Sobre el traspaso de la gestión de la protección por desempleo al País Vasco ¿y después Cataluña?

 

1. el 16 de enero se suscribía el “Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, de 16 de enero de 2026, de establecimiento del Convenio previsto en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para el País Vasco para la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco de la gestión de la protección por desempleo”. La OrdenTMD/175/2026, de 2 de marzo (BOE 6)  , publicaba dicho Acuerdo. Según lo dispuesto en el apartado noveno 1 del anexo al acuerdo, “El convenio se perfeccionará con la prestación del consentimiento de las partes y entrará en vigor el día de su publicación simultánea en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», si bien tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 2027” (la negrita es mía).

El mismo día se publicaba el Real Decreto 173/2026 de 4 de marzo que lo complementaba, ya que se traspasaban a la Comunidad Autónoma del País Vasco “los medios patrimoniales y personales adscritos a la gestión de la protección por desempleo”.

Dicho sea incidentalmente, el mismo día 6 de marzo se publicaban en el BOE los restantes acuerdos sobre traspasos de competencias al País Vasco en materia de “de ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2557/1985, de 18 de diciembre, en materia de Seguridad eHigiene en el Trabajo”  , de “modificación de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del SeguroEscolar y traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 667/2020, de 14 de julio”  , del “Acuerdo para la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco de la gestión de lasprestaciones familiares en su modalidad no contributiva y del subsidio pornacimiento y cuidado de menor de naturaleza no contributiva” , y de los mediospersonales adscritos a su gestión , y del “Acuerdo para la asunción de la gestión del seguro escolar” 

De toda esta amplia batería de traspasos daba debida información el gobierno vasco el mismo día de la firma del Acuerdo, en la nota de prensa titulada “Euskadi amplía su autogobierno con cinco nuevas competencias” . Con ocasión de la firma, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena recalcaba que “hemos dado un paso importante hacia un mayor autogobierno. A partir de ahora, en las instituciones vascas contaremos con más herramientas y recursos para el desarrollo integral de las políticas públicas en el ámbito laboral”. Y respecto a la financiación de los traspasos, enfatizaba el valor del Concierto Económico como herramienta clave del autogobierno, ya que “salvo compensaciones económicas excepcionales, la financiación de las competencias se hará a través de minoraciones del Cupo que le abonamos al Estado. Eso supone que podremos administrar mejor nuestros recursos”.

Más concretamente, por lo que respecta a las prestaciones por desempleo, se explicaba en la citada nota que “El traspaso de la protección por desempleo, que se hará efectivo el 1 de enero de 2027, permitirá a Euskadi integrar en Lanbide tanto la protección económica por desempleo como las políticas activas de empleo, creando una ventanilla única que simplifica trámites, elimina duplicidades y mejora la atención a las personas desempleadas. Con la incorporación de 468 plazas públicas, las 30 oficinas del SEPE se convertirán en oficinas de LANBIDE y se transferirán las oficinas provinciales.  Este traspaso beneficiará a unas 51.000 personas y conlleva un volumen anual de recursos cercano a los 822 millones de euros” (la negrita es mía).

2. El Acuerdo pone fin a una compleja negociación que se había iniciado mucho tiempo antes y que había llevado en la comisión bilateral celebrada el mes de julio de 2025 a un principio de acuerdo, que ha tardado seis meses en concretase en un documento jurídicamente vinculante.

Del citado acuerdo, el gobierno vasco informaba el 17 de septiembre  que se traspasaban “las funciones que lleva a cabo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Social de la Marina (ISM) en cuanto a la gestión del subsidio por desempleo, lo que incluye la tramitación, el reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora”, y también “las funciones que lleva a cabo el SEPE y el Instituto Social de la Marina en cuanto a la gestión de la prestación por desempleo, lo que incluye la tramitación, el reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora”.   Respecto al modelo de financiación se explicaba, para ambos traspasos, que “El traspaso respeta el modelo unitario y la caja única del sistema de Seguridad Social. La transferencia no se pronuncia sobre la asunción de la gestión del régimen económico de la seguridad social. Se presenta una solución transitoria en tanto no se proceda al convenio que ordene dicha gestión, que consiste en la transferencia por la Tesorería General de la Seguridad Social del importe efectivamente abonado por dichas prestaciones por parte del órgano responsable de la CAPV.”.

Mucho más sucinta era la nota de prensa publicada el 16 de enero por el Ministerio de Política Territorial y memoria democrática    , titulada “ El Gobierno de España concreta los traspasos acordados con el País Vasco en la bilateral del pasado mes de julio” , en la que encontramos esta mención: “Otro acuerdo concretado en la reunión de hoy, con un convenio y un traspaso, se refiere al establecimiento del Convenio previsto en la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Autonomía vasco para la gestión de la protección por desempleo de nivel contributivo y asistencial. De este modo, la comunidad asume la gestión de esta prestación, aunque dentro del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y del respeto al principio de solidaridad. Asimismo, para la gestión de la protección por desempleo, se ha acordado que se realice también el traspaso de los medios patrimoniales y personales. Entrará en vigor el 1 de enero de 2027” (la negrita es mía).

El acuerdo fue recibido con mucha prudencia por las organizaciones sindicales estatales más representativas, que publicaron una nota de prensa  el mismo día de su suscripción, titulado “UGT y CCOO piden al Gobierno información detallada sobre el alcance de las transferencias parciales de Seguridad Social a Euskadi”, en la que criticaban que “esta cuestión no ha sido trasladada por el Gobierno a los marcos de Diálogo Social en materia de Seguridad Social, ni por parte del Ministerio de Trabajo ni por el de Seguridad Social, lo que resulta sorprendente, tratándose de una materia tan sensible como la principal red de protección social y redistribución de renta que existe en nuestro país, financiada de forma mixta, muy mayoritariamente con cotizaciones sociales”, y pedían al gobierno que “facilite a los interlocutores sociales una información completa y detallada sobre el alcance del acuerdo alcanzado y anunciado hoy en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias, con el fin de poder contrastarlo y garantizar que resulta plenamente coherente con el marco competencial y con el principio de unidad de caja de nuestro sistema de Seguridad Social” (la negrita es mía).

Por parte de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito territorial autonómico, ELA y LAB , se criticó el acuerdo alcanzado en septiembre de 2025, y que se materializaría en enero de 2026, por considerar que era insuficiente. Para ELA, “«pese a la relevancia que se le ha pretendido dar a la noticia, esta transferencia es una pequeña parte de lo que estatutariamente corresponde”, y era “a todas luces insuficiente, puesto que únicamente se traspasará la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo..., el desempleado... únicamente cambiará de ventanilla, sin que esta nueva transferencia suponga una mejora económica para dichas prestaciones, ya que estas siguen en manos de Madrid”. Para LAB, el acuerdo ponía de manifiesto las carencias de Lanbide, ya que “la intermediación activa en políticas de empleo que debería llevar a cabo este organismo se ha convertido en una mera gestión de prestaciones, como consecuencia de la orientación dada por los sucesivos Gobiernos de PNV-PSE...”.

Mas contundente fue la crítica jurídica de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social (Atass); el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social (ALSS) y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social (Asiass), que emitieron un comunicado conjunto el 26 de enero por ser del parecer que “atenta contra la garantía prevista en el art. 41 de nuestra Constitución contempla un régimen público de Seguridad social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social”, cargando las tintas muy duramente contra el gobierno español porque, siempre según su parecer, “... no ha dudado en sacrificar, en aras a su agónica y estéril supervivencia, lo que constituye la piedra angular de nuestro estado social y democrático de derecho: un sistema de Seguridad Social único y unitario que garantice la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la protección y en la asunción de las cagas que su mantenimiento precisa”. No me parece precisamente la primera parte de este texto una reflexión muy jurídica, por decirlo muy suavemente.

3. Vayamos al texto del Acuerdo, en el que lógicamente hay las referencias a los preceptos constitucionales y estatutarios que avalan jurídicamente su suscripción, desde los arts. 149.1.1 y 1.7 de la Constitución, al art. 18 y la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía, sin olvidar por supuesto la referencia concreta a la regulación de las prestaciones por desempleo que se encuentra en el título III de la Ley General de Seguridad Social. De acuerdo a este marco competencial, que tantos debates ha suscitado, y no solo para la CC AA del País Vasco, las partes firmantes acordaron que Euskadi asumirá “la gestión de la protección por desempleo de nivel contributivo y asistencial en su ámbito territorial, dentro del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y del respeto al principio de solidaridad, conteniendo los procedimientos, plazos y compromisos necesarios para una ordenada gestión de dicha prestación” (la negrita es mía).

¿Cuáles son las funciones que asumirá a partir del 1 de enero de 2027 la Comunidad Autónoma? Se encuentran recogidas en al apartado 2 del Convenio que se adjunta como anexo al acuerdo, que marca claramente de entrada los límites del traspaso al recoger que este se llevará a cabo “en el marco de la regulación establecida por el Estado” (recordemos el art. 149.1.7 CE), y que incluye la gestión de prestaciones contributivas (principal novedad) y asistenciales, que se soliciten por personas inscritas como demandante de empleo en el servicio público autonómico (Lanbide), con una mención expresa, y que parece querer referirse a quienes tengan derecho a las mismas en el marco de la regulación tanto estatal como autonómica, “cualquiera que sea la nacionalidad del solicitante”.

Las funciones transferidas son las que llevan a cabo en la actualidad en el ámbito territorial de Euskadi tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como el Instituto Social de la Marina:

“1.º Información, iniciación, instrucción y resolución del procedimiento administrativo de reconocimiento o denegación del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo y asistencial.

2.º Iniciación, instrucción y resolución del procedimiento específico para el abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo en los supuestos previstos en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo y en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, así como en los supuestos de trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen.

3.º Iniciación, tramitación y resolución de los procedimientos administrativos de modificación, revisión, suspensión, reanudación y extinción del derecho a la prestación y subsidio, incluidas la adopción y alzamiento de medidas cautelares y la resolución de las cuestiones incidentales que pudieran surgir durante el transcurso de los correspondientes procedimientos.

4.º Supervisión y control del cumplimiento de requisitos para el mantenimiento del derecho reconocido, declaración y exigencia de la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por los trabajadores y el reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario, sin perjuicio de la competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para su recaudación incluida la vía ejecutiva.

A este respecto, la Comunidad Autónoma del País Vasco transferirá a la Tesorería General de la Seguridad Social los importes reintegrados por los perceptores de prestaciones indebidas con anterioridad al inicio de la vía ejecutiva y comunicará las compensaciones que se puedan producir.

5.º Resolución de los procedimientos sancionadores (potestad sancionadora) por la comisión de infracciones leves, graves y muy graves tipificadas en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, relativas a las prestaciones por desempleo de nivel contributivo y asistencial, así como también la iniciación y tramitación de los procedimientos para la imposición de sanciones leves y graves a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo y asistencial.

6.º Las funciones que correspondan a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo respecto del procedimiento de descuento de la cuantía que deba abonarse como primer pago de prestaciones de Seguridad Social, previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas.

7.º Gestión administrativa de los embargos y retenciones judiciales ordenados por las autoridades judiciales y ejecutivas sobre prestaciones por desempleo de nivel contributivo y asistencial.

8.º Gestión conducente al reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, o en su caso, su compensación en los términos previstos en el artículo 295 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y normas de desarrollo.

9.º Tramitación y resolución de recursos y reclamaciones en vía administrativa con respecto a actos dictados por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

10.º Las funciones de representación y defensa en juicio, con relación a las actuaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siguiendo las directrices fijadas por el Estado en garantía de la unidad de criterio en la interpretación y aplicación de las normas de Seguridad Social” (la negrita es mía)

Las que podemos calificar de “prevenciones jurídicas” para que el traspaso de la gestión se lleve a cabo con respeto a la normativa laboral, competencia exclusiva del Estado, se ponen de manifiesto en el apartado segundo de la cláusula segunda del anexo, ya que deberá ejecutarse “aplicando los criterios normativos e interpretativos fijados por el Estado en virtud de lo previsto en el punto 4.º del apartado Tercero”.     

El citado apartado tercero regula las funciones reservadas a la Administración General del Estado, disponiendo en el punto 4 ª que continuarán en su ámbito “La garantía de la unidad de criterio en orden a garantizar la unidad del régimen económico de la Seguridad Social, el principio de solidaridad y la igualdad de todos los ciudadanos en la satisfacción de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social, que implica la fijación por parte del Estado y, en su caso, de la dirección general del Servicio Público de Empleo Estatal de criterios normativos e interpretativos homogéneos para la efectividad y eficacia del sistema” (la negrita es mía).

La preocupación por el mantenimiento de la Caja Única de la Seguridad Social (remito a la entrada “Seguridad Social, la joya de la corona. Caja única, sí ¿y la gestión económica compartida, qué?”  ) se pone claramente de manifiesto, una vez más, al comprobar las funciones que continuarán en manos de la AGE, que además de la ya enunciada en el punto 4ª serán las siguientes:

“1.º Las funciones y actuaciones que corresponden al Estado respecto a la legislación y régimen económico de la Seguridad Social, y específicamente las relativas a la materialización del pago de las prestaciones, la relación con las entidades financieras que se derive de las actuaciones de pago de la prestación y reintegro de prestaciones indebidas, así como las competencias de la Tesorería General de a Seguridad Social (TGSS) en materia de recaudación, entre ellas la recaudación ejecutiva.

2.º Retención sobre la cuantía de la prestación por desempleo de los importes de la cotización a la Seguridad Social a efectuar por el trabajador y retención a cuenta del Impuesto de la Renta de Personas Físicas; así como los abonos correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación por desempleo.

3.º Gestión presupuestaria, contable y administrativa para la ordenación y pago a los beneficiarios de la prestación, así como la función interventora correspondientes a dichos actos. De la misma manera, le corresponderá la percepción de los reintegros que se acordaran por cualquier causa, así como los intereses de demora y sanciones pecuniarias que se impusieran. 

5.º El control financiero permanente para determinar que la gestión encomendada a la Comunidad Autónoma del País Vasco se adecua a los principios de legalidad, economía y eficiencia, mediante un análisis periódico por técnicas de muestreo de los procedimientos de gestión realizados, con la finalidad de verificar que se aplican los estándares de gestión y los criterios normativos e interpretativos de forma homogénea. La Comunidad Autónoma del País Vasco adaptará sus procedimientos a las recomendaciones que se deriven de los informes correspondientes, así como, en su caso, de los informes de otros órganos de control externo” (la negrita es mía) .

Un muy amplio y detallado detalle de dicho control financiero, por parte de la Intervención General de la AGE y la de la Seguridad Social, se encuentra recogido en este punto 5º, del que cabe destacar a mi parecer que su objetivo consistirá en comprobar que la gestión autonómica se adecúa a  “a los principios de legalidad, economía y eficiencia”, así como también a si permite “aplicar los estándares de gestión y los criterios normativos e interpretativos de forma homogénea a los establecidos por el Estado” (la negrita es mía) .

Por último, y sobre estas funciones que mantiene en su poder, cabe dejar constancia de una cláusula cuyo contenido parece dejar la puerta abierta a actuaciones propias del País Vasco en materia de organización de la gestión de las prestaciones, ya que la AGE mantiene “desarrollar las funciones como organismo de enlace para la aplicación de los Reglamentos comunitarios de Seguridad Social en materia de desempleo”, si bien ello “sin perjuicio de que puedan existir instituciones competentes en materia de desempleo específicas en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco” (la negrita es mía)

6. El apartado 4 del anexo regula las obligaciones recíprocas y funciones concurrentes de la AGE y de la CCAA, que llevarán a cabo, expone de entrada dicha cláusula, “con el fin de garantizar los principios de igualdad y unidad del sistema de Seguridad Social en todo el territorio del Estado, y sin perjuicio de los establecido en cláusulas anteriores”. Al asumir la gestión de las prestaciones por desempleo la CCAA, la institución u organismos designado por esta, en la actualidad Lanbide, “tendrá consideración de entidad gestora de la protección por desempleo de nivel contributivo y asistencial y podrá ejercer todas las facultades establecidas en la legislación en favor de dicha entidad gestora, incluido el acceso a los datos personales necesarios para realizar dichas funciones en los mismos términos que el Servicio Público de Empleo Estatal, y estará asimismo sujeta a las mismas obligaciones cuyo cumplimiento fuera exigible al Servicio Público de Empleo Estatal en el ejercicio de dichas funciones”,  debiendo la CCAA comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social “toda la información necesaria a efectos de afiliación, cotización y recaudación, y demás competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, suministrando a la misma toda la información necesaria que actualmente lleva a cabo el Servicio Público de Empleo Estatal  (la negrita es mía).

La muy estrecha relación entre el SEPE y Lanbide se pone claramente de manifiesto en el apartado h) de la cláusula Cuarta, ya que la autonomía “utilizará en cesión de uso los sistemas informáticos del Servicio Público de Empleo Estatal para la gestión del reconocimiento de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo y asistencial con el fin de facilitar y asegurar la gestión de las competencias concurrentes entre ambas administraciones y el seguimiento financiero, contable y estadístico”, si bien se deja la puerta abierta a que haya “posibles mejoras, desarrollos conjuntos o propios que se establezcan de común acuerdo para adecuar los sistemas informáticos a las necesidades de gestión de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de integración con sus aplicaciones de gestión” (la negrita es mía) .  

7. La cláusula quinta regula el régimen de financiación, disponiendo que “anualmente del porcentaje correspondiente al índice de imputación utilizado para el cálculo del cupo, de acuerdo con la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la totalidad de los créditos presupuestarios de gasto correspondiente a los capítulos 1, 2 y 6 consignados por el Servicio Público de Empleo Estatal y por el Instituto Social de la Marina, respectivamente, en los programas presupuestarios que financian las funciones y servicios que asume la Comunidad Autónoma del País Vasco, vigentes en cada ejercicio”, fijándose ya las cuantías para 2026. El importe anual se pondrá a disposición de la CCAA mediante “una única transferencia del Servicio Público de Empleo Estatal y del Instituto Social de la Marina, respectivamente, dentro de la segunda quincena del mes de junio del ejercicio correspondiente”.

Dicho sea incidentalmente, en el anexo al RD 123/2026 de traspaso de los medios patrimoniales y personales adscritos a la gestión de la protección por desempleo, se dispone que “... Con carácter adicional, se transfiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco, por una sola vez, la cantidad de 91.795,76 euros”.

8. La cláusula sexta está dedicada a la regulación de la Comisión de coordinación y seguimiento del Acuerdo, integrada de forma paritaria por cuatro miembros de ambas partes, que tendrá entre sus funciones las de promover la cooperación y colaboración en el ámbito de dicha gestión, y efectuar su seguimiento.

Se crea igualmente un órgano de “coordinación y seguimiento del pago”, integrado por seis miembros e igual representación paritaria, al objeto de “garantizar un desarrollo ordenado del proceso de pago, el intercambio de información y la resolución de las incidencias derivadas de la propuesta, ordenación y pago material de las prestaciones y subsidios por desempleo, se crea un Órgano de Coordinación y Seguimiento del Pago, de composición paritaria”. Este precepto deja una puerta abierta a nuevos traspasos de competencias (¿la gestión de la caja única de la Seguridad Social?) ya que no de otra forma debe entenderse el último párrafo de esta cláusula: “A medida que, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, y siguiendo lo pactado en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de 27 de noviembre de 2024, se vayan produciendo nuevos traspasos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Seguridad Social, se evaluarán las competencias de este Órgano de Coordinación y Seguimiento del Pago para adecuarlas a las funciones asumidas” (la negrita es mía).

9. Por fin, la cláusula séptima regula el traslado de expedientes entre ambas administraciones, la octava las posibles modificaciones en el futuro, y la novena la entrada en vigor, vigencia y fecha de efectividad, el 1 de enero de 2027 tal como he expuesto ya con anterioridad.

10. ¿Es posible un acuerdo semejante para la CCAA de Cataluña? Recuerdo que he dedicado amplia atención en este blog a las competencias asumidas por esta en materia laboral y de protección social, remitiendo a las personas interesadas a la entrada “Las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia laboral, empleo, protección y asistencia social, inmigración y función inspectora. Notas breves introductorias previas, y recopilación de artículos publicados en el blog (2007-2024)” 

Sobre la temática tratada en la presente expuse en su día lo siguiente: “¿Puede traspasarse la gestión de las prestaciones no solo contributivas sino también las contributivas en materia de desempleo?, Respecto a las primeras, el TC dejó abierta tal posibilidad en su sentencia 124/1989, por lo que cabe tal posibilidad, y sigue siendo planteada por algunas autonomías (País Vasco y Cataluña), En cuanto a la segundas, también ha sido defendida, en aras a unir las políticas activas de empleo (competencia de las CCAA) y las, mal llamadas a mi parecer, “políticas pasivas” (prestaciones por desempleo, competencia estatal), y esa unión sale fortalecida por la Ley 3/2023 de 28 de febrero de empleo. El debate sigue abierto, siendo en definitiva el punto neurálgico del debate si se rompe o no la caja única”.

Me pronuncié al respecto más recientemente en mi intervención, como Presidente del Consejo Económico y Social de Barcelona, en el acto de presentación del Informe “Primera aproximación a la inversión en políticas activas de empleo y desarrollo local en la ciudad de Barcelona", que tuvo lugar el 18 de febrero  . Las tesis que expuse, considero que siguen siendo plenamente válidas en la actualidad, por lo que me permito reproducirlas, sólo muy ligeramente revisadas, para cerrar la presente entrada:

“... Después de la presentación del Informe, y de las intervenciones de los representantes del Ayuntamiento de Barcelona y del SOC, así como también de los y las representantes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que están presentes en la comisión ejecutiva del CESB, llega el momento de cerrar el acto, y lo haré con unas breves reflexiones sobre las PAEs. ...  

Creo que tendríamos que tomar en consideración:

Cómo está cambiando la fisionomía de la población ocupada en España, Cataluña y Barcelona y RMB, con un incremento importante de la ocupación estable, fruto sin duda de la reforma laboral acordada por los agentes sociales y el gobierno español a finales de diciembre de 2021, y que lleva a repensar las políticas de formación en el sentido de reforzar las cada vez más necesarias adaptaciones a los cambios tecnológicos que se están introduciendo en el ámbito empresarial.

Y esto, sin olvidar que una parte importante de la población en situación de desempleo tiene importantes carencias educativas y laborales que hacen del todo punto necesario continuar avanzando en políticas educativas y laborales que permitan cambiar esta situación.

El impacto que puede tener el proceso de regularización de las personas migrantes en situación irregular en las actividades formativas y en las de gestión de los poderes públicos, sin olvidar la importancia del reconocimiento de sus conocimientos y titulaciones.

Después de tres años de la entrada en vigor de la Ley estatal de empleo, y un año después del real decreto de desarrollo, es necesario seguir insistiendo en las obligaciones de los poderes públicos hacia las personas y las empresas de ofrecer unos servicios a los que aquellos y estas tienen derecho, e impulsar la concertación territorial para aprovechar al máximo las sinergias en los diferentes territorios y teniendo presente sus realidades productivas, es decir su tejido empresarial.

Hace falta a mi parecer avanzar en las políticas de cooperación y coordinación entre los poderes público autonómico y estatal en materia de empleo en Cataluña para poder prestar un servicio integrado a las personas demandantes de empleo y de prestaciones de desempleo. En otra Comunidad Autónoma, el País Vasco se ha pactado muy recientemente el traspaso de la gestión de las prestaciones contributivas y no contributivas para las personas en situación de desempleo. En cualquier caso, lo más importante a mi parecer es potenciar dicha coordinación entre los dos poderes públicos, sin olvidar que la dirección de las políticas de empleo en Cataluña corresponde a la dirección general del SOC. Dicha coordinación debería pasar por establecer estrechos vínculos entre políticas  “activas” (gestión del empleo y de la formación en el trabajo) con las (al) llamadas “pasivas” ( gestión de las prestaciones por desempleo, contributivas y asistenciales), que implicará relacionar esta gestión con la de comprobación de la disponibilidad de personas desempleadas para su acceso al mercado laboral. 

En definitiva, hay que seguir avanzando en el objetivo marcado por las normas internacionales, comunitarias, estatales y autonómicas: que las políticas de empleo, tanto   las activas, como las, incorrectamente denominadas a mi parecer “pasivas”, sirvan a los intereses de las personas y de las empresas...”.

Buena lectura.

 

Real Decreto Ley 2/2024 de 21 de mayo. Notas previas y texto comparado con las modificaciones introducidas en la normativa vigente (y no solo, ni mucho menos, en la Ley General de Seguridad Social).

 

1. El Consejo de Ministros Consejo deMinistros   celebrado el martes 21 de mayo aprobó el Real Decreto-ley 2/2024 Real Decreto-ley 2/2024   , “por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo”. El texto fue publicado en el BOE del día 22.

Es muy importante prestar atención a la disposición final novena, que regula la entrada en vigor y dispone lo siguiente:

“1. La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2024: los apartados dieciocho a veintitrés, ambos incluidos, del artículo segundo, relativos a las nuevas disposiciones adicionales quincuagésima cuarta a quincuagésima novena, así como el apartado veinticuatro del artículo segundo, relativo a la nueva disposición transitoria cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; los apartados dos y cuatro de la disposición derogatoria; la disposición final segunda, salvo su apartado cuatro, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; la disposición final tercera; y el apartado uno de la disposición final sexta.

3. Entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» la disposición final cuarta, excepto sus apartados cinco y ocho, que entrarán en vigor a los seis meses de dicha publicación”

Con el intento por mi parte de facilitar un poco la vida a las y los sufridos lectores y lectoras del BOE, hago referencia a continuación a qué se refieren las disposiciones mencionadas en los apartados 2 y 3.

A) Apartados dieciocho a veintitrés, ambos incluidos, del artículo segundo, relativos a las nuevas disposiciones adicionales quincuagésima cuarta a quincuagésima novena: “Garantía de servicios a personas beneficiarias del nivel asistencial. Evaluación financiera y de mejora de la empleabilidad. Acceso extraordinario a la prestación contributiva por desempleo de las personas trabajadoras transfronterizas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Acceso al subsidio por desempleo de emigrantes retornados. Acceso al subsidio por desempleo por las personas víctimas de violencia de género o sexual. Régimen de compatibilidad aplicable a las prestaciones por desempleo”.

B) Apartado veinticuatro del artículo segundo, relativo a la nueva disposición transitoria cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: “Régimen transitorio de compatibilidad de las prestaciones por desempleo”.

C) Apartados dos y cuatro de la disposición derogatoria: “2. Queda derogada la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (“subsidio extraordinario por desempleo”).  4. Queda derogado el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo

D) La disposición final segunda, salvo su apartado cuatro, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado: “Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto”.

E) La disposición final tercera: “Modificación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

F) El apartado uno de la disposición final sexta: “Modificación del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.  Uno. El artículo 31 queda redactado como sigue: «Artículo 31. Bonificaciones respecto de personas contratadas en determinados sectores de actividad y ámbitos geográficos”

G) Entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» la disposición final cuarta, excepto sus apartados cinco y ocho, que entrarán en vigor a los seis meses de dicha publicación: “Modificación de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital”. Cinco. El artículo 20.1.f) queda redactado como sigue: «f) Se exceptuarán del cómputo de rentas...  Ocho. Se añade una nueva disposición adicional duodécima, en los siguientes términos: «Disposición adicional duodécima. Transición del subsidio por desempleo a la prestación de ingreso mínimo vital”.

2. La historia de esta norma encuentra su origen en la no convalidación del Real Decreto-Ley  7/2023   “por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo”, aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de diciembre de 2023.

En efecto, en la sesión plenaria extraordinaria del Congreso de los Diputados celebrada el 10 de enero, una unión muy sorprendente, a mi parecer, de grupos políticos con planteamientos radicalmente opuestos daba al traste con la pretendida convalidación, por 176 votos en contra y 167 a favor, por lo que la norma quedó derogada.

El citado RDL fue objeto de detallada atención por mi parte en la entrada entrada “Reforma de la LET, EBEP, y muy especialmente de la LGSS (subsidio por desempleo). Notas al RDL 7/2023 de 19 de diciembre y texto comparado con la normativa vigente”  

Tras la derogación del RDL se inició un proceso de negociación las organizaciones sindicales más representativas de ámbito estatal que ha culminado el 8 de mayo con la firma del “Acuerdo para la simplificación y mejora del nivel asistencial por desempleo”    al que dedique mi atención en la entradaentrada “Del (derogado) RDL 7/2023 del 19 de diciembre al (pactado con los sindicatos más representativos de ámbito estatal) Acuerdo de 8 de mayo de 2024. La reforma de la protección asistencial por desempleo. Primeras notas y apuntes” , de la que reproduzco este breve fragmento:

“En la entrada dedicada al examen del RDL 7/2023 incorporé el acceso al texto comparado de las modificaciones introducidas en diversas normas laborales y de protección social, con especial importancia, como acabo de indicar, en la LGSS.

Dicho texto sigue siendo de especial interés, ya que la gran mayoría de modificaciones se mantendrán en la nueva regulación que se apruebe más adelante si hemos de hacer caso, como es lógico, tanto al texto del Acuerdo del 8 de mayo como a la nota de prensa publicada el mismo día por el MITES y por las explicaciones de la negociación y del contenido del acuerdo finalmente alcanzado que ha sido realizado por las organizaciones sindicales firmantes, así como también por diversos medios de comunicación.

En cualquier caso, como siempre debemos hacer los juristas, será obligado esperar a la publicación de la norma, ya sea como proyecto de ley para su pertinente tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva, o como Real Decreto-Ley necesitado de convalidación, para realizar el debido examen de sus contenidos”.   

Cumplo, pues, con la obligación asumida en su momento. 

3. Encontramos una buena síntesis de la norma en la amplia nota de prensanota de prensa publicada por el MITES el día 27, con el título “El Gobierno mejora la protección asistencial del desempleo ampliando colectivos protegidos y permitiendo compatibilidad de las prestaciones” , de la que destaca estos contenidos:

“El proceso administrativo será más ágil y sus beneficiarios se incorporarán a los programas prioritarios de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo

Se elimina el mes de espera para evitar vacíos de cobertura

Las víctimas de violencia sexual y de género podrán acogerse a un nuevo subsidio a partir de los 16 años

Aumenta la cobertura a las personas menores de 45 años sin cargas familiares y las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla

Se reduce a diez el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio de las personas trabajadoras eventuales agrarias

Será posible percibir un Complemento de Apoyo al Empleo hasta un máximo de 180 días para incentivar la incorporación laboral

Se modifica el cómputo de renta individual sobre SMI para excluir a la persona beneficiaria

Se garantizan los mismos derechos para las personas trabajadoras a tiempo parcial

Todas las trabajadoras podrán disfrutar de la acumulación del permiso por lactancia sin necesidad de que lo recoja un acuerdo personal o su convenio colectivo”.

Igualmente, hemos de acudir a la nota de prensa  nota de prensa     publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “El Gobierno regula la transición del subsidio asistencial por desempleo al Ingreso Mínimo Vital”, en la que se destacan estos contenidos:

“Se reducen cargas administrativas para quien ha agotado el subsidio y necesita pasar a ser beneficiario de IMV

Además, el subsidio asistencial por desempleo se excluye de las rentas computables para el IMV cuando en la fecha de la solicitud se hubiera agotado

El Gobierno avanza en el uso de un lenguaje respetuoso. La ‘gran invalidez’ pasa a ser el ‘complemento de asistencia de tercera persona’, y la prestación de ‘invalidez no contributiva’ se denominará ‘incapacidad no contributiva’

Elma Saiz: "Hoy damos un paso más en la accesibilidad al IMV y cumplimos con el compromiso adquirido tras la reforma del artículo 49 de la Constitución adoptando la terminología de la Seguridad Social con un lenguaje más inclusivo acorde a los nuevos tiempos".

Por una organización sindical que suscribió el Acuerdo con el MITES, se ha manifestado ya la satisfacción con la nueva norma. CCOO emitió un comunicado CCOO emitió un comunicado el día 21     en el que mostraba “... su satisfacción por esta aprobación, que aumenta la protección de las personas desempleadas y refuerza las medidas orientadas a su empleabilidad”, si bien estaba en desacuerdo con dos contenidos de la norma y además se la valoración completa de la norma “hasta analizar el contenido finalmente aprobado, especialmente de los elementos relativos al complemento de apoyo al empleo, cuya concreción ha seguido siendo objeto de conversaciones en los últimos días, para mejorar su regulación, así como de algunas otras materias incorporadas en la norma que no forman parte del acuerdo con las organizaciones sindicales”.

Las críticas iban referidas a la modificación del art. 84 del Estatuto de los Trabajadores, “que determina la estructura de la negociación colectiva, mediante un RDL sin contar con los agentes sociales, supone una injerencia en las funciones que el artículo 7 de la Constitución Española, atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales.”, y a la  modificación de la ley del Consejo Económico y Social de España, por considerar que “... la inclusión de esta materia en el RD-Ley que regula la reforma del desempleo no es el vehículo adecuado, máxime cuando el Ministerio de Trabajo ni tan siquiera ha abierto previamente un proceso de consulta y diálogo con los Agentes Sociales y la propia institución”.

Por parte empresarial, se emitió un  muy duro comunicado titulado “Comunicado CEOE-CEPYME-ATA contra la vulneración del diálogo social”, en el que manifiesta, entre otros contenidos, que “... no es la primera vez tampoco que alertamos de que el Ministerio de Trabajo está deliberadamente vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral, en cuyas negociaciones ya pactamos no abordar la cuestión de la prevalencia de los convenios al entender todas las partes que era dañino para los intereses generales y anacrónico en el contexto actual...”, y que “... es todavía más incomprensible la actitud del Gobierno de querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses, como se ha vuelto a ver en el mismo Real Decreto-ley de este martes, con los cambios en el reglamento del CES”.

4. Pongo a continuación (disponible en este enlace) a disposición de todos los lectores y lectoras del blog el texto comparado (exposición de motivos incluida) de la normativa vigente hasta el día 22 de mayo, y la que seguirá vigente por más tiempo en virtud de lo estipulado en la disposición final novena, con las muy numerosas modificaciones introducidas por el RDL 2/2024.  He destacado en negrita todas las modificaciones operadas, aunque siempre es posible, por la compleja redacción del texto, que alguna o algunas se me hayan “escapado”

Como era completamente lógico a mi parecer, quienes han redactado el texto final, han seguido fielmente el RDL 7/2023, incorporando las modificaciones pactadas en el Acuerdo de 8 de mayo y suprimiendo aquellos contenidos de dicha norma que fueron rechazados en el citado acuerdo. Por mi parte, de la exposición de motivos he modificado la ubicación de algunos fragmentos para colocarlos en el lugar idéntico al que aparecían en el RDL 7/2023 para que pueda observarse la práctica identidad entre ambos. Por otra parte, para los distintos cuadros recogidos en la norma respecto a la cuantía y requisitos de prestaciones, incluyó el texto del BOE donde aparece publicada la norma y más concretamente la mención a la página en la que aparecen cada uno de ellos.

5. He destacado en el título de la presente entrada que la norma no modifica únicamente, ni muchos menos, la Ley General de Seguridad Social, aunque esta será ciertamente la norma que sufre un mayor número de cambios.

Nuevamente hay modificaciones de la LET y en el EBEP, indicándose en la disposición final duodécima que “Mediante el número Uno del artículo primero y el artículo tercero se completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo”.

No podían faltar, por enésima vez, modificaciones de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social.

Además, en esta ocasión se incorporan otras modificaciones de relevante importancia, como son las que afectan a la Ley de Ingreso Mínimo Vital y a la de creación del Consejo Económico y Social.

Y otras que tampoco conviene olvidar, como la de la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, el RDL  para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento del empleo, y el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

En fin, que como casi siempre digo al finalizar una entrada del blog, buena lectura... y añado ahora que muy tranquila y con un repertorio normativo actualizado hasta el 22 de mayo en la mano o en el ordenador.

Del (derogado) RDL 7/2023 del 19 de diciembre al (pactado con los sindicatos más representativos de ámbito estatal) Acuerdo de 8 de mayo de 2024. La reforma de la protección asistencial por desempleo. Primeras notas y apuntes.

 

1. El Consejo de Ministros celebrado el 19 de diciembre del pasado año aprobó el Real Decreto-Ley  7/2023   “por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo”.

La presentación del texto en el Congreso de los Diputados, a efectos de su convalidación, no fue precisamente agradable para el gobierno, que vio como una unión muy sorprendente de grupos políticos con planteamientos radicalmente opuestos daba al traste con la pretendida convalidación. En efecto, en la sesión plenaria extraordinariacelebrada el 10 de enero   , el resultado de la votación fue el siguiente: votos emitidos 343; votos a favor, 167, votos en contra, 176. Por consiguiente, el RDL 7/2023 quedó derogado.  

Recupero a continuación la parte de la intervención de la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, en la presentación de la norma

“... el grueso del real decreto ley se dedica, como venía diciéndoles, a la mejora sin precedentes del nivel asistencial de protección por desempleo. Lo resumiré en pocas palabras: protegemos a más gente con más intensidad y de forma más eficaz y sencilla. Déjenme que les desgrane las principales medidas que, por, cierto, se suman a avances muy significativos y que gracias a la mayoría de esta Cámara ya hemos consolidado, como es, por ejemplo, la protección pública por desempleo de las trabajadoras del hogar o de los artistas en nuestro sistema público de desempleo. Ahora, señorías, damos un paso más, incorporamos al nivel asistencial de desempleo y de forma novedosa a los jóvenes menores de 45 años sin responsabilidades familiares. Hacemos lo mismo con los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarias, poniendo remedio a una exclusión injustificada y que ha tardado más de una década en cumplirse. Incorporamos — esto es muy importante— a las personas trabajadoras — voy a hablar en femenino—, a las mujeres trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, poniendo fin a una situación injusta en la que había que ver cómo las mujeres, las trabajadoras marroquíes, venían diariamente a trabajar a España, cotizaban por el desempleo, pero eran excluidas de la protección del desempleo en nuestro país. Esto también lo vamos a aprobar hoy.

Pero, señorías, no solo ampliamos los colectivos que tendrán derecho a este subsidio, sino que ampliamos la cuantía del subsidio por desempleo, que se incrementa hasta los 570 euros en nuestro país, pasando de los 480 euros al mes. Por otra parte, se simplifica notablemente la gestión de los subsidios en lo referido a la solicitud, al nacimiento y la dinámica de los mismos. Entre ellos, y muy importante, es que eliminamos aquella penalización que obligaba a las personas desempleadas a estar un mes desprotegidas para poder acceder al subsidio. Una vez más, acabamos con la lógica de la estigmatización de aquellas personas que, queriendo trabajar, no podían hacerlo. No tenía sentido que las penalizáramos teniendo que estar un mes sin ninguna protección social. Se amplía a seis meses el plazo de solicitud, lo que permite optar durante ese periodo por la búsqueda de empleo sin necesidad de solicitar el subsidio en plazos perentorios. Suprimimos en la mayoría de los subsidios el doble requisito de carencia de rentas, las propias y las de la unidad familiar, para el reconocimiento de los subsidios, de modo que se consideran las rentas propias del solicitante o bien las rentas de la unidad familiar. Además, tanto el requisito de rentas como el de responsabilidades familiares se acreditará mediante una declaración responsable, estos días tan en boga, verificándose estos datos con posterioridad. El reconocimiento inicial y sus prórrogas no será mensual, como hasta ahora. ¿Recuerdan ustedes lo que suponía para un parado o una parada tener que renovar mensualmente, pasar por la oficina de desempleo como una especie de castigo? Pues esto también desaparece en el real decreto que tenemos hoy (aplausos), por supuesto mejorando los derechos de los desempleados, pero permítanme también decirles que eliminando cargas burocráticas a los servicios públicos, a la Función pública de nuestro país.

La coordinación de los subsidios con el acceso al empleo es otro de los ámbitos más destacados de este real decreto ley. Por un lado, se generaliza la compatibilidad — y esto es muy importante— del subsidio con el trabajo por cuenta ajena mediante la percepción de un complemento de apoyo al empleo, con un límite máximo de 180 días en una o varias relaciones laborales, con el objetivo, justamente, de facilitar la reincorporación al trabajo. Por otro lado, se refuerzan las medidas que favorecen el acceso al empleo durante la percepción del subsidio: se intensifica durante dicho tiempo el seguimiento de los servicios de empleo competentes; como he dicho antes, se garantiza el acceso a un itinerario personalizado con un plan formativo personalizado, y se prevé una evaluación específica de cada persona sobre los resultados alcanzados. Todas estas medidas serán objeto de las oportunas evaluaciones, como digo, para determinar su incidencia y para poder adoptar decisiones o, si fuera necesario en su caso, eventuales reformas legales...” (la negrita es mía)

También recupero la intervención de la diputada de Podemos, Noemí Santana  , recordando que dicha fuerza política votó en contra de la convalidación:

“Este real decreto ley nos parece muy positivo en ciertos sentidos. No obstante, creemos que es mejorable. Nos preocupan muchos aspectos, especialmente aquellos recortes que afectan a las personas mayores de 52 años y que son perceptoras del subsidio de desempleo.

Ustedes, señores del Gobierno, nos piden que, en aras de esas mejoras, votemos a favor del decreto y traguemos. Traguemos dejando en la estacada a un colectivo de especial vulnerabilidad y que tiene difícil inserción laboral. Ustedes pretenden, si este decreto ley no sale adelante, poner la carga de culpa en nosotras. Pero lo cierto es que este Gobierno no ha tenido voluntad de negociar, no ha tenido voluntad de sentarse para cambiar aquello que puede ser muy mejorable. Son un gobierno en minoría que no escucha. Y no es que no nos escuchen a nosotras, tampoco están escuchando a sindicatos ni pensionistas, que también les han advertido del empeoramiento de las condiciones de estos mayores de 52 años que perciben el subsidio. Ustedes lo podrán envolver en papel de regalo y ponerle un lazo enorme, pero lo cierto es que el recorte existe. Existe, y esto lo puede comprender hasta mi hijo que tiene cuatro años: 125 es una cantidad mayor que 100. Por lo tanto, esa disminución en la cotización va a ser una disminución en las percepciones futuras de estos pensionistas.

Voy a ponerles un ejemplo. Una persona que haya trabajado durante quince años con un salario medio podría ver disminuido en unos 1900 euros lo que percibe en un año. Por lo tanto, el recorte es claro. Ustedes mismos lo reconocen en la memoria que acompaña al decreto. Reconocen que hay un ahorro de 93,6 millones de euros.

Nosotras pedimos que reconozcan el error, que reviertan ese recorte que contiene el decreto ley, que no intenten justificar lo injustificable llegando a decir cosas como que estas personas que obtienen o que perciben el subsidio son unas privilegiadas porque están cotizando al 125, mientras que trabajadores en activo están cotizando al 100 % porque, de verdad, esto parece una tomadura de pelo. Nadie en su sano juicio entendería dejar un trabajo, un empleo estable, con unas condiciones laborales, por cobrar un subsidio de 480 euros al mes entre 10 y 15 años hasta que llegue su pensión. O dejar caer que hemos ido muy lejos con la subida o el incremento del salario mínimo interprofesional y que, por, tanto, debemos repensarnos esta sobrevaloración en la cotización de las pensiones” .

De verdad, señores del Gobierno, en Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto. Lo único que pedimos es que escuchen, que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto...” (la negrita es mía)

2. Tras la derogación del RDL se inició un proceso de negociación las organizaciones sindicales más representativas de ámbito estatal que ha culminado el 8 de mayo con la firma del “Acuerdo para la simplificación y mejora del nivel asistencial por desempleo”   . Hago referencia expresa a la negociación con la parte sindical ya que las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME manifestaban en un comunicado emitido el mismo día de la firma del Acuerdo que no lo suscribirían, dando estos argumentos:

“... Nuestra postura viene dada porque no se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, sino simplemente un proceso de consulta.

Tras el fracaso en la convalidación del decreto ley en la Cámara Baja, no hemos recibido una nueva propuesta por parte del ministerio hasta este lunes, 6 de mayo a mediodía.

Además, esta propuesta carece de memoria económica, algo de especial gravedad en un momento en que los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados y dado el impacto económico de las medidas recogidas en el documento.

En todo caso pudiese parecer que la premura del proceso para la firma de este miércoles (día y medio) responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real...”.

El acuerdo ya ha sido criticado por una organización sindical más representativa de ámbito autonómico, La Confederación Intersindical Galega (CIG), en una nota de prensa publicada en su página web el 9 de mayo, en la que se exponía, por boca de su secretario general Paulo Carril, que “lo que se está haciendo es dificultar tener unas prestaciones por desempleo justas, tanto en lo que respeta a las prestaciones contributivas como a los subsidios, ya que no va en la dirección de mejorar el acceso, la duración y las cuantías”   

3. Con ocasión de la publicación del RDL 7/2023 publiqué una amplia entrada titulada “Reforma de la LET, EBEP, y muy especialmente de la LGSS (subsidio por desempleo). Notas al RDL 7/2023 de 19 de diciembre y texto comparado con la normativa vigente” , en la que explicaba que la razón de ser de la lejanía en el tiempo (más de cinco meses, hasta el 1 de junio de 2024) de la entrada en vigor de la gran parte de regulación de los subsidios por desempleo se justificaba en el preámbulo de la norma por los profundos cambios que implicaba, que como bien podía comprobarse tras la lectura de la norma, “a los requisitos de acceso; a la determinación de rentas de la unidad familiar; a la dinámica, plazos de solicitud y prórroga periódica”, que una vez que entraran en vigor convivirían con las normas anteriores que pudieran seguir aplicándose, de tal manera que ello hace “... imprescindible adaptar las herramientas tecnológicas para gestionar los nuevos subsidios, manteniendo la configuración actual para la gestión de los anteriores, adaptación tecnológica profunda que es una de las inversiones del Componente 11, «Modernización de las administraciones Públicas» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Y al referirme a la regulación de la prestación asistencial por desempleo ponía énfasis en uno de sus contenidos que, con buen criterio a mi parecer, se destacaba en la exposición de motivos y que enlazaba con los objetivos perseguidos por la Ley3/2023 de 28 de febrero, de Empleo  : la vinculación de la protección con el acuerdo de actividad “de forma que se incorpore a los beneficiarios, que ya son personas en situación de desempleo de larga duración, de forma prioritaria en programas y acciones que posibiliten su reinserción; el acceso garantizado a los servicios de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo a las personas beneficiarias del nivel asistencial de la protección por desempleo”. Una modificación, entre otras muchas, con las que se pretendía, según la exposición de motivos, “favorecer de manera transversal el objetivo de un mercado de trabajo inclusivo y resiliente y responden con coherencia a las políticas públicas para hacer el mercado más dinámico y con capacidad de respuesta para hacer frente a desafíos como el reto demográfico y las transiciones verde y digital”.

4. El mismo día de la aprobación por el Consejo de Ministros del RDL 7/2023, el MITES publicó una amplia nota de prensa titulada “El Gobierno aprueba simplificar y mejorar la protección del nivel asistencial del desempleo”  , en la que daba cuenta de las novedades introducidas, básicamente, en la regulación del citado nivel asistencial en la Ley General de Seguridad Social, que por su indudable interés histórico, a efectos de comparación con la publicada el 8 de mayo tras la firma del acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, reproduzco a continuación:

“Se reducen a dos los supuestos de acceso general: el subsidio por agotamiento y por cotizaciones insuficientes. Se conserva, además, el subsidio de mayores de 52 años.

Se unifican los requisitos de acceso a la Renta Agraria y al subsidio de trabajadores eventuales del Sistema Especial Agrario, sobre el cómputo recíproco de cotizaciones del PROFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario), lo que simplifica los requisitos de acceso y la gestión de estos subsidios específicos.

De manera transitoria, se mantienen los derechos reconocidos con la normativa anterior hasta su extinción.

La norma también prevé facilitar la transición hacia la protección social cuando la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral.

Se amplía el acceso al subsidio de agotamiento de la prestación por desempleo, al permitir el acceso a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares y se unifica la duración de este subsidio en los casos de tener responsabilidades familiares con independencia de la edad en el momento de agotar la prestación.

También se podrán acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.

Se reconoce el derecho al subsidio asistencial por desempleo a los trabajadores eventuales agrarios.

Se mejora la accesibilidad ya que se suprime el mes de espera tras el agotamiento de la prestación contributiva para presentar la solicitud de subsidio por agotamiento y se amplía a 6 meses el plazo de solicitud: la búsqueda de empleo no colisiona con la necesidad de solicitar el subsidio en plazos perentorios.

Con carácter general, el derecho de subsidio nace en el día de su solicitud y desparecen los llamados días consumidos por solicitud fuera de plazo.

El periodo de reconocimiento se reduce a un trimestre y se exige el cumplimiento de los requisitos de carencia de rentas y/o de responsabilidades familiares en el mes natural anterior a la fecha de la solicitud inicial del subsidio y de cada una de sus prórrogas, exigiéndose expresamente una declaración responsable de rentas e ingresos del solicitante.

Se regula la compatibilidad del subsidio con el trabajo por cuenta ajena por un periodo de 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial sin reducción de la cuantía.

Las prestaciones por desempleo (contributiva y subsidio) serán compatibles con las becas y ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de formación profesional o en el trabajo o para realizar prácticas formativas o prácticas académicas externas en entidades públicas o privadas, que formen parte del plan de estudios y se produzcan en el marco de colaboración entre dichas entidades y el centro docente de que se trate.

La prestación estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo mediante la suscripción de un acuerdo de actividad, en el marco de la Ley 3/2023 de 28 de febrero, de Empleo, con un conjunto de servicios que establecen derechos y obligaciones recíprocas entre la persona demandante de los servicios públicos de empleo para incrementar la empleabilidad de la persona.

En la nueva regulación del nivel asistencial se mantiene la acreditación ante el SEPE (y también ante los servicios públicos de empleo autonómicos) de las acciones dirigidas a la búsqueda activa de empleo, reinserción laboral o mejora de la ocupabilidad.

En el marco de la nueva Ley de Empleo, se les garantiza el servicio de tutorización individual, el asesoramiento continuado y atención personalizada.

Las normas que se dicten para la actualización de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo garantizarán el acceso a sus servicios a las personas beneficiarias del nivel asistencial de protección.

Además, en el marco de la evaluación de las Políticas Activas de Empleo, se llevará a cabo una evaluación de la incidencia de este nivel asistencial de protección en la mejora de la empleabilidad de las personas beneficiarias”.

Duración y cuantía

La percepción del nivel asistencial de desempleo se prolongará hasta 30 meses dependiendo de la edad, circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada.

La cuantía, vinculada al IPREM, será del 95% (570 euros mensuales) los 6 primeros meses; 90% los seis meses siguientes y el 80% el resto del período. Será aplicable a los nuevos reconocimientos de este subsidio, no a los anteriores.

Se mantiene el subsidio para mayores de 52 años en su cuantía del 80% IPREM”.

5. En la entrada dedicada al examen del RDL 7/2023 incorporé el acceso al texto comparado de las modificaciones introducidas en diversas normas laborales y de protección social, con especial importancia, como acabo de indicar, en la LGSS.

Dicho texto sigue siendo de especial interés, ya que la gran mayoría de modificaciones se mantendrán en la nueva regulación que se apruebe más adelante si hemos de hacer caso, como es lógico, tanto al texto del Acuerdo del 8 de mayo como a la nota de prensa publicada el mismo día por el MITES y por las explicaciones de la negociación y del contenido del acuerdo finalmente alcanzado que ha sido realizado por las organizaciones sindicales firmantes, así como también por diversos medios de comunicación.

En cualquier caso, como siempre debemos hacer los juristas, será obligado esperar a la publicación de la norma, ya sea como proyecto de ley para su pertinente tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva, o como Real Decreto-Ley necesitado de convalidación, para realizar el debido examen de sus contenidos.  

6. Inicio el análisis por donde indudablemente hay que hacerlo a mi parecer, por el texto suscrito el 8 de mayo, en donde se recogen las líneas maestras, la “letra gruesa” si me permiten la expresión, de las modificaciones, tanto las “recuperadas” del RDL 7/2023 como las novedades con respecto al mismo, que deberán concretarse en la “letra pequeña” del texto normativo que se presente en su día (supongo que muy próximo).

Antes de llegar al Acuerdo propiamente dicho, se subraya la importancia que tiene dentro de la protección social aquella que cubre situaciones de desempleo, con mención expresa, y obligada, al art. 41 de la Constitución; se destacan los avances importantes en dicha protección por desempleo que se plasmaron en los años ochenta del pasado siglo XX con los pactos alcanzados con las organizaciones sindicales, y se crítica las reformas realizadas en etapas históricas anteriores (no se menciona a ningún gobierno en concreto, por lo que cabe entender que se refieren tanto a gobiernos del PP como del PSOE) de incrementar los subsidios asistenciales en detrimento de la protección contributiva.

Tras resaltar la importancia de las decisiones adoptadas durante la devastadora crisis económica y social provocada por la Covid-19, y la importancia de proteger a los colectivos más vulnerables y dar cumplimiento a la reforma 10 del componente 23 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, “Nuevas políticaspúblicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”  , se pasa ya a exponer aquello que se ha acordado, que parte de la premisa general de que el gobierno “desarrollará, promoverá e impulsará el desarrollo de la iniciativa legal oportuna para la SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DEL NIVEL ASISTENCIAL DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO, con los contenidos acordados con los sindicatos más representativos de nuestro país” (las mayúsculas en el texto original), y que la normativa mencionada “incorporará, entre otros aspectos de los acordados”, los que se enumeran a continuación en el Acuerdo, que ¿deliberadamente? son genéricos, a salvo de la referencia concreta a la mejora de los subsidios de desempleo, explicando que la duración será como máximo de 30 meses dependiendo de la edad, circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada, con una cuantía (mejora de la normativa anteriormente aprobada y que no pasó el trámite de convalidación del RDL 7/2023) del 95 % del IPREM los primeros seis meses, del 90 %, los seis siguientes, y del 80 % del resto.

Me interesa destacar un apartado del acuerdo que no he visto recogido ni en los textos de explicación del acuerdo de los sindicatos ni tampoco en el del propio gobierno, ni en medios de comunicación y redes sociales, cuál es que se ha acordado “(el) establecimiento de un control de aplicación del nuevo régimen de compatibilidad a través de la firma de un convenio de colaboración entre el SEPE y el Organismo ITSS, a fin de determinar los supuestos de compatibilidad de las prestaciones por desempleo y trabajo por cuenta ajena que deban ser objeto de las actuaciones inspectoras para el control del fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones por desempleo”  (la negrita es mía).

¿Cuál es la explicación del Acuerdo efectuada desde el gobierno, más concretamente desde el MITES?  Es, sin duda, mucho más breve que la llevada a cabo con ocasión de la aprobación del RDL 7/2023, algo totalmente comprensible a mi entender ya que la “letra pequeña” del nuevo texto todavía está por concretar.

En primer lugar, se destacan las “ideas fuerza” que son las siguientes: “Las personas trabajadoras que se acojan al nuevo modelo del nivel asistencial del desempleo disfrutarán de un acceso más simple, gozarán de mejor protección y podrán compatibilizar los subsidios y prestaciones por desempleo con el empleo. Se elimina el mes de espera para evitar vacíos de cobertura. Las víctimas de violencia sexual y de género podrán acogerse a un nuevo subsidio a partir de los 16 años. Aumenta la cobertura a las personas menores de 45 años sin cargas familiares, trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla y eventuales agrarios Será posible compatibilizar estas percepciones con el empleo”.

A continuación, se concretan en estos términos:

“... Las personas trabajadoras que se acojan al nuevo modelo del nivel asistencial del desempleo disfrutarán de un acceso más simple, gozarán de mejor protección y podrán compatibilizar los subsidios y prestaciones por desempleo con el empleo.

Con carácter general, la norma entrará en vigor en noviembre de 2024.

Mejora de la protección

Se elimina el mes de espera para acompañar de una manera más eficaz la transición a los subsidios sin vacíos en la cobertura en un momento delicado de la vida laboral de las personas trabajadoras.

También podrán acceder colectivos que carecían previamente de esta cobertura como las personas menores de 45 años sin cargas familiares o las personas trabajadoras eventuales agrarias.

Nuevo subsidio para víctimas de violencia de género

Las mujeres mayores de 16 años víctimas de violencia de género podrán acceder al subsidio específico de nueva creación, con las mismas cuantías que el ordinario

 Detalles del acuerdo

Los beneficiarios y beneficiarias del nivel asistencial del desempleo podrán percibir las siguientes cuantías:

6 primeros meses: 95% IPREM 6 meses (570 € según la referencia actual)

6 meses siguientes: 90% IPREM: (540 €)

Resto del periodo: 80% IPREM: (480 €)

Compatibilidad con el empleo

El denominado Complemento de Apoyo al empleo permitirá la compatibilidad tanto del subsidio de desempleo como de la prestación ordinaria.

Se podrá prolongar durante un periodo de 180 días tras agotar un año de subsidio·” (la negrita es mía)

7. Es muy probablemente, al menos ese es mi parecer, en la página web de CCOO en donde encontramos la más amplia y detallada explicación tanto del Acuerdo propiamente dicho como de, al menos, parte de la “letra pequeña” que deberá aparecer en el Proyecto de Ley o en el Real Decreto Ley, inclinándome por mi parte por el primer texto (aunque ya saben que mis dosis de pitoniso jurídico no son precisamente muy buenas) en cuanto que no creo que de otra forma deba entenderse la referencia a la entrada en vigor de las modificaciones en noviembre, tal como se recoge en la nota de prensa del MITES.

En efecto, en el artículo, ya que es algo más que una mera nota de prensa, titulado “Protegermás, mejorar la empleabilidad y ayudar a garantizar el pleno empleo” hay una idea central que enlaza perfectamente con lo que he expuesto con anterioridad, cual es que las medidas acordadas “amplían las inicialmente previstas en el intento de reforma anterior, preserva todas las mejoras incluidas entonces y corrige algunas de las iniciativas que para garantizar que todas las personas desempleadas mejoran su nivel de protección social” (la negrita es mía) . La explicación del contenido del acuerdo se realiza en estos términos:

“El conjunto de medidas acordadas mejorarán la protección social de cientos de miles de personas beneficiarias de las prestaciones de desempleo y mejora la cobertura por desempleo de varios millones de trabajadores, especialmente entre los colectivos más precarizados y con una altísima presencia de mujeres, entre otros:

personas con contrato a tiempo parcial

eventuales agrarios

jóvenes y menores de 45 años sin cargas familiares

desempleados de larga duración

emigrantes retornados

mujeres que han sufrido violencia de género o sexual

Entre las medidas adoptadas destacan, entre otras el incremento de la cuantía del subsidio en los primeros 12 meses de percepción. Mejoran así las cuantías de las prestaciones en los 12 primeros meses de subsidio, estableciendo tres tramos que se inician en el 95% del IPREM durante los primeros 6 meses de percepción (570 €/mes), el 90% (540 €/mes) durante 6 meses adicionales, y el resto de la duración de la prestación mantiene la cuantía actualmente en vigor que se corresponde con el 80% del IPREM (480 €/mes).

Esta medida mejorará la protección social de la totalidad de personas que sean beneficiarias de subsidios por desempleo. Actualmente (marzo 2024) hay 1 millón de personas que están protegidas por algún subsidio de desempleo.

Se ha establecido también la supresión de la parcialidad en la cuantía del subsidio. De manera que se suprime la medida impuesta en la Reforma Laboral del PP en 2012 que reduce la cuantía de los subsidios proporcionalmente al porcentaje de jornada del último contrato de trabajo que tuvo la persona trabajadora, garantizándose ahora la cuantía completa del subsidio a todas las personas desempleadas, con independencia de su tipo de contrato.

Esta medida beneficiará a los 2,9 millones de personas trabajadoras que actualmente (EPA, 2023T4) tienen un contrato a tiempo parcial. De ellas, el 74% (2,1 millones) son mujeres.

Merece también una atención destacada la extensión de la cobertura de los subsidios para menores de 45 años sin cargas familiares que agotan prestación contributiva (antes excluidos), así como para todas las personas eventuales agrarias (que era el único colectivo profesional expresamente excluido de la protección asistencial por desempleo), entre otras muchas medidas...”.

En cuanto a la valoración de UGT, se plasmó en las manifestaciones efectuadas por su secretario general José María Álvarez, con ocasión de la firma del acuerdo, recogidas en la nota de prensa “Este Acuerdo favorece el empleo y aumenta la protección alas personas desempleadas”  , de las que destaco estas dos:

“... que el acuerdo va a corregir la brecha de género en los subsidios generada por la parcialidad, que se podrá compatibilizar el subsidio con el trabajo durante un máximo de 180 días y que se mantiene la cotización del 125% en los subsidios de personas mayores de 52 años.

Además, se destinará 600 millones de euros a políticas Activas de Empleo para este colectivo que tiene especial dificultad en volver al mercado laboral, y este es “el verdadero motor para que estas personas encuentren un empleo y se reincorporen al mundo del trabajo” ...” (la negrita es mía).

8. Vayamos ahora medios de comunicación y redes sociales, en donde, casi siempre, se pueden conocer más datos sobre los contenidos de los acuerdos suscritos en el marco del diálogo social (en esta ocasión solamente bipartito).

A) En primer lugar, voy al artículo firmado en El País por Emilio Sánchez y Raquel Pascual, “Trabajo firma la reforma del subsidio de paro con los sindicatos y sin el apoyo de la patronal     , acompañado del subtítulo “La nueva norma eleva la mayoría de cuantías de 480 a 570 euros mensuales, generaliza la compatibilidad con el empleo y mantiene la base de cotización de los mayores de 52 en el 125%”.

Destaco del artículo que se explica, tal como indicó José María Álvarez en la firma del acuerdo, que Podemos cambiará el sentido de su voto (negativo del RDL 7/2023) ya que el MITES ha mantenido la cotización de 125 % para el subsidio de los mayores de 52 años, que había sido reducida al 100 % en el citado RDL. En efecto, la secretaria general de dicha formación, Ione Belarra, ya se había manifestado en estos términos en su cuenta de la red social twitter el día anterior  , al afirmar que “El gobierno intentó colar un recorte pero fuimos firmes y no lo permitimos. Hoy nos alegramos de que hayan rectificado. Una vez más se demuestra que pelear y hacer ruido sirve para seguir avanzando en derechos”.

Quizá hubiera sido bueno recordar todos los avances importantes que contenía el RDL y que quedaron paralizados por el voto en contra en la convalidación del RDL, pero, en fin, cada fuerza política, como es lógico, defiende sus tesis y trata de demostrar, algunas más que otras, que siempre tienen razón, (tesis, por supuesto, total y completamente mía).

También hay que mencionar algunas dudas, de las que se hace eco el artículo, sobre la compatibilidad entre la las prestaciones (contributiva y asistencial) con un empleo, ya que “los sindicatos hacen hincapié en que el trabajador debe poder optar si recibe o no dicho complemento de apoyo al empleo, porque gasta derechos de percepción de la prestación o el subsidio. Y para garantizar esta cuestión el SEPE debería hacer algunos cambios técnicos, entre otras cosas, de información al trabajador sobre las consecuencias de cobrar dicho complemento”.

En fin, no esta de más subrayar, y así se recoge en el artículo, que la mayoría de quienes reciben la prestación asistencial son mujeres (59 %), que la edad es superior a los 50 años en un 68 %, y que por nacionalidad “971.095 receptores de los subsidios (a finales de 2023), 73.545 son extranjeros (un 8% del total). Es una proporción mucho menor de la que realmente suponen los trabajadores extranjeros sobre el total de la población activa (15%)”.

B) La noticia del Acuerdo fue difundida por el diario.es, en el artículo de  David Noriega  “Trabajo y los sindicatos llegan a un acuerdopara la reforma del subsidio por desempleo”  , acompañado del subtítulo “La ministra Yolanda Díaz y los secretarios generales de UGT y CCOO ratificarán el acuerdo, del que se queda fuera la patronal, que incluye la posibilidad de compatibilizar prestaciones contributivas y empleo”.

En el artículo se subraya la mejora sobre el texto anterior y el mantenimiento de aquellas ya existentes en el RDL 7/2023 “como la ampliación del subsidios en 90 euros, hasta los 570, se amplía a los eventuales agrarios, a las temporeras marroquís que trabajan en España, incorpora como beneficiarios a las personas menores de 45 años sin cargas familiares, hasta ahora excluidas y equipara la cuantía que reciben las personas que habían estado empleadas a tiempo parcial, generalmente mujeres, con aquellas a tiempo completo”, y que  “ahora se incorpora a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género o sexual como receptoras del subsidio y a los emigrantes retornados”.

Respecto al mantenimiento de la cotización de las personas desempleadas y perceptoras del subsidio mayores de 52 años al 125 %, las manifestaciones sindicales recogidas en el artículo son muy claras al respecto: “La causa por la que no prosperó (el anterior real decreto) era esta y ya está retirada”, confirmó el lunes el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo. “Esperamos que pueda ver la luz”, coincidió la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, porque, con este cambio, “no habría ningún elemento que pudiera contravenir” su aprobación.”

C) Veamos ahora cómo valoró el Acuerdo el diario El Mundo, en el artículo de Alejandra Olcese cuyo titular ya permite algo más que entrever su contenido  “El Gobierno cierra con los sindicatos y sin la CEOE un acuerdo para reformar la protección por desempleo: "No es una paguita"     , acompañado del subtítulo “La patronal lamenta que no se ha producido un verdadero proceso de diálogo social y denuncia que Trabajo no ha presentado una memoria económica” .

En cuanto al contenido de la reforma el artículo explica que

“Las novedades principales... son que aumentan el número de colectivos protegidos (por ejemplo, se incluirá a los menores de 45 años sin cargas familiares, a quienes no tienen suficientes meses cotizados, a los emigrantes retornados, los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla, los trabajadores eventuales agrarios y otros grupos antes no cubiertos), se equipara la protección de quienes procedían de un empleo a tiempo completo con los que vienen de uno a tiempo parcial -entre los que abundan las mujeres-, se hace progresiva tanto las prestaciones como el subsidio (que serán más altas -90 euros más- y ahora irán bajando a medida que pasa el tiempo para incentivar al parado a la búsqueda de empleo) y las hace compatibles con el empleo también con el mismo objetivo. Como ha contado EL MUNDO, sólo lo serán a partir de 2026, cuando el parado lleve un año percibiendo la prestación y siempre que el salario percibido en el puesto de trabajo no supere los 1.350 euros mensuales” (la negrita es mía). 

D) Por último, y desde una perspectiva completamente diferente a la anterior, basta con prestar atención al titular, en la página web de Noticias Obreras se publicaba el artículo de su director, José Luis Palacios, titulado “Trabajo ysindicatos defienden que la reforma de la protección al desempleo beneficia alas personas y las empresas”  , en el que, además de referirse al texto acordado y las declaraciones de los secretarios generales de los dos sindicatos firmantes, destaca que

“Sobre la protección social, Díaz ha resaltado que “no es ninguna paguita sino un derecho de las personas trabajadoras, al tiempo que ha querido resolver la polémica sobre los incentivos a la búsqueda del empleo, aportando el dato de que el 80% de los perceptores de prestaciones no agoten su duración.

De paso, ha afeado la gestión de los gobiernos del PP que dejaron los Servicios Públicos de Empleo con un déficit de 76.000 millones, cuando ahora arrojan un superávit de 6.000 millones en el momento de mayor tasa de cobertura de la protección social, que ha elevado por encima del 70%.

Antes de recordar que el diálogo social sigue con tres mesas abiertas, como la relativa a la reducción de la jornada laboral, ha proclamado la importancia de que la ciudadanía entienda que existen “unas instituciones que pelan por sus derechos” y unos agentes sociales, con un mandato constitucional recogido en el artículo siete, que hacen mejor nuestra democracia”.

9. Concluyo este artículo que, como habrán podido comprobar los lectores y lectoras si han llegado hasta aquí, ha sido una explicación de aquello que se ha firmado, y que ahora queda por plasmar en la norma que se apruebe.

Ya he dicho, y reitero, que las novedades incorporadas a la LGSS por el RDL 7/2023 de 19 de diciembre, se han mantenido, y que con el Acuerdo se ha ampliado el derecho a la percepción del subsidio para algunos colectivos, se ha incrementado la cuantía de la prestación durante doce meses, y se ha suprimido el que parecía ser el “obstáculo” (más político que jurídico a mi parecer) para la aprobación de la norma, el mantenimiento de la cotización al 125 % para quienes perciben el subsidio siendo mayores de 52 años.

Y ahora, a esperar la “letra pequeña” para poder llevar a cabo el análisis jurídico correspondiente.

Mientras tanto, buena lectura.