1. Inició el estudio de las enmiendas por las presentadas por el grupo socialista (números 278 a 291), dado que son lógicamente las que tiene más posibilidades, en su redacción actual o con transacción con otros grupos, de ser aprobadas e incorporadas a la futura ley.
A) Se propone modificar el artículo 15.5 de la Ley del Estatuto de los trabajadores para que no computen, a efectos de encadenamiento de contratos temporales y su conversión posterior en indefinidos, aquellos contratos de duración determinada “celebrados en el marco de programas públicos de empleo-formación", es decir, tal como se explica en la motivación de la enmienda, se trata de excluir del “riesgo” de conversión en indefinidos a los contratos temporales que incorporen actividad formativa junto con la prestación laboral y que se desarrollen por las distintas administraciones públicas, que son financiados en su totalidad por subvenciones públicas.
B) Supongo que la enmienda trata de dar respuesta a las reiteradas críticas formuladas principalmente desde las Administraciones Locales (las he oído en todas las sesiones de trabajo que he compartido con representantes de dichas AA PP, y así lo he explicado en anteriores entradas del blog), dado que buena parte de sus planes o programas de empleo-formación tienen una duración determinada y se renuevan cada año en función de las disponibilidades presupuestarias, de tal manera que todo aquello que se hacía en época de expansión económica, hasta 2008, no tiene por qué hacerse en época de crisis, pero la dicción del actual art. 15.5 plantea problemas importantes para las AA PP que tienen a su servicio trabajadores que han superado los períodos de prestación de servicios con más de un contrato en el plazo marcado por la ley. También es cierto que el artículo 52 e) permite la extinción de los contratos cuando no haya presupuesto al efecto, pero no es menos cierto que esa es una extinción por causas objetivas y que hay que abonar la indemnización legalmente establecida.
Por consiguiente, parece que la enmienda socialista permitiría, de prosperar, que las AA PP pusieran en marcha planes de empleo – formación según las disponibilidades presupuestarias, y que aquellos contratos de duración determinada celebrados al amparo de la normativa vigente (por cierto, en algunas CC AA hay planes de empleo – formación en los que se fija una duración máxima de los contratos que se formalicen) no se computen para el cómputo del encadenamiento contractual y posterior conversión del último contrato temporal en indefinido.
B) Enmiendas de menor calado son a mi entender las presentadas en punto a fortalecer, tanto cuando se trate de modificación sustancial de condiciones de trabajo y de inaplicación de las cláusulas salariales de un convenio colectivo sectorial, los períodos de consulta entre las partes afectadas como paso previo a la adopción de la decisión cuando hubiere acuerdo de las partes en primera instancia, tras la fase de mediación/conciliación, o bien cuando se acuerde acudir a la vía del arbitraje obligatorio a instancia de ambas partes. Igualmente, la manifestación expresa (que creo que ya se deduce del texto actualmente en vigor) que cuando el período de consultas finalice con acuerdo “•se presumirá que concurren las causas justificativas de la inaplicación salarial”.
C) Con respecto a la bonificación de los contratos indefinidos, o a la novación de los de duración determinada, las enmiendas socialistas concretan la cuantía de la bonificación también por meses (y no sólo por años como ocurre en el RDL 10/2010), incluyen expresamente a los socios-trabajadores y a las empresas de economía social entre los sujetos y entidades beneficiarias de la política de fomento de la contratación, y vinculan el mantenimiento de la bonificación, cuando el trabajador bonificado cause baja, a la nueva contratación de un trabajador perteneciente al mismo colectivo, ya que en los demás supuestos, tal como se explica en la motivación de la enmienda, “la cobertura de vacante no generaría derecho a bonificaciones”.
D) Respecto a la contratación en prácticas, la enmienda presentada trata de evitar que se haga un uso perverso de las posibilidades que ofrecerá la futura ley al permitir la contratación de graduados que tengan titulación de máster y doctorado, posibilidad que una lectura sesgada de la norma podría, ciertamente, propiciar.
Se trata de conseguir que el contrato de trabajo en prácticas se realice con una persona que tenga el título de grado, máster o en su caso doctorado, y que se vincule a la titulación obtenida, y se trata de evitar que una persona que sea doctor, por ejemplo, tras haber obtenido los títulos de grado y máster con anterioridad, sea contratado 6 años con la interpretación literal de la norma que permitiría la contratación, durante un período máximo de 2 años, por cada título obtenido. En definitiva, quien obtenga el título de grado puede ser contratado en prácticas, y si durante su vigencia obtiene el título de máster o de doctorado podrá formalizarse un nuevo contrato, pero no será así cuando a quien se contrata es a una persona, por ejemplo, que dispone del título de doctor y que ya no puede realizar prácticas laborales al amparo de sus títulos de grado y, en su caso, de máster.
E) Por otra parte, se propone la modificación de la normativa sobre ETTs a fin de permitir que la indemnización prevista para el contrato de puesta a disposición (y se menciona de forma expresa el de fijo de obra en el sector de la construcción) pueda abonarse en su integridad aún cuando sea superior a la de los 12 días por año de servicio prevista en la Ley 14/1994, de tal manera que la indemnización a abonar sería la fijada en dicha ley “o la establecida en su caso en la normativa específica que sea de aplicación”. Igualmente, se traslada al ámbito normativo legal la posibilidad ya prevista en sede normativa convencional de las ETTs de que la indemnización pueda ser prorrateada durante la vigencia del contrato.
F) A fin y efecto de reforzar la seguridad y salud de los trabajadores contratados por ETTs se propone la consideración de infracción empresarial (artículos 18 y 19 de la LISOS) cuando la prestación de los trabajadores puestos a disposición de la empresa usuaria se lleve a cabo tras haber formalizado el contrato sin haber cumplido los requisitos previos para garantizar dicha seguridad y salud laboral, es decir no solo cuando esa puesta a disposición se realice en supuestos no permitidos de “trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad o salud en el trabajo”.
G) En fin, dos enmiendas tratan de modificar la recientemente aprobada Ley por la que se regula el derecho al percibo de prestaciones por cese de actividad del trabajador autónomo, más concretamente dos preceptos que fueron aprobados con el voto contrario del grupo socialista, enmiendas para las que este grupo espera contar con el apoyo del grupo nacionalista vasco.
La primera, se refiere al período de tiempo que el trabajador autónomo deberá esperar desde el reconocimiento del último derecho a la prestación económica para poder volver a ejercer dicho derecho. En la enmienda socialista el período es de 18 meses, mientras que en el texto aprobado en la nueva ley se reduce a 12 meses, si bien es cierto que en este último se hace referencia al transcurso de 12 meses “desde la extinción del derecho anterior”, y de ahí que en el debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado el senado socialista Sr. Pliego expusiera los problemas que la aprobación del texto puede implicar al no poder solicitarse el percibo de una nueva prestación hasta que se extinga el derecho anterior.
Con respecto a la segunda, se pide la derogación de la nueva disposición adicional decimotercera, que ha reconocido, a propuesta de CiU, el derecho a una prestación no contributiva, a partir del 1 de enero de 2009, a los autónomos que no puedan acceder a las prestaciones contributivas. Ciertamente esta es una cuestión polémica, ya que se introduce una prestación no contributiva en una norma que tiene por finalidad básica regular la prestación contributiva por cese de actividad, y de ahí las críticas de los portavoces socialistas en el Senado. Supongo que el voto favorable del PNV puede contribuir a la derogación de un precepto que, por consiguiente, no habría estado nunca en vigor, ya que la ley de los autónomos entrará en vigor a los 3 meses de su publicación. Espero volver sobre esta cuestión con más detalle cuando analice la nueva normativa del cese de actividad y dicho sea ahora incidentalmente, el texto aprobado tiene numerosos puntos de coincidencia con el vigente en Cataluña para este mismo colectivo, aprobado por el gobierno tripartito.
EL NUEVO Y CAMBIANTE MUNDO DEL TRABAJO. UNA MIRADA ABIERTA Y CRÍTICA A LAS NUEVAS REALIDADES LABORALES
martes, 27 de julio de 2010
La tramitación parlamentaria del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (I).
1. En anteriores entradas del blog expliqué el contenido del Real Decreto-Ley 10/2010 de 16 de junio, cuya tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia se acordó por el Pleno del Congreso de los Diputados el 22 de junio. No obstante, dicha urgencia parece que lo ha sido algo (o mucho) menos en la práctica, aprovechando los grupos parlamentarios las posibilidades que ofrece el Reglamento del Congreso para ampliar al máximo el plazo de presentación de enmiendas. En efecto, si el plazo inicial para dicha presentación finalizaba el 5 de julio, se amplió hasta el día 14 para las enmiendas a la totalidad y hasta el día 21, a las 20 horas, para las enmiendas al articulado.
Las dos enmiendas a la totalidad, presentadas por el grupo mixto, o más exactamente por el BNG, y por IU-ICV, entraron en el registro del Congreso a media tarde del día 14, y han sido objeto de debate, y rechazo, en la sesión plenaria del día 21. Las enmiendas al texto articulado se presentaron los días 20 y 21, siendo destacable que los cuatros grupos parlamentarios con mayor presencia en la Cámara presentaron sus enmiendas pocos minutos antes de las 20 horas del día 21. Puede ser que el debate sobre el estado de la Nación y el trabajo de su señorías en cuanto a la presentación de resoluciones tenga algo que ver con el retraso en la presentación de enmiendas al texto de reforma laboral, pero en cualquier caso no deja de ser una pura hipótesis de trabajo.
Mi propósito, a partir de esta entrada, es proceder a la explicación de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Para ello, analizaré las 344 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, publicadas en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el día 27, poniendo el acento obviamente sólo, ya lo adelanto, en aquellos aspectos que creo que pueden ser de importancia para un hipotético cambio del RDL 10/2010 y que marcan las pautas de por dónde quieren que vaya la reforma por parte de los citados grupos. Las enmiendas a la totalidad del BNG y de ERC-IU-ICV también serán objeto de atención al analizar las enmiendas al articulado, dado que la mayor parte de los textos rechazados han sido también presentados como enmiendas a los diferentes artículos del proyecto de ley. A efectos cuantitativos, que no cualitativos, el grupo popular ocupa el primer lugar con la presentación de 71 enmiendas, seguido por IU-ICV (54), CiU (53), ERC (33), PNV (26), BNG (22), UPyD (219), UPN (17), CC (16), UPN (14) y PSOE (13).
2. El primer trámite parlamentario de la reforma tuvo lugar, aunque fuera de forma indirecta, en el debate sobre el estado de la Nación que tuvo lugar los días 14 y 15 de julio en el Congreso. En la Comunicación presentada por el gobierno el día 5 se mencionaba la necesidad de abordar tres reformas para la mejora de la economía española, siendo una de ellas la del mercado laboral, junto con las del sistema de pensiones y del sistema financiero, y se juzgaba “imprescindible” concluir y aplicar “cuanto antes” tales reformas, al objeto de “incrementar la competitividad y sostenibilidad de nuestro modelo productivo”, lanzando el mensaje de que sería conveniente y necesario “hacerlo con un amplio consenso de las fuerzas políticas representadas en la Cámara”.
En su primera intervención del día 14, el presidente del gobierno animaba a los diputados y diputadas a “a culminar una reforma que, manteniendo la red de derechos de los trabajadores y el equilibrio entre estos y los empresarios, en el seno de las empresas consiga reducir efectivamente la dualidad, promover la estabilidad laboral y facilitar la adaptación de las empresas a las condiciones cada vez más exigentes de la globalización económica”, y manifestaba el deseo del gobierno de mejorar el texto presentado con la aceptación de aquellas enmiendas que doten a la reforma de mayor efectividad, argumentándolo de la siguiente manera: “Primero, porque considero que, como todo, la reforma es mejorable y, segundo, porque estimo que un alto grado de respaldo político redundará en una mayor eficacia de la reforma y en aumentar la confianza en la recuperación de la economía y en la creación de empleo. Puede ser una de las reformas más importantes de los últimos años y deseo que sea la reforma de una amplia mayoría de esta Cámara”.
En las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, con la lógica excepción del grupo socialista, se reiteraron las críticas a la reforma laboral que se habían venido realizando desde su aprobación, críticas que se plasmarían más adelante en las enmiendas a la totalidad y al articulado del proyecto de ley. No me detengo más en este punto por dos motivos: en primer lugar, porque no hubo propuestas concretas sobre la reforma en las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios; sólo cabe mencionar una propuesta genérica del grupo popular sobre la modernización de las relaciones laborales, y otra de CiU con propuestas de complemento para la creación de empleo y mejora de la formación; en segundo término, porque no ha habido ninguna propuesta aprobada que trate justamente sobre la reforma. No deja de ser curioso, a mi parecer, que el gobierno destacara la importancia de dicha reforma y que después no haya intentado que hubiera alguna resolución en esta línea, algo que sin duda parece que abona la tesis de las dificultades con que puede encontrarse para negociarla, tanto en el Congreso como en el Senado.
3. La tramitación parlamentaria propiamente dicha de la reforma laboral se inició en el Pleno del Congreso del día 21 de julio con el debate de las enmiendas a la totalidad. Por parte del BNG se puso el acento crítico en el abaratamiento del despido, la calificada de confusa redacción de las causas de extinción por razones objetivas, la apertura a la iniciativa privada de la intermediación laboral, o la posibilidad del descuelgue de las empresas de la aplicación del convenio colectivo sectorial. IU-ICV puso especial énfasis en sus críticas a la extinción del contrato y a la apertura a la iniciativa privada de la intermediación laboral, pidiendo una mayor causalidad de la contratación y apostar por la flexibilidad interna, pero no con un incremento del poder empresarial, como se afirma que efectúa la propuesta de reforma, sino mediante “la ampliación de los derechos de participación sindical en los centros de trabajo, pasando del simple derecho de información y consulta a la negociación efectiva y al acuerdo”. De no menor importancia a mi parecer, aunque no sea tomada en consideración, es la propuesta de supresión del llamado “despido exprés” regulado en el artículo 56.2 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y también la de otorgar la opción de readmisión o indemnización al trabajador en el supuesto de que el despido sea declarado improcedente. La enmienda del BNG fue rechazada por 6 votos a favor, 338 en contra y 5 abstenciones, mientras que la de IU-ICV lo fue por 5 votos a favor, 341 en contra y 3 abstenciones.
4. Con ocasión del debate de estas enmiendas a la totalidad los grupos parlamentarios aprovecharon la oportunidad para ir fijando sus posiciones ante el debate posterior de las enmiendas al articulado, y destaco ahora algunas de las tesis o propuestas que me han parecido más significativas.
A) Para ERC, por boca de su diputado Sr. Tardà, hay que evitar una regulación genérica de las causas de despido objetivo y hay que vincularlas a una situación real de pérdidas de la empresa; es necesario avanzar en medidas dirigidas al acceso al empleo de los jóvenes, proponiéndose la recuperación de la figura del “aprendiz estable en las empresas”; en fin, se debería ser prudente en la no aplicación del convenio colectivo cuando haya razones que así lo justifiquen, prestar especial atención a los marcos autonómicos en materia de negociación colectiva, y evitar “una excesiva sindicalización de las pequeñas empresas, porque el trabajador nos parece que tiene que tener también libertad de elegir representantes no sindicales”.
B) La idea central de la intervención del representante del PNV, Sr. Olavarría, me parece que es el incremento de la desprotección del trabajador con la nueva reforma, que continua a su parecer con la iniciada en reformas anteriores y que cuestiona la configuración clásica del Derecho del Trabajo; o por decirlo con sus propias palabras “esto es una vuelta de tuerca más en esa desestructuración del derecho del trabajo y su carácter tuitivo para la parte más débil de la relación laboral, que es la constituida por los trabajadores”. Otro aspecto nuclear de su intervención, coherente con las tesis defendidas por el grupo nacionalista vasco y que se plasman después en las enmiendas, es la conveniencia de regular una articulación concurrencial entre los diferentes convenios que puedan ser de aplicación, cambiando los criterios actualmente vigentes para que dicha primacía vaya del convenio de empresa al provincial, de comunidad autónoma y finalmente el estatal. Y también dignas de destacar me parecen sus críticas a la mala utilización de los contratos formativos, señaladamente el contrato de trabajo en prácticas, y al “efecto perverso” que a su parecer podría tener la descausalización del despido objetivo.
C) Para CiU, más exactamente para el Sr. Campuzano, la tesis central es que sí hay que modificar la regulación laboral vigente porque no se adecúa a los cambios habidos en el terreno económico y social, en especial porque, y esta es una característica relevante de las enmiendas de CiU, hay que prestar mucha atención a las medianas y pequeñas empresas, potenciando su capacidad de adaptación y adecuación a los cambios productivos, al mismo tiempo que se pone el acento en la potenciación de la vertiente formativa de los trabajadores y en la estrecha relación entre las políticas activas y pasivas de empleo, así como también entre la iniciativa pública y la privada en el ámbito de la intermediación laboral.
D) El grupo popular, por medio del Sr. Echániz, centró su intervención en las conocidas críticas al gobierno de falta de capacidad para abordar los problemas de la realidad económica y social española, calificando la reforma de “insustancial” y “coyuntural”, por considerar que no va a dar respuestas adecuadas a la difícil situación en la que viven muchas empresas y muchos trabajadores. A la reforma, dicho sea incidentalmente, también se refirió el Presidente del PP, Sr. Rajoy, en su intervención de ayer lunes en los cursos de verano de la UCM en San Lorenzo del Escorial, calificando la forma como fue aprobado el Real Decreto-Ley 10/2010 de 16 de junio como “atropellada y chapucera”, y esperando “que se acepten, para intentar mejorarlo, algunas de las 71 enmiendas que ha presentado el Partido Popular a la Reforma del mercado laboral y que se debatirán esta semana”.
Las críticas del PP a la reforma laboral se centran, a juzgar por la intervención del Sr. Echániz, en la obsesión del gobierno por abaratar el despido, facilitar su financiación a cargo de fondos públicos, y copiar modelos europeos “con escasa adaptabilidad, en algunos casos, a nuestra realidad”, además de tener múltiples carencias en otros ámbitos. Se ofrecen a mejorar la reforma con sus enmiendas y con sus alternativas, aunque no me parece que el gobierno las vaya a tomar en consideración salvo cuando no pueda pactar con otros grupos parlamentarios las modificaciones que sea necesario introducir para que el texto pueda ser (pura aritmética parlamentaria) aprobado.
E) Por último, la intervención del portavoz del grupo socialista, Sr. Membrado, puso el acento en destacar todos los aspectos positivos de la reforma y que tratan de adaptar el marco normativo laboral a las realidades económicas y productivas actuales, potenciando la contratación indefinida, los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas, corregir la dualidad del mercado de trabajo y “articular mecanismos para situar el despido como la última solución”.
Se lanzó un mensaje a todos los grupos, que habrá que ver cómo se concreta en la ponencia (reunión prevista para el día 27) y en la Comisión de Trabajo e Inmigración (convocada el día 29), sobre la conveniencia y necesidad de sacar adelante una reforma “que tenga el mayor grado de acuerdo posible, y no porque primen unos intereses por encima de otros, sino porque haya elementos que sean el denominador común de la situación que tenemos en estos momentos y la salida que podemos consensuar”, que supla la falta de acuerdo en el ámbito social por el acuerdo en el terreno político. ¿Se conseguirá?
Continuará… con el análisis de las enmiendas, es decir ya con las cartas boca arriba y sobre la mesa.
Las dos enmiendas a la totalidad, presentadas por el grupo mixto, o más exactamente por el BNG, y por IU-ICV, entraron en el registro del Congreso a media tarde del día 14, y han sido objeto de debate, y rechazo, en la sesión plenaria del día 21. Las enmiendas al texto articulado se presentaron los días 20 y 21, siendo destacable que los cuatros grupos parlamentarios con mayor presencia en la Cámara presentaron sus enmiendas pocos minutos antes de las 20 horas del día 21. Puede ser que el debate sobre el estado de la Nación y el trabajo de su señorías en cuanto a la presentación de resoluciones tenga algo que ver con el retraso en la presentación de enmiendas al texto de reforma laboral, pero en cualquier caso no deja de ser una pura hipótesis de trabajo.
Mi propósito, a partir de esta entrada, es proceder a la explicación de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Para ello, analizaré las 344 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, publicadas en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el día 27, poniendo el acento obviamente sólo, ya lo adelanto, en aquellos aspectos que creo que pueden ser de importancia para un hipotético cambio del RDL 10/2010 y que marcan las pautas de por dónde quieren que vaya la reforma por parte de los citados grupos. Las enmiendas a la totalidad del BNG y de ERC-IU-ICV también serán objeto de atención al analizar las enmiendas al articulado, dado que la mayor parte de los textos rechazados han sido también presentados como enmiendas a los diferentes artículos del proyecto de ley. A efectos cuantitativos, que no cualitativos, el grupo popular ocupa el primer lugar con la presentación de 71 enmiendas, seguido por IU-ICV (54), CiU (53), ERC (33), PNV (26), BNG (22), UPyD (219), UPN (17), CC (16), UPN (14) y PSOE (13).
2. El primer trámite parlamentario de la reforma tuvo lugar, aunque fuera de forma indirecta, en el debate sobre el estado de la Nación que tuvo lugar los días 14 y 15 de julio en el Congreso. En la Comunicación presentada por el gobierno el día 5 se mencionaba la necesidad de abordar tres reformas para la mejora de la economía española, siendo una de ellas la del mercado laboral, junto con las del sistema de pensiones y del sistema financiero, y se juzgaba “imprescindible” concluir y aplicar “cuanto antes” tales reformas, al objeto de “incrementar la competitividad y sostenibilidad de nuestro modelo productivo”, lanzando el mensaje de que sería conveniente y necesario “hacerlo con un amplio consenso de las fuerzas políticas representadas en la Cámara”.
En su primera intervención del día 14, el presidente del gobierno animaba a los diputados y diputadas a “a culminar una reforma que, manteniendo la red de derechos de los trabajadores y el equilibrio entre estos y los empresarios, en el seno de las empresas consiga reducir efectivamente la dualidad, promover la estabilidad laboral y facilitar la adaptación de las empresas a las condiciones cada vez más exigentes de la globalización económica”, y manifestaba el deseo del gobierno de mejorar el texto presentado con la aceptación de aquellas enmiendas que doten a la reforma de mayor efectividad, argumentándolo de la siguiente manera: “Primero, porque considero que, como todo, la reforma es mejorable y, segundo, porque estimo que un alto grado de respaldo político redundará en una mayor eficacia de la reforma y en aumentar la confianza en la recuperación de la economía y en la creación de empleo. Puede ser una de las reformas más importantes de los últimos años y deseo que sea la reforma de una amplia mayoría de esta Cámara”.
En las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, con la lógica excepción del grupo socialista, se reiteraron las críticas a la reforma laboral que se habían venido realizando desde su aprobación, críticas que se plasmarían más adelante en las enmiendas a la totalidad y al articulado del proyecto de ley. No me detengo más en este punto por dos motivos: en primer lugar, porque no hubo propuestas concretas sobre la reforma en las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios; sólo cabe mencionar una propuesta genérica del grupo popular sobre la modernización de las relaciones laborales, y otra de CiU con propuestas de complemento para la creación de empleo y mejora de la formación; en segundo término, porque no ha habido ninguna propuesta aprobada que trate justamente sobre la reforma. No deja de ser curioso, a mi parecer, que el gobierno destacara la importancia de dicha reforma y que después no haya intentado que hubiera alguna resolución en esta línea, algo que sin duda parece que abona la tesis de las dificultades con que puede encontrarse para negociarla, tanto en el Congreso como en el Senado.
3. La tramitación parlamentaria propiamente dicha de la reforma laboral se inició en el Pleno del Congreso del día 21 de julio con el debate de las enmiendas a la totalidad. Por parte del BNG se puso el acento crítico en el abaratamiento del despido, la calificada de confusa redacción de las causas de extinción por razones objetivas, la apertura a la iniciativa privada de la intermediación laboral, o la posibilidad del descuelgue de las empresas de la aplicación del convenio colectivo sectorial. IU-ICV puso especial énfasis en sus críticas a la extinción del contrato y a la apertura a la iniciativa privada de la intermediación laboral, pidiendo una mayor causalidad de la contratación y apostar por la flexibilidad interna, pero no con un incremento del poder empresarial, como se afirma que efectúa la propuesta de reforma, sino mediante “la ampliación de los derechos de participación sindical en los centros de trabajo, pasando del simple derecho de información y consulta a la negociación efectiva y al acuerdo”. De no menor importancia a mi parecer, aunque no sea tomada en consideración, es la propuesta de supresión del llamado “despido exprés” regulado en el artículo 56.2 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y también la de otorgar la opción de readmisión o indemnización al trabajador en el supuesto de que el despido sea declarado improcedente. La enmienda del BNG fue rechazada por 6 votos a favor, 338 en contra y 5 abstenciones, mientras que la de IU-ICV lo fue por 5 votos a favor, 341 en contra y 3 abstenciones.
4. Con ocasión del debate de estas enmiendas a la totalidad los grupos parlamentarios aprovecharon la oportunidad para ir fijando sus posiciones ante el debate posterior de las enmiendas al articulado, y destaco ahora algunas de las tesis o propuestas que me han parecido más significativas.
A) Para ERC, por boca de su diputado Sr. Tardà, hay que evitar una regulación genérica de las causas de despido objetivo y hay que vincularlas a una situación real de pérdidas de la empresa; es necesario avanzar en medidas dirigidas al acceso al empleo de los jóvenes, proponiéndose la recuperación de la figura del “aprendiz estable en las empresas”; en fin, se debería ser prudente en la no aplicación del convenio colectivo cuando haya razones que así lo justifiquen, prestar especial atención a los marcos autonómicos en materia de negociación colectiva, y evitar “una excesiva sindicalización de las pequeñas empresas, porque el trabajador nos parece que tiene que tener también libertad de elegir representantes no sindicales”.
B) La idea central de la intervención del representante del PNV, Sr. Olavarría, me parece que es el incremento de la desprotección del trabajador con la nueva reforma, que continua a su parecer con la iniciada en reformas anteriores y que cuestiona la configuración clásica del Derecho del Trabajo; o por decirlo con sus propias palabras “esto es una vuelta de tuerca más en esa desestructuración del derecho del trabajo y su carácter tuitivo para la parte más débil de la relación laboral, que es la constituida por los trabajadores”. Otro aspecto nuclear de su intervención, coherente con las tesis defendidas por el grupo nacionalista vasco y que se plasman después en las enmiendas, es la conveniencia de regular una articulación concurrencial entre los diferentes convenios que puedan ser de aplicación, cambiando los criterios actualmente vigentes para que dicha primacía vaya del convenio de empresa al provincial, de comunidad autónoma y finalmente el estatal. Y también dignas de destacar me parecen sus críticas a la mala utilización de los contratos formativos, señaladamente el contrato de trabajo en prácticas, y al “efecto perverso” que a su parecer podría tener la descausalización del despido objetivo.
C) Para CiU, más exactamente para el Sr. Campuzano, la tesis central es que sí hay que modificar la regulación laboral vigente porque no se adecúa a los cambios habidos en el terreno económico y social, en especial porque, y esta es una característica relevante de las enmiendas de CiU, hay que prestar mucha atención a las medianas y pequeñas empresas, potenciando su capacidad de adaptación y adecuación a los cambios productivos, al mismo tiempo que se pone el acento en la potenciación de la vertiente formativa de los trabajadores y en la estrecha relación entre las políticas activas y pasivas de empleo, así como también entre la iniciativa pública y la privada en el ámbito de la intermediación laboral.
D) El grupo popular, por medio del Sr. Echániz, centró su intervención en las conocidas críticas al gobierno de falta de capacidad para abordar los problemas de la realidad económica y social española, calificando la reforma de “insustancial” y “coyuntural”, por considerar que no va a dar respuestas adecuadas a la difícil situación en la que viven muchas empresas y muchos trabajadores. A la reforma, dicho sea incidentalmente, también se refirió el Presidente del PP, Sr. Rajoy, en su intervención de ayer lunes en los cursos de verano de la UCM en San Lorenzo del Escorial, calificando la forma como fue aprobado el Real Decreto-Ley 10/2010 de 16 de junio como “atropellada y chapucera”, y esperando “que se acepten, para intentar mejorarlo, algunas de las 71 enmiendas que ha presentado el Partido Popular a la Reforma del mercado laboral y que se debatirán esta semana”.
Las críticas del PP a la reforma laboral se centran, a juzgar por la intervención del Sr. Echániz, en la obsesión del gobierno por abaratar el despido, facilitar su financiación a cargo de fondos públicos, y copiar modelos europeos “con escasa adaptabilidad, en algunos casos, a nuestra realidad”, además de tener múltiples carencias en otros ámbitos. Se ofrecen a mejorar la reforma con sus enmiendas y con sus alternativas, aunque no me parece que el gobierno las vaya a tomar en consideración salvo cuando no pueda pactar con otros grupos parlamentarios las modificaciones que sea necesario introducir para que el texto pueda ser (pura aritmética parlamentaria) aprobado.
E) Por último, la intervención del portavoz del grupo socialista, Sr. Membrado, puso el acento en destacar todos los aspectos positivos de la reforma y que tratan de adaptar el marco normativo laboral a las realidades económicas y productivas actuales, potenciando la contratación indefinida, los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas, corregir la dualidad del mercado de trabajo y “articular mecanismos para situar el despido como la última solución”.
Se lanzó un mensaje a todos los grupos, que habrá que ver cómo se concreta en la ponencia (reunión prevista para el día 27) y en la Comisión de Trabajo e Inmigración (convocada el día 29), sobre la conveniencia y necesidad de sacar adelante una reforma “que tenga el mayor grado de acuerdo posible, y no porque primen unos intereses por encima de otros, sino porque haya elementos que sean el denominador común de la situación que tenemos en estos momentos y la salida que podemos consensuar”, que supla la falta de acuerdo en el ámbito social por el acuerdo en el terreno político. ¿Se conseguirá?
Continuará… con el análisis de las enmiendas, es decir ya con las cartas boca arriba y sobre la mesa.
Resoluciones sobre protección social aprobadas en el debate sobre el estado de la Nación.
Reproduzco en esta entrada del blog las resoluciones aprobadas el día 20 de julio, tras la celebración los días 14 y 15 del debate sobre el estado de la Nación, que tienen un contenido de protección social, y que me han parecido más especialmente significativas de cómo influye la actual composición del Congreso en las decisiones que se adoptan, con impacto negativo para las propuestas del gobierno en más de una ocasión. Obsérvese que en varias de las Resoluciones se pide al gobierno que haga marcha atrás en algunas de las reformas recientemente aprobadas, y también que no vaya hacia adelante en otras, como la ampliación de la edad de jubilación, si no se aprueban en el marco del Pacto de Toledo. Estos textos aprobados auguran, sin duda, más dificultades al gobierno para llevar a cabo algunas de sus propuestas en materia de protección social.
¿Se fijan en que no he mencionado la palabra “laboral” o la expresión “reforma laboral”? es cierto, y no lo he hecho porque no hay ninguna resolución que se pronuncie sobre esta cuestión. Los grupos parlamentarios parece que han dejado esta cuestión para debate del proyecto de ley de reforma laboral, pero no hubiera estado de más que hubiéramos pudiéramos conocer ya algunas de sus tesis al respecto.
También incorporo una resolución aprobada, a instancia de CiU, sobre la política de inmigración y que traza las grandes líneas de por dónde puede ir la política en esta materia en el próximo futuro, señaladamente por lo que respecta al contenido del Reglamento que desarrolle la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre.
Resolución nº 3
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apostar por una estrategia de salida social a la crisis que favorezca la recuperación económica sin comprometer la cohesión y las políticas sociales. Esta estrategia debe incluir, entre otros, los siguientes ejes:
1. Una reforma fiscal que refuerce los principios de equidad y progresividad del sistema tributario.
2. Asegurar la cobertura con cargo a la financiación pública de las actuales prestaciones de los servicios públicos, sin introducir fórmulas adicionales de copago.
3. El refuerzo del sistema público de Seguridad Social, como pilar básico del Estado del bienestar, sin introducir modificaciones que recorten las prestaciones existentes en la actualidad ni que conlleven elevar obligatoriamente la edad legal de jubilación.
4. En el marco del Pacto de Toledo se valorarán las fórmulas para la ampliación voluntaria de la edad real de jubilación a través de los correspondientes incentivos.
Resolución nº 8
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar soluciones alternativas en los
Presupuestos Generales del Estado de 2011 y 2012, dentro de la política de reducción del déficit público, a la medida de la congelación de las pensiones, de forma que se asegure que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
Resolución nº 9
El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de mantener el espíritu de consenso en el Pacto de Toledo y reafirma la validez de los principios y mecanismos establecidos en el mismo, y subraya la necesidad de alcanzar un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas para cualquier modificación, y para continuar impulsando las reformas que mejoren los niveles de protección social existentes y garanticen la sostenibilidad futura del sistema de pensiones. Asimismo insta al Gobierno a:
a) Cumplir las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo, plenamente en vigor, para garantizar el necesario clima de confianza y lealtad que ha de presidir su eventual renovación.
b) Preservar los principios de consenso político y social, imprescindibles para acometer las reformas necesarias de nuestro sistema de pensiones, en orden a adecuarlo a los retos demográficos y socioeconómicos a los que ha de enfrentarse.
c) Eliminar las medidas en materia de pensiones, incluidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y restituir la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de los españoles en 2011, especialmente relevante en tiempos de crisis económica. A tal fin, el Gobierno adoptará las medidas alternativas de ahorro económico que permitan atender los objetivos de reducción del déficit público sin merma de la capacidad económica de los pensionistas españoles.
Resolución nº 27
Defensa del Pacto de Toledo.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Cumplir las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo, plenamente en vigor, para garantizar el necesario clima de confianza y lealtad que ha de presidir su eventual renovación.
b) Preservar los principios de consenso político y social, imprescindibles para acometer las reformas necesarias de nuestro sistema de pensiones, en orden a adecuarlo a los retos demográficos y socio-económicos a los que ha de enfrentarse.
c) En particular, restituir la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de los españoles, especialmente relevante en tiempos de crisis económica. A tal fin, el Gobierno adoptará las medidas alternativas de ahorro económico que permitan atender los objetivos de reducción del déficit público sin merma de la capacidad económica de los pensionistas españoles.
Resolución nº 28
Protección del Estado del Bienestar.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar y respetar los pactos necesarios para proteger el Estado del Bienestar, de manera que las futuras reformas, que afecten a los derechos sociales básicos de los ciudadanos, no se aborden de forma unilateral sin la participación de los grupos parlamentarios, los agentes sociales y todas las Administraciones Públicas afectadas, de forma similar a cómo el Pacto de Toledo se constituyó en relación con el sistema de pensiones.
Resolución nº 29
Apoyo a las familias más necesitadas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas con el objeto de restablecer en la cuantía de 500 euros anuales las prestaciones por hijo a cargo para menores de tres años, que fueron recortadas por el artículo 7 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, tal y como se establecía en la redacción anterior del artículo 182 bis uno de la Ley General de la Seguridad Social.
Resolución nº 31
Sobre el mantenimiento del Pacto de Toledo.
1. El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de mantener el espíritu de consenso en el Pacto de Toledo y subraya la necesidad de requerir un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas para cualquier modificación.
2. Por ello, insta al Gobierno español a mantener para el año 2011 la revalorización de las pensiones que establece el Pacto de Toledo, suprimiendo el artículo 4 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, mediante el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Resolución nº 32
Mantenimiento del Programa temporal de protección por desempleo e inserción.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar una nueva prórroga de seis meses del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción cuya vigencia finaliza el 15 de agosto de 2010.
2. Esta prórroga debería atender especialmente a los parados de larga duración, mayores de 45 años y menores de 30, así como al desarrollo de políticas activas de reciclaje y formación para ellos.
3. De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 14/2009, de
11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, presentar durante el mes de septiembre un estudio sobre los resultados de la prestación extraordinaria por desempleo, así como sobre las prestaciones y subsidios por desempleo, la renta activa de inserción y los restantes mecanismos de protección de estas contingencias por parte de las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
Resolución nº 37
Pensiones, cumplimiento de los Pactos de Toledo y mejora del sistema de atención a la dependencia.
El Congreso de los Diputados reafirma la validez de los principios y mecanismos establecidos en el denominado Pacto de Toledo, para continuar impulsando las reformas que mejoren los niveles de protección social existentes y garanticen la sostenibilidad futura del sistema de pensiones.
Asimismo, el Congreso de los Diputados reitera la necesidad de impulsar dichas reformas con el máximo consenso político y en base al diálogo social, y reclama al Gobierno que suspenda las medidas en materia de pensiones, incluidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, adoptadas unilateralmente, garantizando con ello el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en 2011.
En esta línea, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en materia de Dependencia a:
- Aprobar, antes de finalizar el 2010, un plan global para favorecer la creación de empleo en el sector de la dependencia que incluya entre otras, las medidas establecidas en la Moción 173/000124 de CiU, aprobada por el Pleno el 16 de marzo.
- Establecer un nuevo sistema de financiación en materia de Dependencia que garantice la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y se base en los costes reales de los servicios.
Finalmente, el Pleno del Congreso de los Diputados considera oportuno que, a través de los cauces reglamentariamente previstos, se pueda crear en el seno de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, una Subcomisión para seguir el desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y para participar en su evaluación.
Resolución nº 39
Política de inmigración y cooperación.
1. Inmigración.
El Congreso de los Diputados, en el actual momento de crisis económica, considera necesario reforzar la plena integración social y laboral de las personas inmigrantes en situación legal y evitar un incremento de las personas inmigrantes en situación irregular.
A tal efecto insta al Gobierno a:
- Impulsar las medidas pertinentes para garantizar la eficacia en el control de las fronteras terrestres y aéreas y el retorno de aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular.
- Incrementar las inversiones en aquellos municipios con más población extranjera para contribuir a su integración y evitar su exclusión social.
- Promover, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, políticas activas de ocupación orientadas, de manera prioritaria, a la formación de los trabajadores extranjeros en situación de desempleo, incentivando el conocimiento de las lenguas oficiales reconocidas en la Comunidad Autónoma en la cual residen, como instrumento indispensable para la integración en la sociedad de acogida y la incorporación al mercado de trabajo.
- Proceder al desarrollo reglamentario de la Ley de Extranjería para incorporar todas aquellas previsiones introducidas por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, especialmente las que hacen referencia a la participación activa de las Comunidades Autónomas en dicha política y las relativas a los mecanismos para prevenir la irregularidad sobrevenida.
Resolución nº 41
Políticas contra la pobreza y la exclusión social.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer el seguimiento y evaluación del Plan de Acción para la Inclusión Social 2008-2010 y a tener en cuenta estas conclusiones para la elaboración de un nuevo Plan de Acción para la Inclusión Social 2011-2015 que deberá atender tanto a los tradicionales perfiles de grupos de población afectados por la exclusión social, como a las personas recientemente incorporadas.
Dicho Plan deberá también:
- Tener en cuenta la descentralización de competencias en materia de protección social entre las diferentes administraciones.
- Elaborarse favoreciendo una coordinación más activa y directa de todos los actores implicados en las actuaciones a favor de la integración e inserción social, las Comunidades Autónomas y las entidades del Tercer Sector.
- Seguir los objetivos de la Estrategia Europea para la Inclusión Social.
- Acompañarse de un diagnóstico de la situación de pobreza y exclusión social que incorpore los datos más actuales posibles.
Además, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Incrementar los recursos de las ONG para la integración laboral de las personas en riego de exclusión social, a través del fondo extraordinario que con este objetivo se ha creado recientemente.
- Introducir criterios sociales para la contratación pública en la Administración General del Estado a fin de incentivar la contratación de personas en riesgo de exclusión social y con discapacidad.
- En lo relativo a los procedimientos de contratación pública, fiscalidad e IVA, cuando intervengan en ellos entidades del Tercer Sector, dar cumplimiento a lo aprobado en la Proposición no de Ley 161/001666 aprobada en la Comisión de Sanidad y Política Social celebrada el día 19 de mayo de 2010, con el objeto de permitir un amplio desarrollo de las actividades de las organizaciones del Tercer Sector.
¿Se fijan en que no he mencionado la palabra “laboral” o la expresión “reforma laboral”? es cierto, y no lo he hecho porque no hay ninguna resolución que se pronuncie sobre esta cuestión. Los grupos parlamentarios parece que han dejado esta cuestión para debate del proyecto de ley de reforma laboral, pero no hubiera estado de más que hubiéramos pudiéramos conocer ya algunas de sus tesis al respecto.
También incorporo una resolución aprobada, a instancia de CiU, sobre la política de inmigración y que traza las grandes líneas de por dónde puede ir la política en esta materia en el próximo futuro, señaladamente por lo que respecta al contenido del Reglamento que desarrolle la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre.
Resolución nº 3
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apostar por una estrategia de salida social a la crisis que favorezca la recuperación económica sin comprometer la cohesión y las políticas sociales. Esta estrategia debe incluir, entre otros, los siguientes ejes:
1. Una reforma fiscal que refuerce los principios de equidad y progresividad del sistema tributario.
2. Asegurar la cobertura con cargo a la financiación pública de las actuales prestaciones de los servicios públicos, sin introducir fórmulas adicionales de copago.
3. El refuerzo del sistema público de Seguridad Social, como pilar básico del Estado del bienestar, sin introducir modificaciones que recorten las prestaciones existentes en la actualidad ni que conlleven elevar obligatoriamente la edad legal de jubilación.
4. En el marco del Pacto de Toledo se valorarán las fórmulas para la ampliación voluntaria de la edad real de jubilación a través de los correspondientes incentivos.
Resolución nº 8
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar soluciones alternativas en los
Presupuestos Generales del Estado de 2011 y 2012, dentro de la política de reducción del déficit público, a la medida de la congelación de las pensiones, de forma que se asegure que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
Resolución nº 9
El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de mantener el espíritu de consenso en el Pacto de Toledo y reafirma la validez de los principios y mecanismos establecidos en el mismo, y subraya la necesidad de alcanzar un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas para cualquier modificación, y para continuar impulsando las reformas que mejoren los niveles de protección social existentes y garanticen la sostenibilidad futura del sistema de pensiones. Asimismo insta al Gobierno a:
a) Cumplir las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo, plenamente en vigor, para garantizar el necesario clima de confianza y lealtad que ha de presidir su eventual renovación.
b) Preservar los principios de consenso político y social, imprescindibles para acometer las reformas necesarias de nuestro sistema de pensiones, en orden a adecuarlo a los retos demográficos y socioeconómicos a los que ha de enfrentarse.
c) Eliminar las medidas en materia de pensiones, incluidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y restituir la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de los españoles en 2011, especialmente relevante en tiempos de crisis económica. A tal fin, el Gobierno adoptará las medidas alternativas de ahorro económico que permitan atender los objetivos de reducción del déficit público sin merma de la capacidad económica de los pensionistas españoles.
Resolución nº 27
Defensa del Pacto de Toledo.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Cumplir las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo, plenamente en vigor, para garantizar el necesario clima de confianza y lealtad que ha de presidir su eventual renovación.
b) Preservar los principios de consenso político y social, imprescindibles para acometer las reformas necesarias de nuestro sistema de pensiones, en orden a adecuarlo a los retos demográficos y socio-económicos a los que ha de enfrentarse.
c) En particular, restituir la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de los españoles, especialmente relevante en tiempos de crisis económica. A tal fin, el Gobierno adoptará las medidas alternativas de ahorro económico que permitan atender los objetivos de reducción del déficit público sin merma de la capacidad económica de los pensionistas españoles.
Resolución nº 28
Protección del Estado del Bienestar.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar y respetar los pactos necesarios para proteger el Estado del Bienestar, de manera que las futuras reformas, que afecten a los derechos sociales básicos de los ciudadanos, no se aborden de forma unilateral sin la participación de los grupos parlamentarios, los agentes sociales y todas las Administraciones Públicas afectadas, de forma similar a cómo el Pacto de Toledo se constituyó en relación con el sistema de pensiones.
Resolución nº 29
Apoyo a las familias más necesitadas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas con el objeto de restablecer en la cuantía de 500 euros anuales las prestaciones por hijo a cargo para menores de tres años, que fueron recortadas por el artículo 7 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, tal y como se establecía en la redacción anterior del artículo 182 bis uno de la Ley General de la Seguridad Social.
Resolución nº 31
Sobre el mantenimiento del Pacto de Toledo.
1. El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de mantener el espíritu de consenso en el Pacto de Toledo y subraya la necesidad de requerir un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas para cualquier modificación.
2. Por ello, insta al Gobierno español a mantener para el año 2011 la revalorización de las pensiones que establece el Pacto de Toledo, suprimiendo el artículo 4 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, mediante el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Resolución nº 32
Mantenimiento del Programa temporal de protección por desempleo e inserción.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar una nueva prórroga de seis meses del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción cuya vigencia finaliza el 15 de agosto de 2010.
2. Esta prórroga debería atender especialmente a los parados de larga duración, mayores de 45 años y menores de 30, así como al desarrollo de políticas activas de reciclaje y formación para ellos.
3. De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 14/2009, de
11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, presentar durante el mes de septiembre un estudio sobre los resultados de la prestación extraordinaria por desempleo, así como sobre las prestaciones y subsidios por desempleo, la renta activa de inserción y los restantes mecanismos de protección de estas contingencias por parte de las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
Resolución nº 37
Pensiones, cumplimiento de los Pactos de Toledo y mejora del sistema de atención a la dependencia.
El Congreso de los Diputados reafirma la validez de los principios y mecanismos establecidos en el denominado Pacto de Toledo, para continuar impulsando las reformas que mejoren los niveles de protección social existentes y garanticen la sostenibilidad futura del sistema de pensiones.
Asimismo, el Congreso de los Diputados reitera la necesidad de impulsar dichas reformas con el máximo consenso político y en base al diálogo social, y reclama al Gobierno que suspenda las medidas en materia de pensiones, incluidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, adoptadas unilateralmente, garantizando con ello el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en 2011.
En esta línea, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en materia de Dependencia a:
- Aprobar, antes de finalizar el 2010, un plan global para favorecer la creación de empleo en el sector de la dependencia que incluya entre otras, las medidas establecidas en la Moción 173/000124 de CiU, aprobada por el Pleno el 16 de marzo.
- Establecer un nuevo sistema de financiación en materia de Dependencia que garantice la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y se base en los costes reales de los servicios.
Finalmente, el Pleno del Congreso de los Diputados considera oportuno que, a través de los cauces reglamentariamente previstos, se pueda crear en el seno de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, una Subcomisión para seguir el desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y para participar en su evaluación.
Resolución nº 39
Política de inmigración y cooperación.
1. Inmigración.
El Congreso de los Diputados, en el actual momento de crisis económica, considera necesario reforzar la plena integración social y laboral de las personas inmigrantes en situación legal y evitar un incremento de las personas inmigrantes en situación irregular.
A tal efecto insta al Gobierno a:
- Impulsar las medidas pertinentes para garantizar la eficacia en el control de las fronteras terrestres y aéreas y el retorno de aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular.
- Incrementar las inversiones en aquellos municipios con más población extranjera para contribuir a su integración y evitar su exclusión social.
- Promover, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, políticas activas de ocupación orientadas, de manera prioritaria, a la formación de los trabajadores extranjeros en situación de desempleo, incentivando el conocimiento de las lenguas oficiales reconocidas en la Comunidad Autónoma en la cual residen, como instrumento indispensable para la integración en la sociedad de acogida y la incorporación al mercado de trabajo.
- Proceder al desarrollo reglamentario de la Ley de Extranjería para incorporar todas aquellas previsiones introducidas por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, especialmente las que hacen referencia a la participación activa de las Comunidades Autónomas en dicha política y las relativas a los mecanismos para prevenir la irregularidad sobrevenida.
Resolución nº 41
Políticas contra la pobreza y la exclusión social.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer el seguimiento y evaluación del Plan de Acción para la Inclusión Social 2008-2010 y a tener en cuenta estas conclusiones para la elaboración de un nuevo Plan de Acción para la Inclusión Social 2011-2015 que deberá atender tanto a los tradicionales perfiles de grupos de población afectados por la exclusión social, como a las personas recientemente incorporadas.
Dicho Plan deberá también:
- Tener en cuenta la descentralización de competencias en materia de protección social entre las diferentes administraciones.
- Elaborarse favoreciendo una coordinación más activa y directa de todos los actores implicados en las actuaciones a favor de la integración e inserción social, las Comunidades Autónomas y las entidades del Tercer Sector.
- Seguir los objetivos de la Estrategia Europea para la Inclusión Social.
- Acompañarse de un diagnóstico de la situación de pobreza y exclusión social que incorpore los datos más actuales posibles.
Además, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Incrementar los recursos de las ONG para la integración laboral de las personas en riego de exclusión social, a través del fondo extraordinario que con este objetivo se ha creado recientemente.
- Introducir criterios sociales para la contratación pública en la Administración General del Estado a fin de incentivar la contratación de personas en riesgo de exclusión social y con discapacidad.
- En lo relativo a los procedimientos de contratación pública, fiscalidad e IVA, cuando intervengan en ellos entidades del Tercer Sector, dar cumplimiento a lo aprobado en la Proposición no de Ley 161/001666 aprobada en la Comisión de Sanidad y Política Social celebrada el día 19 de mayo de 2010, con el objeto de permitir un amplio desarrollo de las actividades de las organizaciones del Tercer Sector.
lunes, 26 de julio de 2010
TJUE: restricción del dº a la negociación colectiva frente a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicio. Contratos públicos.
1. Ya tenemos otra sentencia del TJUE, dictada el pasado 15 de julio (C-271/08), que dará bastante que hablar, y que ya ha merecido un comentario crítico de la Confederación Europea de Sindicatos, cuyo secretario general John Monks ha declarado lo siguiente: “This is another damaging judgement for social Europe. The application of economic freedoms makes no sense at a time where, more than ever, practical solutions need to be found for the sustainability of pensions throughout Europe. This judgment ignores the public authorities’ independence when they are acting as employers. More worryingly, it also confirms the supremacy of economic freedoms over fundamental social rights. The dark series initiated by the Viking and Laval cases is far from being over. The ETUC renews its calls for urgent action by the European authorities to confirm that the EU is not just an economic project but has as its main objective the improvement of living and working conditions of its populations, and that the concept of social progress is of fundamental importance for keeping the support of Europe’s citizens and workers for the European project. The ETUC is pressing the case for a social progress clause in the EU Treaties to underline this point”.
2. La síntesis del conflicto, según la información oficial, es la siguiente:
“Partes. Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Wilms y D. Kukovec, agentes) Demandada: República Federal de Alemania
Pretensiones de la parte demandante: Que el Tribunal de Justicia declare que la República Federal de Alemania ha infringido hasta el 31 de enero de 2006 el artículo 8 en relación con los títulos III a VI de la Directiva 92/50/CEE 1 y, desde el 1 de febrero de 2006, el artículo 20 en relación con los artículos 23 a 55 de la Directiva 2004/18/CE, 2 al haber adjudicado algunas administraciones locales y empresas municipales con más de 1.218 trabajadores contratos de servicios relativos a planes de pensión de empleo directamente a las entidades y empresas indicadas en el artículo 6 del TV-EUmw/VKA sin haber llevado a cabo una licitación a escala europea. Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.
Motivos y principales alegaciones: En Alemania los trabajadores pueden exigir a sus empleadores que, de sus futuros salarios, se destine al plan de pensión de empleo por la vía de conversión en aportaciones hasta un 4 % de la correspondiente cuantía que sirva de base para el cálculo de las cotizaciones al régimen general de pensiones. Según el convenio colectivo sobre la conversión en aportaciones al plan de pensión de los trabajadores de los servicios públicos municipales (en lo sucesivo, "convenio colectivo"), la ejecución de la conversión es competencia de las administraciones locales o empresas municipales. La conversión tenía que llevarse a cabo en entidades públicas de previsión complementaria o por las empresas de la Sparkassen-Finanzgruppe (sociedad holding que vincula a las cajas de ahorros) o por seguros municipales. Normalmente, las administraciones locales o empresas municipales celebran contratos colectivos de seguro con las entidades antes citadas para todos sus trabajadores con los que había acordado un acuerdo de conversión en aportaciones al plan de pensiones.
Según los datos de que dispone la Comisión, dichos contratos de servicios relativos a los planes de pensión de empleo se adjudican por las administraciones locales o empresas municipales directamente a las entidades y empresas indicadas en el convenio colectivo sin haber llevado a cabo una licitación a escala europea.
Los servicios relativos a los planes de pensión de empleo vienen recogidos en el Anexo I A, categoría 6, de la Directiva 92/50/CEE y, desde el 1 de febrero de 2006, en el Anexo II, parte A, de la Directiva 2004/18/CE. Se trata de servicios relativos a seguros y fondos de pensión que no forman parte de los regímenes obligatorios de seguridad social. Por consiguiente, los contratos de que se trata, adjudicados por las administraciones locales, es decir, por poderes adjudicadores, son contratos escritos, onerosos y públicos en el sentido de las citadas Directivas. Además, de la jurisprudencia se desprende que el artículo 1, letra a), de la Directiva 92/50/CEE no distingue entre aquellos contratos que adjudica un poder adjudicador para cumplir con sus funciones de interés general y aquéllos que no guardan relación alguna con tales funciones. Por esta razón, el Tribunal de Justicia ha rechazado el concepto de la condición de entidad adjudicadora funcional. Por lo tanto, no cabe acoger la alegación de las entidades alemanas de que, por lo que respecta a los planes de pensión de empleo, las administraciones locales y empresas municipales son poderes adjudicatarios funcionales de carácter privado a efectos del Derecho de contratación pública.
Además, la Comisión considera que los contratos de que se trata exceden ampliamente los umbrales pertinentes. Contrariamente a lo que opina la demandante, para el citado cálculo no ha de tomarse como base cada uno de los contratos. Más bien ha de tenerse en cuenta la duración del contrato marco, habida cuenta de que las estipulaciones particulares acordadas entre el trabajador y el empleador no son objeto de la adjudicación del contrato en el sentido del Derecho comunitario de contratación pública. Por lo tanto, el valor que ha de tenerse en cuenta en un acuerdo marco es igual al valor total estimado excluido el IVA de todos los contratos previstos durante toda la duración del acuerdo marco. Según los cálculos de la Comisión, al menos 110 municipios de la República Federal de Alemania exceden el umbral.
En consecuencia, las administraciones locales y empresas municipales no podrían haber adjudicado contratos de servicios relativos a planes de pensión de empleo directamente a las entidades y empresas indicadas en el convenio colectivo, sino únicamente tras haber llevado a cabo una licitación a escala europea. En nada cambia esta apreciación el hecho de que la continuidad del pago de la retribución esté regulada por el convenio colectivo. En primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia considera unívocamente que en Derecho comunitario no existe principio general de negociación colectiva autónoma y, en segundo lugar, la Comisión no estima que el principio de autonomía contractual, anclado en el Grundgesetz alemán se vería restringido de manera ilícita por la obligación legal de que los poderes adjudicatarios lleven a cabo licitaciones públicas”.
3. Reproduzco en esta entrada del blog los apartados de la sentencia en los que se enjuicia el valor jurídico del derecho a la negociación colectiva y su posible conflicto con el ejercicio de derecho a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el ámbito de los contratos públicos. Obsérvese que hay un buen número de referencias a las polémicas sentencias Viking y Laval, de las que en su momento ya expuse que significaban un cambio (negativo) de alcance con respecto al ejercicio de los derechos colectivos laborales en el seno de la UE, y buena parte de la argumentación de la nueva sentencia hunde sus raíces en las tesis ya expuestas en las dos anteriores. El eje central de la argumentación, o así me lo parece, se encuentra en los fundamentos números 42, 43 y 44, y puede sintetizarse en una frase: “el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva debe conciliarse con las exigencias derivadas de las libertades protegidas por el TFUE que, en este caso, las Directivas 92/50 y 2004/18 pretenden aplicar, y con el principio de proporcionalidad”
“37 A este respecto, procede recordar, por una parte, que el derecho a la negociación colectiva que, en el presente caso, han ejercitado las partes firmantes del TV EUmw/VKA, está reconocido tanto por las disposiciones de diferentes instrumentos internacionales en los que los Estados miembros han participado o a los que se han adherido, como es el caso del artículo 6 de la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y revisada en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, como por las disposiciones de los instrumentos elaborados por dichos Estados miembros a nivel comunitario o en el marco de la Unión, como el punto 12 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, adoptada en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989, y el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), a la que el artículo 6 TUE confiere el mismo valor jurídico que el reconocido a los Tratados.
38 Del artículo 28 de la Carta, interpretado en relación con el artículo 52, apartado 6, de la misma, se desprende que la protección del derecho fundamental a la negociación colectiva debe tener plenamente en cuenta, en particular, las legislaciones y prácticas nacionales.
39 Por otra parte, en virtud del artículo 152 TFUE, la Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales.
40 Por otra parte, es necesario tener en cuenta que, tal como han admitido las partes del litigio, el TV EUmw/VKA tiene, con carácter general, una finalidad social, ya que tiene por objeto la mejora del nivel de las pensiones de jubilación de los trabajadores cubiertos, fomentando, con arreglo a lo dispuesto en la BetrAVG, el desarrollo de los planes de pensiones a través de una conversión parcial del salario de los trabajadores interesados.
41 No obstante, el carácter fundamental del derecho a la negociación colectiva y la finalidad social del TV EUmw/VKA apreciada en su conjunto no pueden implicar, por sí mismos, que las empresas municipales eludan automáticamente las obligaciones derivadas en las Directivas 92/50 y 2004/18, que dan aplicación a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el ámbito de los contratos públicos.
42 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que las cláusulas de los convenios colectivos no están excluidas del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la libre circulación de personas (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2007, International Transport Workers’ Federation y Finnish Seamen’s Union, denominada «Viking Line», C 438/05, Rec. p. I 10779, apartado 54 y jurisprudencia citada).
43 Por otra parte, el ejercicio de un derecho fundamental como el derecho a la negociación colectiva puede quedar sometido a ciertas restricciones (véanse, en este sentido, las sentencias Viking Line, antes citada, apartado 44, y de 18 de diciembre de 2007, Laval un Partneri, C 341/05, Rec. p. I 11767, apartado 91). En particular, si bien no cabe dudar de que el derecho a la negociación colectiva goza en Alemania de la protección constitucional que, con carácter general, reconoce el artículo 9, apartado 3, de la Ley Fundamental alemana al derecho de crear asociaciones para la defensa y mejora de las condiciones de trabajo y de las condiciones económicas, no es menos cierto que, con arreglo al artículo 28 de la Carta, este derecho debe ser ejercitado de conformidad con el Derecho de la Unión.
44 Así pues, el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva debe conciliarse con las exigencias derivadas de las libertades protegidas por el TFUE que, en este caso, las Directivas 92/50 y 2004/18 pretenden aplicar, y con el principio de proporcionalidad (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Viking Line, apartado 46, y Laval un Partneri, apartado 94).
45 Es bien cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, en las sentencias Albany y van der Woude, antes citadas, que, a pesar de los efectos restrictivos de la competencia que le son inherentes, un convenio colectivo celebrado entre organizaciones representativas de empresarios y trabajadores que aplique, en un sector determinado, un régimen de pensiones complementario gestionado por un fondo de pensiones respecto del cual la afiliación es obligatoria, no está comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1.
46 No obstante, este razonamiento no prejuzga en absoluto la diferente cuestión, planteada específicamente en el presente asunto, relativa al respeto, en relación con la designación de las entidades aseguradoras a las que se encomienda la ejecución de la medida de conversión salarial en cuestión, de las normas de la Unión relativas a la aplicación de las libertades de establecimiento y de prestación de servicios en materia de contratos públicos, en el marco de un convenio colectivo de trabajo para empleados públicos.
47 A este respecto, no puede considerarse que sea inherente al propio ejercicio de la libertad de los interlocutores sociales y del derecho a la negociación colectiva la vulneración de las directivas que dan aplicación a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el ámbito de la contratación pública (véase, en este sentido, la sentencia Viking Line, antes citada, apartado 52).
48 Por otra parte, el hecho de que un acuerdo o una actividad estén excluidos del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la competencia no entraña automáticamente que ese acuerdo o esa actividad también queden liberados del cumplimiento de las exigencias derivadas de las disposiciones de estas directivas, dado que estas respectivas disposiciones responden a requisitos de aplicación propios (véase, en este sentido, la sentencia Viking Line, antes citada, apartado 53 y jurisprudencia citada).
49 Por último, procede señalar que, a diferencia del objetivo, acordado por los interlocutores sociales, de mejorar el nivel de las pensiones de los trabajadores de la función pública local, la designación de entidades y empresas en un convenio colectivo como el que constituye el objeto del presente asunto no afecta a la esencia del derecho de negociación colectiva.
50 A la luz de las anteriores consideraciones, cabe afirmar que la circunstancia de que las adjudicaciones de contratos controvertidas sean consecuencia de la aplicación de un convenio colectivo no conduce, como tal, a excluir del ámbito de aplicación de las Directivas 92/50 y 2004/18 el supuesto que constituye el objeto del presente asunto”.
2. La síntesis del conflicto, según la información oficial, es la siguiente:
“Partes. Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: G. Wilms y D. Kukovec, agentes) Demandada: República Federal de Alemania
Pretensiones de la parte demandante: Que el Tribunal de Justicia declare que la República Federal de Alemania ha infringido hasta el 31 de enero de 2006 el artículo 8 en relación con los títulos III a VI de la Directiva 92/50/CEE 1 y, desde el 1 de febrero de 2006, el artículo 20 en relación con los artículos 23 a 55 de la Directiva 2004/18/CE, 2 al haber adjudicado algunas administraciones locales y empresas municipales con más de 1.218 trabajadores contratos de servicios relativos a planes de pensión de empleo directamente a las entidades y empresas indicadas en el artículo 6 del TV-EUmw/VKA sin haber llevado a cabo una licitación a escala europea. Que se condene en costas a la República Federal de Alemania.
Motivos y principales alegaciones: En Alemania los trabajadores pueden exigir a sus empleadores que, de sus futuros salarios, se destine al plan de pensión de empleo por la vía de conversión en aportaciones hasta un 4 % de la correspondiente cuantía que sirva de base para el cálculo de las cotizaciones al régimen general de pensiones. Según el convenio colectivo sobre la conversión en aportaciones al plan de pensión de los trabajadores de los servicios públicos municipales (en lo sucesivo, "convenio colectivo"), la ejecución de la conversión es competencia de las administraciones locales o empresas municipales. La conversión tenía que llevarse a cabo en entidades públicas de previsión complementaria o por las empresas de la Sparkassen-Finanzgruppe (sociedad holding que vincula a las cajas de ahorros) o por seguros municipales. Normalmente, las administraciones locales o empresas municipales celebran contratos colectivos de seguro con las entidades antes citadas para todos sus trabajadores con los que había acordado un acuerdo de conversión en aportaciones al plan de pensiones.
Según los datos de que dispone la Comisión, dichos contratos de servicios relativos a los planes de pensión de empleo se adjudican por las administraciones locales o empresas municipales directamente a las entidades y empresas indicadas en el convenio colectivo sin haber llevado a cabo una licitación a escala europea.
Los servicios relativos a los planes de pensión de empleo vienen recogidos en el Anexo I A, categoría 6, de la Directiva 92/50/CEE y, desde el 1 de febrero de 2006, en el Anexo II, parte A, de la Directiva 2004/18/CE. Se trata de servicios relativos a seguros y fondos de pensión que no forman parte de los regímenes obligatorios de seguridad social. Por consiguiente, los contratos de que se trata, adjudicados por las administraciones locales, es decir, por poderes adjudicadores, son contratos escritos, onerosos y públicos en el sentido de las citadas Directivas. Además, de la jurisprudencia se desprende que el artículo 1, letra a), de la Directiva 92/50/CEE no distingue entre aquellos contratos que adjudica un poder adjudicador para cumplir con sus funciones de interés general y aquéllos que no guardan relación alguna con tales funciones. Por esta razón, el Tribunal de Justicia ha rechazado el concepto de la condición de entidad adjudicadora funcional. Por lo tanto, no cabe acoger la alegación de las entidades alemanas de que, por lo que respecta a los planes de pensión de empleo, las administraciones locales y empresas municipales son poderes adjudicatarios funcionales de carácter privado a efectos del Derecho de contratación pública.
Además, la Comisión considera que los contratos de que se trata exceden ampliamente los umbrales pertinentes. Contrariamente a lo que opina la demandante, para el citado cálculo no ha de tomarse como base cada uno de los contratos. Más bien ha de tenerse en cuenta la duración del contrato marco, habida cuenta de que las estipulaciones particulares acordadas entre el trabajador y el empleador no son objeto de la adjudicación del contrato en el sentido del Derecho comunitario de contratación pública. Por lo tanto, el valor que ha de tenerse en cuenta en un acuerdo marco es igual al valor total estimado excluido el IVA de todos los contratos previstos durante toda la duración del acuerdo marco. Según los cálculos de la Comisión, al menos 110 municipios de la República Federal de Alemania exceden el umbral.
En consecuencia, las administraciones locales y empresas municipales no podrían haber adjudicado contratos de servicios relativos a planes de pensión de empleo directamente a las entidades y empresas indicadas en el convenio colectivo, sino únicamente tras haber llevado a cabo una licitación a escala europea. En nada cambia esta apreciación el hecho de que la continuidad del pago de la retribución esté regulada por el convenio colectivo. En primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia considera unívocamente que en Derecho comunitario no existe principio general de negociación colectiva autónoma y, en segundo lugar, la Comisión no estima que el principio de autonomía contractual, anclado en el Grundgesetz alemán se vería restringido de manera ilícita por la obligación legal de que los poderes adjudicatarios lleven a cabo licitaciones públicas”.
3. Reproduzco en esta entrada del blog los apartados de la sentencia en los que se enjuicia el valor jurídico del derecho a la negociación colectiva y su posible conflicto con el ejercicio de derecho a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el ámbito de los contratos públicos. Obsérvese que hay un buen número de referencias a las polémicas sentencias Viking y Laval, de las que en su momento ya expuse que significaban un cambio (negativo) de alcance con respecto al ejercicio de los derechos colectivos laborales en el seno de la UE, y buena parte de la argumentación de la nueva sentencia hunde sus raíces en las tesis ya expuestas en las dos anteriores. El eje central de la argumentación, o así me lo parece, se encuentra en los fundamentos números 42, 43 y 44, y puede sintetizarse en una frase: “el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva debe conciliarse con las exigencias derivadas de las libertades protegidas por el TFUE que, en este caso, las Directivas 92/50 y 2004/18 pretenden aplicar, y con el principio de proporcionalidad”
“37 A este respecto, procede recordar, por una parte, que el derecho a la negociación colectiva que, en el presente caso, han ejercitado las partes firmantes del TV EUmw/VKA, está reconocido tanto por las disposiciones de diferentes instrumentos internacionales en los que los Estados miembros han participado o a los que se han adherido, como es el caso del artículo 6 de la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y revisada en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, como por las disposiciones de los instrumentos elaborados por dichos Estados miembros a nivel comunitario o en el marco de la Unión, como el punto 12 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, adoptada en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989, y el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), a la que el artículo 6 TUE confiere el mismo valor jurídico que el reconocido a los Tratados.
38 Del artículo 28 de la Carta, interpretado en relación con el artículo 52, apartado 6, de la misma, se desprende que la protección del derecho fundamental a la negociación colectiva debe tener plenamente en cuenta, en particular, las legislaciones y prácticas nacionales.
39 Por otra parte, en virtud del artículo 152 TFUE, la Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales.
40 Por otra parte, es necesario tener en cuenta que, tal como han admitido las partes del litigio, el TV EUmw/VKA tiene, con carácter general, una finalidad social, ya que tiene por objeto la mejora del nivel de las pensiones de jubilación de los trabajadores cubiertos, fomentando, con arreglo a lo dispuesto en la BetrAVG, el desarrollo de los planes de pensiones a través de una conversión parcial del salario de los trabajadores interesados.
41 No obstante, el carácter fundamental del derecho a la negociación colectiva y la finalidad social del TV EUmw/VKA apreciada en su conjunto no pueden implicar, por sí mismos, que las empresas municipales eludan automáticamente las obligaciones derivadas en las Directivas 92/50 y 2004/18, que dan aplicación a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el ámbito de los contratos públicos.
42 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que las cláusulas de los convenios colectivos no están excluidas del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la libre circulación de personas (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2007, International Transport Workers’ Federation y Finnish Seamen’s Union, denominada «Viking Line», C 438/05, Rec. p. I 10779, apartado 54 y jurisprudencia citada).
43 Por otra parte, el ejercicio de un derecho fundamental como el derecho a la negociación colectiva puede quedar sometido a ciertas restricciones (véanse, en este sentido, las sentencias Viking Line, antes citada, apartado 44, y de 18 de diciembre de 2007, Laval un Partneri, C 341/05, Rec. p. I 11767, apartado 91). En particular, si bien no cabe dudar de que el derecho a la negociación colectiva goza en Alemania de la protección constitucional que, con carácter general, reconoce el artículo 9, apartado 3, de la Ley Fundamental alemana al derecho de crear asociaciones para la defensa y mejora de las condiciones de trabajo y de las condiciones económicas, no es menos cierto que, con arreglo al artículo 28 de la Carta, este derecho debe ser ejercitado de conformidad con el Derecho de la Unión.
44 Así pues, el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva debe conciliarse con las exigencias derivadas de las libertades protegidas por el TFUE que, en este caso, las Directivas 92/50 y 2004/18 pretenden aplicar, y con el principio de proporcionalidad (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Viking Line, apartado 46, y Laval un Partneri, apartado 94).
45 Es bien cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, en las sentencias Albany y van der Woude, antes citadas, que, a pesar de los efectos restrictivos de la competencia que le son inherentes, un convenio colectivo celebrado entre organizaciones representativas de empresarios y trabajadores que aplique, en un sector determinado, un régimen de pensiones complementario gestionado por un fondo de pensiones respecto del cual la afiliación es obligatoria, no está comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1.
46 No obstante, este razonamiento no prejuzga en absoluto la diferente cuestión, planteada específicamente en el presente asunto, relativa al respeto, en relación con la designación de las entidades aseguradoras a las que se encomienda la ejecución de la medida de conversión salarial en cuestión, de las normas de la Unión relativas a la aplicación de las libertades de establecimiento y de prestación de servicios en materia de contratos públicos, en el marco de un convenio colectivo de trabajo para empleados públicos.
47 A este respecto, no puede considerarse que sea inherente al propio ejercicio de la libertad de los interlocutores sociales y del derecho a la negociación colectiva la vulneración de las directivas que dan aplicación a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el ámbito de la contratación pública (véase, en este sentido, la sentencia Viking Line, antes citada, apartado 52).
48 Por otra parte, el hecho de que un acuerdo o una actividad estén excluidos del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la competencia no entraña automáticamente que ese acuerdo o esa actividad también queden liberados del cumplimiento de las exigencias derivadas de las disposiciones de estas directivas, dado que estas respectivas disposiciones responden a requisitos de aplicación propios (véase, en este sentido, la sentencia Viking Line, antes citada, apartado 53 y jurisprudencia citada).
49 Por último, procede señalar que, a diferencia del objetivo, acordado por los interlocutores sociales, de mejorar el nivel de las pensiones de los trabajadores de la función pública local, la designación de entidades y empresas en un convenio colectivo como el que constituye el objeto del presente asunto no afecta a la esencia del derecho de negociación colectiva.
50 A la luz de las anteriores consideraciones, cabe afirmar que la circunstancia de que las adjudicaciones de contratos controvertidas sean consecuencia de la aplicación de un convenio colectivo no conduce, como tal, a excluir del ámbito de aplicación de las Directivas 92/50 y 2004/18 el supuesto que constituye el objeto del presente asunto”.
viernes, 23 de julio de 2010
Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juny de 2010.
1. El Ministeri de Treball i Immigració va publicar ahir, dijous 22 de juliol, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de juny.
En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:
2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig, hi ha un total de 1.899.660 afiliats, dels quals 690.175 són comunitaris (396.756 homes i 293.419 dones), i 1.209.485 són extracomunitaris (668.077 homes i 541.048 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,57 %.
Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juny de 2009 era de 1.929.937. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 30.277 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment de l’afiliació en el regim general (21.547), que manté la línia positiva d’aquest any. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 206.691 del mes de juny de 2009 als actuals 200.342, i cal fer especial esment del fet que el mes de juny manté la línia positiva dels tres mesos anteriors.
Per règims, el 66,36 % pertany al general, el 9,65 % al règim de la llar familiar, el 13,13 % a l’agrari, el 10,55 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de juny de 2009 eren els següents: el 67,51 % pertanyien al general, el 9,06 % al règim de la llar familiar, el 12,40 % a l’agrari, el 10,71 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó.
Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juny, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (425.142, 22,38 %), seguida de Madrid (400.358, 21,08 %), Andalusia (227.316, 11,97 %) i la Comunitat Valenciana (200.171, 10,54 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 8.078 persones, un 1,86 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (433.220, 22,45 % %), seguida de Madrid (409.599, 21,22 %), Andalusia (224.460, 11,63 %) i la Comunitat Valenciana (203.817, 10,56 %).
Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.
En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 286.016 persones (22,69 %), de les quals 194.358 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 204.809 treballadors, un 16,25 % dels quals 140.731 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 181.421, un 14,39 %, dels quals 115.618 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 139.187 treballadors, un 11,04 % del total, dels quals 99.379 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (54.212, 27,06 %), del sector de l’hostaleria (39.699, 19,82 %), i del sector de la construcció (33.988, 16,97 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 24.761). El mes de juny de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 279.394 (21,44 %), de les quals 191.112 eren no comunitaris, i el sector de la construcció ocupava a 222.386, un 17,07 %, dels quals 146.414 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.442, 24,89 %), i de la construcció (44.335, 21,45 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 32.799).
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (290.289), i els marroquins es situen en la segona posició amb 231.245 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (176.375), seguits dels colombians amb 116.176, dels xinesos amb 81.094, dels bolivians amb 79.391, dels peruans amb 71.116, dels italians amb 65.648, i dels portuguesos amb 55.255. Les dades del mes de juny de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (267.216), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 247.077 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (202.587), seguits dels colombians amb 126.863, dels peruans amb 77.451, dels xinesos amb 73.407, dels bolivians amb 67.796, dels italians amb 66.464, i dels portuguesos amb 63.038.
3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 425.142, dels quals 115.710 són comunitaris i 309.342 són extracomunitaris.
Per règims, el 77,42 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,78 % en el de la llar familiar, el 4,22 % en l’agrari, el 9,39 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de juny de 2009 eren els següents: el 68,79 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.
En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 65.304 (19,84 %), dels quals 50.364 són no comunitaris, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.570 afiliats (16,88 %), dels quals 41.049 són no comunitaris; el tercer lloc es per als afiliats en el sector de la construcció, amb 43.060, (13,08 %), dels quals 34.500 són no comunitaris; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.007 afiliats (12,16 %), dels quals 31.421 són extracomunitaris. En cinquè lloc trobem la indústria manufacturera, amb 37.998 (11,54 %), dels quals 26.751 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.946, 24,91 % del total), de l’hostaleria (7.952, 19,92 %) i de la construcció (5.318, 13,32 %). Les dades del mes de juny de 2.009 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 63.414 (18,14 %), dels quals 48.875 eren no comunitaris; el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.087 afiliats (16,82 %), dels quals 42.123 eren no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció eren 51.787 (15,26) %), dels quals 41.402 eren no comunitaris, i ocupaven el tercer lloc; en quart lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 40.172 (11,84 %), dels quals 28.711 eren no comunitaris. Ocupaven el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.906 afiliats (11,76 %), dels quals 31.535 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància del sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.354, 23,41 %), i del sector de la construcció (6.971, 17,44 % del total,).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (58.857), seguits (per primera vegada) dels romanesos (35.626), i els equatorians passen a ocupar la tercera posició (34.710). A continuació trobem els xinesos (22.030), dels bolivians (22.023), dels colombians (21.535), dels italians (20.963), dels peruans (17.501), dels francesos (13.796), dels argentins (12.966), dels pakistanesos (12.313), i dels alemanys (8.114). Les dades del mes de juny de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (62.799), seguits dels equatorians (39.804), dels romanesos (34.040), dels colombians (23.319), dels italians (20.999), dels xinesos (20.593), dels bolivians (19.310), dels peruans (19.190), dels francesos (14.247), dels argentins (13.761), dels pakistanesos (11.261), i del alemanys (8.277).
En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.
Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:
2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de maig, hi ha un total de 1.899.660 afiliats, dels quals 690.175 són comunitaris (396.756 homes i 293.419 dones), i 1.209.485 són extracomunitaris (668.077 homes i 541.048 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,57 %.
Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juny de 2009 era de 1.929.937. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 30.277 persones Cal destacar també com a dada significativa l’augment de l’afiliació en el regim general (21.547), que manté la línia positiva d’aquest any. Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 206.691 del mes de juny de 2009 als actuals 200.342, i cal fer especial esment del fet que el mes de juny manté la línia positiva dels tres mesos anteriors.
Per règims, el 66,36 % pertany al general, el 9,65 % al règim de la llar familiar, el 13,13 % a l’agrari, el 10,55 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de juny de 2009 eren els següents: el 67,51 % pertanyien al general, el 9,06 % al règim de la llar familiar, el 12,40 % a l’agrari, el 10,71 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó.
Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juny, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (425.142, 22,38 %), seguida de Madrid (400.358, 21,08 %), Andalusia (227.316, 11,97 %) i la Comunitat Valenciana (200.171, 10,54 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 8.078 persones, un 1,86 %. Fa un any, Catalunya era la primera en nombre total d’afiliats (433.220, 22,45 % %), seguida de Madrid (409.599, 21,22 %), Andalusia (224.460, 11,63 %) i la Comunitat Valenciana (203.817, 10,56 %).
Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.
En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 286.016 persones (22,69 %), de les quals 194.358 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 204.809 treballadors, un 16,25 % dels quals 140.731 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 181.421, un 14,39 %, dels quals 115.618 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 139.187 treballadors, un 11,04 % del total, dels quals 99.379 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (54.212, 27,06 %), del sector de l’hostaleria (39.699, 19,82 %), i del sector de la construcció (33.988, 16,97 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 24.761). El mes de juny de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 279.394 (21,44 %), de les quals 191.112 eren no comunitaris, i el sector de la construcció ocupava a 222.386, un 17,07 %, dels quals 146.414 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.442, 24,89 %), i de la construcció (44.335, 21,45 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 32.799).
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (290.289), i els marroquins es situen en la segona posició amb 231.245 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (176.375), seguits dels colombians amb 116.176, dels xinesos amb 81.094, dels bolivians amb 79.391, dels peruans amb 71.116, dels italians amb 65.648, i dels portuguesos amb 55.255. Les dades del mes de juny de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (267.216), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 247.077 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (202.587), seguits dels colombians amb 126.863, dels peruans amb 77.451, dels xinesos amb 73.407, dels bolivians amb 67.796, dels italians amb 66.464, i dels portuguesos amb 63.038.
3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 425.142, dels quals 115.710 són comunitaris i 309.342 són extracomunitaris.
Per règims, el 77,42 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,78 % en el de la llar familiar, el 4,22 % en l’agrari, el 9,39 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de juny de 2009 eren els següents: el 68,79 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 9,99 % en el de la llar familiar, el 12,89 % en l’agrari, el 7,64% en el d’autònoms i el 0,70 % en el del carbó.
En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 65.304 (19,84 %), dels quals 50.364 són no comunitaris, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.570 afiliats (16,88 %), dels quals 41.049 són no comunitaris; el tercer lloc es per als afiliats en el sector de la construcció, amb 43.060, (13,08 %), dels quals 34.500 són no comunitaris; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.007 afiliats (12,16 %), dels quals 31.421 són extracomunitaris. En cinquè lloc trobem la indústria manufacturera, amb 37.998 (11,54 %), dels quals 26.751 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.946, 24,91 % del total), de l’hostaleria (7.952, 19,92 %) i de la construcció (5.318, 13,32 %). Les dades del mes de juny de 2.009 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 63.414 (18,14 %), dels quals 48.875 eren no comunitaris; el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.087 afiliats (16,82 %), dels quals 42.123 eren no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció eren 51.787 (15,26) %), dels quals 41.402 eren no comunitaris, i ocupaven el tercer lloc; en quart lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 40.172 (11,84 %), dels quals 28.711 eren no comunitaris. Ocupaven el cinquè lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.906 afiliats (11,76 %), dels quals 31.535 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància del sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.354, 23,41 %), i del sector de la construcció (6.971, 17,44 % del total,).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (58.857), seguits (per primera vegada) dels romanesos (35.626), i els equatorians passen a ocupar la tercera posició (34.710). A continuació trobem els xinesos (22.030), dels bolivians (22.023), dels colombians (21.535), dels italians (20.963), dels peruans (17.501), dels francesos (13.796), dels argentins (12.966), dels pakistanesos (12.313), i dels alemanys (8.114). Les dades del mes de juny de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (62.799), seguits dels equatorians (39.804), dels romanesos (34.040), dels colombians (23.319), dels italians (20.999), dels xinesos (20.593), dels bolivians (19.310), dels peruans (19.190), dels francesos (14.247), dels argentins (13.761), dels pakistanesos (11.261), i del alemanys (8.277).
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