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martes, 29 de septiembre de 2026

Empleo de calidad y competitividad en un mundo en transformación. Salón del Empleo (Barcelona 21 y 22 de octubre). El parecer de organizaciones internacionales y europeas.

 

1. Una nueva edición del Salón del Empleo  tendrá lugar en Barcelona los días 21 y 22 de octubre, organizado por la sociedad municipal Barcelona Activa . En la nota de prensa de presentación de este importante evento se explica que

“El Saló de l’Ocupació volverá a ser un espacio de referencia para las personas que quieren encontrar empleo, reorientar su trayectoria profesional o seguir desarrollándose profesionalmente.

En esta nueva edición, Barcelona Activa tendrá un papel destacado en el acompañamiento a las personas asistentes, con el objetivo de conectar el talento con oportunidades de empleo, formación y orientación profesional.

Será un espacio donde la ciudadanía podrá acceder a recursos, empresas y herramientas para avanzar en su desarrollo profesional. La propuesta se dirige a personas en búsqueda activa de empleo, profesionales que quieren impulsar o reorientar su carrera, jóvenes que se incorporan al mercado laboral y personas interesadas en adquirir nuevas competencias.

Las personas asistentes encontrarán orientación y asesoramiento personalizados, contacto directo con empresas y entidades que buscan talento, información sobre formación y nuevos itinerarios profesionales, talleres prácticos para reforzar competencias y espacios de networking...”.

En la página web del Salón, en el apartado de programa  se pueden consultar todos los talleras y actividades que se llevarán a cabo durante dichos dos días.

En una nota deprensa anterior  también se informaba que

“... se celebrará una conferencia dirigida a expertos y agentes en el ámbito del empleo, que dará continuidad a la iniciativa promovida en la edición anterior dentro del Acuerdode Barcelona para el Empleo de Calidad 2021-2030 (ABOQ) . La reunión, promovida por el Ayuntamiento de Barcelona con la participación de los principales actores económicos y sociales, servirá para compartir experiencias y fortalecer la colaboración para promover un empleo de calidad”.

En el ámbito de dicha conferencia, y a la espera del cierre definitivo del programa, tendrán lugar una ponencia y dos sesiones de debate. La primera, versará sobre La ley de empleo de calidad que está elaborando la Comisión Europea (remito a la entrada “UE. La Comisión pone en marcha la hoja de ruta para la creación de puestos de trabajo de calidad” ).

La primera sesión de debate lleva justamente por título el de la presente entrada, mientras que la segunda se centrará específicamente en la ciudad de Barcelona y lleva por título “Prioridades para una agenda de empleo de calidad, competitividad y cohesión social en Barcelona”, con la presencia de miembros del Ayuntamiento y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

La conferencia se clausurará con las intervenciones institucionales de las personas representantes del Ayuntamiento y del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña.   

2. La organización ha tenido la amabilidad de invitarme, en mi condición de Presidente del ConsejoEconómico y Social de Barcelona  a dirigir y moderar la primera mesa o sesión de debate, en donde, reitero, se debatirá sobre los retos existentes de competitividad y de calidad del mercado de trabajo, desde la perspectiva de las organizaciones internacionales y europeas. Está prevista la presencia de representantes de las organizaciones empresariales Business Europe y Small, Medium Enterprise (SME United), de la organización sindical Confederación Europea de Sindicatos, y también de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  

Sobre esta temática, y más concretamente sobre los retos para generar empleo de calidad e inclusivo, tuve oportunidad de exponer mi parecer en la ponencia  presentada el pasado año en el Salón y en la que enfaticé, y creo que sigue siendo plenamente válida mi tesis, la importancia de las políticas de formación, captación y retención del talento, manifestando que

“... sabemos que la formación adecuada a las nuevas necesidades productivas es fundamental para que las personas trabajadoras puedan incorporarse, en unos casos, y readaptarse, en otros, al mercado de trabajo, y es necesario conocer cómo están actuando los poderes públicos, los empresarios y las personas trabajadoras para conseguir unos objetivos de formación que sean beneficiosos para todas las partes implicadas, y muy especialmente para quienes más necesitan mejorar sus niveles formativos. Especial atención a quienes tienen dificultades para incorporarse al, o permanecer en, mercado de trabajo, un elevado porcentaje en Cataluña y Barcelona, así lo constatan los datos estadísticos del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) con muy baja, o baja, cualificación”.  

3. La celebración de dicha conferencia, y más concretamente de la mesa o sesión de debate cuya dirección y moderación estará a mi cargo, es un buen momento para revisar cuál es, justamente, el parecer de las organizaciones participantes sobre la temática de la competitividad y empleo de calidad en un mundo en transformación cada vez más rápida como consecuencia de diversos factores de carácter tecnológico, ambiental y demográfico, y en donde el centro del debate, este es mi parecer, debería ser el de encontrar la “piedra filosofal” de cuadrar intereses de las personas trabajadoras (empleos de calidad) y del mundo empresarial (competitividad). 

A tal efecto, y siendo consciente de la existencia de numerosos documentos de trabajo de las distintas organizaciones que han abordado tales retos, me he detenido solamente en algunos de los que he considerado más significativos, tanto por su contenido, en algunas ocasiones, como por la cercanía en el tiempo, en otras.

Antes, deseo recordar que la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen , hizo algunas referencias a la política social europea en su discurso  sobre el Estado de la UE, el pasado 16 de septiembre en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, tomando como punto de referencia la celebración el próximo año del décimo aniversario de la aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, y que sin duda también aparecerán en la intervención inicial, es decir ponencia, sobre la Ley de Empleos de calidad que esta preparando la Comisión.  Fueron las siguientes:

“Muchos de los riesgos de la IA también tienen repercusiones para nuestra economía social de mercado. Algunos afirman que la IA les permite acelerar las tareas repetitivas y hacer un mejor uso de sus capacidades. Pero es evidente que estos beneficios se distribuyen de manera desigual en función de las capacidades, generaciones y regiones. Pensemos en los jóvenes y los obstáculos a los que se enfrentan, solo para obtener un primer empleo. Nuestra respuesta debe ir en consonancia. Desde la educación hasta el empleo, la IA debe ayudar a desarrollar capacidades, mejorar la calidad de los puestos de trabajo y ofrecer a los trabajadores una oportunidad justa. Por eso necesitamos una Ley de Empleo de Calidad. Y cumpliremos este objetivo antes de finales de año”.

“... ... “Invertiremos en nuestras regiones, para que todas las personas tengan «derecho a permanecer» en ellas. Pondremos en marcha el Pacto Europeo de Cuidados para abordar los retos relacionados con el cambio demográfico.

Acabamos de proponer la primera Ley de la Vivienda para hacer frente a los alquileres de corta duración y a la especulación en materia de vivienda.

Porque, señorías, permanecer en una región no es un privilegio. Los cuidados no son un privilegio. La vivienda no es un privilegio. Son derechos que tenemos que garantizar a nuestros conciudadanos europeos.

Cuando hace diez años proclamamos este pilar de derechos sociales, el mundo era diferente. Nuestra sociedad ha cambiado. En muchos sentidos a mejor, en otros no.

Hoy en día, nuestros valores fundamentales están siendo cuestionados. Algunas personas incluso quieren retroceder en los derechos de las mujeres. Devolvernos a una era en la que las mujeres eran ciudadanas de segunda clase.

Hemos luchado tanto por la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y la igualdad de retribución.

Echen un vistazo a esta sala. Por fin, somos muchas las que estamos aquí: presidentas, vicepresidentas, líderes de grupo, comisarias, diputadas al Parlamento Europeo, miembros del personal y ujieres.

Así pues, permítanme enviar un mensaje muy claro: las mujeres están aquí para quedarse. Defenderemos nuestros derechos. Y seguiremos defendiendo nuestros valores cada día.

Por este motivo, junto con mi querido amigo António Costa, organizaremos una cumbre para defender los principios duraderos de nuestro pilar social.

Es posible que los tiempos cambien y que las tecnologías cambien, pero no así nuestros valores. En Europa, las personas siempre serán lo primero”.

4. Inicio mi repaso por la OIT, el máximo foro mundial tripartito de ámbito sociolaboral, que además se encuentra en un momento especialmente importante por la elección, el 16 de noviembre de su Director o Directora general, postulándose para dicho cargo el actual Director General, Gilbert F. Houngbo, la Vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el excanciller de la República de Perú, Javier González-Olaechea. Los currículums y las propuesta de los dos candidatos y de la candidata están disponible en este enlace  y las presentaciones públicas que efectuaron el día 23 de septiembre pueden verse en este enlace  

A) Es de indudable interés el documento “Competencias para la productividad, el medio ambiente yla diversificación económica (SPEED)”  , publicado el 24 de junio de 2025, del que reproduzco un fragmento:

“La selección de los sectores prioritarios es un paso fundamental en el proceso de SPEED, que establece la dirección para análisis posteriores y para la formulación de recomendaciones. El proceso de selección de los sectores debería guiarse por criterios claros a fin de garantizar la pertinencia, la armonización con las prioridades nacionales y el impacto potencial. Los principales criterios de SPEED que deben aplicarse al conceder prioridad a ciertos sectores son los siguientes:

 la armonización con las políticas climáticas y ambientales: los sectores considerablemente afectados por las medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus efectos, y otras políticas y normativas ambientales, como las CDN (Contribuciones Determinadas a nivel Nacional – NDC en inglés), los planes nacionales de adaptación y otros instrumentos nacionales de política pertinentes;

 la pertinencia estratégica de las políticas: los sectores a los que se concede prioridad en los planes nacionales de desarrollo económico y las estrategias de diversificación económica e industriales;

 la exposición a tendencias perturbadoras: sectores que se enfrentan a transformaciones estructurales debido a otros retos perturbadores, tales como el cambio tecnológico, la digitalización y la dinámica comercial;

 el potencial de que las competencias mejoren el rendimiento de los sectores: sectores en los que el desarrollo de competencias específico puede aumentar considerablemente la productividad, la competitividad y las prácticas comerciales sostenibles;

 el potencial de empleo y la calidad de los empleos: sectores con el potencial de mejorar el rendimiento de las empresas verdes para aumentar el empleo, en términos tanto de cantidad como de calidad;

 las consideraciones sobre una transición justa: sectores con un gran potencial para promover la inclusión social y el apoyo a una transición justa, en los que el desarrollo de competencias puede mejorar el acceso al empleo de calidad – en particular para las mujeres, los jóvenes, los migrantes, los refugiados, los trabajadores que corren el riesgo de perder su empleo debido a la transición ecológica y otros grupos más vulnerables, y

 La responsabilización y participación de los asociados: sectores en los que las partes interesadas nacionales y sectoriales muestran un gran interés y una firme responsabilización, participando activamente en el proceso de diagnóstico de SPEED, y están comprometidos a tomar medidas prácticas sobre las recomendaciones subsiguientes.

Si bien estos criterios ofrecen un enfoque estructurado para la selección de los sectores, la elección final también puede ser predefinida o determinada por los mandatos gubernamentales y las prioridades en materia de políticas, como la aplicación de las CDN”.

B) Mucho más cercana en el tiempo, la Conferencia Internacional del Trabajo 2026  celebrada del 1 al 12 de junio dedicó especial importancia al impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo, tanto desde la perspectiva de su afectación a las personas trabajadoras como a su impacto sobre la organizativa productiva y la competitividad empresarial. Sobre estos contenidos versó la Memoria presentada por el DirectorGeneral   , de la que reproduzco un fragmento de especial interés a mi parecer:

“Capítulo 6. Configurar el rumbo futuro.

“... considero que cuatro elementos clave pueden orientar nuestra reflexión y fundamentar las decisiones que debemos adoptar.

... En primer lugar, por lo que respecta a los derechos, la protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo sigue siendo la piedra angular de un enfoque de la IA centrado en las personas... Será fundamental que se asegure la transparencia, la rendición de cuentas y una supervisión humana significativa en los entornos de trabajo en los que interviene la IA, especialmente en ámbitos como la contratación, la gestión del desempeño y la vigilancia en el lugar de trabajo.

En segundo lugar, por lo que respecta al empleo, los datos apuntan a que la IA probablemente transformará los puestos de trabajo en lugar de eliminarlos de forma masiva.  ... es fundamental que se faciliten las transiciones. Esto puede lograrse, entre otras cosas, mediante políticas activas del mercado de trabajo, el desarrollo de competencias y el apoyo a las empresas, en particular a las mipymes. Será fundamental asegurarse de que el aumento de la productividad se traduzca en más y mejores puestos de trabajo. Sin políticas que velen por ello, existe el riesgo de que la IA refuerce la segmentación y las desigualdades del mercado de trabajo...

... En tercer lugar, por lo que respecta a la protección social, ... implica reforzar la protección de los ingresos durante los periodos de transición y asegurar que todas las formas de empleo den acceso a la cobertura de la protección social...

... En cuarto lugar, por lo que respecta a los actores y las instituciones del diálogo social, el análisis pone de relieve “su papel fundamental a la hora de determinar los resultados. Cuando los trabajadores y los empresarios participan de manera significativa en el diseño y la implementación de la IA, los resultados tienden a ser más justos y equilibrados. Por otra parte, el propio diálogo social debe evolucionar para seguir siendo eficaz, entre otras cosas mediante el fortalecimiento de capacidades, la reducción de las asimetrías de información y la exploración de nuevas modalidades institucionales.

... Si, tal y como sostengo, el futuro del trabajo en la era de la IA no está predeterminado, entonces su papel como mandantes de la OIT es fundamental para ayudar a aclarar la dirección que deseamos seguir de forma colectiva y las prioridades que deben guiar tanto la acción nacional como la labor de la OIT a la hora de prestarles apoyo, en particular en ámbitos como la generación de conocimientos, la acción normativa, el asesoramiento en materia de políticas, el fortalecimiento de la capacidad y la cooperación para el desarrollo. Hay muchas preguntas que necesitan respuesta.

Por lo que respecta a los derechos, ¿cómo podemos asegurarnos de que los principios y derechos fundamentales en el trabajo se protejan adecuadamente en los lugares de trabajo en los que interviene la IA? ¿Son suficientes las normas laborales internacionales en vigor o es necesario contar con orientaciones adicionales en ámbitos específicos, como la gestión mediante algoritmos y la vigilancia en el lugar de trabajo? ¿Cómo se puede asegurar en la práctica la supervisión humana efectiva?

Por lo que respecta al empleo, ¿qué políticas resultan más eficaces para impulsar un crecimiento generador de empleo en el contexto de la IA? ¿Cómo pueden los países velar por que el aumento de la productividad se traduzca en más y mejores puestos de trabajo? ¿Cómo pueden estas políticas abordar también la desigualdad del impacto en mujeres y hombres, trabajadores jóvenes y de edad avanzada, y trabajadores con diferentes niveles de competencias? ¿Qué papel deben desempeñar las políticas industriales, de innovación y de competencia en la configuración de resultados inclusivos, especialmente para las mipymes y en las economías en desarrollo?

Por lo que respecta a la protección social, ¿cómo deberían adaptarse los sistemas a unas trayectorias laborales más fragmentadas y dinámicas, y a las nuevas formas de empleo? ¿Qué enfoques pueden asegurar una protección adecuada de los ingresos durante los periodos de transición, especialmente para los trabajadores más expuestos al desplazamiento o la exclusión? ¿Cómo pueden financiarse de forma sostenible los sistemas de protección social en una economía cada vez más digitalizada?

Por lo que respecta al diálogo social, ¿cómo podemos reforzar la capacidad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para abordar de manera eficaz las cuestiones relacionadas con la IA? ¿Qué nuevas formas de diálogo o disposiciones institucionales podrían ser necesarias? ¿Cómo se pueden abordar las asimetrías de información para que el diálogo sea significativo y esté adecuadamente fundamentado, incluso para aquellos grupos cuyas voces suelen estar menos representadas?”.

C) Y mucho más recientemente, el 24 de septiembre, la OIT ha expuesto las prioridades del mundo del trabajo durante el 81º período de sesiones de la Asamblea General delas Naciones Unidas  , haciendo hincapié  en

“... la creación de empleo y las transiciones justas a medida que la comunidad internacional responde al cambio climático, la incertidumbre económica y el aumento de las desigualdades. La creación de empleo, las empresas productivas y sostenibles, los salarios vitales, el desarrollo de competencias, la protección social, las transiciones de la economía informal a la economía formal, los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social ocuparán un lugar central en la participación de la OIT y en su mensaje de que la transformación económica debe traducirse en mejoras tangibles en la vida de las personas”.

5. Desde su privilegiada atalaya económica, la OCDE ha dedicado especial atención a la temática de la competitividad en relación con su impacto en el mundo del trabajo, en especial a través de sus informes anuales “Perspectivas de empleo”, estando dedicado el de este año, publicado el 9 de julio, a las desigualdades geográficas en elempleo y los ingresos 

Destaco el documento “Bases para el crecimiento y la competitividad 2026”, publicado el 9 de abril de 2026   En su resumen ejecutivo se expone que

“Ahora resulta fundamental replantearse los fundamentos del crecimiento, dado el deterioro de las perspectivas económicas a medio plazo que afecta a los países de la OCDE, impulsado por una marcada desaceleración del crecimiento de la productividad laboral. Esto último refleja la persistente debilidad de la inversión empresarial tras la crisis financiera mundial, así como una desaceleración a largo plazo del dinamismo empresarial y de la acumulación de capital humano. Si bien los mejores resultados en materia de empleo de los últimos 15 años han compensado en cierta medida esta situación, este crecimiento podría desvanecerse debido al envejecimiento de la población y a la persistente escasez de mano de obra y de competencias. En este contexto, existe una necesidad urgente de que los países pongan en marcha reformas estructurales que mejoren la productividad, teniendo en cuenta que el impulso reformista lleva más de una década en retroceso en toda la OCDE. Hacerlo puede ayudar a los países a revitalizar sus economías, haciendo frente a los obstáculos al crecimiento mencionados anteriormente y aprovechando al máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial”.

La relación entre competitividad y empleo queda recogida en este amplio fragmento del documento:

“Garantizar que la regulación laboral equilibre adecuadamente la protección y la flexibilidad. La legislación de protección del empleo (LPE), un componente fundamental de la regulación del mercado laboral que define las leyes de contratación y despido, tiene importantes implicaciones para el crecimiento. Por ejemplo, una protección del empleo bien diseñada puede impulsar la productividad al fomentar relaciones laborales a largo plazo y promover la acumulación de capital humano específico de la empresa, ya que protege a los trabajadores de despidos injustificados o indebidos y proporciona estabilidad laboral (Belot, Boone y Van Ours, 2007[135]; Nickell y Layard, 1999[136]). Sin embargo, una normativa laboral excesivamente estricta puede afectar negativamente la productividad al dificultar la reasignación de mano de obra (Andrews y Cingano, 2014[100]; Gamberoni, Giordano y López-García, 2016[137]; Petrín y Sivadasan, 2013[138]; Bassanini y Garnero, 2013[139]) y, al aumentar el costo de la reestructuración interna de la plantilla, puede reducir el incentivo para experimentar con innovaciones disruptivas y adoptar tecnologías de vanguardia (André y Gal, 2024[75]; Coste y Coatanlem, 2025[140]).

En consecuencia, las reformas de la normativa laboral cuidadosamente diseñadas, que equilibran la protección y la flexibilidad de los trabajadores, pueden impulsar el crecimiento económico, incluso a corto plazo. Una nueva investigación realizada para esta edición de F4GC sugiere que una reducción en la rigurosidad de la Ley de Permiso Laboral (EPL) para los trabajadores fijos, equivalente al cambio histórico promedio durante el período 2008-2019, se asoció con un aumento de la tasa de empleo de hasta 1,5 puntos porcentuales durante los cinco años siguientes (Recuadro 7). De manera similar, una reforma implementada en Suecia en 2001, que otorgó a las pequeñas empresas la facultad de retener a los trabajadores más productivos en lugar de seguir estrictamente las normas de antigüedad, impulsó la productividad al fomentar la movilidad laboral y aumentar la acumulación de capital (Bjuggren, 2018[141]). Partiendo de estas lecciones, Portugal podría beneficiarse de promover una compensación proporcional en caso de despidos injustificados y reducir la dependencia de la reincorporación, mientras que Turquía podría aumentar la flexibilidad de los contratos indefinidos y ampliar el uso de contratos de duración determinada.

Sin embargo, introducir flexibilidad principalmente mediante el uso excesivo de contratos temporales puede frenar el crecimiento (OCDE, 2025[110]). Si bien un uso moderado de contratos temporales puede contribuir a la creación de empleo al facilitar la conexión entre trabajadores y empresas, una dependencia excesiva —en particular en mercados laborales duales donde los trabajadores fijos se benefician de una sólida protección y los temporales de una escasa— puede generar una rotación de personal ineficientemente alta con consecuencias adversas para la productividad (Hijzen, Mondauto y Scarpetta, 2017[142]; Bentolila, Dolado y Jimeno, 2019[143]; Bassanini y Garnero, 2013[139]). La dependencia excesiva de los contratos temporales también reduce las tasas de conversión de empleos temporales a permanentes (Bentolila, Dolado y Jimeno, 2019[143]), lo que se asocia con un menor esfuerzo por parte de los trabajadores, lo que a su vez disminuye la productividad (Dolado, Ortigueira y Stucchi, 2016[144]). Por lo tanto, se recomienda abordar el dualismo para reducir la brecha entre trabajadores temporales y permanentes, junto con reformas destinadas a aliviar la desigualdad laboral general en la República Checa y los Países Bajos”.

6. Pasemos a las organizaciones empresariales.

A) El documento de referencia de Business Europe es sin duda, a mi parecer, la “Declaración de Dublín” de su Consejo de Presidentes, presentada el 22 de mayo, que lleva por título “Acelerar la implantación de medidas para mejorar la competitividad europea”  , en la que formula sus propuestas, dirigida a “los líderes del UE” para la presidencia irlandesa  del segundo semestre de este año. Extraigo aquellos contenidos que considero de mayor impacto:

“Acelerar la reducción de la carga regulatoria y profundizar el mercado único”. Entre las medidas a adoptar se incluye “Adoptar con rapidez la propuesta “EU Inc.”, centrada en la creación de un marco jurídico societario inclusivo, diseñado para operar en un entorno digital y de fácil constitución, sin añadir disposiciones adicionales sobre la participación de los trabajadores u otras cuestiones laborales más allá de lo previsto en la propuesta de la Comisión”

“Reducir los costes energéticos y crear un marco favorable para la descarbonización industrial”. Entre las medidas a adoptar se incluye “Aprovechar la futura propuesta legislativa sobre fiscalidad energética y peajes de acceso de red para reducir los costes de la electricidad industrial, incluidos impuestos, gravámenes y tarifas de red, dentro de un marco pragmático y holístico orientado a la competitividad empresarial”

“Diversificar y garantizar el acceso al mercado para mitigar los riesgos geopolíticos”. Entre las medidas a adoptar se incluye “Abordar de manera eficaz las distorsiones de mercado derivadas de la sobrecapacidad inducida por el Estado e implementar medidas de mitigación de riesgos, a la vez que se mantiene el diálogo con China en ámbitos de interés prioritario para los operadores económicos, como la seguridad del suministro de materias primas críticas y el acceso a los mercados de contratación pública”

“Impulsar la inversión e innovación para recuperar el liderazgo tecnológico”. Entre las medidas a adoptar se incluyen “Abordar los obstáculos a la inversión en capital mediante normas prudenciales y desgravaciones fiscales específicas para el capital social de las empresas, en particular para las PYME”, y “Adoptar nuevas directrices en materia de concentraciones con un enfoque más flexible y orientado al futuro que fomente la innovación, la sostenibilidad y la inversión a largo plazo”

“Facilitar la creación de empleo y el desarrollo de competencias”. Las medidas a adoptar que se propone son las siguientes:

“Impulsar la simplificación regulatoria en materia de política social, incluyendo un “Stop the Clock” en la transposición de la Directiva de Transparencia Salarial para disponer de tiempo suficiente para introducir los ajustes necesarios y garantizar una transposición proporcionada y una implementación eficaz;

• Acordar con celeridad un sistema de declaración electrónica sencillo, unificado y de carácter voluntario, que reduzca la carga administrativa al tiempo que prevenga el fraude en los casos de desplazamiento temporal de trabajadores a otro Estado miembro, y aplicar la exención de notificación previa para los viajes de negocios y los desplazamientos de corta duración prevista en la última revisión del Reglamento 883/2004;

• Promover marcos flexibles de aprendizaje permanente, microcredenciales y formación en el lugar de trabajo, facilitando el acceso de las empresas a los instrumentos de financiación de la UE y haciéndolos más prácticos para las PYME;

• Garantizar la pronta puesta en marcha de proyectos piloto que impulsen el interés de las mujeres hacia carreras CTIM, en el contexto del Plan Estratégico de Educación CTIM de la UE, así como activar la Reserva de Talento de la UE para facilitar la contratación internacional en sectores con escasez de mano de obra”.

“Garantizar la seguridad, la defensa y la resiliencia de Europa”. Entre las medidas a adoptar se incluye “Garantizar que la estrategia actúe como motor de crecimiento industrial y de la innovación en toda Europa, favoreciendo el aumento de la capacidad productiva de la industria de defensa y el desarrollo de cadenas de suministro de seguridad de uso dual a nivel europeo”.  

B) Para SME United, un documento de especial interés a mi parecer es el que lleva por título “Declaraciónconjunta para un 10.º Programa Marco ambicioso: invertir en investigación,desarrollo e innovación para impulsar la productividad y la competitividadeuropeas” , publicada el pasado 7 de julio, en la que formulan estas peticiones a  “las Instituciones de la UE”:  

“Asignar un presupuesto considerablemente mayor al FP10, acorde con la ambición plasmada en el informe Draghi y la Brújula de la Competitividad, durante el período del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034;

• Reforzar la I+D+i colaborativa e impulsada por la industria mediante un Pilar II reforzado, garantizando que las asociaciones público-privadas sigan reduciendo el riesgo de inversión, acelerando la maduración tecnológica y transformando la excelencia en investigación en innovaciones listas para el mercado que impulsen la productividad;

• Asegurar que el FP10, junto con el Fondo Europeo de Competencia (FEC), apoye todo el ciclo de I+D+i —desde la investigación fundamental hasta la implementación y la ampliación— en consonancia con las prioridades estratégicas de la UE y las necesidades industriales claramente definidas, incluidas las transiciones verde y digital, así como la seguridad y la resiliencia europeas. Preservar un FEC y un FP10 sólidos, tanto en términos de presupuesto como de gobernanza y sinergias entre ambos programas, es esencial para apoyar todo el ciclo de innovación, fortalecer la base industrial europea y cumplir los objetivos de competitividad de la Unión”

Y concluyen que “La oportunidad es limitada. Las decisiones que se tomen en los próximos meses sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) determinarán si Europa cuenta con la capacidad de I+D+i necesaria para competir a nivel mundial y mantener su prosperidad. Las asociaciones abajo firmantes estamos dispuestas a colaborar con las instituciones de la UE para diseñar un FP10 ambicioso, con los recursos suficientes y adecuado para impulsar el crecimiento de la productividad basado en la innovación que Europa necesita con urgencia”.

Igualmente, hay que destacar las manifestaciones de Valentina Guerra, directora de Política de Asuntos Sociales y Formación, en el Foro de Empleo y Asuntos Sociales, celebrado el 4 de marzo y que se recogen en la nota de prensa titulada “La competitividad es fundamental para generar empleos de calidad en la era de la inteligencia artificial” 

“«La productividad y la calidad del empleo no son incompatibles. Para las pymes, se refuerzan mutuamente cuando existen las condiciones adecuadas. A medida que la inteligencia artificial transforma el mundo laboral, debemos asegurarnos de que esta transformación fortalezca la competitividad y la confianza, no la complejidad regulatoria», declaró Valentina Guerra, Directora de Política de Formación y Asuntos Sociales de SMEunited, en el Foro de Empleo y Asuntos Sociales. Subrayó que los empleos de calidad sostenibles solo pueden construirse sobre empresas productivas y viables, y que Europa ya cuenta con un sólido marco jurídico que regula las relaciones laborales a medida que la IA se implementa en el ámbito laboral.

SMEunited destacó que crear un círculo virtuoso entre el aumento de la productividad y una mayor calidad del empleo requiere un entorno empresarial competitivo y predecible. Reducir la carga administrativa, garantizar la claridad y la coherencia jurídicas, y aplicar sistemáticamente el principio de «Pensar primero en lo pequeño» son esenciales para las pymes que operan con márgenes y capacidad de cumplimiento limitados. La inversión en formación, la activación eficaz del mercado laboral y el acceso a la financiación deben acompañar estos esfuerzos.

En cuanto a la IA en el trabajo, SMEunited reconoció la profunda transformación que la inteligencia artificial y la gestión algorítmica han aportado a áreas como la organización del trabajo, la contratación, la planificación y la toma de decisiones. SMEunited recuerda que el acervo comunitario ya ofrece una protección integral mediante normas sobre protección de datos, seguridad y salud en el trabajo, no discriminación, tiempo de trabajo e información y consulta. Por lo tanto, la prioridad debe ser la seguridad jurídica, una aplicación coherente y una guía práctica para las pymes, junto con la inversión en competencias digitales y de gestión. Si se logra este equilibrio, la IA puede convertirse en un motor de productividad, competitividad y empleos de alta calidad en toda Europa”.

7. Por último, y desde luego no menos importante, me refiero a la Confederación Europea de Sindicatos.

A) Entre sus numerosos documentos sobre la importancia de la creación de empleos de calidad que contribuyan a un mejor bienestar de la población trabajadora y a una mejora de la competitividad y productividad empresarial, me ha parecido relevante hacer mención a su declaración publicada el 6 de febrero, que lleva por título “La competitividadde Europa debe basarse en empleos de calidad en todas las regiones y sectores”  , con ocasión de la reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE el día 12, de la que reproduzco amplios fragmentos:

“El movimiento sindical europeo insta al Consejo Europeo a garantizar que los empleos de calidad, la negociación colectiva, los servicios públicos y las infraestructuras de calidad se reconozcan como pilares fundamentales de los planes de competitividad europeos. Les pedimos que se comprometan a implementar medidas e inversiones de la magnitud necesaria para defender y desarrollar la producción económica y la innovación en Europa, garantizar la seguridad energética, apoyar los servicios públicos, asegurar transiciones justas y proteger y crear empleos de calidad en todos los sectores y regiones.

Esperamos que los líderes europeos impulsen la economía europea con un plan de inversión masivo (especialmente tras el fin de la NGEU) y detengan la agenda de desregulación que está socavando los derechos laborales y las normas sociales y ambientales. La competitividad no debe ser un fin en sí misma. Los planes para reforzar la competitividad europea deben orientarse a defender y crear empleos de calidad en todos los sectores y regiones, garantizar salarios más altos y mejorar el nivel de vida, reforzar el diálogo social, la negociación colectiva y la democracia en el trabajo, y garantizar pensiones adecuadas que proporcionen un nivel de vida digno. Deben garantizar una sólida cohesión social y territorial, una competencia justa basada en la calidad y la innovación, la igualdad de trato y la prestación de servicios públicos de alta calidad, al tiempo que se garantiza la resiliencia ecológica.

La competitividad de la economía europea debe fundamentarse en un conjunto sólido de normas comunes que garanticen la equidad, la innovación y la calidad. Las normas de protección garantizan la igualdad de condiciones y actividades económicas resilientes, de alta calidad y preparadas para el futuro, y no deben considerarse un lastre para la competitividad. Necesitamos un marco regulatorio que proteja a los trabajadores y al medio ambiente.

La UE no debe contribuir al desmantelamiento continuo de las normas y estándares internacionales, incluidos los derechos laborales y la protección de los trabajadores, la protección social adecuada y las pensiones. Europa no mejorará su competitividad mediante una carrera a la baja en materia de estándares. Es inaceptable desmantelar las salvaguardias regulatorias para los trabajadores y la sociedad mientras se alega que solo se están simplificando las cargas administrativas. Proteger a los trabajadores y respetar sus derechos fundamentales no es una carga regulatoria. Es lo que hace de Europa una economía social de mercado que funciona correctamente y se basa en el diálogo social. Esa es la base de nuestra democracia.

... Las condiciones sociales para promover empleos de calidad y la negociación colectiva son esenciales y deben incluirse en toda la financiación pública, las ayudas estatales y las subvenciones. En este marco, se deben prohibir los pagos extraordinarios de dividendos y aumentar la proporción de beneficios que se reinvierte en la empresa y se comparte equitativamente con los trabajadores.

La revisión de las normas de contratación pública también debe garantizar que el dinero público apoye empleos de calidad y la negociación colectiva, así como la exclusión de las empresas implicadas en fraude social, dumping social o evasión y elusión fiscal. La negociación colectiva es una ventaja competitiva para Europa y un elemento esencial para una Europa social. Asimismo, es fundamental promover el empleo directo y combatir toda forma de abuso y explotación en nuestros mercados laborales, incluso limitando la subcontratación y regulando la intermediación laboral.  

La inversión en la mejora y la reconversión de cualificaciones, el aprendizaje permanente y el derecho individual a la formación son esenciales y deben apoyar a los trabajadores de todos los sectores y regiones. Las transiciones en curso deben ser justas, negociadas con los sindicatos y diseñadas para reducir las desigualdades sociales y territoriales, no para profundizarlas. También es fundamental garantizar el acceso universal, basado en derechos, a servicios públicos de alta calidad, y abogamos por el papel de la propiedad pública para garantizar mejor la igualdad de acceso a los servicios públicos para todos.

Fomentar la igualdad de género y erradicar la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres son valores clave de la Unión Europea. La Directiva sobre transparencia salarial crea las condiciones necesarias para lograr la equidad y la competitividad en el mercado interior mediante un marco coherente para la igualdad salarial. Genera efectos positivos para las empresas, impulsa la competencia leal y la calidad del empleo, fomenta la responsabilidad social y ayuda a atraer talento y motivar al personal, cuando la economía de la UE más lo necesita...”.

B) Y mucho más recientemente, hay que citar las manifestaciones de la CES tras el discurso sobre el Estado de la UE que pronunció la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen el 16 de septiembre en el Parlamento Europeo y al que me he referido con anterioridad. Se recogían en una nota de prensa   titulada “Estado de la Unión: se aprueba la Ley de Empleos de Calidad, pero Europa sigue sin contar con un plan de creación de empleo ni con medidas para hacer frente a la crisis del coste de la vida”, con declaraciones de su Secretaria General Esther Lynch, manifestando que

“Los trabajadores y trabajadoras viven en una situación de inseguridad sin precedentes, que está poniendo en peligro las vidas que se han labrado. Se merecían escuchar hoy un plan real para su futuro, respaldado por una inversión real, con una descripción clara de los puestos de trabajo que creará y de lo que esto supone para su futuro y el de sus familias. Hoy no han oído que la UE esté preparada para ofrecer una solución a la crisis del coste de la vida y a la creciente crisis del empleo.

«La confirmación de que la Ley de Empleos de Calidad se presentará este año es un paso importante en la dirección correcta, por el que la CES ha luchado con ahínco. Pero una fecha no es garantía de contenido. La verdadera prueba será si la ley cumple lo prometido: salarios justos, control humano sobre la IA en el trabajo y protección frente a ella, pleno respeto del derecho a la desconexión, contratos seguros, lugares de trabajo seguros y saludables, una negociación colectiva más sólida, la regulación de la subcontratación y de los intermediarios laborales, y la anticipación y gestión del cambio para las transiciones ecológica y digital”.

8. Antes de finalizar mi intervención, y aún cuando se refiera a las declaraciones y manifestaciones de organizaciones internacionales y europeas, deseo hacer mención, en atención a la importancia que puede tener para las políticas de empleo y de competitividad empresarial en Cataluña, a la aprobación por el Gobierno de la Generalitat del “Acuerdo GOV/230/2026, de 15 de septiembre, porel que se aprueba el marco de actuación para anticipar y gobernar el impacto dela inteligencia artificial en el mercado de trabajo, en el contexto de laEstrategia Cataluña IA 2030” , publicado el día 17 en el Diario Oficial.

En su introducción se expone que

“... el Gobierno considera necesario impulsar la gobernanza de este marco de actuación transversal de la inteligencia artificial en el ámbito laboral que favorezca un uso responsable y centrado en las personas, refuerce los espacios de diálogo social entre administraciones, empresas y organizaciones sindicales, promueva garantías ante el uso de sistemas algorítmicos, proteja el derecho a la desconexión digital y la privacidad de las personas trabajadoras, e impulse la capacitación digital como herramienta para facilitar una adaptación equitativa a los nuevos entornos de trabajo. También tendrá que integrar las actuaciones de los departamentos competentes en materia de políticas digitales, transformación digital, empresa, trabajo, ocupación, formación, inspección de trabajo, economía social e investigación, con la participación de los agentes sociales, el sistema universitario y de investigación, y el conjunto del ecosistema catalán de IA.

Este marco, que deberá mantener la flexibilidad necesaria para responder a la evolución constante de las tecnologías y de las nuevas formas de organización del trabajo, se fundamenta en los siguientes cinco principios rectores para un uso responsable y activo de la IA en el mercado laboral, que tienen que orientar la actuación del Gobierno en este ámbito:

-1 Formación continua y desarrollo de competencias: La incorporación de la IA tiene que ir acompañada de actuaciones de formación, actualización y adquisición de nuevas competencias que permitan a las personas trabajadoras adaptarse a los cambios tecnológicos, reforzar su empleabilidad y aprovechar las oportunidades profesionales derivadas de la transformación digital.

-2 Transparencia, explicabilidad y supervisión humana: El uso de sistemas de IA en el sector laboral tiene que garantizar niveles adecuados de transparencia, buenas prácticas, trazabilidad y explicabilidad, así como mecanismos efectivos de supervisión humana, especialmente cuando las decisiones adoptadas puedan tener un impacto relevante sobre las personas trabajadoras o sobre el ejercicio de sus derechos.

-3 Protección de datos, privacidad y no discriminación: La utilización de la IA tiene que respetar los derechos a la protección de datos personales y a la privacidad, así como incorporar las garantías necesarias para prevenir sesgos, discriminaciones o tratos desiguales en cualquier proceso relacionado con el acceso a la ocupación, la promoción profesional, la formación o las condiciones de trabajo.

-4 Bienestar, salud laboral y preservación de la dignidad: La implantación de la IA tiene que contribuir a reforzar la seguridad y la salud física y mental de las personas trabajadoras, así como también a mejorar sus condiciones de trabajo. Los sistemas algorítmicos utilizados en la gestión laboral tienen que evitar prácticas que puedan generar una intensificación indebida del trabajo, una vigilancia desproporcionada o cualquier otra afectación negativa sobre el bienestar, la autonomía y la dignidad profesional de las personas.

-5 Diálogo social, responsabilidad y prosperidad compartida: El desarrollo de la IA se tiene que fundamentar en el diálogo social, la participación de los agentes implicados y la corresponsabilidad en su gobernanza, favoreciendo que los beneficios derivados de la transformación tecnológica se traduzcan en más prosperidad, ocupación de calidad y bienestar para el conjunto de la sociedad.

En consecuencia, este marco de actuación determina las líneas de actuación del Gobierno para anticipar, gobernar y aprovechar el impacto de la IA en el mercado de trabajo catalán, reforzando el liderazgo de Cataluña en el ámbito de la IA responsable y contribuyendo a una economía más innovadora, competitiva y socialmente cohesionada”.

Tales líneas generales son desarrolladas extensamente en el anexo I, que lleva por título “Conjunto de acciones del marco de actuación para anticipar y gobernar el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo en Cataluña”, que describe las medidas a adoptar relativas a “Observatorio del mercado laboral: anticipación, prospectiva y evaluación continua, transparencia sobre el uso de algoritmos y de IA en el ámbito laboral, derechos exigibles, inspección y protección de las personas trabajadoras, acceso de las pymes a la inteligencia artificial, y capacitación y formación para todas las personas trabajadoras. Reproduzco el contenido del apartado dedicado a

“3. Derechos exigibles, inspección y protección de las personas trabajadoras

La adopción de la IA en los entornos de trabajo tiene que ir acompañada de garantías efectivas de inclusión, accesibilidad, salud laboral y protección de los derechos de las personas trabajadoras. Para reforzar la exigibilidad, se impulsará una campaña específica de la Inspección de Trabajo de Cataluña sobre los efectos de la digitalización y del uso de sistemas de IA. La campaña prestará una atención especial a los derechos de información, participación y consulta, a la prevención de situaciones de discriminación derivadas de procesos automatizados y a la incorporación de los riesgos asociados a la digitalización en los sistemas de prevención de riesgos laborales.

En paralelo, se elaborará un protocolo que garantice los derechos de información, transparencia, revisión humana, reclamación y explicabilidad en cualquier proceso de la relación laboral en el que intervengan sistemas de inteligencia artificial, incluyendo la selección, la contratación, la organización del trabajo, la evaluación del rendimiento, la promoción profesional, la formación, la gestión de recursos humanos y, si procede, la extinción de la relación laboral. El protocolo tendrá en cuenta, de manera específica, las necesidades de las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.

Así mismo, se promoverán mecanismos de asistencia técnica y apoyo especializado a la representación legal de las personas trabajadoras para facilitar la comprensión, la evaluación y el seguimiento de los sistemas de IA con impacto laboral, reforzando su capacidad de intervención en los procesos de información, consulta y participación.

Finalmente, se promoverá la participación efectiva de las personas con discapacidad y de sus entidades representativas de este sector en el diseño, la prueba y la validación de sistemas de IA de las administraciones públicas en ámbitos vinculados a la ocupación, la formación o los servicios sociales, aprovechando los espacios de experiencia ciudadana que impulsa la Generalitat de Catalunya. Esta participación contribuirá a garantizar que las soluciones sean accesibles, inclusivas y adecuadas a las necesidades de toda la ciudadanía”.

9. Concluyo esta entrada. De todo lo expuesto, y a buen seguro que de mucho más sobre la temática general, se hablará y se expondrá el día 22 de octubre en el Salón del Empleo. Allí nos veremos.

Mientras tanto, buena lectura.

lunes, 14 de julio de 2025

Derecho a la ayuda por discapacidad como “ventaja social”. Vulneración del principio de la libre circulación de trabajadores. Notas a la sentencia del TJUE de 10 de julio de 2025 8asunto C-275/24)

 

1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictada por la Sala    del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin conclusiones del abogado general, el 10 de julio (asunto C-275/24)   , con ocasión de la petición de decisión prejudicial planteada, al amparo del art. 267 del Tratado de funcionamiento de la UE, por el Tribunal Regional de lo Social del Estado alemán de  Renania del Norte-Westfalia, mediante resolución de 8 de abril de 2024   

El litigio versa sobre la interpretación del art. 3 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 deabril de 2004 (modificado) , sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y del art. 7.2 del Reglamento (UE) n.º 492/2011   del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011 , relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, y los arts. 20 y 21.1. del TFUE.  

Se suscita entre una menor de edad, que estuvo representada por sus progenitores, y el Área Metropolitana de Aquisgrán, por la negativa de esta a “concederle una prestación de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad”.

El interés de la sentencia es doble: de una parte, el debate de si la ayuda solicitada está comprendida en el ámbito de aplicación material del Reglamento 883/2024; de otra, si la negativa a conceder la ayuda se opone al Reglamento 492/2021 e implica una vulneración del principio de Derecho Comunitario de la libre circulación de trabajadores. Ya adelanto que la respuesta a la primera cuestión es negativa, mientras que a la segunda es afirmativa.  

El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 3 — Ámbito de aplicación material — Libre circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7 — Igualdad de trato — Ventajas sociales — Hijo menor con discapacidad de un trabajador transfronterizo — Prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad — Requisito de residencia — Proporcionalidad”

2.  En los apartados 10 a 22 de la sentencia, y en la Resolución del órgano jurisdiccional alemán remitente, encontramos una amplia y detallada explicación de los hechos que han dado lugar al conflicto en sede judicial nacional y que llegan al TJUE mediante la presentación de tres cuestiones prejudiciales (apartado 23).

En apretada síntesis, se trata de una menor de edad que sufre una discapacidad mental y requiere de cuidados específicos. Según conocemos en el apartado 10, “la recurrente en el litigio principal, nacional alemana e irlandesa nacida en Alemania en 2009, vive con sus progenitores en Bélgica cerca de la frontera alemana. Su madre, nacional alemana, trabaja como médico por cuenta ajena a tiempo completo en Aquisgrán (Alemania). Su padre, nacional irlandés, era funcionario de la Unión Europea destinado en Maastricht (Países Bajos)”.

El conflicto se suscita cuando la parte demandada denegó su petición de una ayuda económica la inclusión para el curso escolar 2021/2022, con el argumento de que no se cumplía el requisito previsto en la normativa alemana, al tener la recurrente su residencia habitual en otro país, Bélgica, corriendo idéntica suerte el recurso administrativo interpuesto contra dicha denegación y el interpuesto más adelante ante el Tribunal de lo Social de Aquisgrán, que añadió otra  fundamentación de la decisión desestimatoria, cual era (véase apartado 13) que “el derecho a las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad que se contemplan en el SGB IX tampoco puede basarse en el Derecho de la Unión, dado que estas prestaciones no están comprendidas en las «prestaciones de enfermedad» a que se refiere el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004 y que el apartado 5, letra a), de dicho artículo 3 dispone expresamente que este Reglamento no se aplica a la «asistencia social y sanitaria”»

Interpuesto recurso ante el Tribunal regional de lo Social, será éste el que elevará al TJUE la petición de decisión prejudicial, que en su escrito manifiesta sus dudas sobre si la regulación del derecho nacional que ha llevado a la desestimación de la ayuda solicitada es compatible con el Derecho de la Unión (véanse apartados 16 a 22), lo que lleva a planteas estas tres cuestiones prejudiciales:

“«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 3 del Reglamento [n.º 883/2004] en el sentido de que la ayuda a la inclusión con arreglo al [SGB IX], en forma de asistencia en la escuela, constituye una prestación en el sentido de dicho artículo 3, por lo que está comprendida en el ámbito de aplicación material del Reglamento?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial:

2)      ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, del [Reglamento n.º 492/2011] en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que condiciona las prestaciones de ayuda a la inclusión con arreglo al SGB IX, en forma de asistencia en la escuela, a que el beneficiario tenga su residencia habitual en el territorio nacional?

3)      ¿Existe una restricción injustificada de los derechos del ciudadano de la Unión reconocidos en los artículos 20 [TFUE] y 21 [TFUE], apartado 1, cuando la concesión de la ayuda a la inclusión con arreglo al SGB IX, en forma de asistencia en la escuela, se deniega a los ciudadanos de la Unión que tengan su domicilio o residencia habitual en otro Estado miembro (limítrofe), aunque la prestación en especie se materialice en el Estado de residencia?”.

3. El TJUE pasa revista primeramente a la normativa europea y estatal aplicable.

De la primera, son referenciados del Reglamento 883/2004, el art. 3 (campo de aplicación material), y el art. 70. 2 c) (concepto de prestaciones sociales no contributivas), así como el anexo X, dedicado a Alemania; del Reglamento 492/2011, las menciones son al art. 7, apartados 1 y 2 (igualdad de trato y no discriminación por razón de nacionalidad).  

Del derecho alemán, se mencionan el art. 101.1 del Código Social, regulador de las prestaciones de ayudas a la inclusión de los alemanes que tengan su residencia habitual en el extranjero, y el art. 104.1, que dispone que las prestaciones de la ayuda a la dependencia “se determinarán en función de las circunstancias del caso concreto...”.

4. Al entrar en la resolución del conflicto, el TJUE aborda la primera cuestión prejudicial planteada, es decir si la ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en Libro IX de Código Social alemán está comprendida en el ámbito de aplicación material del Reglamento 883/2004.

Ello requiere comprobar primeramente si tal ayuda es una prestación de seguridad social a los efectos del art. 3.1 de este, por lo que la sala procede a un amplio repaso de la jurisprudencia en la que se ha abordado ya esta cuestión, apoyándose en las sentencias de 11 de abril de 2024, asunto C-116/23    , y de 12 de marzo de 2020, asuntoC-769/18   , concluyendo (apartado 33) que una prestación como la solicitada por la recurrente no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento, , “dado que la concesión de dichas prestaciones no está supeditada al cumplimiento de requisitos objetivos, sino que se basa en una apreciación individual por parte de la autoridad nacional competente de las necesidades de la persona de que se trate “   

Recordemos que en la primera sentencia citada, el TJUE manifestó que “32 Con carácter preliminar, hay que subrayar que la distinción entre las prestaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 883/2004 y las excluidas de él se basa esencialmente en los elementos constitutivos de cada prestación, principalmente en su finalidad y en los requisitos para obtenerla, y no en el hecho de que una prestación sea o no calificada de prestación de seguridad social por una legislación nacional (sentencia de 15 de junio de 2023, Thermalhotel Fontana, C‑411/22, EU:C:2023:490, apartado 22 y jurisprudencia citada).

33      De este modo, según reiterada jurisprudencia, una prestación podrá considerarse prestación de seguridad social en la medida en que, por una parte, al margen de cualquier apreciación individual y discrecional de las necesidades personales de sus beneficiarios, se conceda a estos en función de una situación legalmente definida y en la medida en que, por otra parte, tenga relación con alguna de las contingencias expresamente enumeradas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004. Estos dos requisitos son acumulativos (sentencia de 15 de junio de 2023, Thermalhotel Fontana, C‑411/22, EU:C:2023:490, apartado 23 y jurisprudencia citada)”.

Y en la segunda sentencia mencionada, que el art.   3 del Reglamento 883/2004 debe interpretarse

“en el sentido de que la ayuda para la integración de los niños y adolescentes con discapacidad mental, prevista en el artículo 35a del libro VIII del Sozialgesetzbuch (Código de Seguridad Social), no constituye una prestación a efectos de dicho artículo 3 y, por consiguiente, no está comprendida en el ámbito de aplicación material de ese Reglamento”.

5. Pasa a continuación la Sala al examen de la segunda cuestión prejudicial, cuya respuesta tendrá como consecuencia que no se pronuncie ya sobre la tercera planteada.

Se trata de determinar si la normativa interna se opone al principio de la libre circulación de trabajadores recogido en el art. 45 del TFUR, llegando el TJUE a una conclusión afirmativa, nuevamente basada en la aplicación de una consolidada jurisprudencia al respecto (sentencias de 15 de junio de 2023, asunto C-411/22,  2 de abril de 2020, asunto C-830/18, 20 de junio de 1985, asunto C-94/84,  18 de junio de 1987, asunto C-316/85, 20 de junio de 2013, asunto C-20/12), cuya síntesis es que la ayuda solicitada es una “ventaja social” en el sentido del art. 7.2 del Reglamento 492/2011, a la que puede acceder la solicitante por ser hija de una trabajadora transfronteriza a la que debe aplicarse el principio de igualdad de trato en la concesión de dicha “ventaja social”.  

Para el examen de la sentencia de 15 de junio de 2023 remito a la entrada “UE. Más sobre la libre circulación de trabajadores. Una nota a las sentencias del TJUE de 15 de junio de 2023 (asuntos C-132/22 y C-411/22). A propósito de la presentación de “Derecho Social de la UE. Aplicación por el TJ” (3ª edición)”

¿Cuáles eran los argumentos del gobierno alemán para justificar la diferencia de trato entre quienes vivían en su territorio y aquellos que, aun prestando su actividad profesional en Alemania, residían en otro Estado? Los conocemos en el apartado 47:

“está justificado por el objetivo consistente en garantizar, por un lado, un vínculo real entre el solicitante de las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad y el Estado miembro que concede esta ayuda y, por otro lado, el equilibrio financiero del sistema nacional de seguridad social”.

El TJUE no cuestiona que tales argumentos puedan ser válidos, en la medida que pueden constituir “ objetivos legítimos que pueden justificar restricciones a la libre circulación de los trabajadores”, con cita de la sentencia de 25 de julio de 2018 (asunto C-679/16)  , pero inmediatamente añade que

“un requisito de residencia como el que es objeto del litigio principal va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dado que los trabajadores transfronterizos contribuyen a la financiación de las políticas sociales del Estado miembro de acogida por las cotizaciones fiscales y sociales que pagan en dicho Estado en virtud de la actividad laboral que en él ejercen, deben poder beneficiarse, en concreto, de las ventajas sociales en las mismas condiciones que los trabajadores residentes”,

con apoyo en la sentencia de 16 de mayo de 2024, asunto C‑27/23, para cuyo examen remito a la entrada “UE. Libre circulación de trabajadores. Trabajadores transfronterizos. Igualdad de trato en el percibo de subsidio familiar. Notas a la sentencia del TJUE de 16 de mayo de 2024 (asunto C-27/23)” , siendo el fallo de dicha sentencia la declaración de que el art. 45 TFUE y el art.7.2 del Reglamento 492/2011, debían interpretarse en el sentido de que “se oponen a la legislación de un Estado miembro en virtud de la cual un trabajador no residente no puede percibir una prestación familiar vinculada al ejercicio, por su parte, de una actividad por cuenta ajena en dicho Estado miembro por un menor acogido en su hogar en virtud de una resolución judicial y cuya custodia tiene atribuida, mientras que un menor que haya sido objeto de un acogimiento judicial y que resida en ese Estado miembro tiene derecho a percibir dicha prestación, que se abona a la persona física o jurídica encargada de la custodia de ese menor. La circunstancia de que el trabajador no residente se haga cargo de la manutención del menor acogido solo puede tenerse en cuenta en el marco de la concesión de una prestación familiar a ese trabajador por un menor acogido en su hogar si la legislación nacional aplicable establece tal requisito para la concesión de dicha prestación a un trabajador residente que tenga atribuida la custodia de un menor acogido en su hogar”.

5. Por todo lo anteriormente expuesto, el TJUE declara que

1)      El artículo 3 del Reglamento  883/2004 debe interpretarse en el sentido de que “unas prestaciones como las de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (Código Social, Libro IX) no están comprendidas en el ámbito de aplicación material del Reglamento n.º 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.º 988/2009, dado que la concesión de dichas prestaciones no está supeditada al cumplimiento de requisitos objetivos, sino que se basa en una apreciación individual por parte de la autoridad nacional competente de las necesidades de la persona de que se trate”

2)      El artículo 7.2 del Reglamento 492/2011 debe interpretarse en el sentido de que “se opone a una normativa nacional que supedita la concesión de unas prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela al hijo con discapacidad de un trabajador transfronterizo, nacional de la Unión, al requisito de que ese hijo resida en el territorio nacional, ya que tal requisito va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por dicha normativa”.

Buena lectura.