¿Populismo legislativo? ¿No respeto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo? Sobre el mantenimiento de la “tarifa plana” (tres meses) y el vínculo jurídico de los desempleados que realizan trabajos de colaboración social (hasta el agotamiento de la prestación). Una nota al Real Decreto-Ley 17/2014 de 26 de diciembre.

1. El Boletín Oficial del Estado ha publicado en los últimos días, como cada año, normas de indudable importancia para la vida de muchas personas, en especial de quienes viven de su trabajo o pensión, bastantes de las cuales todavía no ven esa mejora de la situación económica de la que tanto nos habla el gobierno. Me refiero a la regulación del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones y los presupuestosgenerales del Estado para 2015. Del primero, y de su incremento de 3,30 euros,  ya me ocupé en una entrada anterior (por cierto, el IPREM sigue congelado desde 2012 en la cuantía de 532,51 euros), y de los contenidos laborales del proyecto de ley de PGE también, bastando ahora indicar que no ha habido modificaciones que afecten a los mismos durante la tramitación parlamentaria. En cuanto a la cuantía de las pensiones para 2015, la norma aprobada por el Consejo de Ministros del día 26 ha sido publicada hoy en el BOE (Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre), siendo el incremento de la pensión  media de jubilación de 2,5 euros mensuales.

Importante cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre los trabajos temporales de colaboración social (y la utilidad de las redes sociales para acceder a las resoluciones judiciales). Notas a la sentencia de Sala General de 27 de diciembre de 2013 (y II).

C) La necesaria contradicción entre la sentencia aportada de contraste y la recurrida cumple los requisitos requeridos por el art. 219.1 de la LRJS (“El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos”), ya que la sentencia del TS desestimó la pretensión mientras que la sentencia del TSJ autonómico sí aceptó una sustancialmente semejante.

Importante cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre los trabajos temporales de colaboración social (y la utilidad de las redes sociales para acceder a las resoluciones judiciales). Notas a la sentencia de Sala General de 27 de diciembre de 2013 (I)

1. Soy lector habitual de “El diario.es”, uno de los periódicos digitales que ha aportado, al menos a mi parecer, una nueva mirada crítica a la realidad social en la que vivimos, tan necesaria en estos momentos en que otros importantes medios de comunicación abandonan esas miradas críticas y se acercan con mucha velocidad (si es que no han llegado ya) a las tesis de quienes gobiernan, pero en el día de ayer no me fue posible consultar la prensa digital antes de iniciar mi actividad académica, dado que debía preparar aún parte de la misma (aunque después, las “incidencias informáticas”, y vamos a dejarlo aquí, me impidieron desarrollarla tal como la había previsto).

Nuevamente sobre los trabajos temporales de colaboración social. A propósito de la polémica en la Comunidad de Madrid por la Orden 2445/2013 de 16 de mayo.

1. El pasado martes tuve conocimiento, a través de la página web de Comisiones Obreras deMadrid, de la publicación ese mismo día en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la “Orden 2445/2013, de 16 de mayo, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se regulan las subvenciones para la colaboración con los Ayuntamientos en la realización del Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social y se convocan subvenciones para el año 2013”, cuya disposición final tercera establece que la entrada en vigor se produce al día siguiente, es decir el 29 de mayo. Soy seguidor habitual de los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas, dado mi interés en el estudio de las políticas de empleo, pero esta vez se me había completamente pasado la referencia normativa citada. Completo esta referencia con la cita de otra Orden, nº 2727/2013, de 23 de mayo, publicada en el BOCM del día 30, que fija que “El importe de los créditos presupuestarios disponibles para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de la concesión directa, durante el año 2013, de los incentivos para la contratación por cuenta ajena de trabajadores desempleados es de 26.000.000 de euros”.