, hemos de entenderlo cumplido por el comunicado sindical, en cuanto que se hace eco y critica unos comportamientos profesionales del recurrente de los que el sindicato había tenido conocimiento por los testimonios de los afectados.

De los hechos que expone la Audiencia Provincial no puede deducirse que su contenido esencial sea inveraz en el sentido exigido por la jurisprudencia, en cuanto que se considera probado que el sindicato indagó sobre las denuncias que le llegaron, sin que conste "una actuación descuidada por parte de los miembros del Sindicato en tanto que parece existir un cierto protocolo dirigido a comprobar o, cuando menos, valorar la opinión de otras personas sobre el estado de cosas existente, antes de dirigir denuncia alguna".

7.- Respecto de las expresiones utilizadas, más allá de que sean más o menos afortunadas, no pueden considerarse desproporcionadas o desconectadas del ámbito en que se vertieron y de los hechos que se pretendían denunciar. Como bien dice el Ministerio Fiscal, si en asuntos de esta naturaleza no se tuvieran en cuenta esas circunstancias y solo se resolvieran en función del significado exacto o propio de los términos empleados, existiría un obstáculo injustificado para el ejercicio del derecho a la crítica. Precisamente, las extralimitaciones verbales en un contexto de lucha política o sindical (elecciones, conflictos laborales, etc.) determinan la prevalencia de la libertad de expresión y la libertad sindical, siempre y cuando exista interés público y las expresiones no sean objetivamente injuriosas (sentencias 350/2011, de 1 de junio; y 429/2020, de 15 de julio).

Desde ese punto de vista, nuevamente hemos de coincidir con el Ministerio Fiscal en que en el escrito litigioso no se afirmaba la existencia de un delito, sino que hablaba de la posibilidad de haberse padecido por los funcionarios en prácticas amenazas y coacciones, afirmación que ni calificaba terminantemente los hechos como delito, sino que más bien parece que se pretendía destacar con ello la intensidad de los comportamientos, ni carecía tampoco de veracidad conforme entendió la Audiencia Provincial.

8.- Por último, en lo que atañe a la divulgación del escrito en el tablón de anuncios sindical y en el grupo de WhatsApp del sindicato, ni consta que el tablón estuviera accesible al público en general, ni que el mensaje fuera difundido fuera del ámbito de grupo profesional. Aparte de que para los trabajadores tenía interés conocer el contenido de lo denunciado ante la superioridad (sentencia 511/2016, de 20 de julio)”.

Buena lectura.